Desde SIPROCIMECA se ha expresado un total apoyo a Martha Rodríguez como la legítima representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
Se ha exigido el cese de la persecución política y el hostigamiento a causa de su posición de férrea defensa y lucha por la seguridad social, la CCSS y los derechos laborales de los funcionarios del sector salud.
¡Alto hostigamiento y persecución!
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, denunció a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, por invadir intempestivamente una sala de operaciones, donde se realizaba un delicado procedimiento quirúrgico, que publicó mediante un TikTok.
El secretario general, Luis Chavarría Vega, calificó como «inquietante las actuaciones de la presidenta ejecutiva en un quirófano del Hospital Calderón Guardia, donde en apariencia se realizaba un trasplante» y solicitó a la Auditoría Interna de la Caja efectuar una investigación referente al ingreso de funcionarios de la CCSS a quirófanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
La Auditoría Interna, tras varios meses de investigación, que incluye entrevistas y análisis de documentos, le informó a UNDECA en oficio AI-1204-2024, del 31 de julio de 2024, que «resultado de la aplicación de los procedimientos, se emitieron 3 (tres) productos de auditoría denominados Relación de Hechos ASALUD-RH-0028-2024, ASALUD-RH-0029-2024 y ASALUD-RH-30-2024, mismos que fueron remitidos a las instancias con competencias para resolver».
UNDECA demanda que se instaure el procedimiento disciplinario que corresponde a la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, y se remitan al Ministerio Público la Relación de Hechos elaborada por la Auditoría, para que se determine si los actos investigados afectaron la salud del paciente trasplantado o se violentaron normas y derechos humanos que le asisten a las personas usuarias de los servicios de salud.
San José, 13 de agosto de 2024.
* Corazón endurecido y oídos taqueados.
A punta de recortes en todo, (pensiones, becas, educación, salarios), dicen no subió el costo de la vida, por lo tanto, no se justificaría la revalorización de las pensiones a más de 350.000 beneficiarios del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de seguro Social.
Año y sumando.
El próximo mes de setiembre se cumple el aniversario de la presión ciudadana, luego de años con los montos congelados, a duras penas se hizo el ajuste parcial.
Le jalan el rabo.
No le jalen el rabo a la ternera, los adultos mayores, viudas, huérfanos, personas con discapacidad, en algún momento le pasaremos factura a jerarcas de corazón endurecido.
Si está de acuerdo, comparta esta publicación, ya es hora de destaquearle los oídos a los miembros del Poder Ejecutivo y Junta Directiva del Seguro Social.
¡El momento es hoy!
Por medio de una medida cautelar, presentada este lunes 12 de agosto, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), la ANEP, pretende frenar la adjudicación otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de 10 áreas de salud a cooperativas para su administración.
La acción de la ANEP obedece a que hay un sobrepago excesivo para el desarrollo de este negocio, que rondaría los ¢170 mil millones.
“La pretensión que se busca con la medida cautelar es la suspensión de la adjudicación de los EBAIS en virtud de la urgencia y de la gravedad que implica esa resolución tomada por la Junta Directiva de la CCSS. Por el gran riesgo de carácter económico es que se les está pidiendo al Tribunal Contencioso la suspensión de dicha adjudicación”, manifestó Rodrigo Rosales Arce, Asesor Legal externo de la ANEP.
Semanas atrás desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se denunció como, aparentemente, directivos de la CCSS pretendían modificar ciertos informes que beneficiarán la escogencia de las cooperativas
El pasado 10 de julio, la Contraloría General de la República, indicó que dio curso a la denuncia presentada por la ANEP, para identificar el supuesto favorecimiento de las cooperativas y el sobreprecio que este generaría para la institución y la Hacienda Pública.
La ANEP ha identificado aparentes irregularidades en la adjudicación de los EBAIS a cooperativas y una asociación, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Entre las principales, se destacan:
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ha comenzado a investigar estas denuncias, junto con la Contraloría General de la República, lo que indica la seriedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer el proceso, así como las posibles implicaciones financieras que se podrían generar a los costarricenses por pagar un sobreprecio sin que se traduzca en mejoras sustanciales de los servicios.
