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Etiqueta: ciencia política

Poder formal y poder real: cuando el liderazgo personal quiere imponerse sobre las instituciones democráticas

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Las constituciones distribuyen el poder; la política, muchas veces, procura concentrarlo.

Introducción

Una de las distinciones más importantes de la ciencia política contemporánea es la que separa el poder formal, entendido como aquel que la Constitución y las leyes asignan a los cargos del Estado, del poder real, que corresponde a la capacidad efectiva de quienes ejercen el poder de influir en las decisiones políticas más allá de la posición institucional que se ocupe. Esta diferencia, ampliamente desarrollada en la teoría del Estado moderno, permite comprender una tesis central de este artículo: cuando ambas dimensiones del poder comienzan a separarse de forma sostenida, la democracia deja de estar plenamente gobernada por sus instituciones y pasa a depender crecientemente de liderazgos personales o estructuras informales de autoridad.

En democracias estables, poder formal y poder real tienden a coincidir. Sin embargo, cuando esa correspondencia se debilita, emerge uno de los fenómenos más relevantes —y más delicados— de la ciencia política contemporánea: la consolidación de centros de decisión que operan fuera del marco institucional, pero que condicionan o incluso desplazan la autoridad constitucional.

La autoridad carismática y la personalización del poder

Max Weber, en su tipología clásica de la dominación, identificó la autoridad carismática como aquella basada en la devoción hacia las cualidades excepcionales de un líder. Este tipo de legitimidad, aunque puede ser transformador en contextos de crisis, tiende a debilitar la institucionalidad cuando no se racionaliza dentro de estructuras legales permanentes.

Weber advirtió que la estabilidad de la democracia moderna depende de la transformación del carisma en autoridad legal-racional, es decir, en instituciones impersonales. Cuando ocurre lo contrario —cuando las instituciones se subordinan al liderazgo personal— se produce un proceso de personalización del poder que erosiona el Estado de derecho.

Este fenómeno no implica necesariamente la ruptura formal del orden constitucional, sino su progresiva subordinación a la voluntad de un actor político central.

Presidencialismo y límites constitucionales

Juan J. Linz, el influyente politólogo alemán del siglo XX, en su connotado análisis sobre los sistemas presidenciales, advirtió que estos pueden generar tensiones estructurales cuando el presidente interpreta su mandato como una autorización ilimitada derivada del voto popular.

Para Linz, uno de los riesgos centrales del presidencialismo es la tendencia a la identificación entre el líder y la nación, lo que puede llevar a considerar los controles institucionales como obstáculos y no como garantías democráticas.

En este contexto, la prohibición de la reelección inmediata no es una sanción política, sino un mecanismo de protección institucional. Su objetivo es evitar la concentración prolongada del poder y asegurar la alternancia como principio estructural de la democracia.

El caso costarricense: continuidad política y poder informal

Durante los últimos meses de su mandato, el entonces presidente Rodrigo Chaves expresó públicamente su interés en mantener un rol activo en la vida política nacional más allá del término constitucional de su gobierno.

En ese contexto se discutieron diversas alternativas políticas:

  • Una eventual renuncia anticipada para habilitar una nueva candidatura presidencial
  • La posibilidad de integrar una fórmula electoral como vicepresidente
  • Y posteriormente su incorporación al gabinete del nuevo gobierno como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.

Desde el punto de vista jurídico, cada una de estas opciones puede ser analizada de forma independiente. Sin embargo, desde la perspectiva de la ciencia política, lo relevante es el patrón que revelan: la búsqueda de mecanismos de continuidad del liderazgo político más allá del ejercicio formal de la Presidencia.

Es aquí donde adquiere relevancia la distinción entre poder formal y poder real.

Mientras el poder formal reside en la nueva administración electa, diversos analistas han planteado la posibilidad de que el poder real —entendido como capacidad de influencia política efectiva— continúe concentrándose en el liderazgo del expresidente.

Democracia delegativa y debilitamiento institucional

Guillermo O’Donnell, uno de los más destacados politólogos del siglo XX en América Latina, desarrolló el concepto de democracia delegativa para describir sistemas en los que los presidentes electos interpretan su mandato como una delegación casi ilimitada de poder por parte del electorado; para O’Donnell, en estos casos, aún presidentes elegidos legítimamente, gobiernan con escasos controles institucionales.

