Para RedESS las semillas son cultura, conocimiento y vida, deben estar en manos de las comunidades y no de empresas cuyo único interés es el económico mercantil.
Desde la Red Economía Social Solidaria de Costa Rica (RedESS) como espacio de articulación de organizaciones de la Economía Solidaria nos sumamos a los pronunciamientos y señalamientos de fondo que cuestionan las organizaciones de personas agricultoras, campesinas, indígenas y afrodescendientes del país.
Consideramos improcedente que en el Proyecto de Ley N° 21.087 «Ley para la modernización de la Oficina Nacional de Semillas», conocido como Ley de Semillas, se establezcan normas que pretendan privatizar y entregar el control del uso de semillas a las empresas transnacionales.
En el marco de las leyes vigentes en el país estas normas violan los derechos sobre el patrimonio genético y cultural, y especialmente los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del país sobre su biodiversidad y sus semillas.
Para RedESS es claro que, como está planteada esta ley, -declara de interés público para el país la protección y conservación de las variedades de semillas tradicionales, locales y criollas, como recursos fitogenéticos esenciales del país-, sin embargo, lo que se esconde es el control de las semillas criollas, que traería el riesgo de pérdida de autonomía por parte de las comunidades, tratando de igualar sistemas locales que han funcionado por generaciones al sistema convencional de producción de semillas certificadas.
Costa Rica ratificó la «Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales» de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el 2018, que reconoce en el más alto nivel de gobernanza internacional el papel estratégico que cumplen campesinas y campesinos del mundo. La Declaración además complementa medidas y políticas necesarias para el Decenio de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (2019-2028) y para la implementación del Artículo 9 del TI RFAA (Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura), resaltando el rol de las semillas campesinas para lograr la Soberanía Alimentaria y para el desarrollo de las políticas agrarias a favor del campesinado.
Dicho tratado es claro es determinante en garantizar el derecho de los pueblos a «mantener, controlar, proteger y a desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales».
Reclamamos procesos políticos transparentes basados en el diálogo con las organizaciones, comunidades y personas de la sociedad civil que busquen transformar los sistemas agroalimentarios en unos más justos, saludables, sostenibles y solidarios.
¡Estamos en contra de aprobar este proyecto de ley porque significa permitir que se apropien de nuestro patrimonio, de nuestros saberes, de nuestras prácticas ancestrales y de nuestra vida!
¡Sin semillas libres no hay agroecología y sin agroecología no hay economía solidaria!
Compartido con SURCOS por Carlos Hernández Porras.
El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) se transformó al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) en el 2012. Este cambio marcó el rumbo de las nuevas formas de intervención estatal en el campo en cuanto a la distribución de tierras: pasó de la conformación de asentamientos campesinos como salida a conflictos por la tierra al otorgamiento de arriendos condicionados con base en proyectos productivos
Que el próximo 05, 06, 07 y 08 de febrero del 2019, a partir de las 8:00 de la mañana se realizará el juicio en los Tribunales del cantón de Osa en Ciudad Cortes contra los compañeros que fueron detenidos en el puente sobre el río Grande de Térraba, y acusados por los policías de resistencia agravada.
Recordemos que por estos hechos en el puente se presentó un recurso de habeas a favor de nuestros compañeros los cuales fueron liberados 30 horas después.
Por estos abusos de autoridad la Sala Constitucional nos da la razón y por ello mismos hemos demandado al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea en San José por el actuar violento e irrespetuoso de nuestro derecho a la protesta , privación de libertad y agresiones físicas con lesiones al compañero Luis Chinchilla Montero, Alexander Azofeifa Castro, Mauro L Meza Arias, Erick Morales Saballo, Laureano Díaz Fernández y Emanuel Ávila Amador, quienes demandábamos justicia y solución del conflico por la tenencia de la tierra.
Por todo lo anterior y más que ustedes conocen bien, queremos convocarles para que acompañemos a nuestros valientes y heroicos combatientes por nuestras tierras a esa juicio y mostremos la fuerza de nuestra organización y manifestemos que ellos no están solos, y que ese día no se va a procesar a 6 compañeros sino a más de 160 familias a las cuales ellos representan.
Alto a la criminalización de la lucha campesina sin luchas no hay Victorias.
Mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, mesoamericanas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones populares, colectivos feministas convocadas por la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica y la Asociación Tinamaste en el Encuentro Mesoamericano “Juntarnos para la reflexión de la situación de las mujeres del campo”, el día 14 de octubre de 2018, desde la indignación y la necesidad de justicia social manifestamos:
La imposición de la reforma fiscal que quiere hacer el Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria en Costa Rica, atendiendo los intereses de quienes concentran el capital, atenta contra los principios de justicia social y económica y contra las mujeres de los sectores populares en particular. Las acciones de gobierno han estado caracterizadas por tergiversación de la realidad, desprecio de la opinión popular, invisibilización de las manifestaciones opositoras de cientos de miles de personas en diversas comunidades, persecución de las organizaciones gremiales, comunitarias y otras organizaciones populares, violación del derecho a huelga, persecución y represión de las manifestaciones de oposición en diferentes lugares del país.
Esta propuesta de reforma fiscal contiene impuestos regresivos y exoneraciones injustas, que provocaría un mayor empobrecimiento de los sectores marginados de este país, mientras que por otro lado, favorece el enriquecimiento por evasión y elusión fiscal.
El sistema económico actual favorece la concentración de los bienes del territorio nacional y el despojo de los sectores populares. Este proyecto de Ley impulsado por las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, conduciría a un mayor deterioro de las condiciones de vida de las mayorías.
La desinformación desde los sectores dominantes del país ha promovido la división de buena parte de la sociedad y conduce a negar el derecho a la oposición, el derecho humano a la protesta y a que no se escuchen las propuestas alternativas que han construido organizaciones populares y gremiales.
El gobierno ha venido desarrollando una estrategia de agotamiento de los sectores y organizaciones que buscan una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Esta estrategia pasa por generar desde noticias falsas, argumentos fundamentados en falacias, hasta el sabotaje y el uso directo de la fuerza a través de la violencia policial y la criminalización de la protesta social.
Las mujeres campesinas, indígenas y las organizaciones fortalecidas hemos determinado que el combo fiscal aumenta la feminización de la pobreza y pone en riesgo las actividades económicas de nuestras comunidades, incrementa los atentados contra una forma de vida saludable, contra la soberanía alimentaria, contra el ambiente sano y el bienestar de nuestras comunidades y familias. Este proyecto de Plan Fiscal limitaría aún más nuestras capacidades productivas y fomentaría la continuidad y expansión de los monocultivos como el de la piña.
Como organizaciones conscientes de las políticas neoliberales de los últimos gobiernos sabemos que este combo fiscal no va a generar impactos sustantivos sobre el déficit que existe, o una dinamización sobre la producción del país, sino todo lo contrario, afectaría las diferentes actividades económicas.
Por lo tanto, manifestamos nuestro apoyo a quienes se mantiene en oposición al proyecto de ley 20.580 y multiplicamos el llamado a la movilización de las diferentes comunidades y organizaciones populares. Es desde los puntos en común entre las distintas organizaciones y movimientos, que podemos construir para transformar la opresión que enfrentamos.
Estamos convencidas que la Reforma Fiscal solo puede ir en una dirección: que quienes tienen más, paguen más. Por ello no puede haber reforma fiscal sin la participación de distintas organizaciones y movimientos en proyectos alternativos y solidarios. La canasta básica no debe ser gravada.
RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA
SALUD SIN PAREDES
AUTOCONVOCADAS NICARAGUA
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS ASTRADOMES
CENTRO FEMINISTA DE INFORMACIÓN Y ACCION
ORGANIZACIÓN POLITICA CARMEN LYRA
HAND MAIDS-CR.
RED DE MUJERES NICARAGÜENSES
COLECTIVO AUTONOMO ESTUDIANTIL Y POPULAR EL QUILOMBO
RADIO 8 DE OCTUBRE
YARÄ KANIC
ASOCIACIÓN TINAMASTE
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook de Red de Mujeres Rurales
Desde que en abril de 2011 entramos a la finca Naranjales Holandeses en Medio Queso de Los Chiles, hemos tenido que enfrentar muchísimos obstáculos para poder tener un pedazo de tierra para vivir y trabajar con nuestras familias.
Desde hace tres años el Presidente Ejecutivo del Inder se comprometió a comprar una segunda finca para las familias que no cabían en la distribución que hicimos de la finca que fue expropiada. Esto se dio porque nosotros exigimos al Gobierno que les diera un pedazo de tierra para vivir y trabajar a todas las familias que hemos estado luchando aquí.
Pero ese compromiso aún no se ha cumplido. Incluso, el año anterior tomaron los dineros de nuestra comunidad para la emergencia de la tormenta, ante lo cual nos dejó en una situación muy difícil y con pocas esperanzas de poder concluir nuestra lucha.
