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Etiqueta: ciudadanía

Lecciones de un microbio

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

            La tragedia COVID-19 suma más de 182.000 fallecidos y contando. El 17 de marzo, el senador colombiano Gustavo Petro afirmó que solo hay dos medidas efectivas contra esta pandemia:

            «a) Confinar drásticamente a la población en sus casas y

    b) Aumentar sustancialmente la capacidad hospitalaria».

            La primera es más importante dada la debilidad de los sistemas de salud, mas no cabe descuidar la segunda. Tal la enseñanza de otras virosis, así que obviarla configura un «genocidio por omisión». Tómese en cuenta para evaluar las diferentes respuestas gubernamentales. Este microbio sacude nuestras certezas y sin decir nada cambia los términos del debate ideológico, al desnudar las aberrantes desigualdades que la globalización neoliberal ha auspiciado. Asimismo, facilita una expansión de conciencia que presagia aprendizajes significativos.

  1. El mercado es de cristal opaco

            En el mercado, la mercancía preñada de ganancia representa el valor en su máximo esplendor, aunque la inversión pasa por su momento más crítico. Ahí el valor parece sólido, pero su dueño lo necesita líquido. Por lo demás, el dinero es un invento fabuloso, como medio de cálculo e intercambio facilita la distribución del producto social; pero cuando se convierte en un fin, como en la usura, resulta tan peligroso que debiera vigilarse como una central atómica.

            En cuanto todo transcurre normalmente el mercado luce tan útil como una columna, pero se hace añicos en las crisis. Además, su falsa transparencia oculta la desigual distribución de riqueza, es decir, el mecanismo mediante el cual pocos se enriquecen cada vez más, mientras la gran mayoría se empobrece. Pese a que Jeffrey Sachs mostró, en 2005, cómo se puede conseguir El fin de la pobreza, Costa Rica es ahora uno de los diez países más desiguales del mundo.

  1. La crisis como modus operandi

            El Subcomandante Marcos denunció, desde el año 2000, que la crisis es el modus operandi del neoliberalismo.[1] En rigor, así opera el capitalismo para concentrar la riqueza. En la crisis, el pez grande se come al chico, mientras la clase trabajadora se encarga de los desempleados vía solidaridad familiar. En realidad, la crisis es una fase necesaria y cíclica de la acumulación capitalista mediante la cual se aumenta la productividad promedio, o sea, la innovación del capital es tan destructiva como su desarrollo.

            La crisis no se origina en el sistema financiero, pero se incuba ahí, por eso resulta su principal protagonista. Mediante maniobras monetarias y crediticias genera las condiciones para ese sorprendente fenómeno que es la desaparición del dinero. Entonces, ramas enteras de la producción colapsan y reestructuran. De carambola, los negocios mejoran su rentabilidad empeorando las condiciones laborales. De hecho, esta crisis ya había sido anunciada, el Covid-19 la desencadenó y hará más dura la reactivación.

  1. Una economía para la vida

            Entre otros efectos, este microorganismo contrasta esa economía para la concentración de riqueza con la alternativa que sería para la vida. Además de condenar a millones de personas a la pobreza, esa economía letal ha eliminado a millones de especies vivas, cuyos beneficios potenciales, ecológicos y económicos, ni siquiera fueron explorados.

            Pero ahora ha quedado claro que el motor de la economía son las personas que trabajan, producen y consumen. Sin personas las empresas son meras ficciones jurídicas; la producción de riqueza se detiene cuando ellas no trabajan, la ganancia se congela si no compran. En una cuarentena, el capital se muere de sed, como un vampiro en su cueva.

            Paradójicamente, una economía para la vida debe superar primero el antropocentrismo, puesto que el ser humano no sobrevive sin el ecosistema. Edgar Morin ha mostrado el camino en La vida de la vida, donde el sujeto no es el ser humano sino la vida misma. Al destruir su ecología el Homo Sapiens cava su propia tumba o, como dice Franz Hinkelammert, corta la rama en la que está sentado. Sin embargo, la economía para la muerte contamina el aire, recalienta la Tierra, contamina los ríos y ensucia los océanos; pareciéndole solo un daño colateral del desarrollo.

  1. Huelga general de compras

            Según Zygmund Bauman (1925-2017), en la post modernidad el trabajador ha sido licuado como consumidor, en rigor como comprador; del mismo modo el productor ha sido licuado como inversionista. La mayoría son consumidores, la minoría inversionistas. Si las huelgas de trabajadores públicos se restringen y el sector privado no admite más sindicato que el de los empresarios (UCAEP), al pueblo todavía le queda la huelga de compras.

            Ahora los compradores finales saben que la producción responde a su demanda y que muchas cosas son más publicitarias que necesarias. Podrían abandonar entonces lo que arruina su salud o daña a la Madre Tierra. Ese poder de compra puede usarse, por ejemplo, para reducir la ingesta de animales y el uso de plásticos. Solo los compradores detendrán el consumismo voraz que conduce al colapso planetario. Eso viene sucediendo espontáneamente, verbigracia el caso del petróleo. No comprar es más potente que cualquier acción; de hecho no puede reprimirse, no infringe la ley y detiene la codicia más irresponsable. Como esta crisis revela, el capitalismo es una máquina ciega que debe ser conducida mediante una coordinación facilitada por la tecnología colaborativa. Según Manuel Castells, la política es hoy fundamentalmente comunicación.

  1. El Estado no basta

            Existe un impulso irrefrenable hacia la comunidad y la solidaridad, cual instinto de especie o de «manada» que se manifiesta en el cuerpo médico, los empleados públicos y las miles de personas que se quedan voluntariamente en casa. Además, como escribiera Alan Woods, nada puede reprimir el «deseo inconsciente» de transformar el mundo preservado en la clase trabajadora. A la vez, hay una resistencia tenaz al trato indiferenciado que la política pública impone como parte de la reacción inmunitaria revelada por Roberto Esposito (Véase: Communitas e Inmunitas). Esto significa que el éxito de una política pública depende sobre todo de la colaboración de sus destinatarios.

            El poder real radica en los ciudadanos que mueven las ruedas del mundo cotidianamente y no, como pareciera, en sus delegados. Quienes gobiernan ostentan el poder formal, como ilusión de élite sostenida por la creencia mayoritaria en ficciones del tipo Estado y empresa; fenómeno destacado por Harari en Homo Deus. Por eso, al final depende del monopolio de la violencia legítima. Pero separado del representado, el poder del representante deviene fetiche que oculta en vano su ejercicio ilegítimo; según lo ha revelado Enrique Dussel en sus 10 tesis de política. Ese poder «legal» pero ilegítimo es una bomba de tiempo. Poder formal cada vez más difícil de alcanzar, ejercer y sostener, según lo descrito por Moisés Naím en el Fin del poder. En realidad, el poder formal parece sólido solo mientras el Soberano está silente.

            Además, el Estado costarricense existe en el Gran Área Metropolitana, pero conforme se aleja del centro se va desdibujando, hasta que en lugares remotos, como fronteras y costas, se reduce a la policía. Hay comunidades que ni cuentan con eso, como se sufre particularmente en el sur, donde se asesinan dirigentes sociales en territorio indígena.

            En el mar patrimonial el Estado prácticamente no existe; ahí yace buena parte de la riqueza de la nación, pero es coto de caza de atuneros y narcotraficantes. Una gestión de desarrollo de espaldas al mar significa que se ha abandonado el 92% del territorio nacional (574.725 km²) mientras las comunidades pesqueras se convierten en las más vulneradas. Alguna vez la burguesía costarricense fue patriótica, pero ha dejado de serlo, salvo honrosas excepciones. Tal vez comenzó a desnacionalizarse desde que fusilaron a Juanito Mora (1814-1860), cuyo cadáver quisieron arrojar al estero de Puntarenas.

  1. La democracia representativa no es suficiente

            La democracia representativa pasa por su peor crisis, a despecho del Fin de la historia y el último hombre, anunciado por Francis Fukuyama. Los ciudadanos creen cada vez menos en la «clase» política, en sus partidos de pacotilla y en las instituciones que dirige. Hasta las judiciales se están desprestigiando porque su independencia es una aspiración más que una realidad. En América Latina, según Manuel Castell, alrededor del 80% de la población no se siente representada por sus gobernantes.[2]

            Aunque sea claro que las elecciones limpias y transparentes son necesarias, también lo es que no son suficientes. De hecho, los representantes ganan con «mayorías» reglamentarias, no de verdad, y rápido su legitimidad se erosiona. Los ciudadanos tampoco creen en los medios de comunicación, por su servilismo a mezquinos intereses económicos. Esa crisis crónica de gobernabilidad es en términos de Antonio Grasmci (1891-1937) una crisis de hegemonía moral y cultural.

