La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social.
Eso me dijo Fernando Atria, abogado constitucionalista, entonces miembro de la Asamblea Constituyente, elegida en mayo del 2021. Gobernaba entonces, por segunda vez, el empresario Sebastián Piñera, hombre de enorme fortuna, líder de sectores de derecha menos estridentes que los de Juan Antonio Kast.
Conversé con Atria el día siguiente del primer turno electoral del 21 de noviembre de ese año, en el que Kast quedó en primer lugar, con casi 28% de los votos. Gabriel Boric, en segundo lugar, alcanzó algo menos de 26%. Toda una sorpresa, después de la verdadera rebelión del 2019, que había conducido a la convocatoria de la constituyente.
Las expectativas eran enormes. Ante un resultado inesperado, todas las miradas se dirigían a una incierta segunda vuelta en la que, finalmente, Boric logró alzarse con 56% de los votos.
–La derecha cree que la constitución de 1980 aun funciona, afirmó Atria. “Cree que si el proceso constituyente fracasa, vamos a volver a vivir en paz, bajo esas normas constitucionales”.
Vale la pena volver al escenario de entonces que –en mi opinión– Atria ayudaba a iluminar: “No se puede volver a una constitución que quedó aplastada por el 80% de los votos del ‘apruebo’ en el plebiscito de convocatoria de la constituyente. Pero es un error pensar que al momento constituyente le corresponde dar (y ganar) todas las batallas. Después de la nueva constitución va a seguir habiendo política”.
Pensaba entonces en la constitución que estaban elaborando (creo que todavía con la esperanza de que fuera aprobada). Pero la frase sigue vigente, pensado en esta nueva, cuya elaboración apenas comienza, en un escenario político distinto al de hace un par de años.
El resultado del primer turno presidencial, según Atria, mostraba que el colapso de una forma política, antes del surgimiento de una nueva, generaba “condiciones de extraordinaria fluidez”.
“Ha habido mucho más preocupación por la inseguridad, por la violencia, por la incapacidad del sistema político de mantener el orden y eso fue capitalizado por la ultraderecha”. “Espero que ese resultado produzca en la convención más conciencia sobre el riesgo que enfrenta. Y que eso lleve… (Atria para, piensa… le costaba encontrar las palabras…) a una discusión constituyente más consciente de los límites que enfrenta”.
En su visión, lo fundamental de una constitución es establecer el esquema en que se van a resolver las disputas políticas en el país. Construir una forma política que sea eficaz: esa la tarea de la constituyente, asegura Atria.
“Espero que lo del domingo (el resultado del 1er turno presidencial) haga consciente de eso a los constituyentes, de la necesidad de que lo que salga de la constituyente sea reconocido por la cultura chilena como una discusión de la forma política que Chile necesita. Eso es lo que lleva al éxito del proceso constituyente”.
Como sabemos, no ocurrió así. La propuesta fue rechazada meses después por un abrumador 62% de los votos.
Kast le parecía “la negación de la transformación que Chile necesita”. Él cree –dijo entonces– como cree el presidente Piñera, en las fórmulas neoliberales y piensa insistir en ellas.
Se estaba refiriendo a la posibilidad de un Kast en la presidencia de la República. No ocurrió. Pero ahora Kast tiene en sus manos, y en las de sus partidarios, la elaboración de una nueva versión de esa constitución que debe sustituir la que tuvo su origen en el golpe de 1973 (que Kast admira y defiende).
En la visión de Atria, Kast y sus partidarios podían hacer su propuesta, caso ganase la presidencia d la República. Pero que eso representara una solución para los problemas de Chile, ¡no! “Va en dirección contraria. Eso no es lo que Chile necesita: lleva a la inestabilidad, a la ingobernabilidad”.
¿Qué necesita Chile?
Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura.
La naturaleza polémica del tema puede ser ilustrada con una reflexión del periodista Patricio Bañado, recientemente fallecido, recordado por la conducción de la franja televisiva del “NO”, en el plebiscito que definió la no continuidad del régimen militar, en 1988. En diciembre pasado, en una última entrevista, Bañado afirmó nunca haber sido allendista. Y agregó:– Creo que el gobierno de Allende fue uno de los grandes errores históricos de Chile.
Una frase dramática, sin duda. En su opinión, lo que debió haber ocurrido fue la continuidad de unas reformas que había iniciado el demócrata cristiano Eduardo Frei, antecesor de Allende: una Reforma Agraria y la nacionalización de una parte del cobre. En su opinión, “si la izquierda se hubiese unido con la Democracia Cristiana para profundizar esos cambios e ir paso a paso, eso habría sido imparable”.
Me parece que la afirmación, dicha así, se despega de la realidad política de entonces. Especula sobre el camino que no estuvo sobre la mesa hace 50 años. Como sabemos hoy, Frei fue figura importante en la articulación golpista, pero también fue asesinado por esos mismos golpistas, envenenado cuando empezó a alejarse de una dictadura que mostraba ya sus rasgos más criminales.
Hoy, ¿qué necesita Chile? O, analizando el tema más ampliamente, ¿qué proyecto de desarrollo necesita la izquierda latinoamericana para avanzar en unas reformas que desmonten el mundo neoliberal? Un mundo que asaltó los recursos públicos y destruyó toda red de solidaridad social, desde las organizaciones sindicales hasta los fondos de pensión, pasando por los recursos naturales.
La esencia del modelo neoliberal es la privatización de los recursos públicos. Allende dijo que el cobre era el sueldo de Chile. Fue más allá de las reformas de Frei y lo nacionalizó. Con el golpe, la minería pasó a manos privadas (menos los recursos con los que se financiaban las fuerzas armadas). Pero la historia sigue. Ahora se discute en el congreso chileno un aumento del royalty minero y la política para la explotación del litio.
En septiembre el golpe cívico-militar cumple 50 años. Esos 50 años de la historia chilena no pueden ser entendidos sino como la lucha por recuperar ese camino.
En Chile (también en Argentina y en otros países), quizás nada representó mejor el asalto a los recursos públicos que la privatización del sistema de pensiones. Significó la transferencia de inmensos recursos a pequeños grupos de interés al costo de pensiones miserables para los cotizantes. Manuel Riesco y su Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo han publicado estudios detallados sobre el sistema (puede verse uno, publicado en 2008, aquí.
