La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social planteó un recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el oficio GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024 del 13 de septiembre de 2024. La gestión se realiza ante la instancia superior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante el argumento esgrimido por un nivel de dirección que rechazó la competencia de esta cartera en resolver el aumento solicitado en beneficio de la población adulta mayor y a personas especiales.
Base legal: Artículos 1 y 38 de la Ley N.° 8687, artículos 342 y siguientes de la Ley N.° 6227, Ley de Regulación del Derecho de Petición y artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política.
Primera solicitud: Reajuste de pensiones de ¢82.000 a ¢102.500. Se argumenta que la falta de ajuste en más de seis años vulnera la “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” y afecta a adultos mayores pensionados con ingresos insuficientes. La institución responde que no hay presupuesto para ajustes en 2024 y 2025, según instrucciones superiores y estudios técnicos no especificados.
Segunda solicitud: Se pide el reajuste de pensiones de la Ley de PCP. La justificación basada en prácticas pasadas no es considerada un argumento válido ni aceptable.
Tercera solicitud: Se solicita información sobre la causa de invalidez de las pensiones RNC/PCP. Se pide detalle específico de la causa de invalidez para 44,606 pensiones bajo el riesgo “INVALIDEZ RNC/PCP”, información que no se incluyó en los datos proporcionados.
Petitoria: Se solicita declarar con lugar el recurso de revocatoria y, en caso de rechazo, elevarlo a la autoridad superior para aumentar la pensión básica del RNC a ¢102.500. Se pide agregar la causa de invalidez a cada uno de los 44,606 casos enviados en el archivo correspondiente. También se solicita información sobre las “autoridades superiores” que emitieron las instrucciones para no revalorizar la pensión, así como copia de estudios técnicos y documentos que respalden la decisión.
SURCOS transcribe el texto del Grupo Puentes. Puede descargar del siguiente enlace el documento original.
UN LLAMADOAL RESPETO A LA DEMOCRACIA
Ante las situaciones que se han presentado a raíz de denuncias por presuntos actos ilícitos en la Caja Costarricense del Seguro Social, y la respuesta del Gobierno de la República ante tales situaciones, manifestamos lo siguiente:
1. Todos los gobiernos han sido respetuosos de la separación de poderes, aún en casos en que las actuaciones del Poder Judicial pudieran no convenir a los intereses del Poder Ejecutivo.
2. La Fiscalía está investigando denuncias muy graves, y es dentro del marco de esta investigación que se dieron sus actuaciones, apegadas a nuestro ordenamiento jurídico. Esta investigación en ningún modo es una declaración de culpabilidad.
3. Considerando que los arrestos no necesariamente implicarán un dictado de prisión preventiva, el gobierno debe garantizar que, a pesar de las situaciones tan delicadas, la CCSS siga funcionando con normalidad.
4. Estamos preocupados que, en el caso que nos ocupa, el gobierno y sus voceros entren a irrespetar la separación de poderes. No es aceptable que se califique de “abuso de poder” las actuaciones legítimas del Poder Judicial o el peligroso llamado a la ciudadanía a “estar vigilante” y no tolerar esos supuestos “abusos”.
5. Hacemos un llamado a la calma y al respeto a nuestro ordenamiento jurídico. Solo así se garantizan la justicia, la democracia y la paz que constituyen el supremo anhelo de la ciudadanía costarricense.
En el transcurso de los últimos meses, distintos sindicatos y organizaciones, como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), y el Sindicato Nacional de Enfermería Afines han presentado denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República (CGR) contra la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presuntas adjudicaciones irregulares. Las acusaciones señalan que la junta favoreció contratos a cooperativas de salud mediante procesos que carecen de transparencia y con sobreprecios significativos.
Denuncias principales:
ANEP: En mayo de 2024, ANEP presentó una denuncia ante la CGR, alertando sobre un sobreprecio en la adjudicación de la Licitación Mayor, que pretendía contratar los servicios de salud para 10 áreas de salud por un monto que excede los 210 mil millones de colones. Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, destacó que los precios adjudicados sobrepasan en un 60% las ofertas razonables, lo que podría haber sido suficiente para financiar 3 o 4 áreas de salud nuevas.