            En suma, sin una renovación radical la democracia representativa se seguirá desplomando como los glaciares por el cambio climático. La oligarquía, menos del 1% de la población, se ha vuelto su peor enemiga porque boicotea sistemáticamente el Estado de derecho y la institucionalidad pública, dejando de pagar sus impuestos y sus contribuciones a la seguridad social, exportando sus ganancias a los paraísos fiscales, cabildeando para obtener cuantiosas exenciones y amnistías, incidiendo en el poder judicial, haciendo campañas truculentas para disimular su evasión tributaria y cargando sobre los hombros del pueblo los costos hundidos de todas sus crisis. A la vez que usufructúa de la deuda, la inversión y los servicios públicos. Su liberalismo in extremis conduce al caos o al fascismo y desemboca, en el mejor de los casos, en la indignación y la movilización general.

  1. La renovación democrática impostergable

            En 2003, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional más importante después de la abolición del ejército. Consistió en una modificación aparentemente inocua que a algunos les pareció redundante y muchos ni se dieron por enterados. El artículo 9 describe nada menos que las características del gobierno: popular, representativo, responsable y alternativo. La reforma agregó «participativo» significando que el gobierno es ejercido por el pueblo junto a tres Poderes independientes. A la letra dice:

El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…).[3]

            O sea, renovar la democracia es un imperativo constitucional desde hace 17 años, pero se ha avanzado poco o nada. Al respecto, la Asamblea Legislativa ha pecado por omisión, incumpliéndole al Soberano que ya debería haber sido apoderado. Eso hubiera sido más digno de su investidura que dedicarse a confiscar pensiones a personas adultas mayores, cohonestando la violencia simbólica del estigma difamatorio que se ha usado contra ellas cual caballo de Troya.

            Tal reforma política es urgente e indispensable porque ninguna democracia puede llamarse realmente representativa si no es participativa y ningún gobierno puede decirse popular y responsable sin una ciudadanía activa. Ella implica formas de participación, directas e indirectas, en todas las instituciones de los tres Poderes. Asimismo, se trata de garantizar que los reguladores de servicios públicos no sean capturados por los proveedores. Toda la institucionalidad pública debe hacer efectivo ese gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, simplemente por ser un mandato superior. En cuyo caso ¿cuántos desfalcos, confiscaciones, evasiones y extorsiones dejarían de ser viables? Además supone la aprobación de mecanismos como el plebiscito revocatorio de mandato de todos los representantes, incluyendo diputados. Así como prácticas regulares de rendición de cuentas, como la patrocinada, ejemplarmente, por el «Movimiento Territorios Seguros».

            Por su parte, los tres Poderes deben ser independientes entre sí para que el diseño de Estado funcione, si no se pierde el contrapeso. A la Asamblea Legislativa le toca una oposición visionaria ante el Ejecutivo y al Judicial parar los abusos de ambos. Sin embargo, esos Poderes lucen hoy confundidos, configurando un tipo de gobierno antidemocrático. En consecuencia, ya no debieran valerse esas leyes que un grupito de iluminados aprueba a espaldas de la ciudadanía, aplaudidos únicamente por la prensa desprestigiada, como fue el «plan fiscal» y la ley 9796 contra el derecho a una pensión digna. En contraste, pese a ser inmoral e ilegal, los diputados no se han atrevido a poner fin a la usura, lo cual no se limita a poner un tope de verdad a la tasa de interés. Alguien debiera recordarles que un gobierno de los ricos y para los ricos no solo es ilegitimo, además es anticonstitucional.

  1. Refundar la República del bicentenario

            Por eso, la responsabilidad debe asumirla ahora, directamente, el pueblo de Costa Rica. Cuando existan las condiciones este debe impulsar una reforma integral de la Constitución de 1949, que sería la forma más seria de honrar el bicentenario de la independencia. Dicha reforma debería girar alrededor de tres ejes temáticos preliminares:

A. Transformación de la democracia representativa en democracia participativa, según el artículo 9 ya reformado. Eso implica revisar críticamente el sistema electoral y garantizar la independencia absoluta de los tres Poderes respecto a cualquier presión externa política o económica. De igual manera, consolidar y ampliar las autonomías institucionales y territoriales. Asimismo, supone la gestión soberana, participativa, integral, descentralizada, sustentable e inclusiva de la totalidad del territorio nacional, incluyendo el mar en toda su extensión.

B. Garantías jurídicas para un avance progresivo de los derechos humanos de todos los habitantes: personas, poblaciones, culturas, etnias, naciones, comunidades, géneros, edades y condiciones, incluso más allá de las convenciones internacionales ratificadas.

C. Principios de una economía para la vida que implica, por ejemplo, un ingreso digno y universal para cada habitante, de acuerdo con el artículo 50 sobre el «bienestar de todos» y el «reparto de la riqueza»; dignidad y libertad del trabajo que no puede ser degradado, según artículo 50, «a simple mercancía»; reforma tributaria justa y progresiva (que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres); y, de acuerdo con los derechos de la Naturaleza, incentivar la generación de negocios realmente sustentables, socialmente responsables y solidarios.

            La meta mínima debe ser que la Constitución se cumpla sin interpretaciones antojadizas o acomodaticias. El programa mínimo implica avanzar sobre el eje A, que no es negociable. Sin una determinación férrea y unitaria de quienes constituyen la polifonía del Soberano, el futuro de la patria seguirá en manos de cuatro gatos cuya astucia ideológica les permite caer siempre parados al ser fieles a los intereses foráneos.

[1] Hoy Subcomandante Galeano del EZLN de México.

[2] Ruptura fue publicado en 2017 con el subtítulo: La crisis de la democracia liberal, como el libro de Rodolfo Cerdas de 1972 sobre el caso de Costa Rica.

[3] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 9. Así reformado en 2003.

Colegio de Profesionales de Sociología ante el COVID-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

El Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica pronunciamiento ante la pandemia del COVID-19
Junta Directiva, 24 de abril del 2020

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la obligación que le confiere su Ley de creación de pronunciarse en asuntos de interés nacional e internacional, así como de emitir opinión y brindar asesoramiento a los Poderes del Estado, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, nos permitimos emitir nuestra posición sobre la emergencia nacional ante el Covid-19. Para ello dirigimos este pronunciamiento al señor Presidente de la República con copia a otras autoridades que están trabajando en la dirección y coordinación de políticas y acciones para su consideración, tales como el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, la Defensoría de los Habitantes, los Rectores y consejos universitarios, las Escuelas de Sociología, la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), Sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Seguidamente enumeramos algunas consideraciones que desde las ciencias sociales y la sociología en particular, son criterios básicos a valorar en el proceso de diseño de medidas de emergencia y la toma de decisiones de política pública:

  1. En primer lugar, felicitar al Señor Presidente de la República, su Gabinete y autoridades de instituciones públicas por la rápida organización, aplicación de medidas de emergencia sanitaria, cambios y fortalecimiento en la organización interna de centros de salud, centros educativos y la atención de los sectores sociales con mayor riesgo y más afectados por las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19.
  2. La emergencia afecta a todos los sectores y actores sociales que requieren trabajar junto con el Gobierno de Costa Rica para direccionar el impacto que esta pandemia ha generado sobre la condición económica y social del país. Sabemos que la cuarentena sanitaria tiene efectos sobre las relaciones del trabajo y la distribución de los ingresos y de capital en los distintos sectores de la estructura social costarricense. Estos efectos impactarán en forma distinta a los diversos estratos socioeconómicos, donde algunos se verán beneficiados y otros muy amplios se verán perjudicados, dependiendo de la actividad económica, la posición socio laboral y la forma en que la legislación establezca la distribución de los beneficios y las personas beneficiarias, así como las fuentes de recursos, empréstitos y donaciones para afrontar la crisis.
  3. Desde la perspectiva sociológica es de fundamental importancia que el Gobierno escuche y tome decisiones considerando estas diferencias al otorgar beneficios y establecer medidas de políticas sociales, económicas y fiscales. Por una parte, la clase trabajadora tiene grandes diferencias entre sí, no solo por su condición ocupacional (ocupados, desempleados, buscan trabajo por primera vez), sino por sus calidades (nivel educativo, capacitación, experiencia laboral, dominio de otros idiomas, etc.), condiciones sociodemográficas (género, etnia, edad, nivel nutricional y de salud, territorialidad), cualidades (habilidades, valores, desempeño) y las remuneraciones salariales que percibe según su estrato sociocupacional (altos, medios, bajos) o su condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Existen variables e indicadores que permiten sumar estas condiciones que ya existen en registros como el SINERUBE, el SICERE de la CCSS, el INEC y otras fuentes de Información públicas, pero que no son accesibles para la toma de decisiones en el ámbito municipal, empresarial o de las organizaciones sociales, lo cual incrementa el riesgo de filtraciones, exclusiones, duplicidades y trasposición de beneficios y personas beneficiarias.
  4. Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones se requiere tomar en cuenta que también existen diferencias dentro del sector privado o empresarial. Entre ellas cabe considerar variables tales como el tamaño de las empresas (pequeñas, medianas y grandes), el volumen de trabajadores/as que emplean, la categoría ocupacional de empresarios/as (patronos, trabajadores independientes o familiares sin sueldo), la condición de ocupación o inactividad (ocupados, jubilados, rentistas u otros), la actividad principal a la cual se dedican (financiera, agrícola, industrial, tecnológica, comercial, turística, etc.), el tipo de empresa (formal, informal, zona franca, otro), el ámbito de su mercado (familiar, comunal, local, regional, nacional, internacional o transnacional), el volumen y uso de servicios públicos (electricidad, agua, carreteras, puertos, salud, seguridad financiera, etc. ), la figura jurídica (sociedad anónima, economía social, organización sin fines de lucro, con fines de lucro y otras), el nivel de ingresos y de bienes de capital (fines y valor agregado, composición, encadenamientos productivos, el capital “golondrina” y otros), origen/destino de productos (importaciones/exportaciones) y su aporte al desarrollo local y nacional (Responsabilidad Social Empresarial, pago transparente o no de impuestos, donaciones, etc.). El apoyo solidario del sector empresarial para salir de la crisis sanitaria y económica es fundamental, así como el apoyo de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las cuales pueden marcar una ruta necesaria para la consolidación y fortalecimiento del Pacto Social entre el Estado, empresas y ciudadanía.
  5. Ante la urgencia de tomar medidas de política púbica dirigidas a proteger y compensar los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia y el aislamiento, implica que todos los sectores deben asumir su responsabilidad. El Estado requiere identificar las principales características de los potenciales sectores beneficiarios por un lado y de los contribuyentes por el otro. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad de actuar a derecho pero también de contribuir al desarrollo equitativo del país, eso les beneficia al ampliar los mercados, reinventarse y activar su productividad. Por su parte la población y empresas beneficiarias de estas políticas públicas, deben ser responsables para mejorar sus capacidades, innovar, trabajar duro y reaccionar con nuevas propuestas que aseguren el bienestar social y económico de todos y todas para cuando pase la crisis. Para ello se requiere del esfuerzo solidario tanto del Estado como del sector empresarial y el de los/as trabajadores/as teniendo como norte el bienestar social con equidad, racionalidad y solidaridad.
  6. En este proceso de la toma de decisiones de políticas públicas y el rediseño de programas y proyectos cabe recordar que además de nueva legislación se requiere aplicar el criterio técnico (sociológico, político, económico, tecnológico, gerencial, etc.) que prevea mecanismos de control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas no solo institucionales, sino también de cara a las empresas y a la ciudadanía, con su participación y apoyo, conforme al ordenamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Así esperamos que las instituciones públicas, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil juntas eviten que los recursos disponibles y el gran esfuerzo realizado en este tiempo de urgencias puedan dar pie a la desconfianza e incertidumbre o de paso al clientelismo político oportunista, las filtraciones, exclusiones y duplicidades en la identificación de personas beneficiarias y la asignación de los beneficios.
  7. Cabe señalar que el país dispone de muchos estudios e informes sobre el panorama social, económico, político y ambiental que explican la evolución y condiciones de vida de los y las costarricenses, desagregadas por regiones, territorios, sectores sociales, hogares, familias y personas. En las últimas décadas el país ha acumulado la experiencia profesional, académica e institucional en la elaboración de diagnósticos, diseño de programas y evaluaciones sobre efectos e impactos. Entre las principales fuentes de información con estadísticas recientes y periódicas se encuentra el Programa del Estado de la Nación, MIDEPLAN, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), institutos de investigación económica y social de las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. En todas ellas participa una amplia red de profesionales en las diversas especialidades, en su mayoría afiliados a órganos públicos no estatales como lo son los Colegios Profesionales, los cuales disponemos de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) y las Asociaciones Internacionales de profesionales en las distintas disciplinas.
  8. El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica cuenta con casi mil profesionales afiliados/as que laboran en instituciones públicas y privadas, quienes realizan investigaciones, evaluaciones y acciones sustantivas dirigidas a contribuir en el desarrollo local, nacional e internacional. Una de las principales capacidades desarrolladas por los y las sociólogas es precisamente la realización de diagnósticos sociales, el diseño de los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos sociales que impactan en forma diferente a ciertos sectores, actores sociales y económicos.
  9. Las metodologías, herramientas y perspectivas sociológicas destacan diferencias sobre las causas, efectos e impactos que se generan de los programas y proyectos, así como si éstos cumplen con ciertos principios fundamentales tales como la equidad, justicia social, la honestidad, la legalidad y solidaridad social. Estos principios y enfoques como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP), facilitará la empleabilidad estable y de calidad, reinversiones de capital, innovación tecnológica, calidad de resultados y el respeto a la legislación laboral y social, requeridos en estos momentos de crisis y las etapas posteriores.
  10. Los decretos emitidos y los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo que requieren de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, deben tener en cuenta la consulta a la opinión ciudadana y los diversos sectores de la economía y sociedad, así como prever los posibles efectos e impactos sociales que estas políticas públicas y programas especiales pueden generar sobre los diversos sectores sociales, económicos y grupos de personas según su condición social, laboral, vulnerabilidad y pobreza distribuidas en las regiones y territorios más afectados por la crisis.

Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica considera relevante recomendar al Gobierno de la República que tome en cuenta las siguientes acciones:

  1. Fortalecer y dar peso al carácter social del accionar del Estado y su institucionalidad frente a los intereses puramente financieros y lucrativos que subordinan lo social y lo ambiental. Lo anterior bajo el principio de revitalizar el carácter del modelo de desarrollo costarricense basado en nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Promover acciones para mejorar la gobernanza desde la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP). Poner en práctica los principios y valores como la transparencia en la gestión pública, la integralidad, la objetividad en el desempeño, la honestidad y el liderazgo a favor del interés público que afecta a la ciudadanía. De ahí la importancia de que la administración pública sea accesible, concertadora y evaluadora del trabajo tanto del político y como del funcionario/a. El liderazgo direcciona y facilita la coordinación en la gestión pública para concertar acuerdos entre los diferentes sectores sociales y empresariales para llevar a cabo el “Contrato Social”, más allá de planes y programas coyunturales, de sus intereses o circunstancias, tal como lo ameritan las medidas que se están tomando para evitar la expansión del Covid-19.
  3. Revertir las dinámicas de la desigualdad social y territorial, tanto en el accionar institucional como en la inversión pública en las etapas de atención antes, durante y después de la pandemia, con el fin de generar procesos de inclusión, ampliar las capacidades humanas y las oportunidades laborales y prevenir el riesgo de aumentar los patrones de violencia, en especial de género y étnicas. Lo anterior implica identificar los sectores de la sociedad y de la economía costarricense en los cuales recaerán las mayores cargas económicas durante la crisis. Urge identificar salidas viables y las formas generales de recuperación de la economía nacional y regional con políticas redistributivas y basadas en la justicia social con solidaridad.
  4. Aprovechar esta coyuntura para impulsar con más fuerza el trabajo digno y promover esquemas asociativos y de emprendimiento económico que potencien los territorios y las poblaciones, desde la eco-economía social solidaria. En este proceso es importante la transparencia en las acciones que se realizan y la rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía, lo cual promueve la cohesión e integración social.
  5. La identificación y atención institucional pertinente a los sectores de la economía informal, principalmente a las personas trabajadoras que no cuentan con interlocución o tienen una débil organización, desocupados/as, personas en condición de calle, privados/as de libertad y otros/as. Generar medios de articulación con el voluntariado de la red formal y de hecho con el movimiento comunal, organizaciones sociales y ONG´s de las distintas localidades en todo el territorio nacional.
  6. Cultivar mayores niveles de conciencia y compromiso social activo y organizativo de las poblaciones, actores sociales y organizaciones sociales en todos los ámbitos que permitan ser protagonistas de sus espacios de vida, partiendo de estilos de vida saludable, la educación crítica, creadora y generadora de oportunidades, la articulación y encadenamientos económicos entre organizaciones y territorios. Esto implica partir de una visión que rompa patrones de consumo, convivencia y uso social de los recursos y servicios ecosistémicos, de mitigación y transformaciones para la superación del cambio climático, donde cada persona, familia, comunidad y las organizaciones asuman compromisos en sus ámbitos de responsabilidad. De tal modo, es recomendable fortalecer articulaciones territoriales y encadenamiento de activación económica y social en los territorios; no pretender que solo el Estado asume y provee las soluciones y recursos. Una sociedad que exige pero que también se involucra y compromete activamente, revitaliza nuestros liderazgos sociales y económicos.
  7. Potenciar y revitalizar el lugar y el peso de los pueblos indígenas en sus territorios, activando tanto sus modelos de acción, su cosmovisión y gestión como su protección ante las amenazas no solo sanitarias, sino económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. Respetar la normativa nacional y los Convenios Internacionales que rigen nuestras etnias ancestrales.
  8. Consolidar prácticas de acción gubernamental basadas en la evidencia científica, destaca en especial el papel de la moderna ciencia social, que se basa en enfoques interdisciplinarios que atienden no solo las condiciones, factores y dinámicas sociales sino también previendo los posibles efectos e impactos sociales y ambientales. Así lo demuestran día a día en esta crisis los/as epidemiólogos/as trabajando junto a personal de salud, seguridad pública, emergencias, sociólogos/as, economistas, comunicadores/as y ambientalistas. Se requiere dar mayor peso y reconocimiento a las ciencias sociales, tanto en la comprensión como en el diseño y generación de rutas y soluciones alternativas, basadas en criterios propios de nuestras ciencias.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica llama la atención al Gobierno de la República sobre los peligros de tomar decisiones aceleradas sin los elementos de análisis sobre las fuentes de ingreso, el control del gasto y la redistribución efectiva de los recursos que se logren recaudar invertidas en las poblaciones objetivo y territorios en riesgo. En emergencias vividas en el pasado se cometieron muchos errores que posteriormente debieron ser ventilados en tribunales de justicia y querellas que generaron dudas sobre el adecuado uso de los recursos públicos. El criterio técnico y normativo debe ser respaldado con adecuados sistemas de información, bases de datos cruzadas entre entidades ejecutoras con los registros nacionales y sistemas de información de potenciales beneficiarios. Los sociólogos y sociólogas desde nuestro Colegio, nos ponemos a la orden del Gobierno en aquellas acciones ligadas a la crisis y acorde con nuestra especificidad profesional. Estamos comprometidos/as a aportar con nuestro conocimiento y experiencia, fundamentados/as en nuestros principios de integralidad, compromiso, solidaridad y respeto al ordenamiento jurídico y defensa del interés público en momentos de emergencia nacional y mundial.

Firma responsable: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Presidenta. Cédula 4-0110-0275

CC Arch.

Adjunto a oficio CPSCR-JD-004-2020 remitido al Presidente de la República el 24 de Abril, 2020

La clase política no le teme al pueblo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

Así sentenció la diputada guapileña Yorleny León, la decisión tomada en la Asamblea Legislativa, con el apoyo del gobierno, para imponerle al país un conjunto de leyes tendientes a favorecer a quienes tomaron la decisión, de acabar con lo que quedaba del estado de bienestar en este país.

La reunión que por primera vez tuvo la Junta Directiva de la CCSS con el Presidente Alvarado en lo que va de este gobierno, fue para anunciarles, a través del Ministro de Hacienda y acompañados del Presidente del Banco Central, que no hay dinero para salvar la Caja Costarricense del Seguro Social. Una acción muy coordinada, como todas las que ha hecho este gobierno. No hay casualidades.

El escándalo fue tal, que Carlos Alvarado tuvo que salir a desdecirse, a su mejor estilo, inmediatamente al día siguiente. De paso informó que crearía una comisión para resolver el mal entendido, ahora la Caja está en más peligro que antes, a pesar de las poses.

Para destruir este legado de Calderón Guardia, apoyado por Manuel Mora, Monseñor Sanabria y defendido con generosidad por José Figueres, muy a pesar de la oligarquía del 48, contaron con el apoyo de economistas y funcionarios que erosionaron poco a poco las finanzas de la Caja. Reducir en un 75% el aporte patronal, fue una estocada al corazón de la institución. Rendir cuentas sobre lo que aquí pasó, es una responsabilidad constitucional inmediata, que debe cumplirse como lo establece el Art. 11 y afrontar penalmente las responsabilidades.

En este país sobra el dinero, sino no se lo robarían. Que lo estén guardando para otros intereses es otra cosa, porque cuando se trata de rescatar de los problemas a la mafia política, no les ha temblado el pulso nunca, para arrebatarle inmoralmente a la ciudadanía sus recursos. Así se han perdido fondos de pensiones, el valor del ahorro y ni qué decir de los impuestos que evadieron o eludieron, para los que nunca hubo interés en vigilar.

Ahora resulta que de ninguna manera se puede hacer un crédito puente para rescatar la Caja, tampoco se puede repatriar parte de los recursos del Banco Central que tiene invertidos en el exterior; mucho menos tocar los abundantes recursos de SUTEL o que el sistema cooperativo haga un préstamo. Jamás poner un impuesto a la riqueza, como se atrevió el viejo Figueres para rescatar la hacienda pública, porque ya lo advirtió una de las cámaras: “nada de impuestos y menos impuestos solidarios”. Gobernantes de esos, ya no hay.

Siempre he reconocido en Oscar Arias su visión, al establecer como compensación social por el Ajuste Estructural, la puesta en marcha desde el CNP, del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Lastimosamente la corrupción y la impunidad torpedearon esa importante herramienta, pero sigue disponible y ahora se requiere para dotar desde la ciudadanía que va a quedar en la pobreza, parte importante de los suministros que la Caja requiere, así se reparte riqueza.

Roberto Artavia figura destacada del INCAE y ayudando al gobierno, ha advertido que no se puede pensar y actuar como se hacía antes de marzo, para enfrentar las secuelas del COVID 19. Hasta él reconoce que ahora la política debe humanizarse, porque debe restituirse la credibilidad institucional, pero cuidado si algunos van más por un botín, que sacar adelante este país.

Es el momento del diálogo, al estilo costarricense, de frente, entre todos, sin privilegios.

No se trata de reunir los amigos del gobierno y decir que ésos representan al país y que definirán el futuro de Costa Rica.

No, ninguno de esos me representa.

Hoy más que nunca, el diálogo debe ser sin exclusiones, sin miedo a los disensos, porque hay que construir consensos, para reconstruir el país y mantener la paz.

Carlos Campos Rojas
24 de abril de 2020
A cincuenta años de ALCOA.

La pandemia y la voracidad del sector financiero

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas, 21 de abril de 2020

No me sorprendí con la acción del sector financiero de secuestrar el Bono Proteger, que el gobierno, con el apoyo de la ciudadanía, le está haciendo llegar a algunas personas vulnerables para que tengan con qué comprar alimentos básicos en estos momentos tan difíciles.

Nadie puede alegar descoordinación en el gobierno, si fuera así, el gobierno se caería. Todo está debidamente articulado, toda acción gubernamental cuenta con un soporte social, político y económico para que el gobierno funcione.

En la ingenuidad popular se ha construido la leyenda urbana de que existe un desorden gubernamental. Eso le sirve a la mafia política, para distraernos. Pero todo está debidamente enhebrado, sino la corrupción y la impunidad estarían derrotadas hace rato.

En lo que más coordinación existe, es en la exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, violentando la Constitución Política, pues somos una República Participativa, el Art. 9 es preciso.

Ahora sabemos para qué, desde Casa Presidencial se está llamando a que depositemos en el sistema financiero parte de los pocos recursos que nos quedan, alegando que debemos demostrar nuestra solidaridad con los que menos tienen. Porque la solidaridad es de abajo para arriba.

Arrebatarles a las personas trabajadoras sus derechos laborales, no ha sido suficiente para la voracidad de los que más tienen. Lo quieren todo, sobre todo en esta pandemia. Ahora que estamos aislados, débiles y desconcertados.

