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Etiqueta: chavismo

Laura se viste con ropas ajenas

José Luis Amador

Muy lindos los discursos de la señora presidenta en Europa. Se ha vestido con las mejores ropas de la historia de Costa Rica, pero no le sienta bien ni le luce, porque son ropas ajenas. Son ropas tomadas de la historia de nuestro país, esa historia que su partido desconoce y contradice.

Habla de las energías limpias a pesar del intento por demoler el Instituto Costarricense de Electricidad que ha recibido el impacto de este y otros gobiernos que ya no creen en el proyecto valiente que lo echó a andar. Habla de una solidaridad social cuando ni los rubros sociales ni la gente han sido prioridad de este gobierno, sino que por el contrario los presupuestos sociales en salud, educación, pensiones y otros han sido asfixiados.

Habla de la defensa del ambiente, cuando sabemos que esta defensa se sostiene muy a pesar del ideario chavista. Habla de empleos dignos cuando sabemos lo que pasa con el agricultor, el ganadero y otros.

Esta Costa Rica que Laura Fernández Delgado está exhibiendo en Europa es la misma Costa Rica que han pretendido olvidar y que nos han dicho que no existe. Es la Costa Rica que han pretendido presentar como una fantasía y como una dictadura de 70 años. Claro que había que hacerle ajustes y correcciones urgentes, porque algunos ya la venían destruyendo. Pero no son Rodrigo Chaves ni Laura Fernández quienes están remozando la Costa Rica que nos heredaron los abuelos.

Se han puesto las ropas de nuestra Costa Rica excepcional y no les lucen ni les quedan bien porque son ropas usurpadas a la historia.

Se están vistiendo con ropas robadas a una Costa Rica en la que no creen.

«Esa parte no la leí»

Por Juan Carlos Cruz, para SURCOS

Una hora de entrevista, dos periodistas a quienes el entrevistado considera amigos y un programa que se llama No Mientas El Show. Rodrigo Chaves la grabó el martes y salió el viernes, mientras la presidenta Laura Fernández andaba por el Vaticano. Según lo reportó Álvaro Murillo en el Semanario Universidad, el ministro de Hacienda y de la Presidencia estuvo cómodo, sonriente y bromista. También repartió calificativos: «terrorista» para la rectora del TEC, «idiotas» para los diputados de Liberación, «vividores» para quienes protestan.

Sería un error leerlo como un arranque de mal genio. Llevamos años viendo que el estilo de Chaves tiene método, y esta entrevista lo muestra casi completo. Ese método se puede resumir en cinco operaciones.

Personalizar. El poder se concentra en pocas figuras. Chaves habla una hora como si el país fuera suyo, con la presidenta de viaje, y adelanta incluso una decisión sobre el Transpacífico que ella anunciaría después. Las instituciones quedan en segundo plano.

Polarizar. El país se divide en dos bandos: de un lado, «tres cuartas partes» que dicen «go, Laura, go»; del otro, un 12% de «vividores». No presentó dato alguno que respalde esas cifras. Lo que importa es la frontera, no la medición.

Deslegitimar. A quien controla o cuestiona se le quita credibilidad. La rectora que advierte que la sede de Limón podría cerrar por los recortes es «extorsionadora». Un magistrado tiene «podredumbre intelectual». Y una sola palabra sirve para todo: Liberación, que lleva décadas en el centro del sistema, es «ficha del comunismo». Cuando una palabra sirve para todo, deja de describir algo y solo marca de qué lado está cada quien.

Emocionalizar. El chiste a pedido, la burla y el insulto crean complicidad con quien escucha. Gramsci hablaba de intelectuales orgánicos: gente que da forma y voz a la visión del mundo de un grupo, sin que nadie les dé órdenes. Un programa afín, con preguntas cómodas, cumple esa función mejor que cualquier conferencia de prensa.

Saturar. Cada declaración abre una pelea, y cada pelea desplaza a la anterior. Con tanto ruido, los datos difícilmente permanecen en la conversación el tiempo suficiente para discutirse.

El momento clave

Hacia el final le preguntaron por el dato oficial más reciente: el ingreso de los hogares bajó 3,8% en el último año, y bajó en todos los quintiles. Hizo un gesto de poco interés y dijo: «esa parte no la leí».

Antes, uno de los entrevistadores le había planteado el aumento de la deuda frente al PIB, el golpe del tipo de cambio a los exportadores y los 300.000 hogares que siguen en pobreza. Chaves respondió que el país ahora es de «ingreso alto». Un promedio nacional sirve para presumir afuera, pero no paga el recibo de nadie. Casi la mitad de los hogares reporta deudas, y las listas de espera de la CCSS crecieron más de 30% en poco más de un año.

Eso es lo que el método permite: cuando falta la respuesta, aparece el culpable. Una sociedad golpeada por la deuda y el estancamiento necesita explicaciones. Si la política no las da, alguien ofrece otras, y la rabia se dirige hacia una rectora, hacia diputados, hacia gente que marcha, nunca hacia las decisiones que explican por qué los hogares ganan menos. El que reclama pasa a ser el problema.

La billetera y el bloque

Hubo otra frase que casi pasó inadvertida. Chaves dijo que los empresarios que financiaron a Liberación fueron traicionados, y que dar plata a ese partido sería de gente «muy corrupta». Aceptó, además, que los aportes de campaña condicionados son normales en política.

Se lee como un mensaje a quienes sostuvieron durante décadas al bipartidismo: la ventanilla cambió de lugar. Gramsci llamaba bloque histórico a la alianza de fuerzas sociales y económicas que sostiene a un grupo en el poder. Detrás de los insultos hay un intento de armar uno nuevo y de desarmar el viejo a golpe de burla.

Qué hacer con esto

El chavismo no disputa solo la información, disputa la interpretación de la realidad. Por eso desmentir cada frase o responder cada provocación no basta: es entrar al juego de la saturación. Competir haciendo más ruido es perder de antemano.

Lo que corresponde es hacer más comprensible la realidad: explicar las causas de lo que le pasa a la gente, contrastar los discursos con hechos verificables y sostener mensajes claros, repetidos con inteligencia. Si el discurso oficial usa la comunicación para generar identificación con un líder, la tarea democrática es usarla para generar comprensión, organización y participación.

Nada de esto significa que la rectora o los diputados tengan siempre la razón. Pueden equivocarse y deben responder por lo que hacen. Pero a un argumento se le responde con otro. Mientras tanto, los datos siguen ahí, los lea o no el ministro. Los hogares que perdieron ingreso este año sí leyeron esa parte.

El eclipse del poder: gobernar mediante el miedo y la mentira

Martín Rodríguez Espinoza

Hace unos días, buscaba información sobre Cristóbal Colón, para otra cosa que escribo, y doy con una anécdota de un Colón en su declive que me hizo, inevitablemente, traerlo a nuestro tiempo. Parecería una historia urbana, pero fue real, este suceso está rigurosamente documentado y respaldado por dos frentes: los registros históricos de la época y la astronomía moderna, la cual ha confirmado científicamente la fecha y hora exactas del fenómeno.

Pues bueno, en 1504, Cristóbal Colón utilizó un eclipse lunar para engañar a los indígenas de Jamaica. Conociendo de antemano el fenómeno astronómico, les hizo creer que su Dios castigaría su negativa a seguir alimentando a sus hombres. El miedo hizo el resto. Lo que era un fenómeno natural se convirtió en un instrumento de manipulación y sometimiento.

Han transcurrido más de cinco siglos, pero, como señalé anteriormente, la lección sigue vigente, quien controla el miedo y manipula la información puede conseguir que los pueblos acepten incluso aquello que perjudica sus propios intereses.

Son otros tiempos, es cierto, hoy los “eclipses” no necesitan ocultar la Luna. Se fabrican con discursos, amenazas, mentiras, enemigos imaginarios y campañas de propaganda.

En América Latina, Estados Unidos pretende presentarse nuevamente como el salvador de nuestros pueblos, utilizando el supuesto combate al narcotráfico y su llamado “Escudo de las Américas” para justificar una creciente intervención militar y política que amenaza nuestra soberanía y justifica el saqueo. Nos venden protección mientras buscan imponer sus intereses geopolíticos y económicos.

En Costa Rica, el régimen Chaves-Fernández reproduce, a su manera, esa vieja estrategia. Detrás de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado operan intereses políticos y económicos que pretenden concentrar el poder, debilitar las instituciones públicas y presentar cualquier oposición como enemiga del país, ya se denuncian seguimientos, infiltraciones en el ICE, las telecomunicaciones, redes sociales, etc.

Nos quieren hacer creer que para combatir la corrupción debemos renunciar a la democracia, que para tener “seguridad” debemos aceptar el autoritarismo y que para alcanzar el progreso debemos entregar nuestros derechos.

El truco es exactamente el mismo, crear miedo para imponer obediencia.

Pero hay una diferencia fundamental entre aquella Jamaica de 1504 y nuestro tiempo en 2026, hoy tenemos los conocimientos, la información y la experiencia histórica suficientes para reconocer estos engaños.

El problema no es que falte luz, es que algunos pretenden mantener al pueblo en la oscuridad. Y aunque tenemos la información, está disponible para todos, y más que eso, los vemos haciendo sus fechorías, vemos el robo y saqueo descarado, el avance del autoritarismo se profundiza, tomando instituciones que antes eran supuestamente para el control contra la corrupción y el autoritarismo de un Poder Ejecutivo, se convierte, rápidamente, en instrumento de sometimiento, persecución y castigo, no contra delincuentes, al contrario, construido especialmente contra quienes se opongan.

La mejor defensa contra los nuevos manipuladores del poder es un pueblo informado, consciente, organizado y dispuesto a defender sus derechos y su Patria.

Finalmente, expresado de otra forma, más acorde con esta nota, “No hay eclipse que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante”.

Ningún pueblo está condenado a vivir de rodillas, a no ser que lo desee.

30 de octubre de 2026

Óscar Aguilar Bulgarelli: “No hubo transparencia los cuatro años” en el proceso del Tratado Transpacífico

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli envió a SURCOS un video en el que cuestiona las explicaciones del Gobierno sobre el archivo del proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Para que “no comamos cuentos”, el historiador repasó la cronología del tratado. Recordó que los gobiernos de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís ya se habían manifestado a favor de incorporarse a esa plataforma, y que Costa Rica tenía tratados de libre comercio con varios de sus países miembros, como México, Perú y Singapur. Sin embargo, señaló que los pasos decisivos se dieron durante la administración de Rodrigo Chaves:

  • Agosto de 2022: el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), dirigido entonces por Manuel Tovar, presentó la solicitud oficial de ingreso, apenas unos meses después de iniciado ese gobierno.
  • 28 de noviembre de 2024: los países del bloque invitaron formalmente a Costa Rica a iniciar el proceso de incorporación.
  • Enero de 2025: comenzó la revisión de la legislación costarricense frente a las disposiciones del tratado.
  • Marzo y junio de 2025: se realizaron las dos primeras sesiones del Grupo de Trabajo para la Adhesión de Costa Rica.
  • 5 de mayo de 2026: se anunció oficialmente la conclusión sustancial de las negociaciones, mediante una declaración ministerial conjunta liderada por Perú.

