Nos encontramos en un escenario donde la política del gobierno, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, cada día atenta más contra las conquistas que el pueblo costarricense históricamente ha emprendido para garantizar derechos y garantías políticas, sociales, económicas y culturales, fundamentales en un Estado de Derecho.
Manifestamos nuestra alegría ante la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) donde declara con lugar cuatro recursos de amparo interpuestos contra la suspensión arbitraria y violenta por parte del Consejo de Gobierno, en perjuicio de varios y varias integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A la vez, destacamos nuestro reconocimiento a todos los sectores quienes, gracias a su lucha permanente en defensa de la CCSS, han hecho posible esta resolución.
Expresamos nuestro apoyo a la convocatoria de la Unión Sindical CCSS a huelga general de la CCSS para el próximo 5 de julio.
¡La CCSS es una sola, huelga, huelga, huelga!
¡Defendamos la autonomía de la CCSS!
La Caja es de nuestro pueblo, por eso, tenemos el derecho de supervisar esta institución y a toda junta directiva.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical CCSS Trabajador Servicio de Cirugía Ambulatoria HSJDD 26 junio 2023
Por un lado, tenemos un golpe de Estado en lo político que aniquila la autonomía constitucional y avanza en el control funcional de la estructura, lo que podríamos llamar, una colonización política estructural que va desde la Junta Directiva, la Gerencia General, pasando por los mandos gerenciales y direcciones centrales y que no dudamos avanzará posiblemente a lo local con el control político de las direcciones médicas de hospitales, clínicas y áreas de salud. El acuerdo de 12 puntos del pasado 22 de junio en la oscuridad nos confirma nuestra tesis.
Por el otro lado tenemos una narrativa mediática, de redes (troles), y demás espacios de comunicación que repiten y repiten el slogan de la quiebra al mejor estilo goebbeliano.
Siendo lo cierto que existe una tarea de tergiversación monstruosa hacia la opinión pública en la cual tal parece la dirección actuarial de la Caja se presta a este juego maquiavélico de desinformación.
Lo cierto y real es que los datos que ha venido presentando recientemente el expresidente Ejecutivo de la CCSS, don Álvaro Ramos Chaves, son indicativos de una realidad financiera diametralmente distinta a la que posesionan malintencionadamente el presidente de la República y su marioneta Marta Eugenia Esquivel.
Ante tal farsa informativa de alcances políticos sumamente riesgosos para el Estado Social de Derecho, la institucionalidad y el sistema democrático nacional como tal, debería la Sala Constitucional frenar categóricamente esta ruta autoritaria en el cortísimo plazo.
Igualmente, y con suma urgencia el Colegio de Ciencias Económicas u otras entidades homólogas deberían emitir un criterio que oriente con sana objetividad sobre las diferencias entre una liquidación presupuestaria, un flujo de caja, unos estados financieros y una valuación actuarial, de lo contrario seguirá ganando terreno la destrucción de la estabilidad política nacional.
En términos generales mi breve análisis coincide con las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, salvo la que se refiere al costo proyectado por la CCSS sobre el Producto Interno Bruto (PIB), que OIT estima en 21,5% en el Gráfico 3 de su informe. La OIT no dice como estimó el PIB de 2023 a 2036; sin embargo, como el costo sin inversión en proyectos proyectado por la CCSS para el año 2036 es ₡12,7 billones (Cuadro 35 de VA-2021), se deduce que OIT estimó un PIB de ₡59,3 billones = ₡12,7 / 0,215 para ese año. Como el PIB estimado por el BCCR (Banco Central de Costa Rica) para el año 2022 es ₡44,3 billones, significa que si OIT usó este dato, entonces la tasa anual nominal de crecimiento del PIB que utilizó es igual a 2,1%. Sin embargo, el PIB ha venido creciendo a tasas nominales promedio entre 6% y 7% y tasas reales superiores al 3%, por lo que esa hipótesis de 2,1% de crecimiento nominal del PIB no luce razonable.
En el Gráfico 1 siguiente presento tres escenarios de los gastos proyectados por la CCSS en el Cuadro 35 de VA-2021 sobre el PIB, usando tasas reales de crecimiento del PIB del 2,5%, 3,5% y 4,5%, partiendo de la cifra de PIB de ₡49,97 billones estimada por el BCCR para el año 2024. Lo que se obtiene con estas hipótesis es que en el año 2036 los gastos sobre el PIB proyectados por la CCSS serían 13,3%, 11,8% y 10,5% para dichos escenarios, respectivamente. Si bien estos costos sobre el PIB son bastante inferiores a los obtenidos por la OIT, siguen siendo sorprendentes, incluso si el PIB creciera un 4,5% real, ya que en los tres escenarios los costos sobre el PIB superan el doble de los datos levemente mayores a 5% observados en el período 2010-2021. El crecimiento del gasto sobre el PIB es explosivo desde el primer año proyectado, en el cual el costo supera el 6%, en 2026 el 7%, en 2030 el 8%, en 2034 el 10% y en 2036 el 11%.
