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Etiqueta: bipartidismo

Algunas repercusiones de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos

Juan Félix Montero

Cierto todo lo que han dicho con motivo del triunfo demócrata en las elecciones legislativas: que en EUA gobierna un monstruo de dos cabezas, que las diferencias entre demócratas y republicanos son cosméticas, cuyo único interés es preservar a Estados Unidos como imperio y que domine el mundo.

Una política de Estado para EUA (me refiero a bipartidista) es, por ejemplo, destruir algún día la Revolución Cubana, para ello ha mantenido leyes aprobadas por el Senado y Cámara de Representantes, que son las más difíciles de aprobar y de reformar, para el bloqueo de la isla que ya dura sesenta y cinco años.

En el gobierno del presidente Raúl Castro, mediante una hábil política, se logró que EUA suavizara algunas de las sanciones del bloqueo y Cuba comenzó a sentir mejores aires. Hasta restablecieron las relaciones diplomáticas como lo ha hecho ahora Venezuela. Obama visitó La Habana y se abrazó con Castro. (Nadie habló de traición por ello, era realpolitik.)

Posterior a Obama ganó las elecciones el republicano Donald Trump e inmediatamente borró con el codo todo lo que había hecho Obama con la mano, para mejorar las relaciones con Cuba.

Acto seguido, gana las elecciones Biden, el vicepresidente de Obama y le dio su bendición a las acciones de Trump contra Cuba y jamás restableció los avances diplomáticos de Raúl Castro y Barack Obama para normalizar las relaciones entre Washington y La Habana.

A Trump le quedan dos años de gobierno y ante un Senado y Cámara de Representantes adverso, dice que gobernará por decreto, tal y como lo hizo don Pepe Figueres después del 48 en Costa Rica.

Y vendrá un nuevo gobierno en EUA que de seguro será demócrata y veo muy difícil que reconsidere este rumbo.

Guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, guerra de EUA e Israel en Medio Oriente contra Irán, Europa en decadencia y que deberá resolver qué va a hacer con su conflicto con Ucrania, Rusia, EUA, la guerra económica…los BRICS…la caída del dólar…la ultraderecha internacional filofascista dirigida por Trump, son temas pendientes.

Quiero aterrizar en lo que visualizo para Venezuela.

Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel acusado de terrorista por la CIA y el apartheid, estoy seguro de que Maduro y Cilia Flores no durarán tanto antes de ser liberados.

Terminaré citando estas palabras: «la mejor victoria es vencer sin combatir», del célebre general y filósofo chino Sun Tzu (siglo V a. C.) en su obra clásica El arte de la guerra.

«La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar». Esta enseñanza plantea que la verdadera maestría estratégica radica en usar la inteligencia, la diplomacia, la psicología y la planificación para neutralizar al adversario antes de que el conflicto se vuelva físico y destructivo.

La dirección política del PSUV pasará a la historia por actuar en consecuencia y no por haber llevado al pueblo venezolano a un holocausto, aunque los llamen traidores por ello.

Hacen falta muchos Walter Kissling Gam

Vladimir de la Cruz

Una de las personalidades que más me ha impactado al conocerla personalmente y establecer con él una ligera pero rica y sincera amistad, surgida de un trabajo común que se nos encargó, fue Walter Kissling Gam.

En 1998 fui candidato presidencial, por primera vez, del Partido Fuerza Democrática. Esa experiencia política fue muy rica para mi vida personal. Me obligó a incorporarme de manera muy activa en la vida política nacional y electoral, a conocer desde las entrañas cómo operaba la institucionalidad y el sistema electoral en esos años, y cómo funcionaba el sistema político en su conjunto, especialmente, en un período electoral.

Desde entonces hasta ahora, con dos procesos electorales adicionales como candidato presidencial del Partido Fuerza Democrática, en el 2002 y el 2006, revaloré mi experiencia, y fortalecí mi conocimiento sobre el funcionamiento democrático nacional, y aprecié la democracia como sistema de vida que hemos desarrollado desde la Independencia.

Desde esa época, febrero de 1998, después de salir de las elecciones fui invitado a escribir, semanalmente, un artículo en el periódico Al Día, del Grupo La Nación, el que se publicó hasta el 2008, cuando se cerró ese periódico y cuando fui nombrado embajador en Venezuela del 2008 al 2010.

Al terminar la elección del 2006 opté por mi retiro de la vida electoral activa, no así de mi vida activa en el escenario político nacional como comentarista, o analista, de la vida política cotidiana, y de temas históricos y sociales. A mi regreso de Venezuela el periódico La República me abrió las puertas para continuar escribiendo semanalmente, hasta hoy, una columna, primero en su periódico impreso, y ahora en su edición digital. Esto me mantiene presente y activo intelectualmente para amigos y lectores. Y, este oficio de leer y escribir me da más vida.

La campaña electoral de 1997-1998 fue muy intensa, dura, difícil para Fuerza Democrática como partido que era, surgido para la elección de 1994, donde eligió dos diputados. Nuestra consigna, por el color de la bandera que empleamos en las elecciones de 1998 fue “Dele un naranjazo al bipartidismo”, refiriéndonos a los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana que postulaban respectivamente a José Miguel Corrales Bolaños y a Miguel Ángel Rodríguez, como los candidatos más importantes, partidos que habían venido alternando como ganadores y como gobiernos, y también como fuerzas ampliamente dominantes en la Asamblea Legislativa. Sinceramente creo que esa campaña, con nuestra participación y mensajes políticos, preparó el ambiente y las condiciones para el más profundo cuestionamiento que se le hizo a los partidos del bipartidismo, las fisuras y fracturas que se ocasionaron en ellos y para el surgimiento del Partido Acción Ciudadana a inicios de este siglo.

La prensa en esa campaña, como en las anteriores, solo daba importante atención a los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, para todos los efectos, entrevistas y debates. Cuando organizaron el supuesto debate definitivo final en vísperas de las elecciones de febrero, interpuse un recurso de amparo ante la recién fundada Sala Constitucional, que el magistrado Rodolfo Piza Escalante resolvió dándome la razón de que en esos debates, con fondos públicos, se debía tomar en cuenta a todos los candidatos, lo que se impuso desde entonces. Se suspendió el debate y me hizo sobresalir. Eso me dio, en ese momento, más presencia pública de la que ya tenía como dirigente estudiantil universitario que fui en mis años de estudiante, y como profesor y autoridad académica que tenía en esos años también.

La elección muy ajustada de 1998 resultó favorable para Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. En mi opinión como candidato en esa elección, Miguel Ángel era mejor candidato que José Miguel, mucho más preparado profesionalmente y de más larga experiencia política.

Se desenvolvía más y mejor que el candidato liberacionista. En los pocos debates que participé con ellos era más sólido argumentalmente Miguel Ángel, más teórico, más doctrinario, más político, mientras, para mí, José Miguel era más politiquero, más flojo conceptualmente, más electorero. A Miguel Ángel lo percibía con más visión de país en el largo plazo, a José Miguel más inmediatista, hasta llegó a proponer la Tercera República, sin tener nada que la sustentara.

Políticamente Miguel Ángel respondía más a los intereses conservadores del país y José Miguel a los menos conservadores, considerado para algunos efectos más reformista o progresista. Al menos así los considerábamos, en ese momento, para la Dirección Política del Partido Fuerza Democrática, porque era también la imagen que había de ambos partidos en la tradición electoral de esos años. De esa forma se esperaba de mis participaciones en debate que yo me enfrentara más duramente a Miguel Ángel que a José Miguel. Pero en la práctica yo era el candidato y el que tenía que debatir. En el debate quien se ponía más al frente para confrontarlo y darle más duro era José Miguel, que era lo que producía aplausos y eventualmente votos.

Yo era el que “ganaba” votos en ese sentido, a pesar de algunos compañeros que me criticaban por no invertir la fuerza de mis argumentos contra Miguel Ángel, en vez de hacerlo contra José Miguel. Así tuvimos un resultado electoral satisfactorio. Salimos como tercera fuerza electoral, con tres diputados electos, José Manuel Núñez González, José Merino del Río y Célimo Guido Cruz, con alguna presencia en municipalidades.

Mi sorpresa, al día siguiente a la elección fue la llamada del presidente electo Miguel Ángel Rodríguez, que quería visitarme junto a la Dirección del Partido, como primera visita que hacía de presidente electo a los candidatos que habían participado. Así lo recibimos en mi casa en la mañana del martes, donde intercambiamos aspectos del proceso electoral y de su futuro gobierno, poniéndonos a la orden en lo que pudiéramos mutuamente colaborar.

En ejercicio del gobierno Miguel impulsó proyectos que apoyamos como partido en la Asamblea Legislativa, como el de la Ley de Protección al Trabajador, la reforma más importante que se hacía desde 1943 a la legislación laboral del país, aprobada el 16 de febrero del 2000. También emitió el Código de la Niñez y de la Adolescencia en 1998, que apoyamos entre otros proyectos de ley.

Entre sus preocupaciones, Miguel Ángel Rodríguez impulsó un proyecto muy ambicioso, como no se había realizado antes en el país. Convocó un Proceso de Concertación Nacional en 1998.

El Proceso de Concertación estaba dirigido a procurar una agenda común con el propósito de buscar acuerdos, que permitieran impulsar acciones de gobierno y leyes. En este sentido invitó a participar activamente a todo el movimiento cooperativo nacional, a las diferentes cámaras de empresarios, en las distintas actividades que estaban agrupados, a todo el movimiento solidarista, a los grupos que se reunían en Consejo Nacional de Asuntos Indígenas, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, a todo el Bloque Magisterial costarricense con sus distintas asociaciones y sindicatos, a todas las centrales y confederaciones sindicales y a sindicatos individualmente considerados, a todos los partidos políticos que habían participado en las elecciones de 1998 y a las fracciones de diputados que fueron electas de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Fuerza Democrática, Movimiento Libertario, Integración Nacional, Renovación Costarricense y Acción Laborista Agrícola.

De esa manera la convocatoria e invitación que hizo el presidente a la Concertación Nacional reunió en la práctica casi 300 organizaciones, que de distinta manera se integraron y con diferentes intensidades de participación.

Importante en todo ese proceso fue que las decisiones que se tomaran debían ser por unanimidad, con derecho a veto de cada participante, con la intención de lograr la mayor confianza en el proceso. Los temas fueron amplios y variados, entre ellos, de economía, política, gobierno, aspectos sociales, educación. En mi opinión todo el proceso fue exitoso, pero no logró su cometido principal, porque dos temas no lograron la unanimidad que se había establecido para aprobarlos, la apertura del ICE y del INS, lo que provocó que el resto de los acuerdos no tuviera un buen resultado.

La parte conductora del proceso de Concertación Nacional se puso en manos del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, la Oficina de Planificación de la Educación Superior, OPES, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

La Secretaría Ejecutiva y Técnica de la Concertación estuvo en manos de Helio Fallas Venegas, que representaba a la Conferencia Episcopal, Roberto Tobar Faja y Danilo Chaverri Soto del Ministerio de la Presidencia y representantes de las universidades estatales.

Igualmente, el Gobierno de Miguel Ángel integró un Consejo Directivo de la Concertación Nacional, donde me invitó a mí, personalmente, por mi participación en la campaña electoral y como representante de la tercera fuerza electoral de ese momento.

Así, la mesa directora de la Concertación Miguel Ángel la integró, entre otros, con Danilo Chaverri Soto, como presidente, con el empresario Walter Kissling Gam, con la profesora Rosemary Karpinski Dodero, primera presidenta de la Asamblea Legislativa en 1986 y candidata a la Vicepresidencia de la República en 1998, y con Vladimir de la Cruz de Lemos.

En ese momento, yo no tenía relación alguna con Miguel Ángel. Conocía su trayectoria política desde que había colaborado con el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández. También conocía su trayectoria parlamentaria y su papel destacado en el movimiento socialcristiano internacional. Igualmente sabía de su paso como empresario. Antes de eso lo recordaba visitando a su entonces novia, doña Lorena Clare Facio, luego su señora y primera dama, cuando yo también iba a esa casa y coincidíamos en el espacio, algunas veces invitado por Luis Alberto, hermano de doña Lorena, en la época en que ambos nadábamos competitivamente y éramos muy amigos. En esos días nunca intercambiamos una sola palabra, hasta el momento de la campaña electoral donde empezamos a conocernos, y a establecer un fuerte lazo de amistad como lo cultivamos hasta hoy.

Allí tuve oportunidad de conocer y tratar, al calor de las sesiones y trabajos del Proceso de Concertación al ciudadano Walter Kissling Gam, que me impresionó desde el primer momento que establecí contacto personal con él.

Cuando el presidente Miguel Ángel me invitó a participar en esa mesa directora y me informó de sus integrantes me obligó a investigar un poco sus vidas, que de algunos conocía datos y trayectoria. Del que menos sabía era de Walter Kissling Gam.

