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Etiqueta: ciudadanía

Mujeres en Acción propone justicia fiscal para enfrentar la crisis

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

MUJERES EN ACCIÓN PROPONE:
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ÚNICA A GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y GRANDES EMPRESAS TERRITORIALES: JUSTICIA FISCAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS

¿Quiénes somos?

MUJERES EN ACCIÓN (MeA) es una articulación feminista que surge a la vida pública en el año 2018 para defender los derechos conquistados hasta entonces por las mujeres costarricenses en su búsqueda de la igualdad real frente a las amenazas conservadoras que emergieron en la campaña electoral presidencial de ese año. Desde entonces MeA ha continuado activa no solo en la defensa y promoción continua de los derechos humanos de las mujeres, sino también en el debate sobre las políticas públicas y el devenir de la sociedad costarricense en su conjunto que apreciamos en disputa permanente frente a la agenda neoliberal.

La tendencia decreciente de la economía -profundizada por la suspensión obligada de muchas actividades económicas – y la condición de desigualdad social preexistente en el país antes de la crisis sanitaria – amenazan con profundizar la pobreza de las mujeres y de la población en general y el desfinanciamiento del Estado, incluyendo los programas sociales.

Frente a ello es urgente una gobernanza fiscal que ejerza derechos y obligaciones bajo un contexto de justicia fiscal. Hasta ahora las respuestas brindadas tienden a recargar el costo de la crisis económica en la población contribuyente, principalmente trabajadora, y en el redireccionamiento de los presupuestos de las instituciones públicas. Estos recursos no solo son insuficientes sino que se agotan rápidamente frente a una crisis que se avizora larga, además de que también ponen en números rojos la continuidad de programas de desarrollo nacional de corto y mediano plazo. El ejemplo más concreto es la pretensión de utilizar los fondos de FONATEL, destinados a la reducción de la brecha tecnológica y de comunicación, para fines diferentes sin que a la vez se identifiquen recursos de recapitalización.

Como se ha dicho, la atención urgente de la crisis sanitaria ha implicado, a la fecha, un peso adicional sobre los presupuestos institucionales – principalmente los que brindan servicios de atención directa a la población. El caso más emblemático es el de la CCSS obligada a redireccionar recursos originalmente destinado a otros fines de desarrollo institucional y de la salud pública para responder a los requerimientos específicos de la pandemia. A esto se agrega la reducción de los ingresos de la CCSS en materia de cobro de las cuotas obreros patronales debido al aumento del desempleo y la reducción temporal de la contribución de patronos y trabajadorxs. Al igual que ésta, muchas de las medidas de atención de la crisis económica generada por la pandemia han volcado la balanza a favor de uno solo de los sectores sociales, la empresa privada, descuidando a la gran mayoría de los y las ciudadanos para los cuales solo hay respuestas asistencialistas e insuficientes.

En igual situación se encuentran otras instituciones, principalmente del sector social, cuyos presupuestos han sido drenados para tratar de atender y paliar parcialmente el impacto social y económico de la crisis sanitaria. En esta situación se encuentran programas tales como comedores escolares, CEN-CINAI, IMAS, INAMU, FODESAF, entre otros, con el agravante de que la fuente tradicional de ingresos de muchos de estos programas de asistencia social se ha visto afectada asimismo por el debilitamiento de la actividad económica nacional.

Esta visión cortoplacista le puede pasar al país una factura mucho más alta que la generada por el gasto específico de la atención sanitaria, compromete el desarrollo del país y nos puede hacer retroceder varias décadas de conquistas sociales. No podemos permitir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis social y económica de grandes dimensiones.

El comportamiento de la pandemia en otros países indica que hay que prever varios meses más de mayor y menor confinamiento en el cual la actividad económica será probablemente fluctuante y la recuperación del empleo será lenta e incierta para muchos sectores como, por ejemplo, el turismo cuya recuperación es altamente dependiente de la afluencia de personas con capacidad de consumo. Por consiguiente, es de esperar que continúe y se profundice el impacto ya existente en importantes segmentos de la población en materia de ingresos y consecuente empobrecimiento, necesidades alimentarias y de habitación no satisfechas, además de privación de servicios como el cuido o la educación.