La ANEP irá hasta las últimas consecuencias y pide a las instancias a las que ya se denunció celeridad y que se sienten las acciones correctivas pertinentes, cuando se encuentren a los responsables.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó por medio de una carta dirigida a la Gerencia de Pensiones del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS), un reajuste por costo de vida a las pensiones, además de un pago retroactivo por perdida de valor adquisitivo de las mismas.
En la carta enviada el martes 5 de agosto, se solicita que se reajuste el monto de la pensión mínima de IVM de ¢153.191,74 a ¢155.995,13 a partir de enero de 2024 y que se cancelen las diferencias retroactivas a todos los pensionados que la reciben, en caso de que la CCSS no lo haya hecho.
Además, se solicita que se reajusten en general los montos de las pensiones del IVM en un 3,09% de manera retroactiva a partir de julio de 2024, para recuperar la pérdida de valor adquisitivo que sufrieron en los semestres que la CCSS ha dejado de realizar reajustes por costo de vida o que ha realizado reajustes demasiado tarde.
La solicitud de la ANEP tiene fundamento en que, hasta el año 2018 la CCSS realizaba reajustes de las pensiones por pérdida de valor adquisitivo cada seis meses; sin embargo, de manera unilateral e inconsulta, las autoridades de la CCSS dejaron de aplicar dicha práctica a partir de dicho año, a pesar de que dicha decisión violenta los artículos 1 y 2 de la Ley N° 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”, el principio de progresividad de los derechos humanos (https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37023.pdf) consagrado en el artículo 26 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)” y el principio de suficiencia recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en “R202 – Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202)”(https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524).
Desde la ANEP, se cuestiona que, la CCSS no hizo el reajuste de 1,44% a los montos de las pensiones que correspondía aplicar el 31 de diciembre de 2018, sino que hizo un reajuste tardío de 2,01% en mayo de 2019. A partir de esa fecha, la CCSS dejó de hacer reajustes por costo de vida a los montos de las pensiones durante más de dos años. Fue hasta en junio de 2021 y diciembre de 2021 que la CCSS volvió a realizar dos reajustes por costo de vida; sin embargo, luego de su aplicación quedó una pérdida de valor adquisitivo de un 2,89% en los montos de las pensiones.
Así mismo, en la carta se indica que, “en junio de 2022, la CCSS dejó de realizar un reajuste de un 7,35% por pérdida de poder adquisitivo de los montos de las pensiones, lo que acumuló una pérdida de valor adquisitivo de un 10,45% en los montos de las pensiones. Pasaron casi dos años sin que la CCSS recuperara el valor adquisitivo de las pensiones; fue hasta finales del año 2023 que hizo un reajuste tardío e insuficiente de un 5,99%, quedando una pérdida de poder adquisitivo sin recuperar de un 2,88% así como la pérdida no reconocida de pagos retroactivos de dicho reajuste, desde junio de 2022 hasta setiembre de 2023.”
A la fecha actual, la CCSS no ha realizado ningún reajuste por costo de vida, a pesar de que a julio de 2022 la pérdida de valor adquisitivo de los montos de las pensiones es de un 3,09%, como puede verse en el Cuadro N° 1.
Otro de los argumentos del sindicato para las solicitudes a la Gerencia de Pensiones, es que, en enero de 2024, el salario mínimo de un obrero no calificado tuvo un reajuste de un 1,83% con respecto al salario mínimo del año anterior, estableciéndolo en ¢358.609,50 mensuales (https://www.mtss.go.cr/prensa/comunicados/2023/octubre/cp_039_2023.html).
De conformidad con el artículo 29 del Reglamento de IVM esto significa que, a partir de enero de 2024, la CCSS debió reajustar el monto de la pensión mínima en esa misma cantidad, es decir, un 1,83%. Esto se debe a que la Base Mínima Contributiva (BMC) es el 87 % del salario mínimo, lo cual determina una BMC de ¢311.990 a partir de enero de 2024, con lo cual, a partir de enero de 2024 el monto de la pensión mínima debió aumentarse de ¢153.191,74 a ¢155.995,13; es decir, un reajuste de ¢2.803,40 mensuales. “Esto si es que la CCSS no sale con otro domingo siete, para dejar de hacer dicho reajuste”, indica la carta.
La ANEP, también está solicitando, el suministro del monto de la base mínima contributiva de IVM y del monto de la pensión mínima de IVM vigentes en los meses de diciembre de 2023 a julio de 2024.
