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Etiqueta: CCSS

La defensa de la CCSS marca diferencias: Solo seis candidaturas asumen un compromiso claro con la salud pública

  • Álvaro Ramos Chaves del Partido Liberación Nacional,

  • Ana Virginia Calzada Miranda del Partido Centro Democrático y Social,

  • Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio,

  • Claudia Dobles Camargo de Coalición Ciudadana,

  • Claudio Alpízar Otoya del Partido Esperanza Nacional y

  • Fernando Zamora Castellanos del Partido Nueva Generación

Pronunciamiento

La Caja Costarricense de Seguro Social forma parte de nuestra vida cotidiana. Está presente cuando nacemos, cuando enfermamos, cuando cuidamos a nuestras personas adultas mayores y cuando una familia necesita apoyo en los momentos más difíciles. La CCSS no es una institución lejana: es solidaridad hecha realidad, es uno de los mayores acuerdos sociales de nuestra historia y un pilar de la paz social costarricense.

Hoy, ese acuerdo enfrenta amenazas reales. El debilitamiento institucional, la falta de inversión, la politización de la gestión y las presiones para mercantilizar la salud ponen en riesgo un derecho humano fundamental. Defender la CCSS no es una consigna ideológica: es una responsabilidad con la vida, la dignidad y el bienestar de todas las personas.

Por ello se promovió un Compromiso Público por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Publica y la CCSS, que no se queda en declaraciones generales, sino que establece obligaciones concretas y verificables: defender la salud pública como patrimonio nacional; garantizar el acceso universal y solidario a los servicios; proteger la autonomía de la CCSS frente a intereses políticos y particulares; asegurar un financiamiento responsable y sostenible; promover liderazgos técnicos, transparentes y éticos; fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud; y trabajar activamente por un sistema público de salud fuerte, moderno y de calidad, centrado en las personas y en las comunidades. Este compromiso fue presentado a quienes aspiran a gobernar Costa Rica en el período 2026–2030.

Este hecho marca una diferencia sustantiva. En un momento crítico para la seguridad social costarricense, solo estas seis candidaturas se comprometieron de forma expresa a defender la universalidad, la solidaridad, la equidad, la autonomía institucional y el financiamiento responsable de la CCSS, así como a fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud y la calidad del sistema público de salud.

La salud no puede convertirse en botín político ni en privilegio para unos pocos. Es un derecho humano, una política de Estado y una condición indispensable para la equidad, el desarrollo y la convivencia democrática.

Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse, a valorar los compromisos reales y a salir a votar con conciencia, considerando quiénes han demostrado, con hechos, su voluntad de proteger la salud pública y el legado social de Costa Rica.

Votar también es cuidar la vida.
Defender la CCSS es defender el futuro del país.

Por Equipo en Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la CCSS:
Mujeres por CR, la RED por CR y la Caja es Nuestra

SIFREHN: mayoría del personal de la CCSS no tiene capacidad resolutiva y hay una megaburocracia administrativa

Durante un reciente coloquio del Sindicato Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN), el médico Alfredo Ramírez Montero expuso una serie de datos que, según indicó, permiten comprender mejor la profundidad de la crisis que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tanto en la prestación de servicios como en su situación financiera.

De acuerdo con información oficial de la Auditoría Interna de la CCSS, correspondiente a la planilla de diciembre del año anterior, la institución cuenta con 63.650 funcionarios. Sin embargo, solo una octava parte de ese total tendría capacidad resolutiva directa para atender los problemas médico-asistenciales de la población.

Según los datos presentados, únicamente 2.870 médicos generales y 3.900 médicos especialistas tienen capacidad directa para resolver listas de espera, atención de emergencias y consultas médicas. A este grupo se suman aproximadamente 660 odontólogos y 345 psicólogos, así como profesionales en microbiología, farmacia y enfermería, para un total cercano a 15.000 profesionales en ciencias médicas.

A estos se añaden cerca de 30.000 funcionarios que desempeñan labores esenciales de apoyo, como auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, personal de nutrición, misceláneos y técnicos, quienes —según se señaló— sostienen gran parte de la atención directa a pacientes hospitalizados y en condiciones críticas.

No obstante, el resto del personal, alrededor de 33.000 funcionarios, corresponde al núcleo administrativo, lo que, según Ramírez Montero, evidencia que la CCSS cuenta actualmente con más personal administrativo que personal operativo asistencial, convirtiéndose en una “megaburocracia administrativa” que no contribuye a mejorar la atención médica.

