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Etiqueta: bipartidismo

¿Cómo explicarnos la “loca” realidad política actual? ¿Se deteriora la institucionalidad democrática?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La democracia costarricense fue apareciendo de a poco a lo largo de nuestra vida como nación.

Había primero, sin que la mayoría de los colonos lo supieran, que desatar los debilitados lazos que en las primeras dos décadas del siglo XIX todavía nos ligaban al colonialismo español.

Más de tres siglos de un férreo dominio español, habían dejado una impronta de exterminio de los pueblos originarios, de esclavitud de los muchos empobrecidos sobrevivientes, vasallaje, y corrupción.

Sin embargo, ya a punto de expirar aquel dominio infernal, gracias a las revueltas y guerras de independencia desde México hasta la Patagonia, hubo un acontecimiento en la misma España, que sentó bases sólidas para impregnar en la conciencia de los líderes de aquellas guerras, ideas liberales y democráticas.

En efecto, Las Cortes de Cádiz fueron el primer parlamento liberal del mundo hispánico. Se reunieron de 1810 a 1814 en Cádiz, único puerto libre de la ocupación de Napoleón Bonaparte en España, mientras el Rey Fernando VII se encontraba preso en Francia.

Los dictados de las Cortes pretendieron cobijar tanto a España como a la América hispana; pero a una España que diera sus primeros pasos por la senda democrática y no bajo el yugo del Rey. Los acuerdos fueron aprobados en 1812 y de ellos emanaron tres resoluciones fundamentales:

1. Soberanía Nacional. La Soberanía residiría en la Nación, ya no en el Rey.

2. División de poderes y libertades. Subsistiría la Monarquía Constitucional, pero cuarteada por la aparición del sufragio indirecto (amplio para la época), libertad de imprenta, igualdad jurídica de todos los hombres ante la ley (las mujeres continuarían excluidas momentáneamente) y fin del Tribunal de la Inquisición.

3. Ciudadanía americana. Todos los nacidos libres en ambos continentes serían considerados españoles. Esta resolución dio paso a la emergencia de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales en América, incluida Costa Rica.

37 diputados americanos, por Costa Rica el egregio Fray Florencio del Castillo, fueron escogidos para representarnos en las Cortes de Cádiz. Allí aprendieron de principios democráticos y fueron redactadas las primeras constituciones republicanas de Hispanoamérica. De allí brotaron las ideas de los ayuntamientos constituidos por elección, así como las diputaciones bajo el mismo principio.

Costa Rica pasó durante ese período de dos ayuntamientos a más de 40, y los ayuntamientos fueron la primera experiencia electoral de los pueblos americanos. Se consolidó como idea la soberanía nacional, las autoridades representativas electas directa o indirectamente, la libertad de imprenta y la aparición de la ciudadanía, si bien de momento solo entre los varones, frente a los súbditos de los reyes españoles. Cádiz no nos dio la democracia plena, pero de ella recibimos el molde.

Costa Rica, como puede observarse no se quedó atrás; después de la primera independencia de 1821, se fue consolidando poco a poco, la libertad de una nación pequeña y pobre, pero pujante, en la que las ideas democráticas quedaron plasmadas en la primera Constitución denominada por Braulio Carrillo “Ley de Bases y Garantías”.

Muy pronto, en medio de altibajos, se declaró “República Constitucional”, cuyo líder fue José María Castro Madriz. Este episodio sentó bases firmes en la conciencia de las élites y del mismo pueblo para enfrentar al invasor y esclavista filibustero proveniente de los Estados Unidos, personificado en la figura de William Walker. Esta lucha fue convocada por el mismo presidente Juan Rafael Mora Porras, quien, acompañado por otros próceres como José María Cañas, de estirpe salvadoreña y el propio hermano de don Juanito, quien fue José Joaquín Mora, llamó al pueblo a las armas para asentar así la verdadera independencia de Costa Rica.

La democracia no dio al pueblo verdaderas libertades, ya que habrían de venir muchas lunas y tantas luchas, antes de que todos los hombres primero y, las mujeres, junto a la etnia de los afrodescendientes y otras minorías después, ya en pleno siglo XX, pasada la guerra civil de 1948, obtuvieran plenos derechos ciudadanos, como el derecho al voto libre y garantizado por la Constitución.

La Costa Rica moderna, surge después de la Guerra Civil de 1948; no sin antes haber conseguido estas garantías y libertades ciudadanas, asentadas en las conquistas sociales: la ley de la Seguridad Social, la creación de la Universidad de Costa Rica, el código del trabajo y otras leyes de semejante cuantía, bajo el Gobierno del presidente Benemérito Rafael A. Calderón Guardia, en alianza con el Partido Vanguardia Popular (comunista) cuyo líder fue el también Benemérito Manuel Mora Valverde, y con la Iglesia Católica, que era jefeada entonces por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, también nombrado después Benemérito de la Patria.

Así se consolidó la modernidad, esta vez bajo el liderazgo principal de José Figueres Ferrer, nombrado asimismo Benemérito, por su intensa labor para eliminar el ejército, que se había solidificado tras la guerra del 48, ampliar las leyes sociales mediante la universalización de la seguridad social y la creación de una serie de instituciones democráticas que caracterizaron el Estado Social de Derecho de la Segunda República. Igualmente, los hombres de esta Segunda República dinamizaron la movilidad social, le dieron bases firmes a la división de poderes, la fortificación de las libertades electorales, mediante la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la creación de organismos de control de la ejecución de los demás poderes del Estado y de las Instituciones autónomas.

No obstante, el país vivió la mayor parte de este tiempo, bajo la égida de dos partidos políticos principales, Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, los cuales se alternaron en el Poder Ejecutivo, conservando algunas diferencias entre sí. Liberación, un partido más estatista y reformista; la Unidad, se fue consolidando como una coalición conservadora que proclamaba la “desestatización” y desregulación de la economía.

Los principales problemas de esta democracia fueron: la ilegalización del partido Vanguardia Popular (una ilegalización expresa y larga) y en un principio del partido Republicano Nacional (calderonista), que fue proscrito de facto, sin haber sido mencionado expresamente en el decreto. Los líderes de ambos partidos fueron perseguidos y exiliados. Tales fueron los obstáculos más grandes a la participación electoral que tuvo Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX.

Otros escollos fundamentales de la democracia costarricense, a partir de la segunda mitad del siglo XX que deseamos mencionar fueron: la diversificación económica, a través de la legislación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Aunque en un principio se intentó romper la dependencia económica del país con la economía de los Estados Unidos, al cabo del tiempo, no obstante, la economía se fue anclando todavía más a las economías de los países capitalistas desarrollados, principalmente la de los Estados Unidos, por medio de las industrias de integración. En este contexto se sellaron alianzas entre los sectores cúpula de la industria costarricense, con el capital financiero e industrial extranjero. La dependencia económica se fortificó y esto afectó grandemente la independencia del Estado en la toma de decisiones frente a los intereses del capital extranjero. Ni el partido Unidad Socialcristiana, ni el mismo partido Liberación Nacional fueron óbice para que nos convirtiéramos, cada vez más, en un eslabón de la cadena de la economía capitalista internacional.

Por otro lado, como telón de fondo, progresivamente se fue afianzando una inédita desigualdad social, que fue la contrapartida de la concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Junto a ello, la clase media se debilitó y sigue en ese curso, en el cual, los sectores más vulnerables se hicieron más débiles aún. Además, los partidos tradicionales perdieron sus identidades, se comenzaron a parecer cada vez más el uno al otro; se desató en ellos, en sus gobiernos una funesta corrupción, tanto en la administración pública como en la privada, que provocó un desalineamiento de los sectores que tradicionalmente habían apoyado a uno y otro partido. Se llegó a perder, prácticamente de manera integral la credibilidad de un gran contingente de los electores en esas coaliciones políticas.

Como consecuencia de lo anterior, se abrieron oportunidades para otros partidos políticos nuevos, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) que, en las elecciones del 2002, rompe el bipartidismo y fuerza a un balotaje o segunda ronda electoral por primera vez en la historia electoral de Costa Rica, entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana.

En las elecciones del 2014, el PAC quiebra por completo el bipartidismo y gana esas y las siguientes elecciones del 2018. La crisis estaba declarada para los dos partidos tradicionales.

Posteriormente surge el fenómeno que se ha conocido como el “chavismo”, el cual venció en las elecciones del 2022 y se reelige con Laura Fernández Delgado en el 2026.

