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Etiqueta: Código Electoral

Óscar Aguilar Bulgarelli: “No hay golpe de Estado, hay defensa de la ley y de la democracia”

Escrito en . Publicado en Análisis.

El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al reciente acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial al mandatario Rodrigo Chaves Robles, tras considerar que ha incurrido en beligerancia política, lo cual está prohibido para el cargo según la legislación costarricense.

Aguilar explicó que el procedimiento aplicado por el TSE se encuentra claramente establecido en el artículo 270 del Código Electoral, aprobado en 1996, el cual determina que, ante una acusación de beligerancia política, el Tribunal puede rechazarla o remitirla a la Inspección Electoral para su investigación. Si esta instancia considera que existe mérito, eleva el caso nuevamente al Tribunal, que puede entonces solicitar el levantamiento del fuero presidencial.

“Así de fácil: es un procedimiento legal”, afirmó el historiador, señalando que las denuncias contra el presidente no son recientes, sino que se remontan a diciembre del año pasado. “Las últimas fueron presentadas en marzo de este año por un grupo de ciudadanos en el que también participé”, añadió.

Aguilar recordó que el mandatario ha sido denunciado reiteradamente por acciones contrarias a la neutralidad política y cuestionó las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, quien calificó la solicitud del TSE como un “golpe institucional”. “¿Qué entenderá esa señora por eso? —preguntó—. Golpe institucional sería que las mismas instituciones se dieran un golpe de Estado a sí mismas. Cuando se acata la ley no hay golpe. El problema es cuando no acatan la ley, como el presidente y como usted, doña Pilar”, expresó.

El historiador insistió en que las denuncias tienen sustento legal y no responden a motivaciones partidarias. “Nada tiene que ver con el Partido Liberación Nacional ni con acusaciones políticas. Todo eso son tonteras, maneras de ocultar la verdad. La verdad es que han violado la ley, y la ley está para cumplirse”, señaló.

Aguilar citó también el artículo 166 del Código Electoral, que establece que si, tras las investigaciones y audiencias correspondientes, el Tribunal determina que se ha cometido delito, puede solicitar la destitución del presidente. “Ahí sí, pero es cumpliendo la ley. Ahí no hay golpe”, enfatizó.

El analista advirtió que la ciudadanía no debe caer en la indiferencia frente a estos hechos, porque ello pondría en riesgo la democracia costarricense. “Si los costarricenses seguimos siendo indiferentes, vamos a matar la democracia”, manifestó.

Aguilar afirmó que el mandatario ha violado el Código Electoral en al menos 25 ocasiones, de las cuales el TSE solo ha señalado 15 en esta acusación, además de tener “más de un centenar de causas abiertas en la Fiscalía”.

Concluyó su intervención reiterando que el país no enfrenta un golpe de Estado, sino una defensa de la ley y del principio democrático.

“Aquí no hay golpe de Estado. Aquí hay defensa de la ley. Aquí hay el principio de que el ciudadano tiene una ley que lo protege para que no nos roben la democracia. Eso es lo que estamos haciendo.”

La última “salida” de Cisneros

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Con su reciente anuncio, la diputada Cisneros, reconocida «directora de propaganda» del gobierno chavista, de que ella, con el equipo que usa en el Congreso para leer discursos, va a generar producciones desde Zapote, para romper la veda electoral que, entre otros, prohíbe al presidente Chaves hacer propaganda a favor del partido político chavista, y en contra de los partidos de oposición, está, «sin querer queriendo», comprometiendo al mandatario y, esto es muy importante, a los medios que se atrevieren a contratar las transmisiones que la diputada tiene planeado hacer desde Casa Presidencial.

¡Veamos! Si el artículo N°142 del Código Electoral, PROHÍBE «difundir mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada», y la diputada ha confesado que tratará de incumplir tal prohibición, cual, si estuviera de regreso en un noticiero de televisión, sentimos que se está metiendo en un enmarañado manglar.

Por un lado, no puede negar que ella es, de hecho, parte del equipo de propaganda de Casa Presidencial. Eso no es ninguna sorpresa. Asimismo, no puede pretender que tenga alguna importancia de quién es el equipo de transmisión que usaría para con él, burlar la legislación electoral, que todos los costarricenses tenemos el deber de cumplir. Aunque un par de aparatos supuestamente sean comprados por «perico de los palotes» (algo intrascendente), la Cisneros piensa que, al no ser de la Presidencia, ello le dará un matiz de legalidad a su “genial idea”, y que así, el pobrecito que hoy se siente «amordazado«, podría lavarse las manos cual infantil inocente, pues él (piensa ella) no tendría responsabilidad alguna de la propaganda que se transmitiría por iniciativa de otros, y que Chaves se muere por ejecutar.

Para ello, Cisneros, quien recordemos no tiene prohibición, piensa que hasta podría transmitir propaganda pagada por el partido oficial… con Chaves como actor laureado como principal protagonista. ¡Ni el actor de origen indio que se ha hecho famoso gracias a un diputado pugilista, podría sustituirle!

“Dicen que se dice”, que, como el abogado de Chaves, ahora candidato a diputado por Alajuela, es tan olvidadizo, al asesorarlos seguro olvidó que, a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro prestigioso Tribunal Supremo de Elecciones reafirmó que Costa Rica habría de contar con mecanismos que eviten el uso indebido del aparato público en las campañas electorales, para evitar la difusión de propaganda oficial durante el periodo electoral. Explícitamente se anota razonablemente, que, aunque no se incurra en gasto público directo, la visibilidad y la amplificación de los mensajes que otorgan los canales oficiales pueden influir de manera ilegítima en la intención de voto de la ciudadanía.

Asimismo, el TSE dispuso que también queda prohibida la publicación de ese tipo de mensajes en plataformas digitales institucionales, con o sin pago. En términos generales, la difusión de propaganda en contra de lo dispuesto en la Constitución Política o en el Código Electoral se sanciona económicamente, tanto a los responsables de los medios de comunicación, como a todos aquellos que buscan difundir propaganda en contra de lo dispuesto en el Código Electoral, como pretende la diputada Cisneros Gallo. Igualmente, se exponen a multas de dos a diez salarios base, los encargados o responsables de medios de comunicación, que pretendan “jugar de vivos” en un contexto donde, torpemente, ya la emprendedora diputada ha cantado sin guitarra, segura de que la asesoría recibida era estupenda. Están pues avisados los amigos de los medios que ya han sido buscados.

A una sociedad políticamente organizada sin Estado, algunos le llaman anarquía. Lo de Pilar Cisneros no se le acerca, pues lo de ella, básicamente es una “salida” impensada, y como tal, no merece ser tomada en serio.

Ni censura ni mordaza como dice el presidente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández Naranjo

Ni censura ni mordaza, se trata de una garantía para el derecho al sufragio.

Cada vez que el presidente sale con una mentira o manipulación de información, hay una oportunidad para que las y los ciudadanos tomemos conciencia sobre las normas y valores que regulan nuestra vida democrática.

No es cierto que el TSE le pusiera una mordaza o censura al presidente a partir de que se convoque formalmente a las elecciones de febrero del 2026.

Lo que el TSE ha hecho es informar y aclarar al presidente sobre normas de las cuales él parece no haberse enterado o quiere desconocer, para desinformar una vez más a la población, a pesar de haber jurado respetarlas y cumplirlas.

Desde 1949 se establecieron en el artículo 95 de nuestra Constitución Política los principios que regulan el ejercicio del derecho al sufragio, uno de los cuales (inciso 3) dice:

“Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas”.

Es decir, las autoridades de gobierno deben guardar imparcialidad en los procesos electorales y por eso también se les prohíbe participar en actividades proselitistas partidarias.