Cuadro N° 1. Pérdida de valor de los montos de las pensiones de IVM
Fuente: Elaboración propia usando datos de la CCSS y del IPC publicando por el BCCR.
El documento dirigido a la contralora de la República, Lcda. Marta Acosta Zúñiga, y firmado por el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas Barrantes, expone la preocupación ante las irregularidades de nombramientos en espacios de poder político de instituciones públicas. Esta organización sindical supone que entró en vigor una “segunda fase” de lo que en su momento catalogaron como un golpe de estado, siendo que dicha lectura está sustentada en las señales, acciones y decisiones desde el Poder Ejecutivo.
El ANEP señala que “entendemos que existe un manual organizativo para la Gerencia General, pero es menester informar que presuntamente el mismo no fue confeccionado y acordado por la Junta Directiva, previo o paralelamente a la creación de la Gerencia General de la Caja, lo cual resulta cuestionable, pues deviene en una práctica errónea, para usar un calificativo bastante condescendiente.”
La organización menciona el posible alineamiento del presunto cambio en el manual de organización y la necesidad de la Presidencia Ejecutiva de la Caja, de tener dentro del engranaje estratégico institucional a una figura con afinidad con la agenda que promueve el Ejecutivo dentro de la institución en la actual coyuntura y de cara al cierre de sus dos últimos años.
Descrito el caso a manera de lectura sindical y en grado de presunción, ANEP le solicita a la Contraloría General de la República que se les brinde un informe, en el sentido de indicar si la institución ha promovido acciones recientes relacionadas con el manual de organización, pues este resulta ser un elemento vital de cara al escenario institucional en desarrollo y vinculado a la funcionaria Gutiérrez Brenes, que en su momento parece ser tuvo un nombramiento presuntamente ilegal.
Por último, ANEP le solicita a la Contraloría General colocar su mirada en la CCSS, ya que notan señales muy poco halagüeñas para esta institución que requieren una intensa fiscalización, pues está en desarrollo un momento muy complejo, que coloca en un predicado muy riesgoso los cimientos propios de esta institución.
Se les invita a descargar el documento para informarse con más detalle sobre lo sucedido.
Martin Rodríguez Espinoza
No cabe duda de que el viejo refrán de «Zapatero a tus zapatos» tiene mucho sentido cuando vemos casos como el de Marta Esquivel al frente de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, la institución más emblemática e importante de Costa Rica.
Durante más de 70 años, nuestro país se exhibía ante el mundo entero por la institucionalidad pública. La columna vertebral del desarrollo, pero también de la redistribución de riqueza que Costa Rica producía, estaba compuesta por la salud pública, CCSS y el Ministerio de Salud, MS, la educación pública, el sistema de agua potable de Acueductos y Alcantarillados, AyA, la banca nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL, y el Instituto Nacional de Seguros.
Aparte de estas instituciones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, la Fábrica Nacional de Cemento, muelles, puertos y aeropuertos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, CNP, la Fábrica Nacional de Licores, FANAL, entre otras, constituían la fortaleza sobre la cual el desarrollo nacional podría ser más optimista para el pueblo costarricense. Redistribución de la riqueza que, además, proveía de fuentes de empleo extraordinarias, a la vez que brindaba seguridad alimentaria y Soberanía Nacional al país.
Desde el gobierno de Oscar Arias Sánchez, su primer gobierno, en 1986 y hasta nuestros días, Costa Rica fue empujada al abismo neoliberal que, junto al narcotráfico, tienen hoy al país en la oscuridad social, el hambre, la pobreza, la miseria y la muerte.
La mayoría de las instituciones que mencioné anteriormente han desaparecido, fueron destruidas, aniquiladas y los servicios que antes brindaban, hoy son el negocio de los saqueadores del país.
La CCSS es, con toda seguridad, la institución más fundamental. Sin salud pública no hay nada más. Junto a la salud pública, la educación, piedra angular sobre la cual se forjan los ciudadanos del presente y el futuro. Tanto la salud como la educación se encuentran hoy al acecho de quienes pretenden destruirlas completamente. Pero ¿para qué?
Precisamente es «el puñal en el corazón» de la Patria, no solo pretenden convertirlos en negocio de los estafadores políticos, corruptos y narcos, sino que además pretenden desaparecerlas.
