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Etiqueta: Bloque Verde

La Sala Cuarta “jala las orejas” al Minae por abandono del Refugio Silvestre Playa Hermosa

Bloque Verde. El pasado 7 de diciembre la resolución Nº 2023031754 de la Sala Constitucional ordena al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) “atender los descuidos en infraestructura y recurso humano en el Refugio Nacional de Vida Silvestre -Punta Mala”. 

En el recurso de amparo se acusa al Estado por la situación del refugio pues cuenta con pésimas condiciones de infraestructura, falta de personal y la carencia de material para protegerlo. Según el accionante “las autoridades recurridas no sólo han incumplido su deber de realizar acciones urgentes para solucionar la grave crisis que enfrenta la reserva, sino que han omitido dotar a los guardaparques que laboran en estas áreas protegidas de los implementos y el equipo mínimo necesarios para enfrentar a los invasores” (…). 

El amparo fue declarado “parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Se ordena a Franz Tattenbach Capra y a Rafael Gutiérrez Rojas, por su orden ministro de Ambiente y Energía y director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, para que en el plazo de DOCE MESES, dispongan lo necesario para que el refugio nacional cuente con la infraestructura necesaria, así como, el suministro de materiales y recurso humano, para el control y protección de la zona protegida, a fin de garantizar la vigilancia efectiva y permanente, de manera tal, que se puedan prevenir y atender daños ambientales; para lo cual deberá asegurarse la existencia de los recursos necesarios para su cumplimiento”. 

La Sala Constitucional asegura que “por lo tanto, la atención del Refugio Nacional requiere de la priorización de actividades para atender las situaciones más impactantes sobre la vida silvestre que habita el área que comprende dicho refugio natural, debido a la falta de recurso humano e insumos.” 

Esta importante área protegida en el cantón de Garabito y Parrita fue creada en 1998 y ampliado en 2002, es fundamental en la conservación y protección de la playa de anidación para la tortuga lora (Lepidochelys olivacea). Según el plan de Manejo de SINAC el área tiene una extensión total de 2.742 ha de las cuales un 82% son marinas (2.247 ha) y 18% (495 ha) son playas, humedales y bosque.  (SINAC, 2013).  

La comunidad ha denunciado que el megadesarollo “destruye humedal en Playa Hermosa” y han colgado en redes sociales videos de vagonetas depositando miles de toneladas de material para rellenar un humedal en una zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa (Bloqueverde, 21-12-23). 

Una petición en línea de los vecinos solicita “a las autoridades competentes que detengan inmediatamente cualquier construcción en esta área protegida. Nuestra comunidad depende del bienestar de estos ecosistemas para su supervivencia económica y cultural. No podemos permitir que se sacrifique nuestra herencia natural por intereses comerciales a corto plazo” (ver petición en https://www.change.org/p/exigir-el-cese-de-construcciones-que-destruyen-nuestra-reserva-natural).

En la solicitud asegura que “duele ver cómo nuestro precioso humedal está siendo amenazado por el proyecto MISTICO 2. Este proyecto se desarrolla sobre un humedal dentro de una reserva natural, poniendo en peligro la biodiversidad y la belleza natural que tanto valoramos”.

Según una publicación de promoción del proyecto “El Místico” “es una miniciudad de playa ubicada dentro de un terreno de 110 hectáreas.” Está “edificará una comunidad privada de tres etapas dirigida a costarricenses de clase media-alta y alta”. El mega desarrollo contará con “varios clubes, entre ellos uno ecuestre, 12 km de ciclovías, hotel boutique y cuatro hectáreas de parque”. Y finalmente lo que parece más paradójico es “que su atractivo principal será una serie de lagos ubicados a lo largo de 130.000 m2” (El Financiero, 22-9-13).

Imagen aportada por Bloque Verde tomada de El Financiero, 22-9-13.

Megadesarrollo destruye humedal en una de las mejores playas del mundo para el Surf

Surfistas y vecinos de Playa Hermosa de Garabito protestarán este 24 de diciembre

Bloque Verde. Mientras la mayoría de las personas se alistan para las fiestas navideñas y las vacaciones de fin de año las vecinas y vecinos de Playa Hermosa alistan una singular protesta en sus tablas de surf con remos, en la playa y en familia van a denunciar lo que está pasando a vista y paciencia de las autoridades que no hacen nada ante un posible delito ambiental.

Las contradicciones de Costa Rica y su maquillaje verde no dan más, hace un par de días el gobierno anunciaba 8 acuerdos firmados en la Convención del Clima (COP28), entre estos acuerdos estaba uno que aseguraba “detener la alteración de manglares” pero vecinos de Playa Hermosa denuncian como circulan vagonetas todo el día con material de relleno para desecar un humedal matando el hábitat de aves, reptiles y mamíferos que viven en esta zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa – Punta Mala.

Esta importante área protegida en el cantón de Garabito y Parrita fue creada en 1998 y ampliado en 2002, es fundamental en la conservación y protección de la playa de anidación para la tortuga lora (Lepidochelys olivacea). Según el plan de Manejo de SINAC el área tiene una extensión total de 2.742 ha de las cuales un 82% son marinas (2.247 ha) y 18% (495 ha) son playas, humedales y bosque. Años atrás se ha reportado la anidación de otras tres especies de tortugas marinas como Verde, Carey, Baula. También se ha reportado la presencia de 270 especies de plantas y de fauna se han documentado 389 especies entre mamíferos, moluscos, crustáceos, peces, anfibios y cientos de aves (SINAC, 2013).

Esta belleza la complementan las olas de Playa Hermosa que según difundió el Instituto Costarricense de Turismo fue galardonada como undécima “Reserva Mundial de Surf” por la organización estadounidense sin fines de lucro “Save the Waves Coalition” en 2021. El objetivo de este premio es preservar y potenciar los atributos ambientales, culturales, económicos y comunitarios característicos de la zona. La organización solo premia a las zonas que tienen una combinación de olas excepcionales, historia y ecosistemas naturales (ICT, 2020).

