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Etiqueta: brecha educativa

Múltiples causas dificultan anhelada educación para el trabajo

Desde antes de la pandemia, las luces de alerta por la baja de la calidad en la educación costarricense están encendidas. Investigadores de las universidades públicas analizan la situación desde diferentes programas y constatan que los resultados no mejoran; todo lo contrario: las brechas se profundizan, lo que impide lograr el objetivo de formación por competencias para el mundo laboral de hoy.

Ante esta situación, investigadores y docentes en ejercicio, se refirieron a la puesta en práctica de la Política Educativa vigente y los resultados de la Ruta de la Educación impulsada por el Ministerio de Educación (MEP) en la administración Chaves Robles.

La actual política educativa se denomina La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Este documento está vigente desde 2017 y lo lideró Sonia Marta Mora, en calidad de presidenta del Consejo Superior de Educación y Ministra de Educación del gobierno de Solís Rivera.

Los especialistas coinciden en que la política educativa tiene como fin preparar a los jóvenes para el mundo laboral. “Se inscribe en la lógica de lo global, del neoliberalismo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de la educación por competencias”, aportó Yeiner Ramos, académico de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, pero asegura que son múltiples las causas que impiden concretar los objetivos planteados en el papel.

Fenómeno multicausal

Rolando Barrantes Pereira, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de  Niñez y la Adolescencia (Ineina–UNA) e investigador del Programa Perfiles del Centros de Investigación y Docencias en Educación (Cide-UNA), describió la seriedad de la crisis del sector y enumeró problemas estructurales. La falta de infraestructura, la deficiente conectividad en los centros educativos y la carencia de una estrategia efectiva de capacitación docente aleja a los maestros y profesores de las herramientas para implementar la política  y la ruta propuesta.

Desde su experiencia en la administración de un centro de educación secundaria, Warner Alfaro Román, director del Colegio Experimental Bilingüe de Belén, indicó que “después de la pandemia, no se encuentra un camino bien marcado ni claro hacia dónde se debe transitar; a nivel curricular, de evaluación y de gestión interna del Ministerio, porque se enfatizó en encontrar los puntos negros de la administración anterior y no las fortalezas”.

La falta de programas de formación continua y seguimiento por parte del MEP es otra gran limitante para implementar la política educativa vigente. “Los procesos de capacitación que brinda el MEP, a cargo de asesores regionales o nacionales, no tiene claridad ni estrategia para transmitir el conocimiento a los docentes” criticó Jorge Marchena López, director del Colegio Nocturno Hermann López. Sostiene que es insuficiente que el MEP publique documentos, artículos o folletos cuando “lo que se necesita es llegar a una región, reunirse, informar, organizar un taller, dar seguimiento y acompañamiento”.

Ramos reclama “una inversión sostenida en educación, un incremento en las condiciones de trabajo de los docentes y eliminar la sobrecarga administrativa que sufren las personas educadoras”. El académico considera que estas son otras dificultades que impiden llevar el discurso de la política a la práctica.

Los panelistas, que abordaron estos temas en el programa de televisión UNA Mirada, de la Universidad Nacional, critican la falta de claridad de la Ruta de la Educación y la describen como un presentación de PowerPoint que señala los problemas y una serie de metas generales; sin embargo, “carece de una hoja de ruta con los pasos a seguir para alcanzar las aspiraciones que se promueven en este documento” señaló Giannina Seravalli Monge, académica de la División de Educación para el Trabajo e investigador del Programa Perfiles de Cide-UNA.

Apuntan que hay una incoherencia entre los planeamientos de ambos documentos y la evaluación, pues se enseña por competencias y habilidades, pero se aplica la evaluación tradicional: por contenidos. Además, aseguran que después de la pandemia hay una baja de los estándares de exigencia para evitar el rezago escolar y permitir que los alumnos avancen en su proceso formativo, por lo que arrastran debilidades en comprensión lectora, lógica matemática, redacción y ortografía, entre otros.

Irrespeto al docente

Alfaro confirmó que el facilismo llegó a las aulas y es difícil expulsarlo, pues muchos profesores y maestros prefieren evitarse problemas con los alumnos o los padres de familia. Se expuso que muchos educadores reciben amenazas por parte de familiares de alumnos cuando se les llama la atención o cuando reciben malas calificaciones. “Sí, lo que hemos encontrado en varias ocasiones es que la persona docente se siente como un instrumento. Se le ha restringido su autonomía, su capacidad de ser docente plenamente en un aula,” agregó  Barrantes.

También se criticó la imposición de “plantillas” para que los y las educadoras desarrollen sus contenidos. “Aquí está su planeamiento, de ahí no se salga” anotó Seravalli.  Considera que esta exigencia irrespeta la posición del docente como pedagogo. A este reclamo se une el de María Marta Camacho Álvarez, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica: “El rol del docente está subvalorado, como si él no fuera ya un profesional formado en el área educativa”.