En este contexto la asistencia directa del Estado a través de sus programas sociales será más urgente que nunca para impedir que estos impactos se tornen permanentes e irreversibles. No obstante, como señalamos arriba, estos programas se encuentran seriamente desfinanciados y no existe alternativa planteada que busque su recapitalización, incluyendo las finanzas de la CCSS a pesar de la inyección vía préstamos de algunos recursos que son, sin embargo, insuficientes.

Al igual que nosotras, otras agrupaciones sociales y académicas han estado planteando y urgiendo al Gobierno y a la Asamblea Legislativa identificar fuentes de recursos que no recarguen la crisis sobre la ciudadanía. La conclusión unánime es que hay que buscar el dinero donde éste exista y volcar la mirada hacia aquellas personas y empresas cuyo patrimonio ha mantenido un ritmo de crecimiento constante permitiéndoles en los últimos años acumular riqueza. Algunas incluso han reportado rentas brutas y activos con un valor económico muy alto, sin reportar impuestos o pérdidas. Lo anterior según la radiografía del impuesto a las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda y el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las Grandes Empresas Territoriales del 2018.

Son muchos los países donde se están discutiendo y en algunos casos aprobado medidas para gravar la riqueza y avanzar hacia mayor justicia fiscal. La misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) – a la cual el país ha ingresado recientemente – ha adoptado fuertes medidas en materia fiscal y anticorrupción como la Convención multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios y, en particular, el Instrumento Multilateral (MLI) que contiene disposiciones de carácter obligatorio (estándares mínimos) y otras de carácter opcional para evitar la evasión fiscal.

Costa Rica ya es parte de la OCDE y debería asumir estos estándares con pleno compromiso.

Recuperamos aquí la acción desarrollada por el expresidente José Figueres Ferrer en el año 1948 cuando, ante un país devastado por una guerra, urge y exige que todas las personas

habitantes del territorio nacional aportaran de su propio peculio para poder sacar adelante al país.

En Costa Rica están identificados los sectores que tienen mayor riqueza, los que históricamente han reflejado una generación de grandes rentas y que no están aportando en forma proporcional al fisco.

Según la radiografía de las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda, del total de actividades lucrativas de personas físicas y personerías jurídicas (451 783 inscritas) un 55% solo declara, es decir, no contribuye en impuestos.

Entre las personas físicas (322 837), el 65,5% solo declara. De este grupo, un total de 117 641 reportan actividad lucrativa activa y “… 821 declarantes reflejaron una renta neta igual a cero que significa un 9,3% de ese total, cuyos ingresos brutos fueron superiores a los ¢10.000.000”. (Ministerio de Hacienda (2019, pág. 40)

La situación es aún más grave cuando se analiza la contribución de las personerías jurídicas. Un total de 128 946 personerías jurídicas están inscritas y el 40,6% del total de personerías solo declaran y no aportan al fisco. De este grupo, (52 262), un 3,3% (lo que representa 873 personerías jurídicas) declaran cero utilidades netas.

El Ministerio de Hacienda, obligado por un recurso de amparo, publicó en el año 2019 la lista de las empresas que declararon cero utilidades. La lista es de 194 personerías jurídicas, de ellas hay 115 empresas que son Grandes Contribuyentes Nacionales (según clasificación de la Dirección General de Tributación)..

En la Gaceta N.º 63 del jueves 12 de abril del 2018 la Dirección General de Tributación informa sobre las características de las empresas que son Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales (GETES). Ambas tienen montos elevados de activos así como de renta bruta en colones, tal como se aprecia a continuación (en colones):

La Contraloría General de la República señala en un informe de fiscalización del 2018 (DFOE-SAF-IF-00002-2018) que el 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016. Del total de declaraciones presentadas (3.949) por los contribuyentes denominados GETES, un 21% (824) presentaban pérdidas y un 6% (238) cero impuestos. Es decir, un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016, según este reporte. En estos dos últimos casos los ingresos brutos percibidos en el periodo de estudio, alcanzaron los 8.149.998 millones de colones y los activos totales alcanzaron los 15.580.099 millones de colones.