Según datos proporcionados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indican que el 17% de los turistas que visitaron el país por vía aérea del 2017 al 2019, vinieron a Costa Rica con la intención de practicar el surf y el 72% efectuó actividades en la playa, es decir que destruyendo esta playa se perjudica la imagen y por ende la economía nacional.

¿Qué está pasando?

Como es la práctica en muchos sitios costeros, los megadesarrollos están rellenando el humedal con el objetivo de secarlo para levantar edificaciones y parqueos. Todas estas construcciones traerán luces que “posiblemente van a marcar el final del desove de tortugas en la playa”.

Las fotos evidencian que ya hay muchísimo daño realizado y que posiblemente será irreversible. Mientras vecinos se preguntan por los permisos y la fiscalización del Sinac/Minae pues se sabe que por ley artículo 98 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre “será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, quien, sin previa autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, drene, seque, rellene o elimine lagos, lagunas no artificiales y los demás humedales, declarados o no como tales”.

Más información en: https://www.instagram.com/salvemoshermosa/  fotos y videos salvemoshermosa: https://drive.google.com/drive/folders/1FTniKH9Qpf4Jg6SmRgn5yD_ZUDBZ3zHu?usp=sharing

Firmado decreto que prohíbe uso de clorotalonil

· Costa Rica se une a otros 30 países que han prohibido este agro-veneno

· Decreto establece 6 meses para que se agoten las existencias del producto

El decreto N° 44280-S-MAG-MINAE fue firmado por el presidente de la República, fue emitido conjuntamente por Ministerio de Salud, MAG y MINAE y publicado este 30 de noviembre en La Gaceta.

El decreto asegura que “el Clorotalonil es un fungicida no sistémico que se utiliza principalmente en una amplia gama de cultivos, incluyendo hortalizas y frutas, es altamente persistente en el medio ambiente, lo que genera impactos negativos. En el suelo, su degradación depende de factores como la temperatura, el pH y la presencia de microorganismos, esto determina su capacidad para generar otras moléculas, conocidas como metabolitos, de importancia para la salud.

Asegura que es una molécula que “puede ser altamente tóxica para peces e invertebrados acuáticos cuando se aplica durante periodos de lluvia”. Además, que “crea preocupaciones significativas para la salud de los individuos ya que se encuentra categorizado en el grupo 2B como probable carcinógeno humano según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) y también presenta preocupaciones para la salud por su posibilidad de ser un perturbador endocrino y generar efectos en el desarrollo embrionario”.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) elaboró un informe dirigido a la Comisión Europea para prohibir el uso del Clorotalonil en todas sus formas, concluyó que había problemas críticos en cuanto a la contaminación ele las aguas subterráneas por los metabolitos del clorotalonil, se concluyó que, en todos los escenarios pertinentes para los usos propuestos, se prevé que los metabolitos estarán por encima del valor paramétrico de O, 1 µg/1.

Según dice el decreto 2020 la Unión Europea procedió con la prohibición del uso del Clorotalonil ya que puede presentar riesgos para la salud humana además ha identificado una serie de preocupaciones que incluyen la toxicidad de sus metabolitos y que la exposición crónica puede ser motivo de preocupación, especialmente para los grupos de población más vulnerables.

Álvaro Sagot abogado ambientalista que fue el abogado que ayudó a la comunidad aseguro “Me parece una gran victoria del sector ecologista que logró, a punta de gestiones administrativas y judiciales, demostrarles a los empresarios y al Poder Ejecutivo que hay que pensar en las generaciones futuras y la protección de bienes que son altamente frágiles y finitos.”

El decreto establece concretamente en su artículo 1 Se prohíbe el registro, la importación, la exportación, la fabricación, la formulación, el almacenamiento, la distribución, el transporte, el reempaque, y reenvase, la manipulación, la venta, la mezcla y el uso de materia prima o productos formulados que contengan el ingrediente activo CLOROTALONIL.

Mientas el artículo 4. establece “que Los Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería y de Ambiente y Energía en el marco de sus competencias, velarán por el cumplimiento de las disposiciones aquí establecidas”. Y el artículo 5 establece que en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo “se dará lugar a la aplicación de las medidas sanitarias especiales que señala la Ley General de Salud, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Protección Fitosanitaria, sin perjuicio del resto de sanciones establecidas en la legislación nacional”.

El único transitorio establece que “las personas físicas o jurídicas que importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan, transporten, reempaquen, reenvasen, manipulen, vendan, mezclen y usen plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo CLOROTALONIL, tendrán un plazo impostergable de seis meses en todo el territorio nacional contado a partir de la publicación de este Decreto Ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta para agotar sus existencias en el mercado nacional.

Vencido este plazo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Salud procederán a la cancelación de todos los registros que contengan este ingrediente activo.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Ante fraude en “estudio” sobre pesca de arrastre piden de nuevo la cabeza de INCOPESCA

Bloque Verde

Recientemente, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach admitió públicamente que las embarcaciones encargadas de llevar a cabo el cuestionado “estudio” de pesca de arrastre estaban utilizando métodos fraudulentos, comprometiendo totalmente la integridad de los resultados. Esta revelación implica la invalidez y la desconfianza a los supuestos estudios realizados bajo la supervisión de Heiner Méndez presidente de INCOPESCA. Además, que evidencia un mal uso de los fondos públicos de parte de esa y otras instituciones que realizan esta parodia de estudio.

Es aún más preocupante que, a pesar de la evidencia presentada y de la orden emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para suspender el estudio sobre pesca de camarón utilizando la técnica de ‘arrastre’, el presidente de INCOPESCA, Heiner Méndez, continúe defendiendo los estudios cuestionados. Esta postura socava totalmente la confianza en la transparencia y la integridad del proceso, y plantea de nuevo interrogantes sobre la idoneidad de Heiner Méndez para continuar desempeñando su cargo.