La sociedad se transforma y la democracia se debilita

Lo que está ocurriendo es un fenómeno que da cuenta del debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales, una supina desconfianza en la institucionalidad y aunado a lo anterior ha cundido la inseguridad entre la ciudadanía, el temor profundo ante la penetración del narcotráfico y la violencia en las calles y áreas públicas, el agigantamiento de las brechas de igualdad y la frustración con el Estado.

De ahí que ahora, la cuestión democrática no consiste solamente en quién ganó y quién perdió las elecciones; ahora se trata de saber qué es lo que los titulares del poder formal, los ganadores del ejecutivo hacen con el poder que recibieron. La cuestión democrática gira ahora alrededor de los contrapesos del poder, si están operando o no, la tolerancia al adversario y, sobre todo, la posibilidad de que se produzca una mayor erosión de la institucionalidad democrática sin que se hubiese producido la ruptura del orden constitucional.

Por otra parte, se comienza a percibir una ruptura ya no solo en el terreno de la actividad política, sino además y de manera abrupta, en el seno de la sociedad civil. En ella están surgiendo varias fracturas que dan como resultado segmentos ciudadanos con diversos intereses entre sí, distintas ideologías y maneras de percibir la realidad. El asunto que reviste más profundidad es que entre los ciudadanos ya no solo aparecen diferencias de opinión entre grupos con respecto a cómo perciben la realidad, al Estado y al mismo gobierno, eso es natural en una democracia. El asunto ahora es más profundo ya que las diferencias parecen organizarse alrededor de fracturas sociales, económicas, territoriales, culturales y políticas.

Lo que debe estudiar la ciencia política actual, es que las grietas no habían llegado a producir todavía nuevas organizaciones sociales que pudiesen dar lugar a nuevas alianzas entre los partidos tradicionales en decadencia y los nuevos grupos sociales de ciudadanos aglutinados por determinadas percepciones de la realidad sociopolítica. Muchos de los nuevos grupos ya no solo rechazaban a los partidos tradicionales, sino que se han cohesionado por su rechazo al sistema en su conjunto. Son lo que podríamos llamar coaliciones en el seno de la sociedad civil antisistema.

Si este fenómeno en mi opinión bastante reciente puede desembocar o no en rupturas graves que pudiesen dar lugar a enfrentamientos que atenten contra la tradicional democracia, dependerá por una parte de la capacidad del llamado “chavismo” de ofrecerle a estos nuevos grupos de la sociedad civil, con visos de ser antisistema, un programa de realizaciones conducente a resolver problemas concretos, o carencias que afligen a estos grupos sociales en la cotidianidad. Y, por el otro lado, puede depender también de cómo se conduzcan los grupos opositores de la política, y la capacidad que muestren ellos también, para ir al encuentro de esas bases sociales desafectas y con bastante rencor y desdén frente al fenómeno de lo político en sentido tradicional.

Todas estas son algunas de las cuestiones que creo requieren de investigaciones más profundas que permitan entender la trama que se da en la situación política actual.

El surgimiento del populismo autoritario en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roberto Salom E.
Setiembre de 2026

En la vida política costarricense parece estar emergiendo un fenómeno nuevo que, quizá de manera provisional, puede denominarse populismo autoritario, a falta de una definición más precisa que dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos en los próximos años.

Este fenómeno comienza a configurarse cuando apenas se cerraba el largo ciclo histórico del sistema bipartidista que predominó en Costa Rica durante varias décadas. Aquel período estuvo marcado por una notable estabilidad política y por una dinámica de alternancia entre dos grandes agrupaciones, una más progresista que la otra. Aunque ese contrapunto no estuvo exento de conflictos, permitió la consolidación de buena parte de la institucionalidad democrática y de políticas públicas que contribuyeron a un cierto igualitarismo social.

Sin embargo, contra muchos pronósticos, ese sistema colapsó con relativa rapidez. Factores sociopolíticos propios de la sociedad costarricense, combinados con transformaciones económicas y culturales de alcance global, precipitaron el derrumbe de uno de los dos grandes partidos tradicionales y el deterioro progresivo del otro. Se abrió entonces un período de mayor volatilidad política, caracterizado por la desaparición de antiguas lealtades partidarias y la proliferación de múltiples agrupaciones.

En ese escenario surgió una alternativa que se presentó como democrática, reformista y progresista: el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000. El PAC reivindicó la ética pública y logró modificar la dinámica electoral tradicional, provocando en tres ocasiones una segunda ronda electoral y alcanzando el triunfo en dos de ellas. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por contradicciones, dificultades para traducir sus principios en una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales y un progresivo distanciamiento respecto de sectores que inicialmente habían depositado expectativas en él. Su derrota electoral en 2022 no puede explicarse únicamente por factores coyunturales: también expresa el desgaste de una alternativa que, para una parte de la ciudadanía, no logró responder a las expectativas que había suscitado.

La experiencia costarricense no es necesariamente excepcional. En otras sociedades democráticas se han producido desplazamientos políticos en los que el agotamiento o la pérdida de credibilidad de una alternativa progresista han abierto espacio a opciones de signo muy diferente. El caso chileno, con el tránsito de Gabriel Boric a José Antonio Kast, constituye una expresión particularmente dramática de esa dinámica. No se trata de establecer una relación mecánica entre ambos fenómenos ni de equiparar sus circunstancias, sino de advertir que cuando una alternativa política pierde capacidad de representar las expectativas de sectores importantes de la sociedad, el espacio que deja vacío puede ser ocupado por fuerzas que ofrecen respuestas de naturaleza muy distinta.

Desde la crisis del bipartidismo, Costa Rica ha vivido una creciente volatilidad política. La previsibilidad que durante décadas caracterizó la vida pública se debilitó, mientras aumentaban el pragmatismo, el oportunismo y la fragilidad de los liderazgos partidarios.

Fue en ese contexto donde emergió la figura de Rodrigo Chaves, prácticamente desconocido para amplios sectores de la ciudadanía tras una larga trayectoria fuera del país. Su experiencia en organismos internacionales, sus habilidades comunicativas y su capacidad para conectar con distintas expresiones del malestar social le permitieron construir una base de apoyo significativa. A ello se sumó un estilo político confrontativo y una estrategia discursiva orientada a presentar a las instituciones y a las élites tradicionales como obstáculos para el cambio.

Pero aquí aparece una cuestión central: ¿qué entendemos por populismo autoritario y por qué podría aplicarse esta categoría al caso costarricense?

El populismo, en términos generales, tiende a construir una oposición entre un “pueblo” presentado como depositario de la voluntad auténtica de la sociedad y unas élites identificadas como responsables de sus problemas. Esa lógica puede adoptar distintas orientaciones ideológicas y no es necesariamente incompatible con la democracia. El problema aparece cuando esa apelación al pueblo se combina con una concepción según la cual quien habla en su nombre puede presentarse como su único o legítimo representante y, desde ahí, cuestionar los límites que la democracia constitucional impone al ejercicio del poder.

Es en esa combinación donde podemos encontrar los rasgos propiamente autoritarios del fenómeno. Entre ellos estarían la deslegitimación sistemática de los contrapesos institucionales; la descalificación de quienes discrepan como enemigos del pueblo o del cambio; la personalización creciente del poder político; la pretensión de subordinar instituciones autónomas o independientes a la voluntad del Ejecutivo; la utilización de una comunicación política polarizante que reduce la complejidad de los conflictos a una confrontación entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios; y una concepción de la democracia que tiende a identificar la voluntad expresada en las urnas con una autorización para limitar otros mecanismos de control y deliberación.

No todos estos rasgos tienen necesariamente la misma intensidad ni se presentan de manera simultánea. Precisamente por eso resulta más apropiado hablar de un fenómeno en proceso de configuración que de un régimen ya plenamente constituido. La categoría de populismo autoritario no debería utilizarse como una etiqueta cerrada, sino como una herramienta para observar una determinada evolución de la política.

En Costa Rica, esta perspectiva resulta pertinente en la medida en que algunas de esas tendencias parecen haber adquirido una presencia creciente en el discurso y en las prácticas políticas: la confrontación con instituciones que ejercen funciones de control, la descalificación de adversarios y críticos, la apelación directa a una ciudadanía supuestamente enfrentada a las élites y la tendencia a presentar los límites institucionales como obstáculos a la voluntad popular.

Esto no significa, sin embargo, que Costa Rica haya dejado de ser una democracia ni que su evolución hacia el autoritarismo esté predeterminada. Las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía siguen constituyendo espacios de disputa y de resistencia democrática. Precisamente por ello es importante observar el fenómeno antes de que sus rasgos se consoliden.