De él supe de su vida desde niño, que había nacido en Limón, que era descendiente de europeos, su padre Walter Kissling Rickli, suizo y su madre Adela Gam Secen, austriaca, que eran ambos cinco años más joven que mis padres, nacido en 1931, familia de recursos económicos que los había perdido con la Primera Guerra Mundial, lo que lo hizo crecer con dificultades y estrecheces, que le formaron temperamento, carácter y manera austera me parece de ver la vida. Se dice que de joven vendió chocolates en bicicleta. Supe que era casado con Cecilia Jiménez Lara con quien tenía cinco hijos.

La influencia más importante en su infancia y adolescencia se la dio su madre, que le estimuló el estudio hasta el colegio. No llegó a hacer estudios universitarios. La guerra civil de Costa Rica lo atrapó graduándose de Bachiller del Colegio Seminario, en 1948.

A partir de ese momento se involucró en el trabajo, primero como recepcionista de hotel, lo que le permitió iniciarse como vendedor por siete años de productos farmacéuticos. Este trabajo lo vinculó a Kativo Chemical, por diez años, asumiendo un papel destacado en esta empresa que luego la logró desarrollar para toda Centroamérica.

En 1967, cuando la Kativo fue adquirida por HB Fuller le nombraron vicepresidente para Latinoamérica, a la vez que conservaba la gerencia de Kativo Chemical. Aquí empezó a destacar como líder empresarial llegando a ser vicepresidente sénior de operaciones internacionales y vicepresidente ejecutivo y director de operaciones. En HB Fuller su destacado trabajo lo llevó en 1995 a director ejecutivo hasta 1999 que se jubiló, reconociéndosele como un líder empresarial internacional, especialmente en el campo de los sistemas avanzados de tecnología de la información.

Su vida también se vinculó muy intensamente al INCAE, la institución que nació al calor de la visita del presidente Kennedy a Centroamérica, en 1963. La Cumbre de presidentes centroamericanos materializó en 1964, apoyados por Harvard Business School, que se abriera el INCAE como proyecto de graduación del Programa de Alta Gerencia-PAG, en Guatemala. Así, se abrió el camino desde entonces el INCAE formando profesionales que permitieran transformar la forma de hacer negocios en Latinoamérica y en Centroamérica, respondiendo a las necesidades del mercado, con sólidos valores éticos e impulsando liderazgos responsables.

La situación en Centroamérica creó las condiciones para que en Costa Rica se estableciera la sede del INCAE, bajo el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, sede que hoy lleva el nombre de Walter Kissling Gam, quien asumió la presidencia del Consejo Directivo del INCAE. Bajo su presidencia se fortalecieron los estudios de posgrados en Gerencia de Exportaciones No Tradicionales, Política y Gerencia de Recursos Energéticos y Pequeña y Mediana Empresa, en Administración Funcional, en Competitividad y Desarrollo Sostenible, en Innovación e impacto global y el Programa Ejecutivo de salud global, entre otros.

Así, fue incorporado a la Dirección de la Concertación, donde lo conocí, lo traté y respeté sus opiniones siempre certeras directas y concretas, de los asuntos que discutíamos. Vi en él como desde su visión de empresario le preocupaba cuál debía ser el papel del sector empresarial ante los retos y desafíos del país, y de cómo conducir los resultados del proceso de Concertación en esa dirección nacional y patriótica.

Esa visión la había impulsado antes de la Concertación cuando promovió en 1997 el foro nacional denominado “Encuentro de Líderes Empresariales: nuestro rol en la construcción del futuro”, que involucró casi 300 participantes. Su preocupación social lo llevó a constituir la Alianza Empresarial para el Desarrollo, procurando una mejor relación del sector empresarial con otros sectores de la sociedad como las ONGs.

Walter Kissling Gam presidió el INCAE por 16 años, fue director del Banco Central, socio fundador del Banco Banex, presidente de la Cámara de Industrias, director de la empresa Atlas y en 1997 era miembro de la Junta Directiva del Grupo Nación.

En mi trato con él lo percibí desde el primer momento como una persona con gran capacidad de relacionarse, de manera amable, empática, con facilidad para conversar y para compartir con personas de diferentes orígenes y pensamientos. Siempre era muy positivo lo que permitía una relación agradable con él. Su comportamiento le nacía naturalmente. No se veía en sus relaciones nada impostado, artificial o fingido. Era claro para expresar lo que quería. Prestaba mucha atención y escuchaba con respeto, valorando lo que se planteaba o discutía, sin prejuicios frente a sus interlocutores, con lo cual siempre generaba confianza. Su trato y presencia era también de gran humildad, de persona altamente educada en los valores del trato social. En el proceso de la Concertación actuaba con gran sentido de observación.

Personalmente era persona de fácil acceso, sonriente, de trato amable, de hablar bajo, de gran optimismo. Era, así lo recuerdo, una buena persona, genuino, auténtico en lo que él era y significaba social y empresarialmente, sin aspavientos, con capacidad de hacer y resolver sin drama lo que había que enfrentar, como cuando se impuso cumplir el acuerdo de la unanimidad para las votaciones en la Concertación.

Cuando falleció, lo confieso, su muerte me impactó mucho por lo que lo llegué a apreciar en la Concertación como persona, que me hace recordarlo siempre como ese buen empresario, preocupado por el desarrollo nacional de forma ética y responsable, aspectos que hoy faltan mucho en la visión pública de lo que se quiere hacer del país, sobre todo cuando desde esas políticas y acciones públicas se amenaza y reprime a sectores empresariales y productivos aprovechando la institucionalidad del Estado, para someterlos a los intereses de quienes ocupan puestos por ocasión o circunstancia de vivencia palaciega de corto plazo, sobre todo cuando hay graves amenazas de perder la democracia nacional, que la tienen amenazada como al Estado de Derecho vigente desde hace 200 años.

Hoy hacen falta muchos Walter Kissling Gam, si entendemos que el 90% de la vida nacional descansa en el sector privado de la producción y de las actividades económicas.

De Walter Kissling Gam, el que conocí y traté, guardo un gran recuerdo, admiración y respeto.

Antecedentes de la extrema derecha en la Costa Rica del siglo XXI – Algunos retos para la izquierda

Marielos Aguilar Hernández

Dra. Marielos Aguilar Hernández

Ponencia presentada al congreso internacional “El retorno del fascio y la respuesta proletaria”.

Introducción

Las repercusiones del fascismo europeo en la América Latina de los años treinta, no llegaron a causar un impacto tan fuerte en Costa Rica como sí ocurrió en otros países de la región, sobre todo en algunos del llamado Cono Sur. Ello, pese a que para entonces nuestro modelo liberal republicano comenzaba a mostrar cierto agotamiento, agravado con los efectos de la gran depresión económica de 1929.

Sin embargo, aquel ambiente internacional, tan favorable al autoritarismo, no dejó del todo indiferente al entonces presidente León Cortés Castro (1936-1940) frente al nazi fascismo europeo. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, llegó a cerrar nuestras fronteras para evitar el ingreso de ciudadanos de origen judío, especialmente de aquellos que venían huyendo de los estragos autoritarios de la Europa Central.

Unos años antes se había fundado el Partido Comunista costarricense – en junio de 1931 – lo cual produjo la esperada reacción anticomunista de los gobiernos de turno, sin que pudiera llegarse a evitar, desde el seno del Estado, la participación sindical, electoral y parlamentaria de aquella primera generación de obreros y campesinos revolucionarios. Tan temprano como 1934, el Partido Comunista logró elegir sus primeros diputados en el Congreso Nacional, a la vez que dirigió uno de los más importantes movimientos huelguísticos de Centroamérica, la histórica Huelga Bananera de 1934.

La Guerra Civil costarricense de 1948 fue uno de los primeros conflictos bélicos de América Latina, producto del anticomunismo exacerbado al terminar la II Guerra Mundial. En el caso nuestro, esa polarización fue alimentada por las diferencias ideológicas entre las fuerzas caldero comunistas, en el poder entre 1940 y 1948, y los sectores socialdemócratas, alentados también por otros líderes conservadores de larga trayectoria.

Finalmente, aquella crisis terminó resolviéndose por medio de las armas, con la derrota de la alianza caldero comunista y el triunfo de las emergentes fuerzas socialdemócratas, teñidas éstas de un gran anticomunismo, alimentado por el ambiente de guerra fría promovido por Estados Unidos.

A pesar de lo anterior, nuestro país pudo marchar hacia la construcción de un Estado de Bienestar, encabezado por el nuevo Partido Liberación Nacional (PLN), fundado en 1951. Aquella modernización económica e institucional propició un mayor desarrollo material y humano, lo cual ubicó a Costa Rica en un lugar destacado dentro de las estadísticas de crecimiento y desarrollo a nivel regional.

Posteriormente, los cambios en la estrategia económica mundial derivados de la globalización económica de los años ochenta y, particularmente, del denominado Consenso de Washington, dieron cabida a una larga etapa de austeridad en la inversión social del Estado, acompañada de una serie de reformas estructurales que acabaron poco a poco con el Estado de bienestar costarricense, brotando visiblemente la pobreza y la miseria, especialmente en algunas zonas rurales del Valle Central, en los barrios marginales de las principales ciudades y en las regiones costeras del país, fenómeno que se ha venido agudizando hasta nuestros días.

En la actualidad, en medio de una sociedad muy desigual, la ciudadanía costarricense ha llegado a enfrentarse con una experiencia inédita: el fortalecimiento de la delincuencia organizada, el debilitamiento del sistema democrático dirigido por gobiernos de estilo autoritario, que han perseguido a los medios de comunicación que no controlan, que recurren a los términos más peyorativos para descalificar a los sectores políticos que se le oponen, calificándolos de zurdos, comunistas, progres, etc. Además, el anterior presidente Rodrigo Chaves Robles y la actual presidenta, Laura Fernández Delgado, han impulsado una fuerte guerra ideológica contra los movimientos de la diversidad sexual, el feminismo y las organizaciones ecologistas. Desde esta perspectiva, se ha hecho más notoria la cercanía de la élite gobernante con otros regímenes neoconservadores de corte autoritario, como los de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, Abelardo de la Espriella en Colombia o el del mismo Donald Trump en Estados Unidos.

El presente documento se sustenta en la lectura de varios autores dedicados al análisis del populismo y del posfascismo actual, cuyas obras aparecen en la bibliografía adjunta, así como en la revisión de una serie de artículos de revistas y periódicos sobre la problemática nacional en cuestión. Complementamos nuestra búsqueda con la revisión de algunas estadísticas institucionales para reconocer las diferencias sociales y regionales, en cuanto al apoyo político y electoral recibido por la actual extrema derecha en Costa Rica.

Algunos antecedentes

En los primeros años del siglo XXI, se anunciaron ciertos cambios en la estructura del Estado costarricense que no dejaron indiferente a la ciudadanía. El presidente socialcristiano, Miguel Ángel Rodríguez, decidió impulsar un proyecto de ley denominado Ley de Servicios Públicos y Telecomunicaciones. Ese proyecto contaba con el apoyo de los dos partidos mayoritarios – PLN y PUSC – producto de lo cual, a la larga, se fue gestando una profunda fractura entre las élites dirigentes de esos partidos y sus bases sociales.

En aquella coyuntura, comenzó a despertar en la conciencia popular la sospecha de un pacto bipartidista con el objeto de lograr la privatización de la energía eléctrica, pese al rechazo de las grandes mayorías. Según las encuestas del momento, al menos el 63% de las y los costarricenses estaba en desacuerdo con la apertura del mercado eléctrico (Menjívar, M. 2012). Desde su fundación, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha sido una institución tan arraigada en la identidad nacional que aquel proyecto de privatizarla supuso una prueba fundamental.

Finalmente, aunque ese proyecto fue aprobado en la Asamblea Legislativa a comienzos del año 2000, la oposición ciudadana fue determinante. Luego de llevarlo a consulta de la Sala Constitucional, ésta le encontró vicios de inconstitucionalidad a dicho proyecto y terminó declarándolo sin lugar, calmándose de momento la agitación nacional.

Sin embargo, lo más importante de aquella jornada de lucha, conocida popularmente como La huelga Nacional contra el Combo del ICE, fue la evidencia que dejó del debilitamiento general del bipartidismo costarricense. En adelante, se ha desencadenado un complejo proceso de reacomodo político, el cual se ha manifestado con el surgimiento de un numeroso grupo de nuevos partidos, la mayoría con una clara orientación conservadora, especialmente aquellos de tendencia neo pentecostal.

Poco tiempo después, cuando todavía se respiraba un ambiente de optimismo en la consciencia de los movimientos sociales costarricenses, se presentó un nuevo desafío: la discusión regional en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana.