Las prácticas engañosas que han salido a la luz durante el estudio de la Pesca de Arrastre plantean interrogantes no solo sobre la credibilidad de los resultados, sino también sobre los posibles intereses que respaldan esta persistente insistencia en aprobar una pesca que, de manera evidente, no es ecológicamente sostenible para los fondos marinos. La defensa inflexible de estas prácticas contradice de manera directa los principios fundamentales de preservación ambiental, generando una seria preocupación sobre la integridad del proceso y la ética detrás de dicha postura.

Además, se abren interrogantes sobre la voracidad y la falta de integridad del sector de arrastre: ¿Si así se comportan con observadores de las instituciones, en medio de un supuesto estudio, ¿cómo se comportará sin esa fiscalización y en su operación normal? ¿Para qué gastar fondos públicos en un sector que tiene estas prácticas y que finalmente sí hay reglamentos y leyes fuertes va a hacer fraude en su operación?

En mayo pasado Bloqueverde, Centro Comunitario de Embajadores Embajadoras del Mar y más de 1.000 (mil) personas solicitamos la separación de Heiner Méndez pues como ahora demuestra que no tiene la capacidad, ni la autoridad moral de sanear y fortalecer al INCOPESCA como institución técnica y científica, por lo que pedimos reiteradamente que en el cargo de presidente ejecutivo sea nombrada otra persona con mejor idoneidad.

Hay que recordar que Méndez fue responsable de impulsar la funesta lista de más de 200 especies de explotación comercial que generaron una amplia polémica y generó una amplia movilización de las organizaciones ambientales.

¿Por qué pidieron la cabeza de INCOPESCA en mayo pasado?

Las organizaciones afirmaron que “ha comprobado ser incapaz para ejecutar su puesto, a pesar de su trayectoria de más de 20 años como Abogado en la Institución”.

Les preocupa que a la fecha el INCOPESCA no haya podido tomar las decisiones valientes y necesarias para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías, tanto en el ámbito social, como en el económico y, sin duda alguna, el ambiental.  

Continúan exponiendo que “Hemos visto atónitos cómo el señor Méndez Barrientos ha, irresponsablemente, desatendido las prioridades y los compromisos que tanto esfuerzo le han costado a una Institución históricamente desatendida y deficiente. Lastimosamente, su tiempo como Jerarca lo ha dedicado a mirar hacia atrás. Ha enfocado sus energías en “rescatar” proyectos que ya han comprobado ser nocivos para la salud, el ambiente y la economía; y, además, ha reintroducido actitudes y prácticas corruptas y perjudiciales para el sano funcionamiento de la Autoridad Pesquera. Sin duda alguna, el accionar del Licenciado Méndez es cuestionable por ser contrario a la ética y al marco legal que rige la Administración Pública”.

Para el sector ambiental “parece que su único interés demostrado ha sido beneficiar a un sector específico mediante, entre otros, la rehabilitación de las licencias de investigación y los estudios de pesca de camarón utilizando la técnica del arrastre. Lo anterior, a pesar de que las embarcaciones a las que se le fueron asignadas las licencias no se encuentran en condiciones para funcionar y que este no es una de las especies elegidas para la transformación de las pesquerías que plantea el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura”.

Imagen ilustrativa.

Ante declaraciones ecofascitas de Román Macaya defendiendo el clorotalonil

Nota enviada a SURCOS por Henry Picado

El político del Partido Acción Ciudadana, Román Macaya, defendió el uso del fungicida clorotalonil el pasado 16 de octubre en el marco de la celebración del día mundial de la alimentación de la Corporación Hortícola Nacional. El político aseguró que la contaminación del agua en Cartago: “Podría ser 1.500 veces más concentrado y ser agua potable.” (ver declaraciones min 59).

Bloqueverde le responde que “qué tan poco elegante para un vendedor de agrotóxicos de tan distinguida alcurnia como el señor Macaya mostrarse tan desesperado por vender sus venenos. Sus angurrientas declaraciones de que podemos consumir con tranquilidad agua con hasta 1500 veces más del agroquímico que usted vende rayan en la obscenidad de un discurso tan tóxico como el mencionado y cancerígeno clorotalonil. Le recordamos que el agua pura y potable es eso y no tiene por qué estar trayendo los contaminantes de su empresa ni la de ninguna otra empresa. Eso no se lo deseamos a nadie, incluidos ustedes los señores de la venta de agro venenos”.

El ex precandidato del PAC a la presidencia fue embajador de Costa Rica ante Estados Unidos y presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y es además empresario dedicado a la venta de agro venenos genéricos. El político aseguró que en Europa no se toman decisiones científicas, sino ideológicas, “al igual que muchos ambientalistas en Costa Rica”, y que por el contrario en Estados Unidos permitirían 1.500 veces más presencia de agroquímicos en el agua y se consideraría potable.

“Le recordamos a Macaya que las leyes no las hacemos nosotras y nosotros los ecologistas las hacen los políticos que cobran por esto, nuestra lucha es porque se apliquen y se cumplan las leyes como logramos que lo ordenara la Sala Cuarta con el caso del Clorotalonil en base a un Informe Técnico emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado”.

“Ante su discurso que es 1500 veces más tóxico que ningún otro que hallamos escuchado le recordamos: ARTICULO 273. De la Ley general de salud donde textualmente indica: Se prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades. (Ley General de Salud N° 5395)” (el resaltado no es del original)

“No se vale desprestigiar a las instituciones públicas cuando no se está sirviendo y viviendo del poder, cuando no le conviene a sus negocios”, le responde Bloqueverde.

Nosotros y nosotras no somos lo radicales que debiéramos porque tenemos que trabajar honradamente para vivir y luchamos en nuestro tiempo libre por amor al planeta y la vida. Nos falta tiempo y recursos, ninguna persona trabaja por nosotras y nosotros. No vendemos o comerciamos con la salud o la vida de las personas.