Pese a las condiciones favorables de la economía chilena, que se recuperó de una crisis profunda de principios de los años 80, al final “la mayor parte de los afiliados simplemente no iban a recibir pensiones de las AFP” (como se conocen allí las administradoras de pensiones).
“Sus fondos acumulados al jubilar serían tan magros que sus pensiones alcanzaban montos ridículos, del orden de 10 a 20 dólares por mes para millones de afiliados, e inferiores al mínimo de 150 dólares para dos tercios de la fuerza de trabajo”, dice Riesco.
Pese al aspecto clave de este tema como factor de descontento en el país, el proyecto constituyente mencionaba apenas generalidades cuando decía que “las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile”. Asimismo, agregaba, “tienen derecho a envejecer con dignidad; a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna”.
Los muchos senderos del camino
La lucha para recuperar el camino perdido tiene muchos senderos, rutas de rebeldía y rebeliones. No se puede entender la historia de Chile de esos años sin acompañar esas luchas. La del 2019 terminó por remecer las instituciones. Pero no se caracterizó por cementar los pilares de unas nuevas. El 2007 había habido otra, lo de los estudiantes secundarios, los “pingüinos”. Se repitieron en 2011, con protestas contra la privatización de la enseñanza. Ahí se forjaron Boric y su grupo.
Pero el proyecto constituyente no recogió con acierto la fuerza de esas demandas. Como veremos, temas centrales para retomar el rumbo del país apenas están mencionados en el proyecto de constitución rechazado y creo que esto fue clave para su rechazo por casi dos tercios de los electores.
En vez de un texto con una visión política que sirviera de paraguas bajo el que se cobijaran las diversas demandas sectoriales, el texto recoge posiciones de sectores diversos, sin esa visión política que los articule. Pone a todos a competir contra todos.
Dos demandas se expresaron con particular fuerza en ese texto: la representación paritaria entre hombres y mujeres en los más diversos ámbitos políticos y la definición de espacios para los pueblos originarios, especialmente los mapuches, en un ambiente de renovadas tensiones en la Araucanía, en la zona del sur del país, donde con más fuerzas se asentaron.
El tratamiento de ambos temas no contribuyó a sumar votos a favor del proyecto que, como sabemos, fue rechazado también en las zonas de mayor presencia de pueblos indígenas.
El debate constituyente
Antes de continuar, quisiera señalar que no está en discusión aquí la validez de las reivindicaciones, sino del escenario (y de la forma) elegidas para reivindicarlas.
Creo que tiene una mayor capacidad explosiva el debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas porque tiene que ver con la propiedad de la tierra. Sin que se pueda tampoco desconocer la importancia de la discusión sobre la naturaleza del Estado, la tensión entre la reafirmación de su unidad y la definición de su carácter plurinacional. “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”, decía el texto. “Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos”. En especial, “tienen derecho a la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura”.
El texto vuelve sobre esos temas una y otra vez, pretendiendo resolver, con esas declaraciones, un conflicto que está en pleno desarrollo, sin que una visión sobre el tema esté madura en la sociedad.
Si este tema me parece el más “explosivo”, hay otro, cuya reiteración está presente en todo el texto: el de la paridad en la representación de hombres y mujeres en las instituciones públicas.
El proyecto afirmaba que Chile se constituía como una “república solidaria” y que su democracia era “inclusiva y paritaria”. El Estado debería promover “una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva”.
Me parece difícil imaginar que formulaciones de este tipo cuenten con un apoyo mayoritario, como puede deducirse del resultado de la consulta.
Pero hay algo que me interesa todavía más y es el tratamiento de un tema relevante para el que la izquierda no ha encontrado una forma consensuada para incorporarlo a su proyecto. Naturalmente, no pretendo resolver aquí ese desafío. Pero quiero sugerir alguna cosa.
Uno de los problemas más relevantes para esa participación no es el establecimiento legal (o constitucional) de la paridad –que no tiene relevancia política, como veremos–, sino el cuido. El fracasado proyecto de constitución se centró, sin embargo, en la paridad.
Sobre el cuido –de niños y ancianos– que recae casi totalmente en las mujeres, se dijo muy poco, o nada. Se hablaba, en general, de “trabajo no remunerado” para referirse al cuido. Me parece otra gran equivocación. Desde mi perspectiva, se trata de trabajo remunerado y el problema es precisamente cómo se remunera ese trabajo.
La manera de enfrentar el problema no es que hombres y mujeres compartan el cuido. Eso no es posible, salvo en algunos aspectos, no sustantivos. La solución es que el cuido lo asuma el Estado, con guarderías, kinders y residencias para ancianos adecuadas. No se trata de que se pague a las cuidadoras por su trabajo. El cuidado lo tiene que asumir el Estado. Es la única manera de que se pueda asegurar un cuido adecuado. Es consecuencia de los cambios económicos y sociales que abrieron las puertas del mercado de trabajo a las mujeres, a las que se les debe pagar, no por el cuido, sino por su trabajo.
Nada de eso lo contemplaba el proyecto de constitución construido sobre el concepto de “paridad”, que pretendían presentar como un gran avance. No lo entendió así casi nadie (y me parece que con razón), salvo la derecha.
“Si me ponen un Congreso lleno de mujeres y todas piensan como Margaret Tatcher, yo me siento bien representado, no tendría ningún problema”, dijo al diario El Mostrador el diputado republicano Johannes Kaiser, conocido por su enfoque conservador. La nueva constituyente se conformará de forma paritaria, con la misma cantidad de hombres y mujeres, mayoritariamente conservadores.
Hacer transformaciones en el país
La del 2021 no fue nuestra primera conversación con Atria. Tres años antes, en noviembre de 2017, se celebraron elecciones en las que Piñera logró su segundo mandato presidencial. Atria no logró elegirse diputado.
Pero conversamos: –Hay un cambio de época en política chilena desde las manifestaciones de protesta del 2011. Esas manifestaciones, que no fueron solo estudiantiles, produjeron la impugnación del modelo neoliberal.
