Se le invita a participar del foro virtual del Sistema Nacional de Pensiones: “Retos y Perspectivas”.
Este es un evento organizado por JUPEMA, Vida Plena y Caja Costarricense de Seguro Social. Se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de julio de 8:00 a.m. a 12:30p.m.
Podrá saber cómo se compone su pensión, características, beneficios y sostenibilidad a futuro del Sistema Nacional de Pensiones Costarricense.
La Caja Costarricense del Seguro Social atraviesa una crisis de medicamentos, sin embargo, la institución niega rotundamente este hecho, aunque las evidencias dicen lo contrario.
Las personas tratadas con antirretrovirales a causa de la enfermedad del VIH no están recibiendo su tratamiento compuesto en una sola tableta debido a la escasez de esta, por contraparte, se brinda los componentes con los principios activos de la cápsula de forma individualizada y de manera temporal.
La Caja asegura que un cargamento del medicamento ya ingreso a la institución y garantiza al menos nueve meses de medicamentos para los pacientes en la demanda actual certificando la continuidad del tratamiento.
Es importante entender que para estos pacientes la falta del medicamento representa un deterioro a la salud y pone en riesgo su vida.
Publicado por Luis Paulino Vargas Solís en su espacio de Facebook.
En el marco de la campaña impulsada por el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) para la defensa de la seguridad social en Costa Rica, doña Yorleny Medrano, vecina de Puntarenas, compartió su experiencia con el servicio que brinda esta institución benemérita de la patria.
“Estoy muy agradecida con la Caja porque me salvó la vida”, explicó doña Yorleny, pues aseguró que enfrentó una fuerte depresión, por lo que acudió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se le ofreció un tratamiento psiquiátrico que le ha mejorado su calidad de vida.
Además, doña Yorleny resaltó la importancia de la benemérita de la patria, asegurando que sin ésta, “no podría acceder a este tratamiento porque tiene un valor muy alto que no podría pagar”, ya que no cuenta con los recursos económicos para acudir a un hospital o clínica privada.
Trabajadores y trabajadoras del Hospital Calderón Guardia se lanzaron a la calle en defensa de la institución y los servicios de calidad a las personas usuaria de la nueva Torre Este del centro hospitalario.
Las intenciones de empresas privadas y de dirigentes políticos tradicionales pretenden ir cercenando servicios que presta la institución con funcionarios de la Caja, para entregarlos a terceros como un negocio. Esto pese a que el Hospital Calderón Guardia cuenta con el personal necesario para seguir brindando el servicio.
El dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, Arturo Abarca Durán, indicó que “la pretensión es entregar los servicios generales, aseo, vigilancia y registros médicos, pero también ir más allá y entregar los servicios de nutrición y lavanderías. O sea, pretenden privatizarlo todo, pagando mucho más, con una diferencia de más de ¢250 millones a una empresa privada, tirando a la calle a cientos de trabajadores de la Caja, trabajadores y trabajadoras que han enfrentado la pandemia y que han brindado un gran trabajo por las personas usuarias de este hospital.”
La manifestación de trabajadores no implicó en ningún momento la suspensión de servicios.
Luego de manifestarse frente a la Torre Este del Hospital Calderón Guardia, los trabajadores marcharon hacia Casa Presidencial, en donde fue recibida una delegación que expuso ante las asesoras de la Presidencia de la República la problemática institucional y lo que significa tirar a casi 200 trabajadores a la calle para abrirle la puerta a una empresa privada para que haga el “negocio”.
En los próximos días habrá un acercamiento con autoridades del gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, para retomar el tema, con la certeza de que no se va a claudicar en la defensa de la Caja y los servicios de calidad que brindan los trabajadores y trabajadoras, y que es prestigio mundial para el país.
El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), celebró el pasado sábado 25 de junio, el Encuentro por la Defensa de la Seguridad Social, un espacio de participación de líderes y lideresas sociales que reflexionan, debaten y proponen alternativas e iniciativas de lucha, contra las políticas e iniciativas neoliberales que atentan contra el modelo de seguridad social y la CCSS.