El expositor recordó que entre los años 2006 y 2007 se contrataron aproximadamente 11.000 funcionarios adicionales, sin que ello generara mejoras en la prestación de los servicios, situación que posteriormente fue confirmada por estudios de la Organización Panamericana de la Salud.

En materia financiera, se señaló que el Estado cubre apenas cerca del 66 % del costo real de la atención en salud brindada a personas en condición de pobreza, lo que, según se indicó, violenta disposiciones legales vigentes. Asimismo, se afirmó que el Estado paga menos del 4 % del costo real del primer nivel de atención en salud, hoy a cargo de los EBAIS, cuyo costo anual supera los 700.000 millones de colones, mientras que la CCSS cobra apenas unos 25.000 millones, monto que además no es cancelado.

Otro punto crítico señalado fue el traslado anual de recursos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) hacia el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), estimado en alrededor de un billón de colones por año, lo que habría provocado el severo debilitamiento del fondo de reserva del IVM. Dicho fondo, que debería rondar los 55 billones de colones, cuenta actualmente con apenas 3,5 billones.

Finalmente, se indicó que en los últimos años se habrían dejado de cobrar al Estado aproximadamente 1,6 billones de colones de deuda con la CCSS, profundizando el desfinanciamiento institucional.

Ante este panorama, Ramírez Montero afirmó que la crisis en la atención médica, las listas de espera y la sobrecarga del personal asistencial no deben normalizarse, y llamó a las altas autoridades del país, en particular a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a asumir su responsabilidad en la defensa del financiamiento y la función social de la seguridad social costarricense.

📺 Puede ver el video con la exposición en el siguiente enlace:

https://m.youtube.com/watch?v=8eLBNpSBRQ4

Dos posiciones frente a la Caja

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

1. Álvaro Ramos se compromete a construir 400 EBAIS (para elevar el número a ~1.500) como medida central en la lucha por rebajar sustancialmente, las inhumanas listas de espera que principalmente angustian a adultos mayores. Y, por supuesto, atender responsablemente la inaceptable deuda del gobierno central con la Caja, que ha aumentado más de un 40 % durante la administración chavista.

Asimismo, ampliar razonablemente el horario de atención en los EBAIS y mejorar aún más, la administración de los bienes de la gran Institución, al lado de un plan consensuado de formación de especialistas quienes, con adecuadas condiciones laborales no se vean en la necesidad de desplazarse hacia la medicina privada.

2. Por otro lado, afín a determinantes ideológicos conservadores, el candidato sustituto Aguilar Berrocal ofrece incorporar a todos los EBAIS a un proceso mixto Caja-empresas privadas («tercerización» le llaman) que, cual si fuere una potente aspirina demagógica, reduciría «a cero las listas de espera y bajaría a la mitad los costos».

Además, ofrece ampliar la tal «tercerización» hacia los hospitales «donde haya una gran oferta hospitalaria». En resumen, ofrece una CCSS mixta, pese a que evidentemente no se lo ha preguntado siquiera a los accionistas de los grandes hospitales privados, por lo que parece más «un sueño personal» que una realidad.

Compromiso de candidaturas con la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la CCSS

Este miércoles 7 se presentó públicamente el Compromiso por la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una declaración impulsada desde la sociedad civil que reafirma la salud como derecho humano, política de Estado y pilar de la convivencia democrática, la equidad y la paz social en Costa Rica.

La iniciativa es promovida por los colectivos Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica y La Caja es Nuestra, quienes convocaron a las candidaturas presidenciales a asumir compromisos claros, verificables y de largo plazo para proteger el sistema público de salud en su conjunto, fortalecer la seguridad social y garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad para toda la población.

A la fecha, el documento cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones de diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios del país.

Mediante invitación formal, se convocó a las 20 candidaturas a la Presidencia de la República para el período 2026–2030. Aceptaron suscribir el compromiso las siguientes personas candidatas: Álvaro Ramos Chaves, Ana Virginia Calzada Miranda, Ariel Robles Barrantes, Claudia Dobles Camargo, Claudio Alpízar Otoya y Fernando Zamora Castellanos.

Salud pública y CCSS: pilares complementarios

El Compromiso subraya que la salud pública y la CCSS son pilares complementarios e inseparables del modelo social costarricense. Mientras el Ministerio de Salud debe ejercer una rectoría técnica, fuerte y articuladora, la CCSS garantiza la prestación solidaria y universal de los servicios de salud, desde el primer nivel de atención hasta los hospitales especializados.