Tampoco parece suficiente explicar este proceso apelando simplemente al “descontento ciudadano”. La sociedad costarricense no expresa hoy un único estado de ánimo frente a la política. Existen malestares diversos y, en ocasiones, contradictorios: frustración ante la desigualdad, inseguridad o pérdida de oportunidades; rechazo hacia determinadas élites políticas; desconfianza en instituciones y partidos; demandas de mayor eficacia estatal; pero también identificación con liderazgos que prometen orden, ruptura o cambio. Y esos sentimientos pueden coexistir con satisfacción, esperanza o incluso apoyo político al gobierno de turno.

Por eso, más que hablar de “el descontento”, habría que hablar de una sociedad atravesada por malestares y expectativas diversas, que no necesariamente conducen en una misma dirección política. El desafío consiste en comprender cómo esas experiencias diferentes pueden ser articuladas por determinados liderazgos y transformadas en una narrativa política capaz de construir una nueva mayoría.

Aquí reside uno de los principales problemas para las fuerzas democráticas y progresistas. No basta con defender las instituciones ni con añorar el período anterior al populismo. Tampoco basta con reivindicar las experiencias políticas que precedieron al actual momento. Si las instituciones y las fuerzas políticas tradicionales fueron percibidas por una parte importante de la sociedad como incapaces de responder a sus necesidades, defender la democracia exige también reconocer esas insuficiencias.

La democracia costarricense no puede sobrevivir simplemente conservándose a sí misma. Necesita renovarse. Pero esa renovación tampoco puede descansar en la concentración del poder ni en la eliminación de los contrapesos institucionales. El reto consiste en encontrar nuevas formas de representación, participación y deliberación capaces de responder a una sociedad mucho más heterogénea que aquella sobre la cual se construyó el viejo sistema bipartidista.

Esa ciudadanía tampoco constituye un bloque homogéneo. Es social, territorial, generacional, económica y políticamente diversa. No todos viven los problemas del país de la misma manera ni tienen las mismas expectativas respecto del Estado, la economía, las instituciones o el cambio social. Interpelarla democráticamente supone, por tanto, abandonar la pretensión de hablar en nombre de una ciudadanía abstracta y aprender a escuchar esa diversidad.

El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en defender las instituciones democráticas, sino en hacer que vuelvan a tener capacidad de representar, integrar y procesar democráticamente las diferencias existentes en la sociedad. Una democracia viva no elimina el conflicto: crea las condiciones para que el conflicto pueda expresarse, negociarse y transformarse sin que ninguna fuerza política pretenda monopolizar la representación del pueblo.

Costa Rica se encuentra, por tanto, ante una disyuntiva que todavía está abierta. Puede avanzar hacia una democracia más plural, participativa y capaz de corregir sus propias deficiencias, o puede permitir que los legítimos malestares y frustraciones de la sociedad sean canalizados hacia formas crecientes de concentración del poder.

El desenlace no está escrito. Dependerá de la capacidad de las distintas fuerzas sociales y políticas para comprender una sociedad que ha cambiado, reconocer sus contradicciones y construir respuestas que no pretendan homogeneizarla. La supervivencia de la democracia dependerá tanto de la defensa de sus límites como de su capacidad para transformarse.

RSE

Costa Rica: digamos no al plagio del modelo de dictadura neofascista de otros países

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

En este siglo XXI, cuya característica más notoria es la expansión del neofascismo global, los autócratas que hoy se ubican en todos los continentes, están concentrando el poder en sus manos y se empeñan, por todos los medios, en modificar el imaginario colectivo de manera que se construya una identificación general entre el “supremo” líder y la Nación.

Eso es lo que la ciudadanía costarricense no debe permitirle al expresidente Chaves Robles, ni a ningún otro u otra autócrata que pretenda despojarnos de nuestra identidad como una sociedad plural.

Con dos claras excepciones, la dictadura de los hermanos Tinoco entre 1917 y 1919, y la guerra civil de 1948, el desarrollo histórico costarricense del siglo XX se caracterizó por el libre juego electoral entre los diferentes sectores políticos, permitiendo la alternancia de unos y otros. Detrás de este proceso, que no ha sido para nada lineal, transitoriamente han prevalecido unos intereses políticos sobre los demás, dependiendo de cada coyuntura y, aunque somos producto de una sociedad históricamente desigual, con clases y sectores sociales con distintos intereses, hemos logrado plasmar importantes acuerdos en diferentes coyunturas. Ese ambiente de contradicciones, casi siempre resueltas con el diálogo, el respeto y la negociación nos permitió, como sociedad, recorrer con relativo éxito las diferentes etapas nacionales e internacionales que deparó el siglo XX: dos guerras mundiales, varias crisis económicas e, inclusive, una guerra fría que puso al mundo entero en las puertas de una tercera guerra mundial.

La frecuente negación de nuestra vocación democrática, como lo hacen un día sí y otro también, el ministro Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández, invocando la incapacidad del bipartidismo para salir adelante frente a los inmensos retos que trajo consigo el presente siglo, es la más clara señal de que quieren destruir nuestra cultura política en aras de imponer prácticas autoritarias de otras latitudes, como las de Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Viktor Orban en Hungría y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos.

Los gobiernos de Chaves y Fernández, ambos “militantes” de la extrema derecha internacional, han venido a desandar los mejores trechos recorridos por la trayectoria política de nuestro país. Pero reservas nos quedan. A la generación más vieja, a la que pertenezco, le ha tocado ver procesos muy aleccionadores, como la caída del Muro de Berlín, la implosión soviética, las dictaduras fascistas del Cono Sur en América Latina y, hoy mismo, el arribo del fascismo en Estados Unidos, siendo ésta la democracia más madura construida durante los dos últimos siglos.

Hagamos de nuestra historia civilista una de las mejores consignas de batalla. No permitamos el retorno de las botas militares, el irrespeto a la división de poderes ni el menosprecio de nuestra ciudadanía. Pero tengamos claro que esta batalla requiere de organización. Los partidos políticos tradicionales perdieron autoridad por múltiples causas, pero estimulemos nuestra creatividad para abrir espacios de diálogo y discusión para aclararnos cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, cómo evitar caer en el abismo de una indeseable dictadura. La organización civilista debe ser la respuesta.

La damnatio memoriae: analogía sobre la descalificación del pasado como estrategia populista

Escrito en . Publicado en Análisis.

Maximiliano López López*

Destruir una estatua, eliminar un nombre de algún monumento o incluso prohibir que este se pronuncie, no borra su historia ni oculta su legado. Sin embargo, esta fue una práctica relativamente común en el Egipto antiguo y se volvió más notoria durante el Imperio Romano. La damnatio memoriae (condena de la memoria) fue una estrategia usada por el poder para tratar de “borrar” de su pasado, a figuras consideradas indignas por sus actos o por ser declaradas enemigas del Estado. Intentos semejantes se pueden advertir en la sociedad contemporánea con la destrucción de monumentos en naciones de la antigua URSS, en China o Irak, por mencionar ejemplos.

En analogía con aquella realidad clásica, los ensayos contemporáneos de damnatio memoriae no son menos ineficaces, pero pueden causar cierto efecto si se utilizan como estrategia política. En este sentido es claro que toda sociedad construye instituciones, pero también memorias sobre su pasado y muchas veces son estas representaciones las que actúan como fuente de legitimidad. Por ello, cuando un proyecto político busca establecer su concepción de mundo, generalmente se disputa el pasado. Y es justo esa disputa por la memoria y la posibilidad de reescribirla, lo que sustenta la analogía que se propone con la damnatio memoriae.

El poder hoy no ataca los monumentos, pero se enfoca en sus actores; hoy no prohíbe el uso de nombres, pero intenta descalificarlos; tampoco va en contra de la historia, pero impulsa su narrativa para reescribir la memoria histórica sobre el pasado y crear la sensación de un cambio que le dé legitimidad. Se trata entonces de colocar la memoria histórica al servicio del poder y por ello la “condena de la memoria” se vuelve simbólica y material al mismo tiempo. Una estrategia expone el pasado como responsable de la situación actual y otra promueve la transformación de las condiciones que presuntamente configuraron ese pasado.

Ahora bien, es necesario aclarar que no toda crítica del pasado puede ser comparada con una damnatio memoriae como se propone en esta analogía, pues la crítica histórica, sesuda, fundamentada y propositiva es lo que ha permitido a la democracia crecer como forma de gobierno y florecer como forma de vida. Además, es claro que toda fuerza política necesita hilvanar un relato que justifique su presente y lo proyecte hacia el futuro, pues así opera el poder. En este ejercicio, la estrategia actual ha sido la de confrontar a un pueblo “puro” con unas élites corruptas y esta confrontación ha sido estratégica para sentar la diferenciación entre la difusa categoría de “pueblo” con la de “ticos con corona”.