Por otro lado, desde 1996 se estableció en el Código Electoral (artículo 85) una prohibición explícita al Poder Ejecutivo, a la administración descentralizada y a las empresas estatales de difundir informaciones sobre su gestión, salvo que se trate de asuntos técnicos, indispensables e impostergables sobre los servicios que prestan (Reforma al Código Electoral mediante Ley n.º 7653 del 28 de noviembre de 1996).

En el artículo 142 de Código Electoral aprobado en el 2009 se amplió y aclaró aún más esa disposición incluyendo a las municipalidades:

“ARTÍCULO 142.- Información de la gestión gubernamental

“Prohíbese a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y los concejos municipales, difundir, mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada, a partir del día siguiente de la convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones. Quedan a salvo de esta prohibición, las informaciones de carácter técnico o científico que resulten indispensables e impostergables, por referirse a aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley harán incurrir a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y beligerancia política, previa resolución del TSE.” (Ley n° 8765)

Entonces no es un capricho del TSE contra el presidente actual como él lo insinúa. Es una norma que ha estado vigente desde hace mucho tiempo y que tiene como propósito resguardar una garantía constitucional para las personas electoras.

Ciertamente son normas diferentes a las que rigen en otros países donde los presidentes pueden hacer campaña abiertamente. Puede que estemos o no de acuerdo con esas reglas, pero son las que nos rigen y deben ser respetadas. Aunque ya sabemos que al actual Gobierno no le ha importado jurar primero para después desacreditar nuestro orden constitucional y legal.

«Financiamiento Jaguar»: Un caso de «alto nivel»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Allá arriba, aunque muy lejos del Cielo, un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, le han jugado al escondido a la Fiscalía General de la República, órgano del Ministerio Público que tiene el deber de investigar presuntos delitos penales, cometidos por esos inmunes «de arriba», obstaculizándole la tarea de defender los intereses del soberano, propiamente dicho.

En el caso «Financiamiento Jaguar», tramitado en el Ministerio Público, además de las diputaciones Pilar Cisneros, Paola Nájera, Julio Agüero y Luz Mary Alpízar, así como el canciller Arnoldo André, sobresale como figura central, como mascarón de proa, quien fuese tesorero del partido taxi pirata, que llevó como pasajero al presidente Chaves hacia la localidad de Zapote. Nos referimos al señor Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, de 64 años, quien voluntariamente renunciara al alto cargo de vicepresidente de la República, ¡y muy relevante!, a la inmunidad que impedía al Fiscal, cumplir su deber debidamente, en las causas que se le siguen. Escudo legal que ha venido siendo usada, exageradamente, como cobija de impunidad, por el actual gobierno.

El señor Brunner Neibig, un muy poco conocido personaje político (por su muy escasa acción desde la Casa Presidencial) estaría presuntamente implicado, en la creación y operación de un mecanismo, en otras circunstancias legal, mediante el cual pudo transferir bienes a otra persona, para que ésta los administrara secretamente, en beneficio de las finanzas de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ello, pese a que el Código Electoral, garantía de nuestra cara democracia, señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas, debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político, para evitar que dineros de origen desconocido, y en la de menos de fuentes no necesariamente sanas, pudiesen incluso, ser determinantes en la elección de funcionarios que luego vayan a defender sus intereses ocultos, si son electos.

O sea, ustedes lo sabrán, la acusación tiene que ver con un llamado fideicomiso, al que se le llamó «Costa Rica Próspera», mediante el cual, se habrían canalizado millones de colones y dólares, al margen del ordenamiento legal. Al hacerlo así, y eso es lo que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) están procesando, los investigados podrían haber cometido delitos, sancionados en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral, que se sanciona con penas que van desde los dos hasta cuatro o seis años de cárcel, si así lo resolvieren los tribunales de justicia, en atención a los delitos sobre el financiamiento partidario, sobre las contribuciones privadas y a la recepción de contribuciones privadas ilegales, donde se establece que “el tesorero del comité ejecutivo superior del partido”, deberá “llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos”.

En relación con lo resumido, al exvicepresidente Brunner, el TSE lo investiga por, presuntamente, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, lo cual, de concluirse que fue así, sería castigado según el inciso a del Artículo 275 del Código Electoral, con hasta seis años de prisión.

El cuadro preliminar hace vislumbrar que, el presidente Rodrigo Chaves habría llegado al poder, aparentemente, de la mano de dos esquemas de financiamiento, donde una de ellas, sería diferente, paralela, ilegal, a la comunicada oficialmente por el partido taxi, al TSE. Estaría evidenciándose, que se activaron, simultáneamente, una o más líneas de administración de los fondos económicos que no necesariamente se reportaron ante el organismo electoral, cometiendo delito.

Los involucrados han hecho esfuerzos por justificar el uso de esa oculta “carretera secundaria”, diciendo que, los dineros transferidos y gastados, no eran para la campaña electoral, sino para otras «cosillas», se diría popularmente, que no tienen nada que ver con la campaña electoral.

Sin embargo, al señor Brunner Neibig, se le implica por, presuntamente, haberse enterado, como tesorero durante la campaña electoral, de la existencia de bienes del partido taxi en cuestión, adquiridos por el citado fideicomiso, sin «haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes», como era su deber, según la legislación anotada.

Pero sucedió algo realmente inesperado, que seguramente habrá sido acogido con beneplácito, por las autoridades electorales y del Ministerio Público, que se veían con las manos atadas para cumplir eficientemente sus deberes, en vista del escudo protector que cubría, hasta estos días, al señor ex vicepresidente de la República. Cuando algunos presumían la renuncia a la Presidencia de la República del señor Chaves, a quien le esperan para ser procesadas, alrededor de un centenar de causas acogidas para investigación por el Ministerio Público (lo que habrá de haber valorado para no hacerlo), ¡saltó la liebre por otro lado!

Sorprendentemente, el caballero decidió, quizá sin pensarlo muy bien, renunciar a su inmunidad, y así, en la práctica, ofrecerse voluntariamente a las autoridades competentes para que lo juzguen, sin necesidad de que sea la Corte Suprema de Justicia, la que deba solicitar el levantamiento de esa inmunidad a la Asamblea Legislativa. Camino este, escogido por el señor presidente Rodrigo Chaves, como medio de seguir obstaculizando la labor de la Fiscalía General de la República, y eventualmente, de los tribunales de justicia, por el evidente temor a ser encontrado culpable.

Agregamos que hay algunas cosas más, alrededor del exvicepresidente, que hace más insólita su renuncia a la inmunidad, que hasta ahora lo ha protegido. Por ejemplo, se tienen evidencias de su activa participación, en la frustrada gestión, que pretendía contratar una póliza del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), ¡por ¢248 millones!, con recursos del soberano, para financiar con fondos del pueblo, eventuales defensas ante los tribunales de justicia, principalmente, de miembros del Consejo de Gobierno, ante demandas que pudiesen presentarse por sus cuestionables actuaciones. Nos referimos, por supuesto, a la que popularmente se ha bautizado, como «Póliza de la vergüenza», y que, como habrán pensado correctamente, también es parte del expediente sobre el que trabaja la Fiscalía.

Y más recientemente, ¡para que no nos falte!, al señor exvicepresidente se le indaga igualmente, por haberse involucrado, ilegalmente, en la destitución en pleno, sin justificación razonable alguna, de la junta directiva de la entidad bancaria más importante del país y de Centroamérica, el Banco Nacional de Costa Rica. Peligrosa acción ejecutiva, que viola, peligrosamente, la necesaria y fundamental, autonomía administrativa de tan vital banco del Estado, por introducir consideraciones politiqueras, donde han de predominar, criterios técnicos calificados y de gobierno, con sustento en la Constitución Política de Costa Rica, que se ha jurado cumplir.