En estos contextos, las instituciones de control —legislativas, judiciales o administrativas— tienden a ser percibidas como obstáculos a la voluntad popular encarnada en el Ejecutivo.

El resultado no es necesariamente la desaparición de la democracia, sino su transformación en un sistema donde el liderazgo personal adquiere un peso desproporcionado frente a las instituciones. Recordemos el episodio cuando Chaves aún presidente, llamó a Laura Fernández, ya presidenta electa a que asumiera como ministra de la presidencia en los últimos días de la anterior administración. Fue imposible para los analistas políticos, no asociar aquel evento con la idea de que Chaves intentaba continuar superponiendo su autoridad personal por encima de la de Laura Fernández inclusive en el actual gobierno. Fue un anuncio de quién ejercería el poder real por encima del mandato constitucional.

El Ministerio de la Presidencia y la concentración del poder político

El Ministerio de la Presidencia cumple una función clave en los sistemas presidenciales: articular la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, facilitando la gobernabilidad mediante la negociación política.

En el caso analizado, la percepción pública ha sido que esta cartera ha adquirido un protagonismo político inusual, asociado no solo a la coordinación institucional, sino también a la conducción estratégica del gobierno. No obstante que, Chaves ha dado muestras de no querer inmiscuirse en el quehacer cotidiano de las principales obligaciones que el cargo ministerial le impone, tal es el caso de la obligación de ejercer el mando ministerial para coordinar con las fracciones opositoras en la Asamblea Legislativa. Es notoria la delegación que Chaves ha hecho de esta crucial responsabilidad en favor del viceministro del cargo. Este hecho y otros, ha llevado a muchos analistas y sectores opositores, a preguntarse ¿para qué realmente quería el cargo Rodrigo Chaves?

Queda flotando en el ambiente la suspicacia de que para Chaves y sus adláteres políticos, lo más relevante es que pretende usar su investidura, revestida de inmunidad, para evitar que se le juzgue de los cargos que la fiscalía ha presentado contra él, algunos de los cuales comportan, si fuese juzgado y declarado culpable, la comisión de mayúsculos delitos penales.

Este fenómeno ha sido interpretado por diversos analistas como un indicio de desplazamiento del centro de decisión política hacia figuras que no necesariamente coinciden con la titularidad formal de la Presidencia.

Legalidad, legitimidad y poder detrás del trono

Carl J. Friedrich, versado constitucionalista y de política comparada, alemán también del siglo XX, distinguió entre legalidad y legitimidad, señalando que un sistema político puede ser legal sin ser plenamente legítimo si pierde la confianza ciudadana en la distribución efectiva del poder. Fueron notables sus estudios en defensa de la democracia constitucional, como garantía frente a la concentración del poder. Véase al efecto, su obra: “Constitutional Government and Democracy” de 1937, un clásico precisamente sobre el tema del gobierno constitucional y la democracia. Friederich sostuvo al respecto en forma lúcida la defensa de la democracia como garantía frente a la concentración del poder y, dijo también que, una constitución solo puede preservar la libertad si existen instituciones capaces de limitar el poder y una cultura política comprometida con el Estado de derecho.

Por su parte, el filósofo del derecho de origen italiano, recientemente fallecido, Norberto Bobbio advirtió sobre la existencia nociva para las democracias de formas de poder que operan “detrás del trono”, es decir, estructuras informales que influyen decisivamente en la toma de decisiones sin ocupar posiciones visibles de autoridad. Muy pertinente en el actual momento que vive Costa Rica, resaltar lo dicho por Bobbio, parafraseo, la democracia no se define únicamente por la voluntad de la mayoría, sino por el respeto a las reglas, la división de poderes, la protección de las minorías y la garantía de los derechos fundamentales. De ahí se deriva que el verdadero desafío de las democracias modernas no es solo conquistar el poder, sino ejercerlo dentro de límites jurídicos e institucionales que impidan su concentración y arbitrariedad. Considero esta manera de razonar como una explicación rigurosa que nos permite entender la diferencia entre poder formal y real y, por consiguiente, comprender también la importancia de preservar las instituciones democráticas frente a las tendencias personalistas y autoritarias. Cualquier parecido de este pensamiento con nuestra realidad no creo que sea mera coincidencia.

