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Etiqueta: Colombia

Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Boaventura de Sousa Santos

El texto Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos; es una obra elaborada por Boaventura de Sousa Santos junto a otros autores y autoras bajo el sello de CLACSO y está disponible en la plataforma digital para descarga gratis.  Este material pone en evidencia la situación de crisis que se vive a nivel mundial y que se ha atenuado con la pandemia del COVID-19, mediante este recurso lo que se propone es reflexionar y construir una alternativa progresista, abarca los siguientes apartados:

Capítulo 1. El nuevo interregno
Capítulo 2. La articulación entre fuerzas de izquierda: el caso portugués
Capítulo 3. Brasil: la fractura del desgaste de gobernar
Capítulo 4. Colombia: la fractura de la lucha armada bajo la vigilancia del imperio
Capítulo 5. México: la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad
Capítulo 6. España: la fractura de la identidad nacional

Además, en el texto se incluyen otros ensayos sobre la realidad latinoamericana tales como:

Ecuador: del centro al fin del mundo
Evo Morales: el indio fuera de lugar
La nueva Guerra Fría y Venezuela
Soplan vientos favorables desde España
Las venas abiertas de Nicaragua
Carta abierta al presidente Iván Duque
Para alimentar la llama de la esperanza

El prólogo del texto está a cargo de Karina Batthyány (Secretaria Ejecutiva, CLACSO) y Nicolás Trotta (Ministro de Educación, Argentina); y expresa lo siguiente:

La pandemia del COVID-19 evidenció la imperiosa necesidad de construir una nueva alternativa progresista ante una crisis social y ambiental de una extraordinaria gravedad y que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.

Frente a esta situación terminal, la tarea crucial y más urgente para los partidos y frentes políticos progresistas y las redes comunitarias y colectivos de cientistas sociales críticos consiste en construir horizontes allí donde hoy hay abismos. Si la ideología dominante postula que, ante el modelo de acumulación capitalista neoliberal no hay alternativas, nuestra tarea es fabricar bisagras políticas y conceptuales que articulen el pasado con el presente, enhebrando narrativas capaces de proyectar una nueva agenda social organizada en torno a, por lo menos, tres tareas: un trabajo de reconceptualización y profundización de la justicia social –que no es otra cosa que colocar por encima de los intereses sectoriales una política del bien común–; el reconocimiento y la sanción de nuevos derechos –especialmente dirigidos hacia grupos históricamente excluidos: las mujeres y las disidencias sexuales, las infancias y juventudes, las afrodescendencias, los pueblos originarios–, y una política orientada al cuidado y preservación del ambiente en el que vivimos –es decir, la casa de todos y todas–.

Los desafíos que estamos llamados a enfrentar tienen lugar en un momento histórico inédito cuyo principal actor venía desplegándose con toda su fuerza hasta la pandemia: las fuerzas neoliberales han hegemonizado la agenda global con el propósito excluyente de acelerar la concentración de la riqueza. Bajo los auspicios del capital financiero global, como nunca antes, un grupo reducido de personas ha concentrado un volumen de riqueza extraordinariamente grande; nunca antes, tampoco, las economías de los países estuvieron tan a merced de poderosos grupos financieros como lo están ahora, poniendo en jaque la soberanía política y la independencia económica, herramientas imprescindibles para el desarrollo sostenible de una sociedad.

Ante este escenario global, el mapa de América Latina se encuentra en un estado de reconfiguración permanente. En los dos últimos años se sucedieron de manera vertiginosa acontecimientos políticos que pueden ser hilados con la calma de quienes reconstruyen trozos del pasado, pero para quienes vivimos y palpitamos el ritmo diario de la gestión deben ser rápidamente enumerados: la victoria de Andrés Manuel López Obrador –poniéndole fin a un largo ciclo de gobiernos neoliberales en el país azteca–; el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hacia fines del 2019 –cuyo enorme desafío consiste en poner de pie un país devastado por las políticas neoliberales impulsadas por la coalición Cambiemos–; la libertad de Lula tras 19 meses de detención arbitraria, los estallidos sociales que irrumpieron en octubre en Ecuador y entre octubre y febrero de 2020 en Chile y que dieron lugar posteriormente al referéndum histórico que dejará atrás la Constitución pinochetista –dando cuenta de la enorme vitalidad de los movimientos populares en todo el continente–; el golpe de Estado en Bolivia y el triunfo por la vía democrática de los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca –que permitió el retorno tras el exilio a Evo Morales. Son algunas postales de nuestra historia reciente que invitan a la esperanza y nos recuerdan que la historia es tornadiza y no puede ser digitada por oscuros intereses desde los centros del poder.

Dicho sea de paso: no está en nuestro ADN político cultivar el pesimismo; quienes escribimos estas líneas venimos de tradiciones políticas y del pensamiento que se han forjado al calor de infatigables luchas por la construcción de sociedades más justas. Y no han sido pocas y pocos los que dejaron la vida en ello. Creemos que este momento reaccionario global debe enfrentarse con convicción e inteligencia, con una estrategia de integración política y una profunda creatividad. Las encrucijadas del presente demandan conciliar las bases y fundamentos de nuestras identidades políticas con la capacidad de maniobrar en un mundo convulsionado. Hay que aprender –y este es uno de los grandes méritos de este libro– que los problemas comunes que enfrentamos nos dejan aprendizajes globales que debemos identificar y estudiar, para no repetir errores.

Precisamente por eso, y en más de un sentido, este volumen constituye una pieza fundamental para la construcción colectiva de ese horizonte que ya ha comenzado a vislumbrarse. El conjunto de ensayos que reúne este nuevo libro de Boaventura de Sousa Santos es un texto imprescindible para comprender las características del interregno histórico en el que vivimos, analizar las fuentes de donde brotan las desigualdades que nos preocupan y –sobre todo– trazar una hoja de ruta y una estrategia para consolidar proyectos políticos que contribuyan a construir otros mundos posibles, más justos y más igualitarios.

Frente a ese desafío, ¿quién mejor que Boaventura de Sousa Santos para orientar la mirada y la imaginación hacia la construcción de escenarios sociales alternativos? El gran sociólogo portugués es una de las referencias mundiales en el campo de las ciencias sociales y las humanidades; fundador de las epistemologías del Sur, Boaventura de Sousa Santos ha construido una mirada sobre el presente que combina de un modo magistral el análisis incisivo con la capacidad (propia de los grandes maestros) de formular grandes ideas orientadoras, imprescindibles en estos tiempos.

De los libros se espera que sean capaces de contar buenas historias, una cierta cortesía compositiva, indispensable claridad y precisión argumental. Pero hay libros que, además, movilizan, inquietan, azuzan e instalan preguntas.  Izquierdas del mundo, ¡únanse! Es uno de esos textos.

En sus páginas se nos propone una lectura desde las nervaduras políticas del presente identificando las potencias que tienen los partidos y movimientos progresistas para construir nuevas hegemonías políticas frente al modelo geopolítico de dominación neoliberal.

En un libro clásico del pensamiento crítico, Raymond Williams afirmaba que el problema inicial siempre es la perspectiva desde donde se mira. Junto con situar un problema, hay que definir el punto de vista desde dónde abordarlo. Siguiendo al autor de Marxismo y literatura, ¿cuál es el enfoque que asume este nuevo ensayo del sociólogo portugués? El propio Boaventura de Sousa Santos responde a la pregunta: su perspectiva es la de quien se propone realizar un análisis no coyuntural del presente. A diferencia de los enfoques a los que nos tiene habituados –las lecturas de mediano y largo plazo– Boaventura calibra la mirada en el corto plazo para realizar desde allí un análisis de fondo tanto sobre las dificultades como sobre las enormes posibilidades que tienen las fuerzas progresistas y las izquierdas en el siglo XXI para desplegar una alternativa que reviva las tradiciones del internacionalismo progresista y le ofrezca a la humanidad rumbos acordes con los principios rectores de un humanismo crítico que coloque en el centro de sus reflexiones un nuevo contrato social y ambiental.

Si siempre es difícil contar el presente, Boaventura de Sousa Santos lee este tiempo histórico bajo el signo de un interregno. Entre la caída del Muro de Berlín treinta años atrás y la crisis financiera que se desató entre 2008 y 2011 tuvo lugar un tiempo que no ha terminado de configurarse y para el cual no ha aparecido aún su relevo. Una certeza: las ideas e intereses asociados a la “nueva normalidad” más que nombrar un “tiempo nuevo” buscan naturalizar las desigualdades preexistentes, agudizadas por la crisis desatada por la pandemia. Se sabe: la palabra “nueva” es la más vieja del diccionario.

Analizar coyunturas es mucho más que atisbar lo efímero. Es un ejercicio de interpretación de los tiempos y ritmos políticos, de las palpitaciones y de las oportunidades que abren las crisis y de cómo puede ser más apropiado y potente orientar los esfuerzos. Frente a realidades que cambian vertiginosa y permanentemente, leer entre coyunturas es construir oportunidades para la generación de alternativas. Al mismo tiempo, y lejos de ser un libro que lanza advertencias e identifica peligros, Izquierdas del mundo es una cantera de aprendizajes basados en acontecimientos que han tenido lugar en la historia reciente.

Las experiencias que aborda este volumen –a los casos de Brasil, Colombia, México, Portugal y España, hemos incorporado en esta nueva edición los de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela– cifran también una expectativa que podríamos pensar bajo el signo de un aura pedagógica: incrementar el interconocimiento de las fuerzas progresistas para desarrollar aprendizajes globales que permitan construir alternativas políticas plurales frente al modelo del pensamiento único reaccionario desplegado a escala global.

Partamos de la tesis que hace de andamio de este potente conjunto de ensayos: la principal fuerza histórica que recorre nuestro tiempo es el discurso neoliberal configurado como una fuerza transnacional poderosa y profundamente antidemocrática. Si una imagen caracteriza este tiempo es el de las democracias secuestradas por fuerzas antidemocráticas. Sutiles a veces, extremadamente alevosas en otros casos, nuestro tiempo se caracteriza por la enorme fragilidad y la amenaza permanente de la democracia como forma de vida. Frente a ello, uno de los modos de leer este tiempo que nos propone Boaventura de Sousa Santos es la tensión entre articulaciones y fracturas dentro de los partidos y grupos progresistas y de izquierda.

Dos notas, complementarias: los primeros cinco capítulos hacen referencia a procesos de crisis: las fracturas de las izquierdas en España, Colombia, México y Brasil, del que solo queda exceptuada la articulación del caso portugués. Pero Boaventura de Sousa Santos no piensa las fracturas como quiebres irreversibles sino como oportunidades para pensar nuestros puntos flacos, una vía de interpretación que habilita modos de leer las dinámicas como tramas abiertas, en permanente construcción.

Es indispensable identificar esos puntos débiles de las alternativas progresistas para trabajar allí donde se evidencian las dificultades. La tensión creativa y las divergencias constructivas son siempre bienvenidas y necesarias sobre todo cuando estamos frente a un tiempo y una crisis que nos demanda construir fuerzas y políticas de izquierda que desbordan la idea tradicional de partido.

Al mismo tiempo, Boaventura señala que estas grandes orientaciones deben ir acompañadas de una “sabiduría pragmática” que sepa construir alternativas reales para gobernar. La otra cuestión indispensable es partir de la identificación de una irreversible contradicción entre democracia y capitalismo. Si –como estamos convencidos y convencidas– el horizonte emancipador es la democracia, los derechos humanos y la dignidad, tres lecciones se desprenden de este nuevo libro de Boa (como afectuosamente lo llamamos sus amigos y amigas): el futuro es público; sin el Estado no se puede, pero solo con el Estado no alcanza, y el papel de los movimientos sociales es cada vez más vital.

Izquierdas del mundo, ¡únanse! invita –finalmente– a un modo de lectura no coyuntural de la coyuntura en estado de actualización permanente. Tal es así que, por primera vez, se incorporan a este libro un conjunto de ensayos que actualizan y amplían los problemas abordados en la primera edición. Un libro –nos atrevemos a decir– escrito para lectores y lectoras interesados en participar de las luchas por sociedades más justas y equitativas; sociedades que deberán ser –por definición–, anticoloniales, antipatriarcales, antineoliberales. No importan tanto los nombres de las tradiciones políticas en las que se inscriban para alcanzar ese fin; su diversidad hablará de la riqueza que el campo progresista tiene para alcanzar esas metas, su capacidad de articularse dará cuenta de la inteligencia con la que sepan moverse en un escenario reaccionario global.

Ensanchar la convocatoria a todas y todos los que deseen contribuir con una democracia que debe encolumnarse en la defensa de la humanidad y del ambiente a través de la radicalización de la democracia es el propósito fundamental de este volumen. Revolucionar la democracia y democratizar las revoluciones precisas de mapas que nos ayuden a armar los recorridos, a establecer prioridades, a identificar los problemas que no pueden esperar. Este libro nos habla de cómo alcanzar la indispensable convivencia dentro de la divergencia, la imprescindible construcción de equilibrios, el diálogo como ejercicio permanente, señales irrefutables no solo de que los partidos progresistas y de izquierdas tienen la capacidad de gobernar, sino

de que son la única alternativa viable frente a la crisis terminal que atravesamos.