Cabe aclarar, eso sí, que el señor exvicepresidente, pese a haber renunciado voluntariamente, no lo ha movido el deseo de buscar la justicia de los tribunales. ¡No, qué va! Su movida, tiene que ver, más bien, con el deseo de buscar otra inmunidad similar, eventualmente, como diputado, pues estima que, si fuese postulado y electo, tal deseo se le podría hacer realidad, pero, ¡ojo!, hasta ¡dentro de ocho meses!, si llegare a ser acreditado como legislador, por el TSE, lo cual, obviamente, nadie podría garantizar al día de hoy, pues “dicen que se dice”, que Mayuli Ortega y Calixto Chaves, como “propietarios” del partido que postularía a la señora Laura Fernández, están muy incómodos, pues los puestos elegibles a candidatos a diputaciones, que ya tenían comprometidos con “los suyos”, Pilar Cisneros quiere que sean ocupados por los funcionarios que han renunciado al gobierno, primero en enero y ahora en julio, que, y esto lo que más molesta, tienen en común acusaciones ante el Ministerio Público, casi como requisito, pues lo que buscan es solo adquirir esa inmunidad que se está usando abusivamente.

En fin, aunque pensamos que Brunner Neibig, podría estar calculando mal los tiempos en que se mueve la justicia, en casos tan delicados relacionados con la fortaleza del sistema electoral y la autonomía del sistema bancario estatal, especialmente, es de presumir que los funcionarios de la Fiscalía General de la República, estarán prestos a actuar diligentemente.

Pero, bueno, esa es su apuesta; confiar en que los investigadores de la Fiscalía tomen más tiempo que el recomendado, para que pasen los ocho meses sin que él, y los otros, sean juzgados.

Finalmente, el estimado caballero, debería haber considerado que, ahora no solo sería indagado como cualquier ciudadano, sino que, incluso, se expone a la imposición de medidas cautelares, como sería, por ejemplo, la prohibición a salir del país, si la Fiscalía lo considera pertinente y los jueces así lo aprueban.

7 agosto, 2025

Pilar Cisneros, diputada independiente

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

La reiterada jurisprudencia del muy prestigioso Tribunal Supremo de Elecciones ha establecido que la “doble militancia” partidaria, está prohibida en nuestro sistema electoral. Y es así, pues si el Código Electoral y la jurisprudencia lo permitiesen, los intereses sociales inherentes a las plataformas sociales y políticas, en la forma de partidos políticos, evidentemente se desnaturalizaría, si se permitiera militar en más de una agrupación política a la vez, y mucho menos, con funciones de dirección, según se desprende de la resolución del TSE, N° 2434-E8-2021.

Así, se ha insistido en que la intervención de un militante en otra agrupación política (mediante actos que reflejen de manera inequívoca su decisión de desligarse del partido político anterior y afiliarse a otro) supone la renuncia tácita e inmediata de la militancia ejercida hasta ese momento en la anterior agrupación, según leemos en las resoluciones Nº 3261-E8-2008 y N° 4012-E3-2009.

Para que no haya dudas, el mismo Tribunal ha determinado previamente, que «la renuncia tácita se presentaría con la designación y desempeño de cargos en la estructura interna partidaria», según las resoluciones N° 2076 y 3136 del 2017. O sea, para lo que interesa, no hay duda, con base a lo acumulado en la profusa jurisprudencia, en qué consiste la doble militancia y cuáles son sus consecuencias, en la forma de renuncia tácita.

Por ello, es de importancia relevante, que, en la estructura del Partido Pueblo Soberano, la diputada jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros Gallo, es presentada, oficialmente, como directora de Estrategia Política y Comunicación.

Ahora bien, ante tal evidencia, que esta vez no se pretendió siquiera disimular, como sucediera en casos anteriores, es razonable y esperable, que la diputada Cisneros Gallo, y sus compañeros, antes de someterse inútilmente a un desgastante «debido proceso», presenten ante el Presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, su correspondiente solicitud para ser considerados como diputados independientes, para que el Directorio Legislativo instruya a la parte administrativa del Congreso, los cambios y ajustes que acompañan tal mutación.

17.7.2025

Cuarenta años después

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Hace justamente cuarenta años, en el año 1983, después que los diputados de la Coalición Unidad logramos la reforma al Código Electoral que permitió la fusión de los cuatro partidos que la conformaban; después de vencer muchos conflictos internos especialmente en el Partido Renovación Democrática que yo presidía por entonces, los cuatro presidentes: Rafael Grillo Rivera (Demócrata Cristiano), Cristian Tattembach Iglesias (Unión Popular), Rafael Ángel Calderón F. (Republicano Calderonista) y yo, con el apoyo de las respectivas asambleas generales, firmamos la fusión de los cuatro partidos el 17 de diciembre de 1983 y fundamos, todos, el Partido Unidad Social Cristiana.

Cuatro décadas han pasado desde aquellos acontecimientos en los que muchos depositamos ilusiones y propuestas de base verdaderamente social cristianas para este país; otros apostaron más por sus intereses político electorales, económicos y hasta de simple posiciones de gobierno; como tal vez era de esperar. Hoy, una noticia que circula en diversos medios de comunicación, me llevó a reabrir mi libro escrito hace 20 años, en el año 2003, titulado LA FORJA DEL PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA (SU VERDADERA HISTORIA), para recordar todas aquellas luchas que dimos por principios, para proponer algo diferente a los costarricenses, con la mejor buena voluntad y deseos para este país.

Todos aquellos anhelos por los que propusimos y luchamos, de base social cristiana, empezaron a ser traicionados a veces poco a poco, en otros momentos más rápidamente y en forma acelerada después del 2002, cuando la horda neoliberal se apoderó y dominó las diferentes estructuras del PUSC. Los textos de los grandes pensadores social cristianos, fueron cambiados por los de Milton Freedman, el Consenso de Washington, los textos de los TLC y en fin, por ese camino aceptaron y colaboraron en la imposición del pensamiento único, como simples instrumentos de la plutocracia dueña de los medios de comunicación.

Creí que las pasadas elecciones ponían al PUSC en estado agónico, cuando eligieron a un refinado neoliberal formado en las cuevas de Instituto Cato pensé que estaba ya en cuidados intensivos, pero hoy… le dieron la puntilla, lo mataron, ahora sigue el teatro de exhibir su cadáver.

¿Cómo es posible que hayan convertido el PUSC en pinche comparsa del autócrata de turno? Si bien, salvo alguna excepción que confirma la regla, la fracción del PUSC (me niego a llamarla socialcristiana) ha sido silenciada durante este año, compañera de Chávez en palcos festivos, en el show de los miércoles del Dr. Chavestín, e incapaces de hacer un solo planteamiento relevante como oposición. Ese “buen comportamiento” los ha ubicado entre las fracciones “amigas” del que juega a “autócrata zapoteño”, junto con el dócil rebaño de Fabricio Alvarado y los liberales “progresistas” del Eliecer Feinzaig, cuya única obsesión es acabar con toda nuestra justicia social y estado de derecho. Por eso ahora, el bombero de puentes, les ofrece a los dóciles “PUSCes” la Presidencia de la Asamblea Legislativa, metiendo la mano en otro poder donde nadie lo llama. Da grima ver al futuro Jefe de Fracción salir por la prensa haciendo vanagloria del ofrecimiento para que él u otro compañero de fracción ocupe el cargo, la palabra vergüenza quedó perdida entre los cañales de Turrialba o de Grecia, de donde son oriundos los flamantes líderes rojiazules. Por cierto, una diputada se dice representar a la Juventud del PUSC, ¿será verdad?, ¿a tal pobreza de pensamiento ha llegado el sector joven de ese cascarón neoliberal?

Todo está perdido en eso que fue un gran partido y una gran ilusión. Pueden seguir haciendo asambleítas para pelear por un pedazo de lo que queda, o sea por nada de lo que quisimos hacer en un principio.  La verdad, por qué ha de extrañar que los enloquezca el ofrecimiento del dinamitero de puentes, si el cáncer de intereses mezquinos desde hace más de 20 años les come las entrañas.