En el caso costarricense se observa que la estrategia simbólica se enfoca en las élites que abusaron del poder para beneficio propio, aprovechándose de lo que el discurso del poder ha llamado la “dictadura” perfecta de la democracia. Es claro que tal mensaje no alude solo a las élites como fuente del poder hegemónico en determinado contexto, sino que cuestiona el modelo de sociedad que se construyó bajo un liderazgo de “canallas, corruptos y comunistas”. La otra estrategia que se visualiza es más elaborada y compleja. Esta propone que eliminar privilegios, modernizar al país y cambiar las instituciones “capturadas” por las élites corruptas, necesita, irónicamente, del control del poder como lo hicieron las élites que critican. La paradoja de esta propuesta es que la responsabilidad del cambio no es del gobierno de turno, sino de la población que debe aportar la legitimidad para hacerlo. En el caso costarricense, esta paradoja quedó claramente retratada en la búsqueda de los 38 diputados como requisito para lograr el cambio.

Este proceso de damnatio memoriae “a la tica” claramente no va contra los vestigios del pasado. La analogía de este proceso reside en un plano simbólico que pone en entredicho algunos aspectos de ese pasado. Por ejemplo, la democracia costarricense que otrora hacía sentir orgullo de esta tierra es cada vez más cuestionada por un porcentaje creciente del “pueblo”. Ver con beneplácito la existencia de mandatos de corte autoritario, aceptar la concentración del poder o incluso respaldar la erosión de las instituciones que han protegido los derechos de los costarricenses, es un síntoma de la manera en que la memoria histórica del costarricense empieza a “disputarse”. En ese juego de “resignificación” de la memoria, el Estado de Bienestar pasa a ser directamente responsable de tener ticos con corona, mientras que al Estado Social de Derecho es co-culpable de la impunidad y corrupción actuales. De esta forma, la estrategia se ocupa en replantear la imagen de villanos y héroes, así como de consignar responsabilidades sobre el pasado en un intento por reescribir la memoria.

Al “pueblo” se le convence de que la capacidad de sobreponerse a ese pasado supone el camino para una transformación social que se ha postergado por años, al tiempo que se expulsa del escenario político a los responsables de los males descritos. Aquí entra el viejo bipartidismo y todas sus ramificaciones, pero especialmente el “fantasma” del comunismo que dejó de ser un discurso de campañas políticas y ahora es presentado como una amenaza real, parlamentaria, peligrosa y opuesta a ese cambio anhelado por el “pueblo”. Este giro es fundamental, pues el enemigo se materializa, ya no es solo parte de la memoria.

Estamos por tanto ante una estrategia que tiene como objetivo cuestionar la memoria que desde mediados del siglo XX se ha construido sobre la Costa Rica que conocemos hoy. Para ello se vale de un discurso de ruptura y cambio que intenta hacer de la memoria histórica, un recurso al servicio del poder. Lamentablemente, el éxito de esta tendencia se alimenta de los reclamos, válidos, de muchos sectores que por años no recibieron la atención debida. Entretanto, el movimiento actual se presenta como el que escucha, mientras construye sus propias élites, incrementa el control del poder y trabaja en desmotar lo que queda de ese pasado con el fin de asumir el rol hegemónico.

De esta manera, aunque las sociedades no olvidan todo, la “condena de la memoria” se convierte en una herramienta de quienes buscan convencer a la sociedad sobre lo que debe o merece ser recordado. Ahí reside el peligro para la memoria histórica, la cual, una vez debilitada, erosiona la cohesión social, afecta la identidad colectiva y vuelve a la sociedad vulnerable ante la manipulación.

* Profesor e investigador de la Escuela de Historia, Universidad Nacional.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte IV)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

El vacío perfecto: La orfandad política, el espejismo antisistema y el país que nos debemos

Llegamos al final de este recorrido por nuestra historia política reciente. Recapitulando: vimos al bipartidismo tradicional ahogarse en sus propios escándalos de corrupción, y vimos al PAC ahogarse en su falsa superioridad moral y su monumental incapacidad para gobernar. El resultado de estas dos grandes decepciones estalló en las elecciones del 2022, donde el costarricense llegó a las urnas sintiéndose profundamente huérfano.

Las banderas partidarias perdieron su valor y las lealtades históricas se esfumaron, dejando en su lugar un cinismo generalizado y una conclusión ciudadana tan comprensible como peligrosa: “la política tradicional no sirve para nada”.

El caldo de cultivo para el discurso antisistema

Ese vacío de credibilidad fue el escenario perfecto. Cuando la gente siente que el sistema la olvidó, se vuelve tierra fértil para el surgimiento de discursos “antisistema”. Figuras que, desde afuera de la política tradicional, logran capitalizar el enojo y la frustración.

La estrategia de estos movimientos es simple, pero destructiva: polarizar. Consiste en dividir al país constantemente entre “nosotros los buenos” y “ellos los malos”; enfrentar al “pueblo” contra “la prensa” o contra las mismas instituciones. Es un discurso sumamente atractivo porque canaliza la rabia genuina que sentimos ante la ineficiencia, pero es un juego de fuego. Atacar y minar la institucionalidad democrática es golpear los mismos cimientos que, con todos sus defectos y necesidades de reforma, nos han garantizado la paz desde 1949.

La realidad no come cuentos

Mientras la política nacional se ha transformado en un circo de redes sociales y pleitos interminables en conferencias de prensa, los problemas reales —esos que de verdad nos quitan el sueño— siguen intactos y agravándose. El ruido mediático nos distrae de las verdaderas crisis:

Nuestra clase media sigue asfixiada por las deudas, perdiendo poder adquisitivo mes a mes.

Nuestros agricultores y ganaderos continúan sobreviviendo a duras penas, librados a su suerte frente a mercados desiguales.

El monstruo de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado nos está robando la paz de nuestros barrios a un ritmo aterrador.

Pilares intocables de nuestra paz social, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la educación pública, se encuentran en cuidados intensivos.

La realidad es terca y no se soluciona con likes ni con discursos encendidos.

El reto hacia el futuro: ¿Cómo nos reconstruimos?

¿Qué hacemos entonces? La respuesta no está en dinamitar la casa que tanto nos costó construir, ni tampoco en sentarnos a soñar con volver a los años 50. El mundo cambió y los retos son otros.

Costa Rica necesita con urgencia nuevos liderazgos, desde los concejos municipales en nuestros cantones —donde se vive la realidad más cruda y cercana del ciudadano— hasta la silla presidencial. Necesitamos líderes que combinen dos elementos innegociables: empatía social para entender el dolor de esta brecha que nos divide, y capacidad técnica probada para administrar la cosa pública. Porque ya nos quedó clarísimo que ni los gritos, ni las buenas intenciones, ni la sola indignación construyen puentes, bajan la pobreza o generan empleo.

El país que nos debemos

Es hora de que maduremos como electorado. El enojo nos llevó a castigar al bipartidismo dándole el poder al PAC, y ese mismo enojo nos empujó luego a buscar salidas antisistema. No podemos seguir votando solo con el hígado; tenemos que empezar a votar con la cabeza.

Nuestros hijos y nietos merecen heredar una nación viable. Esa Costa Rica solidaria, próspera y en paz que una vez fuimos, aún es posible de reconstruir. Pero solo será una realidad si como ciudadanos dejamos de ser simples espectadores, asumimos nuestro rol y empezamos a exigir resultados concretos, no solo shows mediáticos. La democracia no se defiende sola; nos toca a nosotros.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte III)

Escrito en . Publicado en Análisis.

¿Más cara la medicina que la enfermedad? Cuando te conviertes en esclavo de tus palabras

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

En nuestra anterior columna vimos cómo el hartazgo ante la corrupción del bipartidismo tradicional parió al Partido Acción Ciudadana (PAC). Agotados por los escándalos, los costarricenses buscaban desesperadamente una tabla de salvación, y el partido de Ottón Solís se presentó como el gran faro moral de la política nacional.

Ese discurso caló tan hondo que, en el 2014, Luis Guillermo Solís rompió el molde histórico y llegó a la presidencia con más de un millón de votos. Nos prometieron una “casa de cristal”, donde la transparencia sería absoluta. Sin embargo, la historia nos enseñó a la mala una lección brutal: gobernar no es lo mismo que ser oposición, y cuando construyes toda tu identidad política asumiendo el papel de juez moral de los demás, tus propios pecados te los cobran al doble.