Otro de los problemas es que existen diez hectáreas dentro de la finca que no se han resuelto por un pleito legal entre los empresarios holandeses que eran dueños de la finca y el Inder, situación que, según entendemos nosotros, es producto de un problema que se dio a la hora de pagar la finca (se pagó de más), lo que es posiblemente un acto de corrupción que está siendo investigado, pero que nos afecta gravemente a nosotros.
El pasado miércoles 9 de mayo participamos en el Programa de Voces y Política de Radio Universidad denunciando esta situación. Incluso, ahí, estando en vivo, recibimos una llamada de la abogada del Inder, quien enfrentó nuestra posición sobre la problemática que vive actualmente nuestra comunidad. Esa entrevista es parte de un esfuerzo que estamos haciendo como comunidad para reacomodar nuestras fuerzas y luchar por nuestros derechos como familias campesinas.
Ya nosotros no estamos dispuestos a esperar más; nadie más que nosotros sabe lo que hemos sufrido por luchar por nuestras tierras. Por eso, entendemos que como familias campesinas no nos queda más que lucha, contra los gobiernos que no toman como prioridad el beneficio de las familias pobres del campo, sino el de las grandes empresas que están destruyendo nuestro país.
Hacemos un llamado a todas las fuerzas que nos han apoyado siempre –los estudiantes, sindicatos y activistas de muchos sectores que han apoyado nuestra lucha y sabemos que aún lo siguen haciendo– para que se solidaricen con nuestras familias. Nosotros, después de siete años de lucha, aún estamos buscando el bienestar para nuestras familias y para todo el sector campesino de nuestro país.
Después de años de lucha, los defensores de la biodiversidad finalmente obtienen satisfacción. A partir de ahora, se podrá acceder a sus semillas sin ser forajidos.
Victoria! A partir de ahora, los agricultores orgánicos podrán vender semillas de sus propias producciones. Así decidieron los eurodiputados, para disgusto de Monsanto y compañía.
Explicaciones:
Hasta entonces, solo las semillas listadas por un catálogo oficial podrían comercializarse legalmente. Como señala Le Figaro, «la mayoría de estas semillas pertenecían a multinacionales como Monsanto. «El resultado era una estandarización de frutas y verduras, una estandarización de nuestra dieta y un empobrecimiento de la biodiversidad«.
Pero el jueves pasado, los eurodiputados pusieron fin a la «criminalización» de las llamadas semillas campesinas. Con motivo de una nueva legislación cuyo objetivo es apoyar a los orgánicos, adoptaron una medida que permite a los agricultores orgánicos vender semillas de sus cultivos «domésticos».
Esta decisión, que entrará en vigor en dos años y medio, en 2021, pone fin a 37 años de restricciones (la comercialización de semillas fuera del catálogo oficial fue prohibida por decreto en 1981).
Todos los agricultores orgánicos podrán desarrollar sus propias variedades y comercializarlas, como siempre ha sucedido en el pasado. El objetivo es promover la vitalidad de nuestra biodiversidad, revivir las miles de variedades de frutas y verduras que existen y vacilar las inquietantes estadísticas proporcionadas por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y retransmitidas por Le Figaro: tres cuartas partes de nuestros alimentos actuales vendrían de solo 12 especies de plantas y 5 especies de animales.
Esta medida fue reclamada por años. ¡Buenas noticias!
Este viernes 2 de marzo se llevará a cabo de 2 a 5 p.m. el conversatorio en homenaje a Berta Cáceres: Mujeres indígenas y campesinas mesoamericanas, en el aula 206, segundo piso del edificio de Ciencias Sociales, Finca 2, Universidad de Costa Rica.
Se contará con la participación de mujeres del COPINH de Honduras, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y de la Red de Mujeres Rurales del Costa Rica.
Invitan la Asociación Tinamaste, Proyectos Lucha de Mujeres por la Tierra y Mujeres Cuerpo y Territorio.
Una vez más el Poder Ejecutivo, de nuevo el Ministerio de Seguridad, haciendo caso a las maniobras de empresarios, se preparan para realizar el desalojo de humildes familias campesinas.
El 21 de octubre pasado la Red de Mujeres Rurales denunció el inminente desalojo de un grupo de familias en Barrio Luzón de Bataan, cantón Matina, provincia de Limón. Se trata del mismo grupo de familias, algunas están asentadas ahí desde el año 2000, otras llegaron en 2006, todas ahora con más de 11 años en eta finca donde habitan y siembran sus alimentos en la finca.