A diferencia de los otros países de esta región, donde ese tratado fue aprobado en los estrados legislativos sin mayor problema, en Costa Rica la respuesta mayoritaria fue de un fuerte rechazo. Una vez más, el país se vio conmocionado por las intensas discusiones en los diversos ámbitos laborales, académicos y políticos, sobre las controversiales repercusiones que tendría el TLC para la economía y el bienestar de las grandes mayorías. En esas circunstancias, se agudizó la polarización entre las élites de los partidos tradicionales y los nuevos partidos políticos que recién comenzaban a surgir, especialmente, el Partido Acción Ciudadana (PAC), y el Partido Frente Amplio (FA), ambos opuestos a la firma del citado tratado.

Valga aclarar que el PAC, fundado en el 2000, reivindicaba los ideales de la histórica socialdemocracia costarricense, tratando de atraer a sus filas a ciertos sectores decepcionados con el PLN, mientras que el Frente Amplio, fundado en el 2004, comenzó a reunir en su seno a exmilitantes de los partidos de la izquierda costarricense, la cual también experimentaba su propia crisis: el Partido Comunista (PVP), el Partido Socialista (PS) y Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

Aquel fue un período de un cierto auge organizativo, debido al desmembramiento de los partidos que habían dirigido los destinos del país por más de medio siglo. Se exacerbó, entonces, una movilidad nunca antes vista de líderes y militantes entre esas organizaciones y las nuevas alternativas que ofrecían el PAC y el FA. Comenzó a producirse una especie de reciclaje entre los liderazgos más destacados de los partidos tradicionales, especialmente hacia las filas del PAC, cuyos fundadores provenían, principalmente, de las huestes del PLN y del PUSC.

En un momento político tan convulso y ante la falta de consenso para la aprobación del TLC, la Asamblea Legislativa se vio obligada a recurrir, por primera vez en la historia costarricense, a la convocatoria de un referéndum. La preparación de éste conllevó una experiencia nacional muy interesante pues se convirtió en una coyuntura de intensas discusiones sobre esa cuestionada propuesta. Quizá, lo más destacado de aquel momento fue la gran participación de la mayoría de sectores de la sociedad costarricense opuestos a ese tratado: sindicatos públicos y privados, organizaciones estudiantiles de enseñanza secundaria y universitaria, colegios profesionales, asociaciones de educadores y comunidades urbanas y rurales, fenómeno que dio luz al surgimiento de los llamados Comités Patrióticos a lo largo y ancho del país, una novedosa forma de organización popular que, lastimosamente, no ha sido posible preservarla. En ellos se reunían vecinos, vecinas, educadores, estudiantes, comerciantes locales, representantes de la juventud, sectores organizados del catolicismo, representantes sindicales de las instituciones autónomas del Estado, etc.

El aporte más importante de aquellos Comités Patrióticos, convertidos en centros de estudio de la problemática nacional, fue ofrecerle a la ciudadanía la claridad ideológica necesaria para rechazar la firma del TLC con Estados Unidos. La consigna nacional llegó a ser una: ¡NO AL TLC!

En medio de aquellos días tan agitados, sucedió un acontecimiento que polarizó aún más el ambiente nacional. Trascendió a la luz pública el texto de un polémico memorándum, enviado al entonces presidente Oscar Arias Sánchez por parte de su vicepresidente, el abogado Kevin Casas Zamora, en el cual se recomendaba tomar una serie de medidas muy autoritarias – de corte fascista, podríamos decir – para obligar a la mayoría de los sectores más empobrecidos del país a apoyar con su voto al TLC.

En dicho memorándum se proponía, por ejemplo, aplicar un “chantaje” a los alcaldes del oficialismo liberacionista en las comunidades cantonales, haciéndoles ver que, si en su comunidad ganaba el NO al TLC, no recibirían más apoyo financiero para sus proyectos de mejoras comunitarias, perjudicando así sus aspiraciones personales de ascenso político, a menudo motivado por la conquista de una candidatura parlamentaria.

Por otra parte, los autores del citado memorándum del miedo, proponían estimular el temor en el seno de la clase trabajadora de cuatro formas distintas: a) miedo a la pérdida del empleo; b) miedo al ataque a las instituciones democráticas, haciendo ver que el movimiento del NO al TLC era un movimiento violento y desleal con la democracia; c) miedo a la injerencia de la izquierda extranjera en el movimiento del NO (particularmente, de parte de Cuba y de la entonces Nicaragua sandinista) para sembrar temor en los sectores sociales más humildes del país, que eran quienes más dudaban en apoyar con su voto al TLC. Por último, ese memorándum anunciaba el advenimiento de una crisis de gobernabilidad, en caso de que la administración Arias Sánchez fuera derrotada en aquella consulta popular, con las consiguientes consecuencias de inestabilidad económica y política en todo el país (Universidad, setiembre 13, 2007).

Faltando poco menos de un mes para la celebración de aquellas históricas votaciones, el memorándum del miedo encendió los ánimos: en las llamadas zonas francas, enclaves de capital extranjero, se comenzó a presionar a los trabajadores para llevarlos a votar en contra del TLC y se amenazaba a los sindicatos del sector privado con la implementación de desempleos masivos en caso de un triunfo del NO. Asimismo, la prensa al servicio de las cámaras empresariales intensificó sus publicaciones reproduciendo el “discurso del miedo” del gobierno de Arias Sánchez.

En ese contexto de temor generalizado, a pesar de aquel gran esfuerzo nacional, fue imposible evitar el triunfo de las cámaras patronales y de las grandes empresas estadounidenses establecidas en el país. El PLN en el poder, con Oscar Arias Sánchez como presidente, terminó experimentando un triunfo pírrico, pues el 51,6 % dijo sí y el 48,4% dijo no, con una abstención del 40% de la ciudadanía (Acta N.º 2944-E-2007. Tribunal Supremo de Elecciones).

En ese contexto, un profundo sentimiento de derrota nacional se apoderó de grandes sectores de la población, sentimiento que, en cierta medida, se ha extendido durante las últimas dos décadas, con las consiguientes secuelas políticas e ideológicas.

Pareciera comprensible que aquellos acontecimientos tan controversiales hayan marcado el rumbo político e ideológico del país hasta nuestros días. Los partidos tradicionales continuaron debilitándose a tal punto que han sido derrotados, continuamente, desde el año 2014. Una parte de sus militancias, en principio, decidieron trasladarse a las filas del PAC y otras han terminado engrosando a los partidos neo pentecostales inspirados en la Teología de la Prosperidad. Estos, como veremos más adelante, han sido los más favorecidos con aquella debacle histórica en la vida política costarricense.

  1. El surgimiento de nuevos partidos políticos

En un marco histórico de tanta incertidumbre nacional, fue el PAC la organización que, en primera instancia, recogió los principales dividendos políticos de aquella crisis, a pesar de que ese partido no significara una renovación ideológica más integral. Aquellos fueron tiempos de una gran incertidumbre pues los paradigmas históricos de cambio social brillaban por su ausencia. Lo único cierto fue el notable crecimiento de aquel nuevo partido, debido a su destacado desempeño durante las luchas contra el TLC. El PAC se convirtió, entonces, en una nueva esperanza para ciertos sectores de pensamiento reformista e, incluso, para un pequeño sector de la izquierda costarricense proveniente, en muchos casos, de los ámbitos universitarios y profesionales.

La rápida expansión del PAC contribuyó a marcar un antes y un después en la vida política nacional, logró ganar las elecciones en dos períodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022), pero, finalmente, los resultados de su desempeño no fueron los esperados. La herencia de los partidos tradicionales en el seno del PAC se impuso y, a pesar de algunos esfuerzos, las cámaras patronales y las élites provenientes de los viejos partidos lograron mantener sus añejos métodos y estrategias para su beneficio.

Durante la primera administración del PAC, encabezado por el presidente Luis Guillermo Solís, quien se había desempeñado antes como un destacado militante del PLN, los destinos nacionales transcurrieron con cierto optimismo, sin grandes sobresaltos, en especial porque ese gobierno hizo algunos esfuerzos por cumplir los acuerdos pactados con las organizaciones sindicales para realizar reformas importantes al Código de Trabajo.

Sin embargo, en el segundo período de la gestión del PAC, en manos del presidente Carlos Alvarado Quesada, los sectores populares presenciaron, con gran asombro, cómo ese partido terminó llevando a la práctica medidas tan reaccionarias como una nueva reforma fiscal que lesionaba los intereses populares y, más grave aún, ilegalizó el derecho de huelga de los trabajadores del sector público (Ley No.9808, enero 2020. MTSS).

Valga aclarar que el sector público había sido el más organizado de la clase trabajadora costarricense y que, como resultado de esa nefasta medida, actualmente no puede recurrir a su derecho de huelga, lo cual ha redundado en una profunda crisis del sindicalismo estatal.

Por otra parte, el Frente Amplio, un partido que se ha definido como de izquierda democrática, fundado en octubre del 2004, se había convertido en otro gran protagonista en favor de las luchas contra el TLC. En realidad, el FA logró escalar a nivel nacional como el principal representante de los diversos sectores de la izquierda nacional y, desde entonces, ha mantenido su representación en la Asamblea Legislativa. En su seno convergieron sectores provenientes de los tradicionales partidos de la izquierda costarricense – el Partido Comunista y el Partido Socialista – sumándose también representantes de algunos movimientos sociales como el feminismo, el ambientalismo y el colectivo de la diversidad sexual, pero con escasa participación de los trabajadores organizados sindicalmente.

Sin embargo, el FA mantiene un perfil relativamente alto, en parte por la destacada lucha parlamentaria que ha protagonizado frente a las últimas dos administraciones de la extrema derecha, la del expresidente Rodrigo Chaves Robles y la de la presidenta en ejercicio, Laura Fernández Delgado.

  1. El auge de los partidos neo pentecostales en Costa Rica y el fortalecimiento de la extrema derecha

La problemática socio política arriba descrita quedaría incompleta si no nos referimos a uno de los fenómenos más sobresalientes en el panorama político costarricense de las últimas décadas. Hablamos de la notable expansión que han experimentado las nuevas corrientes religiosas evangélicas inspiradas en la Teología de la Prosperidad, llegadas desde Estados Unidos como una nueva estrategia de dominación hacia los países latinoamericanos.

La crisis paradigmática del Estado de Bienestar costarricense, sumada a las repercusiones del fracaso socialista de la antigua URSS, al finalizar la década del ochenta, también contribuyeron a promover una notable expansión de los movimientos religiosos neo pentecostales. Aquel vacío dejado por las propuestas social demócrata y socialista, pronto fue llenado con los mensajes mesiánicos de los llamados teólogos de la prosperidad.

Aunque los primeros cristianos protestantes habían arribado a Costa Rica desde el siglo XIX, fue en la pasada década del ochenta cuando llegaron nuevos evangelizadores desde Estados Unidos, la mayoría de orientación neo pentecostal. Ello fue posible, además, por el debilitamiento que ha venido sufriendo la Iglesia Católica, a pesar de que Costa Rica se define como un Estado confesional (Artículo 75, Constitución Política de CR). A la larga, esta disposición constitucional también ha venido a incidir en la expansión de la religiosidad neo conservadora en este país, con evidentes repercusiones en la expansión de la extrema derecha.

Un aspecto que debemos señalar son las diferencias entre los propósitos espirituales del protestantismo histórico y los del movimiento neo pentecostal, hoy extendido en algunos sectores de la sociedad costarricense. Mientras los primeros se han concentrado, principalmente, en sus tareas de adoctrinamiento espiritual, los segundos han propiciado la creación de grupos político-religiosos dispuestos no solo a evangelizar a las masas sino también a disputar el poder del Estado. Su filosofía, conocida como la Teología de la Prosperidad, consiste en una perspectiva religiosa que considera el bienestar económico personal, el éxito financiero y la buena salud física como bendiciones otorgadas por Dios a sus seguidores. Como señala una historiadora costarricense, se supone “… que de una buena relación con Dios se establece una prosperidad (terrenal) bendita”. (Ulloa, 2022, p.182). Lo anterior implica un cambio radical en los postulados cristianos porque desacredita la distinción entre autoridad civil y responsabilidad espiritual.

Todos esos cambios en el ámbito religioso coincidieron con el paulatino proceso de descomposición organizativa que afectó al histórico sistema de partidos políticos, incluyendo a los de la izquierda. Con respecto a ésta última, debemos de tener presente, además, las repercusiones de los conflictos armados de los años ochenta en el istmo centroamericano, especialmente en el PVP, el PS y el MRP. De una u otra forma, aquellos partidos se vieron involucrados en tales conflictos, en particular, en los de la revolución nicaragüense. Tengamos presente, además, que todo ello coincidió con el derrumbe de la revolución soviética y sus innumerables repercusiones mundiales.

En medio de aquella coyuntura tan cambiante, justo en 1986, apareció el primer partido confesional en Costa Rica denominado Alianza Nacional Cristiana (ANC), cuyos mensajes dejaban claro su propósito de impulsar “una renovación moral de la política” (Ulloa, op. cit p.152). En otros términos, se pretendía evangelizar también por medio de la participación política y electoral. Desde entonces, esos partidos han concentrado su energía en acercarse a otros sectores como son los hombres de negocios, los operadores políticos y, especialmente, con ciertos comunicadores de alto perfil nacional.

