En El Salvador, las grandes empresas se benefician enormemente del uso desmedido de los recursos hídricos, mientras la mayoría de las familias del país enfrentan dificultades extremas para acceder al agua potable. Según el boletín Nº 985, publicado el 18 de octubre de 2024 por Equipo Maíz en El Salvador, la situación del agua es alarmante, con el 79.8% de la población percibiendo una crisis de agua.
Un ejemplo notable es la empresa La Constancia, que solicitó a la alcaldía de San Salvador Oeste el permiso para consumir más de 2,144 metros cúbicos diarios de agua subterránea. Esta cantidad de agua podría abastecer a unas 3,200 familias cada día, lo que revela la inequidad en la distribución del recurso entre las grandes industrias y la población.
La ley aprobada en diciembre de 2021 por el Gobierno de Nayib Bukele permite a las empresas utilizar agua en exceso, mientras el pueblo enfrenta tuberías defectuosas y cortes constantes del suministro. Además, los recortes en el presupuesto de ANDA para 2025 agravan la situación, priorizando el agua para los ricos y dejando a las familias pobres con sed.
Descarga el PDF completo para conocer más sobre esta problemática y los detalles específicos compartidos por Rodolfo Ulloa Bonilla a SURCOS.
Este artículo se basa en la publicación de Equipo Maíz, Nº 985, El Salvador, 18 de octubre de 2024.
El 11 de enero de 2023, cinco líderes sociales de la comunidad de Santa Marta fueron arrestados bajo la acusación de un homicidio ocurrido hace más de tres décadas. Estos líderes han sido reconocidos por su lucha en contra de la minería y la defensa del medio ambiente en El Salvador. A pesar de la seriedad de los cargos, la Fiscalía ha sido incapaz de presentar pruebas concluyentes, lo que ha suscitado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Organismos de derechos humanos, iglesias y organizaciones populares han demandado la liberación inmediata de estos dirigentes, ya que consideran que las acusaciones carecen de fundamento y responden a un patrón de persecución política.
Paralelamente, 19 exfuncionarios del gobierno del FMLN, entre ellos el exministro de Seguridad, Mauricio Landaverde, han sido encarcelados por la supuesta apropiación indebida de 18 millones de dólares destinados a la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO), un programa que ofrecía apoyo a las personas privadas de libertad. La defensa ha demostrado que los fondos se utilizaron adecuadamente para cubrir necesidades penitenciarias, como agua potable, insumos médicos y pagos al personal de salud. Sin embargo, la Fiscalía ha modificado las acusaciones y sigue presionando por una condena de 16 años de prisión y una multa de 60 mil dólares. Se espera que el tribunal emita su fallo el 21 de octubre de 2024.
Ambos casos reflejan un clima de creciente persecución política en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha sido señalado por la instrumentalización del sistema judicial para reprimir a figuras críticas. Las manifestaciones de apoyo, tanto dentro como fuera del país, continúan exigiendo la liberación de las presas y presos políticos y denunciando lo que consideran una «medicina amarga» que afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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Gabriela Arguedas Ramírez, docente de la Escuela de Filosofía, tuvo a cargo la conferencia de clausura del primer ciclo lectivo del 2024 en el marco de la celebración del quincuagésimo aniversario de la Facultad de Letras.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Lección de clausura del primer ciclo lectivo de la Facultad de Letras impartida por filósofa Gabriela Arguedas
El intento de anular el pensamiento crítico de la universidad pública
¡No! La Universidad nunca será más bonita quedándose callada ante la problemática social. Jamás será más bonita guardando silencio ante los abusos de poder del Gobierno de turno. Y, si por levantar su voz contra las injusticias y la desigualdad, pierde belleza para algunos, ¡enhorabuena!, porque ¿a quién le interesa una estética sin ética?
Sin embargo, para Gabriela Arguedas Ramírez, docente de la Escuela de Filosofía, la Universidad de Costa Rica viene padeciendo de una modorra desde hace muchos años y ha guardado silencio en torno a los recortes sistemáticos en inversión social que ha hecho el país para que grupos específicos sigan maximizando sus beneficios sin ningún tipo de límite.
Para la académica, la crisis educativa que atraviesa el país no es casualidad ni el efecto adverso no previsto de decisiones anteriores, sino que obedece a decisiones políticas perfectamente conscientes que apuntan a un tipo de sociedad, a un tipo de modelo de desarrollo y a un tipo de Estado.