Una reciente investigación del Semanario Universidad arrojó que los datos del Área de Salud de Oreamuno, Pacayas y Tierra Blanca, muestran que, en la Zona Norte de Cartago, donde se hace un alto uso de plaguicidas, hay un aumento en la incidencia de cáncer, enfermedades cardiovasculares y tumores malignos ( Semanario Universidad, 31-5-23).

Sobre los nuevos reglamentos coincidimos con Macaya que el MAG nunca antes estuvo tan tomado por los intereses de las transnacionales del veneno – ni siquiera en la nefasta administración de Felipe Arauz del PAC – aseguraron: “es cierto que el ministro está pintado en la pared y son las transnacionales las que harán su agosto, pero no se trata de liberalizar el registro de agroquímicos por igual para que genéricos y transnacionales envenenen el planeta, se trata de que cumplan las leyes pues ya no tienen ni ética ni vergüenza para aumentar sus ventas a costa de la salud de las personas y los ecosistemas”.

Es claro que las administraciones del PAC beneficiaron a los vendedores genéricos de veneno como Macaya y el hermano del presidente Guillermo Solís y ahora se les volteo la tortilla. Esto fue señalado por medios de comunicación como: “La empresa del hermano del expresidente Luis Guillermo Solís es la compañía que más plaguicidas busca registrar amparado en uno de los polémicos decretos que promulgó la Administración anterior”(CRhoy, 1 marzo, 2019). También los medios aseguraron que “Nueva norma sobre importación y exportación afecta sólo a tres empresas, en una de ellas trabaja hermano del Presidente”(Semanario Universidad, 20-2-2017).

Siguiendo con las declaraciones de Macaya puede oírse que en su arenga eufóricamente ante muchos productores agrícola asegurándoles por el futuro de los productos genéricos que sus cultivos estaban en riesgo, porque con la entrada del nuevo reglamento desaparecerían cientos de moléculas genéricas, favoreciendo los productos de las multinacionales. “El nuevo reglamento es lo peor que le ha sucedido a este sector” aseguró y se mostró oposición con que se soliciten estudios de eficacia e impacto ambiental a las empresas que venden genéricos.

Lo que no dijo, como buen político, fue de dónde vienen estos últimos requisitos. No lo dijo porque es una herencia del PAC que nos metió en OCDE y ahora está instancia recomienda “eliminar las exenciones tributarias para productos agroquímicos; garantizar que todos los pesticidas se someten a una adecuada evaluación de riesgos ambientales” (OCDE, Evaluaciones del desempeño ambiental: Costa Rica 2023 pg 5) Cosa que el clorotalonil que tanto empeño pone su persona en defender precisamente incumple con la señalada normativa de la OCDE

Es decir, está tratando de poner a las personas agricultoras en nuestra contra cuando ahí tienen una sopa de sus logros y política de ingreso a ese organismo (en que ustedes los del PAC nos metieron) y que ahora los sentencia a desaparecer vía impuestos y evaluaciones de riesgo, que también fueron solicitadas desde 2004 por la Contraloría de la República, pero los señores del veneno han logrado muy hábilmente incumplir gracias a su poder político (Semanario Universidad, 22-9-22).

Finalmente, creemos que este tipo de declaraciones como ha sido el desprestigiar profesionales honestos y culpar a las Naciones Unidas, así como también culpar a una diputada de producir información técnica o proyectos de ley, al mismo tiempo que se le dice a los agricultores que se acabaran los venenos genéricos puede generar un clima de intolerancia y violencia del cual lo hacemos responsable a usted Señor Macaya por lo que pueda generar en nuestra integridad, esto pues entendemos la situación tan desesperante que pasan nuestros agricultores y que lleva a las personas hasta acabar con su propia vida por agobio y frustración(Semanario Universidad, 30-10-23). Además, le recordamos la lista de personas asesinada y todos los hechos de violencia que hemos sufrido como movimiento ambiental en los últimos 30 años (Alvarez, Casas y Pomareda, 2020).

Le decimos “que sus declaraciones son eco fascismo puro y duro, que reflexione y que tome agua sin veneno para pensar o hablar y que no ponga las ganancias propias sobre la vida y la salud ambiental de Costa Rica”.

Interponen más acciones legales y presentan objeciones contra el Plan Regulador Costero de Talamanca

Comunidad organizada, ecologistas y habitantes de la zona defienden su hogar y el patrimonio de los costarricenses de quienes quieren robarles sus derechos

  • Movimiento Cahuita Unida cuestiona que el INVU sea “juez y parte” y vecinos del cantón de Cahuita exigen con amparo verdadera participación comunitaria.

  • Recursos y acciones legales contra el PRC se acumulan en la Sala Constitucional, el MINAE, y la Municipalidad de Talamanca.

  • El lunes 28 de agosto venció el plazo para la presentación de objeciones y observaciones por parte de la sociedad civil al PRC.

Cahuita, 30 de agosto del 2023. Movimiento Cahuita Unida, Bloqueverde y COVIRENAS Caribe Sur. Durante el mes anterior, la Municipalidad de Talamanca presentó la propuesta de Plan Regulador Costero (PRC) la cual fue elaborada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). El PRC fue presentado a la comunidad mediante reuniones informativas con las comunidades y a través de información que circuló en la página web de la Municipalidad. El 4 de agosto del año en curso, inmediatamente después de este apurado proceso de socialización, la Municipalidad celebró la Audiencia Pública durante la cual se evidenció una amplia y diversa oposición desde las comunidades locales que critican la falta de participación, el dificil acceso a la informaión, y graves violaciones a las leyes ambientales y a los derechos ancestrales de los pueblos tribales e originarios de la zona, entre otros.