Toda aquella estrategia se proponía llevar adelante un proyecto transformador del panorama político y religioso del país. Comenzaron, entonces, a fortalecerse algunas corrientes políticas de nuevo tipo, cada vez más inclinadas hacia la extrema derecha, con un discurso que se teñía de anti comunismo, anti feminismo, anti ecologismo, en favor de la familia tradicional y, sobre todo, con un profundo odio hacia la diversidad sexual. Tales mensajes iban dirigidos con especial énfasis a los sectores sociales más empobrecidos, víctimas de la falta de mejores oportunidades laborales, de la reducción sistemática de los recursos para la educación, de la pauperización del sistema de salud pública y, en general, del achicamiento del papel social del Estado.

Es importante hacer notar que el derrumbe del partido comunista costarricense – Partido Vanguardia Popular – les permitió a los nuevos grupos evangélicos neo- conservadores llenar, en parte, el vacío organizativo dejado por el debilitamiento del tradicional sindicalismo agrícola. Este fenómeno se ha observado, más claramente, en las zonas donde ese partido tenía más presencia sindical como lo eran las zonas bananeras de las regiones costeras, tanto en el litoral atlántico como en el pacífico. La nueva propuesta para los trabajadores, de parte de aquellas sectas cristianas neo conservadoras, implicaba también dejar atrás los tradicionales instrumentos de lucha sindical que, según su discurso, tanto sufrimiento les había provocado. Así, las iglesias neo pentecostales comenzaron a “evangelizar” a los sectores más desposeídos del país, sumergidos en una gran confusión político-ideológica y en una crisis material y organizativa que los tomó por sorpresa.

Frente a ese nuevo fenómeno, la Iglesia Católica intentó ensayar su propia propuesta de organización laboral para reemplazar a los sindicatos, por medio de las llamadas asociaciones solidaristas, inspiradas en la doctrina social de la Iglesia Católica, desarrollada por el papa Juan XXIII. Así, el Movimiento Solidarista logró penetrar algunos sindicatos bananeros de la zona atlántica del país, pero su éxito fue muy relativo. La propia crisis del catolicismo también quedó manifiesta en aquellas circunstancias.

Para entonces, se hacía cada vez más palpable la presencia de las nuevas corrientes evangélicas, convertidas ahora en opciones político-religiosas, capaces de atraer a los sectores empobrecidos y de llenar sus iglesias de fieles que pronto llegarían a convertirse en militantes de sus dogmas mesiánicos. El paso siguiente consistió en hacer que aquellas primeras organizaciones neo pentecostales comenzaran a promover movilizaciones de masas para tomarse espacios públicos estratégicos desde donde lograron integrar el mensaje religioso y el discurso político, hablando de “exorcizar a la nación” para, supuestamente, combatir los grandes problemas de corrupción que aquejaban a nuestro país.

Simultáneamente, se fue creando una pequeña élite de supuestos pastores del evangelio, algunos de ellos provenientes de los mandos medios de los viejos partidos políticos y, otros, habían emigrado desde las carpas católicas. Ellos se encargaron de denunciar, desde púlpitos y plazas públicas, problemas nacionales tan graves como la malversación de fondos públicos y las distintas formas de abusos de poder de parte de las “élites” gobernantes. Se iniciaba así una especie de batalla político-espiritual protagonizada por amplios sectores de la sociedad. El paso siguiente sería la toma del poder del Estado (Ulloa, op. cit. p.156).

Aunque en las elecciones de 1986 se había inscrito el primer partido neo pentecostal – la ANC – no fue sino hasta el año 1998 cuando llegó, por primera vez, un diputado evangélico a la Asamblea Legislativa costarricense. Desde entonces, las organizaciones religiosas neo pentecostales han mantenido, ininterrumpidamente, su representación parlamentaria. Su momento de mayor auge electoral se dio en el año 2018, cuando lograron elegir, por medio del Partido Restauración Nacional (PRN), catorce diputados confesionales (TSE, elecciones legislativas, febrero de 2018).

En las elecciones de febrero de 2018, Costa Rica fue testigo de una cruda realidad: los partidos tradicionales – PLN y PUSC – forjadores de los destinos nacionales de los últimos tres cuartos de siglo, habían quedado fuera del poder. Y lo más interesante, el PRN, cuyo candidato presidencial era Fabricio Alvarado Zamora, un conocido periodista, estaba ligado a uno de los movimientos confesionales más poderosos internacionalmente, el llamado Ministerio de Avance Misionero Mundial.

La mayor sorpresa en aquella contienda electoral fue el triunfo, en primera ronda, del candidato neo pentecostal Fabricio Alvarado, al obtener un 24,9% de los votos válidos. Era el resultado más alto, pero no suficiente para ser declarado presidente. Su contendor, Carlos Alvarado Quesada, candidato del PAC, quedó en segundo lugar con el 21,6% (TSE, elecciones, 1ª. Ronda, febrero de 2018). Sin embargo, este último se impuso en la segunda ronda con el 60% de los votos, gracias a una alianza transitoria entre las viejas bases del bipartidismo. Por su parte, el PRN obtuvo, finalmente, el 39% de los votos, una cifra muy considerable (TSE, elecciones, 2ª. Ronda, abril de 2018).

En todo caso, el neo pentecostalismo salió muy fortalecido de aquellas elecciones, pues logró elegir catorce de los cincuenta y siete diputados que conformarían la Asamblea Legislativa (TSE, elecciones legislativas, febrero de 2018).

  1. Las elecciones de 2022. Rodrigo Chaves Robles presidente

Uno de los aspectos más sorprendentes del resultado electoral del año 2022 fue el triunfo de un candidato a quien la sociedad costarricense, prácticamente, desconocía. Rodrigo Chaves Robles había emigrado hacia Estados Unidos en los años ochenta, luego de fracasar en el intento de ingresar a Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica. Años después, logró graduarse en ese mismo campo en la Universidad Estatal de Ohio (Wikipedia, Curriculum R. Chaves R.)

Antes de regresar a su país de origen, Rodrigo Chaves había sido representante del Banco Mundial, por casi tres décadas, en varias regiones del mundo. Primero, había representado por algún tiempo a esa institución en Turquía y, luego, había sido asesor para el desarrollo del sector privado y financiero en Europa del Este y en Asia Central, luego del derrumbe del socialismo en esas regiones (Curriculum Ibidem).

Posteriormente, había regresado a América Latina, siempre como funcionario del Banco Mundial, con el objeto de emprender aquí la privatización del sector público, monitorear la macroeconomía y desarrollar las tecnologías de la información (Ibidem).

En el año 2013, de nuevo abandonó América Latina y se trasladó a Indonesia con el objeto de fortalecer la inversión privada en el sector energético y eliminar los subsidios a los combustibles en ese país (Ibidem).

Por problemas de acoso sexual a algunas de sus colaboradoras, en el año 2019 Chaves Robles fue sancionado en el Banco Mundial (La Nación, 19 oct. 2021). Coincidió con esa situación el llamado del presidente Carlos Alvarado Quesada – quien afirmó luego desconocer dicha denuncia – para que se hiciera cargo del Ministerio de Hacienda, en vista de que la anterior ministra había sido cuestionada por la Contraloría General de la República.

En ese cargo, Chaves Robles se desempeñó solo durante seis meses. Fueron varias las razones que obstaculizaron su buen desempeño con el gobierno de Alvarado Quesada. Pareciera que el desarraigo por tantos años de nuestro país y su larga trayectoria como funcionario del Banco Mundial, lo habían convertido en una especie de extranjero en su propia tierra, lo cual le impedía sopesar las verdaderas repercusiones nacionales de sus propuestas. Por ejemplo, la creación de un impuesto temporal a los salarios de más de 500.000 colones (unos 800 dólares), para auxiliar a los trabajadores desempleados durante la pandemia del COVID, fue muy mal recibida por los sectores más empobrecidos. Por otra parte, sus objeciones al sistema de financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución pública encargada de atender la salud de toda la población, puso en evidencia su intención de iniciar la privatización de aquellos servicios, lo cual provocó una mayor inconformidad en el país con el gobierno de Alvarado.

No obstante, el clímax del conflicto llegó cuando Rodrigo Chaves, como ministro de Hacienda, se opuso a una ley aprobada en la Asamblea Legislativa para excluir a las municipalidades de la aplicación de una nueva regla fiscal, la Ley 9635, aprobada desde 2018. La ruptura definitiva se produjo cuando el presidente Alvarado se negó a vetar aquella ley. Así, su colaboración como ministro fue muy efímera, tan solo de seis meses, pero las repercusiones de su regreso a Costa Rica han sido muy serias y, peor aún, con una proyección temporal de larga duración.

Con el retorno de Chaves Robles a Costa Rica también comenzó a vislumbrarse la sombra de la extrema derecha internacional en nuestro país, y con su salida del gobierno de Carlos Alvarado así se comprobó. Comenzó a promover, más temprano que tarde, un nuevo movimiento político en el país, de fachada populista, que pronto fue bautizado como el chavismo costarricense.

Pronto, Rodrigo Chaves comenzó a gestionar su candidatura presidencial, por medio de uno de los tantos partidos de reciente creación – partidos taxi se les ha llamado frecuentemente – los cuales habían comenzado a proliferar con la agonía del bipartidismo y la expansión de la corriente neo pentecostal. Así, en julio de 2021 se anunciaba, oficialmente, su candidatura a la presidencia de Costa Rica como candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), junto a veinticuatro candidatos más.

La política de alianzas del nuevo PPSD pronto dio sus frutos. El apoyo a la candidatura de Chaves Robles de parte de algunos sectores empresariales, especialmente de los importadores, y de algunos grupos evangélicos afines a la teología de la prosperidad, resultó esencial para que el chavismo adquiriera fuerza suficiente y alcanzara el segundo lugar en la primera ronda electoral, en febrero de 2022. Dos meses después, en la segunda ronda, Rodrigo Chaves resultaba electo presidente con el apoyo del 52,8% de los votos frente al 47,2% recibido por su opositor José María Figueres Olsen (TSE, elecciones 2ª. Ronda, abril 2022).

Estos resultados fueron posibles, además, gracias al arribo de un buen número de ex dirigentes del bipartidismo a las filas chavistas, quienes pusieron a su servicio toda su experiencia en el manejo partidario de los procesos electorales. No faltó, además, algún que otro académico o funcionario de la izquierda histórica que se pusiera al servicio del proyecto neoconservador de Rodrigo Chaves.

Aquellos hechos han marcado un antes y un después en la vida política costarricense. Desde entonces, se ha implantado un estilo de gobierno autocrático y confrontativo, marcadamente anticomunista y machista, propio de los líderes de la nueva derecha internacional. En ese sentido, la personalidad del presidente Chaves ha sido determinante. En la televisión alemana, por ejemplo, lo han definido como: “… una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia” (DW. Günther Maihold, 06/08/2026).

Ese complejo perfil del ahora expresidente Chaves, también se expresó en su reiterada confrontación con algunas instituciones públicas. En ese ámbito, quizá lo más preocupante fueron las amenazas de irrespeto a la división de poderes de la nación, especialmente respecto al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones (Lissidini, A. “Así nos ven desde Uruguay”. La Diaria, 3 de setiembre, 2026).

Por otra parte, no han faltado los conflictos con instituciones como la Defensoría de los Habitantes y, particularmente, con la Contraloría General de la República, a la cual se ha tratado de despojar de sus funciones contraloras por medio de un proyecto que él mismo ha denominado Ley Jaguar (Telediario cr. 5 de junio, 2024).

No obstante, uno de los aspectos más delicados durante la administración de Chaves Robles fueron sus reiterados conflictos con los medios de comunicación. En un estudio realizado por el Programa de Libertad de expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la UCR, se constató que el 99% de las intervenciones del presidente Chaves en sus conferencias de prensa, tenían connotaciones negativas referidas a algunos medios nacionales de comunicación –prensa canalla denominaba a la mayoría – o con respecto a determinados periodistas (Universidad, 14 de julio, 2024).

Dicho estudio, realizado a dos años del inicio del gobierno de Chaves, demostró también que el 65, 5% de los entrevistados coincidía en señalar que la libertad de prensa en nuestro país estaba en peligro. Además, el 53% reconoció que existían limitaciones para la libre expresión (Ibidem). Subrayaba también el incremento general del discurso de odio a través de las redes sociales, todo lo cual estaba causando gran inestabilidad en el ambiente nacional.

También cabe subrayar que el expresidente Chaves Robles les ha declarado una guerra frontal a las universidades públicas, especialmente a la Universidad de Costa Rica. Sus armas principales han sido los recortes presupuestarios y, particularmente, el desprestigio promovido, desde sus conferencias de prensa, respecto al mundo del trabajo académico y de los intelectuales, en general.