Nota: El gasto histórico se toma del Cuadro 17 de VA-2021; el gasto proyectado es el del Cuadro 35 de VA-2021.
Si en el Gráfico 1 se agrega el costo del portafolio de inversiones en infraestructura, los valores proyectados mostrados en dicho gráfico se incrementan en promedio un 0,6% sobre el PIB.
Dado este explosivo aumento del gasto proyectado en VA-2012, no es extraño que el gasto per cápita, usando las proyecciones de población del INEC, también se dispare desde ₡ 425.065 en 2021 hasta ₡ 2.207.265 en 2036; es decir, se multiplica por 5,2 en 15 años, factor que supera el indicado por OIT que usa como base el dato del año 2022.
En los cuadros 16 y 17 de VA-2021 hay estadísticas de crecimiento nominal y real de los ingresos y los gastos del SEM del período 2010-2021, que muestran que, en promedio, los ingresos crecieron un poco más que los gastos; sin embargo, en las proyecciones realizadas por la CCSS, los ingresos crecen un 8,3% en promedio y los gastos crecen desde un 9% en 2023 hasta un 14% en 2036, con un promedio de 11,4%. En particular, es sumamente extraño lo que sucede con la proyección del gasto en atención primaria de la salud (Áreas de Salud), el cual crece a tasas crecientes desde un 14,8% en 2023 hasta un 20,2% en 2036, aspecto que también fue analizado por la OIT. Esto ocasiona que el gasto en este rubro se dispare hasta montos muy poco razonables y creíbles; pero que a los expertos de la Caja no les parecieron extraños, ni siquiera hicieron la observación sobre este asunto, sino que se dedicaron a desviar la atención mencionando los cambios en los gastos según la edad de las personas. En el informe VA-2021 no se muestran los datos desagregados del año 2022 y los que muestran del año 2021 son sumamente deficientes. Pero usando los datos que ellos mismos estimaron para 2023 en el Cuadro 32, se pueden obtener muchas conclusiones (Ver el Gráfico 2).
Nota: Elaborado con los datos del Cuadro 32 de VA-2021.
Por ejemplo, el gasto en áreas de salud o atención primaria, que en 2023 estiman en ₡0,73 billones, se dispara como cohete en espacio sin gravedad, hasta un monto de ₡5,94 billones en 2036, dejando rezagado desde el año 2030 el gasto en hospitalización, el cual en 2023 estiman en ₡1,17 billones y en 2036 valoran en ₡3,12 billones. Es decir, en 13 años el gasto en áreas de salud se multiplica más de 8 veces y su relación con el gasto de hospitalización pasa de 0,62 en 2023 a 1,9 en 2036. Con respecto al gasto total en salud, el gasto en áreas de salud pasa de una participación de 29% en 2023 a una participación del 52% en 2036, con una tendencia lineal, que si se mantiene en 2041 representaría el 60% y en 2050 un 76% (Ver Gráfico 3). Ante este disparate de gastos proyectados, es innecesario analizar si los ingresos son razonables.
Nota: Elaborado con los datos del Gráfico 2.
Recordemos que el costo de la medicina preventiva es una obligación del Estado según el artículo 9 de la Ley No 7374, del cual los gobiernos de turno no le han aportado ni un centavo a la Caja en 30 años; sin embargo, los autores del informe VA-2021 no hacen visible dicho costo, inmerso precisamente en las cifras que proyectan para las áreas de salud. Me inquieta pensar que aquí haya gato encerrado, en particular, si cuando Román Macaya y los otros 8 directores se hicieron los zorros ante mi informe y solicitud de detener los maquillajes con el desvío de fondos de IVM y con los estudios actuariales del SEM, fue porque todo lo estaban cocinando a juego lento para lograr acuerdos con políticos locales y con organismos financieros internacionales. Este minino también podría explicar que hayan mantenido durante más de 15 años a un profesional como jefe de actuarios y revisor de estudios actuariales, que es lego en esa materia; pero que cae como anillo al dedo para el manejo financiero de la Caja que quieren los gobiernos de turno.
Como ya es conocido, con una marcha multitudinaria seguida de una demostración de fuerza, claridad y decisión en La Plaza de la Democracia, varios sectores organizados del país se manifestaron con firmeza y convicción, ante la situación por la que pasa la educación pública costarricense y otros asuntos nacionales, abusados por el neoliberalismo.