LA GUERRA CIVIL DEL 48: Una lectura historiográfica distinta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Trino Barrantes Araya
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Tel: 00 (506) 8990 30 37
Alfonso Pardo Martínez
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Introducción

Recorrer historiográficamente los hechos políticos de 1948, obliga a armarse de un cuerpo teórico, para no quedar enredado en los intersticios y el tejido con que se ha escrito la historia oficial. En cualquiera de las corrientes, son los vencedores a los que se le ha otorgado la potestad de esa narrativa.

Algunos historiadores dan por sentado la lectura obligada de la Huelga de Brazos Caídos, como antecedente inmediato que supone las bases de los fenómenos que precipitarán más tarde la Guerra Civil (Calderón Hernández, 2002; Molina, 2002, Contreras, 2008, Lehoucq, 19912). Obviamente para explicar los hechos político-militares de 1948, estamos en la obligación de explicar muchos otros factores que precipitaron este conflicto armado. Pero los hechos del 48, no serían completos si no se tiene como marco de referencia el papel del Partido Vanguardia Popular, la política de alianzas y los capítulos de las Garantías Sociales, el Código de Trabajo, la aparición de la Caja Costarricense del Seguro Social y la fundación de la Universidad de Costa Rica. Obviamente, estos aspectos gustan ser soslayados por una parte de los historiadores y principalmente por la historia oficial.

Otros/as han señalado, a partir de los actores sociales, nuevas propuestas para describir el carácter tan violento que asumen estos hechos históricos. Un gran esfuerzo a partir de las memorias de los niños y niñas nacidos en el marco de la guerra. Interpretaciones y explicaciones desde lo militar, lo diplomático o confrontando relatos, recopilan de manera dialéctica visiones distintas del acontecimiento vivido en dicho momento.

I.- Los niveles de los contextos: Lo internacional y lo nacional

La Crisis Económica de 1929-1933, la inestabilidad económica resultado de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo mapa bipolar surgido a partir de 1945. La nuevas vías y propuestas para el desarrollo de nuestras economías bajo la hegemonía del imperialismo norteamericano. El marco generado a partir de la “Guerra Fría” representan, sin lugar a dudas, el marco coyuntural de la situación internacional en que queda inscrito nuestro país y consecuentemente la Guerra Civil del 48.

En lo interno, es fácil adivinar que la década de los años 40, tienen en sus cimientos el germen que va a potenciar más tarde el caldo de cultivo en donde se precipitan los hechos político-militares del 48.

Nuevas divisiones políticas, consolidación de lecturas ideológicas diferentes, partidos minoritarios que asumen un papel protagónico, tal es el caso de Confraternidad Guanacasteca, el papel mediático de la prensa y las acusaciones mutuas respecto al fraude electoral, van dándole cuerpo al tejido en donde tendrá lugar el conflicto señalado.

Una pequeña burguesía intelectual, conducida por el Centro de Estudios de Problemas Nacionales, un cierto corrimiento del Partido Vanguardia Popular a las tesis gobiernistas, los pequeños empresarios políticos; nuevas políticas de alianza tendrán como resultado una polarización política cada vez mayor.

Todo lo anterior nos lleva a un hecho desencadenante que tendrá sus prolegómenos más marcados con los efectos generados a partir de las elecciones de 1948. Esta campaña polarizó dos visiones político-electorales, claramente diferenciadas. Por una parte, la figura de Otilio Ulate, encabezando el Partido Unión Nacional y por la otra, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, líder indiscutible del Partido Republicano Nacional. Monseñor Sanabria, Manuel Mora Valverde, el Partido Vanguardia Popular, el papel decidido de los sindicatos bajo la ideología marxista, forman ese complejo tejido donde se dan estos acontecimientos.

Es necesario tener presente, como lo reseña Iván Molina, que a pesar del contexto de fraude que sirve de aureola a las elecciones de 1944, se introdujo una de la más importante reforma al Código Electoral en 1946, la cual tuvo como objetivo independizar la organización de los comicios electorales por parte del Poder Ejecutivo, para dejarlo en manos del Tribunal Nacional Electoral (2002:181.

El otro elemento que es importante tener presente en esta aproximación, fue la creciente polarización política dentro de la misma oposición entre Cortés y Ulate, que de alguna manera será el que incida más directamente en el desencadenamiento de los conflictos de 1948 (Contreras,2008:190).

Actores sociales más relevantes en los hechos político-militares de la Guerra Civil de 1948

Debemos reiterar en esta apartado que, un aspecto que influyó decididamente en el espacio político en los años cuarenta, fueron las reformas sociales, orientadas a favorecer a las grandes mayorías y consecuentemente a potenciar su nivel político-ideológico (http://www.museocostarica.go.cr/es_cr/en-detalle/la-guerra-civil-de-1948-una-sintesis.html?Itemid=115)  Pero, con esa misma rigurosidad que vemos los antecedentes de este conflicto, estamos en la obligación de ver objetivamente los hechos ocurridos en el mismo contexto de la guerra. Estos factores y los nuevos actores sociales imprimen un sello de larga data a este acontecimiento (http://historia.fes.ucr.ac.cr/dialogos.htm).

No se trata de darle un lugar de privilegio a los actores que conoce el discurso oficial, a saber: Teodoro Picado M, José Figueres Ferrer, Otilio Ulate Blanco, Santos León Herrera. De igual envergadura es dar lectura al papel del Partido Social Demócrata, el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, el Ejército de Liberación Nacional, la Legión del Caribe (Schifter, 1980:68 y 75) y, la doctrina social de la iglesia, el aporte del Partido Vanguardia Popular y claro está, la fracción oficialista.

Sobre la Legión del Caribe, Guillermo Villegas H, en su narrativa testimonios del 48, sostiene como tesis central que varios militares (Juan Rodríguez, de la República Dominicana, Rosendo Argüello, de Nicaragua, Horacio Julio Ornes, entre otros, se hicieron presentes en Costa Rica y su papel en el conflicto fue muy importante, además del aporte en la proporción de armas para darle un contenido real al proceso de la guerra (Cfr, Villegas, PP.: 199, 208, 210).

Recordemos aquí, tal y como lo señalamos en nuestra introducción en este apartado es necesario referir a la Huelga de Brazos Caídos de 1947. Aunque en esencia, este movimiento fue un paro patronal, lo cierto también es que sus demandas fueron aceptadas como definitivas por el Tribunal Nacional Electoral. Cabe destacar que los actores sociales más importantes de este evento lo constituyeron los trabajadores del sistema bancario nacional y los comerciantes. Aunque una buena masa de la clase trabajadora y otro poco más de contingentes sociales populares también sumaron su fuerza a este paro (Cfr. Manuel Rojas, Pp.: 109-110 y 150).

Cuarenta días que sacudieron el suelo patrio: La Guerra Civil de 1948

Distingamos, pues, dos grandes factores que está en la base de este conflicto. En primer lugar, existe, como tesis central por gran parte de la historiografía costarricense que, el “conflicto político-electoral” es sin duda la “chispa que encendió” la apacible pradera del suelo costarricense. Tal vez el punto más álgido del acontecimiento tuvo lugar el 12 de marzo de 1948, cuando los militares y soldados del Ejército de Liberación Nacional toman San Isidro del General, con el grave acontecimiento del asesinato del coronel gubernamental Rigoberto Pacheco; pero de la misma envergadura son los acontecimientos que se suceden en San Ramón de Alajuela, con la muerte de los figueristas Catalino Murillo y Federico Arce (López,2000:292).

A estos eventos político-militares le siguieron el día 13 de marzo con la toma de San Cristóbal Sur y sucesivamente la toma de San Marcos de Tarrazú y Santa María de Dota, por parte del Ejército de Liberación Nacional.