Estas pérdidas o cero utilidades se producen en la forma como se presentan los gastos. Según el informe supracitado, “Los contribuyentes pueden declarar gastos que no están siendo realmente en los que incurren y así disminuir su base imponible. Además, dificulta el análisis de inteligencia o riesgo fiscal e incide en los procesos de fiscalización, porque no hay certeza de la calidad de la información que contienen los formularios de declaración que se almacenan en las bases de datos tributarias”.

Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) aportan un 4,6% del total recaudado por el Gobierno. En el 2016 eran 519 empresas cuyos activos totales eran de 5,2 billones de colones con una renta bruta de 4 billones de colones, según el informe señalado. Es decir: todas estas empresas han logrado alcanzar una capacidad de activos y generación de renta bruta significativa que ha sido posible por las condiciones económicas, políticas y sociales que este país les ha facilitado. Por tanto, la renta BRUTA debería aportar a la recaudación fiscal y no solo por solidaridad en esta coyuntura sino como aporte a la inversión pública que este país por medio del Estado realiza en infraestructura y servicios.

En este sentido, una política fiscal justa, equitativa y solidaria por parte de las Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales sería contribuir solidariamente para atender la actual situación de crisis.

NUESTRA PROPUESTA A LA CIUDADANÍA, AL SEÑOR PRESIDENTE Y A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS

  1. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales.
  2. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre las utilidades netas registrados en los últimos tres años de las personas físicas de la última categoría de recaudación de la Dirección de Tributación Directa, esto es: aquellas que reportan una utilidad o renta neta mayor a 20 millones de colones.
  3. Suspender durante el período de pandemia la aplicación de la Regla Fiscal con el fin de que las instituciones públicas se aboquen a la atención de ésta.
  4. Apoyar la propuesta del Expresidente José María Figueres para trasladar fondos del Banco Central colocados en el exterior e invertirlos en Bonos del Estado para financiar programas de atención de emergencia a la población afectada por las consecuencias de la pandemia.
  5. Crear una tasa equivalente de 3 colones por cada mil colones sobre todas las transacciones del sistema bancario nacional para capitalizar los programas sociales destinados a transferencias directas y servicios a la población, exceptuando los depósitos de planillas y pensiones hasta cierto límite de salario, pagos de tarjetas de crédito y retiros de cajeros automáticos. Todos las anteriores exclusiones señaladas por el señor Figueres a los cuales agregaríamos las transferencias sociales y depósitos de pensiones alimentarias.
  6. Acatar las disposiciones de la OCDE en materia tributaria – incluyendo lo señalado en el Instrumento Multilateral MLI, entre otros – específicamente las relacionadas con aumentar las tasas de tributos a quienes más riqueza, patrimonio e ingresos poseen. Construir una ruta para el cumplimiento de estas obligaciones en un plazo de 6 meses.

Los recursos obtenidos en las propuestas 1 y 3 se destinarán EXCLUSIVAMENTE para capitalizar programas de asistencia social, incluyendo los servicios de la CCSS, garantizando la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos.

El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Grupo Economía Pluralista[i]
(8 de junio de 2020)

En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”

Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.