“Creo que todas las universidades públicas están llamadas a tomar la decisión de si van a doblar la rodilla frente a los mandatos de la lógica neoliberal, que implica pactar con el neoconservadurismo, o si van a resistir esa fuerza”, manifestó Arguedas durante su conferencia titulada “El pensamiento crítico bajo ataque: narrativas extremistas y el giro discursivo de las derechas”, reflexión que presentó en la lección de clausura del primer ciclo lectivo en el marco del quincuagésimo aniversario de la Facultad de Letras.
“Extraño la Universidad que le seguía el pulso a los problemas nacionales, extraño la Universidad que por lo menos trataba de generar grupos de trabajo y grupos de discusión para analizar problemas particulares. Esa Universidad yo no la veo, parece que desapareció, que está consumida por pleitos internos, que está consumida por el cortoplacismo. Entonces abandonó una de sus obligaciones que están en el Estatuto Orgánico, pero además es una obligación que tenemos con la sociedad porque la sociedad nos financia”.
Gabriela Arguedas Ramírez, docente de la Escuela de Filosofía
El deterioro en la calidad educativa que apunta Arguedas lo han percibido las universidades públicas en los últimos años entre la población de nuevo ingreso, la cual reporta serias deficiencias en su formación en matemática y en su dominio de un segundo idioma. Pero lo más grave son las dificultades que manifiestan a la hora de comprender un texto, escribir de manera coherente y expresarse oralmente.
Si esa es la realidad educativa de la juventud que logró aprobar el examen de admisión, ¿en qué situación estará la inmensa mayoría que no pasó la prueba de ingreso a las universidades o de quienes no han concluido su educación secundaria?, cuestionó la expositora.
Para la docente e investigadora, el menoscabo planificado de la educación pública tiene el objetivo de cercenar el pensamiento crítico en la población para convertirla en una masa fácilmente manipulable de acuerdo con los intereses de sectores políticos y económicos neoliberales aliados con grupos neoconservadores.
“Sectores neoconservadores hablan de una guerra cultural en la cual las universidades constituyen un campo de batalla. Lo que buscan de modo incesante es anular el legado destacable de la modernidad, terminar de destruir lo que queda de confianza en la democracia, quieren anular el sistema político de pesos y contrapesos, de transparencia y rendición de cuentas y, para ello, necesitan anular las condiciones de posibilidad para el pensamiento político”, señaló Arguedas.
De acuerdo con la expositora, un individuo que no tenga la capacidad para lidiar con la incertidumbre, con la complejidad, con la contradicción y con el disenso caerá fácilmente en las narrativas absolutistas neoconservadoras que dividen al mundo en buenos y malos y que encuentran chivos expiatorios a quien culpar de todas las desgracias de sus líderes. En este sentido, recalcó que “la ignorancia arrogante es una de las más graves amenazas que enfrentamos en este siglo”.
A lo largo de su disertación, Arguedas recapituló acontecimientos en la historia reciente del país que han consolidado el discurso neoconservador y la yunta que ha hecho con el sector neoliberal para hacerse del poder político e imponer su agenda, lo cual representa un retroceso en todos los ámbitos, desde los derechos humanos y la protección ambiental, hasta el acceso a la salud y a la educación.
Uno de esos acontecimientos ocurrió la noche del 8 de marzo del 2024 frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, cuando un nutrido grupo de manifestantes ingresó al campus con antorchas encendidas y se colocó frente al edificio de la Facultad para orar en dirección a que Dios volviera a tomar control de la Universidad.
Un mes después, un profesor de Humanidades de la Sede de Guanacaste de la UCR organizó la presentación de un libro antivacunas escrito por una médica que fue suspendida del ejercicio profesional por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica justamente por promover información falsa que atenta contra la salud.
“Ambos eventos pasaron sin pena ni gloria, sin que se generara ninguna reacción por parte de la administración de esta Universidad. Podría alguien argumentar que solamente se permitió el ejercicio de la libertad de expresión, cátedra y conciencia, pero yo no estoy de acuerdo, comenzando porque no creo que esa haya sido la razón por la que no hubo ninguna reacción. No hubo ninguna reacción porque vivimos en este momento en una especie de modorra, de indiferencia generalizada. Los primeros en padecer ese desinterés son los miembros de la comunidad universitaria y nuestras autoridades”, aseveró Arguedas.