UNDECA: Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, en septiembre de 2024 presentó otra denuncia relacionada con un contrato de 4.000 millones de colones mensuales, destinado a beneficiar a cuatro cooperativas y a la empresa ASEMECO por un periodo de 10 años. UNDECA sostiene que varios miembros de la junta directiva, incluida la presidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y María Isabel Camareno Camareno, tienen conflictos de interés, lo que cuestiona la legalidad del proceso. Esa acción de UNDECA se suma a denuncias presentadas en abril del 2024.
SINAE AFINES: Lenin Hernández Navas, secretario general de SINAE AFINES, destacó los allanamientos realizados por la Fiscalía, señalando que las pruebas técnicas y legales presentadas respaldan la denuncia interpuesta en agosto de 2024. Según Hernández, este avance representa un paso importante en el proceso de investigación sobre las adjudicaciones irregulares en la CCSS.
Las denuncias se centran en la supuesta manipulación de informes técnicos y el establecimiento de un equipo técnico ad hoc para justificar los sobrecostos, lo cual ahora se investiga. Según ANEP, la junta directiva, liderada por Marta Esquivel, aprobó adjudicaciones a cooperativas con precios inflados sin considerar los criterios del Área de Costos de la CCSS. También se señala que la representante del sector estatal, María Isabel Camareno, participó en la decisión a pesar de su vínculo con el sector cooperativo, lo cual viola las leyes de contratación pública.
UNDECA, por su parte, destaca que la junta ignoró las advertencias de expertos que recomendaban declarar infructuosa la licitación debido a los costos elevados, y procedió con la adjudicación.
Actualmente, la Fiscalía y la CGR han iniciado investigaciones para esclarecer las denuncias. Tanto ANEP, como UNDECA y SINAE Afines exigen que se protejan los fondos públicos y que los funcionarios responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes. Mientras tanto, las organizaciones sindicales se mantendrán vigilantes sobre el desarrollo de las investigaciones y continuarán denunciando actos que consideren perjudiciales para la seguridad social del país.
El Laboratorio cuenta con una unidad ciclotrón y un tomógrafo por emisión de positrones y en tomografía computada (PET y CT, por sus siglas en inglés). (Foto: Manrique Vindas)
Atraso en firma de contrato con la CCSS
Destituciones, sustituciones, detenciones y cuestionamientos a altos funcionarios de la CCSS, retrasan la firma de contrato con la UCR para que esta Universidad brinde valiosos servicios a pacientes con cáncer
Miles de pacientes con cáncer podrían beneficiarse del servicio que ofrece el Laboratorio Ciclotrón PET/CTde la Universidad de Costa Rica (UCR), pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha retrasado la contratación.
Debido a que será un contrato entre ambas instituciones que se regirá por el derecho público, el camino ha sido largo para poder cumplir con todos los requisitos que exige la Ley General de Contratación Pública, tanto para la Universidad de Costa Rica (UCR), como para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A pesar de los múltiples requisitos y trámites que se lograron cumplir por parte de ambas instituciones, no se tiene conocimiento, por parte de la CCSS, cuando saldrá publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el mencionado contrato.
Pero entonces, ¿por qué no se ha firmado el contrato entre la UCR y la CCSS para que el Laboratorio Ciclotrón PET/CT comience a brindar este valioso servicio de diagnóstico para los pacientes con cáncer?
¿Por qué el atraso?
La respuesta no es clara, no se sabe si han sido retrasos por parte de la Gerencia Médica de la CCSS, a la cual se le ha cambiado el gerente en varias ocasiones.
Es probable que algo tenga que ver el envío a un período de 20 días de vacaciones “forzadas” al Gerente Médico de la Caja Dr. Wilburg Díaz Cruz.
El pasado 9 de julio la Junta Directiva de la CCSS decidió otorgar al Dr. Díaz 20 días hábiles de vacaciones, período que se extendía desde el 15 de julio y hasta el 13 de agosto de este año. En su lugar, fue designado el Dr. Alexander Sánchez Cabo, por recomendación de la presidenta ejecutiva de la CCSS, la M. Sc. Marta Esquivel Rodríguez.