Con el aporte de las personas presentes se recogen una serie de insumos e ideas, que se van a estructurar para continuar construyendo tejido social sobre el tema de la defensa de nuestro sistema de Seguridad Social y modelo de Salud Pública brindado por la benemérita Caja Costarricense de Seguro Social.
El lema del Encuentro dice:
¡LA CCSS NO SE VENDE!
¡LA CCSS SE DEFIENDE!
El FRENASS continúa con su esfuerzo articulador para las luchas que se avecinan con la “reforma del Estado”.
Es innecesario recordar que la CCSS sufre de un déficit presupuestario que está teniendo terribles consecuencias para los habitantes Ciudadanos de Oro que inevitablemente acuden a sus hospitales y clínicas. Las camas y demás espacios del sistema de salud de la Caja, son ocupados en más del 65% por venerables ancianitos. Decenas de miles de familias han sufrido al ver las condiciones en que, por escasez de recursos, los abuelitos y abuelitas han tenido que engrosar listas de espera para un tratamiento médico, y a veces, pasar dos o tres días en condiciones incómodas, impropias, dolorosas, sin poder salir de salas de emergencia, por falta de espacio en salones. Espacios por cierto, diseñados para pacientes más jóvenes con mayores facilidades de movilidad. Hemos sufrido mucho al ver cómo ha habido necesidad de «amarrarlos» de sus camas, ante la insuficiencia de personal de enfermería que los pudiesen atender las 24 horas. Faltan medicamentos y equipos, y hasta camas adecuadas. Ancianos que después de haber entregado heroicamente su vida a los que cuidaron desde el día de su nacimiento, hoy solo Dios los puede proteger de cualquier hospitalización por enfermedad grave, que los haga pasar por esa penalidad.
Y es que, por más amor aportado, NO tiene nuestro buen sistema hospitalario, respuestas viables para enfrentar los cambios demográficos que aceleradamente han envejecido nuestra población. Cada día son más los «Ciudadanos de Oro», así como las enfermedades inherentes a su edad. A los que les llegó el momento de recibir el amor y protección que demandan y merecen. Hoy no alcanza el dinero y la situación se agravará en menos de 30 años, cuando esa población mayor de 65 años rondará la cifra de 1.200.000, lo que nos hace vislumbrar una situación desesperante, dolorosa, inmerecida, que se profundizará inevitablemente… ¡SI NO HACEMOS LO CORRECTO HOY! Y lo correcto es buscar cómo enfrentar con medidas concretas, ese angustiante problema nacional. Indudablemente el más importante que hemos de solucionar como proyecto país.
Pero ¿Cómo enfrentar tal problema si no tenemos recursos?, se estará preguntando usted; pues resulta que SÍ CONTAMOS CON RECURSOS FINANCIEROS suficientes para esa magna tarea. Y los tenemos en un pequeñito espacio de nuestro territorio. En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, tenemos un YACIMIENTO DE ORO que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir unos US$180 millones anuales (más de ¢126.000 millones anuales) por más de una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de 3 toneladas de oro en lingotes, que estuvimos a punto de perder por una mala concesión. Ahora sin necesidad de reformar el Código de Minería, porque al ser el mismo Estado el que haría la explotación, no requiere (sería una insensatez) que se le otorgue una concesión cual si se tratara de un ente privado. Ante la urgencia, hacemos un llamado para que se vea NUESTRO ORO DE CRUCITAS, como una solución complementaria al problema financiero de la Caja.
Rogamos para que la idea del sistema hospitalario integral que hemos llamado “HOSPITAL DEL ORO” sea valorada. Se trata de que la CCSS diga ¡presente, aquí estamos!, y se disponga a buscar respuestas a las necesidades que le aquejan, no solo en los 1043 EBAIS que ya ven superada su capacidad de servicios de primera clase, sino también en todos los hospitales que, por lo general, no tienen espacios adaptados para la atención de ese sector de pacientes. Ciudadanos de Oro que aparte de las 140 camas del magnífico Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes, no queda más que atenderlos, cuando se puede, bajo condiciones inadecuadas en hospitales diseñados para pacientes de un amplio rango de edades, donde no encontramos salas especializadas para los abuelitos y abuelitas, que presentan necesidades especiales y facilidades materiales que impiden incluso, el pleno cumplimiento de la Ley Nº7600.