En medio de un clima de tantos conflictos, la situación personal de Chaves es sumamente compleja. Actualmente, tiene más de cuarenta causas penales en los Tribunales de Justicia, relacionadas con acusaciones como: financiamiento ilícito de su pasada campaña presidencial, prevaricación, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, abuso de autoridad, legitimación de capitales, etc. (El financiero, 4 de julio, 2026).

Sin embargo, el apoyo recibido por las administraciones de Chaves y Fernández, por parte del capital nacional y transnacional, así como la estrecha alianza con gobiernos de su mismo modelo, como el de Nayib Bukele de El Salvador y, especialmente, con la actual administración estadounidense de Donald Trump, ha sido una de sus aparentes fortalezas. Casi al final de su período de gobierno, en el marco de una reunión de la Cumbre de las Américas, el presidente Chaves suscribió el Acuerdo del Escudo de las Américas, una coalición multinacional de cooperación militar impulsada por el gobierno norteamericano para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio occidental. De manera que, aunque nuestro país no cuenta con un ejército desde el año 1948, hemos asumido compromisos militares de gran envergadura.

Por último, debemos señalar que la expansión del narcotráfico durante los últimos años en Costa Rica ha sido muy significativa. Pese a las medidas nacionales e internacionales para contrarrestarla, esa problemática no deja de expandirse, llegando a extender sus tentáculos hasta ciertas estructuras del Estado y de ciertos partidos políticos.

El propio partido en el poder, el PPSO, enfrenta actualmente serias denuncias por las relaciones de algunos de sus dirigentes con un supuesto lavador de dineros del narcotráfico, un ciudadano nacido en China y nacionalizado costarricense, el señor Goubin Tam Shang. Actualmente, éste espera en una cárcel costarricense para ser extraditado a Estados Unidos (CrHoy.com, 5 de octubre de 2026).

  1. Los comicios electorales de febrero de 2026. El continuismo chavista

Podríamos decir que la trayectoria política de la presidenta Laura Fernández, con tan solo cuarenta años de edad, en buena medida resume el recorrido político-ideológico de nuestro país durante las últimas décadas. Como estudiante de Ciencias Políticas de la UCR, comenzó a acercarse a ciertos círculos políticos del bipartidismo. Fue así como se convirtió en asistente en Casa Presidencial, durante la segunda administración del presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010), electo por el PLN. En esa ocasión, a ella le correspondió estar muy de cerca de la toma de decisiones sobre las cuestionadas estrategias de aquel gobierno para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue en aquella coyuntura, precisamente, cuando se elaboró el tristemente famoso Memorándum del Miedo, al cual nos referimos en páginas anteriores.

Posteriormente, fue contratada como funcionaria en el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), para trabajar en las tareas de la reforma del Estado, siguiendo las políticas dictadas por organismos internacionales en aquel momento.

Luego, alejada de las tiendas liberacionistas, se sumó al proyecto de un nuevo partido conservador denominado Alianza Demócrata Cristiana (ADC), dirigido por el exdiputado social cristiano Mario Redondo. A partir del año 2014, reelecto éste último como legislador, Laura Fernández se convirtió en su jefa de despacho en la Asamblea Legislativa, vitrina idónea desde donde comenzó a trazar su proyecto personal de ascenso político. En las siguientes elecciones, se convirtió en candidata a la primera vicepresidencia de ese mismo partido (ADC), sin resultados positivos, pero al retornar como funcionaria del MIDEPLAN le tocó coincidir con el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Así se fue gestando aquella particular alianza, la cual hoy día amenaza seriamente la estabilidad social y política de Costa Rica.

Cuando Rodrigo Chaves ganó la presidencia en abril del 2022, nombró a Fernández como ministra de Planificación, primero, y luego como ministra de la Presidencia. Los escalones hacia su candidatura presidencial comenzaban a perfilarse.

Por disposición constitucional, en Costa Rica no existe la reelección presidencial consecutiva, debe esperarse, al menos, un lapso de ocho años. Esa fue la razón que llevó al presidente Chaves a recurrir a su ministra de la Presidencia para que ocupara, transitoriamente, la silla presidencial. Así, en febrero del presente año, Laura Fernández resultó electa presidenta con un 48,3% de la votación, frente a un 33.4% recibido por el candidato del viejo PLN, el Dr. Álvaro Ramos (La Nación, 2 de febrero, 2026).

Habría que agregar un hecho relevante para que se dieran esos resultados tan favorables y fue el apoyo recibido por Fernández de parte del Foro Mi país, una organización que integra a la mayoría de las iglesias neo pentecostales costarricenses, el cual se comprometió, públicamente, a garantizar el voto de sus fieles por el PPSO (El MUNDO,15 de enero, 2026).

Actualmente, Costa Rica vive momentos de gran tensión política, pues el control que ejerce el “super ministro” en los diversos ámbitos del Estado, altera con frecuencia la vida política de nuestro país. Incluso, Fernández, sin que parezca que ese sea un rasgo distintivo de su personalidad, también recurre, a menudo, a un tono muy confrontativo y autoritario, al estilo de Chaves, utilizando un lenguaje tan grotesco que riñe con su apariencia de mujer refinada.

Pasemos ahora a observar los dos cuadros siguientes. Ambos pueden ilustrarnos las diferencias económicas, regionales y electorales, a partir de los resultados de las últimas elecciones, en las cuales resultó electa Laura Fernández. Así mismo, pueden sugerirnos algunas inferencias de interés.

CUADRO No. 1

Costa Rica. Resultados electorales por provincias.
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (resultados 1º. de febrero de 2026).

Si observamos el cuadro anterior, podemos notar que, con la excepción de la provincia de Cartago, el chavismo ganó las últimas elecciones en las restantes seis provincias. Además, donde más apoyo obtuvo fue en las provincias de las zonas costeras, donde se encuentran las zonas más empobrecidas de Costa Rica.

CUADRO No. 2

Costa Rica. Índice de pobreza por regiones de Costa Rica.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Costa Rica, año 2025)

Por su parte, el cuadro No.2, nos muestra los porcentajes de pobreza distribuidos por las diferentes regiones del país. En este caso, debemos aclarar que a las regiones denominadas Chorotega, Pacífico Central y Brunca les corresponden, geográficamente, las dos provincias costeras del Pacífico que son Puntarenas y Guanacaste. Como se observa, ambas se encuentran entre las más empobrecidas del país, sin embargo, fueron dos de las provincias donde la candidata Laura Fernández recibió un mayor porcentaje de votos.

Por otra parte, la región Huetar Caribe, la cual coincide geográficamente con la provincia de Limón, siendo la más pobre de Costa Rica, fue donde el chavismo recibió la mayor cantidad de votos de todo el país.

Por su parte, la situación de las provincias de la zona central, según las cifras de ese cuadro, estuvo menos polarizada en las recientes elecciones, fenómeno que se explica, en buena medida, porque ésta ha sido la región más beneficiada con la redistribución de los recursos del Estado. Esto les ha deparado una mejor calidad en los servicios públicos – educación y salud, principalmente – por lo cual aquí se concentra la mayor parte de la clase media y profesional.

  1. Retos actuales para la izquierda costarricense

Resulta materialmente imposible abordar este complejo tema en pocos párrafos, de manera que haremos tan solo una enumeración de los aspectos que podrían ser tomados en cuenta si la izquierda costarricense se propone recuperar las bases sociales que, en otros momentos, les dieron sustento a sus luchas más relevantes.

Las organizaciones de la izquierda costarricense han experimentado una crisis de larga duración. Factores externos incidieron en ese fenómeno:

a) Su desgaste a lo largo de los años setenta y ochenta, acompañando a los grupos político-militares nicaragüenses y salvadoreños en sus luchas para la toma del poder. A la larga, el fracaso de esos proyectos históricos también ha venido a contribuir con el debilitamiento de las organizaciones de la izquierda nacional.

b) El derrumbe del socialismo en la antigua URSS a fines de la década del ochenta. En ese sentido, la organización más afectada, aunque no la única, resultó ser el Partido Comunista (PVP) al entrar en una etapa de decadencia ideológica y organizativa que pareciera irreversible.

c) Por efectos de dicha crisis, en el interior del país se dio un enorme debilitamiento del movimiento sindical del sector privado, especialmente en las áreas bananeras de las regiones periféricas del país. En este momento, como antes mencionamos, son esos los sectores geográficos donde se ha implantado con más éxito el movimiento religioso neo pentecostal. Así, las iglesias trataron de sustituir a las organizaciones sindicales como elementos de cohesión social, sin embargo, la estrategia para recuperar la organización política de esos sectores aún no parece visualizarse.

d) Otro aspecto de gran complejidad que comienza a percibirse, es la intervención del chavismo en algunas organizaciones sindicales del sector público, especialmente en el sector magisterial. Este fenómeno es el resultado de la cooptación, por parte del chavismo, de un sector de los empleados públicos, quienes también lo han apoyado electoralmente. Su discurso en contra de las “élites corruptas” ha resultado muy efectivo, en tanto le da sentido al resentimiento de los funcionarios del Estado por la pérdida de algunas de sus conquistas sociales esenciales, como su derecho a la huelga y el congelamiento de sus salarios.

e) El Frente Amplio está haciendo grandes esfuerzos, especialmente en el ámbito parlamentario, para recuperar el rol histórico de la izquierda costarricense. Sin embargo, sus esfuerzos de reorganización a nivel nacional aún no dan todos sus frutos. Su fortaleza se concentra en el Valle Central y disputarle el apoyo al chavismo en las regiones periféricas es uno de sus mayores retos.

  1. A manera de epílogo

El perjuicio del chavismo en nuestro país se puede constatar en diversos ámbitos. Por ejemplo, está contribuyendo a opacar la imagen internacional de la que, hasta hace poco, gozaba nuestro país como una democracia más abierta y madura con respecto a otros países latinoamericanos. En ella habíamos podido convivir, pacíficamente, diversas corrientes de pensamiento, credo y visiones de mundo.

Un segundo aspecto muy preocupante es la restricción a la libertad de expresión de algunos sectores de la oposición. Inclusive, las acciones coercitivas contra algunos comunicadores y opositores del chavismo han comenzado a trascender internacionalmente.

En los últimos tiempos han salido a la luz pública diversas denuncias de acoso policial en contra de algunos periodistas o activistas de la oposición. Inclusive, algunos comunicadores han decidido exiliarse en el extranjero para protegerse de eventuales agresiones de parte de activistas del chavismo y, particularmente, de los seguimientos policiales desde Casa Presidencial. Dos casos ilustran esa grave problemática, el de la activista Silvia Ziesing y el del comunicador Eric Sojo, director de la emisora Radio Zurquí. Ambos han recibido, incluso, amenazas de muerte de manera anónima. Por su parte, el cantante Kevin López – conocido como Kevlo – también ha tenido que acogerse a un programa especial de protección debido a sus publicaciones en las redes sociales con críticas hacia el chavismo (Universidad, 30/setiembre/2026).

Otro de los casos más conocidos es el de la comunicadora Stella Chinchilla quien ha sido denunciada, junto a otros comunicadores y activistas, ante la Fiscalía General de la República, como sospechosa de participar en un presunto plan para asesinar al ex presidente Rodrigo Chaves (Repretel/14 de enero/2026). Fue denunciada por la Dirección de Investigación y Seguridad (DIS), adscrita a la Casa Presidencial, con base en seguimientos de supuestas conversaciones digitales. Chinchilla se ha distinguido en nuestro país por haber estado siempre ligada a la protesta social.

Sin embargo, ciertos sectores han dejado el temor de lado y han comenzado a manifestarse en contra de los abusos del chavismo. Hasta ahora, la respuesta más contundente ha sido una gran manifestación realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia, en la ciudad capital. El objetivo principal fue expresar el descontento ciudadano por las intromisiones del Poder Ejecutivo en las funciones del Poder Judicial, y, en general, contra el autoritarismo manifiesto desde la Casa Presidencial. Ese plantón se hizo extensivo a otras regiones del país y su gran éxito ha sido un estímulo para los movimientos opositores (www. La Teja.cr). Este ha sido uno de los primeros pasos, entre otros, que está impulsando la organización popular para promover nuevas movilizaciones en contra del autoritarismo que hoy amenaza a la sociedad costarricense.

Lo planteado en estas páginas constituye tan solo una primera aproximación para tratar de comprender cómo los fenómenos aquí señalados se han entrelazado para dar cabida al surgimiento de una nueva etapa en la historia costarricense. Ello, en un contexto internacional caracterizado por la hegemonía de la extrema derecha, o aún más, como señala el historiador Enzo Traverso, por el arribo del posfascismo del siglo XXI (Traverso, 2025).

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¿Qué es el chavismo?

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

El chavismo es un fenómeno político nuevo, distinto a todo lo anterior desde la guerra civil.

Es una irrupción, un quiebre en la política nacional respecto al pasado.

Es el fenómeno internacional del surgimiento de la extrema derecha, al estilo Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro y otros, cuyo carácter es combinar el neoliberalismo más extremo con restricciones importantes a la democracia. Esa es la nueva esencia política del fenómeno de la extrema derecha mundial.