El PRC en discusión plantea la zonificación y el ordenamiento de la franja de doscientos metros de ancho, medidos horizontalmente a partir de la línea de la marea alta ordinaria de todo lo largo del litoral, franja mejor conocida como la zona marítimo terrestre (ZMT). Resulta importante recordar que la ZMT se compone de dos secciones: la zona pública (la primera faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, manglares y esteros); y la zona restringida (la franja de los ciento cincuenta metros restantes y los demás terrenos en caso de islas). La zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso, y nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella ya que estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. En la zona restringida las Municipalidades, en coordinación con el ICT, se encuentran autorizadas para otorgar concesiones para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que la Ley de Zona Marítimo Terrestre número 6043 indique.

Dicha Ley, publicada en su versión original en el año 1977, establece en sus artículos 15, 25, 31, 37, 38, y 51, que la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial para esta zona especial, deberán realizarse mediante un trabajo coordinado y dirigido por la Municipalidad respectiva y fiscalizado y aprobado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Silvia Matamoros, consultora legal en temas marino-costeros explica que:

en virtud de que las comunidades que habitan las costas del Caribe Sur todavía no cuentan con la declaratoria de zona urbano-litoral, lo que corresponde a la hora de elaborar el PRC para el distrito de Cahuita es aplicar lo establecido en la Ley número 6043. Esta Ley y su reglamento son complementadas por las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana y el Manual para la elaboración de Planes Reguladores Costeros aprobado por la Junta Directiva del INVU y el ICT, instrumentos de política pública que deben ser observados y acatados por el Gobierno Local correspondiente a lo largo del proceso.

Preocupados por la injerencia del INVU en el proceso de elaboración de la propuesta del PRC, el Movimiento Cahuita Unida (MCU) cuestionó la constitucionalidad de los artículos 9 inciso 1 y 17 inciso 2; y el transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Estos artículos son los que autorizan a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que puedan elaborar la propuesta del Plan Regulador. El argumento principal para impugnar estas normas es que la autoridad designada por ley para aprobar el plan es la misma que lo elabora. Se cuestiona que al ser “juez y parte” del proceso de elaboración de los Planes Reguladores existe un alto riesgo de que la institución pierda objetividad al aprobar una propuesta elaborada por el mismo ente público.

Adicionalmente, 40 vecinos de la comunidad de Cahuita presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando irregularidades dentro del proceso participativo. Afirman que la información se compartió con poco tiempo considerando lo complejo que fue accesarla y estudiarla debido a lo extensa y técnica que es. Además, según denuncia Andrea Mora del Movimiento Cahuita Unida,

sigue existiendo incertidumbre sobre lo que sucederá con las construcciones existentes; la Municipalidad de Talamanca no brinda respuesta a solicitudes de información y peticiones específicas; y la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial realizó una consulta inadecuada, que incumple normativas ambientales y pone en riesgo los derechos de los habitantes de las costas.

Estos dos nuevos recursos se suman a cuatro otros que han presentado distintos actores comunitarios y sectores opuestos al PRC ante la Sala Constitucional sobre temas como la afectación de humedales (23-014549-0007-CO), los mapas del Territorio Indígena de Kéköldi (23-016184-0007-CO), Solicitud de información y suspensión de audiencia (23-016185-0007-CO), No consulta al territorio indígena Kéköldi – Cocles (23-016445-0007-CO). Estas acciones fueron complementadas con un recurso de nulidad ante la Comisión Plenaria de la SETENA por los errores graves en los IFAs que sustentan la viabilidad ambiental (EAE-0002-2020-SETENA), el cual fue rechazado el día de hoy y por lo tanto se espera que se presente la apelación correspondiente en los próximos días con el fin de agotar la vía administrativa. Por último, pero no menos importante, la Municipalidad de Talamanca se ha visto inundada por recursos de nulidad y de apelación relacionados al fondo de la propuesta del PRC y a irregularidades presenciadas por la comunidad durante la celebración de la Audiencia Pública.

A las acciones legales mencionadas hasta el momento, se suman las objeciones y observaciones que se presentaron a la propuesta de PRC, las cuales se podían presentar hasta este lunes 28 de agosto. Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur se señalan (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019 ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.

¿Gas? Gastada y retrógrada es la propuesta de explotar gas en Costa Rica…

¿Gas? Gastada y retrógrada es la propuesta de explotar gas en Costa Rica, cuando podríamos ser potencia mundial migrando a energía eólica y solar para evitar una crisis climática catastrófica

Bloqueverde- Oilwatch

Para evitar una crisis climática catastrófica, es indispensable reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 45% para 2030, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones del PNUMA, entonces es el gas natural un mejor combustible fósil para reducir emisiones, la respuesta es no, necesariamente. Las más recientes iniciativas de medición científica, ya han dejado claro que las emisiones de metano de las operaciones de petróleo y gas son mucho más elevadas de lo que se estimaba, se calcula que es 84 veces más potente que el dióxido de carbono medido durante un período de 20 años, así que cualquier fuga o emisión de metano es de altísimo potencial contaminante.

Aparte de la necesidad global de reducir el consumo energético de alguna manera, resulta lógico pensar en el potencial que tiene Costa Rica para transicionar a energías eólica y solar sin pasar por explotación de gas, que tardaría no menos de 10 años de inversión para lograrse explotar, es decir que cuando el mundo debería estar llegando a la energía solar o bien otras renovables, Costa Rica estaría apenas iniciando la explotación de gas sin que ese fuese el objetivo final requerido, teniendo todo el potencial para liderar esta transición.

Mark Radka, jefe de la Subdivisión de Energía y Clima del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que la mayoría de los países tienen potencial solar, eólico o ambos, particularmente en lugares donde los recursos de energía renovable (sol y viento) son abundantes, tal es el caso de Costa Rica. Además, subraya que es importante tener en cuenta que estamos en las primeras etapas de una transición energética que es diferente a cualquier otra que el mundo haya intentado en términos de velocidad y complejidad (…) Teniendo esto en cuenta, debemos movernos rápido.”