Los expertos en salud que tenemos en Costa Rica, harían los planes que mejor consideren ADECUADOS en el marco de la CCSS y el Ministerio de Salud. En la de menos podrían pensar en adecuar los centros de atención primaria y hospitales de toda categoría, para que cuenten con secciones especiales para esos ciudadanos, mediante ampliaciones, o quizá en la construcción de otros hospitales de geriatría o INCLUSO, en uno central especializado en enfermedades predominantes en ese sector de población. No se trata de un hospital, sino de UN SISTEMA hospitalario donde también se habrá de considerar facilidades para los familiares que desde regiones alejadas, han de estar asistiendo a sus abuelitos internados.
Asimismo, no es despreciable el beneficio colateral que obtendría la Caja, al dedicar esa fuente de recursos para atender exclusivamente a las personas de la tercera edad. Las hoy interminables “listas de espera” que como consecuencia de la escasez financiera provocan desazón en miles de pacientes y sus familiares, también se tendrían que ver disminuidas conforme más y más ciudadanos mayores vayan siendo atendidos en los espacios diseñados para ellos. Así, en poco tiempo, alrededor de un 65% de los espacios, equipos, medicamentos, exámenes de laboratorio, consulta externa, cirugías, etcétera, que hoy son compartidos, se irán liberando, y por ende, la Caja contará con mucho mejores condiciones para el cumplimiento de su abnegada labor. ¡Todos salimos ganando!
Por lo resumido, creemos tener la grandiosa oportunidad de dejar un legado histórico de inmensas repercusiones para los costarricenses, como lo es quizá, el de los tres grandes reformadores sociales de la Costa Rica de los años 40. Pero para alcanzar ese logro, estamos urgidos de la decisión política que no puede esperar. No existe ningún otro país en donde la riqueza mineral de su subsuelo, perteneciente a toda la comunidad como bien demanial, se dedique a la atención de sus Ciudadanos de Oro, de los que más lo necesitan y, más importante, de los queh lo merecen. ¿Acaso podría pretenderse un mejor aprovechamiento de la riqueza de ese mineral localizado en Crucitas, antes de que por azar político se le asigne otro destino menos beneficioso para Costa Rica?
¡Unamos pues voluntades, para hacer realidad el formidable sistema hospitalario llamado “HOSPITAL DEL ORO” que, por supuesto, se desarrollaría guardando estricta atención a las particularidades ambientales que conlleva un proyecto de minería como el que habremos de hacer realidad para los costarricenses. Proyecto indiscutiblemente, urgente, razonable, único, y más importante, posible, si nos lo proponemos.
Flora Fernández Amón manifestó la necesidad de que se eleve a la Junta Directiva de la C.C.S.S. una consulta en relación con la representación del sector patronal mayoritario no afiliado a ninguna cámara, ni mucho menos agremiados en la UCCAEP, que ostenta esa representación.
Doña Flora señaló que hay un amplio sector patronal que tiene como se debe registrado el servicio doméstico, «se suman los pequeños comerciantes y negocios de servicios que pagan cuotas a la C.C.S.S. que no se sienten representados de ninguna manera por la UCCAEP, esto debido a que la agenda que esta unión esboza, dista del planteamiento de estos otros 3 grupos». Por ello, dijo Fernández Amón, la Junta Directiva de la institución debería responder cómo se da la presencia en esa instancia del gran sector patronal no representado por la UCCAEP.
UNDECA felicita a la compañera Martha Rodríguez en su nombramiento histórico como vicepresidenta de la Junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, por primera vez en la historia este nombramiento recae en la representación social y movimiento sindical.
Freddy Arias Mora, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del proyecto Pro Human Biolaw en la UCR
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El país carece de una política de medicamentos para el ámbito público y privado
La mayoría de la población no conoce el costo de los fármacos que recibe de la CCSS
Constantemente se plantea en la discusión pública que los medicamentos en Costa Rica son muy costosos. En los medios de prensa y discursos políticos se argumenta que es necesario disminuir el precio de los medicamentos en el país.