En este marco, la pregunta relevante no es únicamente quién ocupa los cargos, sino quién ejerce efectivamente la capacidad de decisión política.

Democracias que se erosionan sin colapsar

En este repaso de pensadores del siglo XX y XXI, solo nos resta traer a colación, por un lado, a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos politólogos contemporáneos, ambos estadounidenses, quienes han demostrado que las democracias contemporáneas rara vez colapsan de forma abrupta. Su deterioro suele ser gradual, mediante la erosión progresiva de los contrapesos institucionales. Célebres por la obra: “¿Cómo mueren las democracias?”, escrito en 2018. Una obra, crucial para ilustrarnos acerca de los desafíos de las democracias justamente contra el populismo, el autoritarismo y la concentración del poder político.

Las instituciones continúan existiendo formalmente, pero pierden capacidad real de limitar el poder ejecutivo. Este proceso no requiere la abolición de la Constitución, sino su vaciamiento progresivo en la práctica política. He aquí una advertencia oportuna por lo que a nuestro sistema político compete.

Poliarquía y calidad democrática

Por otra parte, acudo a Robert A. Dahl, estadounidense también, muy influyente en el siglo XX; definió la democracia moderna como una poliarquía, es decir, un sistema caracterizado no solo por elecciones libres, sino también por la existencia de múltiples centros de poder, competencia política efectiva y controles institucionales reales.

Desde esta perspectiva, la democracia no se mide únicamente por la celebración de elecciones, sino por la dispersión efectiva del poder.

Cuando el poder se concentra en un solo liderazgo —formal o informal— la calidad democrática se debilita, incluso si las instituciones formales permanecen intactas. Sus ideas devienen complementarias de las de los demás autores aquí citados.

Conclusión: instituciones o liderazgo

La experiencia comparada de la ciencia política sugiere una advertencia constante: las democracias no se erosionan únicamente cuando se violan las leyes, sino también cuando se reinterpretan de manera sistemática para concentrar el poder.

La distinción entre poder formal y poder real no es un ejercicio académico abstracto. Es una herramienta esencial para comprender cómo funcionan realmente los sistemas políticos.

Cuando ambas dimensiones se separan de forma persistente, la democracia deja de ser un gobierno de instituciones y comienza a transformarse en un gobierno de personas.

Y en ese tránsito —a menudo silencioso— reside uno de los mayores desafíos del constitucionalismo contemporáneo.

El institucionalismo y el neoinstitucionalismo en la ciencia política

Alberto Salom Echeverría

Introducción

La ciencia política estudia los fenómenos del poder y del Estado en la sociedad humana; específicamente en el campo del comportamiento de los grupos sociales agremiados por sus intereses socio económicos o guiados por los planteamientos ideológicos de minorías, que lideran partidos políticos como herramientas de lucha y disputa del poder político. Además, la politología estudia la división de poderes en el Estado moderno, sus interrelaciones y controles entre los unos y los otros.

No obstante, la ciencia política principalmente a partir del siglo XIX se comienza a ramificar todavía más en especialidades, para poder aprehender y comprender todo el complejo entramado institucional de las sociedades modernas. Así se desarrolla la especialidad que estudia la conformación, el comportamiento y desarrollo de los partidos políticos, tanto en el ejercicio del poder como en la oposición, con o sin representación en el parlamento y, después especialmente en la segunda mitad del siglo XX, se focaliza en el conocimiento de la burocracia, así como del auge y desarrollo de los poderes locales. Los estudios de la descentralización institucional se convirtieron en una rica fuente que proveyó a la ciencia política de un gran conocimiento del mundo local a partir de las tres últimas décadas del siglo XX y en la actual centuria.

Otra especialidad consiste en el estudio del pensamiento y las ideologías filosófico-políticas (filosofía e historia políticas); por otra parte, sobre todo con el desarrollo del capitalismo surge el estudio de la interrelación entre la economía y la política, cuyas conexiones escudriña e investiga la economía política. Asimismo, la modernidad indujo desde la segunda mitad del siglo XIX, una cada vez mayor complejidad en el desarrollo de las sociedades, desde el punto de vista institucional. Tal complejidad del desarrollo estimuló el auge de las teorías sobre el Estado, así como de las teorías politológicas sobre el institucionalismo y el neoinstitucionalismo. A la profundización de estas últimas especialidades de la politología, dedicaremos este ensayo.