“El avance de estos movimientos ha sido exitoso porque se están cosechando los frutos de lo que han sembrado en las últimas décadas y se están cosechando también los frutos de lo que los otros grupos no han hecho. Me refiero a la indiferencia y a la complacencia de quienes han observado estos procesos durante las últimas dos o tres décadas y no han hecho absolutamente nada al respecto. Dicen ser defensores de la democracia, dicen estar en contra de regímenes opresivos, dicen estar en contra de la violencia y la discriminación, pero ¿cuáles son sus actuaciones concretas? Y también estoy hablando aquí de la Universidad de Costa Rica”.
Gabriela Arguedas Ramírez, docente de la Escuela de Filosofía
Arguedas fue clara en que, si bien la Universidad debe ser un espacio de circulación y debate de ideas con apertura, no significa que se deba permitir la legitimación de abusos, tergiversaciones, falsedades y desinformación con propósitos políticos antidemocráticos.
La académica explicó que los movimientos neoconservadores de los que forma parte la manifestación con antorchas que se realizó frente a la Facultad de Ciencias Sociales comenzaron a articularse en la década de los setenta del siglo pasado en Estados Unidos y se han extendido y complejizado durante las últimas dos décadas.
“La articulación estratégica del neointegrismo católico y el fundamentalismo neopentecostal con sectores de extrema derecha e, incluso, con organizaciones criminales, les ha permitido conquistar impresionantes éxitos electorales en todo el mundo. Sí, también tienen alianzas con grupos criminales en diferentes países, en donde las comunidades están controladas por el narco y por la iglesia evangélica del barrio”, reveló Arguedas.
Entre los éxitos de esta articulación neoconservadora, la docente destacó la victoria electoral de Donald Trump en los Estados Unidos en el 2016 y la “buena salud” de la que goza su movimiento, el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil y el de Nayib Bukele en El Salvador, así como el del régimen de Viktor Orbán, en Hungría y el de Vladímir Putin, en Rusia.
“Todos estos líderes, aunque tengan diferencias políticas e ideológicas entre sí, se caracterizan por un estilo profundamente conservador en asuntos sociales y todos, de un modo u otro, han pactado acuerdos de alianza político-religiosa”, subrayó.
La investigadora complementó este escenario con el crecimiento y consolidación de la derecha extrema en los países europeos, apoyada por movimientos neofascistas de jóvenes que realizan saludos nazis y atacan a migrantes sin distingo de nacionalidad o credo.
Tres características, estrategias y narrativas que comparten los grupos y líderes neoconservadores:
La complacencia populista antiintelectual y anticientífica, como la negación de la pandemia de Covid-19, la narrativa antivacunas, los discursos que descalifican la gravedad del cambio climático y múltiples formas de teorías de la conspiración.
El impulso antisecular o reconfesional del ámbito público y de las instituciones del Estado.
La gestión política del odio. El odio ha sido la punta de lanza en sus campañas electorales a través de estrategias retóricas misóginas, antifeministas y homofóbicas.
“Se intensificó así una estrategia discursiva conservadora que asocia el hecho de ser feminista, estar a favor de la legalización del aborto o de la igualdad de derechos para personas no heterosexuales o el apoyo a políticas de justicia migratoria o reconocer que el cambio climático es algo que realmente está sucediendo, con haber pasado por un proceso de adoctrinamiento durante la educación superior. Entonces, se proyecta la idea de que son las universidades los centros adoctrinamiento y no las iglesias fundamentalistas neopentecostales o neointegristas católicas”, apuntó Arguedas.
Según la expositora, estos son algunos hechos que reflejan el refortalecimiento conservador en Costa Rica y el impacto que ha tenido en la educación y en el ejercicio del pensamiento crítico:
La declaración de inconstitucionalidad de la práctica de la fecundación in vitro en el año 2001. Ese caso le valió al país una sentencia en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el 2007 se generó una intensa oposición a la reforma constitucional para eliminar de la Constitución de la República el carácter confesional del Estado. La defensa de la educación religiosa fue liderada por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y apoyada por sectores evangélicos que se aliaron con la Iglesia Católica en contra de la secularización del Estado y sus instituciones. Es decir, los protestantes no estuvieron opuestos en ese momento a que el Estado fuera confesional católico mientras pudieran ir ganando algo de los privilegios que tiene la Iglesia Católica.