Ante esta situación, en la última década, se han planteado gran cantidad de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para controlar el mercado de medicamentos en el país. Se han propuesto medidas de control de precios de los productos y limitaciones de márgenes de ganancia de los establecimientos participantes del mercado.
Hasta el año 1994 la Ley de Protección al Consumidor,1 otorgaba al Ministerio de Economía, Industria y Comercio la facultad de fijar, modificar y controlar los porcentajes de utilidad sobre la producción y comercialización de los bienes y servicios; además, fijar, modificar y controlar los precios máximos para los bienes y servicios. Se consideraban como bienes necesarios o de consumo básico los alimentos básicos, vestuario popular y los medicamentos incluidos en el cuadro básico de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros.
Esta regulación de precios por parte del Poder Ejecutivo se eliminó mediante la aprobación de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor,2 la cual derogó totalmente la Ley de Protección al Consumidor. Se planteaba que la fijación de precios generaba distorsión en el mercado y afectación de las personas consumidoras. Por ende, cada farmacia puede vender los medicamentos al público al precio que lo considere adecuado y de acuerdo con la realidad del mercado. Esta fijación de precios de manera discrecional por parte de cada farmacia ha producido que existan diferencias entre farmacias de las diferentes zonas del país.
La formación del precio de medicamentos es un tema complejo y depende de factores comerciales internacionales y dinámicas de mercado propias del país. En el país existen muchos actores comerciales en el mercado y las regulaciones vigentes tienden a fomentar la competencia.
Otro factor que se debe tomar en cuenta en la discusión respecto al precio de medicamentos es la percepción de la población sobre el costo de los productos que son suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social. La mayoría de la población recibe sus medicamentos sin tener conciencia del costo que tienen y lo reciben en la farmacia sin pagar ningún reembolso directo, situación que no ocurre en otros países, como España.
Es indudable que el mercado de medicamentos en el país requiere ser ordenado. Muchos aspectos del comercio de medicamentos no están regulados de manera adecuada, tal como la publicidad, la gestión de medicamentos para uso veterinario, el envío exprés de medicamentos por medio de plataformas digitales y la producción de medicamentos magistrales y oficinales. No existe normativa que regule establecimientos farmacéuticos especializados ni está regulado el uso de medicamentos sin registro o fuera de indicaciones oficiales.
El papel del Ministerio de Salud, como ente rector de salud en el país, debe ser actualizado y brindar más recursos para el ágil otorgamiento de registros sanitarios y la adecuada fiscalización de establecimientos farmacéuticos, acorde con las mejores prácticas internacionales.
A pesar de que el Reglamento del Formulario Terapéutico Nacional, decreto ejecutivo N° 19343-S está vigente desde el año 1989, y pretende racionalizar el uso de medicamentos, este formulario no es actualizado por el Ministerio de Salud desde hace más de 30 años.
Más allá del precio de medicamentos comunes, debe ser de preocupación el desafío que plantea el acceso a medicamentos de alto costo. Estos medicamentos son cada vez más frecuentes y son utilizados para tratar enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes o enfermedades raras o huérfanas.
Resolver los vacíos legales y actualizar la normativa requiere de una legislación integral adaptada a las condiciones modernas. La principal norma en temas farmacéuticos es la Ley General de Salud, que este año cumple 50 años de haberse promulgado. La realidad de hace medio siglo es muy diferente a la actual y es necesario actualizar la normativa.
El país carece de una política de medicamentos para el ámbito público y privado. La política pública de medicamentos está en manos del prestador del servicio y no es un proceso transparente y participativo, sino que se rige por procesos administrativos, sin posibilidad de discusión o análisis por parte de la sociedad civil.
La falta de una normativa adecuada y una política pública acorde con la realidad nacional se refleja en la gran cantidad de recursos de amparo que presentan las personas reclamando terapias para tratar su enfermedad. La judicialización de la salud es un síntoma de la falta de regulación adecuada del sistema. No es normal que un ciudadano tenga que recurrir a un tribunal constitucional de alto nivel para que le brinden una terapia para tratar su enfermedad.