Esclavos de sus propias palabras

Durante sus años de oposición, el PAC esgrimió un Código de Ética implacable. Medían a los políticos del PLN y del PUSC con una vara altísima: exigían destituciones y renuncias inmediatas ante el menor cuestionamiento o sospecha en la prensa. Eran los dueños de la pureza.

Pero el poder es un espejo implacable. Cuando les tocó sentarse en la silla presidencial, esa vara métrica desapareció. De pronto, ante los cuestionamientos a sus propios jerarcas, la narrativa cambió drásticamente. Lo que antes era “exigencia ética”, ahora se escudaba en el “debido proceso” y la “presunción de inocencia”. El partido que nació para erradicar las viejas prácticas terminó recurriendo a las mismas artimañas legales y excusas políticas que tanto le habían criticado al bipartidismo. Se convirtieron en esclavos de sus propias palabras.

Los escándalos bajo la bandera del “Cambio”

Si el discurso ético se desmoronó en la forma, en el fondo el golpe fue devastador. Durante sus dos administraciones (Solís Rivera 2014-2018 y Alvarado Quesada 2018-2022), el país fue testigo de casos que hirieron de muerte la promesa del cambio:

La estafa al TSE: La ironía más dolorosa de nuestra historia política reciente. El partido que enarboló la bandera anticorrupción fue condenado en los tribunales por estafar al Estado costarricense mediante contratos falsos durante la campaña política. Un golpe letal a su autoridad moral.

El Cementazo: Este escándalo nos demostró que el PAC no desmanteló las viejas redes de tráfico de influencias, sino que, lamentablemente, algunos de sus actores simplemente acercaron una silla para sentarse a la misma mesa de los grandes negocios oscuros.

El “Hueco Fiscal”: La irresponsabilidad de ocultar un déficit multimillonario en el presupuesto nacional antes del cambio de gobierno en 2018. Una jugada política y contable que le costó carísimo al bolsillo de los costarricenses.

El Caso UPAD: Un hecho inédito que terminó con el allanamiento de la mismísima Casa Presidencial. Más allá del debate legal, representó una bofetada a la confianza ciudadana sobre el manejo oscuro de la información privada de los costarricenses.

El Caso Cochinilla: Aunque la pudrición en el CONAVI y el MOPT venía de mucho atrás, la bomba estalló bajo su guardia, demostrando una total incapacidad para limpiar las instituciones que prometieron sanear.

La medicina que no curó al paciente

Pero más allá de los escándalos, la verdadera tragedia fue la gestión del Estado. Retomando lo que hablábamos en la segunda columna: ¿Se salvó a la clase media? No. ¿Se rescató a nuestros agricultores y ganaderos? Tampoco.

Tener buenas intenciones —o al menos pregonarlas— no equivale a tener capacidad técnica para administrar. Durante ocho años vimos infraestructura estancada, un desempleo en aumento y una desigualdad que se profundizó. Nos dimos cuenta de que la indignación sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar un país.

El vacío y el castigo

El electorado costarricense es paciente, pero no olvida. En las elecciones de 2022, el castigo en las urnas fue histórico y fulminante: cero diputados. El partido que prometió cambiar a Costa Rica quedó reducido a la irrelevancia política absoluta.

Pero esta implosión nos dejó una herida mucho más profunda. La caída en desgracia de los partidos tradicionales, sumada al estrepitoso fracaso de la promesa moral del PAC, dejó al ciudadano de a pie huérfano, cínico y desesperado.

Ese vacío de credibilidad, esa sensación de que “todos son iguales”, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para lo que estamos viviendo hoy. De eso, de la polarización, del discurso antisistema y de la Costa Rica dividida que nos quedó, hablaremos en nuestra cuarta y última columna.

Nos leemos pronto, en la cuarta y última parte de la serie.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte II)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

En nuestra primera columna repasamos cómo Costa Rica construyó un Estado de Bienestar ejemplar y cómo, a partir de los años 80, ese modelo empezó a fracturarse bajo la receta neoliberal. Pero el cambio de rumbo no solo nos trajo recortes; trajo consigo una cultura donde la función pública dejó de ser un servicio para convertirse, en muchos casos, en un botín.

Hoy vamos a hablar de esa herida abierta: la corrupción del bipartidismo, la factura social que nos cobraron y cómo esa indignación parió un movimiento político que prometió salvarnos de nosotros mismos.

El festín del bipartidismo y el descaro institucional

A partir de los años 90, los ticos empezamos a desayunar con escándalos de cuellos blancos. Ya no eran rumores, eran millones de colones de los fondos públicos esfumándose frente a nuestros ojos.

Recordemos el sonado caso del Fondo de Emergencias, uno de los primeros grandes golpes a la confianza institucional. Pero la verdadera sacudida llegó con el saqueo del Banco Anglo Costarricense. Durante la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier (PUSC, 1990-1994), el banco más antiguo del país fue desangrado mediante inversiones ruinosas. El detalle que no se nos puede olvidar es que miembros de la Junta Directiva y la Gerencia de la institución eran socios o allegados al bufete de la familia Calderón Fournier.

A su llegada al poder, y bajo la presión y recomendación de la Contraloría General de la República (CGR), la administración de José María Figueres Olsen (PLN, 1994-1998) se apresuró a decretar el cierre definitivo del Banco Anglo en septiembre de 1994. Fue un golpe durísimo a la economía y al orgullo nacional, aunque, para la historia, queda el consuelo de que por lo menos en esa ocasión los responsables, incluyendo al gerente Carlos Hernán Robles y a su Junta Directiva, terminaron en prisión.

A partir de ahí, la bola de nieve no se detuvo:

En el año 2000, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (PUSC), el país estalló en las calles contra el famoso “Combo del ICE”, un intento de apertura disfrazado que la ciudadanía leyó como un claro intento de privatización a medida.

En 2004, bajo el gobierno de Abel Pacheco, el país se paralizó: estallaron los casos CCSS-Fischel y ICE-Alcatel, tramas de comisiones ilegales que llevaron a los mismísimos expresidentes Calderón Fournier y Rodríguez a la cárcel preventiva, aunque no llegaron a cumplir penas definitivas, y que mantuvieron al expresidente Figueres Olsen fuera del país, a pesar de que su causa no por años.

Más adelante, durante el segundo mandato de Óscar Arias Sánchez (PLN, 2006-2010), se gestó el Caso Crucitas, un desastre ambiental y legal tras la declaratoria de “conveniencia nacional” de la minería a cielo abierto.

Y como si no fuera suficiente, bajo la administración de Laura Chinchilla (PLN, 2010-2014), nos topamos con el vergonzoso Caso de la Trocha Fronteriza (Ruta 1856), donde el pretexto de la defensa nacional ante Nicaragua sirvió para que empresas fantasmas y funcionarios corruptos drenaran miles de millones.

La factura: El campo abandonado y la clase media asfixiada

Mientras las cúpulas del PLN y el PUSC se repartían el pastel y los tribunales, ¿qué pasaba con la Costa Rica real?

Se gestó una crisis sostenida. Mientras se perdían millones en corrupción, la excusa para el pueblo seguía siendo “no hay plata”. Esto provocó un abandono sistemático de nuestros agricultores y ganaderos, a quienes se les dejó a la libre competencia frente a mercados internacionales subsidiados, sin apoyo técnico ni crediticio. Paralelamente, la histórica clase media costarricense —el gran orgullo del Estado de Bienestar de los años 50— empezó a endeudarse para sobrevivir, viendo cómo el costo de la vida subía mientras la brecha entre los más ricos y los más pobres se ensanchaba a niveles históricos.

El advenimiento del PAC: La indignación como bandera

Fue exactamente en este caldo de cultivo de asco y frustración ciudadana donde germinó la ruptura. A finales de los años 90 e inicios del 2000, un grupo de dirigentes históricos del Partido Liberación Nacional, indignados por la podredumbre interna y el abandono de la socialdemocracia, decidieron que ya era suficiente.

Así nace el Partido Acción Ciudadana (PAC) en el año 2000, fundado por Ottón Solís Fallas. Pero Ottón no se fue solo. Detrás de él caminaron nombres que eran verdaderos pesos pesados de la política nacional, figuras de una moralidad y un peso histórico indiscutibles: don Alberto Cañas Escalante (fundador del PLN), don Guido Miranda (arquitecto de la CCSS moderna), y Margarita Penón Góngora, entre otros grandes intelectuales y ciudadanos.

Todos se cobijaron bajo una sola bandera suprema: la lucha frontal contra la corrupción.

El discurso era impecable. Era la promesa de la ética en la función pública. Sin embargo, con el paso de los años, Ottón Solís se adueñó por completo de la narrativa y de la estructura del partido que ayudó a crear. Lograron convencer a un país herido de que ellos eran los únicos depositarios de la decencia política.