Se mencionó de manera enfática que, en este momento, con algunas medidas gubernamentales, se está poniendo en peligro la democracia y la paz social.
Se manifestó también con claridad que “este pueblo ya despertó”; se hizo un llamado con decisión: “defendámonos”.
Se planteo también a los sectores en pro de la defensa de la educación pública, que “cuentan con el apoyo del sector agropecuario”.
También se dijo con determinación que “saldremos a la calle a llevar palo”; a la vez, se pidió con vehemencia la renuncia de la ministra de Educación y en alusión a palabras del presidente, se dijo que ahora “no hay un plato, sino una olla de chop suey”.
Mucho apoyo recibió la demanda al gobierno, en cuanto a que debe pagar la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social; así como el reclamo en cuanto a que se le está quitando presupuesto a Educación, para pasarlo a Seguridad.
“Sólo el pueblo salva al pueblo”. Esta sentencia fue mencionada con convicción y vehemencia, lo que pone en evidencia, entre otras cosas que, por parte de distintos sectores sociales, hay un descrédito hacia el gobierno; una separación y confrontación entre pueblo y gobierno y un llamado a la lucha por los derechos de la población.
Al igual, dos diputadas del Frente Amplio se refirieron con determinación, a la gestión gubernamental: “se les acabó el juego” y “palo va a llevar el gobierno”; así como su oposición a la jornada de 12 horas, exigiendo que se pague horas extras.
Por su parte, una diputada del Partido Liberación Nacional dijo apoyar el 8% para la educación pública.
Al mismo tiempo, se hizo circular la información en cuanto a que en la Asamblea Legislativa se llevó a cabo una votación, con treinta votos a favor del 8% para la educación pública.
Un día antes, en un intento de desmovilización, la ministra de Educación se refirió a la marcha como “una pena” y en un comunicado conjunto con los ministros de la Comisión de Enlace para la negociación del FEES, el lunes 19, dijo “…la verdad sobre la manifestación de mañana. No se dejen engañar, porque hay gente que los quiere utilizar para defender sus intereses, privilegios…”
Hay que decir entonces, que ojalá de verdad le dé pena lo que sucedió el martes, aunque eso está por verse, si nos atenemos a las posiciones mantenidas.
Así también, en un documento denominado “Pacto por la educación pública”, dado a conocer ese martes 20, se dice que este se presenta “como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP” y refiere que “En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales”.
Entre los puntos planteados contiene:
Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB;
Liberar a la educación pública de la regla fiscal.
Lanegociación del FEES en la Comisión de Enlace
Tanto por parte de los representantes de la educación superior pública, como del sector gubernamental, se ha emitido documentos que informan del avance y resultados parciales de las sesiones para la asignación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, FEES 2024.
De circunloquios y subterfugios. Pero: ¿seguimos “negociando”?
El gobierno por su parte, en el documento titulado:
“Restricciones presupuestarias impiden brindar más recursos al FEES 2023” (subrayado nuestro) informó que:
En el proceso de las negociaciones… (FEES) de 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a explorar la posibilidad de aumentar los recursos destinados a este fondo ajustados a la inflación. El incremento estaría sujeto a la disponibilidad y espacio existente en el presupuesto de la República. (subrayados nuestros).
Sigue diciendo que, sin embargo, pese a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, las condiciones macroeconómicas y decisiones de la Asamblea Legislativa imposibilitan materializar este compromiso. (subrayado nuestro).
Por su parte, el CONARE, en un documento con el encabezado:
“Segunda reunión de Comisión de Enlace”, indica que:
“CONARE no acepta que el Gobierno le traslade la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para no dar el 1% adicional del FEES 2023” (subrayado nuestro).
Durante las negociaciones para el FEES 2023,la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.
13 de junio del 2023.Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.
Esto se negoció de esa manera, porque… “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario…”
Los trozos de texto subrayado son para hacer las siguientes consideraciones:
El lenguaje empleado por unos y permitido por otros, evidencia mucho:
En el título del documento del gobierno, luego del injustificado argumento de “Restricciones presupuestarias impiden…” se usa el término “brindar”.
Decimos que el argumento es injustificado porque, nada debe haber que impida cumplir con lo que la Constitución de la República manda.
Por otro lado, “brindar”, ¿qué implica?: por una parte, el gobierno está pasando de lo obligatorio a lo volitivo, desdibujándose así del mandato y posicionándose en lo dadivoso: no es que el gobierno esté en la posición de “brindar”, sino en la obligación de cumplir.
La misma reflexión vale para los términos “dar” y “otorgar”, así como “explorar la posibilidad”, un subterfugio.
Es de hacer notar que, por ambas partes, se insiste en “negociar”. Por nuestra parte, hemos dicho que, en este marco, lo que se ha dado en llamar “negociación”, el gobierno lo ha llevado más bien a “regateos de quinto patio” y lleva a pensar que no está negociando sino manipulando: ¿Se está cayendo en el juego?