La designación, no por capacidades de acuerdo con la institución en que se nombra, sino por la obediencia ciega y torpe de la presidencia ejecutiva de la CCSS, es una muestra de que no solo es incapaz de responder al mandato tanto de la Constitución Política, como de las leyes nacionales, es también absolutamente consciente de estas violaciones, amparada en la protección del Régimen imperante. A como se manejaba cuando era empleada de la empresa bananera transnacional, cree que se debe manejar una institución pública, «látigo, pan y agua».
Y es que el Régimen imperante en Costa Rica no es sólo el prepotente y «pichón de dictador» Rodrigo Chaves, no podría actuar de la forma que lo hace si estuviera solo, sino tiene la complicidad de los otros poderes políticos y del sector narco empresarial. Tiene el respaldo de los partidos políticos más corruptos de Costa Rica, el PLN, el PUSC y el hijo de estos, el PAC, con la complicidad de pseudo cristianos y los liberales (obvio). Pero además del Poder Judicial y Legislativo en conjunto.
Aquí, un presidente no se puede destituir o encarcelar por violar flagrantemente la Constitución Política, las Leyes y todo el Estado que llaman «Social de Derecho», no, no se puede, porque quienes debería hacerlo, son sus cómplices o son cobardes, que para el caso es lo mismo.
Dice la Constitución Política de Costas Rica, en el Artículo 9, que «El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.»
Pero hay un 4to Poder, que no son los medios de comunicación, estos son de los empresarios que están en el poder por medio de sus partidos políticos. Ese 4to Poder, y debe ser el primero, que es el Pueblo Costarricense, este es el que debe rebelarse y DEFENDER la Constitución Política que está siendo violentada y ultrajada.
Es el pueblo costarricense quien debe defender y recomponer la balanza del Poder en Costa Rica, poniéndola a favor suyo, del Pueblo y contra quienes la ultrajan y saquean, ¿Cuándo?, para mañana será tarde.
17 de julio de 2024
La saturación del servicio de emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela tiene una causa que agrava el problema: un faltante de 18 EBAIS, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Esa situación genera una sobrecarga de pacientes provenientes de algunas Áreas de Salud que presiona la capacidad de atención del centro hospitalario e impacta en la prestación de los servicios de atención médica.
Así lo plasmó la Defensoría de los Habitantes en un informe con recomendaciones a la CCSS, donde considera necesario que se dote a la población alajuelense de más equipos de atención primaria y, el establecimiento de más áreas de salud que funcionen 24/7 para atender la demanda de pacientes ambulatorios y con patologías de menor complejidad, que puedan completar sus procesos diagnósticos y terapéuticos en ese primer nivel.
Adicionalmente, la Defensoría considera necesario que se remodelen y amplíen los servicios de Neonatología, Emergencias, Quirófanos, Intermedios y UCI del hospital de Alajuela y los Servicio de Cuidados Intensivos de los hospitales Carlos Luis Valverde Vega y San Francisco de Asís, los cuales están dentro del proyecto 0824-CCSS.
Entre las recomendaciones que gira esta Defensoría a la Gerencia Médica de la CCSS está valorar, si no lo ha hecho todavía, la aprobación del proyecto 0824-CCSS de fortalecimiento del Hospital San Rafael de Alajuela planteado el 1 de marzo de 2024, el cual incluye la dotación de más recurso humano, lo mismo que la aprobación del proyecto de construcción y equipamiento Servicio de Urgencias, en el Hospital San Francisco de Asís Grecia (laboratorio, farmacia y Rayos X).
Datos sobre la saturación
Durante el 2023 y hasta febrero 2024, en el Hospital San Rafael de Alajuela se generaron 114.000 atenciones en el servicio de emergencias, entre las cuales se encuentra gran cantidad casos que no necesariamente representan verdaderas emergencias: 37.696 verdes (33 %), 67.183 amarillos (58 %), 9.458 rojos (8 %), 241 azules (1%). Hubo cerca de 200 pacientes en condición blanco a los que se suman los 24.604 usuarios que fueron valorados por medio de “triage” y redireccionados a otras áreas de salud. Estos datos indican que la mayoría de pacientes presentan casos simples que no ameritan una atención inmediata y que pueden ser atendidos en un nivel de complejidad inferior.
