Carta pública a la Asamblea Legislativa*

Los abajo firmantes, apoyamos la posición de muchos profesionales y expertos que, desde muy diversas posiciones ideológicas y políticas, manifiestan oposición a la venta del Banco de Costa Rica (BCR).

Consideramos que la competencia entre la banca privada y la banca pública siempre es beneficiosa. La banca es mucho más que un tema financiero: tiene que ver con el bienestar de las personas y la ciudadanía, propósito último de toda política pública.

1.- LA COMPETENCIA BANCARIA SIEMPRE ES BUENA. De acuerdo con la SUGEF, Costa Rica tiene 11 bancos privados, 5 financieras privadas y 21 cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas. Es decir, 37 entidades privadas y solo 3 bancos públicos (ver información detallada en la página web de la Sugef). En simple teoría de la competencia, base de la sociedad de mercado, es muy sano que esa enorme cantidad de entidades bancarias privadas tengan competencia de algunos pocos bancos públicos con funciones diferenciadas. Esto ayuda al mercado, ayuda a la ciudadanía y a transparentar el negocio bancario.

Pretender lo contrario es favorecer oligopolios. Es estar en contra de la competencia misma. El BCR es la institución financiera pública con menor margen de intermediación del país (6,46%). El margen de intermediación financiera del BCR se redujo en casi un 3% entre 2019 y 2020, pasando de 171 mil millones de colones en 2019 a 167 mil millones de colones en 2020.

Eso es eficiencia operativa. Justamente, entre 2017 y 2019 dicho indicador pasó de 67,55% a 78,12%, es decir un aumento de más de 10 puntos porcentuales en menos de 2 años. Los principales expertos en banca nos indican que, a pesar de tantos bancos privados, el mercado bancario costarricense es oligopólico, con tasas de interés muy altas (y una diferencia muy aguda entra la tasa activa y pasiva). Dos importantes estudios lo demuestran: “Intermediación Financiera y Poder de Mercado: el caso Costa Rica” de Castro y Serrano (2013); y el estudio de Salas, Mora y Agüero, del año 2015, “Una mirada a la competitividad del Sistema Bancario Nacional Costarricense a través del Indicador de Boone”, publicado en la Revista de Ciencias Económicas, lo cuales concluyen claramente que el mercado bancario privado en Costa Rica es muy cerrado y no favorece al consumidor. Necesita competencia.

2.- LA VENTA DEL BCR NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE LA DEUDA: La venta del BCR en la suma que ha mencionado el propio presidente, de USD 1.800 millones, no es una solución al problema de la deuda en el corto plazo.

Tampoco en el largo plazo, pues es más lo que pierde el país por los rendimientos dejados de percibir por el BCR que el dinero que ahorraría en pago de intereses. Veamos los números duros:

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el año pasado, la deuda del Gobierno Central fue de USD 43.015 millones de dólares, los cuales corresponden a un 68,34% del PIB. Así que, USD 1.800 millones sería un aporte de solo el 4,1% en reducción a la deuda que ni siquiera nos libera de la situación más gravosa de la Regla Fiscal.

Veamos los números detallados: solo el año pasado 2021, el pago de intereses de la deuda del Gobierno fue de USD 2.989 millones (4,91% del PIB), de los cuales USD 2.593 millones (4,26 % del PIB) correspondieron a intereses de deuda interna, y USD 396 millones (0,65 % del PIB) a intereses de deuda externa. Literalmente, esos USD 1.800 millones se esfumarían en 6 o 12 meses, apenas en el pago de intereses.

En un año o dos, nos quedaríamos sin BCR y con la deuda igual o creciendo. Lo mismo que tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Las medidas para reducir la deuda tendrán que ser mucho más estructurales, como indicamos al final de este artículo.

3.- ¿Y SI NOS QUEDAMOS SOLO CON EL BANCO NACIONAL? Sería un grave error.

Serían 37 entidades privadas compitiendo contra un solo banco público.