También el retraso podría originarse en alguna otra Gerencia de la institución, como la Gerencia General o la de Logística, lo cierto y preocupante es que la CCSS no ha sido capaz de realizar la contratación entre entes de derecho público en el SICOP.
Los radiofármacos se producen por la unión de un material radioactivo con un material farmacéutico. Actualmente se exportan estos a Guatemala y se espera poder exportar también a El Salvador y otros países. (Foto: Manrique Vindas)
Tomando en cuenta las recientes detenciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a altos funcionarios de la CCSS, aumenta la incertidumbre de cuando saldrá esta urgente contratación, necesaria para que la UCR pueda atender a los pacientes oncológicos de esa Institución.
Como resultado, mientras la CCSS se enfrasca en resolver esos problemas internos, los perjudicados son los miles de asegurados que padecen de cáncer. ¡No se trata de cualquier enfermedad, sino la enfermedad neoplásica de fatales consecuencias!
En estos meses ya se hubiera atendido a una gran cantidad de pacientes que requieren los exámenes diagnósticos que puede brindarles el Laboratorio Ciclotrón PET/CT de la UCR, ya que en un solo turno se podría atender hasta 15 paciente por día, es decir 300 pacientes al mes, o bien 600 si se llega a trabajar en doble turno.
Gran proyecto
El Laboratorio Ciclotrón PET/CT consta de todo un edificio construido y adaptado especialmente para la operación de una unidad ciclotrón y un tomógrafo por emisión de positrones y en tomografía computada (PET y CT, por sus siglas en inglés).
Los equipos instalados son únicos en Centroamérica, todos ellos de alta tecnología, producto de la investigación y conocimientos más avanzados en el estudio del cáncer a nivel mundial.
La UCR adquirió todos estos equipos para cumplir con los tres pilares de esta institución, investigación, la docencia y la acción social.
En el caso de la docencia, estudiantes de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, así como de Enfermería pasan por estas instalaciones, para depurar los conocimientos adquiridos en el aula. También estudiantes de Química, Física, Farmacia y laboratoristas químicos entre otros se encuentran haciendo pasantías, asistencias y practicas dirigidas en este Laboratorio.
Este acelerador de partículas puede crear más de 100 materiales radiactivos para fabricar radiofármacos. (Foto: Manrique Vindas)
Desde el punto de vista de la acción social, este laboratorio ha recibido cerca de mil pacientes, tanto del del sector público y del sector privado. Los precios de los estudios realizados en estas instalaciones son casi $1500 (casi 800 mil colones) menos que los que se estaban ofreciendo en el país antes de que este laboratorio abriera sus puertas.
Acelerador de partículas y radiofármacos
Según explicó el Dr. Dr. Erick Mora Ramírez, responsable del Laboratorio Ciclotrón PET/CT se trata de “un acelerador de partículas que se utiliza para la producción de radioisótopos, algunos de ellos de aplicación en medicina nuclear, tales como el flúor-18. Los radioisótopos de interés médico producidos en el ciclotrón se procesan posteriormente en un laboratorio de producción de radiofármacos, instalado en la misma infraestructura y a pocos metros del Ciclotrón, para obtener medicamentos inyectables que luego serán inyectados de forma intravenosa a los pacientes.
El Dr. Erick Mora Ramírez, explica la importancia que reviste para el país y para los enfermos oncológicos de la CCSS, la firma del contrato entre ambas instituciones, con el fin de que los asegurados puedan aprovechar este importante recurso tecnológico de medicina nuclear que pone a disposición esta Universidad.
Antes estos radiofármacos se debían importar, lo que implicaba al país un egreso de dinero muy importante, pero gracias a este Laboratorio los radiofármacos se pueden producir varias veces al día, en caso de que se tuviera que recibir una gran cantidad de pacientes”. Los radiofármacos son la unión de un material radioactivo con un material farmacéutico.
En ese sentido enfatizó que una de las ventajas principales de la tecnología de este laboratorio es: “proveer radiofármacos que permitan hacer un estadiaje inicial de las enfermedades, y luego de un tratamiento (cirugía, radioterapia o quimioterapia), un re-estadiaje, así los médicos tratantes puedan conocer si el mismo fue exitoso o se necesita seguir con otros métodos para tratar las enfermedades”.