“Todavía estamos bajo efecto de estas movilizaciones”, dijo Atria. “Pero durante este gobierno (está hablando al final del segundo período de Michelle Bachelet) aprendimos cual es realmente nuestro problema: es una forma política incapaz de producir transformaciones significativas en el país”.
Desde su punto de vista, la política estaba “neutralizada”. No se podía hacer transformaciones. “Si uno mira los últimos 27 años en Chile, no ha habido prácticamente ninguna modificación significativa”, aseguró.
“No importa cuánta gente marche contra las AFPs. La posibilidad de discutir seriamente su eliminación no existe”.
“Aun cuando las transformaciones sean constitucionalmente posibles, no se pueden hacer porque las formas institucionales contienen una idea de lo que es apropiado o no, de lo que es una política seria o no”. “Esa política neutralizada no tiene fuerza para hacerle frente al poder económico. Solo funciona cuando responde al interés de ese poder económico”.
Atria tampoco veía posible hacerlas mediante grandes acuerdos. “Cuando hay reformas que interesan al poder económico, vienen rápidamente. Cuando provienen de los ciudadanos, son ignoradas”.
Entonces decía que la única salida era una asamblea constituyente. “El problema constitucional se va a solucionar, por las buenas o por las malas”, aseguró. “Algún día tiene que pasar algo; no mañana, quizás, pero algún día”.
Para quienes estamos en la izquierda –concluyó– “una prioridad es la unidad”. “Si no hay unidad de la izquierda vamos a tener dos izquierdas, que van a ver la destrucción de la otra como un desafío”.
Me gustaría seguir este diálogo cuando vuelva a Chile para la conmemoración de los 50 años del golpe.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
“En la era de la industria cultural, la conciencia existe en estado mítico, de ensoñación, estado contra el cual el conocimiento histórico es el único antídoto. Pero el tipo particular de conocimiento histórico que se requiere para liberar el presente del mito no se desvela fácilmente. Dejado de lado y olvidado, yace enterrado en cultura que sobrevive, siendo invisible justamente porque es de escasa utilidad para quienes están en el poder” (Susan Buck-Morss DIALÉCTICA DE LA MIRADA Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes La Balsa de la Medusa Segunda edición Madrid 2001 p. 14).
Las múltiples discusiones entre los historiadores contemporáneos, siempre tan celosos ante la irrupción de “extraños” dentro de lo que consideran, al parecer como su exclusivo ámbito de acción profesional, acerca del sentido que asume la consideración del tiempo histórico, visto en los términos de la larga duración (v.g.r. Ferdinand Braudel, Marc Bloch, Lucien Febvre entre otros impulsores de la Escuela Histórica Francesa de los Anales, con su perspectiva de la “longue durée”), resultan ser sin embargo un tema, también fascinante para el resto de nosotros los mortales, necesitados de incursionar en la naturaleza(o, más bien especificidad) de algunos acontecimientos y procesos históricos que continúan afectándonos, aunque no tengamos siempre conciencia de ello. Por eso es, que cuando hablamos de la conmemoración de un hecho complejo de cierta relevancia histórica, en este caso los mil días de la Unidad Popular Chilena que culminaron en un sangriento golpe militar, en el mes de septiembre de 1973, sólo comparable a los dramáticos eventos que 18 años atrás, culminaron con la caída del gobierno del general Juan Domingo Perón, en la República Argentina, durante el mes de septiembre de 1955, los que a semejanza del caso chileno dieron lugar a cruentos enfrentamientos armados o a masacres, como la resultante del bombardeo a civiles en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, durante el primer intento de acabar con el régimen peronista, en junio de 1955, por parte de unos pilotos de la aviación militar (una rama que entonces dependía de la marina) que llevaban como lema “Viva Cristo Rey” en sus aparatos, unos fanáticos que asesinaron a cerca de 500 personas, en su gran mayoría civiles o, como fue el desigual combate de la Moneda, en Santiago de Chile, aquel 11 de septiembre, un evento político militar mucho más profundo en sus nunca analizados, ni asumidos alcances históricos, tanto por parte de los militares golpistas como por parte de la mayoría de la izquierda chilena oficial y concertacionista (v.g.r la posdictadura de la concertación), que se niega todavía a valorar en su sentido más profundo el testimonio y la vivencia de sus combatientes, mientras que los militares como el general Javier Palacios, quien dirigió el ataque al Palacio de la Moneda, sobredimensionaron la mediocre actuación de sus subordinados. En cuanto a la derecha civil, en cambio no constituye algo esencial, y les resulta muy problemático todavía entrar en consideraciones específicas acerca del hecho en sí mismo, es mejor no hacer olas consideran.
Existe una necesidad imperiosa de romper con el papel legitimador de la historia como un acto político de la mayor importancia (Walter Benjamin), y en concreto con las visiones inmovilistas del tiempo histórico que se derivan de ese papel que se le ha impuesto, las que mantienen el pasado que se evoca en las conmemoraciones, como si fuera un presente mítico cuyas posibilidades de interpretación se reducen a las que expresan los intereses o visiones de las élites protagonistas de los conflictos sociales en el escenario histórico, a partir de algunas de sus exteriorizaciones en la interpretación canónica de los hechos político militares que se produjeron, no ha lugar a otras versiones, y mucho menos, a interpretaciones alternas de lo acontecido.
