21 de octubre del 2021 

Para RedESS las semillas son cultura, conocimiento y vida, deben estar en manos de las comunidades y no de empresas cuyo único interés es el económico mercantil. 

Desde la Red Economía Social Solidaria de Costa Rica (RedESS) como espacio de articulación de organizaciones de la Economía Solidaria nos sumamos a los pronunciamientos y señalamientos de fondo que cuestionan las organizaciones de personas agricultoras, campesinas, indígenas y afrodescendientes del país. 

Consideramos improcedente que en el Proyecto de Ley N° 21.087 «Ley para la modernización de la Oficina Nacional de Semillas», conocido como Ley de Semillas, se establezcan normas que pretendan privatizar y entregar el control del uso de semillas a las empresas transnacionales. 

En el marco de las leyes vigentes en el país estas normas violan los derechos sobre el patrimonio genético y cultural, y especialmente los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del país sobre su biodiversidad y sus semillas. 

Para RedESS es claro que, como está planteada esta ley, -declara de interés público para el país la protección y conservación de las variedades de semillas tradicionales, locales y criollas, como recursos fitogenéticos esenciales del país-, sin embargo, lo que se esconde es el control de las semillas criollas, que traería el riesgo de pérdida de autonomía por parte de las comunidades, tratando de igualar sistemas locales que han funcionado por generaciones al sistema convencional de producción de semillas certificadas.

Costa Rica ratificó la «Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales» de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el 2018, que reconoce en el más alto nivel de gobernanza internacional el papel estratégico que cumplen campesinas y campesinos del mundo. La Declaración además complementa medidas y políticas necesarias para el Decenio de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (2019-2028) y para la implementación del Artículo 9 del TI RFAA (Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura), resaltando el rol de las semillas campesinas para lograr la Soberanía Alimentaria y para el desarrollo de las políticas agrarias a favor del campesinado. 

Dicho tratado es claro es determinante en garantizar el derecho de los pueblos a «mantener, controlar, proteger y a desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales». 

Reclamamos procesos políticos transparentes basados en el diálogo con las organizaciones, comunidades y personas de la sociedad civil que busquen transformar los sistemas agroalimentarios en unos más justos, saludables, sostenibles y solidarios. 

¡Estamos en contra de aprobar este proyecto de ley porque significa permitir que se apropien de nuestro patrimonio, de nuestros saberes, de nuestras prácticas ancestrales y de nuestra vida!

¡Sin semillas libres no hay agroecología y sin agroecología no hay economía solidaria!

Compartido con SURCOS por Carlos Hernández Porras.