Este acelerador de partículas puede crear más de 100 materiales radiactivos, los cuales pueden ser utilizados en el ambiente clínico o en investigación y actualmente se exporta seis veces por mes a Guatemala, se espera poder exportar también a El Salvador.
El Dr. Mora explicó que “una vez que el paciente es inyectado con el radiofármaco, debe esperar uso 45 minutos para que este se distribuya en el cuerpo, luego es colocado en el PET/CT – Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET, por sus siglas en inglés) combinado con un tomógrafo computadorizado (CT, por sus siglas en inglés)-. El PET/CT genera imágenes metabólicas y anatómicas del cuerpo del paciente, y también genera la fusión de estas. Estas imágenes pueden arrojar información valiosa para diagnosticar enfermedades como el cáncer, enfermedades neurológicas y cardiacas, lo que permite tomar decisiones sobre procedimientos e intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, determinar características, dimensiones y localización de tumores”.
El Dr. Mora detalló que este equipo PET/CT logra imágenes híbridas con capacidad de ubicar lesiones de hasta 4 mm de diámetro, lo cual puede llegar a ser muy importante en el curso del tratamiento de un paciente oncológico.
Allanamientos de este lunes reafirman nuestra denuncia ante la fiscalía de probidad, transparencia y anticorrupción
Comunicado de UNDECA
UNDECA desde el pasado 4 de abril de 2024, solicitó a la Contraloría General de la República, a la Auditoría de la CCSS y a la Asamblea Legislativa investigar la adjudicación a cooperativas, debido a dudas sobre la transparencia y legalidad en la contratación de servicios privados.
De nuevo, el pasado 4 de setiembre del 2024, denunciamos con nuevos elementos a la presidenta ejecutiva de la CCSS Marta Esquivel y otros directores de la junta directiva de la CCSS, ante la Fiscalía adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción por presuntas dudas en la adjudicación de licitación mayor.
El proceso de licitación, que desde un inicio levantó dudas sobre su transparencia y equidad, compromete una cantidad significativa de recursos públicos a favor de Cooperativas.
Una adjudicación millonaria que además de irregular significaba la astronómica suma de 4.000 mil millones de colones mensuales en contratación de servicios de salud a entes privados.
Hoy nos satisface conocer la noticia de la investigación, allanamientos y detenciones que la Fiscalía de probidad realiza, que evidencia que sí hay algo irregular que investigar. Exhortamos a las autoridades a profundizar en las indagaciones y a llegar hasta las últimas consecuencias. Es fundamental que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Seguiremos atentos al desarrollo de las investigaciones y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los principios de transparencia y justicia, pilares sobre los cuales debe operar la CCSS.
Tímidos avances para la edificación de más de 50 proyectos de la CCSS
La Defensoría de los Habitantes expresa su preocupación sobre el estado actual del Fideicomiso Inmobiliario entre el Banco de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, establecido desde el 2017, un proyecto que, según reportes, ha presentado retrasos significativos en su ejecución. A pesar de haber iniciado formalmente en el 2019, los avances han sido limitados, lo que genera inquietud en torno a la efectividad de su desarrollo y la gestión de los recursos involucrados.
La Defensoría emitió a finales el año 2023 recomendaciones para transparentar el proceso y como parte del seguimiento del caso el pasado 04 de setiembre 2024 se solicitó a la presidenta ejecutiva de la Caja, Martha Esquivel, información detallada y clara sobre el futuro del fideicomiso y los criterios técnicos y jurídicos que la Junta Directiva de la CCSS estaba considerando para determinar la conveniencia u oportunidad de la ampliación o no del contrato del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.
Recientemente, el 12 de setiembre, la CCSS le indicó a esta Defensoría que se dio la conformación de un Comité Ejecutivo del Fideicomiso para realizar un análisis de escenarios sobre la continuidad del mismo. Indicaron que se analizó el contrato de fideicomiso, el estado de avance de los proyectos, capacidad de ejecución de las obras, se identificaron escenarios sobre la continuidad y un análisis financiero y de riesgos sobre cada una de las alternativas. Comunicaron que actualmente la Junta Directiva de la CCSS realiza talleres para conocer los escenarios y los criterios técnicos, financieros y legales, para la toma de decisiones en torno a su continuidad.