Si fuera así, viene a la mente el dicho “Tigre suelto contra burro amarrado”; sólo que el propio “amarrado”, es el que se estaría poniendo la soga al cuello.
La marcha del martes 20, parece dibujar una nueva ruta de esperanza
Como es evidente, los diferentes sectores sociales dieron muestra de claridad, dignidad y determinación, en cuanto a que el derrotero impulsado por los sectores gubernamentales va por la senda equivocada.
Con mirada autocrítica, las universidades públicas y el CONARE, estuvimos mucho tiempo en el letargo de “la negociación”, hasta que el pueblo mostró el camino; tanto así que, en relación con la marcha, el llamado fue a “sumarse”: Sumarse a un impulso conjunto de varios sectores sociales, con la determinación mostrada el 20. Ni siquiera fue a unir fuerzas e integrarse, fue a “sumarse”.
La parte que representa la defensa de la educación pública parece no estar cohesionada. Esto se puede inferir, entre otras fuentes, de lo expresado por la presidenta de la FEUCR, sobre que hay agrupaciones estudiantiles que no participan en reuniones y no se está trabajando en conjunto: TEC, UNED y UTN.
En cuanto al Partido Liberación Nacional, algo me hace tener desconfianza, más me huele a “llevar agua para su molino”, a un pleito entre sectores de capital. Este partido tiene su cuota de responsabilidad en la actual situación del país.
En cuanto a la ministra de Educación, debe ponerse el énfasis debido y no otro, ya que el gobierno puede cambiarla por otra persona que “no tenga rabo que le majen”, pero igual, sea peón al servicio.
No olvidemos tampoco la fortaleza que tienen las universidades públicas, para generar las consecuentes sinergias, con las poblaciones y comunidades con las que trabaja, por el buen vivir, el bienestar, derechos. Un frente indispensable.
Tengamos fortaleza, dignidad, claridad y determinación entonces: “Sólo el pueblo salva a pueblo”.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical CCSS Trabajador Servicio de Cirugía Ambulatoria Hospital San Juan de Dios 21 de junio 2023
A diferencia de lo que hoy en día leemos en los medios de comunicación masiva, donde se teme la desaparición de la CCSS, en junio de 1943, hace 80 años se anunciaba en el periódico Trabajo en la página 2 de la edición de 19 de junio de 1943, la publicación de la creación de las garantías sociales en nuestra Constitución Política, donde se crea la CCSS, universidades públicas y el Código de Trabajo, todo en defensa de los derechos fundamentales de los costarricenses.
Estas instituciones creadas para ejecutar las acciones que garantizarán esos derechos fundamentales sobre cualquier decisión política, se separan de la gobernanza del Poder Ejecutivo y en la Carta Magna se consigna la autonomía, para evitar la intromisión de poderes y así evitar la concentración del poder, hoy asistimos peligrosamente a un fenómeno socio-político totalmente inverso y riesgoso.
Ese fue el Estado de Derecho que por teleología de la norma se consigna.
¿En qué momento nosotros los trabajadores de la CCSS y los ticos y ticas permitimos que se empezara a violentar este Estado de Derecho?
Mucho por la buena fe, no se cuestionaron leyes donde el Poder Ejecutivo empezó a nombrar la Presidencia Ejecutiva de la Caja y sin percatarnos de que eso violentaba la gobernanza, se dejó pasar.
Pero desde 2018, donde se han querido crear normas de menor rango al constitucional, para lograr concentrar el manejo de la CCSS y demás garantías sociales en el Poder Ejecutivo, se han ejecutado acciones, que hoy de facto dejaron en una absoluta nulidad de acciones a la Caja. Por ejemplo:
– El nombramiento de la presidencia ejecutiva por Consejo de Gobierno a propuesta del presidente de la República, la destitución de los miembros de la Junta Directiva, propios de la conformación tripartita de la misma.
– Donde algún miembro del sindicato es destituido y sustituido por el designado por el Poder Ejecutivo violentando toda norma legal y constitucional interna y otras de alcance internacional.
Todas estas acciones que dejan sin quorum estructural legal la Junta Directiva de la CCSS hoy en día tienen a esta institución en un vacío legal, pues al estar mal conformada la Junta Directiva, sus acuerdos están viciados de nulidad. Esa es hoy la realidad de la CCSS.
¿Qué acciones vienen a complementar esta catástrofe en la gobernanza de la CCSS?
El primer paso del golpe, separación del Presidente Ejecutivo, Don Alvaro Ramos Cháves.