Posteriormente aparece una empresa con el nombre ROLAFAMA, con un tal Rolando Calvo como apoderado, solicitando el desalojo de la finca. Las familias han probado su permanencia en la finca, habitando y sembrando sus alimentos en los terrenos que poseen.
Desde el 2010 se vienen dando estos intentos de desalojar las familias. A lo largo de este tiempo se dieron una serie de resoluciones del Juzgado Agrario y del Ministerio de Seguridad de anteriores administraciones. Resoluciones en las que se expresa categóricamente que no es procedente el desalojo.
Existen dos resoluciones del Juzgado Agrario del 1 Circuito Judicial de la Zona Atlántica, del 2015 y de Enero del 2016, donde se dice categóricamente que se rechaza la solicitud de desalojo. Sin embargo la empresa vuelve a hacer solicitud de desalojo administrativo.
Ante la solicitud de la empresa de desalojo administrativo al Ministerio de Seguridad había sido aprobada por María Fulmen Salazar Elizondo, en calidad de Viceministra, posteriormente es ratificado por el Ministro de Seguridad Gustavo Mata Vega, ignorando las resoluciones del Juzgado Agrario y se ordenó el desalojo de estas familias en octubre del 2016. En ese momento las familias interpusieron una revisión que a la fecha no ha tenido respuesta, pero se comunica que para mañana lunes 22 de mayo se procederá al desalojo, con gran cantidad de policías armados. Son 52 familias, 69 menores, algunas mujeres embarazadas y 8 adultos mayores.
De nuevo llamamos a todas las personas y organizaciones sensibles y solidarias a denunciar estos nuevos atropellos del ejecutivo, comunicarse públicamente al Ministerio de Seguridad, al Presidente de la República y al Ministerio de Condición de la Mujer. Las familias campesinas no pueden ser tiradas a la calle.
Destacan el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar y la agricultura
Elizabeth Rojas Arias,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En el conversatorio sobre Mujeres construyendo economía social solidaria participaron líderes de organizaciones femeninas de la economía social, estudiantes de Trabajo Social y fue moderado por Mariana Porras (derecha) del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR (foto Anel Kenjekeeva).
Mujeres artesanas, campesinas, indígenas y pequeñas empresarias son algunos de los perfiles femeninos que integran la economía social solidaria, un concepto que se ha popularizado en la última década en Costa Rica, pero que tiene su origen en los principios de la civilización.
Porque, según algunas líderes de este movimiento, han sido precisamente las mujeres quienes realizan desde siempre labores como coser, vender los huevos de su pequeña granja, cultivar hortalizas para autoconsumo o para intercambio y recuperar las semillas criollas, labores que remuneradas o no, contribuyen a fortalecer la economía familiar.
Algunas de estas líderes, así como universitarias que han realizado estudios o prácticas con grupo de mujeres que generan recursos y alimentos para sus familias, se dieron cita en un conversatorio que se realizó en el marco de la Semana de la Economía Social Solidaria que se realizó del 21 al 25 de noviembre en la Universidad de Costa Rica.
Alejandra Bonilla dijo que una de las ventajas de la economía social solidaria en la Red de mujeres rurales es que enseña a sus integrantes a hablar, a pedir explicaciones a un funcionario público, a protestar y luchar para defender sus derechos (foto Anel Kenjekeeva).
Alejandra Bonilla Leiva quien integra la Red de Mujeres Rurales, organización que ya tiene una década de existencia, puso al descubierto algunos esquemas de emprendedurismo que han impulsado los gobiernos y organizaciones que, según su opinión, no son sostenibles en el tiempo.
Muchos de estos proyectos afirmó Bonilla, duran entre uno y dos años, con el propósito de entretener a las mujeres y de hacer funcionar el sistema, pero en realidad no cambian nada.
Alida Sigüenza resaltó el valor de las labores domésticas y agrícolas que realizan las mujeres para generar ingresos a sus familias. Estas mujeres, afirmó, trabajan jornadas que superan las ocho horas sin ninguna remuneración (foto Anel Kenjekeeva).
Recordó que en su caso, ella trabaja con mujeres campesinas e indígenas de 50 comunidades de zonas de alta vulnerabilidad social y económica como Siquirres, Matina, Batán, Valle de la Estrella, Talamanca y en la zona sur con mujeres de Palmar y Coto, así como en territorios indígenas.
De manera que son personas que requieren producir bienes y servicios para la vida, para sí mismas, su familia y quizá sus vecinos, pero no para el mercado, ni para la acumulación.