Antecedentes del Fideicomiso
El Fideicomiso Inmobiliario BCR/CCSS 2017 tiene como objetivo la construcción de 53 inmuebles, que incluyen 30 sedes de áreas de salud, 18 sucursales, 4 direcciones regionales de sucursales y un centro de distribución, fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud del país. A pesar de las expectativas generadas, las obras no han avanzado al ritmo esperado, generando retrasos que afectan a la población.
La Defensoría ha identificado diversos problemas, entre ellos la falta de multas contractuales hacia el fiduciario (BCR) en caso de demoras, así como dificultades derivadas de la burocracia estatal que han obstaculizado la obtención de permisos y la viabilidad de los terrenos proporcionados por la CCSS para la construcción.
Esta Defensoría subraya la importancia de que tanto la CCSS como el BCR garanticen la transparencia del proceso y rindan cuentas a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos. Además, reitera la necesidad de evaluar cuidadosamente si es conveniente o no extender el plazo del fideicomiso, siempre considerando el bienestar de la población y la adecuada administración de los fondos involucrados.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
El jueves 26 de septiembre del 2024 se estará llevando a cabo el Foro Anual Virtual de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, con el tema “Atención adecuada de adolescentes en la CCSS y el rol del Hospital Nacional de Niños”.
El programa empieza a las 7:00 pm, con la bienvenida por el Dr. Aristides Baltodano, presidente del ACANAMED, y seguidamente por la presentación del foro por el pediatra Dr. Alberto Morales, experto en adolescencia, y coordinador del Foro Anual ACANAMED.
El primer tema se expondrá a las 7:20 pm, por el ponente Dr Carlos Jimenez, director general del Hospital Nacional de Niños, y tendrá que ver con la situación actual y visión de los adolescentes en el HNN.
Seguidamente, a las 7:35, se tocará el tema de la experiencia de la Clinica de Adolescentes en el HNN, por la jefa de esta clínica, la Dra. Daniela Carvajal.
Luego,a las 7:50 se presentará el ex-director del PAIA, sobre los principales problemas de salud de las personas adolescentes en Costa Rica.
A las 8:05 el ponente será el Lic. Minor Sequeira, director del PAIA, hablando sobre la política institucional en salud adolescente en la CCSS.
Finalmente, a las 8:20 habrá una ronda de preguntas, con el Dr. Alberto Morales, y un cierre con el Dr. Aristides Baltodano.
Lenin Hernández Navas, secretario general del sindicato SINAE AFINES, ha lanzado duras críticas contra Marta Esquivel, quien había presentado una iniciativa relacionada con la política de género institucional en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esquivel anunció la implementación de ropa hospitalaria específica para mujeres, compuesta por pantalones y blusas, lo cual fue calificado por Hernández Navas como una “distracción de los problemas realmente importantes que enfrentan los costarricenses”.
En su respuesta, Hernández Navas instó a Esquivel a enfocarse en lo urgente y relevante, señalando que los problemas de salud pública, como el cáncer y las listas de espera para procedimientos quirúrgicos, son cuestiones que exigen atención inmediata. El líder sindical subrayó la gravedad de la situación del cáncer en Costa Rica, destacando que anualmente se detectan 13,000 casos nuevos de diferentes tipos de cáncer y que 5,700 personas mueren a causa de esta enfermedad. Además, criticó la cantidad insuficiente de mamografías realizadas en la CCSS, mencionando que por cada 76 mamografías, una mujer fallece, lo que muestra un claro déficit en la prevención y el tratamiento de enfermedades graves.
Hernández Navas también abordó el alarmante aumento en las listas de espera desde que Esquivel asumió su cargo. El dirigente señala que la lista de espera para procedimientos quirúrgicos ha crecido en 19,000 personas, sumando un total de 188,600 personas que esperan atención médica. En los últimos cuatro meses, más de 2,000 personas adicionales se han sumado a estas listas, lo que ha generado una crisis en la atención de salud, que Hernández Navas califica como una situación de “listas de muerte” debido a la irresponsabilidad de Esquivel.