  1. A modo de introducción, hacemos ver dos detalles que, a estos efectos, son clave. Primero, debe entenderse que en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la UCCAEP agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Segundo, subrayamos que Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la UCCAEP. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas. Tener esto en cuenta refuerza lo que apuntamos más arriba: las perspectivas y opciones que se abren frente a la crisis son necesariamente diversas.
  2. La carta que Sáenz remite al presidente, ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la UCCAEP y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio. El propósito ideológico detrás de esto, es obvio: se apela a tan disparatada hipótesis para exigir que todas las políticas públicas giren alrededor de los intereses empresariales. Y aunque en este documento se pretende hacer creer que, de forma equitativa, se habla a nombre de todas las empresas, desde las micro hasta las más grandes, ello tan solo agranda la falsificación ideológica en la que se incurre. En este coro hay voces del todo inaudibles, y voces que cuentan con amplificadores poderosísimos. Estas últimas son, al cabo, las que realmente pesan en la narrativa que se nos ofrece.
  3. Compartimos el llamado que se formula, a la responsabilidad y el compromiso por parte de funcionarios, funcionarias e instituciones del sector público. Diferimos en la pretensión de que esa responsabilidad tiene como único destinatario el sector empresarial, cuando, en realidad, es el deber de la institucionalidad pública para con la ciudadanía en general, pero, muy en especial, los sectores más vulnerables y carenciados de nuestra sociedad. Es más que notorio que la UCCAEP exige responsabilidades pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmiten es el de que se consideran una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía.
  4. En términos generales, la valoración de conjunto que hacemos de las medidas que formula la UCCAEP, es que éstas proponen recurrir al “dumping social”, como mecanismo para recuperar la maltrecha competitividad empresarial. Es lo que, en general, se desprende de las propuestas en materia de flexibilización laboral, debilitamiento financiero de las instituciones de seguridad social, debilitamiento de la normativa ambiental y de los esfuerzos de control de la evasión y elusión tributaria. Si bien algunos elementos en el documento difieren de ese énfasis, el tono general está claramente centrado en ese aspecto. Es decir, en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca “aplanar” los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad. Lograr construir una economía de alta productividad, exige al sector público, asumir sus responsabilidades para el logro de mayor eficiencia y capacidad de respuesta. Pero ello también exige un compromiso paralelo y equivalente del sector privado. Sin embargo, y como ya hemos indicado, la UCCAEP elude cualquier posible compromiso o responsabilidad. Exige todo y no ofrece nada.
  5. Hay razones teóricas, tanto como evidencia empírica, que permiten poner en duda que ese mecanismo del “dumping social”, pueda tener efectos positivos en términos de reactivación de la economía, particularmente en el contexto de la crisis económica, nacional y mundial, desatada a partir de la crisis sanitarias del Covid-19. Pero aún en la hipótesis, sumamente optimista, de que ello pudiese propiciar una reactivación económica en el corto plazo, sus implicaciones en el mediano y largo plazo serían muy negativas, tanto desde el punto de vista económico, como social, político y ambiental. Lamentamos la falta de visión estratégica que la UCCAEP pone así de manifiesto.
  6. Nos resulta alarmante lo que se plantea en los puntos 1.1. a 1.6 (pp. 9-11), lo cual pareciera proclamar la renuncia explícita, por parte de esta organización, a cualquier compromiso, democráticamente formulado y acordado, en materia laboral, tributaria, ambiental, de protección a las personas consumidoras y a la salud de la población. Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto a los derechos humanos, son “acoso” contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total despego a las más elementales normas de convivencia en democracia.
  7. Es llamativo que en distintas partes del documento, se exija facilitar la participación privada en mercados (por ejemplo seguros, p. 29) donde hay una importante presencia estatal, pero que explícitamente se demande limitar la participación del ICE en construcción de obra pública (p. 28), un sector que, como es conocido, ha sido dominado ampliamente por un grupo muy pequeño de grandes empresas privadas, cuya eficiencia es por lo menos dudosa. Estas inconsistencias ideológicas, aportan mucho material para la reflexión.
  8. Reconocemos que se plantean aspectos positivos. Si la UCCAEP fuese una organización respetuosa de los principios democráticos más básicos, reconocería –pero no lo hace– que inclusive esas ideas, aun siendo susceptibles de un acuerdo más amplio, deben necesariamente pasar por un proceso de estudio y discusión. Hay otros planteamientos –lamentablemente los que marcan la tonalidad dominante de la propuesta– de signo muy regresivo, y por ello mismo sumamente polémicos. Una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo. Para la UCCAEP eso está totalmente descartado: su tono, autoritario e imperativo, niega cualquier posibilidad de diálogo y de construcción democrática de acuerdos . Ello se hace evidente, con singular estridencia, en relación con la cuestión de la venta de activos públicos. No obstante ser una problemática que suscita grandes desacuerdos, para la UCCAEP es un “fait accompli”. Nada hay que discutir al respecto, tan solo corresponde “definir -en un plazo perentorio- un plan de venta de activos del Estado” (p. 16).
  9. Deploramos el grado de descomposición moral que todo esto pone de manifiesto. Una poderosa organización empresarial que no asume compromisos ni responsabilidades, que exige todo pero no ofrece nada, y que abiertamente opta por desconocer los mecanismos propios de la democracia, no puede ser una buena representante del empresariado costarricense, ni mucho menos ejercer ninguna forma de liderazgo ante el país. Confiamos, sin embargo, que esto sea tan solo un fenómeno que afecta a un pequeño sector de ese empresariado, y que éste, en su mayor parte, sí asume un posicionamiento político, ético y moral, digno de respeto.
  10. Exhortamos al presidente Carlos Alvarado para que mantenga un mínimo de distancia crítica e independencia de decisión, frente a las presiones que, de forma tan abierta y desembozada, ejerce sobre él esta organización, siendo repudiable que se quiera aprovechar la crisis generada por la emergencia del Covid-19, para imponer, a espaldas de la democracia y la ciudadanía, una agenda de estrecho interés gremial-corporativo. Confiamos asimismo que el presidente sabrá interpretar el desafío que esto plantea a la democracia, y, por lo tanto, la necesidad de promover un debate nacional, amplio y pluralista, en relación con asuntos tan polémicos como las privatizaciones o la flexibilidad laboral, entre otros. Reiteramos nuestra disposición de diálogo con el presidente, en el tanto éste mantenga el interés por escuchar otras voces y considerar otras perspectivas, y, sobre todo, lo que es más importante, tenerlas efectivamente en cuenta.