La media de ocupación del servicio de emergencias del Hospital de Alajuela, de enero 2023 a febrero 2024, fue de 120%, generando plazos de espera de los pacientes para ser internados hasta de 12 días, en servicios como Ortopedia, por ejemplo. De las especialidades con mayor cantidad de pacientes se encuentran Ortopedia, Medicina Interna, Geriatría, Neumología y Cardiología.
Otro dato importante que debe resaltarse es que la población adscrita al Hospital de Alajuela es de 676.698 habitantes, de los cuales, 391.698 habitantes son directos y 285 mil habitantes son de adscripción indirecta, pues provienen de los cantones de Grecia, Naranjo, San Ramón, Palmares, Alfaro Ruiz-.
Brechas de faltante de EBAIS
Datos Dirección Regional Integral de Prestación
de Servicios de Salud Central Norte CCSS
Freddy Pacheco León
1. Recordemos que el laudo arbitral lo había ganado Costa Rica.
2. Que la minera, que ya había sido disuelta, se rearmó para presentar una última apelación.
3. Que hace unas dos semanas, la empresa canadiense había desistido, de dicha apelación.
4. Ahora se anuncia lo esperado; que la apelación no prosperó.
5. La vigilancia en Crucitas, nunca tuvo nada que ver, con lo que sucedía en el Ciadi, del Banco Mundial, pues el oro que se están robando, es del Estado costarricense y nada impedía, al menos, tratar de impedir la extracción que realizan maleantes.
6. Que, si se piensa dar en concesión a privados la explotación de ese oro, sí habría que reformar el Código de Minería.
7. Que, como debería ser, si el Estado decide explotar esa riqueza para beneficio del pueblo, NO haría falta, intervención alguna, de la Asamblea Legislativa, pues la prohibición a concesionar no afecta al mismo Estado.
8. Por ello, porque el camino ha estado siempre libre, desde hace siete años, se propone explotar, en esa relativamente pequeña, y muy degradada zona de Crucitas, más de US$2300 millones en diez años, a favor de un sistema hospitalario («Hospital del Oro»), regido por la CCSS, a favor de los más de 700.000 Ciudadanos de Oro, que lo están necesitando urgentemente.
Es innecesario recordar que la CCSS sufre de un déficit presupuestario que está teniendo terribles consecuencias para los habitantes “Ciudadanos de Oro” que inevitablemente acuden a sus hospitales y clínicas. Las camas y demás espacios del sistema de salud de la Caja son ocupados en más del 65% por venerables ancianitos. Decenas de miles de familias han sufrido por las condiciones en que, por escasez de recursos, los abuelitos y abuelitas han tenido que engrosar listas de espera para un tratamiento médico, y a veces, pasar dos o tres días en condiciones incómodas, impropias, dolorosas, sin poder salir de salas de emergencia, por falta de espacio en salones. Espacios, por cierto, diseñados para pacientes más jóvenes con mayores facilidades de movilidad. Hemos sufrido mucho al ver cómo ha habido necesidad de «amarrarlos» de sus camas, ante la insuficiencia de personal de enfermería que los pudiesen atender las 24 horas. Faltan medicamentos y equipos, y hasta camas adecuadas. Ancianos que después de haber entregado heroicamente su vida a los que cuidaron desde el día de su nacimiento, hoy solo Dios los puede proteger de cualquier hospitalización por enfermedad grave, que los haga pasar por esa penalidad.
Y es que, por más amor aportado por el personal de salud, NO tiene nuestro buen sistema hospitalario, respuestas viables para enfrentar los cambios demográficos que aceleradamente han envejecido nuestra población. Cada día son más los «Ciudadanos de Oro», así como las enfermedades inherentes a su edad. A los que les llegó el momento de recibir el amor y protección que demandan y merecen.
Hoy no alcanza el dinero y la situación se agravará en menos de 30 años, cuando esa población mayor de 65 años rondará la cifra de 1.200.000, lo que nos hace vislumbrar una situación desesperante, dolorosa, inmerecida, que se profundizará inevitablemente… ¡SI NO HACEMOS LO CORRECTO HOY! Y lo correcto es buscar cómo enfrentar con medidas concretas, ese angustiante problema nacional. Indudablemente el más importante que hemos de solucionar como proyecto país.