El extraordinario documental que acaba de publicarse en Chile, bajo el título de “LA ÚLTIMA ESCOLTA” (Realización de Isidro García y Fernando Galeas. Documental Formato HD/16:9), nos da un valioso testimonio que nos permite resignificar los hechos político-militares de aquel día funesto para los trabajadores, y los sectores más desfavorecidos de la sociedad chilena: El valioso y pormenorizado testimonio de Isidro García, a lo largo de ese documental que abarca otros elementos historiográficos, se torna esencial para dimensionar y valorar ese combate tan desigual desde una perspectiva más amplia, vista en términos del devenir histórico y de la larga duración, a partir de una narrativa en la que nos cuenta como con un pequeño grupo de compañeros del Partido Socialista de Chile, se atrincheró en el Ministerio de Obras Públicas, situado al otro lado de la Calle Morandé, un edificio casi paralelo al Palacio de la Moneda, desde donde resistió, durante muchas horas, a la asonada militar, poniendo en aprietos a los militares golpistas con apenas una ametralladora punto 30, y unos cuantos fusiles ametralladoras AK 47, enfrentando así a quienes, con tanques e infantería, atacaron el Palacio de la Moneda, en cuyo interior no habían más de treinta combatientes civiles, incluido el propio presidente Salvador Allende. Después del desenlace de aquel combate, como resultado del que fueron muertos, o más bien asesinados, el propio presidente y la mayoría de los combatientes del Grupo de Amigos Personales de éste, integrado por militantes del Partido Socialista, mientras que los soldados de infantería, contando con apoyo de los tanques, fueron incapaces de derrotar en primera instancia, al tan desigual pero decidido adversario, representado por los combatientes que se encontraban en La Moneda, y en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, dentro del llamado barrio cívico de la capital chilena, razón por la que recurrieron a la aviación para bombardear el Palacio de la Moneda, el que dejaron en llamas y casi destruido para alcanzar sus objetivos político-militares, con lo que agrietaron y devaluaron para siempre su inmenso valor simbólico ante la mirada de los habitantes de la capital chilena, y de las gentes del mundo entero, algo que nunca ha podido ser restituido en una sociedad o estado-nación como Chile, dentro de la que esa grieta nunca ha podido ser soldada o sellada, a lo largo del medio siglo transcurrido desde entonces. Es por eso, que el conflicto en términos de legitimidad se vuelve recurrente, especialmente si lo vemos bajo la perspectiva de la larga duración histórica, pues ahora como nunca esa ruptura se ha hecho evidente: nos basta con mirar las imágenes de la lucha popular en Santiago, y otras ciudades de Chile frente a un aparato represivo, cada vez más violento y sanguinario, para constatarlo de manera irrefutable.
Valgan las reflexiones de Isidro García, un combatiente de aquel día en el Ministerio de Obras Públicas, quien en el documental nos cuenta también su vida desde niño, en medio de las mayores carencias como eran las que experimentaban las mayorías chilenas, en un país donde hasta los años sesenta los campesinos de la zona central de Chile, vivían aún en un régimen de servidumbre casi feudal, donde el hambre y la desnutrición castigaban a la niñez. Refiere con orgullo su permanencia hasta el final al lado de Salvador Allende, siempre fiel a esa memoria en términos de la larga duración histórica, nos dice “nos quitaron el partido, otros que dicen llamarse socialistas”, quienes por cierto prefieren hacer caso omiso de la memoria y el testimonio de aquellos combatientes, forjadores de esperanzas y utopías.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.
La avalancha de lugares comunes, de frases acartonadas repetidas hasta el cansancio, la repetición de verdades a medias, o de mentiras a lo sumo piadosas, el encierro dentro de las percepciones colectivas de nuestro entorno, propias de algunos grupos o clases sociales o de los “patriotismos” adscritos a los estados nacionales, las que nos impiden –por así decirlo- ver más allá de nuestra propia nariz, conforman un conglomerado de equívocos y sinrazones inconmensurables, las que han terminado por petrificar e imposibilitarnos la asunción del “recuerdo” de un acontecimiento histórico determinado, como algo que vaya más allá de los mitos o de las profecías autocumplidas o no, acerca de la imposibilidad de escapar a la fatalidad de un cierto destino “histórico” que nos acecha, sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer, llevándonos en muchos casos a sumirnos en las más inútiles y esterilizantes lamentaciones. Sucede así que el hecho histórico, en su especificidad, es por lo general asumido de manera fragmentaria, dentro de la óptica de un cierto presentismo y de una ubicuidad espacial a ultranza que nos impiden captar el sentido y la presencia de poderosas corrientes sociales, las que van mucho más allá del hecho en sí mismo, y que actúan como poderosos ríos subterráneos que amenazan con arrasar cualquier esperanza para una acción, de verdad revolucionaria en términos de la praxis y de la forja del conocimiento, a partir del cual aprendamos de verdad de las enseñanzas implícitas en los acontecimientos históricos, conduciéndonos a retomar los caminos de la acción y la rectificación de lo actuado en cierta coyuntura, recuperando la memoria de nuestros muertos y de nuestros combatientes, aún en medio de la desesperanza, destacando el sentido de esas luchas para que no terminen siendo cooptadas para los intereses de unas clases dominantes que no han cesado de vencer (Walter Benjamin, dixit, sexta tesis sobre la historia).
La conmemoración de los cincuenta años del triunfo electoral de la Unidad Popular Chilena (el 4 de septiembre de 1970) y de los trágicos acontecimientos, acaecidos tres años después, exteriorizados en un primer momento por la brutal naturaleza del golpe militar del 11 septiembre de 1973, con el que se puso fin al gobierno del presidente Salvador Allende (los mil días de la Unidad Popular Chilena) y se dio inicio a una era, no sólo de terror y de muerte masivas, sino también de una reingeniería social retrógrada con pérdida de las conquistas sociales y económicas, alcanzadas tras décadas de duras luchas de la clase trabajadora, no sólo en Chile, sino en el resto de los países de la región( Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador), debe ir acompañada de un cuidadoso análisis de lo que en efecto ocurrió. Sin dejar de destacar la importancia de los hechos del 11 de septiembre de 1973, ubicándolos en su contexto nacional y dentro de la especificidad de la historia chilena, no podemos dejar de insistir en que se trató apenas de una parte de un evento histórico de más larga duración, y con alcances geopolíticos que trascienden con mucho los hechos luctuosos, tanto de aquel día como de los terribles años que siguieron. El golpe militar en Chile, considerado desde una perspectiva más amplia, fue apenas una parte de una contrarrevolución global y regional que se tradujo en el Plan Cóndor y cuyos orígenes pueden llegar hasta los tiempos del golpe militar contra el general Juan Domingo Perón, en el mes de septiembre de 1955 o bien, al derrocamiento del presidente brasileño Joao Goulart, en abril de 1964, con los que se puso fin a la era de los odiados “populismos” peronista y varguista en los dos países más extensos de la América del Sur.