[i] El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Imagen con fines ilustrativos: https://www.elindependientedegranada.es/blog/democracia-participativa-aproximacion-radical-parte-i-teoria

Con la rodilla en el cuello

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

Así murió George Floyd, sin aliento, a manos de un policía en Estados Unidos, que por nueve minutos tuvo en sus manos la decisión de la vida o la muerte. La brutalidad y el desprecio de quienes se asumen dueños absolutos del país y pretenden serlo del mundo, apoyados en esquemas y estructuras represivas, encuentran una reacción social inesperada en estos momentos de “pandemia” y de distanciamiento social.

La ciudadanía de nuestro país está igual que George Floyd antes de morir: con la rodilla en el cuello y gritando que no tiene ya aliento. En EEUU la chispa fue el racismo, en nuestro país que no es ajeno, será lo menos pensado. La acción institucional y gubernamental ve con desidia y con la distancia de la tenue burbuja desde donde presumen gobernar, a quienes no solo producimos la riqueza nacional, sino que hacemos ingentes esfuerzos para mantener la paz de que nos ufanamos.

CNN, el dios de pies de barro y emblema transnacional de la comunicación y el control mediático, no pudo contener ni con apoyo de antimotines bien adiestrados, la ira reprimida de una población que se cansó de ser desestimada.

Quienes ostentan el control mediático de la prensa nacional, deben entender que, aunque la mentira puede correr años, la verdad la alcanza en un día. Aunque luchen por arrancarnos nuestra historia y traten de dejarnos sin raíces, los hechos son irrefutables, el periódico La Información dio cuenta de ello por servir a una tiranía. Hoy pueden vestirse con ropa ajena y ponerse otro nombre, pero como dice nuestro pueblo, mona se queda.

La torpeza política demostrada hasta ahora, para que nuestro país pueda encontrarse y construir un nuevo pacto social mediante un diálogo respetuoso, sin exclusiones y con la disposición de escucharnos, solo ha propiciado que se profundice calladamente, la fractura social estructural a que se sometió nuestro país, provocada en la gestión asaz arrogante de sus pretensiones ajenas al interés ciudadano.

El país pierde, todos perdemos. Gana la mafia política, la corrupción, la impunidad, el autoritarismo.

La “pandemia” pudo haber dado a quienes usurparon el poder de la ciudadanía, un respiro para maniobrar transitoriamente en la escalada social y política que se desarrollaba en el mundo y desde luego también en nuestro país, pretendiendo con eso desentenderse de la ira social contenida, pero fracasa a cada paso.