Entre Buenos Aires y Montevideo,
noviembre de 2020

Boaventura-IzquierdasDescarga

 

Imagen tomada de El País.

Compartido con SURCOS por Óscar Jara.

Es posible llegar a los autores intelectuales de las masacres (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Resultan asesinados, en forma continua, sucesiva y selectiva, los (as) líderes sociales, de minorías étnicas, afrodescendientes e indígenas, de oposición política, activistas, de juntas de acción comunal, sindicatos, y exguerrilleros desarmados, que se acogieron a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón y que se oponen a los postulados de la secta, más que partido de gobierno, el Centro Democrático (CD). Enumerando, tenemos:

– Lo programático neoliberal del CD, como partido de gobierno se centra en lo relacionado con la megaminería. Las víctimas, selectivamente asesinadas, pertenecen a quienes se oponen a esos programas y su actividad política enfrenta a los megaproyectos. Los territorios en donde se dan los crimines, tienen que ver con extensiones de tierra en que las multinacionales tienen un interés especial. A su vez, esos espacios – que son espacios vitales para las comunidades- demandan alta presencia militar para asegurar la invasión de la inversión extranjera. Esa genuflexión lacaya, repercute en el asesinato de los habitantes raizales, en esos lugares. La defensa a ultranza de la invasión de la inversión extranjera en lo de explotación minera, petrolera con fracking incluido. La utilización del agua, los páramos, reservas naturales. La aplicación de los planes bio energéticos. La dedicación del latifundio narco latifundista y terrateniente en la explotación extensiva ganadera; así como destinación de tierras en cultivos de la palma africana y de maíz, afín a lugar en la obtención de combustibles biodegradables, con el prurito del lavado de dineros en esas empresas.

– Proponen enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal; pero no para salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder, gracias al sistema desbastador de lo extractivo, en contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, aparecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economías informales. Los líderes sociales y dirigentes comunitarios que se oponen a esa degradación y depredación resultan asesinados. Esos son también los masacrados. Esto está íntimamente relacionado con los interese programáticos del partido de gobierno, el centro democrático (CD). El 50% de los casos de asesinatos selectivos y de masacres ocurren en los municipios con minería ilegal.

– La secta criminal CD, como usufructuarios del proyecto paramilitar de “refundación” que instauró una reforma agraria sangrienta, producto del desalojo, destierro, despojo de tierras en más de diez millones de hectáreas; a más de siete millones de víctimas, campesinos desplazados; mantiene en sus postulados la conservación de esas tierras en manos de los victimarios, sobre el montaje de ser “terceros poseedores”. A sangre y motosierra imponen el “no molestar” a los que quedaron con esas tierras de los desplazados (hoy mayoritariamente de las multinacionales) estimando como un asunto crucial, tanto en la bancada parlamentaria, como en las directrices presidenciales, que ese estatus quo ilegal y criminal no sea modificado. Conocidos como reclamantes de tierras, son quienes, a raíz de la desmovilización y entrega de las armas de las antiguas FARC, impulsados y representados por los (las) líderes en sus comunidades, regresan a sus comunidades. Los y las líderes que los representan resultan ser los acribillados; sacrificados por tener conocimiento y actividad social de las situaciones de despojo y mantener contactos, organizar e impulsar la defensa con las víctimas despojadas de esas tierras. Resulta inocultable el sicariato al servicio de los intereses programáticos de ese llamado partido de gobierno, el CD.

– Esa secta, CD, en el poder, se opuso y saboteo la salida política al conflicto armado interno con las guerrillas de las FARC-EP.

Obtenida la negociación y el arreglo definitivo, expresado en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, se propuso “hacerlo trizas”.

El llamado partido de gobierno, el CD, inspira entre sus seguidores un proceder sectario, de odio y de intransigencia en el trato del conflicto social y múltiple en el país. Para ellos hay “buenos muertos”.

– Una vez logrado el ilegitimo triunfo electoral con dineros del narcotráfico de la ÑEÑE política, ha sido visceral el sentimiento intenso, arraigado y personal, por desconocer a los antiguos ex combatientes, exguerrilleros, la personería de sujetos en el ejercicio político, ganado con el arraigo en las masas populares por más de cincuenta años de trabajo político y militar, anti oligárquico y antiimperialista.

– El tema de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos no deja de ser de aspecto primordial y sobre el que gira toda la política militarista, como estandarte del compartimento gubernamental, con la dosificación inoculada de su partido de gobierno, en desconocer la implementación de lo Acordado, para obtener una salida de fondo al problema del cultivo de la coca y la erradicación de la cocaína como factor de subsistencia para amplia población del campesinado colombiano.

Siendo que el Sistema transicional y de no repetición es integral, habilita el considerar lo de la implementación de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como temática particular. De exposición originaria se concibió la sustitución de cultivos con la aplicación de la Reforma Agraria Integral (RAI) y para ésta la práctica del buen uso del instrumento legal existente de la Zonas de Reserva Campesina. (ZRC). Una solución radical a los cultivos está íntimamente relacionada en un todo integral y concatenado. Pero en gracia de discusión, dar por aceptado que la aplicación de la sustitución voluntaria, con la rectoría de un ejercicio de aplicación de cooperativismo rural y de autonomía de economía campesina como sujeto activo de derechos, constituiría un eslabón o paso a la solución de ese flagelo. Actualmente el 37% de los casos de asesinatos selectivos y masacres ocurren en zonas de cultivos ilícitos. La amenaza del uso del glifosato significa la agudización del conflicto armado; la multiplicación de la comercialización de lo ilícito; la reaparición del escenario para incentivar el instrumento de guerra contra las drogas; la justificación de la presencia de los asesores de brigadas militares estadounidenses en el país; el imperio de la violencia y el terror en el campo colombiano.

– Los proyectos que afectan la conservación de la Naturaleza, están al orden del día en el emprendimiento del CD. No benefician el interés general de la Nación, ni el bienestar colectivo de las comunidades. Las someten a posibles expropiaciones de territorios ancestrales. Afectando ciento de miles de hectáreas de áreas protegidas; desconociendo los modelos de desarrollo en conservación. Se hace interminable las imprecaciones de ese partido contra la vida humana y de la naturaleza; puesto que contribuyen es a la institucionalización del Ecocidio.

De lo primordial o esencial

El CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas, de modos, de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupción sistemática de la economía subterránea. Por ende, en la suplantación del Estado y en lo hegemónico social.

La secta, que no partido, el CD, apoyados por el sub presidente electo fraudulentamente, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto. Con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción de los delitos conexos al delito de Rebelión; algo de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de exclusiva aplicación del juez transicional.

Lo de la injerencia de ese partido en el derrotero y función de la justicia, quedó plasmado y demostrado, durante el pasaje de presión política ejercida contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en lo referente con las resoluciones tomadas, contra su principal exponente, que funge como expresidente y exsenador. Destaca en la búsqueda de una justicia de bolsillo, de comportamiento cortesano en el aliciente de lo elegante y distinguido para el servicio al Ejecutivo.

Resulta primordial volver a la temática de la búsqueda de la Solución Política al conflicto armado interno. Superar trabamientos y talanqueras ante la miopía insoportable de la no continuidad de las conversaciones con el ELN. Vencer obstáculos ante la actitud del avestruz, frente a la inminente necesidad de acercamientos políticos con el Ejército Popular de Liberación-EPL. Superar con creces el análisis de lo surgido con los entrampamientos a la implementación de lo Acordado con las antiguas FARC-EP, que trajeron el resurgimiento de la Segunda Marquetalia. Redefinir el llamado al creciente sector de las FARC-EP, que no se acogieron al proceso de conversaciones con el Antiguo Secretariado y a quienes, indiscutible mente, los motiva la misma concepción de sus fundadores e ideólogos históricos. Como se ve, el panorama es más complejo que el tramitado hace cuatro años y es precisamente la vigencia de un factor partidario cuestionado, en los análisis que asume este artículo, el que lo coloca en la imposibilidad de una continuidad histórica de permanencia.

Predomina una arremetida guerrerista

Analistas y consultores han desarrollado trabajos de investigación entorno a estos temas asumidos. Partiendo del presupuesto del control territorial el monopolio institucional del mismo no está efectivamente garantizado. Las economías criminales predominan y con ello el imperio de la corrupción con efectos directos en el desempeño constitucional de la fuerza pública. El conflicto armado es anterior al narcotráfico en Colombia. La existencia de ese conflicto incentiva múltiples factores que hacen cada día más complejo la solución a tantos interrogantes de la vida nacional. Por ello el aumento de la violencia selectiva y de masacres. La fuerza pública se mueve en escenarios de regiones en que, por ejemplo, se suceden enfrentamientos entre bandas criminales y ello refleja un tratamiento y sintomatología para el accionar contra insurgente. En otras regiones, las bandas criminales no se enfrentan y por lo general, la fuerza pública ejerce un control sobre ellas en el tratamiento y sintomatología para el accionar contra insurgente. Lo predominante e inmodificable resulta ser la presencia territorial y copamiento de las insurgencias. Así presentado, es dable concluir que el principal problema de las institucionales fuerzas armadas radica en la existencia del factor insurgente y por ende, cómo hacer uso de esos factores armados para ese enfrentamiento contra insurgente y en ese orden de ideas el uso del instrumento paramilitar es de esencia sine qua non, en la medida en que exista el conflicto armado y las operaciones contra insurgentes oficiales. Eso explica el que el ejército nacional, con ayuda de militares de Estados Unidos y huestes fascistas paramilitares, asuman el sangriento control de amplias zonas rurales. Ese accionar y practica aupada por una secta política de dirección gubernamental, es la que garantiza el efectivo cumplimiento a intereses corporativo-militaristas, afianzando los de las multinacionales; fortaleciendo el control político de los sectores terratenientes ganaderos y latifundistas, objetivamente aliados del narcotráfico, redundando en beneficios para la cúspide del capital financiero colombiano.

De un estado mafioso

Ante ese panorama destacar considerar la característica del Estado colombiano como un Narco Estado o Estado mafioso. Ello implica el desconocimiento o inexistencia de un Estado de Derecho, puesto que el ataque al individuo, como ciudadano, es lo dominante en una teoría militar de aplicación del enemigo interno. En eso juega el interés del partido o secta de gobierno de imponer su ideario político y económico, sustentado en las privatizaciones a ultranza; alicientes al sector financiero, en contra de los beneficios populares; subsidios a los grandes terratenientes y ganaderos; aplicación de reformas fiscales regresivas a cargo y en hombros del pueblo; la arremetida contra los derechos laborales de los trabajadores, en fantasiosa promesa de ayuda al impulso de empleos, para enfrentar la pandemia del coronavirus; la preparación y/o mantenimiento del sistema electoral corruptor y clientelista en el control y atornillamiento, mediante el fraude electoral que avecina, ante el paisaje de renovación alternativa, que el auge del movimiento popular y revolucionario asoma en Colombia.

Existen múltiples presentaciones del oscuro panorama de la Nación colombiana. En lo local-regional, persisten disputas dentro del Establecimiento de poder hegemónico oligárquico contra insurgente. La dosis de militarismo la asoma el analista y asiduo colaborador del portal rebelion.org, el profesor Renan Vega: Claves: 1.- Las Fuerzas de Tarea Conjunta, según los define el profesor Renán Vega Cantor (Vega, 2016) “son grupos de despliegue rápido con una diversidad de especializaciones. Estos grupos se caracterizan por su capacidad de adaptación en diversos terrenos y su flexibilidad en el tipo de acciones, además de su carácter ampliamente confidencial. En varias de ellas hay presencia de Comandantes de Brigada del Pentágono estadounidense con experiencia en Irak y Afganistán.” “La Fuerza de Tarea conjunta Vulcano a la que según el Ministro de Defensa colombiano se dirige parte de esta tropa extranjera, está ubicada en Tibú, Catatumbo, departamento Norte de Santander. (Frontera con el Estado Zulia) Cuya fuerza inicial es de entre 7.900 y 10.000 efectivos. Estos fueron reforzados en el 2018 con alrededor de 5.000 efectivos de las Fuerza de Despliegue Rápido N°3 (Fudra). Esta es la única Brigada que, según Carlos Holmes, vendría a asesorar este contingente estadounidense en la frontera colombo venezolana”.

Predomina una desconfianza en torno a la fuerza pública y no asoma una capacidad de liderazgo, con voluntad política, para desescalar el conflicto armado interno. Centrar el problema de fondo en la guerra contra las drogas, impone el contenido militarista del partido en el poder. Para ello sublimizan; es decir, engrandecen, exaltan, elevando a un grado superior a unas fuerzas armadas, sumergidas en el laberinto de la desfachatez, escándalos, divisiones internas.

Quien se oponga, tanto política como académicamente a las posturas del gobierno y su partido, están en la mira del sicariato. Puede resultar extenso; pero intenté traer a colación todos y cada uno de los aspectos de la vida nacional; incluidos temas como la salud, la defensa ecológica y otros. No es que haya olvidado la suerte de la población en las ciudades. Al igual que las masas empobrecidas de los lugares apartados, soportan la convergencia de la violencia, resultado del gobierno hegemónico de la derecha militarista contra insurgente; siendo los sectores populares los más golpeados en el acumulado de muertos, por una guerra que no termina.

