Una vez más el Poder Ejecutivo, de nuevo el Ministerio de Seguridad, haciendo caso a las maniobras de empresarios, se preparan para realizar el desalojo de humildes familias campesinas.
El 21 de octubre pasado la Red de Mujeres Rurales denunció el inminente desalojo de un grupo de familias en Barrio Luzón de Bataan, cantón Matina, provincia de Limón. Se trata del mismo grupo de familias, algunas están asentadas ahí desde el año 2000, otras llegaron en 2006, todas ahora con más de 11 años en eta finca donde habitan y siembran sus alimentos en la finca.
Posteriormente aparece una empresa con el nombre ROLAFAMA, con un tal Rolando Calvo como apoderado, solicitando el desalojo de la finca. Las familias han probado su permanencia en la finca, habitando y sembrando sus alimentos en los terrenos que poseen.
Desde el 2010 se vienen dando estos intentos de desalojar las familias. A lo largo de este tiempo se dieron una serie de resoluciones del Juzgado Agrario y del Ministerio de Seguridad de anteriores administraciones. Resoluciones en las que se expresa categóricamente que no es procedente el desalojo.
Existen dos resoluciones del Juzgado Agrario del 1 Circuito Judicial de la Zona Atlántica, del 2015 y de Enero del 2016, donde se dice categóricamente que se rechaza la solicitud de desalojo. Sin embargo la empresa vuelve a hacer solicitud de desalojo administrativo.
Ante la solicitud de la empresa de desalojo administrativo al Ministerio de Seguridad había sido aprobada por María Fulmen Salazar Elizondo, en calidad de Viceministra, posteriormente es ratificado por el Ministro de Seguridad Gustavo Mata Vega, ignorando las resoluciones del Juzgado Agrario y se ordenó el desalojo de estas familias en octubre del 2016. En ese momento las familias interpusieron una revisión que a la fecha no ha tenido respuesta, pero se comunica que para mañana lunes 22 de mayo se procederá al desalojo, con gran cantidad de policías armados. Son 52 familias, 69 menores, algunas mujeres embarazadas y 8 adultos mayores.
De nuevo llamamos a todas las personas y organizaciones sensibles y solidarias a denunciar estos nuevos atropellos del ejecutivo, comunicarse públicamente al Ministerio de Seguridad, al Presidente de la República y al Ministerio de Condición de la Mujer. Las familias campesinas no pueden ser tiradas a la calle.
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.
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