Gracias a este modelo, Costa Rica ha alcanzado indicadores de salud destacados, como alta esperanza de vida, baja mortalidad materna y una cobertura amplia de atención. Sin embargo, el documento advierte que hoy el sistema enfrenta amenazas y retos estructurales que requieren respuestas urgentes y coordinadas.

Entre ellos se señalan las listas de espera, la escasez y mala distribución de especialistas, el crecimiento de la informalidad laboral, las brechas territoriales en el acceso a servicios y el aumento reciente de la mortalidad infantil, que en 2024 alcanzó la tasa más alta de los últimos 16 años, según datos oficiales.

Asimismo, se alerta sobre intentos de privatización de servicios, debilitamiento de la inversión pública y presiones políticas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema solidario y el derecho humano a la salud.

“Defender la salud pública es defender la vida, la dignidad y la equidad. La CCSS no es solo una institución: es una conquista histórica que sostiene el bienestar y la paz social del país”, señala el Compromiso.

Cinco ejes de compromiso

En caso de asumir la Presidencia de la República para el período 2026–2030, las personas firmantes se comprometen a actuar en cinco áreas estratégicas:

  1. Principios del sistema de salud y la seguridad social
  • Defender y fortalecer la salud pública y la CCSS como patrimonio de toda la población.
  • Garantizar la universalidad, la solidaridad y la equidad en el acceso y financiamiento del sistema.
  • No promover iniciativas que atenten contra la autonomía o los principios rectores de la seguridad social.
  1. Gobernanza técnica y autonomía institucional
  • Nombrar liderazgos técnicos, íntegros y con idoneidad comprobada.
  • Blindar a la CCSS frente a intereses políticos o particulares.
  • Fortalecer la participación del personal de salud, las comunidades y los territorios.
  1. Financiamiento adecuado y responsabilidad fiscal
  • Garantizar el pago oportuno y progresivo de la deuda del Estado con la CCSS.
  • Fortalecer la corresponsabilidad tripartita.
  • Combatir la evasión y la morosidad patronal y excluir a la CCSS de la regla fiscal, asegurando transparencia.
  1. Modernización y calidad del sistema de salud
  • Impulsar infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia y trabajo en red.
  • Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en coordinación con la CCSS y otras instituciones.
  • Reforzar la prevención, la promoción de la salud y el abordaje de los determinantes sociales desde los territorios.
  1. Condiciones laborales y desarrollo profesional
  • Garantizar condiciones laborales justas, estables y seguras para el personal de salud.
  • Fortalecer la formación continua, el desarrollo profesional y el bienestar laboral.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

El Compromiso concluye que proteger la salud pública y fortalecer la CCSS es una responsabilidad de toda la sociedad, ya que su solidez impacta directamente en la calidad de vida, la equidad social, la productividad, la respuesta ante emergencias y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.

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A la fecha, este esfuerzo cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones, que han avalado formalmente el documento:

  1. Asociación Costarricense de Directores Médicos (ACOD MED)
  2. Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública (ADESAP)
  3. Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
  4. Asociación Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD)
  5. Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL)
  6. Asociación Síndrome de Down Costa Rica (ASIDOWN)
  7. Avance Isidreño
  8. Cámara Nacional de Meliponicultores de Costa Rica (CANAMEL)
  9. Causa Sur
  10. Costa Rica por la Caja
  11. El Observatorio de Genero y Medios (GEMA)
  12. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (FCS-UCR)
  13. Federación Unión Sindical del Grupo ICE (FUS ICE)
  14. Foro de Mujeres Políticas
  15. Frente de Lucha del Hospital de Cartago
  16. Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
  17. La Caja es Nuestra
  18. La Red por Costa Rica
  19. Movimiento Asambleas Populares (MAP)
  20. Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
  21. Mujeres por Costa Rica
  22. Palabras Viajeras
  23. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres
  24. Sindicato de Enfermería (SINAE AFINES)
  25. Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS)
  26. Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME)
  27. Somos Río Chirripó
  28. Universidad de Costa Rica (UCR)
  29. Universidad Nacional (UNA)
  30. Verde Verdad Escuela Nómade

Puede descargar el documento completo desde la página de SURCOS mediante este enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Compromisos-en-defensa-y-fortalecimiento-de-la-Salud-Publica-y-la-CCSS.pdf

