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Carlos Meneses Reyes

En un país asolado por el prolongado conflicto armado interno hay circunstancias, en momentos determinados, con características de atrocidad, violación de los derechos humanos y negación de la función de un Estado de derecho, con la característica de que estos sucedáneos se prolongan en el tiempo, dejando una estela de consecuencias impredecible en un escenario en que la constante es la barbarie.

En los últimos treinta años de guerra interna en Colombia se destaca el denominado terrorismo de Estado. No se trata de un enunciado o simple denominación, sino de una aplicación sistemática, continua, que va de la mano de una política hegemónica oligárquica contrainsurgente, paralela a una falsa y mal concebida guerra contra las drogas, que ha tenido como escenario el territorio de la república de Colombia y como víctima al conglomerado de la nación colombiana.

El conflicto armado interno colombiano abarca seis décadas

Comenzando porque el susodicho conflicto fue anterior al surgimiento del narcotráfico y que su auge fue posible porque encontró el nido corruptor propio para que anidara en la desnaturalización del conflicto armado, según algunos analistas, pero que en modo alguno ha podido incidir en el principio generador de la lucha de clases, inmerso y determinado en el múltiple conflicto colombiano: el económico, el político, el social, el armado y el ecológico-ambiental.

La prolongación del conflicto armado interno degeneró en la instauración de formas de gobierno narco-para-estatal, encumbrado a una concepción de narcoestado. Esta degeneración la ha padecido Colombia en los últimos treinta años.

De manera que una posición de análisis de la situación actual en Colombia no estará exenta de una ruptura del tejido social, expresado en una violación contrainsurgente al Estado de derecho y complementado con un escenario de guerra en el que actúan las fuerzas armadas oficiales y sus aliados, sobre todo el paramilitarismo, como instrumento. A lo cual hay que añadir el narcotráfico, que derivó en narco paramilitarismo, junto a formas de multicrimen activo, que ha anidado en lo rural y veredal, así como en lo urbano.

La mediática dictatorial, instrumento directo de la inteligencia militar y, expresado en una doctrina y una política contra insurgentes, pretende verter todos los factores de multicrimen y violencia en un solo recipiente, incluyendo en esa mezcolanza a las fuerzas insurgentes y rebeldes, de histórica presencia en el trajinar político colombiano. Paralelo a ello aplican la falsedad de la guerra contra el narcotráfico, como disfraz para ocultar el intervencionismo estadounidense en Colombia.

Sin lugar a discusión, califica lo del derrotero narco-paraestatal en el ejercicio de la política contrainsurgente del Estado colombiano. El paramilitarismo se constituyó en una división más del ejército colombiano y en apéndice indispensable en el universo de las fuerzas armadas. Una Policía Nacional adscrita al organigrama de las fuerzas de defensa estatal, ante el crimen organizado y la existencia de una lucha armada guerrillera, contribuyó a la utilización de una policía militarizada, contrainsurgente y carente del carácter cívico, comunitario y social que son valores para la existencia de una fuerza de esta naturaleza en sociedad conforme a un Estado de derecho.

Sesenta años de políticas contra insurgentes en Colombia derivaron en la aplicación de la vieja doctrina militar del “enemigo interno”. Esta ha sido la causante de tantos estragos y males en la nación colombiana ante el fracaso demostrado de la imposibilidad del triunfo militar contrainsurgente.

De los tales factores de violencia

En tanto, en el escenario colombiano coincidían todos los factores armados en la intensidad del conflicto. Pero esos factores parecen claramente diferenciados en sus particularidades.

El poder corrosivo del narcotráfico permeo todos los sectores de la sociedad colombiana. Cual un cáncer corruptor, hizo metástasis, invadió y afectó la totalidad de la institucionalidad.

El panorama que presenta la realidad del país es múltiple, no complejo. Llamando a las cosas por su nombre, se evita la complejidad y el afán de enredar para pescar en rió revuelto. Las fuerzas armadas del Estado colombiano profundizaron en sus connivencias con el paramilitarismo. El narcotráfico, como producto del capitalismo, suscitó en el enfrentamiento con su contrario, las fuerzas insurgentes y rebeldes, un factor de enfrentamiento armado que degeneró en el narco paramilitarismo.

Las fuerzas insurgentes y rebeldes, haciendo uso del control territorial que les caracteriza, comenzaron a percibir cada día mayor retribución económica, pactando el cobro del “gramaje”, tal como ellos denominan la contribución impuesta a esos sujetos armados dedicados al negocio ilegal de los estupefacientes. Las fuerzas armadas estatales, en su afán de dominar en el entorno bélico o de confrontación, fueron aumentando sus relaciones de compromiso y pactos con elementos y estructuras del narco paramilitarismo, en alianza dirigida a un “enemigo común”, pero su vocación de legalidad naufragó y terminó por afectar a la alta oficialidad y al generalato. Esta simbiosis resulta una característica fundamental en el entendimiento de la función narco-paraestatal, como se dio en Colombia.