Lo que pasa en EEUU y que se replica en Europa, así como en Brasil, países más castigados por la “pandemia”, enfrenta el miedo institucional que se pretendía establecer para aislar las personas y evitar el encuentro social, justificado en que era la opción a la vida, contra una ciudadanía amarilla, negra, blanca, mestiza, latina, que se da la mano y sale en masa a enfrentar a los gobiernos, convocados por esa ira contenida, contra un sistema que su característica ha sido la desigualdad, la represión brutal y la muerte.

Costa Rica puede hacer la diferencia, a pesar de ser el país más desigual de América, según la CEPAL. Tiene en la ciudadanía una retaguardia moral para construir una propuesta nacional sustentada en un nuevo pacto social, pero debe salir a la luz, una actitud gubernamental que no tenga miedo a los disensos, pues solo así se construyen sólidos consensos.

1 de junio de 2020

Compromiso del presidente: renovar el pacto social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Del discurso del Presidente de la República ante la Asamblea Legislativa voy a concentrarme en un solo punto, que considero es el compromiso fundamental que asumió ante la ciudadanía: su palabra para renovar el Pacto Social y robustecer el Estado Social de Derecho. Visión correcta: la reconstrucción nacional será de tal magnitud, que exigirá el compromiso de todos y el sacrificio compartido.

Lo cito: “Quienes hoy vivimos en este país y tomamos decisiones, estaremos a la altura de las circunstancias en la medida en que reconozcamos nuestra pluralidad, nuestra multiplicidad de representación y que logremos superar la crisis emanada de la pandemia, al mismo tiempo que renovamos nuestro pacto social y modernizamos el Estado Social de Derecho. A esa tarea debemos abocarnos a trabajar en unión.” (4 de mayo de 2020)

Reconoce que ante estos desafíos nacionales debemos tomar en cuenta al menos:

a-   Renovar el Pacto Social. Éste marcará el derrotero hacia el desarrollo nacional, incluyente, progresista, modernizante.

b-   Defender del Estado Social de Derecho, modernizándolo. Y, sobre todo, robusteciéndolo.

c-    Incluir la pluralidad que conforma nuestra Nación: distintos enfoques, distintas propuestas, distintas realidades.

En consecuencia, la representación en el proceso debe ser múltiple. El país no le pertenece a un solo grupo; la visión que surja deberá ser diversa e incluyente.

Una convocatoria de esta magnitud no puede pasar inadvertida, ni quedar solo en el papel. Mientras se van atendiendo los problemas de corto plazo, el Presidente debe tener a su equipo sobre la mesa de trabajo, dibujando las pautas de este proceso, de esta convocatoria nacional.

En este momento, día a día, el Ejecutivo, la Asamblea, los bancos, los empresarios, los trabajadores, todos los estamentos sociales van tomando decisiones. Esto dejará en su momento unas cuentas en el balance que habrá que cuantificar en detalle, y habrá que empezar a saldar.

Ese balance reflejará caída y destrucción de riqueza y producción, mayor desempleo, aumento en el subempleo, desbalances regionales, ruptura de cadenas productivas, pobreza, marginación, eventualmente tensiones sociales nuevas. Enseñará, al mismo tiempo, nuevas oportunidades y fortalezas a desarrollar.

En esta ruta, es necesario conocer con claridad a qué se ha comprometido el Gobierno, con los bancos que están financiando sus necesidades de flujo de caja y, sobre todo, con el FMI.

En un principio, las autoridades dijeron que no había condicionamientos; después han ido dando otro tipo de señales. Desde decir que los documentos con el FMI son públicos, y que vayamos a estudiarlos, hasta la carta que dio el Ministro de Hacienda este miércoles donde aclara preguntas sobre los créditos, pero adelanta medidas sobre lo que llama “reformas estructurales”, que incluyen una ley de empleo público, una ley de venta de activos públicos y una ley de órganos desconcentrados, entre otras. Pero, ¡ojo!, precisamente, el nuevo pacto tendrá que definir cuáles son las reformas estructurales sobre las que refundaremos la República. ¡Que no se ponga la carreta delante de los bueyes!, pues el proceso puede arrancar deslegitimado.

La emergencia nacional no quita la necesidad de la comunicación oportuna y las propuestas económicas las han venido dando a cuenta gotas. Y debe ser claro que ese proceder no ayuda al clima para la renovación del Pacto Social. Que sea sólido, exige información clara y a tiempo.