Que, aunque cojee llegue la justicia

El vil asesinato de que fue objeto el líder opositor Jorge Solano Vega, en la ciudad de Ocaña, el pasado 03 de noviembre, registra la detención de un sujeto, oriundo de Medellín, como autor material. Se valora los sendos pronunciamientos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N y del Ejército Popular de Liberación- E.P.L, en el sentido que no tuvieron que ver en absoluto con la autoría de tal crimen.

PERORACIÓN. Estas dos entregas apuntan a motivar en la búsqueda de los autores intelectuales de los horrendos crímenes ocurridos en Colombia. Como un ejercicio más, he redactado la Ponencia: “La Con causalidad de la Responsabilidad Penal del Centro Democrático en el Hecho Punitivo de Asesinatos Selectivos y Masacres”. Una tesitura que expongo a la Academia y Juristas de América, para que sea abordada por la disciplina penal y aporte a tal fin en los operadores de la justicia colombiana; o en última instancia, ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Expedición Tribugá: el altísimo costo de perder un paraíso actualmente amenazado

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

En la costa del Pacífico de Colombia se encuentra el Golfo de Tribugá, uno de los lugares más biodiversos e inexplorados del planeta. Actualmente el territorio es víctima de amenazas, como la tala indiscriminada de árboles o la aspiración de construir allí un megaproyecto portuario.

Pero la intención de cuatro conservacionistas y documentalistas (Felipe Mesa, Luis Villegas, Francisco Acosta y Jack Farine) se centró en presentar más que eso, y mostrar lo que hay allí ahora: “un verde hecho de matices incontables, mares hechos de agua y vida, la banda sonora de los sonidos naturales, la multiculturalidad de las comunidades que habitan el territorio, proyectos productivos autosostenibles que se desarrollan, otras maneras de vivir en comunidad y la muestra de que otros sistemas económicos (basados en la solidaridad) son posibles”.

El documental de 53 minutos “Expedición Tribugá” es una producción que busca sensibilizar al mundo sobre la importancia de conservar el Golfo de Tribugá. La producción está dividida en tres partes que coinciden con tres expediciones; la primera sigue a un grupo de expertos en la exploración del Cerro “Jánano” y se adentran en el bosque húmedo, la segunda llamada “Pusa” traslada su mirada al mar y la tercera denominada “Puru” triangula al bosque húmedo y al océano con las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en este espacio.

“Expedición Tribugá” estará disponible de manera gratuita hasta el 06 de diciembre, puede observarlo e informarse sobre el proyecto en la página web: www.expediciontribuga.com

La presentación del documental está acompañada de una campaña llamada #NoalpuertodeTribugá, un megaproyecto que pretende ser el segundo puerto más importante del país. Usted puede leer y apoyar la petición aquí

 

Información compartida con SURCOS por Jaime García.

Es posible llegar a los autores intelectuales de las masacres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Se suceden casi a diario. El espectador las vive y padece. Están a ojos vista, pues no se ocultan. Conforman un dilatado paisaje panorámico de terror, angustia, zozobra, estado de intranquilidad, desasosiego, congoja. Se sabe que son resultado del conflicto. Para algunos otra modalidad u otra cara de ese prologado conflicto armado colombiano. Nadie aborda con exactitud porque se dan. Intentan negarlas, dándoles otro explicativo o denominaciones; pero imposible e incomprensible, puesto que ahí están. Se les puede seguir o ubicar en una génesis, con un encadenamiento de sucesos y factores que van de lo simple a lo complejo, que la precisan y fijan, estableciéndolas en una forma puntualizada y precisa. Se aplican, utilizan y conocen en Colombia como masacres; así crudo, sin eufemismos, que son usanzas de expresiones que buscan sustituir un calificativo o expresión que socialmente es ofensiva o de mal gusto y que políticamente, para el ente gubernamental es un calificativo que expresa acusación, señalamiento, condena. Masacre es el asesinato a varias personas en estado de indefensión, en forma cruel, alevosa e innecesaria.

Las masacres en Colombia no obedecen a un fenómeno social o resultado de un conflicto social o económico. Un conflicto social permanente como en Colombia, reviste otras connotaciones, con afectaciones diversas, evocadores a comportamientos diversos. Las masacres enmarcan dentro de un efecto político, resultado de afectaciones propias del conflicto armado interno. El móvil determinante de su causa es el Control de Territorio. Este factor, digamos, es el que ha contribuido a confusiones. No es que exista una confrontación directa de las comunidades con el Estado. Este, con sus fuerzas armadas intentan mantener un control único cuando persiste otros factores armados, con múltiples conformaciones que trae consigo la fragmentación de organizaciones armadas, con presencia e influencia local y hasta regional, pero corresponde abordar a que se debe ese auge. Al menos intentar explicar. La constante es que en los escenarios de masacres persiste la presencia dominante de grupos- bajo nuestro enfoque- de estatus insurgente. A diferencia de otros grupos armados, estos no son volátiles, ni transitorios, sino que radican por la permanencia de control territorial local. Esto, sí constituye el principal factor de enfrentamiento con la fuerza armada estatal. De por si, esto no implica que se de a diario la confrontación armada directa. Cabe otra presentación: los métodos de posiciones y control por parte de las tropas gubernamentales ajustan a una dinámica, por no decir juegos, de reacomodos; asegurando la sucesión de mando oficial, bajo las acciones de baja y media intensidad contra las guerrillas, que responden a todas, inclusive a los bombardeos, que de por sí escasean en el panorama del conflicto…

Saber abordar y distinguir lo de control de territorio

Dominando un semblante de variadas circunstancias, no obstante, resaltar el aspecto principal: control del territorio. Pero no bajo el enjuague de la tónica de dominio del narcotráfico para asegurar “los corredores”, “las vías”, “los santuarios”, sede de los laboratorios y grandes almacenamientos de cocaína procesada; con anuncios de elevados costos en dinero, contante y sonante, no se sabe cómo. El meollo del asunto obedece al control del territorio por parte del Estado, en cabeza de sus fuerzas armadas, que hacen masiva presencia, sin eficacia, producto del desconocimiento y mentiras almibaradas, tanto por el negacionismo oficial-que es tapar el sol con un dedo- de la no existencia del conflicto armado interno, a la luz y contenido del Derecho Internacional y en consecuencia desvirtuar la existencia de un contrario insurgente, rebelde, de estatus beligerante, que reúnen los requisitos elementales de mandos unificado, permanencia por más de cincuenta años en amplias zonas bajo su control, ahondando en la aplicación de un ideario político.

Una estrategia contra insurgente sobre presupuestos falsos, no reales, en que domina es el alias, los sobrenombres, calificativos, estigmatizaciones, prejuicios; conlleva al armatoste de un escenario que pugna con la realidad y objetividad del problema y trae consigo aplicaciones de estrategias fatales como el montaje de la llamada “guerra contra las drogas”, que ha significado una guerra contra la nacionalidad colombiana y el uso y empedramiento de un ejército volcado contra el mismo pueblo, so pretexto de un “enemigo interno”. Conlleva el desgaste de unas fuerzas armadas estatales bajo desconocimiento de existencia real de un contrario al que la inteligencia militar desfigura y diluye sobre su existencia real. Un ejército despojado de la función de protección de las fronteras para evitar el tránsito de tropas extranjeras, para convertirse en mandadero de la oficialidad gringa y demeritar su naturaleza constitucional, al convertirse en una fuerza de choque policial antinarcóticos, con el saldo de atropellos, abusos, y asesinatos al campesinado de subsistencia cocalera. Da grima verlos en la función faldera de erradicadores forzosos, en contrario al espíritu de los Acuerdos de la Habana, que les quitó el peso de un ejército irregular al que no lograron vencer.

Analistas resaltan el fracaso del gobierno en su estrategia militar contra los grupos ilegales. Fracasan en verterlos en el mismo recipiente; por lo cual el esfuerzo diferenciador apunta al uso y provecho de aliados “indeseables” en la principal lucha del Estado colombiano, que lo es la contra insurgente. Ratifica la constante que en tanto hay conflicto armado y lucha contra las guerrillas, el trasfondo de la guerra sucia y el recurso del para militarismo es condicionante en la aplicación de una política y proceder militarista, para el enfrentamiento. Así ha sido y continua siendo; pero la mala hora por la que pasan las fuerzas armadas y sobre todo el ejército, por los escándalos de corrupción , atropellos, asesinatos, suicidios, inexplicables caídas de aeronaves, cantos misóginos, manifiestas divisiones internas, conducen a ineficacia en la aplicación de la doctrina militar, con un aumento significativo de las insurgencias ( ELN, EPL, Segunda Marquetalia, La continuidad de las Farc-ep, que no admiten el mote de “disidencias”, conforme a reciente y acertado trabajo periodístico de Ariel Ávila). Los ataques y eficacia contra las bandas de delincuentes comunes resultan tardías y suma acumulados de denuncias varias, sobre el apoyo y utilización de esas bandas en la inoperancia e inutilidad manifiesta del control territorial nacional

Indiscutible que los escenarios de las masacres en el campo obedecen al predominio, instalación y desarrollo, como forma de vida de estructuras de mercado, en ejercicio de salvajes competencias, entre competidores, por el negocio ilícito de la coca y sus derivados. En que los competidores relevantes armados influyen en la capacidad de incidir en precios, negocios, cantidades de mercancía y comprendiendo que es a la fuerza o con la ley del más fuerte, en la forma que obtienen el equilibrio apropiado. Esos actores armados actúan con funciones específicas: a unos los mueve la adquisición a todo costo de la coca, como materia prima. A otros lo indispensable para su procesamiento de la coca y consecución de recursos. Los hay quienes imponen gravosas cuotas conocidos como “bremajes”. Quienes influyen en el precio del alcaloide como la invasora DEA. Aplican, también, quienes ostentado autoridad y fuerza legal, recrean en el usufructo del enriquecimiento ilícito, producto de la corrupción. Todos y cada uno de esos actores armados que hacen presencia en esos territorios de violencia institucionalizada, por lo prolongado del conflicto sin fin, no escapan a ese azote como un signo maldito. La extensa y compleja Colombia, no admite que sea solo el móvil del narcotráfico el aliciente causante de las masacres. También influyen con peso específico el entorno de la explotación del oro; el lucrativo negocio del robo de hidrocarburos, con válvulas clandestinas a los tubos de los oleoductos, para extraer el “pategrillo”, combustible rudimentario en uso de los cristalizadores de cocaína y el refinamiento de una gasolina artesanal. El lucrativo negocio del contrabando de extracción, de especies, de gasolina, de ganado. El tráfico de armas. Todo un entramado que se adjudica a todos y cada uno de los actores armados y en el que la casta privilegiada del generalato militarista rumia, callado, enriqueciéndose en cifras exorbitantes.

Asomando un concepto de oligopolio, por este se sobreentiende una estructura de mercado, que tiende a una exclusividad de unos cuantos competidores relevantes, con sobrada y demostrada capacidad de influir en el auge del giro ordinario de tales negocios, en la imposición de precios, en el beneficio pecuniario garantizado, en cantidad y equilibrio.

Al difundir la mediática, como reconocimiento, que el móvil determinante de las masacres lo constituye el “control territorial” por el narcotráfico; avalan el esfuerzo por la redacción en lo mostrado, para sustentar la exposición del régimen militarista y dictatorial imperante en Colombia.

Puesto que las masacres obedecen a dinámicas como las expuestas; corresponde confrontar el relato oficial, implicatorio y justificante para el enturbio dispuesto de relación o situación.

Otra es la presentación. Excluyen la lucha frontal contra insurgente, como mandato imperial a un ejército y fuerzas armadas, made in Usa; cuando el hacedero, lo posible, es valerse del enfrentamiento de actores de delincuencia comunes, contra la insurgencia rebelde; como si les fuere dable afirmar, la no existencia de la confrontación directa, de los restantes actores armados, enunciados contra el Estado.

El control territorial obedece al monopolio de la fuerza por parte del Estado; cual carismática misión. El fin y objetivo de la actividad que implementa la dinámica de la guerra es borrar del escenario territorial la presencia de las fuerzas insurgentes, rebeldes. Para ello aplica lo de unirse hasta con el diablo. “Plata es lo que hay” resuena la lapidaria afirmación del generalote, que cual centurión romano dirige a mas de17.000 soldados en el Catatumbo nortesantandereano. Implica detenerse en la aplicación de los métodos contra insurgentes, de posiciones y control. No es por el control territorial de la insurgencia, que indiscutible lo ejerce por más de cincuenta años de conflicto. Mucho menos por el control de rutas del narcotráfico por parte de las guerrillas. Si algo asomó el fracasado, o mejor hecho trizas, proceso de terminación del conflicto armado definitivo con las Farc- ep, es que de ese control, en honor a la Verdad, debía responder eran las fuerzas armadas estatales. Se impone una redefinición al legado falsario de la dictadura mediática y el discurso oficial.