El segundo paso se consumó mediante un acto autoritario y a nuestro gusto inmoral, el Señor presidente separa a los representantes electos por los sectores sociales (sindicalismo, cooperativismo y solidarismo).
Hecho a todas luces ilegal, pero que se está dirimiéndose en una Sala Constitucional que no parece entender que tiene en sus manos una gran parte de la restitución del Estado Social de Derecho y la institucionalidad patria.
El tercer paso se ha venido consumando, de 6 Gerencias han removido a 5 mediante argucias diversas y han colocado recurso humano interno, pero de un perfil medio o bajo en términos técnicos o profesionales, violentando presuntamente hasta donde entendemos procesos y requisitos.
Lo cual no importa, pues la tarea del control político total de la Caja impone colocar personas que solo muevan la cabeza, ya sea por unos meses de fama, por miedo o por muchas otras razones muy sencillas de entender.
El cuarto paso fue dirigido al control institucional de las direcciones del nivel central. Este proceso ha venido desarrollándose a un ritmo bastante paralelo al de las gerencias. De esas direcciones han removido con argumentos cuestionables igualmente a varios funcionarios.
Quedan en pie según nuestro recuento, solo seis directores del nivel central, veamos:
Licenciada Carolina González Gaitán, de la Dirección Actuarial (la que se presta al juego político de destrucción de la Caja), maquillando presuntamente informes para doña Marta Esquivel, ojo la gravedad.
Ingeniera Susan Peraza Solano, directora de Planificación Institucional, que aparentemente se ha prestado para todo el tema de suspensión de proyectos, inclusive que podrían estarle encargando trabajos fuera de su competencia y por otra parte, se estaría debilitando el sistema de planificación, según nos indican, ojo qué riesgo.
Licenciado Luis Rivera Cordero a cargo de la Dirección Financiero Contable (fungía antes en la dirección del SICERE). Esta dirección y su control político, es pieza clave en debate financiero actual dentro de la Caja. Las causas de por qué lo colocaron ahí son fáciles de asociar al contexto, pero está claro que el que estaba antes, licenciado Iván Guardia Rodríguez, no tenía la confianza política suficiente y además es uno de los 18 imputados, que ahora han sido prácticamente sobreseídos de los presuntos cargos de corrupción por la fiscalía.
Director de Presupuesto licenciado Sergio Gómez Rodríguez: En posible proceso de remoción o a vacaciones. A este funcionario no dudamos le tienen total desconfianza política, pues es uno de los que éticamente suscribió un documento altamente técnico que indicó que los números presentados por la Dirección Actuarial no correspondían a la realidad financiera de la Caja, se imaginarán el posible hostigamiento laboral contra este funcionario.
Director del FRAP (Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo de la Caja, Licenciado Víctor Fernández Badilla. Sin duda al igual que otros funcionarios de este nivel, no dudamos mantiene un perfil bajo ya que hace meses se desarrolla en la Caja una política de presunto hostigamiento laboral.
Director de Pensiones licenciado Ubaldo Carrillo Cubillo, que nos parece mantiene un perfil similar en razón de lo que se deriva del contexto institucional, cuyos rasgos son de una posible pero abierta persecución política.
El paso quinto para profundizar el golpe de estado de facto en la Caja está dirigido a controlar la Gerencia General o Gerencia de Innovación, como le quieran llamar. Todo sin sustento técnico.
Parece que la Junta Directiva de la Caja de forma secreta (tiene la Junta Directiva de la Caja un acuerdo interno de confidencialidad), va a «nombrar» a don Juan Ignacio Monge Vargas (que renunció a su cargo de director de la Caja a partir del 30 de junio 2023), de forma «interina» en el cargo de Gerente General para evitar cualquier concurso público, lo cual parece ser a todas luces un acto inmoral y recurrible por sus posible invalidez e ilegalidad.
Ahora bien, parece que luego de ese supuesto «nombramiento interino”, van a sacar a concurso la plaza de Gerente General, abrase visto tal falacia, pero sin duda el tiempo interino no será mera casualidad, pues los tiempos políticos para estas movidas están bien pensados.
Y para colocar la flor en el ojal, el paso sexto según ha trascendido de manera informal (estamos recabando documentación), aunque la opacidad institucional en estos temas descritos es de un manejo hiper secreto y centralizado, al mejor estilo de una dictadura. Pero todo indica que la Junta Directiva tomo un acuerdo e informó en una sesión virtual por zoom, que todas las plazas de directores médicos de todos los centros de salud saldrán a concurso y pondrán como uno de los requisitos esenciales para su asignación, la atención de las listas de espera y donde se va a obviar la normativa técnica.
Además, no se consideraría la capacidad instalada de cada centro de salud, exigiéndose a todos cumplir, a pesar de no tener especialistas, salas o las condiciones necesarias para su funcionamiento.
