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Etiqueta: chavismo

¿Qué es el chavismo?

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

El chavismo es un fenómeno político nuevo, distinto a todo lo anterior desde la guerra civil.

Es una irrupción, un quiebre en la política nacional respecto al pasado.

Es el fenómeno internacional del surgimiento de la extrema derecha, al estilo Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro y otros, cuyo carácter es combinar el neoliberalismo más extremo con restricciones importantes a la democracia. Esa es la nueva esencia política del fenómeno de la extrema derecha mundial.

Entre sus muchas nuevas características está la de aparecer como enemiga de las llamadas elites políticas tradicionales y el surgimiento de un lumpen político que se apodera del Gobierno y luego infecta todas las instituciones y poderes del Estado.

Ese fenómeno internacional que encabeza el trumpismo, en Costa Rica se llama chavismo.

Considerar al chavismo como la culminación o continuación del bipartidismo y el PAC puede ocultar el nuevo rostro del fascismo y del autoritarismo.

Estamos en presencia de un carácter o contenido político que se llama chavismo, distinto a todas las expresiones políticas anteriores dominantes.

Entenderlo como la continuación de las políticas pasadas puede conducir a equivocaciones tácticas y estratégicas. El chavismo es una concepción neofascista que rompe con la concepción política pasada.

Equivocarse en la definición y caracterización del chavismo como la expresión nacional de la extrema derecha internacional, neoliberal en extremo y antidemocrática por esencia, puede condicionar el accionar político.

Recordemos que lo primero es caracterizar el fenómeno político y luego actuar táctica y estratégicamente en correspondencia. Si nos equivocamos en lo primero, fallamos en lo demás.

Óscar Aguilar Bulgarelli pide a la Corte elegir una presidencia que defienda la independencia judicial

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli envió a SURCOS un video en el que, “como ciudadano y como historiador”, se dirige a las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la elección de la presidencia del Poder Judicial.

Aguilar Bulgarelli comenzó agradeciendo a la Corte la reelección de Carlo Díaz como fiscal general de la República. A su juicio, el país necesita “recobrar la paz, la ecuanimidad, la tranquilidad”, y tener en ese cargo a una persona dispuesta a luchar “por los valores nacionales, por nuestra libertad, por nuestra democracia, por nuestro derecho a pensar y no ser cuestionado por algo tan fundamental”.

Luego advirtió que las magistraturas tienen todavía “sobre sus espaldas una decisión fundamental”: escoger a quien presida la Corte. Recordó que la democracia costarricense se sustenta en la división de poderes y se refirió a unas declaraciones de Rodrigo Chaves Robles, hace unos meses, en una actividad evangélica. Aguilar Bulgarelli recordó que Chaves afirmó que el chavismo ya había tomado el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, y que solo le faltaba el Poder Judicial.

“O sea, que estamos a un paso fundamental para que la autocracia fascista que hoy recorre el territorio americano y muchas otras partes del mundo se consolide en nuestro país. Así de fácil, así de peligroso”, señaló. Por eso, dijo, quien presida la Corte “no puede ser alguien que haya tenido el menor desliz, la menor duda, la más pequeña mácula en el pasado” en la defensa de la independencia judicial.

El historiador expresó su apoyo a la magistrada Patricia Solano Castro para la presidencia del Poder Judicial, por su “valor”, su “conocimiento legal” y su “conocimiento administrativo”. Afirmó que el hecho de que el Partido Pueblo Soberano se pronunciara en la Asamblea Legislativa contra su reelección “es la mejor garantía de que debe ser la presidenta del Poder Judicial”.

“¿Por qué no la quieren? Por su independencia. ¿Por qué no la quieren? Por su valentía. ¿Por qué no la quieren? Porque saben que es un muro para defender nuestra democracia”, expresó.

Aguilar Bulgarelli cerró pidiendo a las magistradas y los magistrados que “confirmen la confianza que nos dieron en la elección del fiscal, ahora nombrando a doña Patricia como presidenta del Poder Judicial”.

La soberanía energética y Liberación Nacional

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Los países que realmente quieren sobrevivir en este mundo se preocupan por adquirir soberanía energética. Conscientes que deben trabajar en ello, porque las potencias internacionales tienen una llave muy poderosa en sus manos para chantajear y dominarlos, los gobiernos, partiendo de una estrategia definida, procuran conservar —hasta donde les sea posible— la independencia energética. Por regla de principios, la energía en sus diferentes manifestaciones debe estar bajo el control del Estado.

Como uno de los ejemplos más recientes, el presidente Trump en días pasados amenazó con prohibir la exportación de diésel de Estados Unidos. Si esa medida no hubiera sido paliada por el acuerdo con la Rusia de Putin, el mundo se hubiese enfrentado a un caos internacional. Pensemos en Costa Rica, que importa de EUA la mayor parte de sus combustibles: sin diésel se paralizaría el transporte, habría desabastecimiento de alimentos, se afectaría la movilidad de las personas y se produciría un caos total. Es claro que nosotros no tenemos petróleo y siempre seremos un juguetito del gobierno norteamericano.

Sin embargo, podemos hacer mucho para lograr cierta soberanía energética. Costa Rica es ejemplo mundial en la producción de energía limpia, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar; más del 95% de la electricidad es producida por fuentes renovables, todo un ejemplo mundial. Este éxito ha sido producto del ICE.

En el campo de la electricidad hemos logrado ser soberanos, no dependemos del exterior, aunque últimamente en este gobierno de Chaves se han dado ciertos retrocesos.

La soberanía eléctrica puede ayudarnos a mitigar la dependencia de los carburantes, gasolina y diésel principalmente. Es en el transporte donde se da el mayor consumo de petróleo y, por tanto, la mayor dependencia del exterior.

Pero este gobierno chavista en vez de avanzar en la electrificación de la movilidad del transporte ha eliminado los estímulos a los vehículos eléctricos, cuando lo importante es avanzar hacia la movilidad eléctrica de autobuses, camiones y otros medios, para ir adquiriendo soberanía energética. Eso es lo que haría un estadista, un gobernante que piensa y planea a largo plazo, que tiene presentes los peligros que ocurren actualmente y en el futuro en el planeta. Pero Chaves no tiene ninguna de esas cualidades y más bien elimina los estímulos a la movilidad eléctrica.

El proyecto llamado de Armonización Eléctrica, que actualmente discute la Asamblea Legislativa, camina en el mismo sentido, renunciar a la soberanía en ese campo.

La propuesta puede resumirse así:

1-. Apertura del mercado: el que quiera puede competir y elimina al ICE como la institución directora del sistema eléctrico nacional. En otras palabras, el Estado pierde o se minimiza su papel de control estratégico de una rama esencial y fundamental del desarrollo económico y social del país.