El Institucionalismo en la Ciencia Política

El origen de los estudios sobre las instituciones se encuentra en la obra del teórico estadounidense Thorstein Veblen. Este sociólogo y economista fue, como dice una académica economista, junto a John R. Commons, fundador del “Institucionalismo” en Los Estados Unidos y sentó las bases de esta corriente de pensamiento. Un poco después se convirtió en toda una escuela dentro de las ciencias sociales. Otros pregoneros y estudiosos del “Institucionalismo” son junto a Veblen: Wesley Mitchell, John R. Commons, Clarence E. Ayres, Oliver E. Williamson y Douglas C. North. Aunque algunos hablan de la influencia de Karl Marx en su pensamiento, Veblen fue más bien crítico de la teoría marxista. Es cierto no obstante que, igual que K. Marx, se enfrentó radicalmente a la teoría clásica en economía la que, le dio primacía al mercado en la sociedad. (Cfr. Clea Beatriz Macagnan “Teoría Institucional: Escrito Teórico sobre los Protagonistas de la Escuela Institucional de Economía” Universidade do Vale do Río dos Sinos, Brasil. Revista base (Administracao e Contabilidade) da UNISINOS, VOL. 10, Num 2, pp. 130-141, 2013 cleabeatrizm@gmail.com)

También fue crítico de la teoría de la racionalidad ilimitada de los actores, proveniente de la economía clásica según la cual, todos los agentes individuales y colectivos en una sociedad, actúan con independencia total respecto del entramado de las instituciones y a la vez son poseedores de una libertad completa en sus decisiones, o sea en forma “ilimitada”, sobre todo en calidad de consumidores. Para Veblen, por el contrario, tanto las organizaciones sociales como los decisores actúan de un modo racional limitado que, por tanto está sujeto y condicionado por del mercado y las normas de las instituciones dentro de las cuales se desenvuelven.

La relevancia de su aporte ‘institucionalista’ a las ciencias sociales radica en resaltar el papel fundamental que tienen las instituciones (formales e informales) dentro de la sociedad para moldear el comportamiento de los seres humanos. Las instituciones, es decir “los hábitos mentales” -dice Veblen- nos moldean de acuerdo con propósitos, normas (escritas o no) y leyes, conforme a las cuales las instituciones son creadas. Es claro que estas normas no son rígidas, no se establecen de una vez y para siempre, pueden cambiar con el tiempo; sin embargo, entre más duraderas son, más contribuyen a contornear (moldear) la conducta de la ciudadanía y los habitantes de una nación o de un territorio. En realidad, las instituciones contribuyen a imprimir determinados rasgos en la conciencia de la ciudadanía; más allá de ello, también hacen que personas inmigrantes se vean influidas y hasta queden marcadas por esos rasgos provenientes de las normas, generando pautas socioculturales comunes que, sin embargo, no opacan las individualidades de las organizaciones, ni de las personas que conviven en un territorio o en una sociedad. El teórico también escribe sobre la confrontación que se da entre instituciones antiguas y modernas, lo que genera una tensión constante en las sociedades.

Asimismo, Veblen nos habla de una dicotomía que él denominó el dueto “ceremonial-instrumental”. Lo ceremonial forma parte de la historia mítica o real, de las tradiciones normativas y culturales que, para el teórico se oponen a lo instrumental, como son las herramientas tecnológicas que inducen cambios mucho más frecuentes en los individuos. Así, lo ceremonial está vinculado al pasado, inclusive a un pasado remoto y por eso los cambios sociales demoran en producirse; en tanto la otra parte de la dicotomía, lo instrumental es exitosa en tanto se adapte al ‘imperativo tecnológico’. La sociedad y las instituciones más antiguas presentan para Veblen una resistencia al cambio, a fin de preservar su identidad. En cambio, las instituciones más nuevas y los instrumentos (‘vertiente instrumental tecnológica’) en manos de los seres humanos abren espacio a la innovación que, por lo consiguiente empuja el desarrollo de la investigación científica y del cambio social. Para Veblen, las sociedades progresan en medio de esta tensión e interrelación dicotómica entre el pasado ceremonial y normativo y un presente expuesto constantemente a la innovación y al cambio, lo que procrea las nuevas instituciones.