EN CONCLUSIÓN: Articular todos los esfuerzos para impulsar el nuevo desarrollo exige tomarle la palabra al Presidente en su llamado. Sin mezquindades; sin cálculos políticos, con espíritu constructivo, reconociéndole que atinó en su propuesta.  ¡Manos a la obra! ¡Convoque cuanto antes D. Carlos!

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en su blog http://notasaltema.blogspot.com

Observatorio Ciudadano Municipal por la Transparencia y Probidad en Cartago

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Un grupo de ciudadanas y ciudadanos del Cantón Central de Cartago, reconociendo su responsabilidad constitucional dan a luz este Observatorio y proponen construir los procesos de participación ciudadana para lograr la transparencia de la gestión municipal, exigir la probidad de quienes ocupan los cargos de la Institución para fomentar la credibilidad tan deseada que establece el Art. 11 de nuestra Carta Magna.

Así, estas personas asumen la responsabilidad de desarrollar sus capacidades y destrezas que le permitan conocer el marco de los diversos temas municipales, conocer las funciones y responsabilidades de los diferentes miembros que componen el gobierno local, todo lo anterior en procura de una participación ciudadana crítica, analítica, activa y efectiva (Art 5 Código Municipal).

De esta forma, este esfuerzo busca que el accionar adentro de la Municipalidad deje de ser un secreto que fomente la corrupción y la impunidad.

Todo lo anterior cumpliendo el mandato constitucional del Art. 9 de nuestra Constitución Política, el cual establece la construcción de la República Participativa.

Enviado a SURCO por Damaris Vigot Aguilar.

Más allá de la crisis sanitaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Arnoldo Mora Rodríguez

Desde hace varias semanas, millones de seres humanos (sobre)vivimos en una cuarentena que, en la práctica, se ha convertido en una especie de estado de excepción, dadas las estrategias policíacas e, incluso, militares, a que los estados nacionales están recurriendo cada vez con más frecuencia y mayor aceptación de la opinión pública, para enfrentar con éxito desigual los desafíos que nos lanza provocadoramente un virus no muy mortífero pero sí extremadamente propenso a propagarse. Hoy la existencia misma de la, hasta ahora, notoriamente exitosa civilización moderna occidental se ve severamente cuestionada en sus valores fundantes. Esto me recuerda aquel pasaje bíblico, en el que se narra la visión del Profeta Daniel, quien vio una estatua imponente elaborada con todos los materiales más sólidos y preciosos existentes, pero que tenía los pies de barro; por lo que bastó que se desprendiera un diminuto guijarro de una roca circundante y golpeara un talón de barro resquebrajado para que la imponente estatua se redujera a polvo. Un virus ha hecho algo similar al hombre actual, que se apresta a colonizar el sistema planetario pero se muestra trágicamente incapaz de evitar una catástrofe que amenaza con exterminar a miles y miles de individuos pertenecientes a una especie que pomposamente se autocalifica de sapiens.

En el fondo, lo que hoy vivimos es un cuestionamiento del rumbo que ha tomado la humanidad desde los inicios de la modernidad. Eso me induce a recordar los aciagos tiempos de las pestes que asolaron Europa a finales de la Edad Media e inicios de la Modernidad. Como lo ilustra la historia, cada vez que surge una nueva época en la historia de la humanidad, se dan catástrofes de esta índole. Por lo que no es descabellado concluir que hoy vivimos, a inicios del tercer milenio de la cristiandad occidental, un cambio radical, indetenible e irreversible, de una nueva época, cuyo protagonista será un ciudadano dotado de una conciencia planetaria; los países egoístamente cerrados sobre sí mismos, como son Los Estados Unidos de Trump y la Europa Occidental, son los más golpeados por esta pandemia; su egoísmo ultranacionalista se ha visto severamente castigado por la madre Naturaleza. De mi parte pienso que, gracias a que nunca la humanidad ha tenido a su disposición tantos científicos e instrumentos tecnológicos como en la actualidad, eso nos permitiría esperar que logrará controlar, esperamos y deseamos que a corto plazo y con un mínimo de víctimas, este apocalíptico flagelo. Sin embargo, creo que la humanidad tendrá que aprender a acostumbrarse a convivir con este virus, como está haciendo con otras pandemias recientes, como el SIDA.