Pero el poder es el ácido que prueba los metales. Y cuando finalmente les tocó gobernar, la historia dio un giro que nadie —o muy pocos— esperaban.

De eso hablaremos en nuestra tercera entrega, bajo un título que resume lo que nos pasó a todos como país: “¿Más cara la medicina que la enfermedad? Cuando te conviertes en esclavo de tus palabras”.

¿Hacia dónde vamos, con el nuevo gobierno, con el poder absoluto del Poder Ejecutivo y el poder mayoritario del Poder Legislativo?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En el nuevo gobierno, que inicia el 1 de mayo, con la instalación de la Asamblea Legislativa y el 8 de mayo, con la instalación del Poder Ejecutivo, hay que reconocer, guste o no guste, que el Partido Pueblo Soberano, tiene como decimos los ticos, el sartén por el mango.

El punto no es que tenga el sartén por el mango, es que lo sepa usar. El arte de la cocina tiene sus reglas y sus mañas. El arte de la Política también tiene sus reglas y sus mañas.

Tiene el control pleno del Poder Ejecutivo, de sus ministerios e instituciones, y de todo el andamiaje que en ese sentido se concentra. No lo comparte con ningún otro partido político. Es el Poder que diariamente toma decisiones que afectan a todos los ciudadanos y habitantes, para bien o para mal, por medio de las políticas y acciones que se toman en los ministerios y sus instituciones.

Tiene el control mayoritario del Poder Legislativo, de toda su estructura interna, sin que esté obligado a compartirlo con ningún otro partido, en los puestos más importantes y en la instalación de las Comisiones Parlamentarias. Puede colocar a los diputados opositores como quiera, si así quisiera proceder.

En un sartén un mal uso de un ingrediente puede echar a perder una comida. En la política un mal uso de un número de diputados puede también echar a perder a una fracción mayoritaria, puede echar a perder acciones de gobierno del partido mayoritario, parlamentariamente, y puede echar a perder al mismo gobierno.

En 1953, al calor de la Guerra Civil, y del liderazgo de José Figueres, ya fundado el Partido Liberación Nacional, el 12 de octubre de 1951, participando en su primera elección nacional, sobre 45 diputados que tenía la Asamblea Legislativa, en ese entonces, obtuvo 30 diputados. Una mayoría super holgada.

En las elecciones de 1962 y 1966 Liberación Nacional volvió a tener mayoría de 29 diputados sobre 57, que ya tenía la Asamblea desde 1962, como tiene actualmente, cuando fueron candidatos ganadores a la Presidencia Francisco Orlich Bolmarcich, en 1962, y José Joaquín Trejos Fernández, en 1966, gobierno opositor a Liberación Nacional.

En la elección de 1970, de nuevo con Liberación Nacional, con José Figueres en la presidencia, obtuvo 32 diputados y, en la elección de 1982, con Luis Alberto Monge Álvarez, en la presidencia, Liberación Nacional logró elegir 33 diputados, que ha sido la cifra más alta de diputados en manos de un solo partido político gobernante.

En las elecciones de 1986, con Oscar Arias presidente, y en la elección de 1990, con Rafael Ángel Calderón Fournier, ya constituido el partido Unidad Social Cristiana, ambos obtuvieron la mayoría parlamentaria de 29 diputados.

Desde esta perspectiva, el partido Liberación Nacional, de nueve veces que ha gobernado, ha tenido la mayoría parlamentaria en cinco ocasiones, siendo partido gobernante y una siendo partido opositor, mientras el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión obtuvo la mayoría parlamentaria siendo partido gobernante.

El Partido Pueblo Soberano tiene una mayoría de 31 diputados de 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Tener mayoría parlamentaria, más de 29 diputados, mitad más uno del total de diputados, no es suficiente para tener el Poder del Parlamento para todo… lo más importante. Tener esa mayoría de 29 diputados da poder de bastantes e importantes decisiones, pero exige siempre capacidad de negociar y de llegar a acuerdos con los restantes diputados.

En las últimas ocho elecciones ningún partido obtuvo esa mayoría de 29 diputados. Algunos partidos lograron entre 17 y 28 diputados, constituyéndose en fracciones legislativas grandes, pero obligadas siempre a negociar y pactar para poder avanzar en los proyectos de ley, aun cuando eran partidos de gobierno como de oposición.

Los gobiernos más difíciles, desde el ámbito legislativo, los tuvo el Partido Acción Ciudadana, que en el gobierno del 2014 sacó 13 diputados y en el gobierno del 2018 tuvo 10, obligado en ambos casos constantemente a negociar, con un peso muy negativo, en el último para su imagen política, que prácticamente lo hizo desaparecer por cuatro años del escenario político.

Así, el gobierno de la presidenta Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, con su triunfo, expresado en un 31% de los votantes, y con una mayoría de 31 diputados, inicia, después de 35 años, desde 1990, una nueva época política nacional, que se caracteriza porque un solo partido asume plenamente el control del Poder Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria.

Lo hizo agitando cierto aire de renovación política, exaltando incluso una Tercera República, que posiblemente no entiende lo que significa ni cómo se justifica.

Figueres declaró la Segunda República desde el Poder total. Concentrando en él, y su grupo gobernante, la doble Facultad Ejecutiva y Legislativa, y nombrando ellos mismos la integración total de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual tenían el control de los tres Poderes del Estado, el sueño anhelado de Rodrigo Chaves, que es el mismo de Laura Fernández.

Figueres tenía su discurso político y su filosofía política frente a la “Primera República” que vivió, especialmente, en la década de 1940-1948, en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y de Teodoro Picado Michalski, y en el contexto de la II Guerra Mundial, de la Post guerra y del inicio de la Guerra Fría.

Laura Fernández tiene el reto de continuar el gobierno de Rodrigo Chaves, como tuvo Teodoro Picado con el de Rafael Ángel Calderón Guardia, en el nuevo contexto internacional, la antesala de una III Guerra Mundial, de una nueva Guerra Fría, y de un acendrado anticomunismo por las políticas trumpetistas a las cuales Laura Fernández ya se ha ido adhiriendo y sometiendo.

Si la época del bipartidismo estaba caracterizada por el papel que jugaban dos partidos políticos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en términos generales, alternándose el Poder Ejecutivo y ejerciendo la mayoría parlamentaria, entre ambos, estamos en este momento en una situación similar al arranque que hizo Figueres en 1953, con un solo partido dominando el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que permitió, después, en 1962, 1970, 1982, 1986 se repitiera esa situación.

Rodrigo Chaves no es José Figueres, y Pueblo Soberano como partido es aún un partido no nato, no nacido, apenas extraído del útero electoral de las elecciones del 2026, con muchas dudas sobre su inicial desarrollo. Un partido no nato porque fue extraído de su partido materno, Partido Progreso Social Democrático, que lo hicieron fallecer para las elecciones pasadas.

Ese partido no nato, con sus 31 diputados, tiene formalmente fuerza legislativa. Tiene todo el poder para dirigir desde todos los puestos del Directorio Legislativo, desde todas las presidencias y secretarías, si así quisiera, de las Comisiones Parlamentarias Plenas y de las distintas comisiones parlamentarios, toda la institucionalidad legislativa.

En términos generales tiene todos los votos para aprobar leyes ordinarias, para reformar las leyes existentes, para crear o impulsar nuevas leyes, para impulsar cambios en las políticas económicas o para reforzar las que considere necesarias del gobierno de Rodrigo Chaves, para modificar, si así quisiera, instituciones públicas, en su estructura interna como en sus funciones.

Tiene toda la fuerza para convocar comparecencias de personajes, para bloquear, rechazar o priorizar proyectos de ley presentados por otros diputados, para crear o no comisiones de control político, sobre asuntos que exploten del próximo gobierno que la Asamblea quiera investigar.

En materia del Presupuesto Público Nacional tiene todos los votos para aprobarlo tal cual se lo presenten. Dentro de él pueden recortar fondos públicos a instituciones, como las universidades que son parte de su guerra declarada, pueden reasignar recursos públicos como quieran.

Lo que no pueden hacer 31 diputados es reformas a la Constitución Política, como la de la reelección presidencial, continua o consecutiva, como la de reducir el plazo para la aspiración presidencial de los expresidentes a cuatro años si no se permite la consecutiva, para facilitar, si así fuere, la de Rodrigo Chaves en el 2030, o la de ampliar el plazo presidencial a seis años. Tampoco pueden destituir magistrados ni nombrarlos por sí solos, o levantar inmunidades legales de altos funcionarios si procediere hacerlas.