De advenedizos y otros figurones

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El señor Nogui Acosta, ex ministro de Hacienda y candidato a diputado por el continuismo chavista en el primer lugar por San José, en legítimo ejercicio de sus derechos, se ha beneficiado familiar y personalmente del sistema público de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S). Sabe a la perfección lo que significa enfrentar la tragedia de una enfermedad grave, con riesgo de muerte en un ser querido, y sin embargo, poder acceder a un servicio médico de calidad, cuyos altísimos costos es imposible sufragar por cuenta propia. Le consta también a don Nogui que es necesario e indispensable un régimen solidario en el que, con la contribución económica de todos, se pueda rescatar a quien ha caído en desgracia.

Por eso resulta incomprensible –por decir lo menos- que una persona que haya pasado por semejante experiencia vital, cuando ha ejercido el poder público suficiente para financiar y fortalecer ese sistema de salud que lo ha salvado, se comporte como enemigo declarado del mismo. Acosta ha recortado presupuestos en materia de salud, ha catapultado la deuda del Estado para con la Caja y hasta ha boicoteado los recursos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa para aliviar esa deuda.

Es el mismo esquema moral de Pilar Cisneros, en su momento flamante becaria de la Universidad de Costa Rica, que se da el tupé de descalificar a otros que han accedido a las mismas oportunidades que ella y su familia disfrutaron con dineros públicos, es decir, con recursos de los contribuyentes que pagamos impuestos para provecho de quienes lo requieren. De igual manera se ha comportado como conspicua enemiga de la educación pública abogando por recortes salvajes y cuestionando la sagrada misión de instituciones beneméritas como la UCR. Se ha tratado, ni más ni menos, de morder la mano de quien le ha dado de comer. Ese es el nivel.

Pero el panorama insufrible es todavía peor. El ramillete que nos propone Pueblo Soberano incluye otros figurones por el estilo: el primer lugar por Alajuela, entre otros atestados, es un deudor de cientos de millones de colones a la misma –pobre- Caja y se deshace en maniobras para asegurarse que sus obligaciones se vuelvan incobrables; en el primer puesto por Heredia otra joyita que pasó por la C.C.S. S. como tormenta devastadora adjudicando licitaciones a dedo bajo el esquema de supuesta contribución público-privada, en los que ya se sabe que sólo sirven para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Todo lo anterior para no mencionar a la tica que quiso, mediante fraude, ser mejicana, o el caso del papá de todos los tomates, otro tico que volvió después de 30 años con ínfulas de mesías salvador y que en mayo próximo –si Trump quiere- entregará el mando del país en las peores condiciones de su historia reciente.

Como diría don Juanito Mora, una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos nos amenaza con perpetuarse en el poder. Confío en que lo más puro, digno, auténtico, valiente y democrático que aún anida en el corazón del pueblo costarricense, pueda impedirlo.

Junta Directiva CCSS: vocación para servir, no obediencia política

Bach. Martha Elena Rodríguez González
Exdirectora Caja Costarricense de Seguro Social

A la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se debe llegar con vocación de servicio, humanidad y un compromiso profundo con la seguridad social. No es un espacio para el cálculo político ni para la subordinación, sino un órgano colegiado llamado a resguardar uno de los pilares más importantes del pacto social costarricense.

En la entrevista reciente concedida por la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández Delgado, se afirma:

“¿Cómo va a ser posible que siendo la Caja la institución presupuestariamente más grande de toda Centroamérica la dieta que se le paga a cada directivo es de 47.000 colones?

“… la raíz del problema es la conformación y la integración de esa Junta Directiva… hay personas ahí que ni siquiera levantan la mano, que no les he oído la voz porque les da miedo participar… una Junta Directiva donde están los sindicatos, el solidarismo, las cooperativas y el que pone el presidente es solamente un voto dentro de toda esa Junta… entonces en la Caja hay que hacer grandes transformaciones…”

Estas afirmaciones, lejos de constituir un diagnóstico serio, evidencian un desconocimiento profundo del diseño jurídico e institucional de la CCSS y del rol que la Constitución y su Ley Constitutiva asignan a la Junta Directiva. El monto de la dieta no es un incentivo económico, sino un reconocimiento simbólico a una función pública de alta responsabilidad, cuyo fundamento no es la retribución material, sino la vocación de servicio.