Según Aguilar Bulgarelli, al día siguiente, en una de las conferencias de prensa de los miércoles, el entonces presidente Chaves y el ministro Tovar anunciaron “con bombos y platillos” que todo estaba listo y lo compararon con meter un gol en la final de una Copa Mundial.

“Ahora resulta que el presidente Chaves, en aquel momento, hoy ministro de Hacienda, y hombre todopoderoso, sale diciendo que le parece muy bien que la presidenta Fernández haya mandado a archivar este convenio y que no se vaya a firmar, que ha faltado transparencia. Y eso es lo que a mí me mortifica”, afirmó. “No hubo transparencia los últimos tres meses. No, no hubo transparencia los cuatro años que Rodrigo Chaves fue presidente”, agregó.

El historiador señaló que se presenta a Tovar como “chivo expiatorio”, mientras la ministra Trejos, “expulsada del gobierno” y acusada de no mostrar la documentación a los sectores, sostiene que los sectores y el Gobierno fueron informados. “Ese embrollo, esa falta de transparencia, es lo que a mí me mortifica”, dijo.

Aguilar Bulgarelli advirtió además que no existe un documento que respalde el archivo del tratado, sino solo una declaración de la presidenta, y se preguntó si se trata de “una pantomima”. Planteó que podría servir para ocultar situaciones graves en el país, como la de la CCSS, el intento de privatizar el ICE y los ₡1,9 billones que, según la Contraloría General de la República, Hacienda dejó de recaudar por controles deficientes.

Finalmente, llamó a participar masivamente en la manifestación del 3 de noviembre “para que entiendan que a la gente no se le engaña”. “La credibilidad en este gobierno, por las hartas mentiras que han venido metiéndole al país durante más de cuatro años, ya hizo que perdiera toda credibilidad, toda confianza. Esto hay que pararlo o nos van a destruir el país”, concluyó.

Variaciones de medianoche sobre la reelección que se pretende presentar

Vladimir de la Cruz

El polifacético diputado del gobierno, del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, que ha jurado lealtad absoluta al copresidente Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que propondrá la reforma constitucional para que Chaves pueda reelegirse en las elecciones del 2030.

No hay que sorprenderse de esta iniciativa. El diputado puede proponer la reforma constitucional. Es su derecho y es válida la tramitación legislativa que se le puede dar. No hay que sorprenderse porque han sido claras, desde el gobierno que ejerció el actual copresidente, las manifestaciones de Chaves y el interés de la reelección que él siempre declaró.

Y fue parte de esa intención que escogió a su entonces ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, para que fuera su candidata presidencial, con el claro propósito de que ella ejerciera transitoriamente la dirección nacional del Poder Ejecutivo.

Por manifestaciones públicas del propio copresidente Chaves, como las que dio en Nicoya, y por claras declaraciones también de Laura Fernández, el que da las órdenes y dicta el camino a seguir en Zapote es Chaves.

Como lo expresó la copresidenta en Radio Columbia, en palabras más o palabras menos: Todos tienen que obedecer y acatar lo que dice Rodrigo Chaves porque él es el ministro de la Presidencia. ¡Más claro no canta un gallo ni cacarea una gallina! La verdad es que es lamentable el comportamiento público, que no controla en sus expresiones, la copresidenta Fernández.

Pero, volvamos al asunto de la reelección. La discusión del posible proyecto de ley que presente el susodicho diputado, por exigir una reforma constitucional, tiene un proceso de trámite calificado, que por su naturaleza dura dos años en la práctica para su aprobación. O sea, que para que Chaves tenga la posibilidad de reelegirse en el 2030 ese proyecto debe presentarse en lo que resta de este año al trámite parlamentario.

El proyecto puede presentarse señalando que el presidente, cualquiera que sea, tendrá un derecho a reelegirse. Esta posibilidad de reelección puede ser inmediata o alternativa, no de ocho años, como es ahora, sino de cuatro años, para poderle dar la posibilidad de reelección a Chaves en el 2030, entendiendo a la vez, que se hará de esa manera, de reelección posible a los cuatro años de haber dejado la presidencia.

Ahí encaja Chaves. Pero, veamos otra arista de esta posible reforma y de la discusión que provocará. Si se va a aprobar la reelección, ¿por qué no hacerla de manera inmediata, lo que parece más sensato, correcto y armónico con el ejercicio presidencial? Si así se planteara esa reforma, debería ir sin ningún artículo transitorio que diga que la reforma de una elección consecutiva será a partir del ejercicio presidencial del 2030.

En mi modesta opinión, si se va a discutir la reelección que se haga para que la reelección sea consecutiva a partir de este gobierno de Laura Fernández Delgado. ¿Por qué tenerle miedo a esa reelección y a esa posible candidatura de Laura en el 2030, la que podría ir nuevamente acompañada de su actual copresidente Rodrigo Chaves, que es quien aparenta ser el que por detrás de la presidenta le marca el paso de su gobierno?

Es claro que, si se permitiera la reelección consecutiva, Laura Fernández tendría su público, sus fanáticos que la acompañan a todas las recepciones en los buses que llevan, y los simpatizantes que pudiera llegar a tener, por cuenta propia, de su ejercicio presidencial. Y, si no es tonta ni tontita, porque sería la mujer más lista en ese sentido, ella misma podría pensar que ella podría ser la mejor candidata, mejor que Chaves al terminar su gobierno, en el 2029-2030. ¿Si no, para qué está gobernando? Queda claro con la propuesta del diputado alajuelense que él como parte de la bancada oficial del gobierno rema solo, con Chaves y no con ella, salvo en aquellos proyectos que considere que debe apoyar del gobierno Chaves-Fernández.

También en la práctica histórica política de este diputado así ha actuado siempre…remando solo, o respondiendo a sus particulares y personalísimos intereses. Para mí será interesante observar cómo se moverá toda la bancada de diputados del gobierno, como la recua política que aparentan ser, llevando juntos la misma carga, haciendo el mismo trabajo, o manifestando diferentes posiciones en este proyecto de la reelección. Si van a proponer la reelección, deberían atreverse, de una vez, a proponer alargar el período presidencial a seis años, con una reelección consecutiva permitida, condicionando este período a una consulta popular a mediados del período presidencial, a los tres años, preguntando a los ciudadanos sobre si continúa el presidente o no sus otros tres años. También podría pensarse que cada elección, a los cuatro, cinco o seis años en sí misma es esa consulta ciudadana que hoy se hace, cada cuatro años, para ver si un mismo partido gobernante puede continuar o no. En este caso, con esta reforma, se discute si el gobernante y su partido pueden continuar. Veremos qué leche da el diputado José Miguel Villalobos. Me parece, por ahora, que puede estar pensando en la posibilidad de llegar a ser él, en las elecciones del 2030, el que mejor pueda representar los intereses de Chaves si no se aprueba la reelección, porque Laura tampoco podría ser candidata, y esa candidatura ya se las están disputando la presidenta de la Asamblea Legislativa y el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano.

En esta ceremonia sagrada, para modificar la Constitución Política a favor del copresidente actual, Rodrigo Chaves, el diputado Villalobos ya hizo sonar las trompetas eclesiásticas que anuncian esa solemnidad, de convocar a la Asamblea Legislativa, para que le acompañen en esta ceremonia sagrada para reformar la Constitución Política, para que el pueblo pueda recibir en elecciones, como le llaman sus fanáticos seguidores y seguidoras El Mesías Chaves o el Moisés Chaves…

En esa mezcla parlamentaria político-religiosa, de la fracción de gobierno, este proyecto de ley anunciado ya ha despertado a toda la jerarquía más cercana a su Dios Chaves, a sus serafines, sus querubines, a los ángeles que gobiernan el universo político de ese movimiento, y a los ángeles más cercanos a los seres humanos, como son los príncipes, arcángeles y ángeles que en esta batalla harán su labor de troleros…

Antecedentes de la extrema derecha en la Costa Rica del siglo XXI – Algunos retos para la izquierda

Marielos Aguilar Hernández

Dra. Marielos Aguilar Hernández

Ponencia presentada al congreso internacional “El retorno del fascio y la respuesta proletaria”.

Introducción

Las repercusiones del fascismo europeo en la América Latina de los años treinta, no llegaron a causar un impacto tan fuerte en Costa Rica como sí ocurrió en otros países de la región, sobre todo en algunos del llamado Cono Sur. Ello, pese a que para entonces nuestro modelo liberal republicano comenzaba a mostrar cierto agotamiento, agravado con los efectos de la gran depresión económica de 1929.

Sin embargo, aquel ambiente internacional, tan favorable al autoritarismo, no dejó del todo indiferente al entonces presidente León Cortés Castro (1936-1940) frente al nazi fascismo europeo. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, llegó a cerrar nuestras fronteras para evitar el ingreso de ciudadanos de origen judío, especialmente de aquellos que venían huyendo de los estragos autoritarios de la Europa Central.

Unos años antes se había fundado el Partido Comunista costarricense – en junio de 1931 – lo cual produjo la esperada reacción anticomunista de los gobiernos de turno, sin que pudiera llegarse a evitar, desde el seno del Estado, la participación sindical, electoral y parlamentaria de aquella primera generación de obreros y campesinos revolucionarios. Tan temprano como 1934, el Partido Comunista logró elegir sus primeros diputados en el Congreso Nacional, a la vez que dirigió uno de los más importantes movimientos huelguísticos de Centroamérica, la histórica Huelga Bananera de 1934.

La Guerra Civil costarricense de 1948 fue uno de los primeros conflictos bélicos de América Latina, producto del anticomunismo exacerbado al terminar la II Guerra Mundial. En el caso nuestro, esa polarización fue alimentada por las diferencias ideológicas entre las fuerzas caldero comunistas, en el poder entre 1940 y 1948, y los sectores socialdemócratas, alentados también por otros líderes conservadores de larga trayectoria.

Finalmente, aquella crisis terminó resolviéndose por medio de las armas, con la derrota de la alianza caldero comunista y el triunfo de las emergentes fuerzas socialdemócratas, teñidas éstas de un gran anticomunismo, alimentado por el ambiente de guerra fría promovido por Estados Unidos.