Pero en Costa Rica, una vez más, algunos se aprestan a desempolvar expedientes que lo único que comprueban es que no hay información concluyente sobre la posibilidad de explotación de gas en Costa Rica, ni de reservas comprobadas de hidrocarburos en nuestro territorio. Según los datos científicos existentes, queda claro que los “números alegres” de supuestos beneficios y yacimientos de gas en Costa Rica, no son más que el resultado de propaganda sin ninguna evidencia científica verificable.

Por otro lado, si existieran nuevos datos, el Estado no tiene la capacidad para verificar o fiscalizarlos ante la inexistencia de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) cerrada hace más de dos décadas, así que el debilitamiento de RECOPE y la ausencia de un equipo de profesionales dentro de la estructura estatal que pueda al menos evaluar una actividad tan compleja como esta se suma a un contexto que requiere herramientas con las que no se cuentan. Ahora bien, según la Ley de Hidrocarburos (Art. 3) la DGH tiene las funciones de fiscalizar las actividades desarrolladas por los contratistas, de analizar la concurrencia de causales de nulidad o de caducidad de los contratos, y de elevar su recomendación al Poder Ejecutivo. Cabe preguntarse: ¿ya se presupuestó lo que implica gestionar esta instancia para cumplir con lo que dicta la ley? ¿cuáles personas profesionales especializadas en hidrocarburos van a conformarla?

Resulta inquietante, por decir menos, que el gobierno replique lo que diga la UCCAEP como su mayor fuente de información, al mejor estilo de la gente que se informa solo por TikTok sin buscar mayor verificación ni profundización de la información. Abogar por la explotación de gas desde el Poder Ejecutivo a través del ministro de Obras Públicas y Transportes, más parece ser parte de una campaña electoral para el próximo candidato presidencial del partido oficialista, que un ejercicio a la altura de las exigencias que implica ser ministro, sin duda el foco en este momento debería estar temas de primera necesidad como una estrategia clara para el mantenimiento de la red vial en los siguientes meses lluviosos, por mencionar un ejemplo.

Lo más reciente y falto de cualquier respaldo o fundamentación, es que el presidente afirme que
la explotación de gas “puede abrir la posibilidad de pagar la deuda externa, mejorar las carreteras o asegure la prosperidad del país llegando a ser como Singapur”, inevitable asociar estas declaraciones con las que hiciera Oscar Arias en la demagoga campaña a favor del TLC, afirmando que quienes iban en bicicleta a trabajar a las fábricas, luego de aprobarse el TLC irían en motocicleta BMW, cosa que no ocurrió claro está, lo que sí sucedió en los últimos 20 años es que llegamos a estar dentro de los 10 países más desiguales de América Latina, y ese indicador continúa creciendo.

Volviendo al tema del gas y siguiendo con ejemplos de demagogia, supeditar soluciones de infraestructura vial o aún más descabellado, pago de deuda externa, a la posibilidad de extraer gas en Costa Rica, es como apostar a no hacer nada durante el periodo que le toca gobernar, porque si acaso fuera posible la explotación de gas, implicaría un proceso de al menos diez años para empezar a ver resultados con una inversión estatal que pagaría toda la población nacional, porque ninguna empresa aceptaría el riesgo total de explorar en Costa Rica, sin ninguna certeza de que se encuentre el gas natural en las cantidades que se proyecten ¿será que la intención también es no hacer nada en concreto más que campaña política?

A lo hechos nos remitimos, en 1997 una empresa de garaje o fantasma, que tan siquiera tiene un sitio web, llamada Mkj Xploration Inc, especuló con la concesión de hidrocarburos para cederla a Harken Energy Corp que como pueden comprobar, lo que primero que pueden aparecer en un búsqueda en internet sobre esta corporación es el escándalo “que involucró acusaciones de uso de información privilegiada por parte de George W. Bush en 1990”. En el 2000 se le otorgó concesión a la otra pequeña compañía Mallon Oil que fue un perfecto fracaso. La historia de esas aventuras fue de demandas en tribunales y que todas las instancias del Estado entre SETENA, MINAE, tribunales y gobiernos de turno fueron unánimes en rechazar la actividad extractiva de gas por sus impactos socioambientales e implicar más costos que beneficios.

La fórmula es clara, desde el Gobierno primero se juega con montos hechos con base en una “valoración potencial” de hace más de tres décadas, que se usaban como publicidad para atraer compañías, que como hemos visto en la historia ninguna empresa seria se los creyó. Son de carácter especulativo parten de un hipotético “valor comercial” no con base en datos certeros de reservas científicamente comprobadas, desde donde el presidente da declaraciones públicas disparatadas afirmando que podemos llegar a parecernos a Singapur, solo por explotar gas, país que goza noveno puesto global en el Índice de Desarrollo Humano (2022) y que lo ha logrado por una fuerte inversión social en vivienda, salud y educación, que fue puesta en práctica desde el inicio del programa de transformación económica en los años 60 y 90, ósea han tardado 60 años en llegar allí, pero sería bueno considerar que hoy se enfrentan a una creciente desigualdad a una falta de empresas locales fuertes que puedan dar un mayor impulso al crecimiento.

Por otro lado, el segundo paso propagandístico fue afirmar que un “país amigo”, no indicó cuál, va a determinar el valor exacto de las reservas de gas natural y que no utilizarán métodos intrusivos. Si llegaran a saber si hay, cuánto hay, faltaría también calcular cuánto va costar extraer, refinar o industrializar, transportar y cuáles serían los impactos socioambientales y quiénes se verían involucrados para analizar estos estudios, considerar cuál es la zona que será destruida y es decir una estimación real y objetiva de la relación costo/beneficio, todo esto partiendo que pueda haber gas en cantidades “rentables” y que en todo este proceso exista una inclusión de la sociedad y sus diversos sectores para valorar esta posibilidad, de manera que el tema sea manejado como “adultos maduros” y no como “chiquillos caprichosos”, como dijo el mismo presidente.