Indisoluble relación de asesinato de líderes y exguerrilleros desarmados con las masacres

Contribuye a extender un manto de impunidad el alegar que debido a la existencia de múltiples organizaciones armadas criminales, se impide identificar a los autores, tanto materiales, como intelectuales, de las masacres que han azotado a Colombia. Se suceden y los organismos investigadores del Estado, aportan solícitos la entrega o identificación de presuntos autores materiales. De esos solo el 49% resultan avante en lo investigable. Asombra la ofensiva simplicidad de atribuirlos a “organizaciones armadas” a “bandas criminales”, “grupos residuales armados”, “disidentes” de los acuerdos de paz. Como móviles han plasmado, cual tamaña desfachatez, que se originan por “ajustes de cuentas”, “control para la comercialización de la droga”, “control de rutas” “control de territorios” para el funcionamiento de negocios ilícitos, etc., etc.

Esas sucesivas masacres revelan el verdadero rostro y semblante de un conflicto armado agudizado. Tras la desmovilización de las antiguas Farc-ep, quedaron los efectos de su presencia popular arraigada en extensas regiones del país. La no implementación de los Acuerdos y en particular la no atención a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, generaron una situación explosiva de estallido social. Ha sido perverso el comportamiento estatal, luego de la anisada esperanza de erradicación voluntaria y la frustración por la no aplicación de programas a escala; volviendo a incrementar la guerra cual agudización de la lucha de clases en el campo y la sempiterna amenaza de volver a la fumigación aérea con el letal glifosato.

Según la ONU, durante el año 2018, se registraron 11 masacres. En el 2019, aumentaron a 36. El ultimo registro de masacres en Colombia, al redactar el presente artículo, se dio el fin de semana (22 de noviembre) y ocurrió en los departamentos de Cauca y Antioquia. Trece personas fueron asesinadas en hechos ocurridos en una discoteca en el corregimiento de El Mango, zona rural del Cauca (8 victimas) y el otro en una finca de la vereda La Julia, en Betania, Antioquia (5 victimas). Es la masacre #74 ocurrida en el territorio nacional, durante el corriente año de 2.020.

¿El clamor nacional reclama Quién los mató? El escenario es mayoritariamente el campo: pero también crece la tendencia en zonas semi urbanas. En zonas urbanas se atribuyen este año a la Policía Nacional: 13 asesinados durante las protestas del 09 de septiembre en Bogotá, en repudio al asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, en uno de los CAI de la capital. 9 asesinados en una cárcel provisional en Soacha, municipio cercano a la capital colombiana, al producirse un incendio en el que estaban hacinados 20 detenidos. El hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre en la Estación de Policía y se mantuvo callado, hasta que las madres y familiares de los inmolados, rompieron el silencio que amenazas y terror estatal les impusieron. Circulan pruebas de la omisión y desidia policial e imposibilidad a familiares para sofocar el incendio. La matanza de 23 reclusos en la cárcel Modelo de Bogotá, revelándose que no operó, por parte de la guardia penitenciara, el Inpec, una contención de fuga; sino el calculado accionar de asesinato a mansalva contra los amotinados. La aplicación de la pena de muerte, cual ley de fuga, que prohíbe el estatuto constitucional colombiano.

un cuadro desesperanzador

Amnistía Internacional (AI) cuestiona la voluntad política del gobierno colombiano, en cabeza del sub presidente Duque, para proteger a los (las) líderes sociales y advierte la carencia de eficacia de las medidas tomadas. Un tinte desesperanzado intoxica el ambiente al sucederse reiteradas amenazas y asesinatos de cuadros políticos del movimiento Colombia Humana; del destacado dirigente popular Gustavo Petro Urrego. El senador Gustavo Bolívar, de la misma agrupación política, ante nuevas amenazas de las “Águilas Negras” en su contra, da a entender que el Ministro de Defensa Holmes Trujillo actúa en complicidad con ellas. Petro, a su vez, ha sostenido que las tales “águilas negras” no existen, sino que obedecen a facciones o pandillas internas dentro de las mismas fuerzas armadas estatales. Es decir, en torno a la proyección analítica de ese elemento perturbador del ejercicio a la oposición política, las tales “águilas negras” actuarían como pandilla interna, con la aplicación de desaforados procederes con el proyecto de propósitos claros, e identificación de pensamiento e intención de llevar a cabo una política de contra insurgencia indiscriminatoria, resultado de un mandato político, que solo podría provenir del partido en el poder, que se comporta más como secta.

A ello se suma la campaña de sindicar y estigmatizar de la secta, que no partido, el centro democrático (CD), a la organización nacional del magisterio colombiano FECODE, por el interés y actividad de la juventud colombiana por protestar dentro del movimiento popular contra el actual estado de cosas. Esa campaña difamatoria y de estigma, trae como resultado recientes asesinatos a profesores; ensañamiento de extorsiones económicas en regiones como el Catatumbo contra el cuerpo magisterial. El reciente asesinato en la ciudad de Ocaña, contra el líder opositor Jorge Solano Vega (Coqui); valiente denunciante contra el maridaje corrupto de alianzas de grupos políticos y el señalamiento personal contra actuaciones del diputado del tal centro democrático, en unión con conservadores, con demostradas andanadas de críticas con que mantenía atenta a la opinión pública; sustentadas citas de corrupción en los manejos de los recursos de los Hospitales de Ocaña y de Abrego, el desvío de dos mil millones de pesos, de los recursos públicos para obtener salidas de carreteables en finca ganadera de propiedad de uno de ellos; e innumerables denuncias sustentadas con que martirizaba, tanto de día como de noche, a una calaña de politiquerías corruptos en la Administración municipal de su terruño. Ese, su asesinato, enmarca dentro de la sistematicidad de praxis política, para acallar las voces opositoras en Colombia.

Colombia: Rechazan amenazas contra la vida de defensores y defensoras de DD.HH integrantes del Pacto Nacional Por la Salud y la Vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

COMUNICADO PÚBLICO

Desde hace tres décadas, las instituciones de salud y los trabajadores del sector vivimos un proceso sistemático de privatización y deterioro de las condiciones laborales, en un contexto de la violencia social y política. A esto se suma hoy la equivocada gestión de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres y los asesinatos selectivos de los líderes sociales en todo el país.

En días pasados, varios compañeros han sido víctimas de amenazas, entre ellos nuestros amigos y colegas ROMAN RAFAEL VEGA ROMERO, profesor universitario, activista en favor del derecho a la salud y médico de profesión, fundador del Movimiento por la Salud de los pueblos (MSP) en Colombia y miembro de la Red Salud Paz, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ELSA NURY MARTÍNEZ SILVA, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, EMMA VÉLEZ TORO, presidenta de la Veeduría en Salud Pública y DDHH, SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO, académica, activista y feminista de la Universidad de Antioquia, miembro de ALAMES, así como también los compañeros miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, ÓSCAR SAMPAYO, YESID BLANCO, RAÚL BARBA RUEDA, LEONARDO GRANADOS Y ALEXANDER MATEUS RODRÍGUEZ. Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a todas y todos los amenazados por grupos armados organizados, bandas criminales y delincuencia organizada en Colombia, quienes recibieron amenazas de muerte, junto con otras personas que trabajan por un país más justo. Esas amenazas se producen en medio de las masacres y asesinatos del liderazgo social en todo el país, en medio de absoluta impunidad.

Detrás de las amenazas, presuntamente, están las llamadas “Águilas Negras” (bloques Capital y Magdalena Medio), un grupo que parece actuar en todo el territorio nacional, pero sobre el cual no se han producido detenciones. Es significativo que tales amenazas repiten el patrón de prácticas paramilitares: difamar y calumniar a los líderes sociales, vincularlos con grupos armados, y darles un plazo para abandonar la ciudad o el país.

El sector salud ya ha puesto numerosos muertos y heridos en medio del conflicto donde, como Misión Médica, ha sufrido los horrores de la guerra. De igual manera, las organizaciones sociales y ambientales han sufrido la violación sistemática de derechos humanos: a la vida, al trabajo digno, a la libertad de expresión y de organización; pero eso no nos alejará de nuestra defensa del Derecho Fundamental a la Salud y la Vida.

La protección de las y los ciudadanos, del personal del sector salud y la garantía de la atención en salud a la sociedad colombiana son deberes del Estado. Urge que el Gobierno, la comunidad y las organizaciones internacionales nos acompañen, en la medida de sus deberes y posibilidades, en la defensa de los y las trabajadoras de salud en Colombia.

Por eso exigimos;

Al Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al Ministro de Salud FERNANDO RUIZ, al Ministro de Defensa, CARLOS HOLMES TRUJILLO, al Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, al Procurador General FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al Defensor del Pueblo CARLOS ERNESTO CAMARGO, que investiguen y judicialicen a los responsables de estas amenazas.

También solicitamos a:

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Misión de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final que vigilen la protección de los derechos humanos de las y los defensores que están amenazados por su labor en Colombia.

Llamamos a la sociedad Colombiana a que se solidarice y se una en la defensa de la vida, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el territorio Nacional.

Suscribimos como personas y como Pacto Nacional por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas, y las organizaciones que allí se recogen,