Además de responsabilizar a Esquivel, Hernández Navas acusó al presidente de la República de protegerla y no tomar medidas efectivas para resolver los problemas dentro de la CCSS. En su opinión, el presidente no solo es parte del problema, sino que también ha permitido que la corrupción dentro de la Caja siga proliferando. Para Hernández Navas, tanto Esquivel como el presidente son responsables de una situación que pone en riesgo la vida y la salud de miles de costarricenses.
En una nota emitida el 16 de septiembre de 2024 por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dirigida a los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se solicitó una valoración externa e independiente sobre el estado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), debido a serias preocupaciones sobre la objetividad y credibilidad de los estudios actuariales presentados por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.
El documento detalla los resultados de una reciente valoración actuarial realizada por la actuaria Carolina González Gaitán, en la cual se recomendó implementar reformas que incluyen la eliminación de la pensión anticipada, el aumento de las cuotas y que los pensionados asuman la contribución al Seguro de Salud. Estas propuestas, según la ANEP, generarían mayor desigualdad para los pensionados, desincentivando la afiliación al régimen IVM y agudizando los problemas de sostenibilidad futura del sistema de pensiones.
El documento también pone en duda la capacidad técnica y la imparcialidad de González Gaitán, señalando denuncias previas por parte de la ANEP, así como el involucramiento de la Contraloría General de la República, que remitió el caso al Ministerio Público para su investigación. Se hace referencia a la falta de confianza en los productos emitidos por la Dirección Actuarial y Económica, y se acusa que ciertos actores, como Otto Guevara Guth, han aprovechado esta narrativa para impulsar una agenda política que promueve una visión «todo mercado y nada Estado», la cual la ANEP considera antihumana.
La carta concluye solicitando una valoración externa técnica y objetiva, sugiriendo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como ente evaluador, y enfatiza la necesidad de mejorar el pago de la deuda del Gobierno con la CCSS como una medida clave para asegurar la sostenibilidad del sistema.
El documento está firmado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, y copiado a diversas figuras relevantes dentro del ámbito gubernamental y social, como la Defensora de los Habitantes y la Contralora General de la República.
Invitamos a leer el documento para mayor detalle; la verdadera democracia es la de pleno respeto a todos los derechos humanos.
Pese a que la empresa a la que se había adjudicado la construcción del nuevo Hospital Max Peralta de Cartago retiró su oferta, el proyecto debe seguir adelante, pues continúa siendo una necesidad urgente para la población cartaginés.
El edificio actual del hospital de Cartago, que tiene 131 años de existencia, se encuentra colapsado y no da abasto para atender las crecientes necesidades de la población, por lo que desde UNDECA nos negamos a ceder en la lucha para lograr que este proyecto sea una realidad.
“No debemos olvidar que, desde la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la cabeza de Marta Esquivel se han fraguado gran cantidad de maniobras para evitar que el nuevo hospital fuera construido, las cuales condenamos contundentemente, pues ha ido desde tratar de eliminar presupuesto aprobado por la junta directiva, para desviarlo para construir el Hospital de Limón, hasta asegurar que el terreno no contaba con las condiciones aptas y que pasaba por una falla volcánica”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Desde un inicio de su gestión, Esquivel aseguró que la Caja estaba quebrada para no construir este hospital y otras obras que habían sido aprobadas en el portafolio de inversiones, aseguró que el terreno se inundaba, pese a que distintas autoridades competentes han mostrado criterios contrarios, todo con e fin de que este proyecto no se llevara a cabo.
Todas estas circunstancias fueron aprovechadas también por un grupo de personas cartaginesas que presentaron un proyecto para que le hospital fuera de carácter privado, para lo cual obviamente estamos en total desacuerdo.
Demandamos a la presidenta ejecutiva y a la junta directiva de la CCSS tomar las acciones inmediatas para resolver el cartel de construcción del Hospital de Cartago y brindar una pronta solución a la provincia y sus habitantes. Nos mantendremos vigilantes de que así sea.