Entre sus muchas nuevas características está la de aparecer como enemiga de las llamadas elites políticas tradicionales y el surgimiento de un lumpen político que se apodera del Gobierno y luego infecta todas las instituciones y poderes del Estado.

Ese fenómeno internacional que encabeza el trumpismo, en Costa Rica se llama chavismo.

Considerar al chavismo como la culminación o continuación del bipartidismo y el PAC puede ocultar el nuevo rostro del fascismo y del autoritarismo.

Estamos en presencia de un carácter o contenido político que se llama chavismo, distinto a todas las expresiones políticas anteriores dominantes.

Entenderlo como la continuación de las políticas pasadas puede conducir a equivocaciones tácticas y estratégicas. El chavismo es una concepción neofascista que rompe con la concepción política pasada.

Equivocarse en la definición y caracterización del chavismo como la expresión nacional de la extrema derecha internacional, neoliberal en extremo y antidemocrática por esencia, puede condicionar el accionar político.

Recordemos que lo primero es caracterizar el fenómeno político y luego actuar táctica y estratégicamente en correspondencia. Si nos equivocamos en lo primero, fallamos en lo demás.

¿Cómo explicarnos la “loca” realidad política actual? ¿Se deteriora la institucionalidad democrática?

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La democracia costarricense fue apareciendo de a poco a lo largo de nuestra vida como nación.

Había primero, sin que la mayoría de los colonos lo supieran, que desatar los debilitados lazos que en las primeras dos décadas del siglo XIX todavía nos ligaban al colonialismo español.

Más de tres siglos de un férreo dominio español, habían dejado una impronta de exterminio de los pueblos originarios, de esclavitud de los muchos empobrecidos sobrevivientes, vasallaje, y corrupción.

Sin embargo, ya a punto de expirar aquel dominio infernal, gracias a las revueltas y guerras de independencia desde México hasta la Patagonia, hubo un acontecimiento en la misma España, que sentó bases sólidas para impregnar en la conciencia de los líderes de aquellas guerras, ideas liberales y democráticas.

En efecto, Las Cortes de Cádiz fueron el primer parlamento liberal del mundo hispánico. Se reunieron de 1810 a 1814 en Cádiz, único puerto libre de la ocupación de Napoleón Bonaparte en España, mientras el Rey Fernando VII se encontraba preso en Francia.

Los dictados de las Cortes pretendieron cobijar tanto a España como a la América hispana; pero a una España que diera sus primeros pasos por la senda democrática y no bajo el yugo del Rey. Los acuerdos fueron aprobados en 1812 y de ellos emanaron tres resoluciones fundamentales:

1. Soberanía Nacional. La Soberanía residiría en la Nación, ya no en el Rey.

2. División de poderes y libertades. Subsistiría la Monarquía Constitucional, pero cuarteada por la aparición del sufragio indirecto (amplio para la época), libertad de imprenta, igualdad jurídica de todos los hombres ante la ley (las mujeres continuarían excluidas momentáneamente) y fin del Tribunal de la Inquisición.

3. Ciudadanía americana. Todos los nacidos libres en ambos continentes serían considerados españoles. Esta resolución dio paso a la emergencia de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales en América, incluida Costa Rica.

37 diputados americanos, por Costa Rica el egregio Fray Florencio del Castillo, fueron escogidos para representarnos en las Cortes de Cádiz. Allí aprendieron de principios democráticos y fueron redactadas las primeras constituciones republicanas de Hispanoamérica. De allí brotaron las ideas de los ayuntamientos constituidos por elección, así como las diputaciones bajo el mismo principio.

Costa Rica pasó durante ese período de dos ayuntamientos a más de 40, y los ayuntamientos fueron la primera experiencia electoral de los pueblos americanos. Se consolidó como idea la soberanía nacional, las autoridades representativas electas directa o indirectamente, la libertad de imprenta y la aparición de la ciudadanía, si bien de momento solo entre los varones, frente a los súbditos de los reyes españoles. Cádiz no nos dio la democracia plena, pero de ella recibimos el molde.

Costa Rica, como puede observarse no se quedó atrás; después de la primera independencia de 1821, se fue consolidando poco a poco, la libertad de una nación pequeña y pobre, pero pujante, en la que las ideas democráticas quedaron plasmadas en la primera Constitución denominada por Braulio Carrillo “Ley de Bases y Garantías”.

Muy pronto, en medio de altibajos, se declaró “República Constitucional”, cuyo líder fue José María Castro Madriz. Este episodio sentó bases firmes en la conciencia de las élites y del mismo pueblo para enfrentar al invasor y esclavista filibustero proveniente de los Estados Unidos, personificado en la figura de William Walker. Esta lucha fue convocada por el mismo presidente Juan Rafael Mora Porras, quien, acompañado por otros próceres como José María Cañas, de estirpe salvadoreña y el propio hermano de don Juanito, quien fue José Joaquín Mora, llamó al pueblo a las armas para asentar así la verdadera independencia de Costa Rica.

La democracia no dio al pueblo verdaderas libertades, ya que habrían de venir muchas lunas y tantas luchas, antes de que todos los hombres primero y, las mujeres, junto a la etnia de los afrodescendientes y otras minorías después, ya en pleno siglo XX, pasada la guerra civil de 1948, obtuvieran plenos derechos ciudadanos, como el derecho al voto libre y garantizado por la Constitución.

La Costa Rica moderna, surge después de la Guerra Civil de 1948; no sin antes haber conseguido estas garantías y libertades ciudadanas, asentadas en las conquistas sociales: la ley de la Seguridad Social, la creación de la Universidad de Costa Rica, el código del trabajo y otras leyes de semejante cuantía, bajo el Gobierno del presidente Benemérito Rafael A. Calderón Guardia, en alianza con el Partido Vanguardia Popular (comunista) cuyo líder fue el también Benemérito Manuel Mora Valverde, y con la Iglesia Católica, que era jefeada entonces por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, también nombrado después Benemérito de la Patria.

Así se consolidó la modernidad, esta vez bajo el liderazgo principal de José Figueres Ferrer, nombrado asimismo Benemérito, por su intensa labor para eliminar el ejército, que se había solidificado tras la guerra del 48, ampliar las leyes sociales mediante la universalización de la seguridad social y la creación de una serie de instituciones democráticas que caracterizaron el Estado Social de Derecho de la Segunda República. Igualmente, los hombres de esta Segunda República dinamizaron la movilidad social, le dieron bases firmes a la división de poderes, la fortificación de las libertades electorales, mediante la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la creación de organismos de control de la ejecución de los demás poderes del Estado y de las Instituciones autónomas.

No obstante, el país vivió la mayor parte de este tiempo, bajo la égida de dos partidos políticos principales, Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, los cuales se alternaron en el Poder Ejecutivo, conservando algunas diferencias entre sí. Liberación, un partido más estatista y reformista; la Unidad, se fue consolidando como una coalición conservadora que proclamaba la “desestatización” y desregulación de la economía.

Los principales problemas de esta democracia fueron: la ilegalización del partido Vanguardia Popular (una ilegalización expresa y larga) y en un principio del partido Republicano Nacional (calderonista), que fue proscrito de facto, sin haber sido mencionado expresamente en el decreto. Los líderes de ambos partidos fueron perseguidos y exiliados. Tales fueron los obstáculos más grandes a la participación electoral que tuvo Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX.

Otros escollos fundamentales de la democracia costarricense, a partir de la segunda mitad del siglo XX que deseamos mencionar fueron: la diversificación económica, a través de la legislación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Aunque en un principio se intentó romper la dependencia económica del país con la economía de los Estados Unidos, al cabo del tiempo, no obstante, la economía se fue anclando todavía más a las economías de los países capitalistas desarrollados, principalmente la de los Estados Unidos, por medio de las industrias de integración. En este contexto se sellaron alianzas entre los sectores cúpula de la industria costarricense, con el capital financiero e industrial extranjero. La dependencia económica se fortificó y esto afectó grandemente la independencia del Estado en la toma de decisiones frente a los intereses del capital extranjero. Ni el partido Unidad Socialcristiana, ni el mismo partido Liberación Nacional fueron óbice para que nos convirtiéramos, cada vez más, en un eslabón de la cadena de la economía capitalista internacional.

Por otro lado, como telón de fondo, progresivamente se fue afianzando una inédita desigualdad social, que fue la contrapartida de la concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Junto a ello, la clase media se debilitó y sigue en ese curso, en el cual, los sectores más vulnerables se hicieron más débiles aún. Además, los partidos tradicionales perdieron sus identidades, se comenzaron a parecer cada vez más el uno al otro; se desató en ellos, en sus gobiernos una funesta corrupción, tanto en la administración pública como en la privada, que provocó un desalineamiento de los sectores que tradicionalmente habían apoyado a uno y otro partido. Se llegó a perder, prácticamente de manera integral la credibilidad de un gran contingente de los electores en esas coaliciones políticas.

Como consecuencia de lo anterior, se abrieron oportunidades para otros partidos políticos nuevos, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) que, en las elecciones del 2002, rompe el bipartidismo y fuerza a un balotaje o segunda ronda electoral por primera vez en la historia electoral de Costa Rica, entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana.

En las elecciones del 2014, el PAC quiebra por completo el bipartidismo y gana esas y las siguientes elecciones del 2018. La crisis estaba declarada para los dos partidos tradicionales.

Posteriormente surge el fenómeno que se ha conocido como el “chavismo”, el cual venció en las elecciones del 2022 y se reelige con Laura Fernández Delgado en el 2026.

La sociedad se transforma y la democracia se debilita

Lo que está ocurriendo es un fenómeno que da cuenta del debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales, una supina desconfianza en la institucionalidad y aunado a lo anterior ha cundido la inseguridad entre la ciudadanía, el temor profundo ante la penetración del narcotráfico y la violencia en las calles y áreas públicas, el agigantamiento de las brechas de igualdad y la frustración con el Estado.

De ahí que ahora, la cuestión democrática no consiste solamente en quién ganó y quién perdió las elecciones; ahora se trata de saber qué es lo que los titulares del poder formal, los ganadores del ejecutivo hacen con el poder que recibieron. La cuestión democrática gira ahora alrededor de los contrapesos del poder, si están operando o no, la tolerancia al adversario y, sobre todo, la posibilidad de que se produzca una mayor erosión de la institucionalidad democrática sin que se hubiese producido la ruptura del orden constitucional.

Por otra parte, se comienza a percibir una ruptura ya no solo en el terreno de la actividad política, sino además y de manera abrupta, en el seno de la sociedad civil. En ella están surgiendo varias fracturas que dan como resultado segmentos ciudadanos con diversos intereses entre sí, distintas ideologías y maneras de percibir la realidad. El asunto que reviste más profundidad es que entre los ciudadanos ya no solo aparecen diferencias de opinión entre grupos con respecto a cómo perciben la realidad, al Estado y al mismo gobierno, eso es natural en una democracia. El asunto ahora es más profundo ya que las diferencias parecen organizarse alrededor de fracturas sociales, económicas, territoriales, culturales y políticas.

Lo que debe estudiar la ciencia política actual, es que las grietas no habían llegado a producir todavía nuevas organizaciones sociales que pudiesen dar lugar a nuevas alianzas entre los partidos tradicionales en decadencia y los nuevos grupos sociales de ciudadanos aglutinados por determinadas percepciones de la realidad sociopolítica. Muchos de los nuevos grupos ya no solo rechazaban a los partidos tradicionales, sino que se han cohesionado por su rechazo al sistema en su conjunto. Son lo que podríamos llamar coaliciones en el seno de la sociedad civil antisistema.

Si este fenómeno en mi opinión bastante reciente puede desembocar o no en rupturas graves que pudiesen dar lugar a enfrentamientos que atenten contra la tradicional democracia, dependerá por una parte de la capacidad del llamado “chavismo” de ofrecerle a estos nuevos grupos de la sociedad civil, con visos de ser antisistema, un programa de realizaciones conducente a resolver problemas concretos, o carencias que afligen a estos grupos sociales en la cotidianidad. Y, por el otro lado, puede depender también de cómo se conduzcan los grupos opositores de la política, y la capacidad que muestren ellos también, para ir al encuentro de esas bases sociales desafectas y con bastante rencor y desdén frente al fenómeno de lo político en sentido tradicional.

Todas estas son algunas de las cuestiones que creo requieren de investigaciones más profundas que permitan entender la trama que se da en la situación política actual.

El surgimiento del populismo autoritario en Costa Rica

Roberto Salom E.
Setiembre de 2026

En la vida política costarricense parece estar emergiendo un fenómeno nuevo que, quizá de manera provisional, puede denominarse populismo autoritario, a falta de una definición más precisa que dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos en los próximos años.