El autor citado, Juan diego López, en su texto: Los cuarenta días de 1948: La guerra civil de Costa Rica, reseña que dos días después los seguidores de Picado toman Buenos Aires, posteriormente el 9 de abril arranca la Marcha Fantasma. Operación bélica conducida por el ELN, que culmina el 12 de abril con la toma de Paraíso y Cartago. Más tarde, con la ayuda de la Legión del Caribe, bombardean Limón y el Ejército de Liberación Nacional se apunta un triunfo más,  tomándose el centro de esa provincia y el puerto de Moin. (http://www.slideshare.net/Socialesdigital/costa-rica-en-la-decada-de-los-40-134602245).

Vale reseñar que el papel jugado en todo este proceso de lucha civil, por los dirigentes comunistas, bajo el alero del Partido Vanguardia Popular, son imprescindibles para entender los alcances del conflicto al que referimos.

El final de la Guerra Civil lleva a un breve espacio de transición en el cual, en el gobierno de los 18 días, le corresponderá a Santos León Herrera, asumir la presidencia de la República. Su gran logro, poner fin, oficialmente, al conflicto político-militar en que se vio envuelto nuestro país. Pero en ese mismo orden, también se dictaron los decretos que pone en manos de los vencedores el aparato militar costarricense, los cuarteles, la Fuerza Armada y la Fuerza Policial.

En esta suerte de impase político, el 10 de mayo se establece formalmente la Junta Revolucionaria, a la cual le corresponderá el ejercicio del poder durante los dieciocho meses siguientes. Este gobierno de facto asume el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República y de inmediato se abocó a convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

Paralelo a la Constituyente, los nefastos Decretos Ley de la Junta Fundadora de la Segunda República, proscribiendo los sindicatos clasistas y al mismo partido comunista bajo el nombre de Partido Vanguardia Popular, tienen su epílogo más amargo en el asesinato impune de los mártires del Codo del Diablo. Necesitamos, entonces, reescribir la historia desde las voces de las grandes mayorías.

Sin lugar a dudas, estos acontecimientos siembran las bases del Estado Social de Derecho mediante el Estado Benefactor que tendrá lugar en los próximos quinquenios.

Una página que requerirá de un nuevo examen es la firma del Pacto de Ochomogo. Sin la verdadera y correcta interpretación de estos hechos históricos, no se le está otorgando a nuestra historia el contenido objetivo que como ciencia requiere. Si un atroz crimen como el que se ejecutó contra los mártires del Codo del Diablo, no se aclara, nuestra historia seguirá cargando grandes vacíos.

 

Imagen ilustrativa.

El chorreo de votos y la perversa lógica de Pilar Cisneros

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

Tiene razón la diputada electa Pilar Cisneros en no haberse equivocado al decir que EXPRESAMENTE no se refirió al Tribunal Supremo de Elecciones, cuando en el mitin que tuvo su Partido Progreso Social Democrático, siendo ella la principal oradora, como lo ha sido en todo el país, afirmó, entre otras cosas, que la segunda vuelta no estaba ganada, y enfatizó que “Tenemos al frente un enemigo poderoso, con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección”. También afirmó que “Lo que nos preocupa es no tener fiscales de mesa en todas las mesas y que se pueda producir un chorreo por parte del partido rival”. También afirmó que esa práctica del chorreo es usual en todos los partidos políticos que realizan convenciones políticas para escoger sus candidatos.

Se refería al Partido Liberación Nacional, a su candidato, y a “la estructura sólida y capaz de hacer el chorreo”, donde IMPLICITAMENTE sí comprometió al Tribunal Supremo de Elecciones, porque esa es la estructura “sólida y poderosa” que es la única que puede facilitar “el chorreo de votos”. Salvo que Pilar Cisneros Gallo hable, o cante más que un gallo, sin conocimiento preciso de lo que afirmó, o lo que es peor, en una diputada, que no ligue el cerebro con la lengua.

Sí COMPREMETIÓ al Tribunal Supremo de Elecciones porque es éste el que prepara la papelería electoral, la imprime y la custodia hasta que, con actas en mano, la distribuye, en las tulas oficiales, a los miembros de mesa autorizados de todos los partidos para su custodia final, hasta el día de las elecciones, donde en ese proceso, de nuevo mediante dos revisiones, de esos miembros, de todo lo que contienen las tulas, se comprueba que toda la papelería electoral enviada es correcta, y que no falta nada.

COMPROMETIO LA INDEPENDENCIA del Tribunal Supremo de Elecciones y la transparencia de cómo trabaja. Lo IMPLICO con su afirmación en una POSIBLE componenda con un partido político en este fraude del “chorreo de votos”.

SI ACUSÓ IMPLICITAMENTE al Tribunal Supremo de Elecciones DE FAVORECER EL FRAUDE, en lo que dijo para la segunda vuelta electoral. Quizá lo pensó, pero no se atrevió a decirlo en la primera ronda porque su partido no estaba destacando como finalmente lo hizo.

Si el Tribunal estaba implícitamente comprometido, como ella aseveró, con su afirmación, tenía que estarlo, en ese compromiso de fraude, en primer lugar con el Partido de Gobierno, el Partido Acción Ciudadana, que de acuerdo a su insinuación, sin casi sacar un voto, en la práctica lo dejaron sin papeletas y sin chorreo, en el supuesto también de que los magistrados electorales le respondieran a ese Partido, así como todo el personal del Registro Electoral y del mismo Tribunal, igualmente, le respondieran a ese Partido en el Gobierno, con lo cual el Tribunal, o desde su entraña, se prestó entonces a facilitar papeletas para los partidos que llegaron a la segunda vuelta, en este caso tanto a Liberación como el Progreso Social Democrático, porque habría que pensar que también salió favorecido de ese supuesto chorreo de votos, porque las encuestas no lo colocaban de finalista.

De otra manera costaría pensar, de acuerdo con la perversa lógica de la diputada peruano costarricense, que los dos partidos finalistas llegaran a la final, y en esta segunda vuelta, con esa misma lógica, le preocupa que “el chorreo de votos” posible que pueda hacerse, ¿de nuevo?, se haga a favor de Liberación Nacional como partido y de su candidato, y ya no de su partido.

No sé cuánto sabrá la diputada peruana costarricense de la Historia Nacional, pero la década que culminó en 1948 se terminó con una guerra civil, que tenía como una de las banderas la lucha por la pureza del sufragio. En el otro bando, el del gobierno aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica, los comunistas impulsaron la constitución del Tribunal Nacional Electoral y del Código Electoral, ambos de 1946, con al ánimo de frenar la corrupción electoral que entonces se acusaba contra los gobiernos de turno. Ambas instituciones permanecen, sobrevivieron a la Guerra Civil, a la Junta de Gobierno y a la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy son sólidas columnas de la Democracia Electoral Nacional.

El actual Tribunal Supremo de Elecciones lo estableció la Asamblea Constituyente, respetando la propuesta que hizo la Junta de Gobierno encabezada por José Figueres, y el código electoral de 1946, con sus reformas llegó hasta el 2009 cuando se aprobó el actual Código Electoral.

La Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de la Junta de Gobierno, le dio carácter de poder independiente, al Tribunal Supremo de elecciones, que así lo denominó la Junta de Gobierno, con exclusividad en su función electoral, único organizador, administrador y con capacidad declarativa, sin apelación alguna, de los resultados electorales, lo que ha sido pieza fundamental del desarrollo de la Democracia Costarricense, situación que seguramente en Perú donde la diputada electa inició su primera formación no se conocía, por su historia militar, de golpes de estado, poco democrática, comparada con la costarricense.