Según nuestras modestas indagatorias, se realizó un consejo extraordinario de directores el 21 de junio 2023, e informaron de la medida adoptada e indicaron desde el buró político central de la Caja, presidido por la General Marta Eugenia Esquivel, que por favor no lo tomaran como una amenaza. Y remarcaron como mencionamos que la medida de evaluación serán las listas de espera.
Esa es la intención de la Junta Directiva según parece.
El paso séptimo, que suena en los corrillos políticos, es que el presidente de la República pretende firmar un decreto para que en los concursos en propiedad de la CCSS se posibilite la participación de internos y externos, ojo con la gravedad de esta posible movida política.
Esta descripción de presuntos hechos unos en desarrollo, otros consumados, los aportamos a partir de humildes investigaciones y el esfuerzo aspira exclusivamente a que se tenga un acercamiento a lo que realmente está sucediendo en la Caja en lo estructural y estratégico.
Aspira igualmente a que los distintos liderazgos sindicales internos de la Caja y sus homólogos de los movimientos sociales avancen en la comprensión del riesgoso proceso en franco desarrollo, y de manera urgente, se tiendan los puentes políticos y se articule aún más la defensa de la Caja con los distintos espacios de lucha social y avancemos hacia una gigantesca movilización social que le abra los ojos al `presidente y a otras fuerzas políticas y le obligue a un viraje real que encarrile de forma efectiva el tren de la paz y la inclusión.
Hoy solo nos queda tener fe en el Poder Judicial y a la Contraloría General de la República que den curso a las acciones presentadas, así como en cumplimiento de sus deberes, para retomar el Estado de Derecho.
¡Unidos por la CCSS, unidos por la familia y por nuestras futuras generaciones!
El 19 de junio Juan Carlos Durán Castro se refirió al Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo, FRAP, de la CCSS, mencionado por Martha Esquivel el día 14 de junio en su disertación. Esquivel en su discurso mediático mencionó que la CCSS destina 4% al FRAP, el fondo de retiro y el fondo de ahorro y préstamo. Por esta razón, Juan Carlos Durán aclara los siguiente:
El artículo 21 de la ley constitutiva del año 1943, ley 17, estableció que la Junta Directiva y la CCSS tiene derecho a crear beneficios sociales a favor de sus funcionarias y funcionarios. Por lo cual se destinó un 3% de los salarios ordinarios de la planilla de la CCSS a la creación del fondo retiro y ahorro y préstamo. Posteriormente en el año 2015 se trasladó el 1% del fondo estabilidad laboral al fortalecimiento del fondo de retiro laboral y pensión complementaria. Este fondo cubre a todos y todas las funcionarias de la CCSS.
Para poder eliminar el Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo, FRAP, Esquivel tiene presentar un proyecto de ley, pues El FRAP está respaldado por las resoluciones de la sala constitucional: Resolución 07374, del 7 de junio de 2024 y la resolución 06934 de 1996, además del artículo 21.
Por último, Durán hace un llamado a estar atentos para velar por la defensa de la democracia, institucionalidad, el estado social de derecho y la no privatización de los servicios de la Caja.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.
Claudio Alvarado, funcionario público y dirigente sindical del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, contó su experiencia como sobreviviente de cáncer y cómo, gracias a la Caja, sigue con vida.
Claudio comenta que está convencido de que la CCSS es fundamental para el buen nivel de vida de los costarricenses y por lo cual, se suma a la defensa de la CCSS y a la campaña “Gracias CCSS” del FRENASS.
Santiago Chaves Aguilar, funcionario universitario cuenta en la campaña “Gracias CCSS” del FRENASS, su testimonio de cómo viviendo en otro país, se sufre complicaciones para recibir atención médica, pues no existe un modelo de seguridad social como el nuestro con una institución humanitaria y solidaria como la CCSS.
Santiago hace un llamado a defender la CCSS y apoya la campaña “Gracias CCSS” del FRENASS
M.Sc. Rodrigo Arias López Máster en Matemática Actuarial
Continuando con el descubrimiento realizado por la OIT (ver parte III aquí: https://surcosdigital.com/se-acabaria-la-luna-de-miel-entre-expertos-de-oit-y-maquillistas-de-la-ccss-parte-iii/), en esta parte me refiero con más detalle, a los maquillajes de los estudios actuariales que le comuniqué a Román Macaya Hayes y a la Junta Directiva de la CCSS. Dejo en este enlace una presentación realizada por la Dirección Actuarial de la CCSS en el año 2009, cuando los seguros SEM e IVM iban “viento en popa”, con fondos de sobra, según esa sala de belleza.