Secuestrarle el Bono Proteger a las personas vulnerables, por sus deudas financieras, solo demuestra lo inhumano a que ha llegado el régimen, porque las reglas las impuso el gobierno.

Mientras los costarricenses nos preocupábamos por socorrer a los más necesitados, los zopilotes se frotaban las manos.

Desde luego que aflorarán las justificaciones inmorales que da el derecho, para eso sobran corsarios en la justicia y el gobierno, sustentados por un sector empresarial carente de responsabilidad social.

Este asalto a la solidaridad costarricense solo demuestra la importancia del valor de cada colón que genera la ciudadanía, en la economía nacional. Somos los que sostenemos el país. Para que haya extrema riqueza, tiene que haber extrema pobreza, somos el país más desigual de América. La mafia política ha demostrado que no tiene escrúpulos.

Todo tiene, solución en el diálogo. El que necesita el país, no es a la distancia y en una sola dirección, como propagandísticamente se pretende hacer. Debe ser en el marco constitucional, respetando y reconociendo a la ciudadanía como el Primer Poder de la República, como El Soberano que es.

¿Hacia dónde va Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Vamos a celebrar
La misa del amor esta mañana.
Haremos una hostia, con masa de maíz, harina y esperanza.
En un filo de roca,
Sobre el vientre de un cerro,
Consagraremos la hostia de la vida
Y el vino del derecho.
Jorge Debravo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La oligarquía empresarial y financiera ha sacado sus sables para blandirlos con fuerza contra los trabajadores del sector público. Realmente, sus desmanes resultan repugnantes y desenfrenados. Se ha envalentonado por su poder extralimitado, conferido por los gobiernos de turno.

Apelar a estas armas innobles, también, la delata en su debilidad ética para encarar situaciones adversas, que demandan, por parte de toda la ciudadanía costarricense, patriotismo, sensibilidad humana y solidaridad.

Es una oligarquía que se ha venido despatriando porque ha traicionado valores fundamentales de una patria solidaria y amiga. Ha endeudado al país porque no ha pagado debidamente los impuestos. Ha estafado a los bancos del Estado. Ha atacado con saña a los empleados y pensionados del sector público, exhibiéndolos como responsables de la crisis fiscal, de la que ella y sola ella es la principal y verdadera responsable. Y ahora, pretende dictarle medidas leoninas para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Vive en otro mundo, y su ceguera es total. El poder extralimitado la ha segado al punto de pensar que puede eximirse de contribuir solidariamente, quizá porque sigue pensando que sus riquezas son el fruto de su esfuerzo y capacidad, desconociendo el aporte de sus trabajadores –la mayoría mal pagados– y el soporte que le brinda la institucionalidad social pública -esa que buscan desmantelar para privatizarla-, sin los cuales se moriría de hambre.

Este pueblo se está cansando de que lo trate como ignorante y pordiosero. Ya no puede seguirle mintiendo, declarando cero ganancias mientras acumula riquezas en paraísos fiscales. Y pretende que le crean el cuento de que los privilegiados son los empleados del sector público, que hoy se parten el alma por sacar adelante al país de esta pandemia, dando lo mejor de sí con generosidad solidaria, precisamente, lo que esta oligarquía no tiene.

Tales comportamientos, son producto de su ambición ilimitada de poder; aspira a tener todos los poderes. Y como hay poderes que no puede comprar, como el de los intelectuales dignos, entonces los ataca y desprestigia; como no tiene el poder de la humildad, entonces busca ganarse el favor de los pobres con las migajas que le tira de su mesa, es decir, los humilla; y como no tiene la delicadeza y la sabiduría de los maestros, entonces los persigue y los degrada.

Pero toda su vanidad se diluye como la neblina. ¡Vanidad de vanidades, todos es vanidad!, dice el sabio escritor del Eclesiastés, en tiempos muy parecidos a los nuestros donde la dinastía tolomea celebraba el auge tecnológico, comercial y cultural del imperio griego-macedonio. La palabra que se traduce como vanidad, en este texto, corresponde más propiamente a palabras más triviales como “cochinada”, “porquería” o “mierda” (Tamez, Elsa. Cuando los horizontes se cierran. pp.15-21). Y en su “vanidad”, esta oligarquía no perdurará. Como la pandemia del coronavirus, dejará muchas víctimas en el camino, pero las mayorías sobrevivirán.

¿Hacia dónde va Costa Rica? Hacia un Estado Social de Derecho del Siglo XXI, más fortalecido que nunca en su historia. Será la nueva gesta victoriosa de mujeres y hombres libres que, así como se sacudieron la bota filibustera en 1856, se sacudirán de esta oligarquía que ha pretendido doblegarlos, empobreciéndolos y ofreciéndoles falsas promesas de reactivación económica.

Todavía hay reservas suficientes de dignidad en este pueblo valeroso y solidario, que vencerá a ambas pandemias: la del coronavirus y la oligárquica.

Imagen: UNED

Solidaridad sin privilegios en tiempos de pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

Son momentos de incuestionable unión y de esfuerzos conjuntos. De la mano, así tenemos que salir de este desafío que nos impuso el Covid 19.

Es inaceptable que la mafia política se aproveche de la situación, para enriquecerse más.

Hemos recuperado la solidaridad que habíamos perdido por los desvaríos de una sociedad de consumo, que consideraba moral y correcto, pisotear al “otro”, para lograr sus privilegios y su estatus.

La economía globalizada tenía su soporte en el consumo irracional, irresponsable e inescrupuloso. Se consideraba el consumismo como el centro del desarrollo y la forma de demostrar la integración a las nuevas tendencias posmodernistas de hacer política y establecer modelos de gobernanza, que profundizaban la dominación a la que habíamos estado sometidos.

Este gobierno sabía al asumir su mandato, que se enfrentaba en su trabajo a un terrible legado de las administraciones que, después del gobierno de Rodrigo Carazo, tuvieron como norte destruir nuestro estado de bienestar por uno presuntamente más moderno, más acorde a la privatización y a la negación del ejercicio de los derechos políticos de la persona ciudadana. Entregaron nuestra riqueza, como si fueran bienes de difunto a banqueros privados, alquiladores de edificios, prestatarios de servicios, etc., que aparecieron sin percatarnos, para hacerse del botín, como una gollería.

Pasamos a ser el país más desigual de América, porque la riqueza se concentró en muy pocas manos. Se imponía que era más importante el bienestar del individuo, aunque fuera pisoteando la espalda de los demás.

Así, entre las múltiples herencias aportadas por esa vieja mafia política que asumió el mando en la oscuridad, está la Concesión de la Ruta 27. Uno de los contratos más leoninos a los que nos ha condenado un gobierno.

Oscar Arias, lleno de malinchismo y sin ningún amor por nuestra patria –entre muchos de sus actos-, nos encadenó a enriquecer una empresa extranjera, a través de una concesión que demostró que el artilugio legal, servía para legitimar el saqueo de la riqueza que nos ha pertenecido.

La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos Nº 7762, aprobada el 22 de mayo de 1998, fue el instrumento para que una legalidad viciada, finalizara un proceso de años de irresponsabilidad estatal. En el mejor de los casos tuvimos que pagar $3 millones por comisiones al BID, por créditos que no se usaron y así se puso al desnudo la cultura de corrupción y de impunidad que se consolidaba.

Hoy todos debemos ser solidarios, la ciudadanía saca para ayudar al prójimo, incluso de donde no tiene y estamos dispuestos a correr al llamado del gobierno. Los ticos, somos solidarios porque no han podido arrebatarnos todas nuestras raíces, eso nos tiene con esperanza de salir adelante en estos momentos difíciles.

Resulta que ese leonino convenio de la Ruta 27 y las posteriores Adendas, dejaron establecida la obligación del gobierno –o sea el pueblo costarricense- de pagarle a la empresa Concesionaria Autopistas del Sol (c.c. Globalvía Ruta 27), los ingresos que la empresa no obtuviera, si por los peajes no pasan, los vehículos suficientes para cubrir los costos y obtener las ganancias que –en el gobierno de Arias- se le prometieron a la empresa extranjera, calculados con el Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos (CPI-U).

La Ruta 27 está desierta porque en estos momentos todos debemos estar en casa. Es la orden gubernamental para no ser castigados por el Covid 19 y ésa debe ser la responsabilidad ciudadana.

Debemos saber de manera transparente, si para cumplirle a la Concesionaria, hay que arrebatarle en esta emergencia a las personas desempleadas y en alta vulnerabilidad social, la plata para comprar alimentos, que, con mucho esfuerzo, hemos aportado con nuestros impuestos para ellos.