A pesar de lo anterior, nuestro país pudo marchar hacia la construcción de un Estado de Bienestar, encabezado por el nuevo Partido Liberación Nacional (PLN), fundado en 1951. Aquella modernización económica e institucional propició un mayor desarrollo material y humano, lo cual ubicó a Costa Rica en un lugar destacado dentro de las estadísticas de crecimiento y desarrollo a nivel regional.

Posteriormente, los cambios en la estrategia económica mundial derivados de la globalización económica de los años ochenta y, particularmente, del denominado Consenso de Washington, dieron cabida a una larga etapa de austeridad en la inversión social del Estado, acompañada de una serie de reformas estructurales que acabaron poco a poco con el Estado de bienestar costarricense, brotando visiblemente la pobreza y la miseria, especialmente en algunas zonas rurales del Valle Central, en los barrios marginales de las principales ciudades y en las regiones costeras del país, fenómeno que se ha venido agudizando hasta nuestros días.

En la actualidad, en medio de una sociedad muy desigual, la ciudadanía costarricense ha llegado a enfrentarse con una experiencia inédita: el fortalecimiento de la delincuencia organizada, el debilitamiento del sistema democrático dirigido por gobiernos de estilo autoritario, que han perseguido a los medios de comunicación que no controlan, que recurren a los términos más peyorativos para descalificar a los sectores políticos que se le oponen, calificándolos de zurdos, comunistas, progres, etc. Además, el anterior presidente Rodrigo Chaves Robles y la actual presidenta, Laura Fernández Delgado, han impulsado una fuerte guerra ideológica contra los movimientos de la diversidad sexual, el feminismo y las organizaciones ecologistas. Desde esta perspectiva, se ha hecho más notoria la cercanía de la élite gobernante con otros regímenes neoconservadores de corte autoritario, como los de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, Abelardo de la Espriella en Colombia o el del mismo Donald Trump en Estados Unidos.

El presente documento se sustenta en la lectura de varios autores dedicados al análisis del populismo y del posfascismo actual, cuyas obras aparecen en la bibliografía adjunta, así como en la revisión de una serie de artículos de revistas y periódicos sobre la problemática nacional en cuestión. Complementamos nuestra búsqueda con la revisión de algunas estadísticas institucionales para reconocer las diferencias sociales y regionales, en cuanto al apoyo político y electoral recibido por la actual extrema derecha en Costa Rica.

Algunos antecedentes

En los primeros años del siglo XXI, se anunciaron ciertos cambios en la estructura del Estado costarricense que no dejaron indiferente a la ciudadanía. El presidente socialcristiano, Miguel Ángel Rodríguez, decidió impulsar un proyecto de ley denominado Ley de Servicios Públicos y Telecomunicaciones. Ese proyecto contaba con el apoyo de los dos partidos mayoritarios – PLN y PUSC – producto de lo cual, a la larga, se fue gestando una profunda fractura entre las élites dirigentes de esos partidos y sus bases sociales.

En aquella coyuntura, comenzó a despertar en la conciencia popular la sospecha de un pacto bipartidista con el objeto de lograr la privatización de la energía eléctrica, pese al rechazo de las grandes mayorías. Según las encuestas del momento, al menos el 63% de las y los costarricenses estaba en desacuerdo con la apertura del mercado eléctrico (Menjívar, M. 2012). Desde su fundación, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha sido una institución tan arraigada en la identidad nacional que aquel proyecto de privatizarla supuso una prueba fundamental.

Finalmente, aunque ese proyecto fue aprobado en la Asamblea Legislativa a comienzos del año 2000, la oposición ciudadana fue determinante. Luego de llevarlo a consulta de la Sala Constitucional, ésta le encontró vicios de inconstitucionalidad a dicho proyecto y terminó declarándolo sin lugar, calmándose de momento la agitación nacional.

Sin embargo, lo más importante de aquella jornada de lucha, conocida popularmente como La huelga Nacional contra el Combo del ICE, fue la evidencia que dejó del debilitamiento general del bipartidismo costarricense. En adelante, se ha desencadenado un complejo proceso de reacomodo político, el cual se ha manifestado con el surgimiento de un numeroso grupo de nuevos partidos, la mayoría con una clara orientación conservadora, especialmente aquellos de tendencia neo pentecostal.

Poco tiempo después, cuando todavía se respiraba un ambiente de optimismo en la consciencia de los movimientos sociales costarricenses, se presentó un nuevo desafío: la discusión regional en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana.

A diferencia de los otros países de esta región, donde ese tratado fue aprobado en los estrados legislativos sin mayor problema, en Costa Rica la respuesta mayoritaria fue de un fuerte rechazo. Una vez más, el país se vio conmocionado por las intensas discusiones en los diversos ámbitos laborales, académicos y políticos, sobre las controversiales repercusiones que tendría el TLC para la economía y el bienestar de las grandes mayorías. En esas circunstancias, se agudizó la polarización entre las élites de los partidos tradicionales y los nuevos partidos políticos que recién comenzaban a surgir, especialmente, el Partido Acción Ciudadana (PAC), y el Partido Frente Amplio (FA), ambos opuestos a la firma del citado tratado.

Valga aclarar que el PAC, fundado en el 2000, reivindicaba los ideales de la histórica socialdemocracia costarricense, tratando de atraer a sus filas a ciertos sectores decepcionados con el PLN, mientras que el Frente Amplio, fundado en el 2004, comenzó a reunir en su seno a exmilitantes de los partidos de la izquierda costarricense, la cual también experimentaba su propia crisis: el Partido Comunista (PVP), el Partido Socialista (PS) y Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

Aquel fue un período de un cierto auge organizativo, debido al desmembramiento de los partidos que habían dirigido los destinos del país por más de medio siglo. Se exacerbó, entonces, una movilidad nunca antes vista de líderes y militantes entre esas organizaciones y las nuevas alternativas que ofrecían el PAC y el FA. Comenzó a producirse una especie de reciclaje entre los liderazgos más destacados de los partidos tradicionales, especialmente hacia las filas del PAC, cuyos fundadores provenían, principalmente, de las huestes del PLN y del PUSC.

En un momento político tan convulso y ante la falta de consenso para la aprobación del TLC, la Asamblea Legislativa se vio obligada a recurrir, por primera vez en la historia costarricense, a la convocatoria de un referéndum. La preparación de éste conllevó una experiencia nacional muy interesante pues se convirtió en una coyuntura de intensas discusiones sobre esa cuestionada propuesta. Quizá, lo más destacado de aquel momento fue la gran participación de la mayoría de sectores de la sociedad costarricense opuestos a ese tratado: sindicatos públicos y privados, organizaciones estudiantiles de enseñanza secundaria y universitaria, colegios profesionales, asociaciones de educadores y comunidades urbanas y rurales, fenómeno que dio luz al surgimiento de los llamados Comités Patrióticos a lo largo y ancho del país, una novedosa forma de organización popular que, lastimosamente, no ha sido posible preservarla. En ellos se reunían vecinos, vecinas, educadores, estudiantes, comerciantes locales, representantes de la juventud, sectores organizados del catolicismo, representantes sindicales de las instituciones autónomas del Estado, etc.

El aporte más importante de aquellos Comités Patrióticos, convertidos en centros de estudio de la problemática nacional, fue ofrecerle a la ciudadanía la claridad ideológica necesaria para rechazar la firma del TLC con Estados Unidos. La consigna nacional llegó a ser una: ¡NO AL TLC!

En medio de aquellos días tan agitados, sucedió un acontecimiento que polarizó aún más el ambiente nacional. Trascendió a la luz pública el texto de un polémico memorándum, enviado al entonces presidente Oscar Arias Sánchez por parte de su vicepresidente, el abogado Kevin Casas Zamora, en el cual se recomendaba tomar una serie de medidas muy autoritarias – de corte fascista, podríamos decir – para obligar a la mayoría de los sectores más empobrecidos del país a apoyar con su voto al TLC.

En dicho memorándum se proponía, por ejemplo, aplicar un “chantaje” a los alcaldes del oficialismo liberacionista en las comunidades cantonales, haciéndoles ver que, si en su comunidad ganaba el NO al TLC, no recibirían más apoyo financiero para sus proyectos de mejoras comunitarias, perjudicando así sus aspiraciones personales de ascenso político, a menudo motivado por la conquista de una candidatura parlamentaria.

Por otra parte, los autores del citado memorándum del miedo, proponían estimular el temor en el seno de la clase trabajadora de cuatro formas distintas: a) miedo a la pérdida del empleo; b) miedo al ataque a las instituciones democráticas, haciendo ver que el movimiento del NO al TLC era un movimiento violento y desleal con la democracia; c) miedo a la injerencia de la izquierda extranjera en el movimiento del NO (particularmente, de parte de Cuba y de la entonces Nicaragua sandinista) para sembrar temor en los sectores sociales más humildes del país, que eran quienes más dudaban en apoyar con su voto al TLC. Por último, ese memorándum anunciaba el advenimiento de una crisis de gobernabilidad, en caso de que la administración Arias Sánchez fuera derrotada en aquella consulta popular, con las consiguientes consecuencias de inestabilidad económica y política en todo el país (Universidad, setiembre 13, 2007).

Faltando poco menos de un mes para la celebración de aquellas históricas votaciones, el memorándum del miedo encendió los ánimos: en las llamadas zonas francas, enclaves de capital extranjero, se comenzó a presionar a los trabajadores para llevarlos a votar en contra del TLC y se amenazaba a los sindicatos del sector privado con la implementación de desempleos masivos en caso de un triunfo del NO. Asimismo, la prensa al servicio de las cámaras empresariales intensificó sus publicaciones reproduciendo el “discurso del miedo” del gobierno de Arias Sánchez.

En ese contexto de temor generalizado, a pesar de aquel gran esfuerzo nacional, fue imposible evitar el triunfo de las cámaras patronales y de las grandes empresas estadounidenses establecidas en el país. El PLN en el poder, con Oscar Arias Sánchez como presidente, terminó experimentando un triunfo pírrico, pues el 51,6 % dijo sí y el 48,4% dijo no, con una abstención del 40% de la ciudadanía (Acta N.º 2944-E-2007. Tribunal Supremo de Elecciones).

En ese contexto, un profundo sentimiento de derrota nacional se apoderó de grandes sectores de la población, sentimiento que, en cierta medida, se ha extendido durante las últimas dos décadas, con las consiguientes secuelas políticas e ideológicas.

Pareciera comprensible que aquellos acontecimientos tan controversiales hayan marcado el rumbo político e ideológico del país hasta nuestros días. Los partidos tradicionales continuaron debilitándose a tal punto que han sido derrotados, continuamente, desde el año 2014. Una parte de sus militancias, en principio, decidieron trasladarse a las filas del PAC y otras han terminado engrosando a los partidos neo pentecostales inspirados en la Teología de la Prosperidad. Estos, como veremos más adelante, han sido los más favorecidos con aquella debacle histórica en la vida política costarricense.