Las tendencias oligopolistas se verían acentuadas. Además, se trata de dos bancos muy distintos. El BN es un banco más abierto y tradicional, con una gran masa de ahorrantes en cuentas de ahorro y créditos, extendido por todo el país. El BCR ejerce otra función: es una plataforma de servicios moderna, dinámica, que ofrece servicios mediante miles de negocios que apoyan la vida cotidiana de millones de personas al año.

4.- EL BCR Y EL BENEFICIO A LAS PYMES Y LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS. Con 162 oficinas, el BCR logra atender más de un 1 millón de transacciones mensuales entre clientes y usuarios, impulsando la autogestión bancaria y el uso de canales digitales. Adicionalmente, a través de 95 plataformas distribuidas en 67 oficinas BCR dentro de instituciones públicas, se beneficia con servicios bancarios a la población, con más de 9.815.000 servicios al año.

El BCR ha logrado colocar una serie de créditos y apoyos para las pymes del país a través de “PUNTOS TUCÁN”, el programa de microbanca más exitoso en la historia de Costa Rica, con 4.676 puntos y cobertura del 41% en comercios fuera de la GAM.

La clave es una red de pequeños comercios (sodas, pulperías, farmacias, etc.) que contribuyen al impulso social y a los procesos de bancarización. Como dijimos, el PROGRAMA TUCÁN del BCR es una red de 4.676 pequeños negocios afiliados que dinamizan económicamente a la sociedad.

Lo anterior convierte al BCR en la institución financiera que tiene mayor cobertura a nivel nacional, una tercera parte del alcance genérico está dedicado a sectores fuera de la GAM, superando en razón 4:1 la cantidad de oficinas que tiene el banco privado que más oficinas tiene.

El tercer rubro más importante en las colocaciones del BCR el año anterior fue a pymes, pasando de 25.959 millones de colones en 2020 a 36.491 millones en 2021. Aparte de su ser una gran Plataforma de Negocios para pequeños empresarios, el BCR tiene un impacto importantísimo para instituciones de bien social. Solamente en los último cinco años (período 2017-2021), las aportaciones a estas instituciones han sido las siguientes:

− CONAPE: 10.651.536.687 colones

− CNE: 6.390.922.155 colones

− IVM: 34.415.944.483 colones

− Infocoop: 11.564.438.799 colones

No solo se perderían esas cargas parafiscales sino, además, una serie de herramientas de carácter estratégico como el pago a pensiones de invalidez, las plataformas de depósitos judiciales, becas universitarias, alianzas público-público, la migración digital y educación financiera, fideicomisos de obra pública y las donaciones directas a emergencias nacional.

5.- EL BCR Y SU IMPORTANCIA PARA EL MUNDO RURAL. El BCR cuenta con 162 oficinas distribuidas en 15 regiones, zonas como Pérez Zeledón cuenta con 13 oficinas, la Zona Sur, con 6, el Caribe con 15, Guanacaste con 17 y la Zona Occidental y Puntarenas con 7 y 10 respectivamente. ¿Ha visto usted banca privada en las zonas más rurales y alejadas del país, como es el caso de Guayabo de Bagaces o Aguas Claras de Upala? No. Allí solo existen el BCR y el BN. La razón es muy sencilla: la vida rural no es generalmente rentable para la banca privada, cuyo eje son las tarjetas de crédito y crédito de consumo.

El mundo rural se mueve con créditos a pequeña escala para los productores, ofreciendo servicios financieros, acompañamiento empresarial y manejando el ahorro de miles de familias. Eso solo lo hace la banca estatal, pues son actividades que no generan mucha rentabilidad financiera. Por eso, sólo el BN y el BCR atienden a nuestro mundo rural y campesino. El acceso al mercado bancario de las poblaciones más vulnerables debe ser una prioridad democrática.