Aunque el contrato tiene una cláusula de Caso Fortuito, está más relacionada con los aspectos de construcción de la carretera y referidos desde luego a eximir a la empresa de cualquier responsabilidad.

Que sepa el gobierno que en estos momentos la probidad y la transparencia son la prioridad del país. Que cuenta con la ciudadanía como respaldo, ante los desafueros y la ignominia que una mafia política organizó, con una legalidad espuria.

La Concesionaria Autopistas del Sol ha estado en silencio, todavía no sabemos cuándo se dará por satisfecha y nos devolverá lo que nos pertenece. Para defenderla sobran los corsarios del derecho y la justicia.

Ya algunas empresas han manifestado que demostrarán en estos momentos, su solidaridad y responsabilidad social con el país.

La solidaridad debe ser de todos los que convivimos en esta patria, la ciudadanía ya ha puesto su parte.

Ahora le toca demostrarlo, sobre todo, a ese tipo de empresas que se enriquecen con lo que nos pertenece.

Lo que cambiará post-pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Óscar Madrigal, abogado

Muchas cosas cambiarán después de esta pandemia, pero esas cosas y los asuntos sociales y de Estado no lo harán automáticamente, de manera mecánica, sino que requieren del empuje de los movimientos sociales y políticos para que el país avance. Cuando no se genera una fuerza innovadora, las sociedades se estancan, se inmovilizan y tienden inercialmente por volver al viejo estado de cosas. En estas circunstancias, como lo ha mostrado la historia, por regla general ocurre una descomposición social, que se traduce en más pobreza, desigualdad y desesperación.

De aquí surge la imperiosa necesidad de la articulación del movimiento social y del movimiento progresista para desarrollar un programa que permita a la sociedad costarricense planear y avanzar en un nuevo concepto de sociedad.

Esa nueva alternativa de sociedad deberá fundamentarse en nuevos conceptos. Pienso en los siguientes:

1-. Ciudadanía. La ciudadanía debe concebirse de manera activa, contralora y propositiva. Los ciudadanos dejan de ser solo sujetos de momentos electorales, para asumir el poder ciudadano desde la sociedad misma para pedir cuentas, exigir cumplimiento de promesas o censurar a todos los ciudadanos que ocupan puestos de dirección en el Estado.

2-. Nación. La globalización como ha sido concebida ha mostrado ser insuficiente para afrontar los problemas globales. El concepto de Nación debe ser retomado para asumir el compromiso de desarrollo económico nacional y para exigir normas internacionales que resguarden los intereses laborales y económicos de todos los países.

3-. Soberanía. Solo mediante un concepto de soberanía que recupere el poder de decisión nacional en cuanto al apoyo a la producción nacional, así como la capacidad del país de mantener una política internacional independiente, sea manteniendo una neutralidad y respeto por a la autodeterminación de los países.

4-. Producción. El desarrollo productivo seguido hasta ahora debe cambiar de paradigma. El crecimiento económico desmedido sin considerar a la Naturaleza y la igualdad social es insostenible. El crecimiento del PIB no debe ser un único parámetro de medición de la riqueza social o natural. El respeto por la Naturaleza debe sustentarse en el apoyo y desarrollo de un fuerte movimiento ecologista para revertir los daños que estamos ocasionando a nuestro Planeta.

5-. Igualdad. La brecha social que cada vez se agranda más entre unos cada vez más ricos y otros cada vez más pobres, debe revertirse inmediatamente. La distribución de la riqueza, que es producida por los trabajadores, debe hacerse de manera equitativa. La igualdad de derechos humanos y patrimoniales entre hombres y mujeres es la única forma de mantener un desarrollo realmente humano.

6-. Solidaridad y humanismo. La sociedad debe fundamentarse en nuevos conceptos de solidaridad para que el desarrollo se vea como responsabilidad de todos, pero también para beneficio de todos. El humanismo es el fundamento del respeto a los derechos humanos de todas las personas como un atributo natural: creencias religiosas, preferencias sexuales, políticas, etc., la política es la no discriminación.

La democracia es el mecanismo político que permitirá el acceso de todos los grupos sociales y partidos políticos, en un plano de igualdad, a los medios de comunicación y a los procesos electorales.

Estos son algunos conceptos que debemos asumir para la sociedad post-pandemia. No son, lógicamente, los únicos, ni tal vez lo mejor elaborados, pero pueden ser una base de pensamiento.  De ellos se deducirán medidas concretas, como debe ser.

Enfrentar el impacto

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Por:
Dr. Jorge Loaiza Cárdenas-
Msc Efraín Cavallini Acuña-
Académicos
Escuela de Planificación y Promoción Social
EPPS-UNA

Imagen: Rodrigo Valverde Naranjo

Como lo planteara E. Morín en la última página de su libro: La Vía para el futuro de la humanidad: “Quizás encuentren, en alguna parte de las ruinas de una biblioteca, este mensaje que les devuelva la esperanza y el coraje”; queremos compartir con ustedes unas palabras de esperanza y decisión, que nos permita enfrentar estos momentos de desesperanza e incertidumbre, al que hemos sido llevados ante la emergencia nacional que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus COVID-19 en Costa Rica.

Hoy más que nunca estamos en crisis, no solo provocada por la pandemia del COVID 19, sino por las crisis de un modelo de desarrollo que nos ha llevado a un subdesarrollo intelectual, psíquico, tecnológico y moral.

Intelectual, porque la formación disciplinar que recibimos los occidentales, al enseñarnos a disociar todo, nos ha hecho perder la capacidad de relacionar las cosas y, por lo tanto, de pensar los problemas fundamentales y globales y abordarlos desde la complejidad en que están insertos, es decir vincular lo global con lo local y lo general con lo particular.

Psíquico, porque estamos dominados por una lógica puramente económica, que no ve más perspectiva política que el crecimiento y el desarrollo, y estamos abocados a considerarlo todo en términos cuantitativos y materiales.

Tecnológico, porque no debemos considerar a las tecnologías, como la herramienta que nos resuelve todos los problemas de la comunicación humana. Las tecnologías de la información y comunicación pueden hacernos bien o mal. No todas las tecnologías y cualquier uso que hagamos de ellas es lo más apropiado. No todas nos harán bien. Al contrario, utilizadas inapropiadamente pueden provocarnos torceduras, golpes en nuestra vida diaria, y pueden, sencillamente, embrutecernos. Pero aprovechadas de manera inteligente serán saludables y nos permitirán avanzar sanamente. Se debe elegir con lupa el menú tecnológico, conectarlo a nuestras necesidades reales y proyectos de mejora de la condición social. Es un imperativo utilizar la tecnología con sabiduría e inteligencia. Con ellas tenemos que hacer esfuerzos para tratar de recuperar el contacto humano, y, por consiguiente, la solidaridad. Como ciudadanía tenemos que apropiarnos de las tecnologías de la comunicación e información y reconocer su valor antes de que ellas desbocadas profieran el bazucazo a la humanidad y sigan colonizando nuestra mente y nuestra sociabilidad. Evitemos caer en la red de sus intereses comerciales y/o políticos. Recordemos, como se ha dicho en varios foros, que no está hecha la persona para la tecnología. Sino la tecnología para el ser humano.

Moral, porque el egocentrismo domina sobre la solidaridad. Además, la hiperespecialidad, el hiperindividualismo y la falta de solidaridad desemboca en el malestar, incluso en el seno del confort material. Como mal social, la corrupción es capaz de permear por completo un sistema político, afectándolo desde la cúpula hasta las actividades más cotidianas de la convivencia social sin importar las circunstancias en que nos encontremos. La permanencia de la corrupción en la política permite y atrae a personas impropias e inadecuadas para ejercer cargos públicos y desmotiva y repele a personas honestas que tienen una legítima vocación de servicio público. Los economistas, los sociólogos y los políticos tienen que tener cuidado con pronósticos imprudentes. En el desarrollo de esta crisis del COVID 19, se han visto algunos políticos que vacilan en asentar su estrategia en el principio de que el esfuerzo del Estado debe orientarse a salvar la vida de todos sus ciudadanos, que son los sectores sociales los que deben tener prioridad frente al cálculo utilitarista y mercantilista de las consecuencias económicas, que puede tener esa estrategia que beneficien a ciertos sectores privilegiados a contrapelo de la clase trabajadora y de quienes no gozan de garantías para acceder a una vida justa. La inseguridad no sólo se refiere a la lucha contra la pandemia, también a las consecuencias económicas y sociales que son impredecibles. Por ello, como sociedad, debemos incidir para lograr liderazgos políticos honestos para las siguientes décadas, que cultiven y promuevan la verdadera democracia y no contaminarla.