Desde el punto de vista del trabajo del Plenario Legislativo, que son las sesiones que se realizan con todos los diputados, a partir de las 3 p.m, pueden ejercer el control de la Agenda Legislativa, definir las prioridades de la discusión parlamentaria, elegir las autoridades claves de la Asamblea Legislativa, como son el presidente y el secretario, y constituir las Comisiones Parlamentarias.

Esto haría, básicamente, que el Poder Ejecutivo representado por Laura Fernández sea más fuerte, en cuanto estaría mejor armonizado con la Asamblea Legislativa.

Si a Rodrigo Chaves lo nombran ministro de la Presidencia tendría la facultad de dar órdenes a 31 diputados, más que ir a negociar con los restantes el apoyo a las leyes que al gobierno le interese aprobar.

Es obvio y evidente que Rodrigo Chaves tiene muy poca capacidad de negociación con los diputados. Ya mismo ha estado atacando y burlándose de diputados y diputadas de la próxima Asamblea Legislativa y señalando que deben ir a las comisiones sin ninguna importancia. Eso está oscureciendo el inicio de la presidencia de Laura Fernández, pero ella comparte esa misma cama política de enfrentamiento con el presidente Chaves.

Si hasta ahora el grupo de Rodrigo Chaves culpaba de su incapacidad política para gobernar, a los opositores, el grupo que asciende con Laura Fernández solo tiene su propio espejo para ver a quien culpar de un posible mal gobierno, que nadie quiere que suceda, porque nos puede ir mal a todos.

¿Volveremos con este gobierno, a un monopartidismo político gobernante? ¿Facilitará este gobierno, con estas características de “poder institucional absoluto”, la entronización autoritaria, de características abusivas y dictatoriales?

La sombra del bipartidismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Estamos prácticamente en la entrada de la campaña electoral hacia las elecciones nacionales del primer domingo de febrero del 2026, para elegir presidente de la República y diputados nacionales.

Los partidos políticos que han presentado sus atestados ante el Tribunal Supremo de Elecciones están cumpliendo con los requisitos y trámites que se les ha impuesto para quedar debidamente inscritos y poder participar.

En posibilidad de participar hay una treintena de partidos políticos, gran número que ya es usual en las últimas campañas electorales. Solamente, en la anterior, la del 2022 en la que salió electo Rodrigo Chaves Robles, participaron 25 partidos a escala nacional, con candidatos presidenciales, y 27 a escala provincial pulseando elegir diputados.

De los 25 nacionales solo uno ganó la presidencial, el Partido Progreso Social Democrático que era, en ese momento, un partido nuevo en las elecciones. De los 27 partidos provinciales solo 6 eligieron diputados, en un número muy parecido todos ellos.

De los 25 partidos nacionales 18 llevaban candidatos presidenciales con doble postulación, es decir, eran candidatos a la Presidencia y también a diputado, lo que es permitido desde el 2002. De estos, solo dos partidos lograron elegir sus candidatos presidenciales como diputados, el de Nueva República, que eligió a Fabricio Alvarado y el Partido Liberal Progresista que eligió a Eli Feinzaig.

En el camino hacia las elecciones del próximo año, a diez meses de la votación, los diputados de Nueva República, Fabricio Alvarado y del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig, serán sin ninguna duda nuevamente candidatos presidenciales, ya definidos, aunque no estén por sus partidos oficialmente así reconocidos. Son por ahora los únicos candidatos presidenciales conocidos.

En el caso de Eli Feinzaig ha tenido problemas internos. Uno de sus diputados se le salió de su fracción aduciendo el control que tiene Eli de su partido y de las pocas posibilidades que tenía de aspirar a esa candidatura nacional. También le habían cuestionado su papel de Jefe de Fracción parlamentaria, campo que tuvo que ceder en esta Legislatura. Para mí, sería natural que el primero de mayo próximo asumiera nuevamente la Jefatura de la Fracción, con más razón si vuelve a ser candidato presidencial. Recientemente, se le han salido dos diputadas más, debilitando la imagen de su partido a nivel parlamentario. Fabricio Alvarado aparentemente no tiene problemas en este sentido.

En el caso de Eli su partido prácticamente no existe. No ha tenido Asambleas importantes durante estos tres años, aparentemente no ha desarrollado organización partidaria regional. No tiene local abierto. La situación que ha tenido con sus diputados no la ha tratado a nivel de sus asambleas partidarias, ¿por temor o por debilidad organizativo-partidaria? De estas separaciones lo que pareciera es que actúa la mano no tan invisible del Jaguar de Zapote, ahora enemigo de Eli, que aprovecha lo que pueda para desnaturalizarlo y satanizarlo.

El Frente Amplio con una fracción parlamentaria que es bien reconocida por la calidad de sus diputados, no ha definido nada respecto a su posible candidato hacia las elecciones del próximo año. Quienes lo buscan en la Asamblea Legislativa han provocado que la diputada Sofía Guillén, que tiene buen protagonismo público, ya se desmarcó de esa candidatura presidencial. A Ariel Robles, Rocío Alfaro, Antonio José Ortega y a Jonathan Acuña los mencionan como posibles candidatos. Al interior del Frente Amplio mencionan a Patricia Mora y José María Villalta. En el caso de Villalta ya experimentaron una campaña electoral en que no asumió esa candidatura si no le permitían la doble postulación, terminando en esa campaña como candidato a diputado. Para mí, es muy buen candidato para la doble postulación.

A nivel del partido Unidad Social Cristiana ya limpiaron su cancha por la salida forzada del candidato, que, en ese partido, impulsaba el Jaguar de Zapote, lo que era muy evidente, que enturbió su imagen con actos de corrupción, lo que lo obligó a desistir de su aspiración presidencial. Hay presión parlamentaria para que deje su curul libre, que renuncie por la buena imagen de la Asamblea Legislativa. Está con el terreno limpio Juan Carlos Hidalgo, con un planteamiento sumamente conservador, lo que a mi modo de ver poco le ayudará para llegar a Zapote.

A nivel del partido Liberación Nacional ya están definidos sus precandidatos, en disputa con una convención nacional abierta, entre ellos, Álvaro Ramos, Carolina Delgado, Gilberth Jiménez, Marvin Taylor. Es una convención que presagia escándalos electorales internos que pueden llegar, en apelaciones, hasta el propio Tribunal Supremo de Elecciones, porque se moverán las garras del Jaguar de Zapote para enturbiar a ese partido y a su posible candidato presidencial.

Fuera de la Asamblea Legislativa, siguiendo las huellas del Jaguar, aunque Zapote la cuestione, Natalia Díaz del partido Unidos Podemos, realiza su trabajo silencioso, que le dio éxitos en las elecciones municipales pasadas.

Los “jaguares”, Luis Amador pareciera coquetear con el partido que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia, con el partido Progreso Social Democrático.

La más distinguida de las jaguares, la exministra Laura Fernández, yace por ahora ante el público en un silencio y ocultamiento profundo. Los otros “jaguares” que dejaron el gobierno con Laura Fernández, por ahora son inexistentes para nada, ni para candidatos presidenciales ni a diputados, además de que ninguno de ellos, contando a Laura, tampoco tienen partido político conocido con el cual puedan aspirar a los puestos de elección popular.

En el campo abierto está el candidato presidencial, y también a diputado, del partido Esperanza Nacional, el politólogo y analista político, Claudio Alpízar, la candidatura más fresca que hay en este momento. El que por ahora tiene más claro el panorama y el objetivo de su llegada a la Casa Presidencial.

El presidente Rodrigo Chaves Robles, el Jaguar, el gran animal de Zapote, está en campaña electoral abierta y confrontativa. Su discurso, por ahora no es a favor de un partido en particular. NO puede hacerlo por tener prohibición constitucional. Pero, finamente, habla por todos los “jaguares” que “participarán” en las elecciones y habla en contra de todos los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa, habla contra todos los diputados de la Asamblea Legislativa, excepto los diputados independientes que lidera la Jaguara parlamentaria Pilar Cisneros, experta como ella se ha definido en enseñar a mentir. También ataca a cualquier político, dirigente político, comentarista o analista político que visualice como un peligro para él, para su gobierno o para sus “jaguares”. En realidad ataca todo el sistema político y democrático, falseándole sus instituciones y haciéndole perder su confianza ante la gente y el pueblo.

En todo este molote político sigue pesando la sombra del llamado bipartidismo nacional. Este concepto, equivocadamente se sigue usando como fuerza política, que ya no lo es.