Toda la fuente de conocimiento de este tema reposa en la comprensión y desarrollo del conflicto armado interno. Está demostrado que la lucha contrainsurgente se encuentra atada al factor paramilitar. También, con estrecho vínculo entre las fuerzas armadas estatales y el narco-paramilitarismo. Múltiples resultan los usos de las fuerzas armadas de las diferentes denominaciones de las llamadas bandas criminales o “bacrim”, que resultaron ser engendros del nuevo paramilitarismo e instrumentos de controversial eficacia para enfrentar militarmente a expresiones de la insurgencia colombiana como las extintas FARC-ep, el ELN, el EPL, las Nuevas Farc (encuadrando en esta denominación a la conocida o llamada Segunda Marquetalia), las fuerzas de las Farc-ep que jamás se unieron al proceso del fin del conflicto armado, como fuerza insurgente contra el Estado colombiano, representadas por el extinto líder Gentil Duarte, de jerarquizada estructura nacional; así como los conocidos frentes 10 y 28 de las FARC, cuya procedencia de naturaleza insurgente corresponde demostrar, al igual que sucede con los reductos nacionales del EPL.

Sintomáticas resultan todas esas alianzas de lo institucional estatal con las organizaciones armadas para narco- estatales, con el fin de profundizar en el análisis y comprensión de la fase de asesinatos que se vienen presentando en forma aleve y mendaz contra miembros de la policía nacional, en especial y en ciertas regiones del país.

Acontecimientos nacionales que tienen que ver con el entorno planteado

Los sucesos de Cúcuta, totalmente desinformados por la mediática nacional, merecen mención especial. Tanto el ataque con carrobomba en el interior de las instalaciones militares de la 30 Brigada del ejército, como el “atentado” al helicóptero en que viajaba el subpresidente Duque, al retornar a Cúcuta luego de un viaje a la zona del Catatumbo, merece especial disección. Se demostró que un capitán retirado del ejército fue el causante del carrobomba en esas instalaciones. Se conocieron imágenes de su incursión en el lugar, el día anterior cuando filma el vídeo, resaltando los lugares en que debía estallar la bomba colocada en un carro.

Hay imágenes grabadas en las que se ve salir del lugar al implicado, con particular movilidad dentro de las instalaciones. La infaltable versión oficial fue la de que el retirado del ejército, conocido como “el Capi”, estaba al servicio del frente 33 de las FARC, a cargo del guerrillero Jhon Mechas. Mas corresponde asumir el reto del análisis objetivo en cuanto que “el Capi” actuó como una persona utilizada al servicio del ejército en maniobras de contrainsurgencia. Que su talante es el del tránsfuga de información esencial de la vida en el interior de ese cuartel de brigada militar y que su desprecio por la vida de los soldados y también la alusión a los propios soldados estadounidenses, que ubica con su vídeo en áreas determinadas, permiten el presupuesto de un sujeto que actúa “motu proprio” y con torvos fines personales. Esto nos permite ubicar al tal “Capi” como un sujeto resentido contra la oficialidad de la brigada. Se las cobró, como se dice en el argot popular.

Quedaron latentes los vínculos de “el Capi” con el narcotráfico y su pedido en extradición a USA.

El pasaje del atentado al helicóptero no deja de registrar similares peculiaridades, concluyéndose que el mismo capitán retirado parece incurso en tal suceso. El giro de las investigaciones trae como resultado la sanción de cargo al comandante de la brigada militar en un entramado de responsabilidades oficiales en los acontecimientos investigados por los tales sucesos mencionados.

Existe suficiente información y registro noticioso para la elaboración y presentación del presente juicio deductivo y de razonamiento. Una premisa implica la determinante de un sujeto que actúa con soltura dentro de las instalaciones militares; lo cual le da un carácter positivo. El otro presupuesto aplica en la existencia de un conflicto armado que requiere de labores de inteligencia y el uso de medios contrainsurgentes velados o ilegales para el éxito de tales operaciones, lo cual también implica un carácter positivo. El razonamiento deductivo conlleva una inferencia de las dos premisas positivas anteriores: la conclusión, también positiva, es la de que el elemento negativo representado en el papel del tal Jhon Mechas no tiene cabida en esa escena reconstruida.