Otro aspecto indispensable para que esta discusión se dé con seriedad, es considerar que para atraer compañías habría que subir la ganancia de las empresas que hoy se llevarían ya una regalía del 85%, esto según Ley de hidrocarburos de Costa Rica, es decir hay que regalar, quizás pagar y lidiar con la contaminación para hacer atractiva la actividad, como si no bastara lo entreguista que es ya la ley de hidrocarburos, pues el contratista venderá al Estado a un precio que, a la fecha de la compra, no podrá ser mayor de los precios existentes en el mercado internacional para los crudos equivalentes (art.36). Esto quiere decir que Costa Rica comprará el barril (gas) a precio de mercado, por tanto, la actividad no generará la prometida riqueza, porque el petróleo resultaría ser de la empresa pagando una regalía – no mayor de 15%- en dinero o especie (petróleo) y el impuesto sobre la renta. En el contrato firmado a favor de MKJ-XPLORATION en 1999 establecía solamente reinvertir “un 5% de sus utilidades netas en el desarrollo de programas sociales y ambientales”. En la industria petrolera, las compañías generalmente no reportan ganancias.

Finalmente, no tenemos ecosistemas como Noruega, somos el trópico, por eso viene turismo extranjero a disfrutar nuestra belleza verde, playas y cultura, reconocidas internacionalmente, nadie hace turismo para ver cómo se extrae petróleo en Noruega.

Todos los días sentimos como el planeta se calienta, ahora un verano es más caliente que el siguiente, los datos sobre cambio climático empeoran cada día más. El país estuvo dando pasos en la dirección de enfriar el planeta: año con año pasábamos sin usar petróleo para producir electricidad o tratar de electrificar y fortalecer el transporte público, pero todas esas propuestas se van a ver debilitadas con esas decisiones.

En vez de compararnos con las cosas buenas de Europa, ponen de ejemplo a Noruega y no a la vecina Groenlandia donde se calcula que hay millones de barriles de petróleo y aun así definió prohibir su explotación a inicios de esta década poniendo fin a “convertirse” en Noruega. También lo hizo su otro país vecino, Dinamarca en 2020 acordando eliminar la explotación de hidrocarburos en el Mar del Norte para 2050 y esto a pesar de que es uno de los mayores productores de petróleo del continente. También en 2017, el Parlamento de Francia aprobó una ley para prohibir la producción de petróleo y gas en todos sus territorios y en España aprobaron en mayo de 2021 una ley climática que pondrá fin a la producción de combustibles fósiles en todo su territorio y ese mismo año, la República de Irlanda introdujo una legislación para prohibir las licencias para nuevas exploraciones de petróleo y gas.

Pero no hay que ir tan lejos, en nuestro vecindario Belice aprobó en 2018 una ley con el objetivo de poner fin a la exploración y extracción de petróleo en todas sus aguas para proteger sus frágiles arrecifes de coral. Este es el mismo coral que destruirían en nuestro Caribe para extraer hidrocarburos, en ambos sitios es su principal atractivo turístico. Pareciera que es más rentable politiquear con la fantasía de explotar el gas y el petróleo que hacerlo y que sea un fracaso total, dado que perdería su función hechizante de promesa propagandística de un prometedor y solvente futuro, que finalmente nunca llegará por esa vía.

Señor Presidente deje de afirmar que son ideologías cuando tenemos datos, deje de llamarnos grupos extremistas de izquierda a quienes estudiamos y tomamos en serio las alertas científicas sobre el cambio climático y la crisis ecológica que vivimos y ante su pregunta ¿vamos a dejar desperdiciados los recursos que Dios nos dio? le sugerimos que respete la creencias religiosas y no utilice la fe y cultura cristiana generalizada en Costa Rica, para desviar la atención sobre el debate técnico y de sobrevivencia del planeta mismo, justamente lo que resulta necesario en este momento es proteger y no desperdiciar, ni tiempo ni recursos.

Plan Regulador Costero del Caribe Sur presenta graves irregularidades que amenazan con desaparecer Patrimonio Natural del Estado

Comunicado de Prensa

En los próximos días, la Municipalidad de Talamanca aprobará un Plan Regulador Costero (PRC), el cual permitirá la sobreexplotación masiva de infraestructura en la costa caribeña, arrasando con humedales, bosque costero y el paisaje existente del Caribe Sur, en una zona tan frágil como lo es la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Caribe Sur, Limón- Costa Rica – Hoy nos encontramos frente a una nueva amenaza contra el ambiente y el derecho de los habitantes de vivir en un lugar sano y ecológicamente equilibrado.

Para el próximo 04 de agosto, la Municipalidad de Talamanca tiene programada la Audiencia Pública con la finalidad de cumplir con el último requisito para la aprobación del PRC. A escasos días de su aprobación, dicha municipalidad elaboró un calendario de “charlas informativas”, las cuales en su mayoría fueron programadas en días de trabajo y en lugares de propiedad privada que obstaculizan la participación ciudadana. Dichas “charlas”, lejos de ser informativas, fueron más bien de carácter impositivo.

Este PRC presenta graves irregularidades, por ejemplo, ignora el gran faltante de agua para las comunidades, así como los largos períodos de sequías. La municipalidad no da abasto con las montañas de basura que se mantienen acumuladas por semanas producto del turismo masivo que visita la zona, así como la gran cantidad de hoteles y cabinas ya existentes, y casas habitacionales. Puentes obsoletos de un solo carril colapsan frecuentemente la circulación vial en la comunidad. Tampoco hay un programa adecuado de manejo de desechos sólidos y el tema de reciclaje brilla por su ausencia.

Por décadas, tanto la Municipalidad como el Área de Conservación Amistad Caribe ACLAC, han otorgado permisos de uso de suelo así como de construcción en Patrimonio Natural del Estado en zonas tan frágiles como lo son los humedales y el bosque costero, provocando un enorme caos territorial y de destrucción al ambiente.