  1. El surgimiento de nuevos partidos políticos

En un marco histórico de tanta incertidumbre nacional, fue el PAC la organización que, en primera instancia, recogió los principales dividendos políticos de aquella crisis, a pesar de que ese partido no significara una renovación ideológica más integral. Aquellos fueron tiempos de una gran incertidumbre pues los paradigmas históricos de cambio social brillaban por su ausencia. Lo único cierto fue el notable crecimiento de aquel nuevo partido, debido a su destacado desempeño durante las luchas contra el TLC. El PAC se convirtió, entonces, en una nueva esperanza para ciertos sectores de pensamiento reformista e, incluso, para un pequeño sector de la izquierda costarricense proveniente, en muchos casos, de los ámbitos universitarios y profesionales.

La rápida expansión del PAC contribuyó a marcar un antes y un después en la vida política nacional, logró ganar las elecciones en dos períodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022), pero, finalmente, los resultados de su desempeño no fueron los esperados. La herencia de los partidos tradicionales en el seno del PAC se impuso y, a pesar de algunos esfuerzos, las cámaras patronales y las élites provenientes de los viejos partidos lograron mantener sus añejos métodos y estrategias para su beneficio.

Durante la primera administración del PAC, encabezado por el presidente Luis Guillermo Solís, quien se había desempeñado antes como un destacado militante del PLN, los destinos nacionales transcurrieron con cierto optimismo, sin grandes sobresaltos, en especial porque ese gobierno hizo algunos esfuerzos por cumplir los acuerdos pactados con las organizaciones sindicales para realizar reformas importantes al Código de Trabajo.

Sin embargo, en el segundo período de la gestión del PAC, en manos del presidente Carlos Alvarado Quesada, los sectores populares presenciaron, con gran asombro, cómo ese partido terminó llevando a la práctica medidas tan reaccionarias como una nueva reforma fiscal que lesionaba los intereses populares y, más grave aún, ilegalizó el derecho de huelga de los trabajadores del sector público (Ley No.9808, enero 2020. MTSS).

Valga aclarar que el sector público había sido el más organizado de la clase trabajadora costarricense y que, como resultado de esa nefasta medida, actualmente no puede recurrir a su derecho de huelga, lo cual ha redundado en una profunda crisis del sindicalismo estatal.

Por otra parte, el Frente Amplio, un partido que se ha definido como de izquierda democrática, fundado en octubre del 2004, se había convertido en otro gran protagonista en favor de las luchas contra el TLC. En realidad, el FA logró escalar a nivel nacional como el principal representante de los diversos sectores de la izquierda nacional y, desde entonces, ha mantenido su representación en la Asamblea Legislativa. En su seno convergieron sectores provenientes de los tradicionales partidos de la izquierda costarricense – el Partido Comunista y el Partido Socialista – sumándose también representantes de algunos movimientos sociales como el feminismo, el ambientalismo y el colectivo de la diversidad sexual, pero con escasa participación de los trabajadores organizados sindicalmente.

Sin embargo, el FA mantiene un perfil relativamente alto, en parte por la destacada lucha parlamentaria que ha protagonizado frente a las últimas dos administraciones de la extrema derecha, la del expresidente Rodrigo Chaves Robles y la de la presidenta en ejercicio, Laura Fernández Delgado.

  1. El auge de los partidos neo pentecostales en Costa Rica y el fortalecimiento de la extrema derecha

La problemática socio política arriba descrita quedaría incompleta si no nos referimos a uno de los fenómenos más sobresalientes en el panorama político costarricense de las últimas décadas. Hablamos de la notable expansión que han experimentado las nuevas corrientes religiosas evangélicas inspiradas en la Teología de la Prosperidad, llegadas desde Estados Unidos como una nueva estrategia de dominación hacia los países latinoamericanos.

La crisis paradigmática del Estado de Bienestar costarricense, sumada a las repercusiones del fracaso socialista de la antigua URSS, al finalizar la década del ochenta, también contribuyeron a promover una notable expansión de los movimientos religiosos neo pentecostales. Aquel vacío dejado por las propuestas social demócrata y socialista, pronto fue llenado con los mensajes mesiánicos de los llamados teólogos de la prosperidad.

Aunque los primeros cristianos protestantes habían arribado a Costa Rica desde el siglo XIX, fue en la pasada década del ochenta cuando llegaron nuevos evangelizadores desde Estados Unidos, la mayoría de orientación neo pentecostal. Ello fue posible, además, por el debilitamiento que ha venido sufriendo la Iglesia Católica, a pesar de que Costa Rica se define como un Estado confesional (Artículo 75, Constitución Política de CR). A la larga, esta disposición constitucional también ha venido a incidir en la expansión de la religiosidad neo conservadora en este país, con evidentes repercusiones en la expansión de la extrema derecha.

Un aspecto que debemos señalar son las diferencias entre los propósitos espirituales del protestantismo histórico y los del movimiento neo pentecostal, hoy extendido en algunos sectores de la sociedad costarricense. Mientras los primeros se han concentrado, principalmente, en sus tareas de adoctrinamiento espiritual, los segundos han propiciado la creación de grupos político-religiosos dispuestos no solo a evangelizar a las masas sino también a disputar el poder del Estado. Su filosofía, conocida como la Teología de la Prosperidad, consiste en una perspectiva religiosa que considera el bienestar económico personal, el éxito financiero y la buena salud física como bendiciones otorgadas por Dios a sus seguidores. Como señala una historiadora costarricense, se supone “… que de una buena relación con Dios se establece una prosperidad (terrenal) bendita”. (Ulloa, 2022, p.182). Lo anterior implica un cambio radical en los postulados cristianos porque desacredita la distinción entre autoridad civil y responsabilidad espiritual.

Todos esos cambios en el ámbito religioso coincidieron con el paulatino proceso de descomposición organizativa que afectó al histórico sistema de partidos políticos, incluyendo a los de la izquierda. Con respecto a ésta última, debemos de tener presente, además, las repercusiones de los conflictos armados de los años ochenta en el istmo centroamericano, especialmente en el PVP, el PS y el MRP. De una u otra forma, aquellos partidos se vieron involucrados en tales conflictos, en particular, en los de la revolución nicaragüense. Tengamos presente, además, que todo ello coincidió con el derrumbe de la revolución soviética y sus innumerables repercusiones mundiales.

En medio de aquella coyuntura tan cambiante, justo en 1986, apareció el primer partido confesional en Costa Rica denominado Alianza Nacional Cristiana (ANC), cuyos mensajes dejaban claro su propósito de impulsar “una renovación moral de la política” (Ulloa, op. cit p.152). En otros términos, se pretendía evangelizar también por medio de la participación política y electoral. Desde entonces, esos partidos han concentrado su energía en acercarse a otros sectores como son los hombres de negocios, los operadores políticos y, especialmente, con ciertos comunicadores de alto perfil nacional.

Toda aquella estrategia se proponía llevar adelante un proyecto transformador del panorama político y religioso del país. Comenzaron, entonces, a fortalecerse algunas corrientes políticas de nuevo tipo, cada vez más inclinadas hacia la extrema derecha, con un discurso que se teñía de anti comunismo, anti feminismo, anti ecologismo, en favor de la familia tradicional y, sobre todo, con un profundo odio hacia la diversidad sexual. Tales mensajes iban dirigidos con especial énfasis a los sectores sociales más empobrecidos, víctimas de la falta de mejores oportunidades laborales, de la reducción sistemática de los recursos para la educación, de la pauperización del sistema de salud pública y, en general, del achicamiento del papel social del Estado.

Es importante hacer notar que el derrumbe del partido comunista costarricense – Partido Vanguardia Popular – les permitió a los nuevos grupos evangélicos neo- conservadores llenar, en parte, el vacío organizativo dejado por el debilitamiento del tradicional sindicalismo agrícola. Este fenómeno se ha observado, más claramente, en las zonas donde ese partido tenía más presencia sindical como lo eran las zonas bananeras de las regiones costeras, tanto en el litoral atlántico como en el pacífico. La nueva propuesta para los trabajadores, de parte de aquellas sectas cristianas neo conservadoras, implicaba también dejar atrás los tradicionales instrumentos de lucha sindical que, según su discurso, tanto sufrimiento les había provocado. Así, las iglesias neo pentecostales comenzaron a “evangelizar” a los sectores más desposeídos del país, sumergidos en una gran confusión político-ideológica y en una crisis material y organizativa que los tomó por sorpresa.

Frente a ese nuevo fenómeno, la Iglesia Católica intentó ensayar su propia propuesta de organización laboral para reemplazar a los sindicatos, por medio de las llamadas asociaciones solidaristas, inspiradas en la doctrina social de la Iglesia Católica, desarrollada por el papa Juan XXIII. Así, el Movimiento Solidarista logró penetrar algunos sindicatos bananeros de la zona atlántica del país, pero su éxito fue muy relativo. La propia crisis del catolicismo también quedó manifiesta en aquellas circunstancias.

Para entonces, se hacía cada vez más palpable la presencia de las nuevas corrientes evangélicas, convertidas ahora en opciones político-religiosas, capaces de atraer a los sectores empobrecidos y de llenar sus iglesias de fieles que pronto llegarían a convertirse en militantes de sus dogmas mesiánicos. El paso siguiente consistió en hacer que aquellas primeras organizaciones neo pentecostales comenzaran a promover movilizaciones de masas para tomarse espacios públicos estratégicos desde donde lograron integrar el mensaje religioso y el discurso político, hablando de “exorcizar a la nación” para, supuestamente, combatir los grandes problemas de corrupción que aquejaban a nuestro país.

Simultáneamente, se fue creando una pequeña élite de supuestos pastores del evangelio, algunos de ellos provenientes de los mandos medios de los viejos partidos políticos y, otros, habían emigrado desde las carpas católicas. Ellos se encargaron de denunciar, desde púlpitos y plazas públicas, problemas nacionales tan graves como la malversación de fondos públicos y las distintas formas de abusos de poder de parte de las “élites” gobernantes. Se iniciaba así una especie de batalla político-espiritual protagonizada por amplios sectores de la sociedad. El paso siguiente sería la toma del poder del Estado (Ulloa, op. cit. p.156).

Aunque en las elecciones de 1986 se había inscrito el primer partido neo pentecostal – la ANC – no fue sino hasta el año 1998 cuando llegó, por primera vez, un diputado evangélico a la Asamblea Legislativa costarricense. Desde entonces, las organizaciones religiosas neo pentecostales han mantenido, ininterrumpidamente, su representación parlamentaria. Su momento de mayor auge electoral se dio en el año 2018, cuando lograron elegir, por medio del Partido Restauración Nacional (PRN), catorce diputados confesionales (TSE, elecciones legislativas, febrero de 2018).