Reducir la discusión a la dieta no solo trivializa el compromiso ético que implica ser directivo o directiva de la Caja, sino que desconoce que la institución cuenta con una robusta estructura técnica y asesora -jurídica, financiera, actuarial, logística, médica y administrativa- que respalda la toma de decisiones. Nadie está llamado a ser experto en todas las materias; lo indispensable es la probidad, la independencia de criterio, el conocimiento de la seguridad social y la solidaridad con quienes dependen del sistema de salud y pensiones.

La candidata también afirma que hay directivos que “no levantan la mano” por miedo. Sin embargo, atribuir ese silencio a la composición tripartita resulta falaz. El verdadero problema no es la presencia de sindicatos, cooperativas o solidarismo -expresamente prevista por la ley-, sino la práctica política que ha impuesto, en esta administración, un control absoluto del órgano colegiado mediante presiones, amenazas veladas y destituciones arbitrarias. No es miedo a participar: es el costo real que enfrentan  quienes se atreven a disentir del Poder Ejecutivo.

La Ley Constitutiva de la CCSS es clara: la Junta Directiva se integra de manera tripartita, con tres representantes del Gobierno, tres del sector patronal y tres del sector laboral. Una vez nombrados, deben actuar con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, para garantizar un equilibrio de intereses donde prevalezca el bien común y no la agenda política de turno.

Plantear “grandes transformaciones” sin reconocer este marco legal ni el valor democrático de la representación social implica abrir la puerta a una recentralización del poder, incompatible con la autonomía y el modelo solidario que ha sostenido a la CCSS durante décadas. La Caja no necesita una Junta obediente ni homogénea; necesita personas íntegras, con criterio propio, capaces de deliberar, cuestionar y defender la institución incluso frente al Gobierno.

Los hechos recientes -el maquillaje de estudios actuariales, compras a sobreprecio como el caso Barrenador, la crisis operativa asociada al sistema ERP-SAP de la CCSS, los nombramientos ilegales en la Junta Directiva, el crecimiento exponencial de las listas de espera y la escandalosa deuda del gobierno con la CCSS- no evidencian un exceso de representación social, sino un abandono del deber constitucional de proteger la seguridad social.

La Caja no es el problema. El problema es su captura política, que debilita su democracia interna y silencia a quienes piensan distinto.

La CCSS se fortalece recuperando la ética pública, la transparencia y el compromiso humano de quienes la dirigen; defendiendo su autonomía, su independencia y su carácter tripartito como garantías reales del derecho a la salud, a las pensiones y a la dignidad de millones de personas.

UNDECA denuncia: persisten graves fallas en sistema ERP–SAP en la CCSS

A la ciudadanía se le dijo que el nuevo sistema informático de la Caja (ERP-SAP) estaba listo, que iba a ordenar las finanzas, los inventarios y la logística, pero la realidad, es que se puso a funcionar sin estar terminado y ahora la institución y la ciudadanía estamos pagando las consecuencias; incluso a seis meses de su salida en vivo, informes técnicos recientes son contundentes, las graves fallas persisten.

Durante meses autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del gobierno aseguraron públicamente que el sistema estaba listo y bajo control, sin embargo, las fallas estructurales comprometen la transparencia financiera, el control de inventarios, la logística institucional y, de forma directa, la calidad del servicio de salud que recibe la población.

UNDECA, como sindicato mayoritario de la CCSS alerta a la ciudadanía sobre una grave crisis institucional que ha derivado de la implementación apresurada del sistema informático ERP–SAP, el cual fue puesto en funcionamiento sin cumplir las condiciones técnicas mínimas requeridas.

Inclusive en estas fechas el caos persiste, los estados financieros están siendo comprometidos, hasta el momento no se han logrado consolidar inventarios, ni certificar las cargas iniciales del sistema, existen diferencias millonarias sin justificación técnica y no se ha podido realizar el primer cierre contable integral.

“Forzar cierres en estas condiciones implica el riesgo de emitir estados financieros poco confiables o falsos, con consecuencias legales y administrativas graves. Sumado a esto se han detectado problemas en inventarios de medicamentos, órdenes de producción que no pueden cerrarse, discrepancias entre registros del sistema y existencias físicas, y la necesidad de operar con controles manuales y sistemas paralelos arriesgando la trazabilidad, la seguridad sanitaria y el abastecimiento oportuno en los centros de salud”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.