Analizar estos problemas jurídicos con un alto componente sanitario es el objeto de estudio del bioderecho. La Universidad de Costa Rica ha trabajado en el desarrollo de este campo de estudio por medio de la participación en el proyecto Pro-Human Biolaw financiado por la Unión Europea, junto con otras universidades de Latinoamérica y Europa. Se considera que es fundamental el análisis inter, multi y transdisciplinar de estos temas complejos.
Abordajes simplistas como homologación de registros sanitarios o control de precios de medicamentos no resuelven los problemas estructurales que tiene el sistema. Es necesario que como sociedad se genere discusión y acuerdos que permitan brindar sostenibilidad al sistema para lograr una mejor calidad de los servicios de salud.
En estos tiempos, un cambio de gobierno debería conducir a un cambio de políticas. Ya habíamos acotado el peligro de que el nuevo gobierno se convirtiera en un segundo tiempo del partido iniciado por el gobierno de don Carlos Alvarado, donde se gestó la alianza pluripartidista más neoliberal de la historia política reciente del país, intensificando la polarización económica y social.
La agenda de proyectos de ley impulsada por el gobierno prácticamente se ha reducido a retomar proyectos de la administración anterior. Por supuesto, la mayoría afines a las políticas orientadas a continuar desmantelando la institucionalidad social y atentando contra derechos fundamentales de los trabajadores, para seguir sirviendo la mesa de los eternos ganadores, en este río revuelto. Es decir, cambio de gobierno sin cambio de políticas.
Así, por ejemplo, se pone en la picota, nuevamente, la autonomía de instituciones como las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades, acogiendo e impulsando un proyecto de reforma a la Constitución para poner la carreta delante de los bueyes, es decir, los intereses fiscalistas sobre los intereses del bienestar y el desarrollo social del país.
Si algo necesita este país, para salir del atolladero en que se encuentra, es salud y educación de calidad. Sin duda, la mejor inversión social que se puede hacer si se está interesado, realmente, en salir de la pobreza y la desigualdad estructurales, y ofrecer oportunidades para el trabajo digno y “decente” a la juventud costarricense.
Con estos proyectos este gobierno pretende “ordenar la casa”, cuando lo que está haciendo es socavando los cimientos que aún la mantienen en pie. Por una parte, las universidades públicas que se ubican en los primeros lugares del rating académico latinoamericano, y que están entre los principales centros de investigación y producción científico-tecnológica innovadora del país, así como de formación de profesionales de alta calidad académica. Por otra, una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social que ha sabido encarar con propiedad la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, y es ejemplo allende nuestras fronteras en seguridad social. Sin embargo, en estas y otras instituciones públicas se deben introducir cambios para que los servicios que ofrecen sean cada vez cualitativamente mejores, y cumplan su cometido. Pero, ello no se logra cercándolas.
¿Por qué estos gobiernos se han ensañado con la institucionalidad social y pública, mientras continúan protegiendo y hasta premiando a empresas y financieras privadas, como ALDESA, entre muchas otras, siendo las principales causantes del desorden de la casa que se pretende ordenar? ¿Dónde están los proyectos de ley para cobrar, de manera retroactiva, las evasiones y elusiones fiscales por parte de las grandes empresas? ¿Dónde están los proyectos de ley para incrementar los impuestos a los grandes activos de capital y a los bienes improductivos, como fincas abandonadas y propiedades cuya única rentabilidad es la plusvalía que adquieren con el tiempo para beneficio de sus dueños? ¿Dónde están los proyectos de ley para impulsar la construcción de infraestructura que evite continuar pagando alquileres multimillonarios, que sangran las finanzas del Estado? ¿Dónde están los proyectos de ley para aumentar el salario mínimo, y brindar, así, capacidad de compra a las mayorías de trabajadoras y trabajadores y compensar un proceso inflacionario creciente?
Sin cambio sustantivo de políticas producto de un nuevo pacto social solidario, seguiremos esperando a Godot: el cambio que el país necesita, y que no llega.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