Este fenómeno comienza a configurarse cuando apenas se cerraba el largo ciclo histórico del sistema bipartidista que predominó en Costa Rica durante varias décadas. Aquel período estuvo marcado por una notable estabilidad política y por una dinámica de alternancia entre dos grandes agrupaciones, una más progresista que la otra. Aunque ese contrapunto no estuvo exento de conflictos, permitió la consolidación de buena parte de la institucionalidad democrática y de políticas públicas que contribuyeron a un cierto igualitarismo social.

Sin embargo, contra muchos pronósticos, ese sistema colapsó con relativa rapidez. Factores sociopolíticos propios de la sociedad costarricense, combinados con transformaciones económicas y culturales de alcance global, precipitaron el derrumbe de uno de los dos grandes partidos tradicionales y el deterioro progresivo del otro. Se abrió entonces un período de mayor volatilidad política, caracterizado por la desaparición de antiguas lealtades partidarias y la proliferación de múltiples agrupaciones.

En ese escenario surgió una alternativa que se presentó como democrática, reformista y progresista: el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000. El PAC reivindicó la ética pública y logró modificar la dinámica electoral tradicional, provocando en tres ocasiones una segunda ronda electoral y alcanzando el triunfo en dos de ellas. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por contradicciones, dificultades para traducir sus principios en una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales y un progresivo distanciamiento respecto de sectores que inicialmente habían depositado expectativas en él. Su derrota electoral en 2022 no puede explicarse únicamente por factores coyunturales: también expresa el desgaste de una alternativa que, para una parte de la ciudadanía, no logró responder a las expectativas que había suscitado.

La experiencia costarricense no es necesariamente excepcional. En otras sociedades democráticas se han producido desplazamientos políticos en los que el agotamiento o la pérdida de credibilidad de una alternativa progresista han abierto espacio a opciones de signo muy diferente. El caso chileno, con el tránsito de Gabriel Boric a José Antonio Kast, constituye una expresión particularmente dramática de esa dinámica. No se trata de establecer una relación mecánica entre ambos fenómenos ni de equiparar sus circunstancias, sino de advertir que cuando una alternativa política pierde capacidad de representar las expectativas de sectores importantes de la sociedad, el espacio que deja vacío puede ser ocupado por fuerzas que ofrecen respuestas de naturaleza muy distinta.

Desde la crisis del bipartidismo, Costa Rica ha vivido una creciente volatilidad política. La previsibilidad que durante décadas caracterizó la vida pública se debilitó, mientras aumentaban el pragmatismo, el oportunismo y la fragilidad de los liderazgos partidarios.

Fue en ese contexto donde emergió la figura de Rodrigo Chaves, prácticamente desconocido para amplios sectores de la ciudadanía tras una larga trayectoria fuera del país. Su experiencia en organismos internacionales, sus habilidades comunicativas y su capacidad para conectar con distintas expresiones del malestar social le permitieron construir una base de apoyo significativa. A ello se sumó un estilo político confrontativo y una estrategia discursiva orientada a presentar a las instituciones y a las élites tradicionales como obstáculos para el cambio.

Pero aquí aparece una cuestión central: ¿qué entendemos por populismo autoritario y por qué podría aplicarse esta categoría al caso costarricense?

El populismo, en términos generales, tiende a construir una oposición entre un “pueblo” presentado como depositario de la voluntad auténtica de la sociedad y unas élites identificadas como responsables de sus problemas. Esa lógica puede adoptar distintas orientaciones ideológicas y no es necesariamente incompatible con la democracia. El problema aparece cuando esa apelación al pueblo se combina con una concepción según la cual quien habla en su nombre puede presentarse como su único o legítimo representante y, desde ahí, cuestionar los límites que la democracia constitucional impone al ejercicio del poder.

Es en esa combinación donde podemos encontrar los rasgos propiamente autoritarios del fenómeno. Entre ellos estarían la deslegitimación sistemática de los contrapesos institucionales; la descalificación de quienes discrepan como enemigos del pueblo o del cambio; la personalización creciente del poder político; la pretensión de subordinar instituciones autónomas o independientes a la voluntad del Ejecutivo; la utilización de una comunicación política polarizante que reduce la complejidad de los conflictos a una confrontación entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios; y una concepción de la democracia que tiende a identificar la voluntad expresada en las urnas con una autorización para limitar otros mecanismos de control y deliberación.

No todos estos rasgos tienen necesariamente la misma intensidad ni se presentan de manera simultánea. Precisamente por eso resulta más apropiado hablar de un fenómeno en proceso de configuración que de un régimen ya plenamente constituido. La categoría de populismo autoritario no debería utilizarse como una etiqueta cerrada, sino como una herramienta para observar una determinada evolución de la política.

En Costa Rica, esta perspectiva resulta pertinente en la medida en que algunas de esas tendencias parecen haber adquirido una presencia creciente en el discurso y en las prácticas políticas: la confrontación con instituciones que ejercen funciones de control, la descalificación de adversarios y críticos, la apelación directa a una ciudadanía supuestamente enfrentada a las élites y la tendencia a presentar los límites institucionales como obstáculos a la voluntad popular.

Esto no significa, sin embargo, que Costa Rica haya dejado de ser una democracia ni que su evolución hacia el autoritarismo esté predeterminada. Las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía siguen constituyendo espacios de disputa y de resistencia democrática. Precisamente por ello es importante observar el fenómeno antes de que sus rasgos se consoliden.

Tampoco parece suficiente explicar este proceso apelando simplemente al “descontento ciudadano”. La sociedad costarricense no expresa hoy un único estado de ánimo frente a la política. Existen malestares diversos y, en ocasiones, contradictorios: frustración ante la desigualdad, inseguridad o pérdida de oportunidades; rechazo hacia determinadas élites políticas; desconfianza en instituciones y partidos; demandas de mayor eficacia estatal; pero también identificación con liderazgos que prometen orden, ruptura o cambio. Y esos sentimientos pueden coexistir con satisfacción, esperanza o incluso apoyo político al gobierno de turno.

Por eso, más que hablar de “el descontento”, habría que hablar de una sociedad atravesada por malestares y expectativas diversas, que no necesariamente conducen en una misma dirección política. El desafío consiste en comprender cómo esas experiencias diferentes pueden ser articuladas por determinados liderazgos y transformadas en una narrativa política capaz de construir una nueva mayoría.

Aquí reside uno de los principales problemas para las fuerzas democráticas y progresistas. No basta con defender las instituciones ni con añorar el período anterior al populismo. Tampoco basta con reivindicar las experiencias políticas que precedieron al actual momento. Si las instituciones y las fuerzas políticas tradicionales fueron percibidas por una parte importante de la sociedad como incapaces de responder a sus necesidades, defender la democracia exige también reconocer esas insuficiencias.

La democracia costarricense no puede sobrevivir simplemente conservándose a sí misma. Necesita renovarse. Pero esa renovación tampoco puede descansar en la concentración del poder ni en la eliminación de los contrapesos institucionales. El reto consiste en encontrar nuevas formas de representación, participación y deliberación capaces de responder a una sociedad mucho más heterogénea que aquella sobre la cual se construyó el viejo sistema bipartidista.

Esa ciudadanía tampoco constituye un bloque homogéneo. Es social, territorial, generacional, económica y políticamente diversa. No todos viven los problemas del país de la misma manera ni tienen las mismas expectativas respecto del Estado, la economía, las instituciones o el cambio social. Interpelarla democráticamente supone, por tanto, abandonar la pretensión de hablar en nombre de una ciudadanía abstracta y aprender a escuchar esa diversidad.

El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en defender las instituciones democráticas, sino en hacer que vuelvan a tener capacidad de representar, integrar y procesar democráticamente las diferencias existentes en la sociedad. Una democracia viva no elimina el conflicto: crea las condiciones para que el conflicto pueda expresarse, negociarse y transformarse sin que ninguna fuerza política pretenda monopolizar la representación del pueblo.

Costa Rica se encuentra, por tanto, ante una disyuntiva que todavía está abierta. Puede avanzar hacia una democracia más plural, participativa y capaz de corregir sus propias deficiencias, o puede permitir que los legítimos malestares y frustraciones de la sociedad sean canalizados hacia formas crecientes de concentración del poder.

El desenlace no está escrito. Dependerá de la capacidad de las distintas fuerzas sociales y políticas para comprender una sociedad que ha cambiado, reconocer sus contradicciones y construir respuestas que no pretendan homogeneizarla. La supervivencia de la democracia dependerá tanto de la defensa de sus límites como de su capacidad para transformarse.

RSE

Costa Rica: digamos no al plagio del modelo de dictadura neofascista de otros países

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

En este siglo XXI, cuya característica más notoria es la expansión del neofascismo global, los autócratas que hoy se ubican en todos los continentes, están concentrando el poder en sus manos y se empeñan, por todos los medios, en modificar el imaginario colectivo de manera que se construya una identificación general entre el “supremo” líder y la Nación.

Eso es lo que la ciudadanía costarricense no debe permitirle al expresidente Chaves Robles, ni a ningún otro u otra autócrata que pretenda despojarnos de nuestra identidad como una sociedad plural.

Con dos claras excepciones, la dictadura de los hermanos Tinoco entre 1917 y 1919, y la guerra civil de 1948, el desarrollo histórico costarricense del siglo XX se caracterizó por el libre juego electoral entre los diferentes sectores políticos, permitiendo la alternancia de unos y otros. Detrás de este proceso, que no ha sido para nada lineal, transitoriamente han prevalecido unos intereses políticos sobre los demás, dependiendo de cada coyuntura y, aunque somos producto de una sociedad históricamente desigual, con clases y sectores sociales con distintos intereses, hemos logrado plasmar importantes acuerdos en diferentes coyunturas. Ese ambiente de contradicciones, casi siempre resueltas con el diálogo, el respeto y la negociación nos permitió, como sociedad, recorrer con relativo éxito las diferentes etapas nacionales e internacionales que deparó el siglo XX: dos guerras mundiales, varias crisis económicas e, inclusive, una guerra fría que puso al mundo entero en las puertas de una tercera guerra mundial.

La frecuente negación de nuestra vocación democrática, como lo hacen un día sí y otro también, el ministro Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández, invocando la incapacidad del bipartidismo para salir adelante frente a los inmensos retos que trajo consigo el presente siglo, es la más clara señal de que quieren destruir nuestra cultura política en aras de imponer prácticas autoritarias de otras latitudes, como las de Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Viktor Orban en Hungría y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos.

Los gobiernos de Chaves y Fernández, ambos “militantes” de la extrema derecha internacional, han venido a desandar los mejores trechos recorridos por la trayectoria política de nuestro país. Pero reservas nos quedan. A la generación más vieja, a la que pertenezco, le ha tocado ver procesos muy aleccionadores, como la caída del Muro de Berlín, la implosión soviética, las dictaduras fascistas del Cono Sur en América Latina y, hoy mismo, el arribo del fascismo en Estados Unidos, siendo ésta la democracia más madura construida durante los dos últimos siglos.

Hagamos de nuestra historia civilista una de las mejores consignas de batalla. No permitamos el retorno de las botas militares, el irrespeto a la división de poderes ni el menosprecio de nuestra ciudadanía. Pero tengamos claro que esta batalla requiere de organización. Los partidos políticos tradicionales perdieron autoridad por múltiples causas, pero estimulemos nuestra creatividad para abrir espacios de diálogo y discusión para aclararnos cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, cómo evitar caer en el abismo de una indeseable dictadura. La organización civilista debe ser la respuesta.

La damnatio memoriae: analogía sobre la descalificación del pasado como estrategia populista

Maximiliano López López*

Destruir una estatua, eliminar un nombre de algún monumento o incluso prohibir que este se pronuncie, no borra su historia ni oculta su legado. Sin embargo, esta fue una práctica relativamente común en el Egipto antiguo y se volvió más notoria durante el Imperio Romano. La damnatio memoriae (condena de la memoria) fue una estrategia usada por el poder para tratar de “borrar” de su pasado, a figuras consideradas indignas por sus actos o por ser declaradas enemigas del Estado. Intentos semejantes se pueden advertir en la sociedad contemporánea con la destrucción de monumentos en naciones de la antigua URSS, en China o Irak, por mencionar ejemplos.

En analogía con aquella realidad clásica, los ensayos contemporáneos de damnatio memoriae no son menos ineficaces, pero pueden causar cierto efecto si se utilizan como estrategia política. En este sentido es claro que toda sociedad construye instituciones, pero también memorias sobre su pasado y muchas veces son estas representaciones las que actúan como fuente de legitimidad. Por ello, cuando un proyecto político busca establecer su concepción de mundo, generalmente se disputa el pasado. Y es justo esa disputa por la memoria y la posibilidad de reescribirla, lo que sustenta la analogía que se propone con la damnatio memoriae.

El poder hoy no ataca los monumentos, pero se enfoca en sus actores; hoy no prohíbe el uso de nombres, pero intenta descalificarlos; tampoco va en contra de la historia, pero impulsa su narrativa para reescribir la memoria histórica sobre el pasado y crear la sensación de un cambio que le dé legitimidad. Se trata entonces de colocar la memoria histórica al servicio del poder y por ello la “condena de la memoria” se vuelve simbólica y material al mismo tiempo. Una estrategia expone el pasado como responsable de la situación actual y otra promueve la transformación de las condiciones que presuntamente configuraron ese pasado.