La crisis de la humanidad son crisis interdependientes, interrelacionadas, tenemos crisis en la salud, cognitiva, de pensamiento, política, económica, social, ambiental, cultural, ética; tenemos una crisis en la relación fundamental entre el individuo y la sociedad, el individuo y la familia, el individuo y él mismo; es decir, estamos abocados al abismo.

Sufrimos un malestar interior que parasita nuestro bienestar exterior. Aquellos que gozan de un aumento de su nivel de vida, ven reducida la calidad de la misma. Pero este es un malestar difuso, que se vive de maneras distintas; por ejemplo, el malestar que afronta la juventud, la desintegración de la familia, el significado de la vejez para la sociedad mundial actual ante la pandemia del COVID 19, entre muchos otros.

Pero toda crisis comporta riesgos y oportunidades; sin embargo, esta crisis humana que hoy enfrentamos con la pandemia del COVID 19 es solo una de ellas; que nos ha llevado a evidenciar los riesgos, pero nos obliga, a buscar las oportunidades de cómo superarlas.  La oportunidad es ver la crisis como una vía hacia un cambio, Así surge la gran capacidad creadora del ser humano que permita regenerar nuestra vida, la vida de nuestras culturas, del legado del pensamiento y conocimiento al cual hoy en pleno siglo XXI hemos logrado alcanzar; este será nuestro máximo instrumental de lucha que nos permitirá definir la ruta que nos llevará hacia ese gran cambio. Como dice Morin “cambiar de vía”.

Pero cambiar de vía no significa frenar el desarrollo científico-técnico-económico, por el contrario, significa repensar y hacer un alto y un acto de contrición, para valorar lo bueno y malo que tenemos en nuestras vidas, de tal forma, que abramos una pluralidad de caminos, reformadores a nuestra vida. Serán muchos los caminos, pero como dice Machado “. el camino se hace al andar”.

El cálculo monetario no puede evaluar el bienestar y el malestar. La tristeza, el abandono y la soledad buscan consuelo en la compra y el consumo. La lógica del cálculo, de la máquina determinista, del rendimiento y de la productividad se extiende por toda la sociedad y se apoderó de todos nosotros. Por esto, necesitamos una reforma de vida, que pueda reducir el poder del dinero y del afán de lucro y de todos aquellos que siempre nos presentan las mismas recetas economicistas.

Necesitamos de una política de solidaridad real no de una de anonimato de solidaridad del estado de bienestar, es decir pasar de promulgar la solidaridad a liberar la fuerza de las buenas voluntades y favorecer las acciones solidarias, por ejemplo, impulsar la economía solidaria en donde se fortalezca el cooperativismo y las asociaciones sin afán de lucro que presten servicios de proximidad, o en el campo educativo, en donde profesores y docentes ofrezcan espacios de formación y acompañamiento técnico y profesional a aquellos que más lo necesiten; o en el campo de la seguridad ciudadana, en donde las comunidades se organicen para controlar la delincuencia y el robo.

Necesitamos un reencuentro con el trabajo en el que se dignifique el aporte de todo ser humano; volverle a cada ser su capacidad de crear, de innovar, de producir de sentirse útil en la vida, produciendo para sí mismo, para otro o para un mercado. Hoy más que nunca hemos aprendido que la salud y la alimentación son las principales fuentes de vida que todo ser humano necesita de manera indispensable, es nuestra responsabilidad velar porque nuestro país siga conservando y consolidando el sistema de salud que poseemos, pero en cuestiones alimentarias debemos reconocer el abandono y desconocimiento al que hemos llevado a nuestro sistema agroalimentario nacional, haber pasado de un sistema autosuficiente que garantizaba su seguridad alimentaria, de tan solo hace 30 años, con un liderazgo y reconocimiento a nivel ciudadano de nuestros agricultores, a un nivel de dependencia absoluta por lo que consumimos a nivel básico y sobre todo por el desconocimiento e invisibilización del pequeño y mediano agricultor de nuestro país, a punto de desaparecerlo. Es innegable e indispensable reactivar el sistema agropecuario de nuestro país, tarea que solo grupos multidisciplinarios y en dialogo abierto y permanente podrán buscar la forma de lograrlo.

Esta reforma de vida necesita de una reforma del pensamiento, que nos muestre la importancia de los prejuicios y los paradigmas que inconscientemente dirigen nuestras formas de conocimiento y comportamiento y nos hacen incapaces de comprender que los demás obedecen a otros preconceptos y otros paradigmas.

Tres pilares fundamentales para cimentar una sociedad próspera, solidaria, cohesionada, un Estado fuerte, representativo y garante de los intereses de los diversos sectores y que convoque a una ciudadanía participativa y proactiva, son la Ética Pública, la idoneidad- y la probidad, estas cualidades garantizan, a su vez la transparencia, la rendición de cuentas y son el filtro para detener los abusos del poder, la corrupción y el favorecimiento económico de una minoría. De manera tal, que se pueda cumplir con los requisitos de una democracia representativa y de una economía solidaria, eficiente y distributiva de la riqueza social. El modelo de desarrollo del Estado costarricense, desde la Segunda República, es una fuente para repensar el Estado y el rumbo de la Costa Rica, de los próximos 30 años.

Necesitamos afrontar la relación con los demás a través de la comprensión del prójimo, la humanización de las emociones y el respeto democrático.

Todos debemos buscar aquello que es importante y necesario para nosotros, todos debemos encontrar el camino de nuestra regeneración, una vuelta a las fuentes generadoras-creadoras.

Trabajemos para diagnosticar y transformar, trabajemos para relacionar y unir. Las reformas son solidarias; no son solo institucionales, económicas, políticas o sociales, son también mentales, y requieren una aptitud para concebir y abarcar los problemas globales y fundamentales, una aptitud que, a su vez, precisa de una reforma de la mente y la forma de pensar nuestras vidas. Pero la reforma de la mente depende de la reforma educativa y de la reforma del pensamiento, ambas son complementarias e indispensables.

En materia educativa es momento para reorientar el modelo, hacerlo más inclusivo, más participativo, las TICS nos han ofrecido herramientas tecnológicas que van a revolucionar la enseñanza y el aprendizaje, y es precisamente donde la juventud nos ha dado una clase de destreza y habilidad para acoplarse a estas nuevas herramientas, el reto es porqué no incluirlos en el diseño de las nuevas formas de implementar el proceso de enseñanza aprendizaje valiéndonos de las TICS.

Ante esta época de crisis provocada por la pandemia del COVID 19 es momento para replantearnos, hacer un alto en nuestras vidas, valorar lo que tenemos, mirarnos como humanos, preguntarnos qué queremos de nuestras vidas, en qué estamos dispuestos a cambiar, y lo más importante creo yo, que puedo hacer por el prójimo, sobre todo aquel que ha perdido las esperanzas de vivir la vida con dignidad humana, aquel necesitado de espiritualidad, de oportunidad, de valoración por lo que es, y no por lo que tiene o puede producir,  aquel que anda en la calle sin norte, aquella que enfrenta sobrevivir con una familia sin  oportunidades de trabajo o empleo, pero no solamente él o aquella que parece estar alejada de mí, muchas veces, ella o él están muy cerca o son parte de mi núcleo familiar.

Insto a que olvidemos nuestro ego disciplinar que no nos deja ver la realidad compleja que afrontamos, debemos pasar de las recetas que todo lo solucionan desde una disciplina; receta, donde mi disciplina es la más favorecida, y los o las otras, son las que deben implementar las sabias soluciones propuestas; debemos buscar el encuentro con el otro, a reconocernos en el otro u otra, a dialogar, a buscar puntos de convergencia que nos permita avanzar en la convivencia fundamentada en el amor por nuestro semejante, porque solo de esta manera podremos avanzar en una sana convivencia en donde lo que planifiquemos sea producto del aporte de cada uno de nosotros.

Finalmente, consideramos que el gobierno y quienes lo presiden realizan las acciones y medidas que humanitariamente, con meditación o alevosía, consideran más oportunas, más que criticar dichas propuestas, debemos realizar aportes o propuestas que mejoren dichas acciones, hay que pasar de la reacción a la acción propositiva. Ya no basta con denunciar, ahora es preciso enunciar, no es suficiente reconocer la crisis, la urgencia, también hay que saber por dónde empezar, el reto es ahora o nunca.