El PRC pretende otorgar más permisos de construcción, sin haber subsanado los errores del pasado, y peor aún, omite un importante documento de demarcación de humedales en el cual hay contemplados cerca de 18 de ellos, y lo sustituye por un documento del 2017 que solo muestra un par de humedales.

Este PRC no cuenta con la actual demarcación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo REGAMA, ya que al día de hoy, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y el Área de Conservación Amistad Caribe SINAC-ACLAC, solamente han presentado un borrador al SINAC, con la propuesta final de la delimitación del REGAMA, mediante Oficio SINAC-ACLAC-DR-138-2023, el cual reza:

Asunto: “remisión de la propuesta final de la delimitación del REGAMA”. Atención de la Resolución de la Sala Constitucional No 2019-012745. Oficio SINAC-SE-DE-177-2023.

Asimismo, este PRC tampoco cuenta con los límites costeros definidos de devolución al Territorio Indígena Kekoldi, ya que el Instituto de Desarrollo Rural INDER, no ha terminado de hacer esta demarcación, y se encuentra en proceso en el “Plan de Recuperación de Territorios Indígenas”.

Otra de las problemáticas que enfrenta este PRC es que no contiene planes de contingencia ante los efectos de la erosión costera, la cual cada día hace más estrecha la costa. La llamada zona pública demarcada es obsoleta e incorrecta en muchos casos y más bien está desapareciendo.

“La Loca de Gandoca” de la escritora nacional Anacristina Rossi se ha repetido por años en el Caribe Sur y hoy está más viva que nunca, próxima a llegar a su capítulo final. Hoy nos enfrentamos nuevamente a un modelo de desarrollo destructivo e irracional que cierra oportunidades a un futuro más equilibrado con el ambiente.

Ante ello, las comunidades se organizan para asegurar una mejor participación de todos los actores clave en este proceso. Adicionalmente, se estarán tomando todas las acciones legales necesarias con el fin de defender los derechos de los costarricenses. Por último, se lanzó una campaña de comunicación y una de recolección de firmas en apoyo a la solicitud presentada el martes 20 de junio del 2023 al Concejo Municipal para solicitar información adicional y que se suspenda la convocatoria a audiencia pública programada, hasta tanto no se subsanen las carencias evidentes y las irregularidades del proceso que se han señalado.

Si usted desea apoyar, puede leer y firmar la solicitud presentada al Concejo Municipal en el siguiente enlace: https://forms.gle/EmkbyKpLmdQ8qt186. Adicionalmente, podrá informarse de otras acciones siguiendo las redes sociales de Covirenas Caribe Sur, Earth Stewards, Covirenas Costa Rica, y el Bloque Verde.

Para consultas o información adicional, puede contactar:
Comunidad Organizada del Caribe Sur plan.regulador.comunitario@gmail.com

Nuevamente campeones mundiales en uso agroquímicos según estadísticas de FAO

Bloque Verde.

Según la base de datos FAOSTAT tenemos un consumo de agro venenos de 23.44 kilogramos por hectárea lo que nos pone en el vergonzoso primer lugar en el mundo de utilización de estos venenos en la agricultura.

El gráfico y cálculo es un promedio de uso de agroquímicos desde el año 2000 al 2020 , es decir 21 años y fue realizado por el Dr. Elidier Vargas, agrónomo ex funcionario – pensionado de DIGECA y consultor del PNUD para el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”.

Estas son las estadísticas anuales que publica FAO y los datos son suministrados por ministerios de agricultura o entidades oficiales por país. La base de datos se llama FAOSTAT y está disponible en la página principal de la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.

Vargas elaboró el gráfico a partir de la información de la base para luego ordenarlo de forma descendente, para ver quién era el “toxi-campeón”, como puede verse en la hoja de trabajo adjunta en Excel.

“El dato que grafiqué es el promedio que yo mismo calculé de ese período (2000 al 2020), ya que poner los datos de todos los países de todos los años da un gráfico sumamente saturado, difícil de leer” aseguró el especialista.

“Como vemos, Costa Rica sigue encabezando la lista de los mayores usuarios de plaguicidas en el mundo, de una serie de 21 años de reportes”, sentencia Vargas y agrega que “Cuando se trata de plaguicidas, el uso por país es muy fluctuante, año con año, como se ha visto en los registros de importaciones y exportaciones que lleva el Servicio Fitosanitario del Estado”.

Esto explica por qué un año puede aparecer de cuarto, por ejemplo en 2018, pero en un promedio de largo plazo se eliminan o reducen las variaciones interanuales.

Según los datos del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) el uso de plaguicidas en el país ronda los 10 kg/ha. Otros estudios por ejemplo el realizado por Elidier para el PNUD en 2022 (https://impactoplaguicidas.cr/documentos) aclara que el uso real de plaguicidas en la agricultura alcanza 34.45 kg/ha. Esta diferencia de cálculos se debe a que el SFE divide el total de agroquímicos reportados entre toda el área sembrada, tanto en agricultura como en pastos. Pero el estudio del PNUD calcula el uso de plaguicidas en las pasturas, descuenta esos plaguicidas del total utilizado en el país y divide el saldo de agroquímicos solo entre las hectáreas de cultivos, ya que en los pastos hay un uso menor de estos insumos, en comparación con los cultivos agrícolas.

Otro cálculo realizado en 2015 por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) arrojó un promedio de 18,2 kilogramos de plaguicidas por cada hectárea de cultivo agrícola. Mientras en 2010 el World Resources Institute, organización vinculada con el Banco Mundial y con sede en Washington, lanzó un informe sobre el lugar de Costa Rica en el consumo de pesticidas, con 51.2 kg por hectárea al año.

Informes con Elidier Vargas, elidier@hotmail.com

 

Imagen ilustrativa.