2-. Creación del ECOSEN, es decir, una institución que controlará, regulará y orientará el desarrollo del sistema eléctrico, dentro del cual tendrán un papel importante los productores de energía particulares. Es un esquema parecido al Consejo de Transporte, donde los autobuseros y particulares definen las reglas del juego. Sabemos el desastre del transporte público nacional, porque los actores son al mismo tiempo jueces. En la electricidad ocurrirá lo mismo: los generadores particulares en ECOSEN serán parte y juez al mismo tiempo. Nuevamente, el Estado pierde capacidad de dirección estratégica sobre la electricidad.

3-. El Mercado Eléctrico Regulado es una instancia donde se puja y subasta por precios, dejando zonas desprotegidas, probablemente las más pobres. El Estado es reducido a un simple productor.

Este proyecto se enmarca dentro del dominio privado, interno y externo, de uno de los centros neurálgicos, estratégicos, del desarrollo nacional. No se trata de que la empresa privada no participe del mercado, ya que actualmente lo hace; lo trascendente es que el Estado a través del ICE conserve el control de la producción y distribución de electricidad, como un elemento fundamental de la soberanía energética.

Un sector de diputados de Liberación Nacional se ha plegado a las posiciones antipatrióticas y entreguistas del chavismo y serán cómplices de la desnacionalización eléctrica, una de las conquistas más importantes, precisamente de ese partido.

Este ha sido un proyecto viejo de un sector importante de Liberación Nacional, se dice que especialmente de los hermanos Arias Sánchez y de un grupo de empresarios, que ahora asume la fracción legislativa del chavismo, precisamente por tratarse de una causa de entrega del patrimonio nacional y de la soberanía nacional.

En todas las causas antipatrióticas encontraremos siempre matriculado al chavismo que contará con la ayuda de cipayos que también siempre existirán.

Si este proyecto es aprobado con la ayuda de Liberación Nacional, volverán a la sala de cuidados intensivos de la política.

El chavismo es un proyecto totalitario

Óscar Madrigal

Las relaciones políticas de los partidos ocurridas en el pasado deben servirnos de enseñanza y tenerse muy presentes.

El Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), su fracción parlamentaria, mantuvo alianzas con los chavistas en el periodo legislativo pasado y terminó prácticamente desapareciendo, liquidado.

El partido político de Fabricio Alvarado se alió con el chavismo en la Asamblea Legislativa y desapareció.

Aunque los diputados que vendieron sus votos y conciencias al chavismo gozan de prebendas, como asesores o embajadores, sus partidos terminaron fuera del espectro político nacional.

Enseñanza importante: el chavismo absorbe y hace desaparecer a los que se hincan a sus pies o hacen acuerdos sin principios.

El chavismo no hace alianzas, absorbe a sus oponentes. Los liquida después de comprar a sus representantes.

Partiendo de esa experiencia que es real y está presente a los ojos de todos, es que hay que tener cuidado al negociar con el chavismo; tener en cuenta que siempre procurará comprar conciencias y hacer a esas personas o grupos parte de su proyecto autoritario.

Así ocurre en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades, la Contraloría y otras instituciones.

Su proyecto político es el control total de la institucionalidad democrática, es vencer de cualquier manera posible a la oposición política y de otras índoles.

Liberación Nacional -especialmente- debe tener muy presente esa experiencia ante la disyuntiva en que se encuentra; es la llave para alcanzar los 38 votos y con ello el desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho.

La Unidad debe recordar siempre su experiencia reciente.

El chavismo es un proyecto político autoritario, totalizante, que por su propia esencia querrá chantajear, comprar votos y absorber a las expresiones políticas opositoras. Siempre estará trabajando, actuando, en este sentido; buscando 38 votos para los proyectos de ley más entreguistas, buscando el control del espectro democrático nacional.

Los demócratas deben ser consecuentes ante el proyecto autoritario y totalitario que representa el chavismo.

El lumpen político

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Lo ocurrido en Puntarenas la semana pasada -durante la sesión solemne por la conmemoración en honor a Mora y Cañas- y la detención de un ciudadano catalogado como el mayor lavador de dinero sucio fue la cúspide de lo que es la clase política que actualmente nos gobierna.

Durante un tiempo tratamos de explicarnos a cuál clase social o sector de la burguesía representaba el chavismo y dijimos que más allá de encontrar una representación económico social nos encontrábamos ante una gavilla de facinerosos (malvados, perversos).

Los actos del anterior y presente gobierno nos confirman esa caracterización, que hoy podemos definirla más precisamente, para decir que la casta que nos gobierna representa al lumpen político.

Marx en el Manifiesto y otros escritos refirió que entre los últimos grupos o clases sociales se encontraba un conglomerado de gentes que no tenían relación con el trabajo, tales como informales, vividores, saqueadores, delincuentes y otros, que por su situación social eran muy maleables e influenciables y que en la mayoría de las ocasiones servían a los sectores dominantes. Estos grupos han existido casi que desde siempre y han sido utilizados en el pasado tanto por Liberación como por la Unidad, con los mismos propósitos que ahora los utiliza el chavismo. En muchas ocasiones la izquierda tuvo que enfrentarlos porque eran activos del anticomunismo.

Pero ahora nos referimos a otro fenómeno, distinto, diferente a ese llamado lumpen proletario, es el llamado lumpen político.

Este lumpen político es producto de la crisis del sistema capitalista, de la decadencia del actual sistema económico, que privilegia los intereses individuales sobre los colectivos, la reducción de los derechos humanos, la limitación extrema del Estado de Derecho y de Bienestar y la democracia.

El lumpen político nacional e internacional tiene características muy propias que es necesario distinguir para entender mejor la política.

El chavismo costarricense es la expresión política del lumpen político.

El lumpen político está dirigido por personas que no tienen en su haber obras, pensamiento o vergüenza. Cuando se analiza a Chaves, Laura, Pilar o sus acólitos más cercanos, nos damos cuenta de que no tienen un pasado positivo que mostrar, un pensamiento que haya sido elaborado y expuesto en artículos, libros o ponencias, no poseen obras que mostrar como para pensar cuál es el pensamiento de este grupo, qué proponen para superar los problemas nacionales o sacar al país del subdesarrollo. No tienen un pasado político positivo, ni en pensamiento ni en hechos.