En las elecciones de febrero de 2018, Costa Rica fue testigo de una cruda realidad: los partidos tradicionales – PLN y PUSC – forjadores de los destinos nacionales de los últimos tres cuartos de siglo, habían quedado fuera del poder. Y lo más interesante, el PRN, cuyo candidato presidencial era Fabricio Alvarado Zamora, un conocido periodista, estaba ligado a uno de los movimientos confesionales más poderosos internacionalmente, el llamado Ministerio de Avance Misionero Mundial.

La mayor sorpresa en aquella contienda electoral fue el triunfo, en primera ronda, del candidato neo pentecostal Fabricio Alvarado, al obtener un 24,9% de los votos válidos. Era el resultado más alto, pero no suficiente para ser declarado presidente. Su contendor, Carlos Alvarado Quesada, candidato del PAC, quedó en segundo lugar con el 21,6% (TSE, elecciones, 1ª. Ronda, febrero de 2018). Sin embargo, este último se impuso en la segunda ronda con el 60% de los votos, gracias a una alianza transitoria entre las viejas bases del bipartidismo. Por su parte, el PRN obtuvo, finalmente, el 39% de los votos, una cifra muy considerable (TSE, elecciones, 2ª. Ronda, abril de 2018).

En todo caso, el neo pentecostalismo salió muy fortalecido de aquellas elecciones, pues logró elegir catorce de los cincuenta y siete diputados que conformarían la Asamblea Legislativa (TSE, elecciones legislativas, febrero de 2018).

  1. Las elecciones de 2022. Rodrigo Chaves Robles presidente

Uno de los aspectos más sorprendentes del resultado electoral del año 2022 fue el triunfo de un candidato a quien la sociedad costarricense, prácticamente, desconocía. Rodrigo Chaves Robles había emigrado hacia Estados Unidos en los años ochenta, luego de fracasar en el intento de ingresar a Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica. Años después, logró graduarse en ese mismo campo en la Universidad Estatal de Ohio (Wikipedia, Curriculum R. Chaves R.)

Antes de regresar a su país de origen, Rodrigo Chaves había sido representante del Banco Mundial, por casi tres décadas, en varias regiones del mundo. Primero, había representado por algún tiempo a esa institución en Turquía y, luego, había sido asesor para el desarrollo del sector privado y financiero en Europa del Este y en Asia Central, luego del derrumbe del socialismo en esas regiones (Curriculum Ibidem).

Posteriormente, había regresado a América Latina, siempre como funcionario del Banco Mundial, con el objeto de emprender aquí la privatización del sector público, monitorear la macroeconomía y desarrollar las tecnologías de la información (Ibidem).

En el año 2013, de nuevo abandonó América Latina y se trasladó a Indonesia con el objeto de fortalecer la inversión privada en el sector energético y eliminar los subsidios a los combustibles en ese país (Ibidem).

Por problemas de acoso sexual a algunas de sus colaboradoras, en el año 2019 Chaves Robles fue sancionado en el Banco Mundial (La Nación, 19 oct. 2021). Coincidió con esa situación el llamado del presidente Carlos Alvarado Quesada – quien afirmó luego desconocer dicha denuncia – para que se hiciera cargo del Ministerio de Hacienda, en vista de que la anterior ministra había sido cuestionada por la Contraloría General de la República.

En ese cargo, Chaves Robles se desempeñó solo durante seis meses. Fueron varias las razones que obstaculizaron su buen desempeño con el gobierno de Alvarado Quesada. Pareciera que el desarraigo por tantos años de nuestro país y su larga trayectoria como funcionario del Banco Mundial, lo habían convertido en una especie de extranjero en su propia tierra, lo cual le impedía sopesar las verdaderas repercusiones nacionales de sus propuestas. Por ejemplo, la creación de un impuesto temporal a los salarios de más de 500.000 colones (unos 800 dólares), para auxiliar a los trabajadores desempleados durante la pandemia del COVID, fue muy mal recibida por los sectores más empobrecidos. Por otra parte, sus objeciones al sistema de financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución pública encargada de atender la salud de toda la población, puso en evidencia su intención de iniciar la privatización de aquellos servicios, lo cual provocó una mayor inconformidad en el país con el gobierno de Alvarado.

No obstante, el clímax del conflicto llegó cuando Rodrigo Chaves, como ministro de Hacienda, se opuso a una ley aprobada en la Asamblea Legislativa para excluir a las municipalidades de la aplicación de una nueva regla fiscal, la Ley 9635, aprobada desde 2018. La ruptura definitiva se produjo cuando el presidente Alvarado se negó a vetar aquella ley. Así, su colaboración como ministro fue muy efímera, tan solo de seis meses, pero las repercusiones de su regreso a Costa Rica han sido muy serias y, peor aún, con una proyección temporal de larga duración.

Con el retorno de Chaves Robles a Costa Rica también comenzó a vislumbrarse la sombra de la extrema derecha internacional en nuestro país, y con su salida del gobierno de Carlos Alvarado así se comprobó. Comenzó a promover, más temprano que tarde, un nuevo movimiento político en el país, de fachada populista, que pronto fue bautizado como el chavismo costarricense.

Pronto, Rodrigo Chaves comenzó a gestionar su candidatura presidencial, por medio de uno de los tantos partidos de reciente creación – partidos taxi se les ha llamado frecuentemente – los cuales habían comenzado a proliferar con la agonía del bipartidismo y la expansión de la corriente neo pentecostal. Así, en julio de 2021 se anunciaba, oficialmente, su candidatura a la presidencia de Costa Rica como candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), junto a veinticuatro candidatos más.

La política de alianzas del nuevo PPSD pronto dio sus frutos. El apoyo a la candidatura de Chaves Robles de parte de algunos sectores empresariales, especialmente de los importadores, y de algunos grupos evangélicos afines a la teología de la prosperidad, resultó esencial para que el chavismo adquiriera fuerza suficiente y alcanzara el segundo lugar en la primera ronda electoral, en febrero de 2022. Dos meses después, en la segunda ronda, Rodrigo Chaves resultaba electo presidente con el apoyo del 52,8% de los votos frente al 47,2% recibido por su opositor José María Figueres Olsen (TSE, elecciones 2ª. Ronda, abril 2022).

Estos resultados fueron posibles, además, gracias al arribo de un buen número de ex dirigentes del bipartidismo a las filas chavistas, quienes pusieron a su servicio toda su experiencia en el manejo partidario de los procesos electorales. No faltó, además, algún que otro académico o funcionario de la izquierda histórica que se pusiera al servicio del proyecto neoconservador de Rodrigo Chaves.

Aquellos hechos han marcado un antes y un después en la vida política costarricense. Desde entonces, se ha implantado un estilo de gobierno autocrático y confrontativo, marcadamente anticomunista y machista, propio de los líderes de la nueva derecha internacional. En ese sentido, la personalidad del presidente Chaves ha sido determinante. En la televisión alemana, por ejemplo, lo han definido como: “… una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia” (DW. Günther Maihold, 06/08/2026).

Ese complejo perfil del ahora expresidente Chaves, también se expresó en su reiterada confrontación con algunas instituciones públicas. En ese ámbito, quizá lo más preocupante fueron las amenazas de irrespeto a la división de poderes de la nación, especialmente respecto al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones (Lissidini, A. “Así nos ven desde Uruguay”. La Diaria, 3 de setiembre, 2026).

Por otra parte, no han faltado los conflictos con instituciones como la Defensoría de los Habitantes y, particularmente, con la Contraloría General de la República, a la cual se ha tratado de despojar de sus funciones contraloras por medio de un proyecto que él mismo ha denominado Ley Jaguar (Telediario cr. 5 de junio, 2024).

No obstante, uno de los aspectos más delicados durante la administración de Chaves Robles fueron sus reiterados conflictos con los medios de comunicación. En un estudio realizado por el Programa de Libertad de expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la UCR, se constató que el 99% de las intervenciones del presidente Chaves en sus conferencias de prensa, tenían connotaciones negativas referidas a algunos medios nacionales de comunicación –prensa canalla denominaba a la mayoría – o con respecto a determinados periodistas (Universidad, 14 de julio, 2024).

Dicho estudio, realizado a dos años del inicio del gobierno de Chaves, demostró también que el 65, 5% de los entrevistados coincidía en señalar que la libertad de prensa en nuestro país estaba en peligro. Además, el 53% reconoció que existían limitaciones para la libre expresión (Ibidem). Subrayaba también el incremento general del discurso de odio a través de las redes sociales, todo lo cual estaba causando gran inestabilidad en el ambiente nacional.

También cabe subrayar que el expresidente Chaves Robles les ha declarado una guerra frontal a las universidades públicas, especialmente a la Universidad de Costa Rica. Sus armas principales han sido los recortes presupuestarios y, particularmente, el desprestigio promovido, desde sus conferencias de prensa, respecto al mundo del trabajo académico y de los intelectuales, en general.

En medio de un clima de tantos conflictos, la situación personal de Chaves es sumamente compleja. Actualmente, tiene más de cuarenta causas penales en los Tribunales de Justicia, relacionadas con acusaciones como: financiamiento ilícito de su pasada campaña presidencial, prevaricación, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, abuso de autoridad, legitimación de capitales, etc. (El financiero, 4 de julio, 2026).

Sin embargo, el apoyo recibido por las administraciones de Chaves y Fernández, por parte del capital nacional y transnacional, así como la estrecha alianza con gobiernos de su mismo modelo, como el de Nayib Bukele de El Salvador y, especialmente, con la actual administración estadounidense de Donald Trump, ha sido una de sus aparentes fortalezas. Casi al final de su período de gobierno, en el marco de una reunión de la Cumbre de las Américas, el presidente Chaves suscribió el Acuerdo del Escudo de las Américas, una coalición multinacional de cooperación militar impulsada por el gobierno norteamericano para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio occidental. De manera que, aunque nuestro país no cuenta con un ejército desde el año 1948, hemos asumido compromisos militares de gran envergadura.

Por último, debemos señalar que la expansión del narcotráfico durante los últimos años en Costa Rica ha sido muy significativa. Pese a las medidas nacionales e internacionales para contrarrestarla, esa problemática no deja de expandirse, llegando a extender sus tentáculos hasta ciertas estructuras del Estado y de ciertos partidos políticos.

El propio partido en el poder, el PPSO, enfrenta actualmente serias denuncias por las relaciones de algunos de sus dirigentes con un supuesto lavador de dineros del narcotráfico, un ciudadano nacido en China y nacionalizado costarricense, el señor Goubin Tam Shang. Actualmente, éste espera en una cárcel costarricense para ser extraditado a Estados Unidos (CrHoy.com, 5 de octubre de 2026).