La falta de reflexión crítica y la ausencia de una construcción de conocimiento que permitan superar (dialécticamente) esos “agujeros negros” de nuestra historia contemporánea, en todos los países de la región, siguen siendo los factores que impiden a muchas gentes de la “izquierda” mirar en retrospectiva, e intentar acercarse a lo que efectivamente ocurrió hace medio siglo, mientras otra encrucijada histórica tan temible como aquella nos envuelve ahora, sin que hayamos sido capaces aún de sacar las lecciones de lo ocurrido entonces y la importancia de dimensionarlo en sus alcances. El pico más alto de la represión en aquellos tiempos del Plan Cóndor no fue el que tuvo lugar en Chile, a pesar de lo dura que fue allí la represión, más bien fue la dictadura militar argentina, de más corta duración es cierto (1976-1983), precedida por la criminal traición de la derecha peronista, la que marcó el exterminio de toda una generación de jóvenes revolucionarios e importantes líderes y militantes de las organizaciones de la clase trabajadora, con más de treinta mil detenidos desaparecidos, además de que la Argentina fue desindustrializada en beneficio del capital financiero y de los intereses imperialistas durante esos años, tal era el odio hacia la clase obrera que tenía la vieja oligarquía rural en el país situado al otro lado de la Cordillera de los Andes. Empecemos por la verdad y un dimensionamiento más aproximado de lo ocurrido para empezar a marchar de nuevo, tal vez a la manera de Sísifo pero esperanzados y poniéndole cara a la realidad.
(Imagen de Superintendencia del Medio Ambiente, Chile)
Puerto Montt, Chile – Cristina Bianchi
Las áreas protegidas por el Estado chileno en el sur del país, destinadas a la conservación, sufren la presión industrial de la actividad de las salmoneras.
Estas industrias, con sus enormes inversiones han generado riqueza e impulsado el desarrollo, creando fuentes de trabajo, innovando tecnológicamente y últimamente buscando establecer condiciones de paridad de género en su personal.
Así lo demuestra el Encuentro de Mujeres en Tecnología e Innovación, iniciativa organizada por el Centro de Emprendimiento e Innovación COWO y Duoc UC, junto al apoyo de Corfo y la Municipalidad de Puerto Montt, realizado con ocasión del 8 de marzo.
Sin embargo, las organizaciones sociales y medioambientales exigen mayor regulación y una ley que retire las concesiones acuícolas de las áreas protegidas.
«La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha enfatizado que, en áreas marinas protegidas, las actividades de impacto, como la salmonicultura, son incompatibles con los objetivos de conservación para los que se creó el área y no debieran existir en su interior”, dice Maximiliano Bello, asesor ejecutivo de Políticas Públicas del Océano de la organización Mission Blue.
«De alrededor de 1.500 concesiones salmoneras, 415 están otorgadas al interior de áreas protegidas, aunque no todas estén operativas”, señala Juan Carlos Viveros, de la organización Defendamos Chiloé.
Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón de Chile (Intesal), ente técnico de la asociación gremial Salmón Chile, que reúne al 60% de la producción nacional con diez productores de salmón y representa a más de 50 empresas proveedoras, indica que de las 400 concesiones ubicadas en reservas, la mayoría están en el área de la Reserva para el Ciprés de las Guaitecas, región de Aysén.
En su opinión, «el objeto de conservación no presenta incompatibilidades con la salmonicultura. Esta reserva fue creada en la década de 1940, cuando quedó de manera ambigua la regulación del área marítima”. Ramírez señala que la superposición entre áreas protegidas y de acuicultura se dio porque estas últimas se establecieron en los años ´80, cuando no existían parques nacionales ni reservas marinas en zonas con concesiones acuícolas. Al declarar las reservas, «no incorporaban cuerpos de agua o su objeto de protección no presentaba incompatibilidad alguna”, observa el representante de Intesal.
Se trata de una polémica en curso, que está teniendo repercusiones. Las medidas reguladoras buscan favorecer la protección del medio ambiente, pero también intentan proteger el entusiasmo de las empresas inversoras. Compatibilizar desarrollo con preservación ambiental, el impulso de las empresas por invertir y crear fuentes de trabajo, la necesaria protección y conservación de los recursos pesqueros y marinos, son todos temas que capturan la atención ya que según cómo se resuelvan irán perfilando el futuro del sector.
Cuando una empresa salmonera supera la producción llegando a más de 3.000 toneladas de salmones en el ciclo productivo, como ha sucedido entre el 22 de enero de 2018 y el 22 de diciembre de 2019 con la empresa Australis Mar, asociada al Centro de Engorda de Salmónidos (CES) “Estero Retroceso”, ubicado al Oeste de Isla Riesco -al interior de la Reserva Nacional Kawésqar-, comuna de Río Verde, Región de Magallanes, la Superintendencia del Medio Ambiente inicia un proceso sancionatorio.
El caso mencionado es el sexto que la SMA abre en contra de esta compañía y el cuarto relativo a sobreproducción. “En estos casos, la SMA recibe denuncias de Sernapesca, que es un organismo clave de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental para la supervisión de la industria acuícola. En su informe, el organismo analiza la información contenida en distintas fuentes, incluyendo reportes de las propias empresas, así como también de las plantas de procesamiento donde es recepcionada la materia prima”, explica el jefe Regional de la SMA en Magallanes, Andy Morrison.
La sobreproducción de salmones es de las infracciones más preocupantes, por los efectos ambientales que causan. Es responsabilidad de las empresas tener un total control de su ciclo productivo.
Si bien los procesos sancionatorios toman largo tiempo, merecen atención puesto que estas empresas salmoneras son también las que generan mayores fuentes laborales en la zona y que se enorgullecen de llevar adelante – y de modo vanguardista – la implementación de la Norma Chilena 3262 que las convierte en las primeras empresas de la industria en gestionar la implementación de un sistema de gestión para la paridad de género.
Australis, perteneciente al grupo chino Joyvio, se ubica entre las tres empresas pesqueras más grandes del país y forma parte del Consejo del Salmón de Chile (CDS), gremio que nació en 2020 formado por las empresas AquaChile, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén.