El sistema se lanzó con datos incorrectos, cargas mal hechas, procesos incompletos y no se sabe con certeza cuántos inventarios hay, dónde están ni cuánto valen realmente. La contabilidad pública no es una formalidad, es afirmar con responsabilidad legal que los números reflejan la realidad financiera de la institución.

Esta decisión apresurada de aprobar y pagar un sistema que sólo su salida en vivo costó más de 2 millones de dólares ($2 millones) y que no cumple con los requisitos técnicos mínimos, podría constituir incumplimiento de deberes, falta de diligencia y eventual daño al interés público, lo cual exigimos una investigación administrativa y judicial independiente.

Lo peor de todo es que los responsables han querido achacar la culpa a las personas trabajadoras de la institución, quienes en realidad han sostenido la operación con sobrecarga laboral, controles manuales y esfuerzos extraordinarios para evitar daños mayores a los pacientes.

“En este sentido, UNDECA exige transparencia, investigaciones administrativas independientes que determinen las responsabilidades por acción u omisión, la toma de decisiones apresuradas, los pagos realizados y protección para las personas que han advertido los riesgos”.

Y no solo han sido una avalancha de errores, sino que, en lugar de informar con transparencia, ahora, pretenden mover cronogramas y minimizar fallas ya materializadas. Esto no es transparencia: es manejo político de una crisis técnica, trasladando el costo del error a las personas trabajadoras y a la ciudadanía usuaria.

¡Denunciar no es sabotear! Es defender la Caja, los recursos públicos y el derecho a salud y pensiones dignas.

Gestión ciudadana logra que la CCSS active trámite sobre reajuste de pensiones

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trasladó a la Gerencia de Pensiones la solicitud de información y criterio técnico relacionada con el reajuste de los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), planteada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS).

Mediante el oficio SJD-1413-2025, fechado el 19 de diciembre de 2025, la Junta Directiva solicita a la Gerencia de Pensiones remitir, a más tardar el 9 de enero de 2026, un criterio técnico y fundamentado sobre los puntos expuestos por la Auditoría Ciudadana en el oficio ACSS-003-2025, referido al deterioro del poder adquisitivo de las pensiones y a la necesidad de su reajuste.

Un avance producto de la gestión ciudadana

Este traslado institucional constituye un avance concreto derivado de la gestión sostenida de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, que en días recientes solicitó públicamente el reajuste de las pensiones del RNC y del IVM, señalando que desde 2019 no se realizan ajustes regulares, pese al impacto acumulado de la inflación.

Tal como documentó SURCOS en una nota previa, la Auditoría Ciudadana ha advertido que las pensiones del Régimen No Contributivo permanecen en ₡82.000 mensuales desde mayo de 2019, lo que ha significado una pérdida real del poder adquisitivo, mientras que en el caso del IVM se interrumpió una práctica histórica de revalorizaciones periódicas.

Contexto político e institucional

El traslado de la solicitud ocurre a las puertas del proceso electoral nacional, en un contexto donde la discusión sobre el derecho a una vejez digna, la seguridad social y la responsabilidad del Estado en la protección de las personas pensionadas vuelve a adquirir centralidad en el debate público.

Desde la Auditoría Ciudadana se ha señalado que, independientemente de las motivaciones institucionales, este paso permite recolocar el tema del reajuste de pensiones en la agenda oficial, luego de varios años sin respuestas efectivas, y obliga a la administración a pronunciarse técnicamente sobre solicitudes que cuentan con sustento legal y normativo.

Pensiones congeladas desde 2019

La organización recuerda que el congelamiento de los montos del RNC se mantiene desde hace más de una década, y que durante el actual gobierno tampoco se han aplicado reajustes, profundizando el impacto sobre una población en condición de alta vulnerabilidad social.

El seguimiento que realice la Auditoría Ciudadana y la respuesta que emita la Gerencia de Pensiones serán claves para determinar si este traslado se traduce en medidas concretas de corrección, o si se mantiene la postergación de decisiones que afectan directamente a miles de personas pensionadas.

Auditoría Ciudadana solicita reajustar pensiones del RNC y del IVM a partir de 2026

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el reajuste de los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a partir del 1.º de enero de 2026, con base en criterios técnicos, legales y de justicia social.

En el oficio ACSS-003-2025, la organización expone que las decisiones de la CCSS en los últimos años han provocado una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las pensiones, afectando de forma directa a cientos de miles de personas pensionadas.