Pero ¿Cómo enfrentarlo si no tenemos recursos?, se estará preguntando usted; pues resulta que SÍ CONTAMOS CON RECURSOS FINANCIEROS suficientes para esa magna tarea. Y los tenemos en un pequeñito espacio de nuestro territorio. En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, tenemos un YACIMIENTO DE ORO que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir unos US$2.300 millones en una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de 3 toneladas de oro en lingotes, que estuvimos a punto de perder por una mala concesión. Y podemos hacerlo ahora sin necesidad de reformar el Código de Minería, porque al ser el mismo Estado el que haría la explotación, no requiere (sería una insensatez) que se le otorgue una concesión cual si se tratara de un ente privado. Ante la urgencia, hacemos un llamado para que se vea NUESTRO ORO DE CRUCITAS, como una solución complementaria al problema financiero de la Caja, que, como consecuencia directa, también tendría más recursos para enfrentar las inhumanas listas de espera, y el régimen de pensiones.
Rogamos para que la idea del sistema hospitalario integral que hemos llamado “HOSPITAL DEL ORO” sea valorada. Se trata de que la CCSS diga ¡presente, aquí estamos!, y se disponga a buscar respuestas a las necesidades que le aquejan, no solo en los 1043 EBAIS que ya ven superada su capacidad de atención de primera clase, sino también en todos los hospitales que, por lo general, no tienen espacios adaptados para recibir a ese sector de pacientes. “Ciudadanos de Oro” que aparte de las 140 camas del magnífico Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes, no queda más que atenderlos, cuando se puede, bajo condiciones inadecuadas en hospitales diseñados para pacientes más jóvenes, de un amplio rango de edades, donde no encontramos salas especializadas para los abuelitos y abuelitas, que presentan necesidades especiales y facilidades materiales que impiden incluso, el pleno cumplimiento de la Ley Nº7600.
Los expertos en salud que tenemos en Costa Rica harían los planes que mejor consideren ADECUADOS en el marco de la CCSS y el Ministerio de Salud. En la de menos podrían pensar en adecuar los centros de atención primaria y hospitales de toda categoría, para que cuenten con secciones especiales para esos ciudadanos, mediante ampliaciones, o quizá en la construcción de otros hospitales de geriatría o INCLUSO, en uno central especializado en enfermedades predominantes en ese sector de población. Pues no se trata de un hospital, sino de UN SISTEMA hospitalario donde también se habrá de considerar facilidades para familiares que, desde regiones alejadas, han de estar asistiendo a sus abuelitos internados.
Asimismo, no es despreciable el beneficio colateral que obtendría la Caja, al dedicar esa fuente extraordinaria de recursos para atender exclusivamente a las personas de la tercera edad. Las hoy interminables “listas de espera” que como consecuencia de la escasez financiera provocan desazón en miles de pacientes y sus familiares, también se verían disminuidas conforme más y más ciudadanos mayores vayan siendo atendidos en los espacios diseñados para ellos. Así, en poco tiempo, alrededor de un 65% de los espacios, equipos, medicamentos, exámenes de laboratorio, consulta externa, cirugías, etcétera, que hoy son compartidos, se irán liberando, y por ende, la Caja contará con mucho mejores condiciones para el cumplimiento de su abnegada labor. ¡Todos salimos ganando!
Por lo resumido, creemos tener la grandiosa oportunidad de dejar un legado histórico de inmensas repercusiones para los costarricenses, como lo es quizá, el de los tres grandes reformadores sociales de la Costa Rica de los años 40. Pero para alcanzar ese logro, estamos urgidos de la decisión política que no puede esperar. No existe ningún otro país en donde la riqueza mineral de su subsuelo, perteneciente a toda la comunidad como bien demanial, se dedique a la atención de sus “Ciudadanos de Oro”, de los que más lo necesitan y, más importante, de los que lo merecen. ¿Acaso podría pretenderse un mejor aprovechamiento de la riqueza de ese mineral localizado en Crucitas, antes de que por azar político se le asigne otro destino menos beneficioso para Costa Rica?
¡Unamos pues voluntades, para hacer realidad el formidable sistema hospitalario llamado “HOSPITAL DEL ORO”! El cual, obviamente, se desarrollaría guardando estricta atención a las particularidades ambientales que conlleva un proyecto de minería como el que habremos de hacer realidad para los costarricenses. Proyecto indiscutiblemente, urgente, razonable, único, y más importante, posible, si nos lo proponemos.