Ese sector político no participa del modo de producción, no son empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores, personas ligadas a grupos sociales que conforman la telaraña civil del país: son, como Chaves que vivió 30 años fuera de Costa Rica y que prácticamente no conoce el país, o la presidenta que siempre ha estado ligada a la estructura estatal, pero en puestos subordinados y una periodista que tampoco estuvo directamente implicada con las fuerzas económicas y sociales nacionales, limitándose solo a la información. Son parásitos sociales que usan su torcido talento para embaucar a mayorías sociales ingenuas, tomar las instituciones del Estado y cuando no pueden, vaciarlas de contenido.

Hoy en esa categoría de lumpen político se unen todos los amigotes, asesores lúcidos o retorcidos, parientes inútiles, cínicos vividores que se suben al vagón de la política parasitaria.

Son una capa social que tiene algunas semejanzas con el lumpen proletariado en cuanto a que son un sector dispuesto a venderse al mejor postor.

Pero se diferencian con el lumpen proletario en que no son pobres, son gentes acomodadas, sin necesidades económicas, pero que al igual que ellos son arribistas que en muchos casos fingen ser inteligentes y “populares”, aunque su único interés sea trabajar para sí mismos. En ese grupo tampoco hay profesionales de prestigio, intelectuales de pensamiento crítico, sino vivillos, astutos, embaucadores de las gentes. Aún peor desprecian el pensamiento, se mofan de las universidades, de los científicos y en general, de gentes como Franklin Chang.

Su único propósito es la captura del Estado para sí mismo y su grupo con el fin de obtener impunidad que les permita actuar sin controles y al margen de la ley.

Como muy bien lo dice José Luis Laguna en su artículo “El lumpen político en el poder”, en eju.tv., que recomiendo: “La vida social se ha convertido en una amenaza permanente. Todo es riesgo; el empleo, la salud, la vejez, la seguridad, el futuro, los hijos y, por supuesto, la calle. En ese caldo de miedo, desconfianza y precariedad prospera el lumpen político, porque el miedo no produce ciudadanos, produce masas inseguras urgidas de salvadores o redentores, aplauden a cualquier audaz que les prometa orden, seguridad, identidad, patria o revancha; depende como se reinvente en las redes”.

Por ello el gran caballo de Troya de la ultraderecha y del lumpen político es la seguridad ciudadana, problema que el sistema mismo crea y genera y que ellos, sus gestores, proponen arreglarlo con cárceles y limitación de libertades. Ya no basta con resolver problemas de vivienda, salarios, salud, educación porque la gran consigna es seguridad ante la delincuencia y con la promesa de construir una gran cárcel, se ganan el apoyo de las mayorías.

El lumpen político tampoco tiene ideología, se acomoda solo a sus propios intereses parasitarios y actualmente se alinea con la extrema derecha trumpiana y con los sectores conservadores más atrasados de la civilización occidental.

El método es capturar las instituciones o los poderes, como el Poder Judicial, las universidades públicas, las municipalidades e incluso los sindicatos y organizaciones sociales de la cultura o de los barrios, para imponer a sus seguidores, a sus clanes, a sus incondicionales.

Los dirigentes del país, de sus instituciones, no se escogen por sus capacidades, por sus competencias, sino por su lealtad al líder, al proyecto, a la causa. Por eso se ve a un grupo muy numeroso de incompetentes mediocres dirigiendo instituciones cuya única cualidad exigible es demostrar cotidianamente su lealtad a Chaves. Lo primero es ser leal, la capacidad es subsidiaria, la idoneidad para el puesto no es lo importante. De esta manera se forma una corporación mafiosa de incondicionales mediocres, como lo vemos también con enorme claridad en el nombramiento de embajadores y representantes en las juntas directivas.

Este lumpen político es maleable, cambia rápidamente de criterio si eso les conviene, no tienen compromisos firmes con nadie porque su propósito es mantenerse en el poder, tener impunidad y gozar de sus privilegios. A raíz de esta posición política, la mentira es un elemento a usar sin ningún rubor, un día se dice una cosa y al siguiente la contraria, como se aprecia muy a menudo en las opiniones de la presidenta. Como no hay valores, pensamiento, posiciones, la política es fluida, cambiante y hasta ininteligible.

El tráfico de influencias es parte del accionar del lumpen político. Hay que controlar por medio del chantaje, del miedo o la amenaza a todo aquel que se oponga a las directrices de los jerarcas; hay que acabar con el disenso y el pensamiento crítico entre los subordinados al igual que en la ciudadanía. La represión laboral o hasta criminal se ejecuta para forzar la salida o el silencio de las personas. El fin último es llenar la administración pública de incondicionales, solo dispuestos a acatar órdenes.

De ahí que la construcción de este grupo lumpen, sin mayores valores y principios, los conduce fácilmente a involucrarse en el tráfico de drogas.

Como su propósito es el control total del Estado y de la sociedad a cualquier precio, deben tratar de reducir las libertades, los controles de la Contraloría y del Poder Judicial, violentar el Estado de Derecho como lo hacen con las resoluciones de la Sala Constitucional y con ello ir minando la democracia y hasta poniendo a los ciudadanos a pedir a gritos una dictadura. Tratan de convencer al pueblo de que ellos les pueden dar seguridad a cambio de libertad, motosierra al Estado de Bienestar a cambio de equilibrio presupuestario y al final una cárcel general para todo el país a cambio de orden. Es el juego del lumpen político: que el pueblo reclame a gritos que lo encarcelen y que además esté feliz.

Esta es la naturaleza política del grupo que nos gobierna. El chavismo representa al lumpen político, grupo sin ningún tipo de principios y valores. Esa es su caracterización fundamental y si no la entendemos podemos creer que puede cambiar para ser dialogante, sincero, respetuoso y convivir pacíficamente con la oposición; o esperar que se desarrollen contradicciones entre ellos, que Laura se enfrente o distancie de Chaves, que cambien su forma de gobernar, que dejen de mentir y meter odio, que dejen de ser lo que son. No podemos sembrar falsas expectativas en la ciudadanía. El chavismo siempre será una fuerza antidemocrática, enemiga de los partidos de oposición, irrespetuosa de la opinión de los otros y de las normas legales, violenta y arbitraria. El que crea que el chavismo va a cambiar para convertirse en una fuerza política respetuosa de la legalidad democrática no está calibrándolo bien; el que crea que puede dialogar sin que le saquen el látigo está fuera de contexto. El chavismo solo puede detenerse y hacer que retroceda con la fuerza del movimiento social; los plantones y los lecheros lo acaban de demostrar.

No va a haber cambio en el chavismo, no va a haber disensiones ni contradicciones.

El chavismo es el lumpen político.

Solo puede ser reemplazado.

¿Cómo explicarnos la “loca” realidad política actual? ¿Se deteriora la institucionalidad democrática?