«En relación a la notificación de la SMA sobre supuestas faltas en el centro de cultivo de Punta Lobos, ubicado en la región de Magallanes, relacionadas con un ciclo productivo iniciado en 2017, la compañía se encuentra revisando los antecedentes que la autoridad ha proporcionado a la fecha con el fin de colaborar y entregar toda la información que sea necesaria, construyendo así una correcta y oportuna propuesta de programa de cumplimiento en caso de confirmarse las desviaciones observadas», señaló la empresa Australis en un comunicado enviado a SeafoodSource.
Según la actual normativa chilena sobre salmonicultura, las empresas que se enfrentan a sanciones pueden aceptar adherirse a un programa de mejora, que debe incluir medidas destinadas a promover el cumplimiento satisfactorio de toda la normativa medioambiental. Si las autoridades chilenas aprueban la propuesta y la empresa se adhiere al plan durante un periodo de tiempo determinado, se puede renunciar a la sanción administrativa.
Las infracciones atribuidas a Australis en el centro Punta Lobos son calificadas por la SMA como graves, lo que significa que la empresa se enfrenta a una sanción que podría incluir la revocación del permiso ambiental de la granja, el cierre inmediato de ella y una multa de hasta el equivalente a 3,9 millones de dólares.
Sin embargo, al día de hoy, el procedimiento correspondiente al Expediente: D-104-2022 se encuentra todavía en estudio.
La SMA contabiliza otros cinco procesos sancionatorios contra la salmonera Australis Mar: uno por una piscicultura en la Región del Biobío, dos por centros de cultivo en la Región de Aysén (CES Salas 5 y CES Costa) y dos en la Región de Magallanes (CES Córdova 3 y CES Morgan). En el caso de estos dos últimos los hechos infraccionales también se relacionan con sobreproducción y ambos se ubican dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, mientras que en el caso de CES Costa de Aysén también se incluye sobreproducción, totalizando con el procedimiento actual, cuatro casos donde se incluye esta infracción.
El pasado viernes 05 de agosto del 2022, en el programa Alternativas, se desarrolló el tema: “Realidad Contemporánea Chile (Parte II)”, con el fin de analizar la nueva Constitución Política Chilena, elaborada por su pueblo y que se someterá a votación por plebiscito el domingo 04 de setiembre de 2022.
Como panelistas participaron: Marcos Corona, Marcelo Valenzuela, Daniela Aceituno y Osvaldo Antilef.
Este espacio les permitió a las personas invitadas, exponer sobre el contexto nacional en el que surge este nuevo proceso constituyente, donde la población chilena se ve sujeta a una escalada en la violencia y los ataques a los derechos humanos.
Enfatizan en la pluralidad de personas que integran la Asamblea Constituyente, encargada de redactar y analizar la propuesta de Constitución que se votará, señalando que cuenta con una amplia presencia de personas líderes comunales, territoriales e indígenas; además, citan con amplio orgullo que Chile será el primer país que cuente con una Ley Fundamental basada en los principios de paridad de género.
Abordan los cuestionamientos y retos que han surgido por parte de los distintos sectores de la sociedad en medio de las discusiones por la nueva Constitución y el balance que se debe hacer entre las distintas posiciones ideológicas, políticas, económicas y culturales que están siendo representadas en la Asamblea Constituyente.
A modo de conclusión, es posible identificar que este hito histórico en Chile, tiene una connotación reivindicativa hacia las distintas poblaciones que fueron violentadas, ultrajadas y excluidas de la sociedad durante mucho tiempo, como lo son los pueblos indígenas. Se cita constantemente en el programa que esta es una iniciativa que se gestiona por medio de la participación popular, la solidaridad, la libertad y en democracia, lo que es motivo de celebración y ejemplo para el resto de América Latina.
La Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Colectivo Chileniticxs invitan a participar del Foro: “Chile: Del estallido social a una nueva Constitución. Una visión desde Costa Rica”, a realizarse el próximo lunes 22 de agosto a las 6:00 p.m., en el Salón Multiuso de Estudios Generales de la UCR.
Como personas invitadas, se contará con la participación de:
Dr. Carlos Cascante Segura, profesor de Relaciones Internacionales de la UCR y la Universidad Nacional de Costa Rica.
M.Sc. Yerma Campos Calvo, ex magistrada suplente de la Sala Constitucional y jueza de la República.
M.Sc. Alfonso Chacón Mata, docente de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Dirección de Empresas de la UCR.
Se extiende la invitación para este viernes 5 de agosto de 2022, al programa Alternativas, con el tema: “Chile Realidad Contemporánea Parte II”.
Esta segunda parte se dedicará a analizar la nueva Constitución Política chilena, elaborada por su pueblo y que se someterá a plebiscito el domingo 04/09/22.
Se contará con la participación de las personas panelistas Marcos Corona, Marcelo Valenzuela, Daniela Aceituno y Osvaldo Antilef.
Pueden sintonizar a partir de las 6:00 p.m. por Facebook Live Alternativas, la transmisión radial de Radio 16 Oficial (1590 AM) o mediante el siguiente enlace de YouTube: HTTPS://N9.CL/ALTERNATIVAS
Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Después de Antigua y Barbuda, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Santa Lucía (en el 2020), Argentina y México (2021), Chile es oficialmente el Estado Parte número 13
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú. Desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por el Poder Ejecutivo de Chile.
La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, plantea ahora algunas interrogantes: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión enardecida en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe (y cuyo texto se encuentra disponible en este enlace).
Con relación a Costa Rica, esta adhesión de Chile la coloca en una situación aún más aislada e incómoda, confirmándose de paso la pronunciada soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina, tal y como lo veremos en las líneas que siguen.
Un detalle de números que merece mención
Resulta oportuno precisar los números obtenidos en las votaciones que se realizaron en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú:
– El 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones;
– El 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.
Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Y que cuando un Poder Ejecutivo se toma el tiempo de explicar los alcances de este tratado, no hay «argumentos» en su contra que se logren sostener.
A su vez, estas cifras alcanzadas en ambas cámaras chilenas recuerdan que, en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado); que, en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial); y que, en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).
Como se ha indicado anteriormente, a partir del 13 de junio del 2022, gracias a Chile, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13 (de 33 Estados que pueden serlo). Cabe recordar que, de estos 33 Estados, 24 lo han firmado mientras que 9 no lo han hecho. De los 24 que ya lo han firmado, permanecen 11 Estados sin aprobación legislativa del Acuerdo de Escazú.