– Adriana Ardila Sierra, Magister y Doctora en Salud Pública.
– Adriana Martínez, presidenta, Asociación Bacteriólogos Javerianos (ABJ).
– Agremiación Sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH).
– Agustín Barúa Caffarena, psiquiatra y antropólogo, investigador de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay.
– Alain F. Jiménez Fadul, presidente, Alianza Contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta.
– Alberto Orgulloso, director, Escuela Nacional Sindical (ENS).
– Aldemir Tello Padilla, presidente, Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (SINALPROFFT).
– Aldo Cadena, Ex Secretario de Salud de Bogotá.
– Alejandra Gómez, presidenta, Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME).
– Alejandra Marín, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Alejandro Perdomo Rubio, Asesor de Servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología.
– Alex Miguel López Guerrero, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Alicia Milena Torres, profesora universitaria.
– Álvaro Acevedo Osorio, Departamento de Desarrollo Rural & Agroalimentario, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia.
– Álvaro Franco Giraldo, Salubrista, Ex Decano, Facultad Nacional de Salud Pública y Ex Vicerrector, Universidad de Antioquia.
– Amparo Hernández Bello, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), profesora universitaria.
– Ana Marcela Bueno, docente universitaria.
– Ana María Soleibe, presidenta, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Unidos de Colombia (ACTUS) y Médicos Unidos de Colombia (MUC).
– Andrea del Pilar Vargas Daza, presidenta, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF).
– Andrea Rojas, presidenta, Nutricionistas Unidos y Actualizados.
– Angélica López, educadora, Fundación Tradición Oral.
– Arnobi de Jesús Zapata Martínez, representante legal, Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC).
– Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Argentina.
– Asociación Médica Sindical Nacional (ASMEDAS).
– Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Seccional Huila.
– Asociación Sindical de Profesores Universitarios – Universidad Nacional (ASPU-UN).
– Astrid Castellanos Correcha, Directora, Casa de la Mujer, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), grupo Medicina Social y Mesa de Salud por Boyacá.
– Beatriz Elena Serna Maya, pedagoga.
– Berena Torres, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Blanca Fanny Cárdenas Amaya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Red Sur (SINTRAREDSUR).
– Carlos Andrés Santiago, Alianza Colombia Libre de Fracking.
– Carlos Arturo García Marulanda, Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS).
– Carlos Cañas, presidente, Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA)
– Carlos Pérez Muriel, Asociación Escuela Ciudadana.
– Carmen Báez, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina.
– Carmen Cáceres, psicóloga, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina
– Carmen Fonseca Cuenca, docente, Departamento de Física, Universidad Pedagógica Nacional.
– Carmen Tessio, médica psiquiatra, Formosa, Argentina.
– Carolina Cabrera Bastidas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Carolina Corcho, presidenta, Corporación Sur.
– Carolina Madrid Torres, Movámonos por la Vida.
– Cecilia Vargas, presidenta, Organización Colegial de Enfermería (OCE)
– César Abadía Barrero, profesor, Universidad de Connecticut.
– Cesar Augusto Hoyos, presidente, Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social.
– Cesar Carrillo, presidente, Asociación de Pensionados Petroleros de Colombia (ANDEPETROL).
– Clara Inés Susa Cañón, docente universitaria.
– Clara Meriño, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador.
– Claudia Esmeralda Clavijo, profesora de Alemán, Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional de Colombia.
– Claudia Marcela Velázquez, presidenta, Concejo Técnico Nacional de Enfermería (CTNE).
– Claudia Naranjo, vocera, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Colombia.
– Claudia Patricia Rojas, Profesora, Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia.
– Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC).
– Colectivo por la paz en Colombia desde México (COLPAZ): Eliana Cárdenas Méndez, Lady Johanne Rondón Arévalo, Javier Eduardo Bello Bravo, María Isabel Mazo Duarte, Martín Emilio Cruz y Morelia Montes Barahona.
– Confederación Colombiana de Profesionales de la Salud (ColProSalud), Colombia.
– Constanza Díaz Grajales, Claustro de Profesores, Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle.
– Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).
– Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).
– Corporación Grupo Guillermo Ferguson.
– Cristina Ruiz, Argentina.
– David Cuéllar Gálvez, profesor universitario.
– Deivis Giovanni Romaña Escobar, Veeduría ESMAD y colectivo de DDHH.
– Diana Giraldo, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Diana Marcela Vega Vargas, Politóloga.
– Diego Cardona, CENSAT – Agua Viva y Amigos de la Tierra, Colombia.
– Diego Cardona, coordinador general, CENSAT – Agua viva
– Diego I. Lucumí, profesor universitario.
– Diego Valencia, Agremiación sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH).
– Dionne Cruz, presidenta, Asociación Colombiana de Salud Pública.
– Diviana Alexandra Rodríguez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Dolly Magnolia González, presidenta, Asociación Colombiano de Escuelas y Facultades de Enfermería (ACOFAEN).
– Edison Mauricio Orozco León, Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (SINTRAIME).
– Eduardo Guerrero, vocal, Asociación Colombiana de Salud Pública.
– Edwin Palma Egea, presidente, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).
– Edwin R. González, profesor, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– Efraín Chuquín, presidente, Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín.
– Eilen Cecilia Pardo Martínez, Presidente de la Asociación de Profesionales de Centrales de Esterilización del Nororiente Colombiano (APCE).
– Elba Luz Martínez, docente universitaria.
– Elis Borde, professora, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil.
– Elsa Nury Martínez Silva, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO).
– Elvert Medina, Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G).
– Emma Vélez Toro, Veeduría Ciudadana en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
– Emmanuel Eduardo Rozental Klinger, Pueblos en Camino, Abya Yala.
– Ennue Nathaly Fajardo Rosas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Enso Ortt, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina.
– Erika Arteaga Cruz, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Ecuador.
– Ernesto Roa, Coordinadora Nacional Agraria.
– Esperanza Cerón Villaquirán, representante legal, Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (EDUCAR CONSUMIDORES).
– Estefany Grajales, Fundación Comunidades Unidas de Colombia.
– Fabián Rosas, presidente, Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM).
– Fernanda Unigarro Santacruz, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Fernando Castro Alfonso, director, Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bogotá-Cundinamarca.
– Fernando Puello, presidente, Colegio Colombiano Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y Mesa por la Salud y Seguridad Social de Antioquia.
– Francisco Cabrera, Comité de Enlace, Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP).
– Francisco Castellanos, director, Organización Defensa del Paciente.
– Francy Rojas Quiroga, vicepresidenta Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en Colombia (ASOFOESSTCO).
– Freddy Perilla, presidente, Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACOEEN)
– Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD).
– Gabriel García, Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, Chiapas, México.
– Gabriel Riaño, Mesa de Salud por Boyacá.
– Gerardo Segovia, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina.
– German Hernández Orozco, Presidente Sindicato de Trabajadores Hospital Militar Central (SINTRAHOSMIC).
– German Reyes Forero, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) Antioquia
– Gilberto Ríos, Uruguay.
– Gilma Rico González, presidenta, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, (ANEC).
– Gina Rojas Fernández, médica activista por el derecho a la salud, miembro de Dignidad Médica Colombia.
– Gino Straforini, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Giovani Jule, mayor, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
– Gloria Leal, profesora universitaria.
– Graciela Pilone, médica dermatóloga, Peronismo Militante, Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Haydali Rodríguez, profesora universitaria.
– Héctor Alfonso Mendoza Moreno, Asociación de Usuarios para la Defensa de la Salud (ASUDSALUD).
– Heliberto Sosa Jaramillo, Vicepresidente SINUVICOL, seccional Medellín.
– Herland Tejerina, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Bolivia.
– Inma Quitzel Caicedo, presidente, Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI).
– Isabel Cristina Bedoya Calvo, profesora universitaria.
– Iván Celedón, presidente, SINTRACAPITAL.
– Ivonne Dorado, profesora, Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia.
– Jaime Alberto Goenaga, presidente, Sindicato de Trabajadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
– Jaime Hernán Urrego Rodríguez, médico, Doctor en Salud Pública, Asesor de Pueblos Indígenas y profesor universitario.
– Javier Moreno, vocero, Mesa Regional por la Salud de Boyacá.
– Jiomar Estefanía Bohórquez, comunicadora social, periodista y defensora de derechos humanos.
– Johana Martínez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Jorge Alberto Ocampo H., presidente, Bacteriólogos en Acción.
– Jorge Quizhpe, Equipo Comunicándonos, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Ecuador
– José Cuesta Novoa, Doscientos mil besos por el San Juan de Dios.
– José Edilson Pava, Asociación Andina de Carga Liviana.
– José Giovanni Peralta, presidente, Sindicato de Médicos Especialistas de Boyacá, (SIMEB).
– José Pablo Escobar Vasco, decano, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– José Ricardo Navarro, decano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.
– Juan Antonio Santa Cortez, Confederación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Colombia (CONFEDASUCOL).
– Juan Camilo Calderón Farfán, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana.
– Juan Canella, bioquímico, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Argentina
– Juan Carlos Orjuela, presidente Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas.
– Juan P. Cepeda, Corporación para la Investigación Socio Ambiental Caminos del Agua (CORPOISACA).
– Julia Beatriz Calderón Mora, presidenta, Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales (ACITEQ).
– Juliana Moreno, presidenta, Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR).
– Karen Muñoz, médica familiar, profesora, Universidad de Nariño (UDENAR).
– Katia Cesa, Brasil.
– Kevin Siza Iglesias, Colectivo de Jóvenes Trabajadores
– Laura Andrea Rodríguez Villamizar, médica, magíster en Epidemiología y doctora en Ciencias de la Salud Pública y Epidemiología, profesora e investigadora, Universidad Industrial de Santander (UIS).
– Leonel Gulloso Pedrozo, médico epidemiólogo, profesor universitario.
– Liliana Borsani, médica sanitarista, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina.
– Lizeth Martínez Andrade, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Luciano Blanco, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Luis Alfonso Fajardo Sánchez, director, Fundación Consultores Asociados.
– Luis Arnulfo Cáceres Gómez, Gremios Salud Colombia.
– Luis Fernando Arias, consejero mayor, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
– Luz Marina Suaza, profesora universitaria.
– Mabel Careaga, Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina
– Marcel Guarnizo, Colectivo de Jóvenes Trabajadores.
– Marcela Bobatto, Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo, Argentina.
– Marco Aurelio Torres Segura, presidente, Sindicato Gremial Nacional de Optometría (SIGNO).
– María Carolina Morales, profesora, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.
– María de los Ángeles Tessio, médica, directora CeSAC 32, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
– María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Boyacá.
– María Doris González, presidenta, Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (SINDESS).
– María Esperanza Echeverry López, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia, profesora, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– María Hamlin Zúñiga, Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria, y Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Nicaragua.
– María Raquel Espinoza González, Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY).
– María Rosa Rivas, directora de hospital, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– María Victoria Jiménez, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Antioquia.
– Maribel Florián Buitrago, profesora universitaria.
– Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador, Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, y Red de Universidades y Organizaciones sociales – Red SaludPaz.
– Mario Parada, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Chile.
– Maritza Rojas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Marlene Isabel Vélez de la Vega, presidenta, Colegio Nacional de Bacteriología (CNB).
– Martha Velasco Rodríguez, Red de investigación.
– Mauricio Hernando Torres Tovar, representante, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP).
– Mauricio Rodríguez Amaya, Red de Activismo Judicial Territorial.
– Maximino Espinoza, Asociación Municipal Campesina de Colonos del Pato (AMCOP).
– Maylen Rojas, doctora en epidemiología.
– Mery Constanza García, profesora, Universidad Nacional de Colombia, ex magistrada y presidenta del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería.
– Mesa Antioquia por la Transformación del Sector Salud.
– Mesa Ecuménica por la paz (MEP).
– Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA).
– Miguel Antonio Lasso Muñoz, presidente, Federación Nacional de Transportadores de Servicio Especial y Turismo (FENALTRAES).
– Miguel López, comunicador social.
– Miguel Morantes, presidente, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
– Sandra Milena Montoya, profesora universitaria.
– Miryam Gorban, coordinadora, Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición, doctora honoris causa, Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, Argentina.
– Miryam Rico, presidentes, ACCES.
– Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Brasil.
– Movimiento Indígena de Mujeres Nasa del Cauca Hilando Pensamiento.
– Movimiento Social por el Derecho a la Salud y el Buen Vivir.
– Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) y Movimiento por el Derecho a la Salud «María Rivarola», Paraguay.
– Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) – República Dominicana
– Myriam Acero Aguilar, profesora, Universidad Nacional de Colombia
– Myriam Rozo Alvarado, Asociación Colombiana de Centrales de Esterilización.
– Myriam Fernanda Torres Gómez, profesora universitariaNancy Molina A, presidenta, Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI).
– Narda Carolina Delgado, presidenta, Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI)
– Natalia Sierra, COMUNA, Ecuador.
– Navis Castro León, representante legal, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Guaviare (ASOMAUCOWOT).
– Nicolás Dotta, Médicos del Mundo Francia.
– Nidia Quintero, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).
– Nora Aller, odontóloga, Argentina.
– Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, presidenta, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).
– Olga Ruth Moya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Subred Sur Tunjuelito.
– Omar Segura, profesor e investigador en salud pública y epidemiología.
– Oscar Feo, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Venezuela.
– Oscar Hernández, Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de la Macarena y la Orinoquía Colombiana (CORPOECOAMEM).Patricia Cadavid, presidenta, Asociación de Empleados y trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD).
– Patricia González, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Lozada (ASOPEPROC).
– Patricia Molano, magister en salud pública y candidata a doctora
– Patricia Montanti, médica pediatra, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), San Luis, Argentina.
– Patricia Uribe, profesora universitaria.
– Pedro Contreras, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) nacional.
– Piedad Morales López, presidenta, Asociación de Usuarios ESE Hospital San Vicente de Paul, Caldas, Antioquia.
– Rafael Malagón Oviedo, director, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.
– Raúl Ávila Ramos, Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).
– Red Colombiana de Salud Perioperatoria.
– Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la paz (Red SaludPaz)
– Richard Harold Salazar, presidente, BIOPAZ.
– Ricrdo Ramírez Aguirre, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador (FNSPE), Ecuador.
– Roberto Angulo, vicepresidente, Médicos Unidos de Colombia (MUC).
– Román Rafael Vega Romero, profesor universitario, miembro de la Red Salud Paz, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), exsecretario de Salud de Bogotá.
– Román Restrepo Villa, profesor, Universidad de Antioquia, miembro Asociación Colombiana Salud Pública.
– Rosibel Prieto, Red Colombiana de Salud Preoperatoria.
– Rubén Darío Gómez Hurtado, presidente, Federación Departamental (CGT) Antioquia.
– Rubén Hoyos, presidente, Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad (UNETE).
– Ruby Maritza Rojas Timaran, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Salud Popular – Frente Ciudadano por la Salud (FCS): Noemí Gascón, Alicia Gallo, Graciela Carriola, Nelida Miller, Argentina.
– Samir Cardozo, presidente, Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, (ACEFIT).
– Sandra Marín Red Jarilla, Plantas Saludables de la Patagonia, Argentina.
– Sandra Zuluaga, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Santiago Osorio Ortiz, médico especialista, profesor y jefe de sección ORL, Universidad de Antioquia.
– Sara Yaneth Fernández Moreno, profesora, Universidad de Antioquia.
– Sergio A. Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria.
– Sergio Isaza, presidente, Federación Médica Colombiana (FMC).
– Sergio Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria
– Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección.
– Steven Orozco, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Susana Ratti, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Buenos Aires y AMGBA, Argentina.
– Teresa Mosquera Vásquez, profesora, Universidad Nacional de Colombia.
– Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, Boyacá
– Vavis Castro León, Asociación de Cabildo y Autoridades Tradicionales del Guaviate (ASOMAUCOWOT)
– Víctor Correa Vélez, Ex representante a la Cámara de la República.
– Víctor de Currea-Lugo, médico y periodista.
– Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Pueblos en Camino, Abya Yala.
– Vivian Palmbam, psicóloga, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina
– Wilfer Jhon Pinzón Fuentes, presidente nacional, Asociación Nacional Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC).
– William Agudelo, presidente, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).
– William Barajas, presidente, Renovación Médica Gremial.
– William Manrique Montero, presidente, Sindicato Colombiano Estatal (SINCOEST).
– Xavier Maldonado, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Ecuador.
– Yadira E. Borrero Ramírez, profesora universitaria, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia.
– Yulieth González Echavarría, presidente, Gremio Odontológico Colombiano.

Pandemia al Sur

Escrito en . Publicado en Derechos.