  1. Los comicios electorales de febrero de 2026. El continuismo chavista

Podríamos decir que la trayectoria política de la presidenta Laura Fernández, con tan solo cuarenta años de edad, en buena medida resume el recorrido político-ideológico de nuestro país durante las últimas décadas. Como estudiante de Ciencias Políticas de la UCR, comenzó a acercarse a ciertos círculos políticos del bipartidismo. Fue así como se convirtió en asistente en Casa Presidencial, durante la segunda administración del presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010), electo por el PLN. En esa ocasión, a ella le correspondió estar muy de cerca de la toma de decisiones sobre las cuestionadas estrategias de aquel gobierno para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue en aquella coyuntura, precisamente, cuando se elaboró el tristemente famoso Memorándum del Miedo, al cual nos referimos en páginas anteriores.

Posteriormente, fue contratada como funcionaria en el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), para trabajar en las tareas de la reforma del Estado, siguiendo las políticas dictadas por organismos internacionales en aquel momento.

Luego, alejada de las tiendas liberacionistas, se sumó al proyecto de un nuevo partido conservador denominado Alianza Demócrata Cristiana (ADC), dirigido por el exdiputado social cristiano Mario Redondo. A partir del año 2014, reelecto éste último como legislador, Laura Fernández se convirtió en su jefa de despacho en la Asamblea Legislativa, vitrina idónea desde donde comenzó a trazar su proyecto personal de ascenso político. En las siguientes elecciones, se convirtió en candidata a la primera vicepresidencia de ese mismo partido (ADC), sin resultados positivos, pero al retornar como funcionaria del MIDEPLAN le tocó coincidir con el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Así se fue gestando aquella particular alianza, la cual hoy día amenaza seriamente la estabilidad social y política de Costa Rica.

Cuando Rodrigo Chaves ganó la presidencia en abril del 2022, nombró a Fernández como ministra de Planificación, primero, y luego como ministra de la Presidencia. Los escalones hacia su candidatura presidencial comenzaban a perfilarse.

Por disposición constitucional, en Costa Rica no existe la reelección presidencial consecutiva, debe esperarse, al menos, un lapso de ocho años. Esa fue la razón que llevó al presidente Chaves a recurrir a su ministra de la Presidencia para que ocupara, transitoriamente, la silla presidencial. Así, en febrero del presente año, Laura Fernández resultó electa presidenta con un 48,3% de la votación, frente a un 33.4% recibido por el candidato del viejo PLN, el Dr. Álvaro Ramos (La Nación, 2 de febrero, 2026).

Habría que agregar un hecho relevante para que se dieran esos resultados tan favorables y fue el apoyo recibido por Fernández de parte del Foro Mi país, una organización que integra a la mayoría de las iglesias neo pentecostales costarricenses, el cual se comprometió, públicamente, a garantizar el voto de sus fieles por el PPSO (El MUNDO,15 de enero, 2026).

Actualmente, Costa Rica vive momentos de gran tensión política, pues el control que ejerce el “super ministro” en los diversos ámbitos del Estado, altera con frecuencia la vida política de nuestro país. Incluso, Fernández, sin que parezca que ese sea un rasgo distintivo de su personalidad, también recurre, a menudo, a un tono muy confrontativo y autoritario, al estilo de Chaves, utilizando un lenguaje tan grotesco que riñe con su apariencia de mujer refinada.

Pasemos ahora a observar los dos cuadros siguientes. Ambos pueden ilustrarnos las diferencias económicas, regionales y electorales, a partir de los resultados de las últimas elecciones, en las cuales resultó electa Laura Fernández. Así mismo, pueden sugerirnos algunas inferencias de interés.

CUADRO No. 1

Costa Rica. Resultados electorales por provincias.
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (resultados 1º. de febrero de 2026).

Si observamos el cuadro anterior, podemos notar que, con la excepción de la provincia de Cartago, el chavismo ganó las últimas elecciones en las restantes seis provincias. Además, donde más apoyo obtuvo fue en las provincias de las zonas costeras, donde se encuentran las zonas más empobrecidas de Costa Rica.

CUADRO No. 2

Costa Rica. Índice de pobreza por regiones de Costa Rica.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Costa Rica, año 2025)

Por su parte, el cuadro No.2, nos muestra los porcentajes de pobreza distribuidos por las diferentes regiones del país. En este caso, debemos aclarar que a las regiones denominadas Chorotega, Pacífico Central y Brunca les corresponden, geográficamente, las dos provincias costeras del Pacífico que son Puntarenas y Guanacaste. Como se observa, ambas se encuentran entre las más empobrecidas del país, sin embargo, fueron dos de las provincias donde la candidata Laura Fernández recibió un mayor porcentaje de votos.

Por otra parte, la región Huetar Caribe, la cual coincide geográficamente con la provincia de Limón, siendo la más pobre de Costa Rica, fue donde el chavismo recibió la mayor cantidad de votos de todo el país.

Por su parte, la situación de las provincias de la zona central, según las cifras de ese cuadro, estuvo menos polarizada en las recientes elecciones, fenómeno que se explica, en buena medida, porque ésta ha sido la región más beneficiada con la redistribución de los recursos del Estado. Esto les ha deparado una mejor calidad en los servicios públicos – educación y salud, principalmente – por lo cual aquí se concentra la mayor parte de la clase media y profesional.

  1. Retos actuales para la izquierda costarricense

Resulta materialmente imposible abordar este complejo tema en pocos párrafos, de manera que haremos tan solo una enumeración de los aspectos que podrían ser tomados en cuenta si la izquierda costarricense se propone recuperar las bases sociales que, en otros momentos, les dieron sustento a sus luchas más relevantes.

Las organizaciones de la izquierda costarricense han experimentado una crisis de larga duración. Factores externos incidieron en ese fenómeno:

a) Su desgaste a lo largo de los años setenta y ochenta, acompañando a los grupos político-militares nicaragüenses y salvadoreños en sus luchas para la toma del poder. A la larga, el fracaso de esos proyectos históricos también ha venido a contribuir con el debilitamiento de las organizaciones de la izquierda nacional.

b) El derrumbe del socialismo en la antigua URSS a fines de la década del ochenta. En ese sentido, la organización más afectada, aunque no la única, resultó ser el Partido Comunista (PVP) al entrar en una etapa de decadencia ideológica y organizativa que pareciera irreversible.

c) Por efectos de dicha crisis, en el interior del país se dio un enorme debilitamiento del movimiento sindical del sector privado, especialmente en las áreas bananeras de las regiones periféricas del país. En este momento, como antes mencionamos, son esos los sectores geográficos donde se ha implantado con más éxito el movimiento religioso neo pentecostal. Así, las iglesias trataron de sustituir a las organizaciones sindicales como elementos de cohesión social, sin embargo, la estrategia para recuperar la organización política de esos sectores aún no parece visualizarse.

d) Otro aspecto de gran complejidad que comienza a percibirse, es la intervención del chavismo en algunas organizaciones sindicales del sector público, especialmente en el sector magisterial. Este fenómeno es el resultado de la cooptación, por parte del chavismo, de un sector de los empleados públicos, quienes también lo han apoyado electoralmente. Su discurso en contra de las “élites corruptas” ha resultado muy efectivo, en tanto le da sentido al resentimiento de los funcionarios del Estado por la pérdida de algunas de sus conquistas sociales esenciales, como su derecho a la huelga y el congelamiento de sus salarios.

e) El Frente Amplio está haciendo grandes esfuerzos, especialmente en el ámbito parlamentario, para recuperar el rol histórico de la izquierda costarricense. Sin embargo, sus esfuerzos de reorganización a nivel nacional aún no dan todos sus frutos. Su fortaleza se concentra en el Valle Central y disputarle el apoyo al chavismo en las regiones periféricas es uno de sus mayores retos.

  1. A manera de epílogo

El perjuicio del chavismo en nuestro país se puede constatar en diversos ámbitos. Por ejemplo, está contribuyendo a opacar la imagen internacional de la que, hasta hace poco, gozaba nuestro país como una democracia más abierta y madura con respecto a otros países latinoamericanos. En ella habíamos podido convivir, pacíficamente, diversas corrientes de pensamiento, credo y visiones de mundo.

Un segundo aspecto muy preocupante es la restricción a la libertad de expresión de algunos sectores de la oposición. Inclusive, las acciones coercitivas contra algunos comunicadores y opositores del chavismo han comenzado a trascender internacionalmente.

En los últimos tiempos han salido a la luz pública diversas denuncias de acoso policial en contra de algunos periodistas o activistas de la oposición. Inclusive, algunos comunicadores han decidido exiliarse en el extranjero para protegerse de eventuales agresiones de parte de activistas del chavismo y, particularmente, de los seguimientos policiales desde Casa Presidencial. Dos casos ilustran esa grave problemática, el de la activista Silvia Ziesing y el del comunicador Eric Sojo, director de la emisora Radio Zurquí. Ambos han recibido, incluso, amenazas de muerte de manera anónima. Por su parte, el cantante Kevin López – conocido como Kevlo – también ha tenido que acogerse a un programa especial de protección debido a sus publicaciones en las redes sociales con críticas hacia el chavismo (Universidad, 30/setiembre/2026).

Otro de los casos más conocidos es el de la comunicadora Stella Chinchilla quien ha sido denunciada, junto a otros comunicadores y activistas, ante la Fiscalía General de la República, como sospechosa de participar en un presunto plan para asesinar al ex presidente Rodrigo Chaves (Repretel/14 de enero/2026). Fue denunciada por la Dirección de Investigación y Seguridad (DIS), adscrita a la Casa Presidencial, con base en seguimientos de supuestas conversaciones digitales. Chinchilla se ha distinguido en nuestro país por haber estado siempre ligada a la protesta social.

Sin embargo, ciertos sectores han dejado el temor de lado y han comenzado a manifestarse en contra de los abusos del chavismo. Hasta ahora, la respuesta más contundente ha sido una gran manifestación realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia, en la ciudad capital. El objetivo principal fue expresar el descontento ciudadano por las intromisiones del Poder Ejecutivo en las funciones del Poder Judicial, y, en general, contra el autoritarismo manifiesto desde la Casa Presidencial. Ese plantón se hizo extensivo a otras regiones del país y su gran éxito ha sido un estímulo para los movimientos opositores (www. La Teja.cr). Este ha sido uno de los primeros pasos, entre otros, que está impulsando la organización popular para promover nuevas movilizaciones en contra del autoritarismo que hoy amenaza a la sociedad costarricense.

Lo planteado en estas páginas constituye tan solo una primera aproximación para tratar de comprender cómo los fenómenos aquí señalados se han entrelazado para dar cabida al surgimiento de una nueva etapa en la historia costarricense. Ello, en un contexto internacional caracterizado por la hegemonía de la extrema derecha, o aún más, como señala el historiador Enzo Traverso, por el arribo del posfascismo del siglo XXI (Traverso, 2025).