En esa presentación los mandos medios de la CCSS vendían la idea a los asegurados y a los que en teoría dirigían y fiscalizaban la Caja, de que el SEM y el IVM tenían fondos para tirar para arriba, por lo cual los aumentos de salarios, anualidades y cesantía serían “más fácil que pegarle un chonetazo a una lora”, al igual que antes ya habían contratado casi 12 mil empleados, sin quebrar aún a la Caja. Los dos cuadros siguientes son de esa presentación:
Cuadro No 1. Seguro de Salud SEM
Cuadro No 2. Seguro de Pensiones IVM
En el Cuadro No 1 se observa que, en esa presentación de agosto de 2009, en el escenario base o esperado, se proyectaba al 2015 un excedente positivo del 1% de los ingresos del SEM; no obstante, eso lo hicieron presuntamente para convencer a los nueve gatos, pues el estudio actuarial oficial del SEM mostraba cifras negativas. Incluso los maquillistas mostraron proyecciones del SEM hasta el año 2025 con cifras positivas de excedentes en todos los años proyectados. Sobre el asunto, en la página 21 del Informe de Auditoría Interna de la CCSS No ASAAI-187-2012 (Verlo aquí), relacionado con un aumento de la cesantía, se lee lo siguiente:
“El Lic. Luis Guillermo López Vargas, el Lic. Iván Guardia Rodríguez y la Licda. Sara González Castillo, Directores de Actuarial, Financiero Contable y Presupuesto respectivamente, suscribieron oficio DFC-2615, DP-1485, DA 734 del 26 de octubre de 2009, dirigido al Lic. Manuel Uigarte Brenes y al Lic. José Alberto Acuña Ulate, Gerentes Financiero y Administrativo, en el cual emiten criterio técnico de la propuesta de incremento salarial, anualidades y cesantía, en lo que interesa indicaron:
«Los resultados e indicadores obtenidos, permiten concluir que la propuesta evaluada no conduce — por si sola — a una situación de desequilibrio o insostenibilidad financiera, entendida ésta como el surgimiento de valores negativos y sostenidos en la relación (I-G)/I»
“El Lic. López Vargas, suscribió el oficio DA-741 del 29 de octubre de 2009 dirigido al Lic. José Alberto Acuña Ulate, con copia al Dr. Eduardo Doryan Garrón, Presidente Ejecutivo, con la finalidad de complementar el oficio DFC-2.615, DP-1.485 y DA-734 del 26 de octubre del 2009, indicando:
«(…) Los datos de estas proyecciones reflejan que la sostenibilidad financiera a largo plazo, expresada mediante el cociente (I-G) / I, se sigue conservando, con o sin propuesta de variación salarial, e inclusive las diferencias entre las proyecciones con propuesta y sin propuesta, en términos relativos son cada vez menores. Esto permite reafirmar que la propuesta evaluada, por si sola, no conduce a una situación de desequilibrio o insostenibilidad financiera, entendida ésta como el surgimiento de valores negativos y sostenidos en la relación (I-G) / I.» (EI resaltado no pertenece al original).
Al mismo tiempo escondían la Valuación Actuarial del SEM realizada en la misma Dirección Actuarial de la CCSS en el año 2008, que mostraba excedentes negativos en las proyecciones. Tenía toda la razón doña Emma Zúñiga, secretaria de la Junta Directiva de la CCSS en esos tiempos, cuando certificó que desde 2010 a 2017 los nueve directores no habían visto ninguna valuación actuarial del SEM. Por si alguien tiene dudas, muestro a continuación las cifras negativas del estudio actuarial del SEM de 2008, presuntamente escondidas por los maquillistas:
(…)
Fuente: Valoración Actuarial del Seguro de Salud 2008. Dirección Actuarial y Económica, CCSS.
En adición, según consta en el oficio ASAAI-187-2012 del enlace anterior, los maquillistas presuntamente escondieron otro informe realizado por el Lic. Daniel Muñoz Corea, dirigido a uno de ellos; en efecto, en él se reporta lo siguiente:
“En el oficio DA-577-5 del 16 de octubre 2008, suscrito por el Lic. Daniel Muñoz Corea, Jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección Actuarial, se remitió al Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director Dirección Actuarial y Económica, el borrador de la «Política Salarial de la Caja Costarricense de Seguro Social», manifestándole:
«Los hallazgos preliminares del estudio apuntan, en primera instancia, a la existencia de desequilibrios, de índole interna y externa, en materia de retribución salarial. Se presume que los desequilibrios internos provienen tanto de una inadecuada estructura de salario base para ciertos subgrupos, así como de la alta variabilidad existente en la remuneración a puestos de una misma clase. Respecto al desequilibrio externo, aunque algunos puestos se encuentran por encima del percentil cincuenta, tal condición no significa que todos los funcionarios de una clase en condiciones promedio está bien valorada, tengan salarios competitivos debido a que por su alta dispersión respecto a la media, una buena parte de ellos tienen un salarios menor a la media de mercado. Por su parte, el déficit financiero proyectado a corto, mediano y largo plazo, constituyen el segundo hecho relevante, hecho que sin duda alguna condiciona la Política Salarial a adoptar. Desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera del Seguro de Salud, ambos hallazgos requieren de la adopción de Importantes medidas correctivas « (El subrayado no es original)
“En este documento el Lic. Muñoz Corea, advirtió al Lic. López Vargas, sobre la proyección de un déficit financiero a corto, mediano y largo plazo, el cual efectivamente acaeció según los datos de las Liquidaciones de la Dirección de Presupuesto, expuestas en el cuadro 6”.