Compartimos el libro Pandemia al Sur compilado por Olver Quijano y Carlos Corredor Jiménez en cuya presentación se lee:

“Una espontánea conversación, mientras transcurre el desayuno en una mañana de confinamiento, ha confrontado una vez más, amable y fraternalmente, a dos generaciones y, por tanto, a distintas visiones sobre la existencia y el presente-futuro de la humanidad. Mientras en casa destacábamos la importancia y necesidad de que los jóvenes se familiaricen con la tradición oral y con algunos saberes tradicionales, afirmé: “¡qué bueno que las nuevas generaciones puedan escuchar hasta cómo curar una gallina sin necesidad de ir al veterinario!”. Nuestro hijo Juan respondió de manera desafiante: “¡sí!, y ustedes ¿por qué no escucharon cómo cuidar la naturaleza y la economía?”. Un largo, intimidante y hasta escandaloso silencio acompañó el final del desayuno, interrumpiendo la transitoria tranquilidad matutina de otro martes de mayo.

Reclamos y protestas de este tipo son ya comunes en cualquier espacio y escenario socioeconómico y político/cultural con protagonistas de diverso tipo. Todos y todas, y de singulares maneras, dan cuenta de los hechos inéditos más lapidarios de nuestros tiempos: la crisis civilizatoria, el pandémico y hegemónico mundo actual, la devastación ecológica/social, y claro, el creciente desprecio por la vida. La actual coyuntura pone una vez más este debate en el centro de la agenda política como de las necesarias transformaciones sustantivas, en medio del colapso y del paro generalizado como de un extraño reclamo por la normalidad, es decir, por la crisis.

En el estrecho marco de una institución universitaria moderna, colonial e imperial de la provincia colombiana, ya hace más de una década se intensifica el debate, la comprensión y la conversación sobre estos temas y problemas. Se trata de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad del Cauca, Colombia, programa instalado en una de las grietas de la institucionalidad letrada poco practicante de la justicia cognitiva y epistémica. Empero, en medio de la ola desarrollista y neodesarrollista que recorre el mundo, del capitalocentrismo, el estadocentrismo y las representaciones naturalizadas del desarrollo y la ecoNOmía, este programa de posgrado, movido desde una analítica transdisciplinaria y posdesarrollista, representa una apuesta para seguir pensando a contrapelo, tal como sucede con las reflexiones que integran el presente libro. Inspirados en la necesidad de profundizar el diálogo entre prácticas académicas y prácticas intelectuales desde una perspectiva pluriversal, este esfuerzo, cuyo sustrato son las visiones y prácticas de diferencia económica, política, ecológico-cultural y epistémica en contextos de heterogeneidad, discute el papel de los bienes comunitarios, el territorio y los procesos autonómicos en la concreción y movilización de proyectos y pensamientos singulares y sociohistóricos como fuentes de inteligibilidad y posibilidad.

Esta aventura, inspirada también en el valor político del acto de incomodar, ha sido posible gracias a la generosidad y solidaridad de varios amigos y amigas, académicos, intelectuales, comuneros y comuneras, dirigentes, etc., quienes han compartido sus proyectos, apuestas políticas, pensamientos, preocupaciones, prácticas, sueños, experimentos, voces, análisis y, sobre todo, su cariño y sus esperanzas por un(os) mundo(s) mejor(es). Con algunos y algunas de ellos y de ellas se ha configurado el presente libro, muestra de que también en tiempos de confinamiento, a pesar de estar lejos, es posible seguir juntos.

Expandido el COVID-19 “gracias” a la arquitectura social y económica del mundo contemporáneo, y una vez declarada la nueva pandemia, no tardaron en circular numerosos análisis de influyentes pensadores globales, como es el caso de Žižek, Chul Han, Agamben, Houellebecq, entre otros, quienes se han movido entre utopía y distopía, guerra con un enemigo invisible o una guerra civil, y la idea de que el mundo después de la pandemia será el mismo, solo que un poco peor.

Otras posturas, ya numerosas y hasta innumerables, también tienen anclaje en otras locaciones y con otros actores, esta vez en el sur global, como proyecto societal, principio de inteligibilidad y lugar de la esperanza. Algunos de estos análisis integran el presente libro, compilación posible gracias al auspicio del programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo en la Universidad del Cauca, Colombia, y a la energía y generosidad del maestro Arturo Escobar, quien, sin dudarlo, apoyó la idea, consolidó su reflexión y sacrificó mucho de su tiempo para compartir e impulsar la iniciativa con amigas y amigos, y colectivos de distintas latitudes. Reconocemos la misma dosis de entusiasmo y generosidad en la maestra Rita Segato, quien nos animó, ejerció su capacidad para crear vínculos e imprimió fuerza y otra sensibilidad a esta obra.

Esta conversación –no tanto sobre la actual pandemia global, sino, en particular, acerca del carácter pandémico del capitalismo neoliberal, la crisis de los cuidados y la necesidad de “ensayar otras formas de estar en la sociedad” (Segato, en este volumen)– se extendió desde nuestro escenario local a varios países en donde amigos y amigas se sumaron rápidamente con sus aportes, inquietudes, preguntas y respuestas.

Si publicar en el horizonte de la justicia cognitiva significa “poner en público”, el pintor colombiano Adolfo Albán, desde el Valle del Patía en el Cauca y con su serie #40rentenagrafica, nos ayuda de otra manera a comprender lo que está pasando en esta etapa de aislamiento transitorio para unos y de acostumbrado aislamiento para significativos segmentos de la población. De esto también versan las ilustraciones del libro. Con una enorme gentileza, los maestros Ailton Krenak (Brasil), Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Enrique Leff (México), Arturo Escobar (Colombia/EE. UU.), Gustavo Esteva (México), Raúl Zibechi (Uruguay), Walter Mignolo (Argentina/EE. UU.) y la maestra Rita Segato (Argentina/Brasil) nutren y cualifican esta obra con sus análisis de emergencia, el compromiso con un pensamiento crítico no vanguardista y las salidas transicionales ante el colapso civilizatorio y la ausencia de inmunidad humana.

Como parte de una iniciativa del colectivo francés Écran Total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2) y como apartado singular para esta obra, Jorge Reichmann/Adrián Almazán y 300 firmas –entre colectivos y personas de distintos lugares del planeta– generosamente contribuyen con un trascendental manifiesto respecto a la necesidad de luchar contra un mundo “virtual”. Se trata de un documento trascendental para esta época de posible “inocente” fascinación de grandes sectores de la población mundial con la tecnología y la dependencia total de ella. Del análisis y las advertencias sobre sus peligros como de actuales y eventuales colapsos ecológicos, políticos, económicos, sanitarios y ontológicos se ocupa este trabajo colectivo.

El aislamiento obligatorio nos ha ayudado a intensificar el proceso de comprensión de la sociedad en su complejidad y de esta singular coyuntura. En tal esfuerzo, con elementos comunes pero con especificidades propias de sus lugares, trayectorias e historias, Olver Quijano Valencian(Colombia), Tulio Clavijo Gallego (Colombia), Yuri F. Tórrez (Bolivia), Carlos Corredor Jiménez (Colombia), Catalina Toro Pérez (Colombia) y Hackeo Cultural (Guatemala y México) –colectivo de narradores, cuentacuentos, artistas, comunicadores, radialistas, periodistas y hackers culturales–, así como el grupo conformado por Cynthia Angulo Jara, William A. Cisneros Ordoñez, Alex L. Dagua Mosquera, Rocío Hernández Romero, Gloria Ángela Niebles Gutiérrez y Víctor A. Yarza de los Ríos, contribuyen todos y todas, con sus inquietudes, preocupaciones y apuestas, a poner el acento en la necesidad de juntarnos para diseñar las ideas, pensar disruptivamente y seguir haciendo de las calles el epicentro de la protesta, la propuesta y la fiesta.

En un ambiente de desconcierto, arbitrariedad y autoritarismo gubernamental como de procesos neo panópticos de control y de cinismo corporativo empresarial, no deja de sorprender el cúmulo de manifestaciones solidarias y de desprendimiento de hombres y mujeres, claro está, de parte de los más humildes y “jodidos”, aquellos para quienes la vida es más importante que los negocios, y los abrazos, una necesidad comunal. Son quienes nos recuerdan que “no podemos construir lo nuestro con lo mismo”. El libro Pandemia al sur también es producto de un acto de generosidad de los autores y autoras, con la esperanza de contribuir a una mejor lectura del actual momento histórico, de “proteger la vida, cuidar de ella en un aquí y ahora y a como dé lugar” (Segato, en este volumen).

Entre miedos, peligros, amenazas y esperanzas, los autores y autoras de esta obra colectiva nunca renunciamos a la posibilidad de volver a vernos, a mirarnos de cerca, a estrechar las manos y a abrazarnos, pero, sobre todo, a sentir la maravilla de saber que no falta nadie, o, por lo menos, que no faltan muchos”.

Olver Quijano Valencia
Universidad del Cauca, Colombia

Compartimos el documento para descargar.

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La mala sombra del innombrable

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Por la calidad del sujeto abordado, en modo alguno redactaré un libelo, que de por si es siempre injurioso; acomodándome a repasar un escrito a manera de diatriba, que en el arte de presentación redactada puede ser o resultar seria y/o respetable, bajo ningún parámetro elogiosa.

Lo de sombra alude a una sensación o efecto bidimensional. Dejemos al Innombrable de una sola dimensión: de faceta intrascendente de algo. Las ramas, dan sombra. La sombra conlleva a un texto invertido. En el famoso cuadro del pintor renacentista.

Massacio (1.425), San Pedro cura a los enfermos con su sombra. Lo de texto político es más exigente que lo de texto literario. No. La acepción adecuada a desarrollar es la del imperio de las sombras, que aloja el sitio de los muertos. Para un personaje oscuro lo cubre es la sombra de la noche; las sombras del crimen. Media lo sombrío. No protección. Para el lector político, el que estuviese a buen recaudo por la justicia colombiana: pues al meterlo a la cárcel y reseñarlo, lo pusieron bajo la sombra.

Diversos artículos sobre el sombrío personaje destacan que “alentó una polarización radical en la sociedad”. “sus presuntos vínculos con grupos paramilitares…” (aunque a la sazón no ya tan presuntos). Paseaba por el país con un discurso de mano fuerte; sosteniendo que “la nación entera clama por reposo y seguridad” y a la sazón apoyando, con sospechoso afecto, a las Fuerzas Armadas. Su perseverancia en la seguridad, no es que lo lleve a ser un “un gran comunicador”; resulta ser un manipulador con acomodo a “su” verdad. Es autoritario por imponerse por pasión, venganza, odio; algo que no admite se le compare, por ejemplo, con Hugo Chávez; quien no perteneció a ninguna oligarquía tradicional y tampoco necesitó ser adobado con maquillajes publicitarios. jamás uso “gafas de seminarista” por lo que no tuvo que acudir a costosas monturas de Armani.

Los aúlicos del sujeto de marras resaltan la disciplina que practica: como el rasgo de meter los pies en hielo para no dormirse. Esto alude a la escena de la película del Código de Da Vinci, del coadjutor en el Vaticano que se auto flagelaba; puesto que al no explicar los alcances de esa auto tortura, deja que desear en lo subliminal del hecho.

En forma perniciosa es constante la glosa de su perseverancia en la seguridad como el camino de la paz. No mencionan para nada su caída como ídolo con los pies de barro, que resultó. No requiere aguda creatividad la emulación de una presentación como Mesías y su relación con el grupo paramilitar porque el que responde su hermano, denominado de los 12 Apóstoles. Sin embargo, predomina el modelo cívico- militar del para militarismo contra insurgente con las autodefensas y extendidas a comunas populares en ciudades. Al uso del “sapeo” y la compraventa de votos; así como a la malévola practica de las recompensas, como desangre del erario público.

En tratándose del perfil del sujeto objeto de estas apreciaciones resulta difícil no acudir a fuentes como la organización National Security Archive, que publica documentos en desarchivo de agencias de inteligencia y en ocasiones de agencias gubernamentales, que aluden a tratos y relaciones del Innombrable con grupos paramilitares, en curso de investigación y cargos específicos en su contra, también por masacres. No puede brillar por su ausencia, la nunca irrelevante cita del número 82 de la lista de vínculo con el narcotráfico y al que aluden siendo gobernador de Antioquia. Acusaciones que al propio hacen hasta antiguos compañeros suyos del partido liberal colombiano. Las aseveraciones del narco paramilitar Don Berna de su apoyo con grandes sumas de dinero para la candidatura de él y sus familiares, de al menos cita y referencia en su entorno familiar de su primo ex senador y condenado Mario Uribe.

En la actualidad se le conoce por los apodos.

Algo de suma importancia como es el que se haya adoptado como distintivo del sujeto analizado la generalizada y popular denominación del INNOMBRABLE. No se puede reducir a un pasaje anecdotario de trámite en el Senado, en sesiones del año 2014, en que al senador Iván Cepeda solo le permitieron adelantar uno de los tantos debates sobre paramilitarismo en ese recinto; permitiéndole el hacerlo en una comisión, bajo la exigencia de no mencionar el nombre de ese ex presidente y que aunque Cepeda ignoró esa prohibición se ganó el apodo de “el innombrable”. Castran la inventiva de la creatividad popular. El primer apelativo o alias a él asignado fue el de “Miniführer”. Y el del Innombrable obedece a la picaresca popular, dada su personalidad psicopática narcisista y para contrarrestar el efecto de culto a la personalidad por parte de sus sectarios. Surgió de cualquier analista de provincia al emularlo con el famoso inicio “de cuyo nombre no quiero acordarme…”. Posteriormente dada su tendencia a la litis-manía, optando por denunciar por injuria y calumnia a todo el que lo criticare y por ende mencionare, pues se acreditó con más énfasis el apodo. Esa manía por litigar o pleitear ha sido la causante de sus desvelos judiciales actuales que resultaron con efecto bumerán. Hasta el registro actual de desistir de las demandas de injuria y calumnia contra opositores parlamentarios, sobre el vago argumento de no encontrar garantías en los magistrados de la Sala Disciplinaria encargados de conocer. Fácil concluir que acudirá a la justicia por mano propia. Por ello también es dable concluir que el destino del Innombrable no es “la pelea”; como la del disidente contra todo lo establecido, que dice defender.