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La democracia costarricense fue apareciendo de a poco a lo largo de nuestra vida como nación.

Había primero, sin que la mayoría de los colonos lo supieran, que desatar los debilitados lazos que en las primeras dos décadas del siglo XIX todavía nos ligaban al colonialismo español.

Más de tres siglos de un férreo dominio español, habían dejado una impronta de exterminio de los pueblos originarios, de esclavitud de los muchos empobrecidos sobrevivientes, vasallaje, y corrupción.

Sin embargo, ya a punto de expirar aquel dominio infernal, gracias a las revueltas y guerras de independencia desde México hasta la Patagonia, hubo un acontecimiento en la misma España, que sentó bases sólidas para impregnar en la conciencia de los líderes de aquellas guerras, ideas liberales y democráticas.

En efecto, Las Cortes de Cádiz fueron el primer parlamento liberal del mundo hispánico. Se reunieron de 1810 a 1814 en Cádiz, único puerto libre de la ocupación de Napoleón Bonaparte en España, mientras el Rey Fernando VII se encontraba preso en Francia.

Los dictados de las Cortes pretendieron cobijar tanto a España como a la América hispana; pero a una España que diera sus primeros pasos por la senda democrática y no bajo el yugo del Rey. Los acuerdos fueron aprobados en 1812 y de ellos emanaron tres resoluciones fundamentales:

1. Soberanía Nacional. La Soberanía residiría en la Nación, ya no en el Rey.

2. División de poderes y libertades. Subsistiría la Monarquía Constitucional, pero cuarteada por la aparición del sufragio indirecto (amplio para la época), libertad de imprenta, igualdad jurídica de todos los hombres ante la ley (las mujeres continuarían excluidas momentáneamente) y fin del Tribunal de la Inquisición.

3. Ciudadanía americana. Todos los nacidos libres en ambos continentes serían considerados españoles. Esta resolución dio paso a la emergencia de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales en América, incluida Costa Rica.

37 diputados americanos, por Costa Rica el egregio Fray Florencio del Castillo, fueron escogidos para representarnos en las Cortes de Cádiz. Allí aprendieron de principios democráticos y fueron redactadas las primeras constituciones republicanas de Hispanoamérica. De allí brotaron las ideas de los ayuntamientos constituidos por elección, así como las diputaciones bajo el mismo principio.

Costa Rica pasó durante ese período de dos ayuntamientos a más de 40, y los ayuntamientos fueron la primera experiencia electoral de los pueblos americanos. Se consolidó como idea la soberanía nacional, las autoridades representativas electas directa o indirectamente, la libertad de imprenta y la aparición de la ciudadanía, si bien de momento solo entre los varones, frente a los súbditos de los reyes españoles. Cádiz no nos dio la democracia plena, pero de ella recibimos el molde.

Costa Rica, como puede observarse no se quedó atrás; después de la primera independencia de 1821, se fue consolidando poco a poco, la libertad de una nación pequeña y pobre, pero pujante, en la que las ideas democráticas quedaron plasmadas en la primera Constitución denominada por Braulio Carrillo “Ley de Bases y Garantías”.

Muy pronto, en medio de altibajos, se declaró “República Constitucional”, cuyo líder fue José María Castro Madriz. Este episodio sentó bases firmes en la conciencia de las élites y del mismo pueblo para enfrentar al invasor y esclavista filibustero proveniente de los Estados Unidos, personificado en la figura de William Walker. Esta lucha fue convocada por el mismo presidente Juan Rafael Mora Porras, quien, acompañado por otros próceres como José María Cañas, de estirpe salvadoreña y el propio hermano de don Juanito, quien fue José Joaquín Mora, llamó al pueblo a las armas para asentar así la verdadera independencia de Costa Rica.

La democracia no dio al pueblo verdaderas libertades, ya que habrían de venir muchas lunas y tantas luchas, antes de que todos los hombres primero y, las mujeres, junto a la etnia de los afrodescendientes y otras minorías después, ya en pleno siglo XX, pasada la guerra civil de 1948, obtuvieran plenos derechos ciudadanos, como el derecho al voto libre y garantizado por la Constitución.

La Costa Rica moderna, surge después de la Guerra Civil de 1948; no sin antes haber conseguido estas garantías y libertades ciudadanas, asentadas en las conquistas sociales: la ley de la Seguridad Social, la creación de la Universidad de Costa Rica, el código del trabajo y otras leyes de semejante cuantía, bajo el Gobierno del presidente Benemérito Rafael A. Calderón Guardia, en alianza con el Partido Vanguardia Popular (comunista) cuyo líder fue el también Benemérito Manuel Mora Valverde, y con la Iglesia Católica, que era jefeada entonces por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, también nombrado después Benemérito de la Patria.

Así se consolidó la modernidad, esta vez bajo el liderazgo principal de José Figueres Ferrer, nombrado asimismo Benemérito, por su intensa labor para eliminar el ejército, que se había solidificado tras la guerra del 48, ampliar las leyes sociales mediante la universalización de la seguridad social y la creación de una serie de instituciones democráticas que caracterizaron el Estado Social de Derecho de la Segunda República. Igualmente, los hombres de esta Segunda República dinamizaron la movilidad social, le dieron bases firmes a la división de poderes, la fortificación de las libertades electorales, mediante la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la creación de organismos de control de la ejecución de los demás poderes del Estado y de las Instituciones autónomas.

No obstante, el país vivió la mayor parte de este tiempo, bajo la égida de dos partidos políticos principales, Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, los cuales se alternaron en el Poder Ejecutivo, conservando algunas diferencias entre sí. Liberación, un partido más estatista y reformista; la Unidad, se fue consolidando como una coalición conservadora que proclamaba la “desestatización” y desregulación de la economía.

Los principales problemas de esta democracia fueron: la ilegalización del partido Vanguardia Popular (una ilegalización expresa y larga) y en un principio del partido Republicano Nacional (calderonista), que fue proscrito de facto, sin haber sido mencionado expresamente en el decreto. Los líderes de ambos partidos fueron perseguidos y exiliados. Tales fueron los obstáculos más grandes a la participación electoral que tuvo Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX.

Otros escollos fundamentales de la democracia costarricense, a partir de la segunda mitad del siglo XX que deseamos mencionar fueron: la diversificación económica, a través de la legislación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Aunque en un principio se intentó romper la dependencia económica del país con la economía de los Estados Unidos, al cabo del tiempo, no obstante, la economía se fue anclando todavía más a las economías de los países capitalistas desarrollados, principalmente la de los Estados Unidos, por medio de las industrias de integración. En este contexto se sellaron alianzas entre los sectores cúpula de la industria costarricense, con el capital financiero e industrial extranjero. La dependencia económica se fortificó y esto afectó grandemente la independencia del Estado en la toma de decisiones frente a los intereses del capital extranjero. Ni el partido Unidad Socialcristiana, ni el mismo partido Liberación Nacional fueron óbice para que nos convirtiéramos, cada vez más, en un eslabón de la cadena de la economía capitalista internacional.