6.- ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN INTEGRAL AL PROBLEMA DE LA DEUDA? La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural. Por un lado, generar reducción de gasto burocrático ineficiente. Pero, además, correcciones tributarias modernas y justas. Cobrar impuestos (no a la mayoría de los empresarios y ciudadanos que ya pagan muchos tributos) sino, a la gran cantidad de evasores, y a los muchos sectores y grupos que están metidos en odiosos y privilegiados sistemas de exención y exoneración. El propio Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó, desde el año 2018, que la evasión de impuestos en CR era casi el 5,4% del PIB anual y que los sectores exonerados dejaban de pagar casi un 4,15% anual del PIB adicional, según estudios del Ministerio de Hacienda del año 2021. Ambas sumas son más del 9% del PIB anual. Con eso bastaría para eliminar nuestra deuda es menos de 10 años.

Hay que eliminar los odiosos privilegios de las grandes empresas que reportan 0 ganancias en impuesto de renta; y también de aquellas que se esconden en paraísos fiscales mediante mecanismos como los denunciados en Panama Papers. Son malas prácticas tercermundistas. Todo el mundo tiene que pagar impuestos en una democracia moderna.

Ya el G-20, impulsado por el propio gobierno de los EE.UU. anunció que hay que implantar un impuesto corporativo mundial de, al menos, el 15%.

Y ni qué decir del sobrepago de los intereses de la deuda pública interna que, injustamente, absorbe otros puntos del PIB en sobreprecios.

La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural que dilapidar los activos estratégicos.

Insistimos en lo que se dijo al inicio: regalar el Banco en 1.800 millones de dólares, como si fuera un plato de lentejas, no puede ser visto más que como una “curita” a corto plazo sin reformas estructurales y de largo plazo. Está claro que no solucionará la deuda del Gobierno Central. Un activo como el Banco de Costa Rica es mucho más que su valor financiero, es un motor de desarrollo que le genera gran cantidad de beneficios al país.

*FIRMANTES

• Alpízar Otoya, Claudio. Politólogo.
• Arguedas, Gabriela. Experta en bioética.
• Araujo, Ana Margarita. Experta en mediación.
• Arrunátegui Madrigal, Karla. Psicóloga.
• Botey, Montserrat. Economista.
• Bustos, José Manuel. Empresario.
• Cabezas Moya, Rodrigo. Médico.
• Carranza Villalobos, Carlos. Investigador.
• Castellón Rodríguez, Leonardo, director Instituto de Investigaciones Económicas (UCR)

• Castro Calvo, Ricardo. Asesor Legislativo.
• Chan Mora, Gustavo. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica.

• Cuevas Cordero, Felisa. Socióloga.
• Céspedes Vargas, Renzo, Economista.
• De Sárraga, Alejandro. Economista, experto en desarrollo local.
• Díaz Jiménez, Luis Fernando.
• Dubois Cisneros, Vanessa. Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA).

• Fonseca Rodríguez, Ariel. Periodista.
• Garrón Figuls, Ricardo.
• Hernández González, Greivin. Economista.
• Leiva, Jorge. Economista y empresario.
• Lopes, Gilberto. Periodista y escritor.
• Moreno Buján, Marcela. Decana de la Facultad de Derecho UCR.
• Muñoz Villalobos, Alejandro.
• Mora Portuguez, Jorge. Vicepresidente del Concejo Municipal, Municipalidad de Montes de Oca.

• Nuñez Artiles, Adriana., Periodista.
• Nuñez Vargas, Eduardo. Politólogo.
• Olivares Martínez, Luis Carlos. Abogado, economista, especialista en Políticas Públicas.

• Ordóñez Chacón, Jaime. Abogado.
• Quirós, Javier. Ex secretario del Tribunal Electoral del PLN.
• Ramos González, Welmer. Economista.
• Rosales, Rotsay. Politólogo.
• Solís, Sonia Montejo, Economista.
• Succar Guzmán, Habib. Escritor.
• Trejos Benavides, Eugenio. Exrector TEC.
• Ulate, Enrique. Coordinador del Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

• Varela Erasheva, Marcelo. Experto en desarrollo.
• Vargas Zeledón, Olman. Exsecretario Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y arquitectos (CFIA).

• Vartanian, Daniel. Economista.
• Vásquez Drexler, Juan Carlos. Abogado especialista en tecnología.