Estadio en el movimiento popular actual asociado con el innombrable.

En Colombia desdibujan lo de las oligarquías, conllevando a perdida de claridad y precisión. La hegemonía conservadora de finales del siglo XIX y parte del Siglo XX, trascendió lo de oligarquía tradicional de la capital, bifurcando a las oligarquías regionales, como grupos de poder (corporativamente: grupos de presión). Se formó la casta politiquera de los caciques regionales; afianzada durante el prolongado Frente Nacional excluyente impuesto en 1957, hasta la fecha, contra toda expresión de oposición y libre pensamiento. Esas castas en el poder afinaron lo de la representatividad política basado en un sistema electoral clientelista y corrupto, cual eficaz maquina aceitada; lo cual permitió asentarse a los clanes de la droga, que como antecedente traduce en la construcción de un Estado mafiosos o Narco Estado, de naturaleza y características materia de mayor detenimiento y análisis.

Al personaje no se le concede gratuidad. Algunos resaltan que simplemente no pertenecía a la oligarquía tradicional de la capital. Pasan por alto la década de enfrentamientos de fracciones internas de la oligarquía colombiana, dentro de su seno, como adalid del latifundismo agro industrial, bajo la privatización a ultranza en el acumulado ahorro de capital narco ganadero; con el perenne enfrentamiento con otra fracción oligárquica de los financistas transnacionales, tradicionales amigos del Club del Coutry, emparentados con J.ML Santos, quien paso a ser su contradictor luego de protegido y aliado en crímenes de Estado, como su ministro de la guerra; siendo ambos involucrados en los falsos positivos.

El alcance de hito histórico inocultable, radica en que experimentan con el oligarca regional, proveniente de campesinos ricos, aliado del narcotráfico, materializando las doctrinas militaristas en la conducción del Estado. Luego de una década de “horrible noche” prima una escogencia tacita de Centro, en el seno de la oligarquía, ante el fracaso del experimento paramilitar de guerra total contra la insurgencia; para luego resolver la contradicción interna volviendo al predominio del centrismo pacificador, encarnado en la búsqueda de la salida política al conflicto armado con las antiguas Farc y una vez obtenido su desarme y desmovilización, contribuir a la situación de desconocimiento e instalación del sucesor en el maquiavelista juego oligarca de perpetuación del poder. Todo bajo la característica de un Estado mafioso; manteniendo la alternante frente nacionalista, gracias a elecciones, bajo un sistema electoral corrupto y clientelista, de compra de votos, inyección de dineros narcos bajo la égida de mafias electorales, que dibujan el panorama actual de coordenada “institucionalidad” gubernamental. A este escenario político se le denomina en la actualidad Bloque de Hegemonía Oligarca Contrainsurgente.

La característica principal de este estadio es que se borran los linderos del Centro, puesto que predomina la derecha y el centrismo, como conservadurismo y por ende, el movimiento popular se encuentra ante la definición de una preponderancia de políticas de derecha o de izquierda. No hay términos medios, ni tibios. Esto lo entiende muy bien la izquierda legal (no la insurgente y armada). Pero corresponde asimilarlo, en lo estratégico, a la socialdemocracia, el progresismo humanista y/o reformista. Aunque predomina en lo nacional e internacional lo Alternativo, esta se fabrica sobre una concepción de tendencia hacia la izquierda, no al Centro.

Corolario de lo anterior es que predomina una tendencia militarista contra insurgente oligárquica, siendo esa la brújula del próximo debate electoral presidencial; lo cual augura la lejanía a una nueva búsqueda de salida política al conflicto armado interno colombiano y seria con el triunfo popular de un gobierno Alternativo en la que se obtendría una negociación política hacia la búsqueda definitiva del fin del conflicto armado en Colombia.

 

Enviado por el autor.

¿Injerencia Colombiana en las Elecciones Norteamericanas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

En artículo reciente del 19 de septiembre pasado, titulado “Las Visitas no Gratas, no Deseadas”, señalamos la visita del Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a algunos países de América Latina, durante los días 17 al 20 de septiembre del año en curso, y específicamente a Bogotá, Colombia, como una visita injerencista, y como un país aliado de Washington en la región suramericana.

En este sentido, conocimos que durante una reunión de Iván Duque con Mike Pompeo, éste le habría solicitado en privado, su apoyo para articular, aún más, a la comunidad colombiana, radicadas en Texas, New Jersey y el sur de la Florida, a favor del voto republicano.

A pocos días de esta reunión, amigos/as colombianos nos comentan que cumpliendo estas indicaciones, desde la cancillería en Bogotá, se emitieron instrucciones al embajador de Colombia en EEUU Francisco Santos, para que éste viajara lo más pronto posible a los Estados norteamericanos mencionados, y se reuniera con la comunidad colombiana, para hacer campaña y recaudación de fondos, a favor del presidente Donald Trump.

Para esto, debería entrar en contacto con el equipo de campaña de Trump, para informarle de estas acciones, y proponerle expresar su interés sobre esta comunidad.

Además, se le instruyó que evaluara el posible apoyo de algún funcionario del Gobierno colombiano, para su rápida tramitación.

Según, fuentes con acceso a la cancillería colombiana, esta semana se recibió una queja formal del Departamento de Estado estadounidense, indicando una supuesta intromisión en los asuntos internos de EEUU, en la que se cuestiona el papel desarrollado por el embajador colombiano.

Otras fuentes consultadas en USA, vinculadas al Departamento de Estado, ratifican esta información e indican que esto ha causado un revuelo político en Washington, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones y el temor que existe, en las estructuras del partido republicano, que sea usado por los demócratas en su contra.

En este sentido, en suelo neogranadino, el senador colombiano por el partido Polo Democrático, Iván Cepeda, cita a la canciller de Colombia, Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum, a la Comisión Segunda, por vínculos de Iván Duque en la campaña de Donald Trump y responder por presuntos lazos del Ejecutivo.

Cepeda, desde su cuenta oficial de Twitter señalo: “he citado a debate de control político, para examinar si funcionarios del Gobierno Nacional, han estado promoviendo la intervención en la campaña para la elección del presidente de los Estados Unidos”.

“Hay informaciones de medios de comunicación, que indican que personas habrían estado tramitando, apoyar la candidatura del hoy presidente Trump”, indicó el senador colombiano.

Cepeda, cuestiona a la canciller Blum, si es cierto que embajador de Colombia en Washington Francisco santos, sostuvo varios encuentros con organizadores de la campaña electoral de Donald Trump.

El senador Cepeda, inquirió a la alta funcionaria, si es cierto que el presidente Iván Duque, ha planeado viajar a USA, días antes de realizarse los comicios generales estadounidenses, los cuales tendrán lugar el próximo 3 de noviembre 2020.

Iván Cepeda, se pregunta: “¿Cómo es posible que el gobierno colombiano esté comprometiéndose a intervenir en un asunto, que tiene que ver con la política (interna) de USA?”.

Una posible respuesta es la gran cantidad de colombianos/as que reside, legal e ilegalmente, en EEUU, que pudieran eventualmente (¿los pondrían a “votar”?) o ejercer influencia en las elecciones estadounidenses.

Es ya conocido, que si un funcionario es nombrado para desempeñar sus funciones fuera del país, es considerado “miembro activo del Servicio Exterior” y, por ende, no puede participar en actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género; esto es en política interna de cualquier país, imagínense si se tratara de un país en el exterior.

Ahora, lo más escandaloso de esta situación es la injerencia atrevida y delictiva del Ejecutivo colombiano, más la actitud permisiva y cómplice del Estado norteamericano. Además, del precedente que se marca en términos diplomáticos y las consecuencias a futuro tras una actitud como esta.

¡Acontecimientos en pleno desarrollo! Veremos qué consecuencias conlleva esta actitud intrusiva.

 

Imagen ilustrativa tomada de https://www.dinero.com/

Enviado a SURCOS por el autor.

Las FARC entre el infundio o lo cierto

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por, Carlos Meneses Reyes

Entre dimes y diretes, y entre dares y tomares,
si por dónde empiece ignoro,
mal sabré por dónde acabe.
Luis de Samaniego

Puede que el país esté de por medio en la averiguación o búsqueda de la Verdad en torno al asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado (Álvaro Álvaro); pero que el asunto del debate de si fueron o no las antiguas Farc las causantes del hecho, sitúa en si ese hecho delictivo fue causado directa o indirectamente ligado con el conflicto armado. A diferencia de la justicia ordinaria, en la JEP no se reciben denuncias individuales. A su conocimiento llegan informes. Estos los pueden presentar cualquier persona o entidad, sin que medie personería jurídica de por medio y contendrá toda la relación detallada, con la información relevante sobre el hecho denunciado, sin que se trate de un análisis jurídico. Importa el relato del hecho victimizante con marcos de referencia concretos en el orden geográfico, económico, político y social, en el cual, se cometió el delito o delitos; esforzándose en la identificación de los presuntos responsables, con liberalidad en los datos aportados. Ubicar a los actores armados en ese momento en Colombia, que en modo alguno descarta al ejercito Made in Usa. La ubicación territorial de esos actores y sus relaciones, su uso, control, ocupación.

La dictadura mediática ha hecho de las suyas, sobre el infundio que las antiguas Farc están reconociendo, “confesando” la autoría de tal delito.

Violando toda reserva sumarial, dos sobrevivientes del Secretariado, Lozada y Timochenko hicieron eco de lo mediático sobre un informe presentado por ellos a la JEP en el que desean aportar conocimiento y verdad acerca del asesinato del dirigente conservador. No medio el texto de un comunicado de las antiguas farc, por el partido de La Rosa, al respecto. Obviamente el texto de la carta o informe dirigida a la JEP no se conoce; lo cual no ha sido óbice para que esos dos incrustados en el seno de las antiguas farc para manipularlas; o incrustados para derribarlas, se atribuyan que fueron (las) los autores y uno de ellos el perpetrador responsable de las milicias urbanas Antonio Nariño de las antiguas Farc y en tal sentido, atribuyéndose el “hecho de verdad” en el informe o declaración a la JEP

 El tal Comunicado de la JEP, en el cual se dice que las antiguas Farc hacen un “reconocimiento anticipado” es apócrifo: no contiene firma autorizada de la JEP y al mismo no alude la Dra. Patricia, como presidente de la JEP. Ella menciona que la Carta está firmada por unos del antiguo Secretariado. De manera que sobre el asunto hasta el mismo padre Vicente de la Roux, especula al dar por hecho que lo conocido al respecto del dicho de las Farc y la existencia de unas fotocopias de “correspondencia” de Manuel Marulanda al Mono Jojoy, que aporta el ejército (de por sí involucrado en el delito), sean Verdad y darlas por creídas. En perdida de objetividad periodística, incurre Ariel Ávila en la difundida entrevista al expresidente Samper y a Horacio Serpa. Todo obedece a un montaje mediático, para lavar caras. A ese juego sombrío también se han prestado los Directivos del Partido Farc.

Los medios reseñaron que la farc, en una carta a la JEP cuyo texto no se conoce, citan y afirman que contribuirá a esclarecer el crimen de ese político de la derecha colombiana y que “La orden del asesinato se dio, según consta en carta enviada a la JEP, porque Gómez era “un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes Farc-Ep”.

De manera que remontar a la causa del asesinato a lo de la creación contra insurgente de las “repúblicas independientes” contra Marquetalia, en 1964; es reducirlo a un acto justicialista, que no ajusta al comportamiento de las insurgencias durante el prolongado conflicto armado, de no aplicar la Ley del Talión, de “diente por diente”, durante todo el comportamiento genocida del Estado terrorista colombiano de ayer y hasta hoy

Para agencias internacionales como EFE, los jefes de la antigua guerrilla de las FARC se atribuyeron el asesinato del excandidato presidencial colombiano Álvaro Gómez Hurtado, a quien consideraban «un objetivo militar» y «enemigo de clase», el 2 de noviembre de 1995. Citan: «Hoy, a pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho», informaron en un comunicado. Que… “Tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas, honrando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad más amplia y completa posible, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado», agregó la información…. «Ante la JEP y la Comisión de la Verdad explicaremos por qué Álvaro Gómez Hurtado era considerado por nuestra organización un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes FARC-EP y por qué decidimos callar este hecho todos estos años», detallaron los jefes de la desarmada guerrilla. Lo gravitante está en que, siendo un informe reservado para la JEP, locuaz mente reveló su contenido anticipado a la opinión; pero a todas luces el texto de la carta no se conoce; no es público.