Una anhelada rectificación por parte de Chile
La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) la necesidad de aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte: sobre este último llamado hecho desde una entidad cercana al Vaticano, resulta de interés observar que no todas las cúpulas de la Iglesia Católica le dieron eco en algunos Estados de América Latina, y que varias agrupaciones políticas en América Latina que se reclaman de la Doctrina Social de la Iglesia hicieron caso omiso de esta excitativa.
Escazú: un instrumento de vanguardia
Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1).
Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus (Nota 2). Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa.
Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.
En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas, así como público en general interesado.
En estos primeros días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.
Sean o no Estados Partes al Acuerdo de Escazú, la implementación del Artículo 9 que versa sobre la protección a los defensores del ambiente debería interesar de manera urgente a muchos Estados en los que, semana tras semana, son asesinadas personas que alzan la voz en defensa de su comunidad; y otros Estados en los que lideres de pequeñas comunidades urbanas, campesinas y/o indígenas (muchas veces mujeres) sufren distintas formas de presión y de intimidación cuando reclaman por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas
Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 3).
Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción ( véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas.
El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia). Unas semanas antes, el titular de la cartera de Agricultura de Chile externó criterios (véase comunicado oficial) sobre el Acuerdo de Escazú que debería inspirar a algunos de sus homólogos en América Latina a cambiar de parecer, al sostener que:
«los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde«.
No cabe duda que el Acuerdo de Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo implementar y materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 (que tuvimos la oportunidad de analizar), la segunda se realizará también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.
En América Latina se considera que, a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.
Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú. Se trata de un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:
«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.
En estos primeros días de julio se ha informado de campañas de información en Honduras sobre el Acuerdo de Escazú (véase nota de La Tribuna de Honduras) que deberían de poderse replicar en otras latitudes. Cabe precisar que Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.
El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y Constance Nalegach, exnegociadora del Acuerdo de Escazú, durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).
Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda
No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Se observa a Costa Rica en semejante lista de ¿Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.
En el caso de Costa Rica, la ejemplar adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022.
Lamentablemente, iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo) altamente preocupantes, que limitarían sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase, por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022).
Un reciente artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado «Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves» da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales.
Casi al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) evidencia la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar una participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014). No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el pasado 15 de julio (véase nota del Semanario Universidad) que viene a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.
Manifestación contra el Ministerio de Salud (con la presencia de la ministra de Salud María Luisa Ávila), el 21 de agosto del 2008, por el intento (algo original) de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exportación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron de un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica.
Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»). La foto pertenece a los archivos del autor.
Recientemente el Acuerdo de Escazú fue usado en Argentina por un juez para obligar a un municipio a entregar información sobre la calidad del agua suministrada (véase nota de El Eco de Tandil).
Costa Rica y Escazú: de silencios y preguntas sin responder y de algunas otras extrañezas
Como lo recordamos, durante la última semana de junio en un foro internacional sobre Derechos Humanos celebrado en San José (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos, véase el video con nuestra intervención a partir del 1:59:00), el eje de la participación ciudadana informada en materia ambiental constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus para Europa (1998). Si todos somos titulares de derechos, estos deben poder ejercerse. Permitir una participación informada permite en gran medida desjudicializar. No permitir que las pequeñas comunidades puedan participar en asuntos ambientales irremediablemente lleva a una pronunciada judicialización, tal y como la que se observa en Costa Rica y en muchas partes de América Latina.
En esta misma ponencia reiteramos también, con relación a Costa Rica, lo que tuvimos la oportunidad de externar en la emisión de abril pasado del Programa de Canal15 UCR, «Lo que importa«, dirigido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla y lo que recientemente tuvimos la oportunidad de destacar con dos colegas desde Chile (véase video de emisión auspiciada por Diario Financiero-Live de Chile realizada el 21 de julio del 2022).
Los costarricenses (pero también los colombianos, los guatemaltecos, los paraguayos y los peruanos) ya han podido por sí solos apreciar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrir si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con esta adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.
Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales costarricenses en el medio digital de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.
Ya nuestro colega Mario Peña Chacón ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales para oponerse al Acuerdo de Escazú; así como por una magistrada de la Sala Constitucional, quien redactó una «nota» en marzo del 2020 adjunta a una decisión de la Sala Constitucional, en la que se lee que:
«Es indiscutible que en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso. Podría alegarse que la norma se puede interpretar para excluir la materia penal utilizando la frase «cuando corresponda» citada en la norma, no obstante, estimo que no puede dejarse a criterio del operador jurídico, vía interpretación, un aspecto tan delicado, que -por sus efectos-, no puede quedar al arbitrio interpretativo, de tal forma que estimo debió excluirse expresamente la materia penal de la posible inversión de la carga de la prueba» (Nota 4).
Para tranquilidad de muchos colegas, y pese al criterio externado en su extraña «nota» por la precitada magistrada, en ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal; como tampoco se ha observado desde 1998, año en que el ordenamiento jurídico costarricense consagró este principio propio del derecho ambiental, algún debilitamiento de la presunción de inocencia en materia penal. A modo de confidencia entre un autor y el lector, es con un sentimiento de profunda pena que su pluma redactó estas dos últimas frases (y desde ya se agradece la cómplice comprensión de nuestros fieles lectores).
Con relación a otros supuestos “argumentos” contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de DobleCheckasí lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú».
El mismo jurista Mario Peña Chacón había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase, por ejemplo, la carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente (véanse, por ejemplo, en Perú, este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros —y este otro documento suscrito esta vez por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana—, o bien, este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase el texto completo).
Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de EcoTurismo y Turismo Sostenible (Canaeco) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la Canatur (véase comunicado). La cámara nacional de la industria turística costarricense, que basa gran parte de su quehacer en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¡adversa el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente! Vaya tristeza, desconsuelo y profunda consternación para muchos.