En el año 2012, cuando el Ministerio de Educación Pública aprobó un nuevo programa de educación sexual, varias asociaciones evangélicas, asociaciones católicas y de padres de familia se opusieron a que fuera obligatorio que sus hijos recibieran ese nuevo plan de educación sexual en el colegio o en la escuela.
A partir del año 2016 surge una nueva estrategia neoconservadora coordinada por Joseph Ratzinger, quien fue Papa Benedicto XVI: la narrativa de la ideología de género, la cual ha servido en toda América Latina y en algunos países europeos para que partidos políticos populistas de derecha aliados con organizaciones religiosas conservadoras acumulen un enorme apoyo popular. Esta narrativa se basa en falacias, inexactitudes, prejuicios y estereotipos que buscan, por ejemplo, volver a normalizar la maternidad y lo doméstico como único destino femenino.
En el año 2020, el mundo entró a una fase hasta entonces desconocida, aunque haya habido pandemias anteriores. En Costa Rica, y en casi todo el mundo, explotó la desconfianza en la ciencia, en la educación superior y en la institucionalidad del Estado y en la democracia. Este es el resultado de un proceso de larga data y largo alcance de desmantelamiento de las instituciones del Estado, de debilitamiento de la confianza, de arrogancia epistémica, de cerrarnos en el mundo universitario y académico, cerrarnos al diálogo con los que están fuera. En todo caso, lo que vimos fue una reacción tremendamente ágil y oportuna de estos grupos religioso-políticos que se aliaron también con grupos neoliberales y con actores antidemocráticos.
Durante la negociación de la Ley de Empleo Público, la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC) aceptó la moción del sector neoconservador, presentada a través del partido Nueva República, de incluir en la Ley de Empleo Público un artículo sobre objeción de conciencia dentro de los servicios públicos.
“El giro hacia la extrema derecha ha estado precedido de un incansable trabajo de base fundamentado en la cohesión social mediante la misoginia, la homofobia, el racismo y la xenofobia. Es decir, esta es la gestión política del odio. Es a través de esa gestión política que logran amasar cantidad de gente que se encuentra huérfana políticamente, que está harta del estado de situación, que no tiene cómo identificarse con otros grupos. Al final, son atrapados a través de estas narrativas que ofrecen un chivo expiatorio”, subrayó Arguedas.
Para Arguedas, este recuento de hechos que ilustran el avance del neoconservadurismo y sus narrativas estratégicas debe interpretarse a la luz de otros datos desalentadores, como el hecho de que la tasa de cobertura de cuarto y quinto año de secundaria es menor al 50 %, o que la mitad de la población entre los 25 y los 34 años no ha terminado la educación secundaria.
“Entonces, la supuesta apuesta por STEM es mentira, esa es una narrativa absolutamente manipuladora y falaz. Si fuese cierto que el Gobierno actual está preocupado por apoyar STEM, debería estar haciendo algo por la enseñanza de la matemática en la escuela y en el colegio. Si esta gente no termina el colegio, la universidad no puede hacer absolutamente nada para que entre a las carreras STEM. Nos están pidiendo que solucionemos un problema que no hemos creado y que, además, tampoco podemos solucionar.
“Entonces, esto es solo un espejismo, una cortina de humo para debilitar las Humanidades, las Ciencias Sociales y el pensamiento crítico, porque las áreas que fomentan el pensamiento crítico son un obstáculo en esta avanzada antidemocrática, neoconservadora y refeudalizadora.
“El giro neoconservador global que va tomando un carácter extremista requiere que las grandes mayorías no tengan habilidades mínimas para pensar y cuestionar, necesitan individuos preparados únicamente para recibir instrucciones, para recibir órdenes. Recordemos a líderes fascistas como Mussolini. Él lo tenía clarísimo: hay que uniformizar el pensamiento para construir masas de personas que sean fácilmente lideradas en la defensa de un proyecto nacional, ordenado, disciplinado, efectivo, que es el Estado-nación fascista, que luego debe seguir en un proceso de conquista de resto del mundo. Esas ideas están más vivas hoy que hace 50 años y eso lo estamos viendo en este momento en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en El Salvador y, cuidado si no, las semillas también las estamos viendo en Costa Rica”, advirtió Arguedas.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Los principales indicadores sociales y económicos que encontró el Gobierno de Bukele en 2019 han empeorado cinco años después. Así, el segundo Gobierno de Bukele, que es inconstitucional, iniciará en una situación peor.