Con aplicación de la anterior metodología, partamos de la base para analizar, en profundidad, el hecho de los asesinatos selectivos, individuales, aplicados a mansalva contra uniformados de la policía nacional. Una policía totalmente desnaturalizada, inmersa en la vorágine de la llamada lucha contra el narcotráfico, permeada por los efectos de la corrupción que tal juego implica, comprometida por su oficialidad y agentes propios sumergidos en el negocio del narcotráfico, constituye el señuelo apropiado para la vendetta derivada de incumplimientos a grupos colaboradores, otrora amigos y hoy esencialmente rivales. El acucioso periodista Gonzalo Guillen, en su página @heliodoptero, registra que policías y militares hacen parte de la nómina de la organización criminal “Clan del golfo”. Y el tuitero @Jojare difunde: “Los primeros capturados del clan del golfo por asesinar policías, resultaron ser policías, soldados y alcaldes, hágame el Duque favor”.

Consecutivamente tomemos el caso de alias Otoniel, apuntando a las causas de su trajinar delictivo narco-paramilitar e instrumento contrainsurgente. Todo está dado, en lo esencial. Su vida, su desempeño, hasta su captura, está inmerso en implicaciones de complicidad estatal e institucional. El desarrollo de los acontecimientos, luego de la supuesta “captura”, redunda en argumentos para afirmar que alias Otoniel fue traicionado por sus compinches de la oficialidad de las fuerzas armadas, en especial de la Policía Nacional. Huelga extenderse sobre la causalidad y los efectos de su precipitada orden de extradición. Pero el maquiavélico actuar de la inteligencia militar contrainsurgente se proyecta en el escenario y redunda en producir efectos que justifiquen la malhadada política de la lucha antidrogas y el injustificado resultado de la horadada actuación de efecto contrario a la soberanía nacional de Colombia, que implica el instrumento para justificar la intensidad de la guerra contra las drogas.

Los perros de la guerra que agudizan el conflicto armado interno han utilizado la extradición de alias Otoniel para poner en escena un grupo al que denominan “Clan del golfo” como ente capaz de efectuar un “paro armado” que paralizó a siete departamentos con el conocimiento cierto y la complacencia de las muy bien dotadas y con presupuesto para derrochar, fuerzas armadas del Estado colombiano.

Luego sobrevinieron los coletazos de un “clan” que, en palabras del subpresidente saliente, ya había sido aniquilado. Ni en eso concuerdan. Los dos últimos meses han sido momentos de cobro de los antes aliados contra la institucionalidad policial. Masacre que corresponde parar a toda costa.

Ahora difunden y sostienen los medios de alienación masiva que existe una carta de 25 organizaciones paramilitares y/o bandas armadas que envían al próximo presidente electo, Gustavo Petro, de acuerdo para entrar a unas conversaciones.

Se sabe de antemano que la línea política a seguir del triunfante gobierno alternativo es el trato humanitario a los sujetos del multicrimen, bajo el condicionante de sometimiento a la justicia y al estado de derecho. En esto aplica lo del perdón social que fue motivo de debate electoral y en el que se resume con meridiana claridad que en ningún momento se trata de conversaciones semejantes a las que se tendrán con grupos insurgentes, claramente delimitados e identificados. Todo un sartal de argumentaciones y cuidadosos montajes con el fin de confundir a la opinión pública nacional e internacional sobre conversaciones con quienes no soportan un estatus internacional de beligerantes y los cuales pueden ascender a cientos de bandas informales que enrarecen el ambiente de la seguridad publica en campos y ciudades y se les conoce con denominaciones como Bloque Virgilio Peralta Arena (Caparros), Grupo Los Rastrojos, Grupos los Shottas de Buenaventura, Grupo la Inmaculada de Tuluá, Grupos Mexicanos de Quibdó, Los Triana o los combos de Buenaventura y Quibdó. Así como el llamado “Tren de Aragua”. Igualmente, las Autodefensas Gaitanistas o “Clan del golfo”. Pero no hacen mención ni citan a las desenmascaradas Águilas Negras y su imposible cobertura nacional, muy eficaz, si no fuera porque las conforman sujetos activos de la administración pública estatal.

De manera que corresponde correr el velo. Las condiciones políticas actuales aseguran pasos firmes en cuanto a la suerte de un cuerpo policial nacional soberano, de inspiración cívica, comunal y de solidaridad social. Como corresponde. La oligarquía militarista echó al fuego y dejó al albur la decencia policial. El nuevo gobierno progresista, socialdemócrata y liberal, será el encargado de aplicar las reformas de fondo necesarias en la institución policial.