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Claros y oscuros de la economía costarricense

Valeria Jiménez

Costa Rica es un país pequeño reconocido internacionalmente por la solidez de sus instituciones democráticas, su tradición pacifista —la cual se remonta a la abolición del ejército en 1948—, sus políticas de conservación ambiental y por albergar cerca del 6,5% de la biodiversidad mundial (PNUD, 2019). Históricamente, ha destacado en la región centroamericana por un desempeño socioeconómico favorable en indicadores clave —tales como el PIB, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, los niveles de alfabetización y de pobreza extrema—, así como en el acceso a seguridad social universal, a educación pública gratuita y a servicios básicos como electricidad, agua potable y saneamiento, reflejado en un Índice de Desarrollo Humano consistentemente alto. Desde 2025, fue catalogado por el Banco Mundial como una economía de ingresos altos (Metreu et al, 2025), además de haber alcanzado una de las tasas de crecimiento del PIB más altas entre los miembros de la OCDE desde 2023 (OCDE, 2026).

Sin embargo, detrás de esta prometedora imagen y este desempeño económico, se esconden enormes grietas en la sociedad y la economía costarricense que hoy amenazan con todo aquello que la ha distinguido. Estas grietas se han gestado durante décadas de crecimiento desigual, alimentado por un modelo de crecimiento impuesto por el Norte global con el nombre de diversificación de las exportaciones. Este estilo de desarrollo, basado en el ajuste estructural, se sustenta en una racionalidad opuesta tanto al Estado de bienestar como al del modelo económico basado en la sustitución de importaciones, el cual se sostuvo en el país por décadas y que, a pesar de su evidente desgaste, heredó instituciones que fueron y han sido clave para el desarrollo del país. Por el contrario, los ajustes estructurales, basados principalmente en apertura comercial, apertura de cuenta de capitales, atracción de inversión extranjera directa (IED) y privatización, buscan estabilidad macroeconómica siguiendo una lógica llena de contradicciones. Dichos ajustes, en su intento de cumplir objetivos muchas veces incompatibles, han culminado en la creación de una economía dual, o lo que podríamos llamar, las dos Costa Ricas.

La primera Costa Rica es la gran, mas no invulnerable, ganadora del ajuste estructural. Altamente dependiente de la IED, ha logrado transformar la estructura productiva del país, aumentando el porcentaje de exportación de productos de mediana y alta tecnología, de servicios empresariales y de tecnologías de la información (PROCOMER, 2025a). A través de esta diversificación, los productos tradicionales, que alcanzaban cerca del 60% de las exportaciones a finales de los años ochenta, ahora representan el 8%, mientras que los no tradicionales pasan de cerca del 40% al 91,2% (PROCOMER, 2025b). A través de estos sectores de alta productividad y altos ingresos, se logra una integración virtuosa a las cadenas globales de valor, demostrando el rol fundamental de la IED como motor de crecimiento económico (Govaere, 2019). Dicha inversión se ha impulsado a través del régimen especial de incentivos fiscales, y el alto grado técnico de un porcentaje importante de la fuerza laboral urbana del país.

Es difícil ignorar, sin embargo, que el régimen especial crece a tasas hasta tres veces mayores al régimen definitivo y tiene conexiones débiles con el resto de la economía (PEN, 2025). Además, resulta evidente la dualidad en el dinamismo de los regímenes de producción, pues al eliminar esta de zonas francas, los principales productos de exportación continúan siendo la piña, el café y el banano (Govaere, 2019).

No debería causar sorpresa que, si el sector más dinámico y de mayor crecimiento se encuentra exento de impuestos, en un país que demuestra su alto compromiso con la apertura comercial mediante sus crecientes acuerdos comerciales —lo cual se traduce en una caída significativa de los ingresos tributarios aduaneros— exista y persista un problema de endeudamiento público. Ante este comportamiento, el desequilibrio fiscal no es una anomalía, sino una consecuencia previsible de objetivos incompatibles. Al estar el modelo de desarrollo acompañado de una caída significativa de los ingresos tributarios —los cuales pasaron de un promedio del 20,8% de los ingresos del Estado entre 2000 y 2007, al 8% entre 2010 y 20181— se hace muy difícil mantener la estabilidad fiscal. En efecto, se dio un rápido incremento del endeudamiento público, que pasó de un 26% del PIB en 2008, a un 69.7% en 2020 (Jiménez, 2021).

Dicha insostenibilidad fiscal resultó en la reforma fiscal de 2018, que reformó ingresos tributarios y aplicó medidas de contención del gasto (PEN, 2025). Como resultado, el país retornó a un sendero más sostenible de las finanzas públicas, alcanzando recientemente un superávit primario cercano al 1% del PIB (Ministerio de Hacienda, 2025). Sin embargo, dicha estabilidad fiscal tiene un costo muy alto, ya que se logra a costa de un desfinanciamiento público de programas sociales en áreas socioeconómicas y ambientales (Jiménez, 2025).

Lo anterior deja en desamparo principalmente a la segunda Costa Rica; aquella para la cual no hubo ni hay un plan económico y, debido a las crecientes disparidades y a su desfinanciamiento, se ve reflejada en estadísticas alarmantes; desigualdad (Gini cercano al 0,5), desempleo (en promedio 11,1% entre 2014-2024), informalidad (38%), y pobreza estancada (cercana al 20% de la población)2. Es una Costa Rica carente de oportunidades y prospectos económicos, reflejados en bajos niveles de escolaridad en la población rural, limitada integración a cadenas de valor, dependencia de monocultivos, y sobre todo, en el incremento inédito de la violencia, que alcanza los 17 homicidios por 100.000 habitantes (PEN, 2025), vinculado principalmente al crimen organizado y narcotráfico.

Así, el lado oscuro del ajuste estructural se ha visto reflejado en el lento pero seguro desgaste del tejido social, visible para quien lo ha querido ver, y que, políticamente, se manifiesta de manera contundente en los resultados de los dos últimos procesos electorales, marcando el inicio de un periodo político disruptivo sin precedentes en el país. La gestación del movimiento político liderado por Rodrigo Chaves (2022-2026), clásico outsider populista, está concatenado al creciente desencanto del electorado. Es innegable que dicho desencanto estuvo ligado a la imposición del ajuste estructural, la cual, junto al aseguramiento de una clase de privilegios separada de la realidad económica del país, generó una pérdida de adhesión ciudadana, una creciente apatía y una pérdida de credibilidad en la clase política.

Así, se abrió camino al chavismo, caracterizado por sus constantes ataques contra distintas instituciones, medios de comunicación y la división de poderes, amenazando directamente las bases de la estabilidad democrática. Este modelo de liderazgo político busca el conflicto permanente, desviando la atención de preocupantes vínculos con el narcotráfico y de otras problemáticas, como el récord de homicidios de los últimos años. Este estilo confrontativo no se agotó con el fin del gobierno de Chaves en mayo de 2026: su sucesora y aliada política, Laura Fernández Delgado, le entregó dos carteras clave —Presidencia y Hacienda—, asegurando así la continuidad de su influencia y del mismo patrón de tensión con los contrapesos institucionales.

La ausencia de una visión país de largo plazo y el desconocimiento de cómo abordar los crecientes retos en el país evidencian, además, la mediocridad de la clase política (Granados, 2026). Dichos retos incluyen la reciente desaceleración de zonas francas, ligado a la agresiva política comercial de EEUU, y a la persistente apreciación del colón, que responde al voluminoso flujo de dólares ingresados por el propio régimen especial, sin ser ajena a los flujos asociados al narcotráfico. Esto genera una apreciación con rasgos característicos de la enfermedad holandesa, erosionando la competitividad de los sectores exportadores tradicionales y del turismo.

A lo anterior, se suman retos en el ámbito ambiental evidenciados en la creciente dependencia de combustibles fósiles y el debilitamiento de las capacidades institucionales para la conservación a través de fuertes recortes y desregulaciones. La pérdida de cobertura forestal, el aumento de desastres climáticos, la vulnerabilidad hídrica, la dependencia de la hidroelectricidad y el aumento en emisiones ligado al deterioro en el transporte público y la alta dependencia de vehículos particulares reflejan una insostenibilidad creciente que amenaza el desarrollo sostenible.

Desde una perspectiva económica, vemos cómo la priorización de la estabilidad macroeconómica sin una visión estratégica ha puesto en riesgo fortalezas históricas, al tiempo que continúa erosionando las posibilidades de un modelo económico que busque aprovecharlas mientras reduce vulnerabilidades y dependencias. Un país reconocido por su sostenibilidad ambiental y por su posición como acreedor climático (Lazaro et al, 2025), no puede desaprovechar las oportunidades que trae el siglo XXI en términos de transición socio-ecológica. Su reconocimiento internacional podría otorgarle el poder estratégico y moral para negociar mejores términos en acuerdos internacionales tales como acceso a financiamiento climático internacional y tecnologías limpias a bajo costo, junto con cooperación técnica, para atraer inversiones interesadas en cadenas de suministro bajas en carbono, o en la producción de hidrógeno verde. Indudablemente esto no será posible bajo el liderazgo político actual, que insiste en debatir sobre la privatización del mercado eléctrico, la venta del Banco de Costa Rica, la minería del oro y mayor reducción en protecciones y regulaciones laborales y ambientales.

A pesar de este panorama poco alentador, en el cual escasean los debates progresistas constructivos, existen en la sociedad costarricense bloques de resistencia debilitados, mas todavía latentes. Entre ellos, el que por décadas ha mostrado resistencia ante el ajuste estructural oponiéndose, en el 2000, a la apertura del mercado eléctrico; a la firma del CAFTA en 2008, y a la reforma fiscal en 2018, así como los que se han levantado en defensa del ambiente y, recientemente, en defensa de la democracia. Recae en estos grupos, las instituciones que los respaldan, el bloque de oposición en el parlamento y en distintos medios de comunicación, lidiar con la actual amenaza a la democracia, así como en repensar el futuro del país, ante un panorama de debilitamiento de las conquistas económicas y sociales que, con sus fortalezas y debilidades, se enfrentan a un mundo en restructuración donde nuestro país continúa navegando en desventaja y bajo la misma subordinación que afecta al resto de América Latina.

1 Cálculos propios con datos del INEC.

2 Datos tomados del INEC y PEN (2025)

Referencias

Granados Chacón, M. (2026). Costa Rica y la Mediocridad de su Clase Política. Revisa Visión CR: Plataforma Informativa de la Actualidad. Disponible en: https://revistavisioncr.com/costa-rica-y-la-mediocridad-de-su-clase-politica/

Govaere Vicarioli, V. (2019). La paradoja de Costa Rica (1984-2018): Éxito exportador y heterogeneidad estructural. Revista Nacional de Administración, 10(1), 87-104. Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.