Igualmente, puede resultar desconcertante el hecho de que este comunicado de prensa oficial de la CEPAL del 8 de marzo del 2022 no encontrara eco alguno en los medios de prensa costarricenses. El desconcierto y la consternación deben ser mayores al observarse que esta importante cita con todos los Estados que integran a la CEPAL tuvo lugar en la capital costarricense. El asombro debe llegar a límites jamás sospechados al ver que un comunicado de prensa oficial de la Cancillería costarricense sobre esta misma reunión no encontró eco en ningún medio de prensa en Costa Rica (Nota 5).
La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina
Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento», único en todo el continente americano, al momento de redactar estas líneas, realizado por su Poder Judicial.
En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento de abril del 2022), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.
El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y vaya notable esfuerzo de creatividad. Una interpretación realmente novedosa pero totalmente errada, y detectada por tan solo un magistrado constitucional, de los siete que integran a la Sala Constitucional (Nota 6).
En realidad, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito, sino que, confirmado por la Sala Constitucional, se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva del mismo juez constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental, muy pocamente divulgada y cuestionada (Nota 7).
Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad —en nuestra opinión bastante insólita— del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Algunos aportes realizados desde la UCR
A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, son realmente escasos los documentales/videos realizados en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú por parte de especialistas en comunicación colectiva y producción audiovisual.
De las pocas producciones audiovisuales existentes, podemos referir a dos documentales provenientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaborados desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en agosto del 2021, titulado el primero «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«, el cual retrata, de manera bastante completa, la posición de las cámaras empresariales costarricenses y de algunas de sus fichas políticas (véase video).
Este primer video fue completado por otro sobre la precaria situación en la que viven los defensores del ambiente costarricenses, titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales«, que también se recomienda (véase video).
Entre otros, este documental incluye una entrevista al líder indígena Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en Costa Rica, y otra a una valiente lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en su cantón (Guácimo).
Por razones que desconocemos, ambos videos no han sido difundidos en las redes oficiales de la VAS de la UCR, como tampoco en las de la Rectoría (pese a incluir ambos documentales una entrevista al actual rector de la UCR), ni en las redes institucionales de la UCR. Esperamos que, al haberlos incluido en este mismo texto, se pueda paliar esta inexplicada omisión.
Desde ya hacemos un llamado a especialistas en comunicación colectiva y en producción audiovisual de Costa Rica a inspirarse en las producciones realizadas en Chile, Colombia o Perú sobre la importancia del Acuerdo de Escazú en aras de dar a conocer su verdadero alcance a la opinión pública. Este video realizado por el equipo de comunicadores de La Pulla (Colombia), titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas», da una idea de lo que puede producir un equipo talentoso.
Una emisión radial de mayo del 2021 realizada desde Radio UCR titulada «Costa Rica sin el Acuerdo de Escazú: el doble rasero en la narrativa de Derechos Humanos» conducida por las juristas Gisele Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón (véase video) también merece mención, entras varias valiosas emisiones sobre el tema auspiciadas (todas) desde los medios de prensa de la UCR.
Con relación a otros medios de prensa, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a la emisión Café para Tres realizada en abril del 2021 desde el medio digital Delfino.cr (véase video). Se trató de un primer intento de debatir públicamente los «argumentos» de la UCCAEP.
A modo de conclusión
Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya algunas interrogantes:
– ¿Estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar?
– Al haber coliderado Chile y Costa Rica el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica?
– ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione?
– Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica (y que el Acuerdo de Escazú ofrece a todo Estado que lo aprueba)?
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una entrevista a ambos en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.
Notas
Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental», Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).
Nota 2: Salvo Liechtenstein y Mónaco, todos los Estados de la región europea lo han ratificado sin mayor problema, siendo Irlanda el último en hacerlo en el 2012 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). El mecanismo convencional de seguimiento sobre la implementación de la Convención de Aarhus, el denominado «Comité de Cumplimiento» (véase sitio oficial) ha cobrado particular interés de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú y ha inspirado parte de las mismas disposiciones del Acuerdo de Escazú. ¿Proyectos de inversión en Europa paralizados a raíz de la adopción de la Convención de Aarhus? ¿Suspensión de grandes proyectos de infraestructura? ¿Salida masiva de inversión extranjera en Europa a partir de la entrada en vigencia de Aarhus? Otras preguntas muy válidas a externarles a los detractores al Acuerdo de Escazú en América Latina y sus pretendidos «argumentos» en contra de un tratado regional cuyos objetivos coinciden exactamente con los de la Convención de Aarhus para Europa.
Nota 3: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar que debería inspirar a otras cancillerías). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía y coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Nota 4: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la segunda «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú: véase texto completo y las dos «notas». Con relación al contenido de la «nota» de la precitada magistrada, en un artículo publicado en Ojo al clima en abril del 2021 (véase artículo), la ex negociadora del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero, detectó una coincidencia que, en nuestra modesta opinión, ameritaría una explicación: «Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto«, añadió Madrigal.»
Nota 5: Este comunicado lo reproducimos en una nota anterior (véase texto en la Nota 3) en BOEGLIN N., «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la celebración del Día Internacional del Ambiente», Portal UCR, Sección Voz Experta, edición del 7 de junio del 2022, disponible aquí.
Nota 6: Es de notar que en su voto salvado que se adjunta a esta decisión (véase texto completo ) de la Sala Constitucional de marzo del 2020, el Magistrado Paul Rueda fue el único en señalar la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«. Este voto salvado es de marzo del 2020: a junio del 2022, el hecho que ningún otro Poder Judicial en América Latina haya llegado a semejante «descubrimiento» refuerza la justeza del criterio externado de forma solitaria por el Magistrado Paul Rueda.
Nota 7: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y solamente ella) como un derecho humano. Ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida». Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
Se extiende la invitación para este 29 de julio de 2022, al programa Alternativas, con el tema: “Chile Realidad Contemporánea”.
Se contará con la participación de los panelistas Marcos Corona, Pastor Evangélico y Master en Educación Teológica; Marcelo Valenzuela, Pastor Evangélico y profesor de Lenguaje y Comunicación; Daniela Aceituno, trabajadora social y Osvaldo Antilef, abogado Magister con experiencia en pueblos indígenas.
Puede sintonizar el programa a partir de las 6:00 p.m. en Alternativas Radio 16 a través de Facebook o mediante el siguiente enlace de YouTube: https://n9.cl/alternativas
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