Alfaro Román sostiene que es vital empoderar al docente. “La educación es un proceso humano donde tenemos la obligación de hacer llamados de atención y formar lo mejor posible a ese joven, para que se convierta en un ciudadano de bien y aporte en una sociedad, que hoy en día tiene muchísimos retos”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Democracia digital: Imprescindible pero ausente

Luis Fernando Astorga Gatjens

Muchas de las tantas cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia, es que el país se situaba lejos, muy lejos de estar en lo mínimo preparado para la participación e inclusión social, a partir del acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos debemos de coincidir que en el presente un componente clave para el desarrollo económico y social, es el acceso lo más democráticamente posible a Internet. Pero la pandemia y el limitado desarrollo del Costa Rica en este campo nos muestran un país con significativos desfases, sino abismos, entre regiones, sectores –sociales y poblacionales—y personas.

De esta manera una democracia que de por si es deficitaria en el campo económico, social y político, se hace más agudamente deficitaria en el ámbito digital.

Hoy día, la atención a la salud sería mucho mejor, si más personas tuvieran acceso a una Internet de calidad, a dispositivos adecuados y con suficiente memoria, y si estuvieran mejor capacitadas en el uso de aplicaciones, para desarrollar citas virtuales en todos los servicios médicos, que puedan ser resueltos de esta manera. Pero eso no es así: solo un porcentaje limitado cumple con estas condiciones de inclusión digital efectiva.

Igualmente, el acceso a la educación en esta época aciaga de la pandemia, se ha visto severamente limitado, ya que más de 400 mil hogares carecen de conectividad y demás requerimientos. Esto hace que casi medio millón de estudiantes de primaria y secundaria de la educación pública, no tengan otro horizonte que la educación presencial. Este hecho genera una grave situación relacionada con la calidad formativa ante tal desventaja y que éste sea un contribuyente más en la ampliación de la brecha entre educación pública y privada, en la cual todos los educandos si cuenta con acceso a Internet.

El otro tema es el teletrabajo. Ésta modalidad productiva creció rápidamente en los últimos meses, al compás de las restricciones y de la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo, más allá que no todas las actividades laborales son sujetas a adecuarse a esta alternativa productiva, lo real es que la precondición de acceso a Internet, está lejos de estar democráticamente extendida para la gran mayoría de trabajadores.

Se combinan varias causas y factores para que la democracia digital en Costa Rica, sea mucho más quimera que realidad. Pasemos revista:

Lo primero que tenemos que destacar es la calidad y alcance en el acceso a Internet. La oferta general de servicios de Internet es de limitada calidad y eso se hace más grave, dependiendo de si el servicio es de zona urbana o rural, o remota.

Le segundo es el costo, la asequibilidad del servicio. Para contar con un servicio de buena o excelente calidad, se deben pagar cifras que son imposibles de cubrir para la mayoría de las familias.

Lo tercero está relacionado con los dispositivos, sean teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Igualmente, la mayoría de los hogares y personas no cuentan con recursos, para comprar dispositivos con programas, aplicaciones y suficiente capacidad de almacenaje, que permitan un uso adecuado de Internet.

El cuarto elemento tiene que ver con la alfabetización digital. Es imprescindible que las personas potencialmente usuarias (ya cumplidos los requisitos precedentes), se capaciten de manera práctica, en el uso de Internet, para sacarle el mayor provecho y para que sean participantes de la era digital, que con la pandemia, inevitablemente, se ha tenido que acelerar.

Cabe aquí hacer una mención específica relacionada con las personas con discapacidad y el acceso a Internet y dispositivos, y programas adecuados. Se requerirán ajustes razonables según el tipo de discapacidad, pero antes que nada hará falta que cuenten con esos aparatos y acceso a Internet, y eso no se da en la mayoría de las personas con tal condición.

De esta manera, el grave aislamiento que afectaba a las personas con discapacidad antes de la pandemia, se ha hecho más grave aún en el presente, por no tener acceso a Internet en una época en que para conectarse en casi todas las esferas de la actividad social, es imprescindible contar con este servicio. Así las cosas, todo hace prever que el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, se afianzará para la desdicha de miles de personas con discapacidad esparcidas a lo largo de nuestra geografía. Eso porque el acceso a la salud y la rehabilitación, a la educación y formación técnica, y al empleo y la actividad productiva, en general, se ha hecho sumamente complicado y lejano para este sector poblacional. Lo que debería ser una oportunidad de inclusión social para las personas con discapacidad mediante el teletrabajo, se torna en lo contrario por la falta de acceso a Internet, como una causa fundamental.

El que exista tan enorme brecha entre personas con acceso o falta de acceso a Internet, lo explica en primer término la pobreza y la exclusión social. Esa es la primer causa y barrera estructural a derribar.

Sin embargo, hay otra razón que se suma y que es de carácter coyuntural. Es la incapacidad que ha tenido esta administración de atender este tema mediante una política de Estado, seria y robusta, que habría de impulsar antes de la pandemia y ya una vez con ella instalada como tenaz acompañante, acelerar procesos para avanzar rápidamente con acciones de emergencia.

Y aquí alguien podría decir que lo que planteo no es objetivo ya que a raíz de la pandemia, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, para echar adelante una política de inclusión digital, como la situación exige en forma imperiosa. Pero si los hay. Están en FONATEL. Veamos que se indica al respecto: “Es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y es el instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen de garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642…“.