Situación en 2019 y situación actual
La pobreza, que es el principal indicador social, aumentó en 4 puntos porcentuales. Hay ahora 126 mil personas pobres más que en 2019. Ese dato sería peor si no fuera por la enorme cantidad de gente que se ha ido del país.
Entre 2019 y marzo de 2024 la deuda pública aumentó en más de 10 mil millones de dólares. Y en abril y mayo también de 2024 la Asamblea Legislativa ya aprobó nueva deuda por 2 mil 500 millones más. Esos ingresos millonarios no se tradujeron en mejoras para la población.
La matrícula estudiantil de 2023 fue menor que la de 2019. O sea, que hay menos estudiantes que hace cinco años en los centros educativos y en la Universidad de El Salvador (UES).
En el campo la situación es grave. Cayó la producción de alimentos y a muchas comunidades y cooperativas les están robando su tierra.
Todo empeorará, pero la lucha popular crecerá
En el segundo Gobierno de Bukele, que es inconstitucional y será “de facto”, todo empeorará, pues el endeudamiento sigue y vendrán más desgracias para el pueblo, debido al aumento del temor y la represión por el Régimen de Excepción, los desalojos, los despojos, la persecución política y la violación de Derechos Humanos.
La oligarquía tradicional y el grupo económico del clan Bukele seguirán aumentando sus riquezas haciendo piñata con los fondos públicos.
Seguirán los precios altos, los ingresos bajos y la falta de empleo. La gente que le dio un segundo chance a Bukele terminará comprendiendo cuál es la causa de sus carencias y le pasará la cuenta.
La gente más afectada y que votó por Bukele se desencantará y se lanzará a las calles junto a las organizaciones sociales, por lo que los próximos años serán de luchas y de victorias populares.
El próximo viernes 12 de noviembre del 2021 a las 5:00 p.m, el bloque de presentaciones programadas por la Cátedra de Centroamérica desarrollará el tema: “Protestas y acciones colectivas en El Salvador: nuevos significados”. Se contará con la participación de:
Jeannette Aguilar, investigadora independiente en ternas de seguridad y violencia.
Nelson Rauda, periodista de El Faro y miembro de la Asociación de Periodistas de El Salvador.
Modera:
Mario Zúñiga Miembro de la Cátedra Centroamérica
La transmisión se realizará vía Facebook Live: Cátedra Centroamérica (UCR).
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
El gobierno de El Salvador ha estado ocupando las primeras planas de la prensa internacional en las últimas semanas, más que todo porque el gobierno socio, de los Estados Unidos, entró en contradicciones con su presidente Nayib Armando Bukele, quien el 1ro de junio cumple dos años de mandato y el 24 del siguiente mes sus cuarenta años de edad. La experiencia relevante en la administración política la inicia como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012, por el partido de izquierda FMLN, cuando tenía 31 años y luego se vuelve a elegir alcalde, pero esta vez de la ciudad capital San Salvador en el 2015, es decir cuenta con apenas nueve años de experiencia directa en administración pública.[1]
Las críticas del gobierno de Joe Biden (Joseph Robinette Biden Jr.), tienen como eje la concentración de poder logrado por Bukele, a partir de haber iniciado su gobierno. Joe Biden cumplirá 79 años de edad el 20 de noviembre; lleva en su portafolio una larga experiencia política iniciada desde que fue elegido al consejo del condado de New Castle en 1970. Fue elegido como uno de los senadores más jóvenes en 1972, donde fue reelegido por 6 veces. Luego incursionó en la política bélica internacional de su país y desempeñó muchos cargos públicos, hasta llegar a la vicepresidencia con el gobierno de Obama.[2] Desde el 20 de enero, ocupa la primera magistratura del gobierno imperial de los Estados Unidos de América. Es decir, las diferencias personales entre los dos gobernantes, parecen ser abismales. Mientras Biden cuenta con 51 años de práctica en política, Bukele cuenta con nueve.