Los institucionalistas estudian los regímenes de gobierno en las sociedades mediante varias formas regidas por cinco diferentes modalidades: por medio de la historia; mediante el conocimiento de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales; también se adentran en el estudio y conocimiento de las normas, también de la legislación existente; otra modalidad son los estudios holísticos o integrales, a través de los cuales se estudia la realidad en su conjunto y en sus interacciones, en lugar de investigar por separado cada una de sus partes, ya sea la realidad económica, socio política, cultural, histórica o estructural.

En Costa Rica por ejemplo, algunas de las instituciones más emblemáticas dentro del Estado nacional que han contribuido de manera decisiva a la conformación de la identidad nacional son: la Caja Costarricense del Seguro Social y sus cambios normativos; el Instituto Nacional de Seguros; el Tribunal Supremo de Elecciones y las leyes que establecen una irrestricta libertad electoral; el Instituto Costarricense de Electricidad y sus modificaciones; la civilidad caracterizada por la proscripción del ejército como institución permanente (artículo 12 Constitucional); las universidades públicas con su ley autonómica (artículos 77, 84 y 85 de la Constitución) ; las instituciones del poder local o municipalidades con su autonomía (artículos 170 y 175 Constitucionales); el Banco Central de Costa Rica con su independencia administrativa respecto del poder ejecutivo; los bancos comerciales del Estado y su independencia administrativa; el establecimiento de la familia como base fundamental de la sociedad (artículo 32 de la Constitución); la irrestricta igualdad de toda la ciudadanía ante la ley y su libertad de pensamiento; el derecho a la educación y a la cultura como algo inherente a la persona humana (Constitución, artículo 54); más recientemente la conformación del Estado como representación de una pluralidad multiétnica y de culturas (artículo No 1 de la Constitución). Muy relevante también la obligación del Estado de garantizar el bienestar de las personas y la distribución de la riqueza, así como la garantía de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución); la libertad de prensa y de empresa, la obligación del Estado de proteger y promover la pequeña y mediana empresa (PYMES, ley 8262), así como la protección y fomento de las asociaciones cooperativas (artículo 64 de la Constitución); del solidarismo (ley de Asociaciones solidaristas N°6970, de 1984 y se le dio rango Constitucional a la protección y fomento del solidarismo en el artículo 64); también el Estado debe velar por la igualdad de géneros; la libertad de confesión; el matrimonio entre personas del mismo sexo; entre muchas otras. Podemos estar de acuerdo con ellas o no, en todo o en parte, pero la realidad es que todas en su conjunto le han otorgado un sello distintivo a la nacionalidad costarricense y por tanto a sus identidades.

El Neoinstitucionalismo en la politología

Al despuntar el alba del siglo XXI, una nueva tendencia en las ciencias sociales (politología, economía y sociología principalmente), el neoinstitucionalismo se había extendido ya en el mundo anglosajón y comenzaba a irradiar su influencia en América Latina.

Se trata de un ramal inicialmente emergido del institucionalismo, pero que rápidamente adquiere, después de su partenogénesis en la década de los años ochenta del siglo XX, algunas importantes características sui géneris que lo diferencian y hasta lo contraponen al tronco del cual brotó. Por eso, adquiere carta de “ciudadanía” tras haberse convertido en una nueva vertiente.

Es al igual que el institucionalismo, un sistema teórico metodológico de análisis de la realidad social, pero más centrado en los procesos institucionales en los que los individuos y agentes interactúan en la sociedad, ora disputándose el poder político en ella, ora en busca de controlar, mediante la racionalidad, los procesos de consumo sobre el terreno de la economía.