Entonces, nos debemos preguntar: ¿Por qué el país no ha avanzado como debe ser en este tema, de acuciante prioridad? La respuesta urgente la deben ofrecer las autoridades competentes, que con seguridad, si cuentan con servicios de Internet de alta calidad; no como la inmensa mayoría de los costarricenses que miran desde muy lejos, la democracia digital.

(24 de mayo, 2021)

UNA: MEP debe ser vigilante para evitar exclusión de estudiantes en vulnerabilidad social

Identificar a la población preescolar, escolar y colegial que no regrese a las aulas en el primer mes del curso lectivo 2021 y ejecutar acciones claras para lograr su retorno es fundamental para evitar la exclusión de niñas, niños y adolescentes en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica, afirma Roxana Rodríguez, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (Ineina-UNA).

Para ello, la especialista considera que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe mantener una constante vigilancia, con el apoyo de otras instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las municipalidades, de manera que se trabaje coordinadamente para promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

“Particularmente es preocupante la exclusión de las niñas y las adolescentes en pobreza, quienes son más vulnerables a la sobrecarga de tareas domésticas y a la explotación sexual”, advierte la especialista.

En su criterio, el regreso a las clases presenciales es clave, tomando en cuenta que la modalidad virtual adoptada debido a la pandemia, ha evidenciado de una forma muy clara las brechas sociales y educativas que ya existían en el país, donde miles de personas menores viven en pobreza o en pobreza extrema.

“Si hay exclusión de cualquier tipo, hay un incumplimiento del Estado de velar por el disfrute de los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño”, ya que la exclusión produce por sí misma el no disfrute de muchos derechos, advirtió la especialista de la UNA.

Presencialidad necesaria

La enseñanza a distancia ha visualizado la inequidad de acceso a los bienes sociales, entre ellos la tecnología. Tomando en cuenta las grandes diferencias que hay en el país en materia de tecnología, Rodríguez afirma que la presencialidad en las aulas de escuelas y colegios favorece una reducción en la exclusión educativa, especialmente de estos sectores más vulnerables socialmente.

La especialista llama la atención, además, sobre el hecho de que la familia no siempre cuenta con las herramientas para apoyar el proceso de aprendizaje; los docentes, como profesionales, son más efectivos en esta tarea.

En el caso de las familias de sectores en vulnerabilidad social, la escasez de herramientas es notoria. Una encuesta del programa Estado de la Nación -citada por la académica del Ineina- muestra que la probabilidad de que la familia afirme estar muy preparada para apoyar a los menores en sus tareas escolares es 2,4 veces más alta cuando tienen educación secundaria completa y universitaria, que cuando tiene secundaria incompleta o menos.

Pero hay más argumentos a favor de la presencialidad, sobre todo, porque –subraya Rodríguez- el aprendizaje es un proceso integral, que no incluye solo el contenido curricular sino las interacciones que el estudiantado tiene con sus pares y sus docentes.

En ese sentido, entre las principales ventajas de la asistencia presencial a la escuela destacan las siguientes: la escuela es un ambiente rico y amplio de interacciones con pares que permite a las personas menores formar su identidad personal y social; la inmersión presencial estimula el desarrollo de funciones ejecutivas, es decir, control de comportamientos, atención, memoria, elaboración de metas, planeación, entre otras; los centros educativos son factores de protección contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué significa volver a la escuela?

Desde el punto de vista del desarrollo, la directora del Ineina recalca que la escuela es un espacio vital y socializador. ¿Quién no recuerda alguna anécdota de la escuela, sus mejores amigos, los partidos de futbol, jugar en el recreo, las risas, las historias de docentes que marcaron diferencia? “La escuela marca la vida emocional de los niños, de ahí la importancia de interacciones positivas que les permita aprender no solo contenidos curriculares, sino sobre sí mismos y sobre valores sociales, tales como la tolerancia, el respeto y la colaboración, entre muchos otros”.

¿Y qué dicen los niños y las niñas? El Ineina -adscrito al Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la UNA- elabora una consulta a las personas menores de edad sobre qué significa para ellas volver a la escuela. “Creo que tendremos una mejor respuesta escuchando sus opiniones sobre lo que significa volver a clases”, dice la académica de la UNA.

La evidencia, por su parte, indica que el acceso a una educación de calidad promueve grandes beneficios en la población menor de edad, tanto en el aprendizaje como en su desarrollo emocional y social. A estos beneficios tienen derechos todas las personas menores; la exclusión implica incumplimiento de derechos fundamentales garantizados por normativa nacional e internacional.

Es por eso que la directora del Ineina llama a la reflexión. “Como sociedad no podemos permitir que las personas que viven en las condiciones más vulnerables, especialmente los niños, las niñas y adolescentes, sean más golpeados por la crisis financiera y de salud que enfrentamos. Esta situación nos llama a cuestionarnos y decidir qué clase de sociedad somos: una que sacrifica y olvida a las personas que menos tienen, o una sociedad solidaria que protege a quienes más lo necesitan”.

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