En cuanto a los dos países, son diametralmente diferentes en su historia, cultura y extensión territorial, sin mencionar capital, población y capacidad militar. Mientras los EUA tiene un territorio de 9.834 millones km², el Salvador tiene 21,041 km²; mientras que El Salvador cuenta con poco más de 6 millones (2019) de habitantes, los EUA tiene 331,42 millones de habitantes, lo que significa que El Salvador tiene 0.018% habitantes de lo que tiene EUA; mientras EUA tiene un PIB de 20.936.600M.$, El Salvador apenas cuenta con PIB de 27 mil millones de dólares.[3], es decir, un 0,0013% de los EUA. Si vamos a las relaciones políticas entre ambos países, EUA ha sido dominantemente quien ha dictado las pautas a seguir a El Salvador (como a otra veintena de países), desde su independencia en 1821, aun en el período de la guerra civil salvadoreña, que sufrió El Salvador entre 1979 y 1992, con un costo de 75 mil vidas, la influencia de los EUA fue determinante[4] quien desde sus bases en Honduras envió su fuerza aérea a bombardear la ciudad capital salvadoreña, lo que podría repetirse.
Este año, la escalada de tensiones entre ambos gobiernos se ha venido acelerando desde que el Congreso salvadoreño cambiara a los miembros de la Corte de Justicia Constitucional y al Fiscal General, aunque se sabe que a Washington no le gusta que se le contradiga y menos que “le jueguen con pelota adelantada”. El presidente Bukele inició su gobierno en agradables relaciones con Trump, quien estaba concluyendo su período. Como pese a que Trump ganó por votos las elecciones, no logró quedarse en la Casa Blanca, por lo que entraron los Demócratas a gobernar con Joe Biden. Inmediatamente Bukele buscó el agrado de éstos, pero no lo recibieron sin agenda formal. Luego llegó el enviado especial de Washington a tocarle la puerta, Ricardo Zúñiga, sin embargo, Bukele les devolvió la vergüenza, al no recibirlo. A inicios de mayo, la nueva Asamblea Legislativa se reunió por primera vez, donde decidió cambiar los miembros de la Corte Constitucional y al Fiscal General[5] El 3 de ese mes, Bukele reunió al cuerpo diplomático para explicarles que ese paso no solamente su gobierno lo había dado pero otros gobiernos denominados demócratas lo han hecho, por lo que la crítica, de estar destruyendo la separación de poderes no cabía en su opinión. Y así se ha ido tensando la relación con Washington.
Lo que sí parece colocar más agua a las nubes es cuando, a raíz de la primera medida de EUA, de trasladar el financiamiento de instituciones gubernamentales de USAID a organizaciones de sociedad civil (OSC), Bukele aceptara públicamente la oferta de China de 500 millones de dólares sin reembolso, para proyectos de desarrollo salvadoreño.[6] Pero, la probable caída de la nube, con presagio de tormenta, es cuando se confirme la anunciada visita oficial de los homólogos de Bukele, de China y Rusia a San Salvador el próximo mes de junio.[7]
Todos sabemos de lo que es y ha sido capaz el departamento de Estado de los EUA, cuando una de sus “colonias” se le subleva. No solamente tenemos los casos de Guatemala en la década de los 50s, de Chile en 1973, Panamá, 1989, Nicaragua (la contra de los 80s), Honduras en 2009, Bolivia en 2019, y su larga lucha por derrocar el gobierno de Venezuela, sin dejar de lado que ahora mismo hay revueltas sociales en Colombia, Ecuador, Brasil y donde la ciudadanía toma fuerza en contra de gobiernos apoyados por el Departamento de Estado estadounidense.
Es fácil sospechar que ese financiamiento que ira a las OSC de El Salvador, sea para levantar una plataforma de oposición más amplia contra el gobierno de Bukele y su partido “Nuevas Ideas”. Lo que no sabemos es, hasta adonde los gobiernos de China y Rusia querrían llegar en El Salvador. Acordémonos que los gobiernos de Nicolás Maduro y Nayib Bukele han roto sus relaciones porque el segundo sacó al cuerpo diplomático venezolano, desde un inicio de su mandato.[8] Eso le creó distanciamiento con los demás gobiernos progresistas del continente. Sumemos a esto, sus críticas en comunicaciones sobre la organización de las Naciones Unidas durante su primera comparecencia a su Asamblea.
¿Podrá vencer el “David” joven frente al “Goliat” gigante y anciano? Ningún lector lo creerá. Lo que sí es seguro es que seguiremos viendo correr sangre latina, además de la sangre de jóvenes que han estado bañando los suelos de Colombia, gracias al poder detrás del gobierno colombiano, el de “Goliat”.