Por otro lado, como telón de fondo, progresivamente se fue afianzando una inédita desigualdad social, que fue la contrapartida de la concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Junto a ello, la clase media se debilitó y sigue en ese curso, en el cual, los sectores más vulnerables se hicieron más débiles aún. Además, los partidos tradicionales perdieron sus identidades, se comenzaron a parecer cada vez más el uno al otro; se desató en ellos, en sus gobiernos una funesta corrupción, tanto en la administración pública como en la privada, que provocó un desalineamiento de los sectores que tradicionalmente habían apoyado a uno y otro partido. Se llegó a perder, prácticamente de manera integral la credibilidad de un gran contingente de los electores en esas coaliciones políticas.

Como consecuencia de lo anterior, se abrieron oportunidades para otros partidos políticos nuevos, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) que, en las elecciones del 2002, rompe el bipartidismo y fuerza a un balotaje o segunda ronda electoral por primera vez en la historia electoral de Costa Rica, entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana.

En las elecciones del 2014, el PAC quiebra por completo el bipartidismo y gana esas y las siguientes elecciones del 2018. La crisis estaba declarada para los dos partidos tradicionales.

Posteriormente surge el fenómeno que se ha conocido como el “chavismo”, el cual venció en las elecciones del 2022 y se reelige con Laura Fernández Delgado en el 2026.

La sociedad se transforma y la democracia se debilita

Lo que está ocurriendo es un fenómeno que da cuenta del debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales, una supina desconfianza en la institucionalidad y aunado a lo anterior ha cundido la inseguridad entre la ciudadanía, el temor profundo ante la penetración del narcotráfico y la violencia en las calles y áreas públicas, el agigantamiento de las brechas de igualdad y la frustración con el Estado.

De ahí que ahora, la cuestión democrática no consiste solamente en quién ganó y quién perdió las elecciones; ahora se trata de saber qué es lo que los titulares del poder formal, los ganadores del ejecutivo hacen con el poder que recibieron. La cuestión democrática gira ahora alrededor de los contrapesos del poder, si están operando o no, la tolerancia al adversario y, sobre todo, la posibilidad de que se produzca una mayor erosión de la institucionalidad democrática sin que se hubiese producido la ruptura del orden constitucional.

Por otra parte, se comienza a percibir una ruptura ya no solo en el terreno de la actividad política, sino además y de manera abrupta, en el seno de la sociedad civil. En ella están surgiendo varias fracturas que dan como resultado segmentos ciudadanos con diversos intereses entre sí, distintas ideologías y maneras de percibir la realidad. El asunto que reviste más profundidad es que entre los ciudadanos ya no solo aparecen diferencias de opinión entre grupos con respecto a cómo perciben la realidad, al Estado y al mismo gobierno, eso es natural en una democracia. El asunto ahora es más profundo ya que las diferencias parecen organizarse alrededor de fracturas sociales, económicas, territoriales, culturales y políticas.

Lo que debe estudiar la ciencia política actual, es que las grietas no habían llegado a producir todavía nuevas organizaciones sociales que pudiesen dar lugar a nuevas alianzas entre los partidos tradicionales en decadencia y los nuevos grupos sociales de ciudadanos aglutinados por determinadas percepciones de la realidad sociopolítica. Muchos de los nuevos grupos ya no solo rechazaban a los partidos tradicionales, sino que se han cohesionado por su rechazo al sistema en su conjunto. Son lo que podríamos llamar coaliciones en el seno de la sociedad civil antisistema.

Si este fenómeno en mi opinión bastante reciente puede desembocar o no en rupturas graves que pudiesen dar lugar a enfrentamientos que atenten contra la tradicional democracia, dependerá por una parte de la capacidad del llamado “chavismo” de ofrecerle a estos nuevos grupos de la sociedad civil, con visos de ser antisistema, un programa de realizaciones conducente a resolver problemas concretos, o carencias que afligen a estos grupos sociales en la cotidianidad. Y, por el otro lado, puede depender también de cómo se conduzcan los grupos opositores de la política, y la capacidad que muestren ellos también, para ir al encuentro de esas bases sociales desafectas y con bastante rencor y desdén frente al fenómeno de lo político en sentido tradicional.

Todas estas son algunas de las cuestiones que creo requieren de investigaciones más profundas que permitan entender la trama que se da en la situación política actual.

El día de la Biblia

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Este 25 de setiembre celebraron en la Asamblea Legislativa el día de la Biblia los pastores evangélicos con la presencia de la presidenta.

El sector mayoritario evangélico costarricense está de lleno comprometido con el grupo político encabezado por Rodrigo Chaves.

Distingo a los evangélicos chavistas de los no chavistas, que los hay.

Chaves representa valores ubicados en las antípodas de los valores que defiende, supuestamente, el evangelismo.

¿Cómo pueden compaginar los “valores familiares” con una persona con varias familias, hijos fuera de matrimonio, odio, insultos? ¿Cómo unir los “valores morales” evangélicos con una persona que se vanagloria de su vulgaridad? ¿Cómo apoyar a un hombre y un movimiento que puede ser la antítesis del Salvador?

Puede haber dos explicaciones al menos.

La primera y evidente es que ese evangelismo hizo una mera transacción, cambiar los votos de los evangélicos a cambio de puestos de diputados, ministros, magistrados y aprobar normas de su exclusivo interés. Simplemente un trueque del voto evangélico por puestos de poder.

En este punto la conclusión es que se trata de una mercantilización de la fe. Es la realidad, aunque nos cueste aceptarlo.

La segunda es más profunda y tiene que ver con la cosmovisión contemporánea de los evangélicos.

El sector comprometido con el chavismo es partidario de la guerra, está contra la inmigración, apoya a Israel y al genocidio, promueve el enriquecimiento sin límites, apoya la reducción de derechos humanos a las mujeres y a la diversidad sexual, asimismo, la disminución de derechos a las personas privadas de libertad, se opone el concepto del cambio climático e incluso a la limitación de libertades democráticas. Ese sector es partidario de una masculinidad ruda y una supremacía patriarcal.

Atrás quedaron postulados evangélicos de humanismo, solidaridad y paz mundial, de convivencia y respeto por las opiniones ajenas.

Los evangélicos son partidarios del proyecto chavista de división, confrontación y odio social, asunto muy alejado de la vieja cosmovisión evangélica.