Pérdida acumulada en el Régimen No Contributivo

Según el análisis presentado por la ACSS, las pensiones del Régimen No Contributivo permanecen en ₡82.000 mensuales desde mayo de 2019, lo que ha significado una pérdida acumulada del 9,3 % de su valor real debido a la inflación.

Con base en datos oficiales de la CCSS, el estudio concluye que, para reponer la pérdida del poder adquisitivo, el monto básico de la pensión del RNC debería incrementarse en ₡7.626 mensuales, fijándose en ₡89.626.

Revaluaciones omitidas en el régimen IVM

En el caso del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la Auditoría Ciudadana señala que durante más de tres décadas las pensiones se revalorizaron dos veces al año, práctica que se interrumpió a partir de 2019.

El documento detalla que varias revaluaciones no se aplicaron o se hicieron de forma tardía, lo que generó pérdidas significativas para las personas pensionadas. Al cierre del período analizado, se estima una pérdida acumulada cercana al 1 %, por lo que la ACSS solicita una revalorización mínima del 1 % para todos los montos del IVM a partir de enero de 2026.

Ajuste de la pensión mínima

La ACSS recuerda que el Reglamento del IVM establece que la pensión mínima no puede ser inferior al 50 % de la base mínima contributiva, la cual se calcula con base en el salario mínimo.

Con el reajuste previsto del salario mínimo para 2026, la organización concluye que la pensión mínima del IVM debe aumentar de ₡159.692 a al menos ₡162.295, para cumplir con la normativa vigente.

Las tres petitorias centrales

En síntesis, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita formalmente a la CCSS:

  1. Reajustar la pensión del RNC de ₡82.000 a ₡89.626 mensuales.

  2. Revalorizar en al menos un 1 % todos los montos y el tope máximo de las pensiones del IVM.

  3. Aumentar la pensión mínima del IVM hasta un mínimo de ₡162.295 mensuales.

La organización sostiene que estos ajustes no constituyen concesiones extraordinarias, sino el cumplimiento de obligaciones legales y el respeto al derecho de las personas pensionadas a no ver deteriorados sus ingresos por efecto de la inflación.

UNDECA: Negar la crisis en la CCSS por puesta en marcha de ERP-SAP es negar la realidad

Comunicado

UNDECA ya lo había denunciado y la Contraloría lo confirmó

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ya lo había denunciado consistentemente y la Contraloría General de la República (CGR) lo confirmó ante la Comisión Especial Investigadora en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), negar que el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) ha generado una crisis en la Institución es negar la realidad.

UNDECA advirtió desde antes que entrara en operación el sistema ERP-SAP que su puesta en marcha generaría enormes riesgos, los cuales ya han sido materializados, con pérdida de información, fallas críticas, desabastecimiento, atrasos en cuentas por pagar, problemas en procesos contables y mucho más.

Según declaró la Contralora Marta Acosta en la Comisión legislativa, previo a que saliera en operación el ERP-SAP desde la jerarquía de la Caja se hicieron cambios para establecer un control centralizado y se había advertido que el sistema no estaba listo y aún así se corrió.

“Falta de capacitación, advertencias ignoradas, fallas críticas en farmacias y gerencias, riesgos operativos y de desabastecimiento se veían venir, de acuerdo con la Contraloría, tal y como UNDECA ya lo había señalado. Coincidimos con el ente contralor de que hay una total ausencia de gobernanza, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos, que han generado desde el día 1 de la entrada en funcionamiento del ERP-SAP retrocesos en controles, facturas sin registrar, diferencias en activos registrados, desabastecimiento clínico, entre muchos otros”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Mientras tanto la empresa Quintes la cual implementa el ERP-SAP, salió a defenderse ante los diputados de la Comisión, asegurando que las ineficiencias del sistema eran responsabilidad de la Caja.

Es evidente que este gobierno presionó para implementar el sistema «a cualquier costo», aunque esto pusiera en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.

“Nos hicimos presentes en la Asamblea Legislativa, este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, para conocer de primera mano ambas comparecencias, porque la Caja está sufriendo desde hace bastante tiempo una serie de denuncias por corrupción, y en el caso del ERP-SAP ha sido uno de los más costosos que ha implementado la Caja, que la ha puesto en una crisis institucional y causado aumento del trabajo del personal que no es aceptable”, indicó Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la CCSS.

Nos manifestamos en contra de que Quintes y Datasys sigan lucrando con la operación del sistema que ha sido un absoluto fracaso.