Bonilla cuestionó el término “solidario” con el que muchas veces se califica a las cooperativas agropecuarias, porque las considera patriarcales debido a que “violentan el código de familia porque no hay herencia y los bienes gananciales no son reconocidos”. Además, recalcó Bonilla, algunas de estas cooperativas están produciendo palma, que es un monocultivo y además contaminan con los agroquímicos.
Laura Varela narró sus experiencias con mujeres artesanas por medio de la Red de Arte y Cultura y la Red de Economía Social Solidaria que ha permitido a muchas mujeres vivir de su producto y lograr autonomía y autogestión, al tiempo que desafían muchos mitos y barreras sociales (foto Anel Kenjekeeva).
La líder es partidaria de que haya una revisión del concepto de economía con el fin de construir relaciones económicas distintas que favorezcan el “compartir y no competir”, además, que las organizaciones fortalezcan lo local, y que produzcan para comer no para competir en el mercado.
Una experiencia enriquecedora que compartió fue la del intercambio de semilla que se produce de manera permanente entre las mujeres de la Red “y eso ha permitido que el año pasado se incorporaran 200 productos en los patios y hay mucho más que se está haciendo” afirmó.
Economía feminista
Karina Acuña Salas y Andrea Vega Loría estudiantes de Trabajo Social de la UCR realizan su trabajo final de graduación de licenciatura sistematizando los testimonios de mujeres de diversas organizaciones y regiones del país (foto Anel Kenjekeeva).
Otra de las mujeres participantes en el conversatorio fue la agricultora Alida Sigüenza de Cartago, quien rebautizó el concepto por el de economía feminista social solidaria para enfocar su análisis en el trabajo productivo (remunerado) de las mujeres, así como sus labores reproductivas (no remuneradas), entre las que están el criar hijos, cuidar a los adultos mayores, pero también cuidar y recuperar las semillas criollas y los cultivos para que sus familias puedan comer. El cuidado de los afluentes de agua, y mantener limpio el Planeta son otras labores que realizan mayoritariamente las mujeres campesinas. Sin embargo, dijo Sigüenza, solo el 1.8% de la propiedad de la tierra está en manos de mujeres.
Destacó que también las mujeres realizan un trabajo comunal importante como la participación en las juntas escolares, en las juntas de salud y en las organizaciones de la iglesia. Asimismo elaborando comidas e ideando nuevas recetas para aprovechas los productos que cultiva.
Por una economía para la vida y no para el mercado
El concepto de economía social solidaria en el caso de las mujeres adquiere una visión mucho más creativa, efectiva y afectiva y se distancia de los criterios tradicionales de competitividad y generación de riqueza.
Algunos de los componentes que enriquecen la economía femenina social solidaria son:
Autonomía y autogestión.
Maternidad (dar vida a los hijos, pero también a la tierra, las plantas y las semillas).
Producción sostenible.
Recuperación de productos agrícolas y alimentos.
Recuperación de las granjas caseras, semillas criollas y reservas genéticas.
Conservación de los recursos naturales.
Promover espacios de discusión.
Acciones transformadoras y formadoras.
Apoyo de grupo y sinergias.
Empoderamiento por medio de las redes y organizaciones femeninas.
Al finalizar el conversatorio, el público pudo compartir con las expositoras un refrigerio preparado con galletas y bizcochos elaborados por mujeres rurales (foto Anel Kenjekeeva).
La Vicerrectoría de Extensión, la sede Brunca de la Universidad Nacional y el proyecto Germinadora de Desarrollo Organizacional, le invitan a la exposición fotográfica: “Luchas campesinas y el papel de las universidades públicas (1970-1980)”, a realizarse este próximo lunes 28 de noviembre en el Complejo Cultural Alfonso Quesada Hidalgo, Pérez Zeledón.
La exposición consta de 32 fotografías, la mayoría capturadas por el sociólogo Miguel Sobrado y otras cuya autoría no se ha podido determinar.
El objetivo de la exposición es visibilizar el papel de las universidades públicas, a través del trabajo de extensión universitaria en los años 70-80´s con la labor realizada en zonas de conflicto de tierra entre precaristas y terratenientes de obreros desplazados de las bananeras y campesinos sin tierra en la Zona Sur, Pacífico Central, Caribe y Guanacaste.
***Para mayor información comuníquese con Marcia Silva de la Vicerrectoría de Extensión (8391-5742) o con la Oficina de Comunicación UNA (2277-3066).
Información compartida por Oficina de Comunicación UNA.