[2] Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de la década de 1990. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak en 2002, pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en 2007. También se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de 1987 a 1995, ocupándose de temas relacionados con la política de drogas, la prevención del delito y las libertades civiles. Biden lideró los esfuerzos para aprobar la Ley sobre Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley y la Ley de Violencia contra las Mujeres, y supervisó las polémicas nominaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Robert Bork y Clarence Thomas. https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden
Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez Ex magistrado y profesor catedrático UCR.
Estas han sido las palabras con las que el presidente Bukele, de El Salvador, ha justificado ante las miradas internacionales, el acto legislativo por el que se destituyó a los integrantes de la Sala Constitucional y al fiscal general de ese país.
Perdón, pero la República no es propiedad privada de nadie, ni puede barrerse, de un plumazo, a la oposición, o acabar arbitrariamente con los controles constitucionalmente previstos. El régimen republicano es más bien comparable con un complejo y delicado edificio de equilibrios, donde deben convivir, democráticamente, diversos sectores, grupos de interés, clases sociales, leyes para todos, y por supuesto, instituciones públicas también al servicio de las personas en general.
Sin duda Bukele pontifica desde la falacia de creer que, por ser más numéricamente hablando, por controlar en este momento al Parlamento y por haberse ganado el apoyo de la mayoría electoral, necesariamente tiene siempre razón en todo lo que se le ocurra, y puede imponerse ignorando procedimientos legales y controles institucionales.
Pues tampoco. Lo que ha hecho este presidente salvadoreño es un mero acto de fuerza y, como suele ocurrir, sea cual sea el signo ideológico de un gobernante, las primeras víctimas a cobrar son las magistraturas independientes, llámense jueces o fiscales. Nada tiene que ver que la Constitución prevea la posibilidad de destituir a estas autoridades, eso está previsto en casi todas, lo importante es saber si hay razones legítimas para hacerlo o si se han seguido los procedimientos legales obligatorios. Nada de eso ha ocurrido en el caso que examinamos.
Desde la filosofía política contemporánea está más que consolidada la tesis de que el Poder Judicial es un contra-poder. Su misión fundamental es precisamente de control y, en el contexto de los conflictos entre particulares, interviene para corregir el desbalance a favor de la parte más débil y así, hacer justicia. En el ámbito de los conflictos inter-institucionales, el judicial, y de manera especialmente relevante, los tribunales constitucionales, existen para equilibrar los abusos de un Poder Legislativo que emite leyes o acuerdos contrarios a la Constitución, o bien, corregir o anular las acciones de un Poder Ejecutivo arbitrario o desmadrado. El poder judicial, como función política, en manos de todos los jueces y las juezas de la República, existe para tutelar los derechos de todos, pero de manera especial de aquellos y aquellas que estén en minoría o en posición más vulnerable. Por supuesto que también, cuando se justifica, hay controles políticos, disciplinarios y hasta sociales sobre la judicatura, que pueden operar cuando sea pertinente. Eso es democracia. Eso es Estado de Derecho.
Lo más lamentable es que el fenómeno “Bukele”, hermano del fenómeno “Trump”, es una tendencia claramente universal. Están apareciendo por todas partes en el mundo y, para ponernos al día, no hay vacuna contra esta variedad de peste política.
Este tsunami autoritario surge de manera directa del desencanto respecto de regímenes democráticos que no logran resolver las necesidades básicas de sus pueblos, ni darles niveles mínimos de dignidad. Es también hijo de unos partidos políticos tradicionales desgastados por las promesas incumplidas y empantanados, con frecuencia, en el lodo de la corrupción. Ese es el caldo de cultivo para todos los” bukeles” que en el mundo han sido, y Costa Rica no está a salvo de esta oleada.
Cuando ya en 2012 se quiso sacar de la Corte Suprema a un magistrado íntegro porque a las mayorías parlamentarias no les gustaba; cuando en los procesos de escogencia de nuevas vacantes se desplaza a todo el que parezca demasiado bien calificado o “peligrosamente” independiente; cuando vemos a la Contraloría General de la República yendo más allá de sus competencias y sumándose a las tesis de partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa; y cuando vemos a un Defensoría de los Habitantes haciendo el peor papel de su vida institucional por estar en manos de personas confiables e incondicionales para esas mismas mayorías; nos damos triste cuenta de que la democracia más longeva de la región, esta querida Costa Rica, también puede caer en manos de un demagogo fundamentalista que jure llevarnos a la nueva tierra prometida.
Artículo publicado en la columna Gato o Liebre del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por el autor.