El bipartidismo político respondió a la época en que dos partidos políticos, y solo ellos dos, se alternaban en el Poder Ejecutivo. Era la época en que Liberación Nacional y el principal partido opositor a Liberación Nacional, que para los efectos de este artículo llamaré Unidad Social Cristiana, se alternaban gobernando.

Desde 1953, cuando apareció Liberación Nacional en las elecciones, hasta hoy, ha habido 18 gobiernos. De estos, nueve han sido de Liberación Nacional, seis del PUSC, incluyendo aquí los gobiernos de Mario Echandi, José Joaquín Trejos Fernández y Rodrigo Carazo, dos del partido Acción Ciudadana, y el actual gobierno teóricamente del partido Progreso Social Democrático.

De esta forma, de los 18 gobiernos 15 han estado en manos de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Esta es la época dorada del bipartidismo político gubernativo, de dominio de gobierno, del Poder Ejecutivo, por esos dos partidos.

Con el ascenso al Gobierno del partido Acción Ciudadana en el 2014, reelecto en el 2018, se inició un Tripartidismo político en la esfera del Poder Ejecutivo y con la llegada del partido Progreso Social Democrático, en el 2022, tenemos un Tetrapartidismo en el Poder Ejecutivo. Es decir, cuatro partidos han ejercido el Poder Ejecutivo nacional.

Si a ello sumamos que el Partido Unidad Social Cristiana desde el 2006, en las últimas cinco elecciones, ha estado fuera del gobierno y fuera de las finales electorales, esa imagen del “bipartidismo” que se le achaca es muy débil. Por su parte, Liberación Nacional tiene tres elecciones seguidas, desde el 2014, que ha estado fuera del Poder Ejecutivo, aunque haya arañado esa posibilidad en el 2014 y en el 2022.

El concepto de “bipartidismo” nacional también se desarrolló en atención al control bipartidista de esos dos partidos históricos, Liberación y la Unidad Social Cristiana, que dominaban mayoritariamente la Asamblea Legislativa, lo que les permitía tomar acuerdos e imponer políticas y legislación nacional.

Hay que señalar, sin embargo, que en la Asamblea Legislativa prácticamente siempre ha habido varios partidos representados, aunque esos dos hayan tenido la mayoría de los diputados. Por su integración la Asamblea Legislativa ha sido polipartidista, multipartidista. Por el dominio de la mayoría parlamentaria hasta 1998 fue bipartidista. Desde esta época hasta hoy se ha debilitado esa toma de decisiones parlamentarias a manos de dos partidos. Se ha impuesto la negociación política. El viejo “bipartidismo” parlamentario, de la imposición mayoritaria de dos partidos, ha desaparecido.

Por eso no es válido, ni oportuno, ni correcto usar el concepto de “Bipartidismo”, como se sigue empleando.

En el caso del presidente Chaves su uso corresponde al ataque que mantiene contra esos dos partidos y por la vieja imagen “degradada” y “desprestigiada” con la que se les ha asociado a esos dos partidos. Aun así, no deja de tener razón el jaguar de Zapote de atacar al “bipartidismo” porque siguen representando esos dos partidos las organizaciones políticas más importantes de tipo nacional y parlamentario, especialmente el partido Liberación Nacional, que se ha mantenido como la fracción más numerosa de diputados en los últimos cinco gobiernos, y como partido aparenta todavía ser la mejor y mayor organización partidaria, seguida por la Unidad Social Cristiana, a pesar de sus debilidades electorales después del 2006.

Más preocupante que la sombra de bipartidismo que esos partidos todavía tienen, es la sombra que proyecta el presidente Chaves, propiciando sus “jaguares”, impulsando las divisiones internas en todos los partidos donde se ven sus garras, motivando a no votar por ninguno de los partidos políticos que le son adversos, y llamando a desplazar a todos los diputados actuales, que van a ser sustituidos natural y legalmente por las elecciones de febrero próximo, de manera que sus “jaguares” logren por lo menos 40 diputados, como lo ha venido sosteniendo, para poder desarmar todo el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho existente.

La sombra más peligrosa y tenebrosa que hay en la inmediatez política es el “chavismo”, que hay que derrotar electoralmente, que aunque no tiene partido propio a su nombre, trabaja fuertemente aprovechando las debilidades y pugnas internas de los demás partidos.

NO importa para el chavismo que todavía no existan candidatos “jaguares” oficiales, porque el candidato es el Jaguar de Zapote, en su actuación cotidiana y en el desplazamiento por todo el país, y con las redes de comunicación que mantiene activas. Además, porque ese candidato, de pronto puede ser el candidato real a diputado, a partir de agosto próximo, convirtiéndose en el principal contrincante político nacional y haciendo de la elección nacional de diputados el escenario más importante que hay que atender con buenos candidatos de alto valor moral, y de altos kilates políticos, lo que no se está viendo todavía en los partidos políticos interesados en las próximas elecciones.

Compartido con SURCOS por el autor.

Una alianza para transformar

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

Los partidos políticos y los gobiernos de extrema derecha o de ultraderecha, aparecen como anti-sistema, sea enemigos del viejo modelo de gobierno basado en el bipartidismo, la corrupción y los privilegios. Las banderas que levantaron por décadas la izquierda y el movimiento progresista fueron arrebatadas por la extrema derecha, que se rebeló contra un sistema político necrosado, con gangrena.

Esta “rebelión” de la extrema derecha contra ese sistema anquilosado es lo que le genera influencia y apoyo en amplios sectores populares, incluso de los trabajadores y de las trabajadoras. El pueblo ya estaba cansado de tanta promesa que no cambiaba nada.

En Costa Rica ese hartazgo se empezó a manifestar en el gobierno de Laura Chinchilla y fue el partido Acción Ciudadana, PAC, quien logró aprovecharlo; era claro, entre Johnny Araya y Luis G. Solís, que la decisión fue contra el statu quo político corrupto.

El PAC capitalizó todo el malestar popular contra el sistema político desde una perspectiva progresista. En otras palabras, el PAC fue la expresión progresista contra el sistema bipartidista, corrupto y anti-democrático.

El gobierno de Solís rápidamente se distanció de sus postulados anti-sistema para caer en las redes de la politiquería, torpedeado incluso desde sus propias filas por Ottón Solís.

El segundo gobierno fue producto aún de la lucha entre el modelo político corrupto bipartidista (PLN-PUSC) y una nueva forma de hacer política. Ante el peligro de que la ultraderecha neopentecostal tomara el gobierno, las fuerzas progresistas y otras, inclinaron la balanza. Pero ya se percibía en el horizonte a la ultra-derecha queriendo capitalizar todo ese descontento, pero lo reducimos solo a un asunto de derechos sexuales.

La entrega y traición del PAC de Alvarado, entregando el gobierno a la ultraderecha del PUSC, terminó de alejar a los sectores populares de cualquier alternativa progresista. El PAC pagó su traición con la muerte.

Sin embargo, los sectores populares no querían volver al viejo sistema corrupto del bipartidismo y menos después de la enorme decepción del supuesto progresismo proclamado por el PAC. Era preferible un desconocido que Figueres, sin lugar a dudas.

Rodrigo Chaves es la manifestación de la ultraderecha contra el bipartidismo corrupto y ahora contra el progresismo que incumplió con su traición.

Sus improperios contra diputados, jueces, magistrados, universitarios y todo aquel que ose oponérsele, es bien recibido por esa masa que considera que cualquiera que esté mejor es su enemigo y debe ser condenado. Es la gente contra un sistema de justicia que no solo es lento, sino que ha favorecido a los ricos, un poder legislativo improductivo, un sistema tributario inequitativo, pensiones de lujo, etc., que ha calado hondo en las gentes. Aunque, Chaves y su gobierno no han resuelto los problemas más sensibles de la gente, lo apoyan por su actitud contra esos privilegios y corruptelas.

Me refiero rápidamente a estos elementos porque son el contexto en que se encuadra una política de alianzas.

Los retos, peligros y amenazas a los cuales se enfrenta el país son reales e inmediatos y hay que hacerles frente. Por eso ante ello es conveniente una política de alianzas y unidad de puertas abiertas, para aglutinar a todos los ciudadanos dispuestos a detener el deterioro democrático y defender las libertades conquistadas.

Pero la unidad no es para volver al pasado.

La Alianza no puede ser para defender el viejo “orden” del bipartidismo corrupto.

Se trata de una alianza para avanzar, para recuperar el sistema democrático, pero para mejorarlo y ampliarlo, para iniciar una trasformación progresista, sea en bien del pueblo, ante el sistema corrupto del bipartidismo.

Una Alianza para acabar con los peligros del grupo ultraderechista de Chaves y su séquito, pero también para superar el viejo sistema político del bipartidismo-corrupción.