El chorreo de votos, como se conoce esta figura del fraude electoral, que usted trajo a cuento, generalmente se hacía en las elecciones oficiales de Costa Rica, antes de 1948, y se podría decir que en todas las elecciones anteriores a esa fecha había distintas formas de hacer fraudes.

En esa época anterior a 1948 el proceso electoral estaba totalmente controlado por el Poder Ejecutivo, y por el partido gobernante. Hasta 1924 el voto de los electores era público con lo cual se podía presionar de muchas maneras, por parte de empleadores, autoridades de gobierno, patronos en general, hacendados, a los electores votantes sabiendo cómo iban a votar. Hasta por la forma cómo se emitía el voto, que podía durar algunos días, era fácil alterar procesos electorales, o por la falta de cedulación, o por una lista abierta de electores donde estaban los fallecidos, por traslados de sitio electoral, por la forma como se leían los telegramas informativos del resultado, o por compra directa de votos etc.

Al controlar el sistema electoral el Poder Ejecutivo ejercía control en la práctica de todo el proceso, desde su organización hasta la elaboración del material electoral y su distribución, además del conteo de votos que prácticamente se hacía en la Casa de Gobierno. La declaración final de los resultados quedaba en manos del Congreso de conformidad al informe que enviaba el Tribunal Electoral de la época.

De esta manera cuando se empleaba el sistema del chorreo de votos se procedía así:

De las papeletas oficiales se sacaban algunas, que no eran impresas como lo hace actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones, tantas como se quisieran emplear en distintos lugares, cantones o provincias, para asegurar el triunfo que se deseaba.

Por sacadas las papeletas, lo que era fácil hacer al partido político que estaba en el Gobierno, porque controlaba al Tribunal Electoral, la emisión de toda la papelería electoral, o al Gobernante de turno que complacía en que esas papeletas se sacaran para ese fin, de chorrear votos, esas papeletas se marcaban en la casilla del candidato que se quería favorecer. Marcada la papeleta entonces se acudía a un votante para proponerle que metiera esa papeleta marcada y trajera la que le daban en el recinto electoral, que era otra papeleta oficial. Así se iniciaba la cadena de votos que se provocaba con ese “chorreo”.

El chorreo se hacía con papeletas oficiales, reales, verdaderas, no con copias o falsas papeletas. Ese proceso podía implicar un acto consciente de quien lo hacía porque lo hacía a favor de un partido y un candidato o bien inducido mediante soborno, pago o compra del voto.

Técnicamente desde la organización de las elecciones nacionales, a partir de las elecciones de diputados de 1949 y las nacionales a partir de 1953 esa forma de fraude desapareció.

Los procesos electorales fueron perfeccionándose en su organización, administración, en la educación popular, en la formación ciudadana, y la cultura cívica que desde entonces se ha desarrollado alrededor del sufragio nacional, como proceso electoral y como ejercicio masivo del derecho político a elegir las autoridades supremas de los Gobiernos del país, el nacional, los diputados y los gobiernos locales. Que recuerde nunca ha habido desde la existencia del actual Tribunal Supremo de Elecciones ningún cuestionamiento a su manejo de las elecciones, hasta ahora que la diputada peruana costarricense lo ha hecho.

El Tribunal Supremo de Elecciones fue el cuestionado por la diputada electa. Con ello, con sus aseveraciones, se afectó la imagen pública, y posiblemente internacional del país, de la democracia nacional y del sistema democrático electoral del país. ¿Cabrá acusación penal contra la diputada electa antes de su juramentación, por el daño causado al país, a la imagen de la democracia costarricense?

¡Ahora sí! …los números están echados y los números hablan…

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Vladimir de la Cruz

El pasado 3 de noviembre el Tribunal Supremo de Elecciones cerró el proceso de inscripciones, de partidos políticos, al sortear los puestos en las papeletas de presidente y de diputados por provincias.

Un total de 60 puestos a elegir, un Presidente y dos Vicepresidentes y 57 diputados es lo que resultará de esta elección.

A nivel presidencial, partidos de carácter nacional, participarán 27, de ellos 26 con candidato presidencial. Uno de ellos, Fuerza Democrática, apelando su participación porque en la Oficina de Partidos Políticos no le aceptaron la documentación física, que en tiempo presentó al Tribunal, que solicitaba se le entregara preferiblemente de manera electrónica.

Hasta donde yo sé si estaba bien presentada físicamente su papelería de inscripción, en tiempo y hora, en la sede del Tribunal, en la Oficina correspondiente, no tenían, ni tienen, por qué haber rechazado esta documentación de inscripciones de candidaturas. Un partido más, a estas alturas del juego, no hace daño alguno, más que a la democracia funcional y a la imagen pública e histórica del Tribunal Supremo de Elecciones. Más si es por esa simple razón.

En el Código Electoral no dice que sea únicamente de forma electrónica que se debe presentar la papelería. También se puede físicamente. La Sala IV entiendo ha resuelto situaciones de este tipo. Recuerdo las campañas electorales de Fuerza Democrática, cuando yo participé en 1998, 2002 y 2006 que por abaratar costos de publicación de los anuncios que obligadamente teníamos que hacer de las convocatorias de las Asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacional, las hacíamos en la Gaceta oficial, y el Tribunal Supremo de Elecciones no podía impedir que allí las publicáramos, a pesar de que nos enviaba notas para que hiciéramos un esfuerzo de publicarlas en “periódicos de mayor circulación nacional”. Es algo parecido.

Todos los 27 partidos prácticamente participan a nivel provincial. Aquí, de nuevo, por las mismas razones le rechazaron al Partido Fuerza Democrática las candidaturas en las provincias de Puntarenas y Limón, que también, por la misma razón, las tienen apeladas ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Por ahora van 26 candidatos presidenciales, con sus vicepresidentes.

De estos solo habrá un ganador, que arrasa con todo el Poder Ejecutivo, con la posibilidad de nombramiento y designación de los Ministros, que no se integran proporcionalmente al número de votos que cada partido político saca en las elecciones.

Para elegir al Presidente en la primera ronda de votación, el 6 de febrero, se necesita que el partido ganador, o el candidato gane el 40% o más de los votos válidamente emitidos.

El padrón electoral, casi totalmente cerrado, al 10 de octubre pasado, señala que hay 3.542.498 (tres millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho) votantes. Así, si votaran todos los electores el 40% que se necesita para ganar la Presidencia es 1.416.999 (un millón cuatrocientos dieciséis mil novecientos noventa y nueve) votos.

Si el abstencionismo electoral fuera del 30%, promedio de los últimos sorteos electorales desde el 2002, del total de electores, los que no emiten su voto, serían 1.062.749. De manera que quienes decidirían la elección son los ciudadanos que sí se presentan a votar, y teóricamente lo hacen bien, y que sus votos son válidamente emitidos, suponiendo que lo hacen bien y en urnas no anulan sus votos. Así la Presidencia de la República la decidirían 2.479.749 ciudadanos. De estos, el 40% se necesita para elegir el primer domingo de febrero, que serían 991.899 votantes. Esta cifra no se ha alcanzado en ningún proceso electoral anterior. La más cercana fue Laura Chinchilla Miranda, que sacó 896.516, con un 46.91% de votos en su favor, en la elección del 2010, con alrededor de 500.000 (quinientos mil) electores menos que en esta elección, que comparativamente con la anterior, la del 2018, los nuevos electores rondan los 300.000 jóvenes ciudadanos, que por primera vez van a votar.

Así las cosas, no parece fácil, pero no es imposible, que alguno de los partidos pueda alcanzar este 40% de votantes, lo que obligaría ir a la segunda ronda electoral, programada para el primer domingo de abril.

De llegar a esta situación la votación se define por simple mayoría de votos, entre los dos que avancen a la segunda ronda, siendo los que más votos saquen o más alto porcentual obtengan el primer domingo de febrero. Esto va a depender, sobre todo, del carácter de la propaganda con los candidatos, con la agitación de sus principales temas de campaña y de Gobierno, y de lo que ofrezcan a los oídos de los electores de manera más agradable y esperanzadora.