Aún tenemos tiempo para reconstruir y fortalecer aquellas prácticas ciudadanas, que soportan la institucionalidad y la praxis democrática, y que se fundamentan en la moral y la ética pública.

COVID-19: encrucijadas y respuestas humanas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Andrey Pineda Sancho,
sociólogo e investigador CICDE-UNED

La grave crisis pandémica que actualmente tiene en vilo al planeta entero nos ha hecho regresar a viejas preocupaciones antropológicas, constitutivas de nuestra especie, y a debates sociopolíticos y filosóficos de largo, más bien larguísimo, recorrido en nuestras sociedades. Ha potenciado, por un lado, nuestro ya de por sí perenne, aunque no siempre consciente, terror al desorden, al caos y a la finitud, y por el otro, nos ha obligado a tratar de encontrar respuestas aptas tanto para conjurar la amenazante situación, como para hacerla asimilable o llevadera a nivel cognitivo-emocional. De este intento participan, en distintos grados, las instituciones que conforman y modelan la vida sociocultural de los distintos países, los agentes sociopolíticos con mayor poder dentro de ellos, y por supuesto, las personas que con su accionar día a día contribuyen a mantener a flote los mundos socialmente construidos.

En medio del apremio, cada grupo, institución o persona, procurará hacer cuanto esté a su alcance para encontrar las respuestas que les permitan lidiar con la situación y para evitar con ellas el desmoronamiento del mundo que hasta ahora conocían. Las empresas, de distintos tamaños y colores, tratarán de evitar la quiebra o la disminución dramática de sus ganancias, el Estado echará mano de su poder para gestionar la crisis en sus muchas aristas y niveles de complejidad, los y las científicas correrán a ofrecer alternativas para atender lo urgente y resolver el futuro que se dibuja en el horizonte, mientras que la ciudadanía común, en su diferencia constitutiva, oscilará entre la espera de las soluciones externas y la imperiosa necesidad de solventar de forma autónoma sus más acuciantes angustias. Lo que no parece estar para nada claro, sin embargo, es si estos intentos resultarán capaces de cumplir con sus propósitos, si resultarán o no compatibles entre sí, o si serán realmente benéficos, no ya para un sector específico de nuestras sociedades, sino en general para el colectivo. El gran reto que tenemos al frente no reside tanto en encontrar respuestas, pues estas de una u otra forma llegarán y han estado llegando ya, como en hacer que estas respuestas estén inspiradas por criterios que resulten favorables a la consecución del mayor bienestar posible a nivel societal.

Entre los múltiples y multiformes, aunque no siempre creativos, atisbos de respuesta que se han estado proponiendo desde los círculos de poder, y en menor medida desde la ciudadanía, creo poder identificar el retorno y/o a la renovación de viejas discusiones político-filosóficas, así como la revitalización de algunos debates de más reciente data. Todo ello en el fondo no hace más que confirmar que casi todos los problemas que hoy nos estallan en la cara, en realidad nos han venido acompañando desde antes de la emergencia del covid-19 en el planeta. Entre otras cosas, esta crisis ha propiciado que:

  • volvamos a debatir sobre la pertinencia o no de dejar que el mercado colonice y cope los aspectos más esenciales del acontecer y del devenir humano. En la mayor parte del mundo la mano invisible del mercado se ha mostrado francamente incompetente para atender o resolver la crisis;
  • reflexionemos, una vez más, sobre la naturaleza del Estado y sobre su rol tanto en las dinámicas económicas, como en la vida privada de las personas. En este momento tiende a pedírsele, con particular vehemencia, que mantenga viva la economía y que procure la salud y la seguridad de las personas;
  • nos debatamos entre la necesidad de incentivar el control externo (biopolítico) de las conductas y la de apelar a la responsabilidad de cada persona. Aquello que en ocasiones se ha presentado como una dicotomía, en estas condiciones se ha tendido a posicionar más bien como una imperativa complementariedad;
  • se nos presenten con mayor crudeza las injusticias estructurales de nuestros ordenamientos sociales. Hoy se notan doblemente las duras e inhumanas consecuencias del empobrecimiento, de la desigualdad, del desempleo, de la informalidad laboral, del inequitativo acceso a la salud, de la falta de vivienda digna, de la indefensión en la que viven muchos de nuestros adultos mayores y de las desventajas socioeconómicas que padecen millones de mujeres alrededor del planeta;
  • adquiramos nueva o renovada consciencia de nuestra naturaleza eminentemente social. Hoy nos está quedando más claro que dependemos de otros y de otras para subsistir; que el otro y la otra son condición de posibilidad para mi propia existencia. Ello se ha revelado de forma notable en el trabajo realizado por las instituciones públicas, pero también en las cadenas de solidaridad que se han abierto en distintos frentes, ya sea para apoyar a la pequeña y mediana empresa, o para garantizar la sobrevivencia de los sectores más desposeídos y vulnerables de la sociedad;
  • reparemos en el carácter global de las grandes problemáticas que comprometen no sólo nuestra continuidad en tanto especie, sino también la del planeta como tal. Aún cuando hemos corrido a refugiarnos en la aparente, y sólo aparente, comodidad de los estados-nación, es muy obvio que de este tipo de apuros solamente podremos salir a través de respuestas y acciones de alcance global.
  • resurjan en nosotr@s todo tipo de incomodidades y sospechas no ya solamente respecto del funcionamiento del capitalismo en tanto sistema económico de corte mundial, sino sobre todo respecto del modelo civilizatorio que este ha configurado a lo largo de más de 500 años. Ha resultado inevitable preguntarse si dentro de tal proyecto podremos encontrar y tornar viables aquellos valores que requerimos para hacer frente, de forma eficaz, a nuestros problemas y retos comunes;
  • debamos preguntarnos sobre el papel que tendría que jugar la ciudadanía organizada, tanto a escala nacional como transnacional, en la necesaria construcción de un mundo menos devastador y excluyente. En última instancia, son las clases más desposeídas alrededor del planeta las que sufren con mayor dureza ante cualquier crisis de grandes proporciones, ya sea esta de naturaleza económica, sanitaria o ecológica.

La forma en que se “resuelva” la crisis y sus consecuencias posteriores es algo que aún está por verse. Lo cierto del caso es que, con independencia de las respuestas que le demos a la situación, ya no volveremos a ser l@s mism@s; para bien o para mal, ya no volveremos a serlo. Estamos ante lo que la escuela institucionalista llama “una coyuntura crítica”, las decisiones que tomemos hoy marcarán, de forma cuasi definitiva e irreversible, nuestra trayectoria futura. La gran pregunta que se levanta es: ¿cuál rumbo deseamos tomar? Dependerá de todos y todas apuntar hacia la dirección correcta.

La pandemia solo puede detenerse con solidaridad cívica

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Miguel Sobrado

El Coranovirus está tomando velocidad. Los infectados se duplicaron cada 3 días hasta el 16 de marzo y aunque disminuyó en los últimos días por las acciones del Ministerio y la Caja, sin embargo, si no interviene cada comunidad conjuntamente con las autoridades de salud, tendremos 6000 afectados al 15 de abril. Como el 10% debe ser hospitalizado, esto es más de 600 pacientes, se puede saturar la capacidad hospitalaria y los médicos podrían verse obligados escoger a quien salvar y a quien dejar morir, como está sucediendo en Italia y España.

Costa Rica está sometida a una prueba de ciudadanía y solidaridad. Una parte importante de la población está reaccionando positivamente, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud y la Caja estableciendo medidas preventivas y aislando a los ancianos, otra parte aunque quiere aislarse tiene que salir a las calles para conseguir el alimento vital. Un tercer grupo, bastante numeroso por cierto, se burla de las disposiciones sanitarias y organiza fiestas y reuniones donde se difunde exponencialmente el virus.

La Costa Rica respetuosa y responsable está dando ejemplo de civismo, sus huestes deben reforzarse con ayuda alimentaria a los miembros del sector informal que deben salir a la calle a ganarse la vida para que se puedan aislar. Esto exige un esfuerzo muy grande del Estado y de los gobiernos locales, de raspar la olla, de tal manera que todos colaboremos proporcionalmente.

Por otra parte hay que continuar con la información y educación de quienes niegan la gravedad de la situación, para que revisen su comportamiento. Los que no acaten las disposiciones deberán ser llamados a cuentas por atentar contra la salud y el interés público.