Por supuesto que la posición evangélica actual forma parte del engranaje global de la ultraderecha, que ha sido concebida, promovida y financiada por el gobierno de Trump.

El día de la Biblia no puede ser un momento para envenenar el alma nacional.

No se trata de defender el pasado, sino de construir una nueva democracia

Roberto Salom E.

Costa Rica vive una coyuntura política que obliga a quienes defendemos la democracia a precisar qué es exactamente lo que estamos defendiendo y, sobre todo, para qué queremos defenderla.

No tengo dudas sobre la gravedad de la amenaza que representa el autoritarismo. Tampoco tengo dudas sobre la necesidad de que los sectores democráticos sean capaces de articular una respuesta común frente a cualquier intento de concentrar el poder, debilitar los contrapesos institucionales o someter las instituciones de la República a la voluntad de un liderazgo político.

Pero precisamente por eso considero necesario hacer una distinción fundamental:

La contradicción principal no es con los sectores sociales que apoyan al chavismo. La contradicción principal es con el proyecto autoritario que amenaza nuestra institucionalidad democrática.

No son la misma cosa.

El malestar social tiene razones

Quienes han dado su apoyo al chavismo forman parte de la sociedad costarricense. No son un cuerpo extraño ni pueden ser considerados, por definición, enemigos de la democracia.

Muchos expresan un malestar real frente a una institucionalidad que durante años ha sido incapaz de responder a problemas que afectan a amplios sectores de la población.

La desigualdad, la pérdida de oportunidades, el deterioro de condiciones de vida, la distancia entre instituciones y ciudadanía, y la frustración frente a los partidos tradicionales no surgieron de la nada.

Son problemas acumulados durante décadas.

Y los sectores políticos que han gobernado el país tienen responsabilidades ineludibles en esa situación.

Pero aquí es necesario introducir una precisión: las instituciones no son responsables por sí mismas de su funcionamiento histórico. Las instituciones son, en buena medida, como el edificio; quienes las conducen, las orientan y toman las decisiones dentro de ellas son los actores que ejercen el poder.

Por eso, cuando hablamos de las deficiencias del Estado y de las instituciones, no deberíamos atribuirlas indistintamente a los funcionarios públicos ni a la burocracia. El problema fundamental está en quiénes han conducido políticamente el Estado, cuáles han sido sus prioridades y qué intereses han orientado sus decisiones.

Durante décadas, distintas élites gobernantes han dirigido las instituciones de la República sin emprender las transformaciones necesarias para hacer del Estado un instrumento más eficaz de igualdad, solidaridad, justicia social y ampliación de derechos.

Esto no significa desconocer los avances de la institucionalidad costarricense ni negar el valor de sus conquistas democráticas. Significa reconocer que una institución puede ser formalmente democrática y, al mismo tiempo, funcionar de manera insuficiente frente a las necesidades de la sociedad.

Por eso sería un error pensar que para enfrentar al chavismo basta con denunciarlo. También hay que comprender las condiciones que hicieron posible su crecimiento y asumir la responsabilidad histórica de quienes, teniendo durante años la conducción del Estado, no supieron o no quisieron transformarlo en la dirección que la sociedad demandaba.

Pero comprender no es justificar.

Reconocer el malestar social no implica aceptar un proyecto político que pretende instrumentalizarlo para debilitar la democracia.

Defender la democracia no es defender el statu quo

Defender la institucionalidad democrática frente al autoritarismo no puede convertirse en una defensa acrítica de la institucionalidad existente.

Nuestra democracia tiene fortalezas que debemos preservar. Pero también tiene déficits que debemos reconocer y corregir.

Y aquí debemos evitar una confusión: defender las instituciones no significa defender necesariamente la manera en que han sido conducidas por las élites gobernantes que han tenido su control político.

Las instituciones son patrimonio de la sociedad, no propiedad de quienes circunstancialmente las gobiernan.

Una democracia madura debe ser capaz de defender sus instituciones frente a quienes quieren destruirlas y, al mismo tiempo, transformarlas cuando han dejado de responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.

Algunas instituciones pueden tener grietas y requerir reparaciones. Otras pueden necesitar transformaciones más profundas. Pero esa tarea no consiste simplemente en cambiar estructuras administrativas. Implica preguntarnos quién conduce el Estado, para qué lo conduce y al servicio de qué proyecto de sociedad lo hace.

No se puede exigir a la ciudadanía que defienda instituciones que percibe como distantes o ineficaces, mientras se bloquea cualquier discusión sobre su transformación.

La democracia no es solo elecciones periódicas

Es también participación, representación, derechos, igualdad de oportunidades, justicia social, transparencia y capacidad de respuesta del Estado.

Cuando esas dimensiones se debilitan, la democracia pierde legitimidad.

Y cuando pierde legitimidad, el autoritarismo avanza.

Por eso, defensa y transformación no son opuestos.

No hay defensa posible de la democracia sin su transformación.

La unidad democrática es necesaria, pero no suficiente

La convergencia de los sectores democráticos frente al chavismo es un hecho político relevante.

La articulación entre partidos y sectores sociales muestra una preocupación que trasciende lo partidario.

Esa unidad es necesaria.

Frente a una deriva autoritaria, las fuerzas democráticas deben encontrar puntos de coincidencia y construir una respuesta común.

Pero hay un riesgo evidente.

Una unidad basada solo en el rechazo al adversario puede ser útil para ganar una elección, pero insuficiente para gobernar y, sobre todo, para transformar el país.

La pregunta decisiva es otra:

¿Qué país queremos construir juntos?

Y esa pregunta obliga a ir más allá de la defensa abstracta de las instituciones. Obliga a preguntarnos qué transformaciones necesitan esas instituciones y qué fuerzas sociales y políticas estarán dispuestas a llevarlas adelante.

Porque no basta con cambiar a quienes ocupan temporalmente los cargos de gobierno si se mantienen intactas las relaciones de poder, las prioridades y las formas de conducción del Estado que han producido buena parte del malestar que hoy alimenta la reacción social.

Si la respuesta es simplemente volver al pasado, habremos entendido muy poco de lo que está ocurriendo.

No se trata de volver atrás

El chavismo no surgió en el vacío.

Surgió en una sociedad marcada por frustraciones acumuladas, desigualdades persistentes y una creciente desconexión entre ciudadanía e instituciones.

Por eso no basta con derrotarlo electoralmente.

Tampoco basta con restaurar el orden anterior.

El desafío es mayor: construir algo mejor.

Necesitamos una nueva democracia

Una democracia que preserve libertades y Estado de derecho, pero que sea más participativa.