Dependiendo de quienes pasen a la segunda ronda, en caso de darse, la elección puede ser tan tensa y electrizante como la del 2018, en la cual el que iba en el segundo lugar quedó de primero.

Las papeletas, como las he visto, sin las fotos de los candidatos, se ven bien, no tan confusas como creía que se iban a ver. Se distinguen bien los colores de las banderas y los nombres de los partidos. Las fotos ayudarán en este caso a la escogencia, las que deberán ser muy claras, precisas y directas para que el votante reconozca fácilmente su candidato.

Algunos partidos, por sus colocaciones estratégicas, en la papeleta podrán hacer más bulla para la localización de la casilla electoral. A otros les va a costar un poco más. Aquí pesará mucho el tipo y claridad de consigna al llamado “a votar por…. en el lugar…. de la papeleta”.

A nivel provincial, para la escogencia y elección de los diputados, lo que vale es el número de votos a favor de cada partido. Aquí no juegan los porcentuales de votación. Juegan los números cerrados, lo que se llaman cocientes electorales, y los subcocientes electorales, que son los residuos que le quedan a los partidos, mitad más uno de los cocientes, una vez que se han asignado las plazas de diputados por cocientes, con lo que siguen arrastrando diputados, según tengan el cociente de mayor a menor.

En este nivel, todavía, en el Código Electoral, con complicidad del Tribunal Supremo de Elecciones, en la aprobación del actual Código en el 2009, y por la interpretación que se hace de los resultados electorales, se mantuvo y se mantiene esta situación de arrastre de más de un diputado con un solo subcociente electoral, lo que a todas luces, y de toda lógica, no debe suceder, porque al aplicar el subcociente, para elegir, se acaban los votos del partido que usa el subcociente. Lo que correspondería es que agotados los cocientes y subcocientes, y si aún quedan plazas por nombrar, entonces se siga el mismo procedimiento con aquellos partidos que tienen el mayor número de votos sin haber logrado subcocientes, de forma tal, también, que haya una mejor y más rica representación parlamentaria, porque no sería correcto que con un subcociente se puedan elegir dos diputados como ha sucedido, contra un grupo de ciudadanos al que se le niega su representación parlamentaria por un ardid legal que funciona a favor de los grandes partidos, una vieja tradición impuesta por el añejo bipartidismo político, hoy tripartidismo gubernativo si se considera al Partido Acción Ciudadana, que no hizo nada en estos dos gobiernos, que ha tenido, para mejorar esta parte del proceso electoral. Y, no ha hecho nada porque de ello se beneficia también. Y, los partidos, de cualquier signo político, y representaciones parlamentarias pequeñas, no están para defender a los más pequeños, ni a sus propias representaciones, que también por ese motivo salen perjudicadas.

Veamos las cifras provinciales. El número de diputados por provincia se define por la cantidad de habitantes según determine el censo decenal, lo que no ha cambiado para esta elección.

Así las Provincias eligen en San José 19 diputados, en Alajuela 11, en Cartago 7, en Heredia 6, en Guanacaste 4, en Puntarenas 5 y en Limón 5.

Las provincias tienen los siguientes electores: San José 1.159.113, Alajuela 679.899, Cartago 410.082, Heredia 355.844, Guanacaste 260.051, Puntarenas 333.230 y Limón 294.981.

Si aplicamos, igualmente un posible 30% de abstencionismo electoral nacional, los números de electores provinciales se reducen así: San José a 811.380, Alajuela a 475.930, Cartago a 287.058, Heredia a 249.091, Guanacaste a 182.036, Puntarenas a 233.261 y Limón 206.487.

Si dividimos a estos votantes por provincia, entre el número de diputados que elige cada provincia, tendremos el cociente electoral por diputado, es decir, el número de votos que se necesita para elegir un diputado por cada provincia. Así tenemos que los cocientes por provincia son los siguientes: en San José se necesitan 42.704 votos para elegir cada uno de los 19 diputados de la provincia, en Alajuela se necesitan 43.266 votos para elegir cada uno de los 11 diputados de la provincia, en Cartago se necesitan 43.008 votos para elegir cada uno de los 7 diputados de la provincia, en Heredia se necesitan 41.515 votos para elegir cada uno de los 6 diputados de la provincia, en Guanacaste se necesitan 45.509 votos para elegir cada uno de los 4 diputados de la provincia, en Puntarenas se necesitan 46.652 votos para elegir cada uno de los 5 diputados de la provincia, en Limón se necesitan 41,297 votos para elegir cada uno de los 5 diputados de la provincia.

Estas cifras no son fáciles de alcanzar para los partidos políticos, aún aquellos que tienen historia de participación en varios procesos electorales, que tienen sus públicos cautivos, sus seguidores sean por partidos o candidatos, o que hacen convenciones electorales para escoger sus candidatos.

Son números difíciles de lograr para los partidos que son más pequeños y para aquellos que participan por primera vez, y para los que no tienen financiamiento electoral asegurado, por procesos electorales anteriores o porque por salir con bajos porcentuales en encuestas, los bancos públicos y privados no les dan crédito para la campaña electoral, y porque el Tribunal Supremo de elecciones históricamente no ha hecho nada para asegurar el financiamiento a todos los partidos políticos de manera efectiva, lo que sí se puede hacer.

El caso de la Provincia de Guanacaste, en la elección anterior, es uno de esos casos difíciles de elegir. En esa ocasión ningún partido sacó cociente electoral. Todos se fueron por subcocientes y sucedió que un partido eligió dos diputados con un subcociente por la forma tramposa como se aplica esa fórmula. Si la aplicación del subcociente se hace para elegir un diputado y se borra esa cifra, entonces otro partido puede elegir con su residuo electoral mayor, y se produce una mayor y mejor representación democrática. Esto lo puede resolver el Tribunal Supremo Electoral por jurisprudencia, si así lo quisiera, apartándose de sus intereses y compromisos con los grandes partidos del bipartidismo tradicional y del tripartidismo actual, en beneficio de la Democracia Electoral Nacional.

En 1956 cuando la cifra de diputados se elevó a 57 cada diputado representaba a 18.000 costarricenses. Hoy los mismos 57 diputados representan cada uno a 90.000 costarricenses, por eso es importante elevar el número de diputados para que estén mejor representados los costarricenses y todos sus partidos políticos, independientemente cuantos partidos participen y de su tamaño, pero tendrían mayor opción de elegir sus representantes populares las minorías nacionales y populares.

En la próxima elección como candidatos participan 26 ciudadanos a la presidencia, 52 a las vicepresidencias. En la Provincia de San José participan un total de 429 candidatos por los 29 partidos inscritos para elegir solo a 19 diputados, en la Provincia de Alajuela participan un total de 308 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 11 diputados, en la Provincia de Cartago participan un total de 210 candidatos por los 30 partidos inscritos para elegir solo a 7 diputados, en la Provincia de Heredia participan un total de 108 candidatos por los 27 partidos inscritos para elegir solo a 6 diputados, en la Provincia de Guanacaste participan un total de 112 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 4 diputados, en la Provincia de Puntarenas participan un total de 105 candidatos por los 26 partidos inscritos para elegir solo a 5 diputados, y en la Provincia de Limón participan un total de 140 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 5 diputados.

Para quedar electo como diputado un candidato tiene que trabajarla duro, intensamente, dedicándose a esa candidatura prácticamente a tiempo completo, recorriendo toda su Provincia, concentrando su tiempo y trabajo en aquellos lugares donde pueda llegarle al mayor número de votantes, pero sobre todo lo que va a valer más es el mensaje con que cada diputado pueda llegar a sus electores.