No siendo especialista en epidemiología, dejo gustoso la palabra a quienes sí lo son, por lo que tan sólo deseo externar algunas reflexiones en torno a las consecuencias culturales y políticas de esta pandemia. Espero que esta crisis sanitaria enseñe al hombre moderno a hacer honor a su autocalificativo de “sapiens”, lo cual implica que debe aprender a tener conciencia de sus propias limitaciones. Valga la pena tener presente que toda acción humana, aún aquellas que surgen animadas e inspiradas con las mejores y más nobles intenciones, tienen también efectos secundarios negativos; estos últimos, contrariamente a los efectos positivos que se agotan al realizarse, son de carácter acumulativo sobre todo aquellos que no son previsibles; por lo que, al llegar a superar el dintel de tolerancia, estallan provocando una crisis global, no sólo en la infraestructura material de reproducción de la vida orgánica, sino también en el ámbito de la creatividad simbólica, o sea, en el mundo de las estructuras del poder político y de los valores culturales. La humanidad, en consecuencia, debe desarrollar una conciencia crítica, lo cual implica estar dispuesto a cambiar de escala de valores ante cada crisis que se le presente. Hasta ahora, esas crisis las provocó la Naturaleza gracias a los procesos evolutivos, en lo que podríamos considerar de manera espontánea, pero como lo vislumbró Teilhard de Chardin, actualmente, después del surgimiento del método científico moderno en la época del Renacimiento Europeo, las crisis son provocadas por la acción humana, que incide en los procesos evolutivos causadas en el trascurso de la historia, como hasta ahora lo había sido la evolución de la Naturaleza gracias a la evolución. Con ello queremos señalar que los procesos evolutivos naturales se dan en un tiempo más lento; por el contrario, la acción humana surge en la razón y se motiva en la voluntad, lo cual le posibilita desarrollar una conciencia previsora; pero aun así, siempre tendrá efectos negativos, tanto más graves cuanto mayor sea el poder del ser humano y más vertiginosa sea en el tiempo su eficacia real; lo cual quiere decir que inexorablemente llegaremos un poco tarde, si bien con capacidad de superar las crisis que, de esta manera, lejos de ser una tumba, se convertirían en un escalón para subir en un proceso evolutivo, tanto material y civilizatorio, como axiológico y cultural.

La civilización occidental, dominante en el mundo, ha enfatizado el crecimiento material y, sobre todo, económico a costa de la destrucción de millones de especies vivientes y de una brutal desigualdad social; todo lo cual ha permitido enriquecerse a una minoría cada vez más reducida y empobrecido a más y más numerosos sectores sociales, si bien son estos los que con su trabajo producen la riqueza. Se ha socializado el trabajo pero se ha privatizado el fruto de ese trabajo. Pero hoy la generalización de la educación y la universalización de la información, han hecho crecer la conciencia social y las luchas políticas, con lo que los pueblos del planeta adquieren una más lúcida conciencia de sus derechos. En concreto, en Costa Rica, el mayor logro de nuestro pueblo, en las últimas décadas, ha sido la creación del Estado Social de Derecho, cuyo fruto ha sido la universalización en todos sus niveles de la educación pública y las instituciones de la seguridad social, lo cual ha hecho posible que estemos asumiendo, con encomiables resultados, la crisis mundial provocada por el coronavirus. Pero, inspirados en nuestros mejores valores cívicos, debemos cambiar el rumbo político imperante; debemos, mediante una mayor justicia distributiva – mayores impuestos directos al capital y no a los empleados y pensionados y a las clases medias – fortalecer los recursos del sector público. De esta manera, se disminuirá la brecha social que amenaza la estabilidad política y el crecimiento económico. Para ello debemos, desde ya, ir poniendo los fundamentos de la Costa Rica que queremos tener más allá de la crisis sanitaria.

Imagen: https://sites.google.com/site/procesosproductivos123/equidad-distributiva-y-retributiva