Desde ese punto de vista, se trata de un marco metodológico focalizado en el análisis de las organizaciones para deducir a partir de allí su efecto sobre la forma como se estructura la conducta colectiva en la distribución del poder político. Dice el analista Juan Manuel Ortega Riquelme literalmente: “El viejo institucionalismo tuvo como característica esencial, desarrollar estudios desde una perspectiva jurídica, sin ninguna pretensión teórica, y mucho menos generalizante, de las diferentes estructuras administrativas, legales y políticas de un sistema político […] El nuevo institucionalismo surge como posición teórico-metodológica dentro de la academia norteamericana en los ochenta, después de un largo y difícil camino de construcción del conocimiento. El análisis de las instituciones desde una perspectiva teórica distinta a la del viejo institucionalismo, es decir explicativa, no normativa, causal y bajo el anhelo de descifrar el efecto de las reglas en los procesos políticos y la relación entre agente y estructura, se fue construyendo desde los años setenta y como resultado de la crítica de los análisis conductistas y pluralistas que plagaron la ciencia política norteamericana por más de treinta años. (Cfr. Ortega Riquelme, Juan Manuel. “El Nuevo Institucionalismo en la Ciencia Política: Algunas reflexiones.” 56-Texto%20del%20artículo-55-1-10-20190219.PDF)

Autores en la ciencia política estadounidense como son Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol, escribieron una obra en 1985, para explicar el “Neoinstitucionalismo”, titulada “Bringing the State Bach”; en su libro enfatizaron en volver a tomar en cuenta al Estado como unidad de análisis, con el objeto de poder valorar mejor el impacto que tienen las instituciones en el comportamiento social de los agentes, pero -insisto- a partir del Estado. De este modo despejaron el camino para profundizar en los estudios de la distribución del poder político. Los analistas comenzaron a concederle al Estado una relativa autonomía en su comportamiento (el Estado como la variable independiente en la investigación). En este sentido, los politólogos neoinstitucionalistas dejaron de considerar al Estado como un mero reflejo o escenario, un “instrumento” donde los diferentes grupos de interés o las clases sociales disputan sus intereses. Esto les permitió realizar análisis comparativos entre la institucionalidad estatal de uno y otro país. Aunque otra corriente no se centró tanto en la entidad estatal, sino que, se volcaron al análisis de la burocracia, la organización de la economía política, las estructuras de los partidos políticos y otras instituciones de nivel intermedio como las llama Ortega Riquelme tales como las corporaciones que constituyeron redes de política pública. Así lograron identificar las estructuras políticas de regímenes políticos diversos. Se trata de teorías de “alcance medio” para explicar el mundo de las instituciones políticas. (Cfr. Ibidem).

En resumidas cuentas, el aporte del “neoinstitucionalismo” al análisis de la política pública “trata de comprender cómo las instituciones crean procesos que afectan de distinta manera la conducta de los actores.” (Cfr. Ibid) Se intenta rescatar lo que consideran es el valor de la política dentro de la institucionalidad, alejándose de las teorías que consideran al Estado como mero instrumento y la política como puro reflejo de intereses sociales o económicos que se encuentran fuera de ella y supuestamente la determinan. Las reglas y los procedimientos institucionales cobran vida, considerando que, por ende, condicionan a los actores en su comportamiento. Los símbolos, los rituales y las ceremonias alcanzan un valor per se, una vez que se establecen y entran en la historia.

Deseo concluir trayendo a colación una cita que hace Ortega Riquelme, quien a su vez cita a Peter Hall, en su texto “Governing the Economy” (1986) para dejar sentada la que considera como una de las definiciones más aceptadas de lo que son las instituciones. Dice Ortega que, Hall entiende por instituciones «las reglas formales, procedimientos y estándares de prácticas operativas que estructuran la relación entre individuos en varias unidades de la política y la economía». Las instituciones como reglas formales e informales que se crean durante la actividad política y abren o cierran las opciones de los actores políticos. Los institucionalistas están interesados en el aspecto de las instituciones, entendidas como reglas y no como organizaciones (las organizaciones se construyen por reglas) que dan forma a la manera en la cual los actores políticos definen sus intereses, como también estructuran sus relaciones de poder con otros grupos. Las instituciones dan un orden e influyen en el cambio de la política.” (Cfr. Id.)

El aporte neoinstitucional abre el espacio para una rica discusión que aún está viva entre los científicos sociales, ahora de manera álgida (o sea, punto crítico) y urgente en América Latina.

 

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