Esos maquillajes quedaron al descubierto con la crisis financiera del SEM del año 2011 que todos vimos; sin embargo, la mayoría de los directores de la CCSS y presidencias ejecutivas, siempre protegieron a sus mimados maquillistas y permitieron que siguieran haciendo de las suyas, al mismo tiempo que hacían lo posible por deshacerse de los funcionarios o funcionarias honestas que no se prestaban para sus cochinadas.
En cuanto al IVM, en el Cuadro No 2 se observan las cifras alegres que proyectaban en el año 2009, con superávit casi hasta el año 2040 y reservas hasta el año 2044, sin realizar ninguna reforma; sin embargo, todos vimos como eso resultó ser puro humo, pues ya para 2015 tuvieron que aumentar la cuota estatal y la obrera a partir de 2017; en 2018 evitaron aumentar las pensiones mínimas; a partir de 2019 recurrieron al mecanismo de la devaluación de las pensiones y aumentos cada tres años de los aportes y el próximo año entrará en vigor un aumento de tres años de las edades mínimas de retiro y reducción de beneficios en la mayoría de los casos. Todo esto se realizó bajo un mega maquillaje de desvío de aportes de IVM que ronda los ₡40 billones, que condujo al desfinanciamiento de este seguro.
Durante esos años 2009 y 2010 algunos “expertos” de la OIT estaban muy ocupados, auditando los modelos y las proyecciones de la Dirección Actuarial de la CCSS. Aún no advertían esos maquillajes, sino que disfrutaban una luna de miel con sus autores.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha sido por muchos años un botín del que se han querido apropiar muchos. Esa apropiación no ha consistido en una acción encaminada a mejorarla sino, al contrario, a tratar de desmantelarla y ojalá desaparecerla para así, con total tranquilidad la medicina privada imponga sus reglas y se acabe la seguridad social pública en el país.
La semana pasada nos dieron a conocer detalles de cómo se han venido saqueando los recursos de la CCSS. La institución insignia de la seguridad social del país es tan robusta que a pesar de todos los embates de que ha sido objeto para destruirla sigue en pie y sigue brindando un servicio, que, aunque deficiente, mejorable.
El “plan escudo” fue un golpe bajo y casi que mortal para la CCSS. Crear de golpe 10 mil plazas para funcionarios administrativos, fue debilitar las finanzas de la institución y aumentar la burocracia.
El sistema de compras ha sido una oportunidad de corrupción y saqueo desmedido.
Los enemigos de la CCSS están dentro y fuera de la institución y hay que acabar con ellos, pero se debe tener mucho cuidado con las formas porque está muy bien que se ataque la corrupción y se despidan funcionarios corruptos, pero no deben paralizarse las obras urgentes y necesarias para mejorar las posibilidades de una mejor atención para los asegurados.
Está muy bien que se limpien y transparenten las finanzas de la CCSS, pero no está bien que se dejen de construir las obras que se requieren con urgencia en diversos hospitales del país, por ejemplo, el más nacional de todos por el área de atracción que tiene, me refiero al hospital San Rafael de Alajuela, con una área de atención de más de 750 mil personas, dos autopistas, un aeropuerto internacional, un complejo penitenciario, la zona franca más grande del país. Dejar de hacer lo que se requiere en este hospital es condenar a la población a tener pequeños servicios de salud aumentando filas y requiriendo de equipo vital.
Está muy bien que se hagan los esfuerzos por limpiar la corrupción que existe en y por medio de la CCSS y que se envíen al Ministerio Público todas las denuncias del caso, pero debe mantenerse el equilibrio demostrando que el deseo es fortalecer la institución y no quebrarla, y por ello, la necesidad de que se construyan las obras urgentes que se requieren.
Dios quiera que podamos tener un CCSS fuerte, sana, limpia de corruptos y de corrupción, fortalecida con los aportes que deben darse incluyendo los del Estado y que pueda servir a los ciudadanos por muchos años más.