Ahora bien, es necesario aclarar que no toda crítica del pasado puede ser comparada con una damnatio memoriae como se propone en esta analogía, pues la crítica histórica, sesuda, fundamentada y propositiva es lo que ha permitido a la democracia crecer como forma de gobierno y florecer como forma de vida. Además, es claro que toda fuerza política necesita hilvanar un relato que justifique su presente y lo proyecte hacia el futuro, pues así opera el poder. En este ejercicio, la estrategia actual ha sido la de confrontar a un pueblo “puro” con unas élites corruptas y esta confrontación ha sido estratégica para sentar la diferenciación entre la difusa categoría de “pueblo” con la de “ticos con corona”.

En el caso costarricense se observa que la estrategia simbólica se enfoca en las élites que abusaron del poder para beneficio propio, aprovechándose de lo que el discurso del poder ha llamado la “dictadura” perfecta de la democracia. Es claro que tal mensaje no alude solo a las élites como fuente del poder hegemónico en determinado contexto, sino que cuestiona el modelo de sociedad que se construyó bajo un liderazgo de “canallas, corruptos y comunistas”. La otra estrategia que se visualiza es más elaborada y compleja. Esta propone que eliminar privilegios, modernizar al país y cambiar las instituciones “capturadas” por las élites corruptas, necesita, irónicamente, del control del poder como lo hicieron las élites que critican. La paradoja de esta propuesta es que la responsabilidad del cambio no es del gobierno de turno, sino de la población que debe aportar la legitimidad para hacerlo. En el caso costarricense, esta paradoja quedó claramente retratada en la búsqueda de los 38 diputados como requisito para lograr el cambio.

Este proceso de damnatio memoriae “a la tica” claramente no va contra los vestigios del pasado. La analogía de este proceso reside en un plano simbólico que pone en entredicho algunos aspectos de ese pasado. Por ejemplo, la democracia costarricense que otrora hacía sentir orgullo de esta tierra es cada vez más cuestionada por un porcentaje creciente del “pueblo”. Ver con beneplácito la existencia de mandatos de corte autoritario, aceptar la concentración del poder o incluso respaldar la erosión de las instituciones que han protegido los derechos de los costarricenses, es un síntoma de la manera en que la memoria histórica del costarricense empieza a “disputarse”. En ese juego de “resignificación” de la memoria, el Estado de Bienestar pasa a ser directamente responsable de tener ticos con corona, mientras que al Estado Social de Derecho es co-culpable de la impunidad y corrupción actuales. De esta forma, la estrategia se ocupa en replantear la imagen de villanos y héroes, así como de consignar responsabilidades sobre el pasado en un intento por reescribir la memoria.

Al “pueblo” se le convence de que la capacidad de sobreponerse a ese pasado supone el camino para una transformación social que se ha postergado por años, al tiempo que se expulsa del escenario político a los responsables de los males descritos. Aquí entra el viejo bipartidismo y todas sus ramificaciones, pero especialmente el “fantasma” del comunismo que dejó de ser un discurso de campañas políticas y ahora es presentado como una amenaza real, parlamentaria, peligrosa y opuesta a ese cambio anhelado por el “pueblo”. Este giro es fundamental, pues el enemigo se materializa, ya no es solo parte de la memoria.

Estamos por tanto ante una estrategia que tiene como objetivo cuestionar la memoria que desde mediados del siglo XX se ha construido sobre la Costa Rica que conocemos hoy. Para ello se vale de un discurso de ruptura y cambio que intenta hacer de la memoria histórica, un recurso al servicio del poder. Lamentablemente, el éxito de esta tendencia se alimenta de los reclamos, válidos, de muchos sectores que por años no recibieron la atención debida. Entretanto, el movimiento actual se presenta como el que escucha, mientras construye sus propias élites, incrementa el control del poder y trabaja en desmotar lo que queda de ese pasado con el fin de asumir el rol hegemónico.

De esta manera, aunque las sociedades no olvidan todo, la “condena de la memoria” se convierte en una herramienta de quienes buscan convencer a la sociedad sobre lo que debe o merece ser recordado. Ahí reside el peligro para la memoria histórica, la cual, una vez debilitada, erosiona la cohesión social, afecta la identidad colectiva y vuelve a la sociedad vulnerable ante la manipulación.

* Profesor e investigador de la Escuela de Historia, Universidad Nacional.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte IV)

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

El vacío perfecto: La orfandad política, el espejismo antisistema y el país que nos debemos

Llegamos al final de este recorrido por nuestra historia política reciente. Recapitulando: vimos al bipartidismo tradicional ahogarse en sus propios escándalos de corrupción, y vimos al PAC ahogarse en su falsa superioridad moral y su monumental incapacidad para gobernar. El resultado de estas dos grandes decepciones estalló en las elecciones del 2022, donde el costarricense llegó a las urnas sintiéndose profundamente huérfano.

Las banderas partidarias perdieron su valor y las lealtades históricas se esfumaron, dejando en su lugar un cinismo generalizado y una conclusión ciudadana tan comprensible como peligrosa: “la política tradicional no sirve para nada”.

El caldo de cultivo para el discurso antisistema

Ese vacío de credibilidad fue el escenario perfecto. Cuando la gente siente que el sistema la olvidó, se vuelve tierra fértil para el surgimiento de discursos “antisistema”. Figuras que, desde afuera de la política tradicional, logran capitalizar el enojo y la frustración.

La estrategia de estos movimientos es simple, pero destructiva: polarizar. Consiste en dividir al país constantemente entre “nosotros los buenos” y “ellos los malos”; enfrentar al “pueblo” contra “la prensa” o contra las mismas instituciones. Es un discurso sumamente atractivo porque canaliza la rabia genuina que sentimos ante la ineficiencia, pero es un juego de fuego. Atacar y minar la institucionalidad democrática es golpear los mismos cimientos que, con todos sus defectos y necesidades de reforma, nos han garantizado la paz desde 1949.

La realidad no come cuentos

Mientras la política nacional se ha transformado en un circo de redes sociales y pleitos interminables en conferencias de prensa, los problemas reales —esos que de verdad nos quitan el sueño— siguen intactos y agravándose. El ruido mediático nos distrae de las verdaderas crisis:

Nuestra clase media sigue asfixiada por las deudas, perdiendo poder adquisitivo mes a mes.

Nuestros agricultores y ganaderos continúan sobreviviendo a duras penas, librados a su suerte frente a mercados desiguales.

El monstruo de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado nos está robando la paz de nuestros barrios a un ritmo aterrador.

Pilares intocables de nuestra paz social, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la educación pública, se encuentran en cuidados intensivos.

La realidad es terca y no se soluciona con likes ni con discursos encendidos.

El reto hacia el futuro: ¿Cómo nos reconstruimos?

¿Qué hacemos entonces? La respuesta no está en dinamitar la casa que tanto nos costó construir, ni tampoco en sentarnos a soñar con volver a los años 50. El mundo cambió y los retos son otros.

Costa Rica necesita con urgencia nuevos liderazgos, desde los concejos municipales en nuestros cantones —donde se vive la realidad más cruda y cercana del ciudadano— hasta la silla presidencial. Necesitamos líderes que combinen dos elementos innegociables: empatía social para entender el dolor de esta brecha que nos divide, y capacidad técnica probada para administrar la cosa pública. Porque ya nos quedó clarísimo que ni los gritos, ni las buenas intenciones, ni la sola indignación construyen puentes, bajan la pobreza o generan empleo.

El país que nos debemos

Es hora de que maduremos como electorado. El enojo nos llevó a castigar al bipartidismo dándole el poder al PAC, y ese mismo enojo nos empujó luego a buscar salidas antisistema. No podemos seguir votando solo con el hígado; tenemos que empezar a votar con la cabeza.

Nuestros hijos y nietos merecen heredar una nación viable. Esa Costa Rica solidaria, próspera y en paz que una vez fuimos, aún es posible de reconstruir. Pero solo será una realidad si como ciudadanos dejamos de ser simples espectadores, asumimos nuestro rol y empezamos a exigir resultados concretos, no solo shows mediáticos. La democracia no se defiende sola; nos toca a nosotros.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte III)

¿Más cara la medicina que la enfermedad? Cuando te conviertes en esclavo de tus palabras

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

En nuestra anterior columna vimos cómo el hartazgo ante la corrupción del bipartidismo tradicional parió al Partido Acción Ciudadana (PAC). Agotados por los escándalos, los costarricenses buscaban desesperadamente una tabla de salvación, y el partido de Ottón Solís se presentó como el gran faro moral de la política nacional.

Ese discurso caló tan hondo que, en el 2014, Luis Guillermo Solís rompió el molde histórico y llegó a la presidencia con más de un millón de votos. Nos prometieron una “casa de cristal”, donde la transparencia sería absoluta. Sin embargo, la historia nos enseñó a la mala una lección brutal: gobernar no es lo mismo que ser oposición, y cuando construyes toda tu identidad política asumiendo el papel de juez moral de los demás, tus propios pecados te los cobran al doble.

Esclavos de sus propias palabras

Durante sus años de oposición, el PAC esgrimió un Código de Ética implacable. Medían a los políticos del PLN y del PUSC con una vara altísima: exigían destituciones y renuncias inmediatas ante el menor cuestionamiento o sospecha en la prensa. Eran los dueños de la pureza.

Pero el poder es un espejo implacable. Cuando les tocó sentarse en la silla presidencial, esa vara métrica desapareció. De pronto, ante los cuestionamientos a sus propios jerarcas, la narrativa cambió drásticamente. Lo que antes era “exigencia ética”, ahora se escudaba en el “debido proceso” y la “presunción de inocencia”. El partido que nació para erradicar las viejas prácticas terminó recurriendo a las mismas artimañas legales y excusas políticas que tanto le habían criticado al bipartidismo. Se convirtieron en esclavos de sus propias palabras.

Los escándalos bajo la bandera del “Cambio”

Si el discurso ético se desmoronó en la forma, en el fondo el golpe fue devastador. Durante sus dos administraciones (Solís Rivera 2014-2018 y Alvarado Quesada 2018-2022), el país fue testigo de casos que hirieron de muerte la promesa del cambio:

La estafa al TSE: La ironía más dolorosa de nuestra historia política reciente. El partido que enarboló la bandera anticorrupción fue condenado en los tribunales por estafar al Estado costarricense mediante contratos falsos durante la campaña política. Un golpe letal a su autoridad moral.

El Cementazo: Este escándalo nos demostró que el PAC no desmanteló las viejas redes de tráfico de influencias, sino que, lamentablemente, algunos de sus actores simplemente acercaron una silla para sentarse a la misma mesa de los grandes negocios oscuros.

El “Hueco Fiscal”: La irresponsabilidad de ocultar un déficit multimillonario en el presupuesto nacional antes del cambio de gobierno en 2018. Una jugada política y contable que le costó carísimo al bolsillo de los costarricenses.

El Caso UPAD: Un hecho inédito que terminó con el allanamiento de la mismísima Casa Presidencial. Más allá del debate legal, representó una bofetada a la confianza ciudadana sobre el manejo oscuro de la información privada de los costarricenses.

El Caso Cochinilla: Aunque la pudrición en el CONAVI y el MOPT venía de mucho atrás, la bomba estalló bajo su guardia, demostrando una total incapacidad para limpiar las instituciones que prometieron sanear.

La medicina que no curó al paciente

Pero más allá de los escándalos, la verdadera tragedia fue la gestión del Estado. Retomando lo que hablábamos en la segunda columna: ¿Se salvó a la clase media? No. ¿Se rescató a nuestros agricultores y ganaderos? Tampoco.

Tener buenas intenciones —o al menos pregonarlas— no equivale a tener capacidad técnica para administrar. Durante ocho años vimos infraestructura estancada, un desempleo en aumento y una desigualdad que se profundizó. Nos dimos cuenta de que la indignación sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar un país.

El vacío y el castigo

El electorado costarricense es paciente, pero no olvida. En las elecciones de 2022, el castigo en las urnas fue histórico y fulminante: cero diputados. El partido que prometió cambiar a Costa Rica quedó reducido a la irrelevancia política absoluta.

Pero esta implosión nos dejó una herida mucho más profunda. La caída en desgracia de los partidos tradicionales, sumada al estrepitoso fracaso de la promesa moral del PAC, dejó al ciudadano de a pie huérfano, cínico y desesperado.

Ese vacío de credibilidad, esa sensación de que “todos son iguales”, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para lo que estamos viviendo hoy. De eso, de la polarización, del discurso antisistema y de la Costa Rica dividida que nos quedó, hablaremos en nuestra cuarta y última columna.

Nos leemos pronto, en la cuarta y última parte de la serie.