Los candidatos que van en la doble candidatura, para presidente y diputado, tienen que diseñar muy bien su mensaje, porque los votos presidenciales y los de diputados son distintos, con distintos objetivos y escenarios. Tienen que asegurar una muy buena proyección presidencial para que les ayude en la de diputados en caso de que no alcancen la presidencial, y pueda asegurar la de diputados. Los que tienen esta posibilidad de la diputación por la presidencial son realmente pocos, de los que llevan esa doble vestidura, la solemne presidencial sobre la ordinaria diputadil.

Hasta ahora no he oído a ninguno de estos dobles candidatos decir que quieren esa doble candidatura para irse formando mejor como posibles candidatos presidenciales posteriormente, aprendiendo mejor el ejercicio de la política desde la Diputación, formándose mejor como políticos y dirigentes políticos, con lo cual la mayoría da la sensación de un mero oportunismo electoral, aunque sea válido.

Con una participación tan amplia, por el número de partidos políticos que están inscritos, los partidos y candidatos que se sienten con más posibilidad de ganar, o de llegar a la segunda vuelta, tienen que hacer una campaña muy fuerte para que sus votantes también les den el músculo político con una buena cantidad de diputados electo. No vaya a suceder que las cifras sigan bajando… el Partido Acción Ciudadana que ganó las elecciones del 2014 eligió 14 diputados de 57, y en el 2018 el mismo partido ganó con 10 diputados de 57.

Se requiere para el próximo gobierno músculo legislativo fuerte, fracciones fuertes, líderes parlamentarios capaces de negociar y hacer los pactos políticos que el país necesita para salir adelante y tratar de superar los graves problemas que tenemos como país y como sociedad, y como modelo de desarrollo económico, político e institucional.

Hacia el primer domingo de febrero

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Vladimir de la Cruz

Este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el pitazo de salida hacia las elecciones que se harán el primer domingo de febrero próximo. Hasta el 22 de octubre próximo tienen los partidos políticos tiempo para terminar sus procesos internos y presentar oficialmente sus candidaturas a Presidente, Vicepresidentes y a Diputados.

A partir de ese 6 de octubre, igualmente, toda la Fuerza Pública del país queda supeditada al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo no exagerar al resaltar que este acto es único en el mundo, que es una de las fortalezas y distinciones de la Democracia costarricense como sistema político y electoral de vida. Ningún país entrega sus fuerzas policiales, armadas o militares, durante el tiempo de un proceso electoral, casi siete meses, que puede prolongarse hasta el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda electoral.

De igual manera, el día de votaciones, ningún efectivo de la Fuerza Pública o de la Policía puede entrar o presentarse a votar armado, o con las armas oficiales que debe portar. Entran al recinto electoral desarmados. En países vecinos y del continente esto es absolutamente infrecuente, impensable. En muchos de esos países son los mismos uniformados del Ejército, y los cuerpos militares, los que prácticamente “cuidan” los procesos electorales, y en no pocos casos se quedan con las urnas electorales y los resultados.

Al escribir esta columna no tengo los datos finales de cuántos partidos políticos han terminado exitosamente sus procesos de inscripción definitivos, y cuántos tienen asuntos pendientes con el Tribunal Supremo de Elecciones, de que les aprueben sus trámites. Pero andan en una suma superior a los 20 partidos políticos nacionales y otro tanto de partidos provinciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones sin lugar a dudas desempeña una encomiable y excelente labor en la parte organizativa del proceso electoral, en la confianza que se deposita en él, en la certeza y seguridad que produce el sistema electoral con los partidos que participan en las elecciones, en la hechura de la papelería que se usa el día de las elecciones, en la distribución de las mismas desde varios días antes a los miembros de las Juntas Electorales, y en su recolección. Del mismo modo como ha ido perfeccionando sus sistemas de conteo de votos de manera que el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche prácticamente ya hay un primer resultado, no definitivo oficialmente, de quién puede ser el ganador o de quienes pueden ir a una segunda vuelta, así de cómo se configurará la próxima Asamblea Legislativa.

Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando, fardo que arrastra de su historia electoral, es que no ayuda en el buen sentido a la participación electoral partidaria. Hace todo lo que puede no para que los ciudadanos puedan inscribir partidos, sino para ponerles obstáculos de inscripción, algunos totalmente absurdos, como se ha visto en este período de Pandemia.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería contribuir a llevar de la mano a los ciudadanos para que puedan ver cristalizados sus procesos de inscripción partidaria. Es tan burocrática esa acción del Tribunal que hace que algunos de sus funcionarios y funcionarias, a cargo de esta tarea, actúen de una manera autoritaria, despótica, de tipo fascista, contra los partidos y sus procesos de inscripción poniéndoles trabas, anulándoles asambleas, obligándolos a repetirlas absurdamente, estableciéndoles el cumplimiento de requisitos que aunque estén en sus vetustos Estatutos partidarios, el Código Electoral, norma suprema los ha eliminado, lo que tácitamente significa que también los borró de esos Estatutos, sin embargo les obligan a aplicar los Estatutos y no el Código, en lo que los beneficia, creando también una desigualdad real de aplicación de una Ley que es para todos.

De esa manera, este accionar, de esos funcionarios y funcionarias, pareciera favorecer, con esos actos, a los grandes y tradicionales partidos. Eso sí es una cochinilla, o mejor dicho una gran cochinada que todavía se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Si la cochinilla no estuviera concentrada en asuntos de obras públicas bien podría pensarse que alguna cochinilla, y no solo de dádivas económicas, de comidas, de hoteles, o de favores sexuales, sino ideológicas, o de persecución política, o antipatía personal contra algunos posibles candidatos, podría haber en esos empleados y empleadas ensañados y empeñados en impedir la inscripción de partidos, o de anular sus inscripciones, cuando en buena filosofía democrática, y de la mayor participación ciudadana, deberían estimular la inscripción de partidos, sin importar su número.

Hoy no hay restricciones ni impedimentos constitucionales o legales para la inscripción de partidos, por razones ideológicas o políticas, como existieron con el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno y el Segundo párrafo del Ar. 98 de la Constitución, párrafo vigente hasta 1975, que el Tribunal solo lo aplicaba a la siniestra sin ningún miramiento, con solo olfatear o suponer algo de izquierda, por la sola firma de quienes solicitaban una inscripción partidaria, o por pertenecer a los órganos constitutivos de esos partidos que les aplicaban esas normas.

En esos años no había mucha distinción entre el dominio que se ejercía, desde partidos políticos gobernantes, o desde gobiernos, sobre los magistrados, como se hace actualmente en Nicaragua o en Venezuela.

Lamentablemente siguen existiendo rémoras institucionales, para mí, de corte fascista, en algunos funcionarios, que me imagino actúan al margen y sin directrices de los Magistrados electorales, en esas actitudes negativas, poco estimulantes para la participación más amplia electoral.

Aparte de este hedor que me provocan esos actos de esos funcionarios, de menor escala, pero con fuerte poder anulatorio de procesos de inscripción de partidos, saludo la apertura del proceso electoral.

Nos queda a los ciudadanos exigirle, en esta campaña electoral, a los candidatos presidenciales y a sus diputados, como a los partidos políticos, que nos digan cuáles van a ser, por lo menos, sus primeros cinco Proyectos de Ley y sus primeros cinco Decretos Ejecutivos, a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo próximo, de los diputados y del próximo presidente. Esto por cuanto todo lo que ofrezcan en la campaña electoral, en discursos y programas, tienen oportunidad de traducirlo desde el primer día que asuman su puestos, el 1 o el 8 de mayo, los diputados y el Presidente, en Proyectos de Ley o en Decretos Ejecutivos. Si esto lo cumplieran empezarán a contribuir para restituir confianza en la Política, en los Políticos, en los Gobernantes, en el Presidente, en los Diputados y en los Partidos políticos… Ya sería algo.