Una democracia con contrapesos institucionales, pero también con mayor capacidad de respuesta social.

Una democracia que no se limite a derechos formales, sino que enfrente las desigualdades estructurales.

Una democracia que transforme las instituciones cuando estas ya no respondan adecuadamente a las necesidades de la sociedad.

Una democracia capaz de impedir que el Estado sea utilizado por élites gobernantes —sean las tradicionales o las que hoy pretenden sustituirlas— como instrumento de concentración del poder.

Una democracia que recupere la confianza ciudadana.

En síntesis: una democracia que combine libertad política con justicia social y que haga del Estado un instrumento efectivo para construir una sociedad más igualitaria, solidaria y equitativa.

No convertir al ciudadano en enemigo

Existe una tentación peligrosa en toda polarización: convertir al adversario político en enemigo social.

Eso sería un error histórico.

Si queremos una alternativa democrática duradera, debemos ser capaces de hablar también con quienes hoy apoyan al chavismo.

No para aceptar el autoritarismo.

No para renunciar a nuestras convicciones.

Sino para demostrar que existe una alternativa democrática y transformadora.

Que no es necesario elegir entre abandono social y autoritarismo.

Que se pueden exigir cambios profundos sin renunciar a las libertades.

Que se puede demandar justicia social sin destruir la institucionalidad.

Que se puede cuestionar a las élites gobernantes sin entregar el poder a un liderazgo sin controles.

Y que transformar las instituciones no significa destruirlas, del mismo modo que defenderlas no significa conservarlas intactas.

Esa es una tarea central del campo democrático.

La verdadera disputa

La política costarricense no se reduce a chavismo contra antichavismo.

La verdadera disputa es entre autoritarismo y democracia.

Pero tampoco se reduce a defender la democracia existente.

La verdadera alternativa es entre un proyecto de concentración del poder y un proyecto democrático capaz de transformar el país.

Y esa transformación supone algo más que sustituir a unos gobernantes por otros.

Supone modificar las formas en que se ejerce el poder, las prioridades con que se conduce el Estado y la relación entre las instituciones y la ciudadanía.

Las instituciones son el edificio; la política y las élites gobernantes determinan, en buena medida, cómo se habita, para quién funciona y hacia dónde se orienta.

Por eso, el problema no es simplemente si debemos conservar o destruir las instituciones.

El verdadero desafío es democratizarlas, fortalecerlas y ponerlas al servicio de una sociedad más justa.

Si la democracia se limita a defender lo existente, no podrá convocar a quienes están insatisfechos con lo existente.

La democracia debe volver a ser una promesa de futuro.

De mayor participación.

De mayor igualdad.

De mejores instituciones.

De mayor justicia social.

De más ciudadanía y menos concentración del poder.

Una decisión histórica

Costa Rica no está solo ante una elección.

Está ante una decisión histórica.

O la democracia se limita a resistir, o se atreve a renovarse.

O se convierte en defensa del pasado, o en construcción del futuro.

O se limita a proteger las instituciones tal como han sido conducidas hasta ahora, o asume el desafío de transformarlas para que respondan mejor a las necesidades de la sociedad.

La unidad democrática no puede ser solo un muro de contención.

Debe ser un punto de partida.

Porque lo que está en juego no es únicamente quién gobierna hoy, sino quién conducirá el Estado, con qué proyecto y para construir qué tipo de sociedad.

Y esa es la verdadera responsabilidad de este momento:

defender la democracia no para conservarla intacta, sino para hacerla más profunda, más justa y más fuerte de lo que ha sido hasta ahora.

Agosto de 2026.

 

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Situación política actual en Venezuela (un mapa político en plena reconfiguración)

José A. Amesty Rivera

Se ha dicho muchas veces que el 3 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. La captura y posterior secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, abrió una situación completamente nueva, un país sometido a una fuerte influencia externa en materia política y económica, un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una oposición dividida y un pueblo que sigue siendo el verdadero protagonista de la historia.

Diversos medios internacionales han señalado que las negociaciones políticas, y el proceso de transición están fuertemente condicionados por la participación de Washington, para unos, esa presencia es una garantía de estabilidad; para otros, representa una forma de intervención que afecta la soberanía nacional del país.

Desde una mirada latinoamericana, cuesta aceptar que el futuro de un país sea definido bajo la influencia de una potencia extranjera; más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno de Nicolás Maduro y el rumbo de la Revolución Bolivariana, la participación directa de EEUU vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas.

En este nuevo escenario pueden identificarse, de manera general, cinco grandes sectores políticos y sociales, caractericemos:

La oposición tradicional, el regreso de los viejos actores

El primer sector está formado por la oposición llamada tradicional; son dirigentes y partidos que durante años participaron en elecciones, en la Asamblea Nacional y en distintos procesos de negociación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a veces confrontaban al gobierno y otras veces se sentaban a dialogar.

Hoy este sector vuelve a tener protagonismo con dirigentes como Dinorah Figuera y otros representantes de la Asamblea Nacional de 2015, quienes regresaron al país para participar en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez; su apuesta es una transición negociada que permita acordar reformas políticas y convocar nuevas elecciones.

Un ejemplo de esta posición es que consideran preferible llegar a acuerdos, aunque eso implique negociar con antiguos adversarios; al mismo tiempo, dentro de la propia oposición hay quienes cuestionan estas conversaciones, porque dirigentes como María Corina Machado o Edmundo González no participan directamente en la mesa principal, esta diferencia muestra que la oposición tampoco es un bloque unido.

El chavismo institucional

El segundo sector es el chavismo que continúa al frente del gobierno y está encabezado por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros dirigentes que durante años formaron parte del núcleo de dirección de la Revolución Bolivariana.

Su discurso gira alrededor de tres ideas principales: mantener la estabilidad del país, evitar un vacío de poder y recuperar la economía después de años de crisis, también sostienen que es necesario negociar para lograr el levantamiento de las sanciones y recuperar la normalidad institucional.

Por ejemplo, cuando el gobierno participa en conversaciones con actores internacionales, argumenta que lo hace para evitar un mayor deterioro económico y proteger el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, muchos simpatizantes del propio chavismo observan una contradicción; mientras el gobierno sigue reivindicando el legado de Hugo Chávez, buena parte de las decisiones políticas y económicas parecen depender de acuerdos, donde USA tiene una influencia importante. Esta situación ha generado dudas y críticas incluso entre antiguos dirigentes chavistas.

La izquierda chavista llamada “crítica”

Quizá el cambio político más interesante sea el crecimiento de una izquierda chavista, que se declara opositora al gobierno, sin dejar de reivindicar el pensamiento de Hugo Chávez.