Jiménez Fontana, P. (2021). Mejoras en la Gestión de la Deuda son Necesarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. Programa Estado de la Nación. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/mejoras-en-la-gestion-de-la-deuda-son-necesarias-para-la-sostenibilidad-de-las-finanzas-publicas/

Metreu, E., Young, K.E., Eapen, S.G. (2025). Understanding country income: World Bank Group income classifications for FY26 (July 1, 2025–June, 2026). World Bank Blogs. Disponible en: https://blogs.worldbank.org/en/opendata/understanding-country-income–world-bank-group-income-classifica

Ministerio de Hacienda (2015). Resultados Fiscales Al Segundo Trimestre de 2026. Disponible en: https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/08/InformeTrimestral_II_Trimestre2026.pdf

OECD Data Explorer (2026). Quarterly real GDP growth – OECD countries. Available at: https://data-explorer.oecd.org

Lazaro, L. L. B., Usuriaga-Najera, O. C., Neto, A. H., Grimoni, J. A. B., & Jacobi, P. R. (2025). Climate commitments and energy transition pledges in Latin America: Where is the region headed? Energy for Sustainable Development, 88, 101779. https://doi.org/10.1016/j.esd.2025.101779

PNUD (2019). Costa Rica presenta avances, desafíos y oportunidades sobre su estado de la biodiversidad. Disponible en: https://www.undp.org/es/costa-rica/comunicados-de-prensa/costa-rica-presenta-avances-desafios-y-oportunidades-sobre-su-estado-de-la-biodiversidad

PROCOMER (2025a). Costa Rica cierra el 2024 con un crecimiento de 9% en las exportaciones de bienes. https://procomer.com/costa-rica-cierra-el-2024-con-un-crecimiento-de-9-en-las-exportaciones-de-bienes/

PROCOMER (2025b). Exportaciones costarricenses: evolución, retos y oportunidades. Disponible en: https://servicios.procomer.go.cr/EstudiosInteligenciaComercial

Programa Estado de la Nación (2025). Informe Estado de la Nación 2025. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/?informes=estado-de-la-nacion-2025

¿Qué es el chavismo?

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

El chavismo es un fenómeno político nuevo, distinto a todo lo anterior desde la guerra civil.

Es una irrupción, un quiebre en la política nacional respecto al pasado.

Es el fenómeno internacional del surgimiento de la extrema derecha, al estilo Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro y otros, cuyo carácter es combinar el neoliberalismo más extremo con restricciones importantes a la democracia. Esa es la nueva esencia política del fenómeno de la extrema derecha mundial.

Entre sus muchas nuevas características está la de aparecer como enemiga de las llamadas elites políticas tradicionales y el surgimiento de un lumpen político que se apodera del Gobierno y luego infecta todas las instituciones y poderes del Estado.

Ese fenómeno internacional que encabeza el trumpismo, en Costa Rica se llama chavismo.

Considerar al chavismo como la culminación o continuación del bipartidismo y el PAC puede ocultar el nuevo rostro del fascismo y del autoritarismo.

Estamos en presencia de un carácter o contenido político que se llama chavismo, distinto a todas las expresiones políticas anteriores dominantes.

Entenderlo como la continuación de las políticas pasadas puede conducir a equivocaciones tácticas y estratégicas. El chavismo es una concepción neofascista que rompe con la concepción política pasada.

Equivocarse en la definición y caracterización del chavismo como la expresión nacional de la extrema derecha internacional, neoliberal en extremo y antidemocrática por esencia, puede condicionar el accionar político.

Recordemos que lo primero es caracterizar el fenómeno político y luego actuar táctica y estratégicamente en correspondencia. Si nos equivocamos en lo primero, fallamos en lo demás.

Óscar Aguilar Bulgarelli pide a la Corte elegir una presidencia que defienda la independencia judicial

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli envió a SURCOS un video en el que, “como ciudadano y como historiador”, se dirige a las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la elección de la presidencia del Poder Judicial.

Aguilar Bulgarelli comenzó agradeciendo a la Corte la reelección de Carlo Díaz como fiscal general de la República. A su juicio, el país necesita “recobrar la paz, la ecuanimidad, la tranquilidad”, y tener en ese cargo a una persona dispuesta a luchar “por los valores nacionales, por nuestra libertad, por nuestra democracia, por nuestro derecho a pensar y no ser cuestionado por algo tan fundamental”.

Luego advirtió que las magistraturas tienen todavía “sobre sus espaldas una decisión fundamental”: escoger a quien presida la Corte. Recordó que la democracia costarricense se sustenta en la división de poderes y se refirió a unas declaraciones de Rodrigo Chaves Robles, hace unos meses, en una actividad evangélica. Aguilar Bulgarelli recordó que Chaves afirmó que el chavismo ya había tomado el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, y que solo le faltaba el Poder Judicial.

“O sea, que estamos a un paso fundamental para que la autocracia fascista que hoy recorre el territorio americano y muchas otras partes del mundo se consolide en nuestro país. Así de fácil, así de peligroso”, señaló. Por eso, dijo, quien presida la Corte “no puede ser alguien que haya tenido el menor desliz, la menor duda, la más pequeña mácula en el pasado” en la defensa de la independencia judicial.

El historiador expresó su apoyo a la magistrada Patricia Solano Castro para la presidencia del Poder Judicial, por su “valor”, su “conocimiento legal” y su “conocimiento administrativo”. Afirmó que el hecho de que el Partido Pueblo Soberano se pronunciara en la Asamblea Legislativa contra su reelección “es la mejor garantía de que debe ser la presidenta del Poder Judicial”.

“¿Por qué no la quieren? Por su independencia. ¿Por qué no la quieren? Por su valentía. ¿Por qué no la quieren? Porque saben que es un muro para defender nuestra democracia”, expresó.

Aguilar Bulgarelli cerró pidiendo a las magistradas y los magistrados que “confirmen la confianza que nos dieron en la elección del fiscal, ahora nombrando a doña Patricia como presidenta del Poder Judicial”.

La soberanía energética y Liberación Nacional

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Los países que realmente quieren sobrevivir en este mundo se preocupan por adquirir soberanía energética. Conscientes que deben trabajar en ello, porque las potencias internacionales tienen una llave muy poderosa en sus manos para chantajear y dominarlos, los gobiernos, partiendo de una estrategia definida, procuran conservar —hasta donde les sea posible— la independencia energética. Por regla de principios, la energía en sus diferentes manifestaciones debe estar bajo el control del Estado.

Como uno de los ejemplos más recientes, el presidente Trump en días pasados amenazó con prohibir la exportación de diésel de Estados Unidos. Si esa medida no hubiera sido paliada por el acuerdo con la Rusia de Putin, el mundo se hubiese enfrentado a un caos internacional. Pensemos en Costa Rica, que importa de EUA la mayor parte de sus combustibles: sin diésel se paralizaría el transporte, habría desabastecimiento de alimentos, se afectaría la movilidad de las personas y se produciría un caos total. Es claro que nosotros no tenemos petróleo y siempre seremos un juguetito del gobierno norteamericano.

Sin embargo, podemos hacer mucho para lograr cierta soberanía energética. Costa Rica es ejemplo mundial en la producción de energía limpia, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar; más del 95% de la electricidad es producida por fuentes renovables, todo un ejemplo mundial. Este éxito ha sido producto del ICE.

En el campo de la electricidad hemos logrado ser soberanos, no dependemos del exterior, aunque últimamente en este gobierno de Chaves se han dado ciertos retrocesos.

La soberanía eléctrica puede ayudarnos a mitigar la dependencia de los carburantes, gasolina y diésel principalmente. Es en el transporte donde se da el mayor consumo de petróleo y, por tanto, la mayor dependencia del exterior.

Pero este gobierno chavista en vez de avanzar en la electrificación de la movilidad del transporte ha eliminado los estímulos a los vehículos eléctricos, cuando lo importante es avanzar hacia la movilidad eléctrica de autobuses, camiones y otros medios, para ir adquiriendo soberanía energética. Eso es lo que haría un estadista, un gobernante que piensa y planea a largo plazo, que tiene presentes los peligros que ocurren actualmente y en el futuro en el planeta. Pero Chaves no tiene ninguna de esas cualidades y más bien elimina los estímulos a la movilidad eléctrica.

El proyecto llamado de Armonización Eléctrica, que actualmente discute la Asamblea Legislativa, camina en el mismo sentido, renunciar a la soberanía en ese campo.

La propuesta puede resumirse así:

1-. Apertura del mercado: el que quiera puede competir y elimina al ICE como la institución directora del sistema eléctrico nacional. En otras palabras, el Estado pierde o se minimiza su papel de control estratégico de una rama esencial y fundamental del desarrollo económico y social del país.

2-. Creación del ECOSEN, es decir, una institución que controlará, regulará y orientará el desarrollo del sistema eléctrico, dentro del cual tendrán un papel importante los productores de energía particulares. Es un esquema parecido al Consejo de Transporte, donde los autobuseros y particulares definen las reglas del juego. Sabemos el desastre del transporte público nacional, porque los actores son al mismo tiempo jueces. En la electricidad ocurrirá lo mismo: los generadores particulares en ECOSEN serán parte y juez al mismo tiempo. Nuevamente, el Estado pierde capacidad de dirección estratégica sobre la electricidad.

3-. El Mercado Eléctrico Regulado es una instancia donde se puja y subasta por precios, dejando zonas desprotegidas, probablemente las más pobres. El Estado es reducido a un simple productor.

Este proyecto se enmarca dentro del dominio privado, interno y externo, de uno de los centros neurálgicos, estratégicos, del desarrollo nacional. No se trata de que la empresa privada no participe del mercado, ya que actualmente lo hace; lo trascendente es que el Estado a través del ICE conserve el control de la producción y distribución de electricidad, como un elemento fundamental de la soberanía energética.

Un sector de diputados de Liberación Nacional se ha plegado a las posiciones antipatrióticas y entreguistas del chavismo y serán cómplices de la desnacionalización eléctrica, una de las conquistas más importantes, precisamente de ese partido.

Este ha sido un proyecto viejo de un sector importante de Liberación Nacional, se dice que especialmente de los hermanos Arias Sánchez y de un grupo de empresarios, que ahora asume la fracción legislativa del chavismo, precisamente por tratarse de una causa de entrega del patrimonio nacional y de la soberanía nacional.

En todas las causas antipatrióticas encontraremos siempre matriculado al chavismo que contará con la ayuda de cipayos que también siempre existirán.

Si este proyecto es aprobado con la ayuda de Liberación Nacional, volverán a la sala de cuidados intensivos de la política.