Dirigentes como Elías Jaua, Reinaldo Iturriza, Tony Boza, entre intelectuales, y comunicadores como Mario Silva han expresado diferencias importantes con el rumbo actual; aunque cada uno tiene su propio estilo y sus propios matices, coinciden en una idea central, consideran que el proyecto bolivariano no puede mantenerse si termina dependiendo de decisiones tomadas o supervisadas desde Washington.

Por ejemplo, algunos de ellos han planteado que defender la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier acuerdo político, otros insisten en la necesidad de reconstruir la organización popular desde las comunas, los movimientos sociales y las bases del chavismo.

Documentos como la llamada “Declaración de Maracay” insisten precisamente en defender la Constitución, la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.

Esta corriente no busca volver al viejo sistema político anterior a Chávez, ni convertirse en una oposición de derecha, lo que plantea es recuperar el proyecto original de la Revolución Bolivariana, corrigiendo los errores del madurismo y evitando que el país quede bajo la influencia de intereses extranjeros.

El pueblo chavista

Fuera de los partidos existe un actor mucho más grande, el pueblo chavista. Millones de venezolanos siguen sintiendo admiración por Hugo Chávez y recuerdan como importantes los avances sociales alcanzados durante los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero este pueblo ya no piensa exactamente igual.

Un sector sigue apoyando al gobierno de Delcy Rodríguez, porque considera que, en las circunstancias actuales, representa la mejor opción para mantener la estabilidad y evitar una crisis aún mayor.

Otro sector continúa siendo profundamente chavista, pero cuestiona el rumbo que ha tomado el gobierno; no necesariamente milita, junto a Elías Jaua o Mario Silva, pero comparte la preocupación por la pérdida de soberanía y por la creciente influencia de EEUU en la política nacional.

Es común escuchar frases como, “Yo sigo siendo chavista, pero esto no era lo que Chávez quería”, o también, “Primero está la patria y después las diferencias entre nosotros”, este tipo de comentarios refleja una discusión que hoy existe en muchos barrios, comunidades y espacios populares.

Más que una división ideológica, se trata de distintas maneras de entender cómo defender el legado de Chávez en las condiciones actuales.

La mayoría popular

Finalmente existe un amplio sector de venezolanos que no se identifica plenamente con ninguno de los grupos anteriores.

Son trabajadores, campesinos, comerciantes, estudiantes, profesionales, pensionados y jóvenes que durante años han vivido las consecuencias de la crisis económica, las sanciones, la polarización política y la migración, muchos simplemente quieren que el país vuelva a funcionar con normalidad.

Por ejemplo, para una madre lo más importante puede ser conseguir medicinas; para un joven, encontrar empleo sin tener que emigrar; para un pequeño comerciante, que haya estabilidad económica; para un campesino, producir sin tantas dificultades.

Este sector discute todos los días y lo que espera es que haya seguridad, servicios públicos, oportunidades de trabajo, instituciones que funcionen y una economía que permita vivir con dignidad.

En buena medida, el éxito de cualquier proyecto político dependerá de su capacidad para responder a estas necesidades concretas.

Una nueva etapa de la política venezolana

Todo indica que el viejo mapa político venezolano está cambiando. Durante más de veinte años parecía que todo se reducía a dos bandos, chavismo y antichavismo, hoy esta realidad es mucho más compleja.

Hay sectores de la oposición que prefieren negociar antes que confrontar, hay chavistas que siguen apoyando al gobierno y otros que ahora lo critican desde posiciones de izquierda, hay antiguos aliados que hoy mantienen diferencias profundas, y también existe una mayoría de ciudadanos que está cansada de la confrontación permanente.

Al mismo tiempo, muchos venezolanos/as coinciden en una preocupación común, quieren que el país recupere la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin depender de intereses externos.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana, el gran desafío consiste en encontrar una salida democrática que preserve la soberanía nacional, respete la voluntad popular y permita que el pueblo vuelva a ser el principal protagonista del destino del país.

Porque, más allá de las diferencias entre dirigentes o partidos, sigue vigente una idea que ha acompañado a América Latina desde las luchas por la independencia; ningún proyecto nacional puede desarrollarse plenamente, si las decisiones fundamentales terminan dependiendo de una potencia extranjera.

La Venezuela que surge después del 3 de enero de 2026, ya no puede explicarse solamente como una disputa entre gobierno y oposición; hoy conviven distintas izquierdas, distintas oposiciones y una mayoría popular que busca estabilidad, justicia social y soberanía. Comprender este nuevo mapa político, será fundamental para entender los debates y las decisiones que marcarán el futuro del país.

Venezuela bajo asedio

Álvaro Fernández González, Julio de 2026

Comprender la realidad venezolana exige mirar más allá de las decisiones del gobierno y situarlas en el contexto de una profunda pérdida de soberanía.

El país enfrenta hoy una forma de colonialismo que ya no depende de la ocupación militar, sino del control sobre sus recursos estratégicos mediante sanciones, restricciones financieras y mecanismos externos que condicionan el acceso a los ingresos generados por su propio petróleo.

En ese escenario, muchas decisiones gubernamentales que generan controversia deben analizarse como respuestas adoptadas bajo condiciones excepcionales.

Es legítimo debatirlas y criticarlas, pero resulta insuficiente interpretarlas como una simple renuncia al proyecto bolivariano sin considerar la presión permanente ejercida por Estados Unidos sobre la economía y las instituciones venezolanas.

Mientras gran parte de la atención internacional se concentra en las disputas entre gobiernos, la Administración Trump y la de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, otra realidad continúa desarrollándose en cientos de comunas y organizaciones populares.

Asambleas vecinales, consultas comunitarias, proyectos autogestionados y espacios de participación mantienen viva una experiencia de democracia desde abajo que constituye uno de los principales legados de la Revolución Bolivariana.

Por ello, reducir el presente venezolano a la supuesta derrota del chavismo significa ignorar la persistencia de un tejido social organizado que sigue defendiendo la soberanía, la participación popular y la justicia social.

Las contradicciones existen y son objeto de debate dentro del propio movimiento, pero la discusión central continúa siendo otra: cómo preservar un proyecto político y una sociedad organizada frente a una estrategia de asfixia económica y subordinación geopolítica.

La principal lección es clara. Para comprender Venezuela no basta con juzgar las decisiones de sus dirigentes.

Es necesario observar también la capacidad de su pueblo para sostener, incluso en medio del asedio, las formas de organización que mantienen viva la aspiración de una democracia popular y de una verdadera independencia nacional.

Referencia:

“Before the Earthquake- Venezuela’s Uncomfortable Reality with Andreína Chavez Alava”.