En forma por demás tardía, en un comunicado hecho público, esa antigua organización armada desmovilizada, en cabeza del hoy partido político, manifestaron “que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez”.

LAS DISTINTAS ARISTAS O VERSIONES.

La versión más conocida es que Álvaro Álvaro fue asesinado por la inteligencia del ejército involucrada en una conspiración contra el gobierno de Samper (periodo 1994-1998), como consecuencia del escándalo del proceso 8.000, por injerencia del dinero del narcotráfico en las elecciones presidenciales; en la que Horacio Serpa era el Ministro del interior, y que al no aceptar Álvaro Álvaro, el cambio de gobierno mediante el golpe militar, lo asesinaron los milicos. Al respecto la versión del finado embajador de USA, Frechet, es única. Esa hipótesis llevó incluso a que fuera llamado a juicio el coronel (r) Bernardo Ruíz Silva, comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, quien fue señalado por un testigo con reserva de identidad conocido como Emilio, de haber participado en una reunión en Bucaramanga con los sicarios que cometieron el crimen… Luego absuelto por inconsistencia del testigo…

La otras fue la versión de Rasguño que fue el cartel del Norte del Valle y así…hasta a Rito Alejo del Río lo involucran…

Dable es concluir que las diferentes aristas de autorías de ese homicidio, también llamado magnicidio, permanece vigente en este país de candela. El que haya sido un delito de Terrorismo de Estado, armado por el Ejecutivo y el ministro del Interior del momento, es la más débil. El que hayan sido las antiguas Farc, está por verse, conforme a lo analizado de momento. Aplica lo sostenido por los litigantes en derecho: “recibido, pero con beneficio de inventario”. La versión más solida es la del producto del pretendido golpe Estado, instaurado; que mantiene soto voces al expresidente Santos, conocido como el “conspi”. Otros aluden a los “conspis”. A la inteligencia militar, sobre el entramado de un golpe de estado, en el que el finado Frechet, ex embajador de USA, aportó a la Verdad y sentó que Álvaro Álvaro, si bien quería la destitución del gobierno involucrado en el escándalo del 8000, no se prestó para un golpe de facto y ello produjo su ajusticiamiento. Resulta irrefutable lo argumentado por el analista Jorge Gómez, en su libro al respecto y el que el “Ruido de Sables” se dio, fue un suceso histórico irrefutable. “Hijo: hay ruido de sables” le avisó, esa noche, el Dr. Eduardo Umaña Luna, al sacrificado por la inteligencia militar, Eduardo Umaña Mendoza, cuando vio el paso de tanquetas desde la ventana de su casa.

Al conocerse la atribución de las Farc, el sub-presidente Duque puso en duda ese reconocimiento. El expresidente y ex senador Innombrable también lo hace. Los del uribismo siempre difundieron noticias de crímenes contra las farc; como (auto) atentados, o el del collar bomba y ahora no aceptan la “confesión” de las farc…; como también corresponde registrar que la familia del asesinado tampoco cree en la autoría de las Farc; pues todos a una claman que fue un crimen de Estado. Al así posesionarse, el actor material del asesinato lo fueron las fuerzas armadas y el motivante intelectual, la existencia de una conspiración que conllevaba el derrocamiento del gobierno de Samper.

En valoración política cabe considerar que la atribución del crimen a las farc beneficia al Establecimiento y al militarismo de derecha oligárquico.

De manera que como la derecha hegemónica oligárquica, contra insurgente, aun hoy en el poder, no aceptan la atribución de las Farc; ¿no es dable a un desconocido analista de Provincia disentir de la puesta en escena por parte de las antiguas Farc y que todo lo dicho y afirmado sea, sin exigibilidad de otra conducta la Verdad oronda que requiere el país?

Durante 25 años de investigación del crimen tratado, se verifica que pasaron varios fiscales, como Mario Iguaran, renombrado súbdito de bolsillo del gobierno de Uribe Vélez, entre 2005 a 2009. Alfonso Valdivieso, quien ejerció durante la presidencia de Samper (1994-1997). Alfonso Gómez Méndez (1997-2001). Ni el obsesionado anti farc Humberto Martínez Salcedo. Ninguno investigó una sola hipótesis; ni un solo indicio que vinculara a las Farc. Pese a que fueron manipulados los computadores atribuidos al fallecido comandante Raúl Reyes, en ninguno de ellos se insinuó evidencia, o hallazgo de prueba alguna o información que asomara la actuación de las farc en ese asesinato. Para resultar ahora que un sospechoso volumen de hojas mimeografiadas, que pesan sobre el prurito que son falsos, recopilados, en el año 2012, por el siniestro José Obdulio Gaviria, sobre cartas cruzadas entre Manuel Marulanda y el Mono Jojoy y en el que en fuera de contexto hacen suyas, alusiones o referencias de Marulanda atribuidas al hecho del asesinato; se erija como una prueba, dizque para demostrar la autoría de las Farc. A todas luces eso es producto de la infiltración constante de militares y agentes de inteligencia del Estado en esa guerrilla, que no obstante no demostraron la eficacia de derrotarlas.

Al parecer todo este berenjenal, embrollo o jaleo, comenzó con la declaración de la exsenadora liberal Piedad Córdoba quien informo, que a última hora había tenido conocimiento de los autores del crimen de Álvaro Álvaro. Esta citada para escucharla en versión en la Fiscalía el próximo 23 de octubre. Agrega que acudirá a la Comisión de La Verdad, que no tiene efecto punitivo.

El periodista Jorge Gómez Pinilla, quien escribió un libro sobre el tema: “Los Secretos del Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado” ha calificado esa carta de las Farc como una falsedad articulada para que sea reconocida como verdad.

LA UNICA OPCION. LA DETERMINACION DE LA VERDAD

Las conductas relacionadas con el conflicto que asume conocer la JEP son aquellas vinculadas con crímenes de guerra y de lesa humanidad, con la violación a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Eso de delito de lesa humanidad el homicidio de Álvaro Álvaro, no está calificado. Juega un papel determinante el que se haya cometido por la existencia de un conflicto armado, en relación directa o indirecta con el mismo, causa esencial en la determinante para cometer ese delito. De lo contrario no se hubiera realizado. Tal asesinato, no califica como crimen de guerra y de lesa humanidad (única competencia de la JEP) y no fue producto directo o indirecto de dos bandos en conflicto armado; siendo solo la JEP, la única juez natural para definirlo.

El escenario de la ¿quid juris?: ¿qué solución da el derecho? resulta compleja; no solo para el equipo de 51 asesores que tienen las desmovilizadas Farc, sino para el foro jurídico nacional; además de prueba de fuego para la consistencia de la JEP, como justicia alterna.

SE REQUIERE UN ALTO NIVEL DE COMPRENSIÓN O DEL SABER

Al explorar la Verdad corresponde distinguir:

Verdad demostrativa, alude a la verificación de un hecho. Aplica a la efectividad de todos los medios de prueba. La verdad demostrativa y la verdad de los escritos o afirmado no pueden estar en conflicto. Opera en el administrador de justicia que influye más, si lo deductivo o lo inductivo.

La Verdad retórica, utiliza los sofismas para la obtención del convencimiento y por imposición del argumento y en esto sacrifica hasta el mismo argumento para lograr el convencimiento. Dice probar; pero se ocultan o ignoran aquellas evidencias que resultan evidentes; pero invalidan. Resulta una falacia conocida como la verdad a medias.

La falacia de la verdad a medias o medias verdades. Conlleva lo engañoso o falso, para hacerlo creíble. Aportando argumentos confluyen a una conclusión; pero ocultan o ignoran evidencias que al salir a flote resultan negativas o invalidan lo alegado o presuntamente probado.

La Parresia griega, que aparece con Eurípides, consistente en que se puede decir todo; hablar con atrevimiento, libremente. Inclusive so perjuicio de sacrificar la autonomía individual. Alude a franqueza, valentía, Llbertad confiada. Semeja a lo locuaz, audaz.

QUE SIGUE A CONTINUACIÓN

El asunto está en determinar si todo esto se toma como un elemento de verdad para la paz; sino como una salida de última hora de los exmiembros directivos de la guerrilla farc, presionados por las revelaciones publicas hechas por la defensora de la Paz y los derechos humanos Piedad Córdoba, quien informó que había tenido conocimiento de última hora sobre los autores del crimen del jefe conservador Álvaro Gómez Hurtado. Pero no se trata solo de afirmar, o aceptar, deben demostrarlo.

Ahora bien, que sigue ya radicado el Informe en la JEP. Pues el Sistema Integral de Verdad, Reparación y No Repetición – SRVR- faculta para ampliar el Informe. Convoca a aportar la Verdad y para ello podrá reconocer, parcial o totalmente el informe o rechazarlo. El SRVR, hará un trabajo de contraste entre lo recibido en el Informe y el cumulo de lo conocido por ella (JEP). Ampliar las pruebas. Pedir una audiencia pública con presencia de organizaciones e interesados citados por la Sala.

Luego de eso, podrá emitir una Resolución de Conclusiones; que es el acto, como documento judicial, por medio de cual el SRVR recoge los ofrecimientos de Verdad y la aceptación de responsabilidades de las personas que se acogieron a ese procedimiento.

Si la JEP rechaza el tal informe, queda el tufo de impunidad. Lo único que no ha sido “hecho trizas”, es el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (SVRNR). La afectada ha sido la JEP, por ese inusitado afán publicitario, que busca lavar caras del entramado corrupto oligárquico en decadencia. Pero con el cuento de la “cooperación armónica” violan los Acuerdos, en lo de disposición absoluta de la guerrillerada desmovilizada y agentes del Estado, bajo competencia exclusiva de la JEP. Como dicen los campesinos en El Catatumbo: “se les puso el café a $0.80” a los del antiguo Secretariado. Los empapelaran como hicieron con J. Santrich.

Han golpeado a la Verdad, al no acudir a la Comisión de la Verdad.

Desafortunadamente, hoy esa Verdad solo puede asumirse y tratarse a través del arte y la literatura. Aquí entraría a imperar la función en el género de la Novela Negra. Y ese género permitiría plantearse: ¿sería que las farc participaron en ese tal complot conspirativo contra el gobierno de Samper?

No apoyar declaración a favor de la Corte Suprema de Justicia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

El grave insuceso de disponer no ser competente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), para conocer de la denuncia de fraude procesal y soborno a testigos contra el ex presidente y ex senador Innombrable; conlleva a la discusión jurídico-académica en torno al nefasto accionar del activismo judicial, que confluye al malsano torrente político, en un país dominado por la hegemonía de derecha oligárquica contra insurgente y ante el cual sucumbe el máximo tribunal de la justicia en Colombia.

No procede una Declaración “a favor”, de la independencia y autonomía de la CSJ, por lo siguiente:

  1. Por ser extemporáneo, ante el hecho de haber renunciado a la competencia y en consecuencia dejar de conocer del caso de investigación penal adelantado contra el senador Innombrable. 2. Ser la Resolución AEI-0179-2,020, del Magistrado Ponente, de 31 de agosto de 2.020, notoriamente contraria a la Constitución Política de 1991, generando una hecatombe en el Estado de Derecho.

MOTIVACIÓN. – No era un problema de competencia, sino de jurisdicción. El Parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91), no aplica para las atribuciones de su numeral 3o (juzgar a los miembros del Congreso) y numeral 5o (a agentes diplomáticos). Además, conforme a la definición “hubieren cesado en el ejercicio de su cargo”, atribuye para avocar el conocimiento (competencia) y para cuando el senador sindicado renuncia a su cargo de elección popular, ya se había articulado el accionar jurisdiccional y conocido del presunto delito. De manera que la Sala de Instrucción de la Corte había asumido el conocimiento (competencia), por haberse iniciado formalmente el proceso penal, decretado prueba y tomado decisiones como el arresto domiciliario. Con fundamento en el principio de la “Perpetuatio Jurisdictionis”, prevalecía la permanencia de la competencia en cabeza del juez especial, que para garantía del debido proceso ha de permanecer incólume, hasta la terminación del proceso. La seguridad jurídica impone que una vez así articulado y aprehendida la jurisdicción, esta no debe ser modificada. Una atenta lectura del fallo, contraría su armonía y coherencia y es dable afirmar que infortunadamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con conocer del asunto contra el Innombrable ex senador, cedió a las presiones y chantajes por el peso político del mismo sindicado, incurriendo en pusilanimidad judicial, algo que en jurisprudencia comparada, la jurisprudencia argentina fundamenta a perfección, puesto que estaban dadas todas las circunstancias y fundamentos de jurisdicción y de competencia para que la Corte Suprema de justicia continuara conociendo del caso de marras. Valga agregar que ante un caso tan álgido, la Corte fue inferior a las circunstancias, pudiendo sentar nueva y vinculante jurisprudencia. Pero no, aplicó la enredadera jurídica santanderista. Ya existía jurisprudencia en el caso del 35% de senadores vinculados a la parapolitica, que utilizaron el mismo subterfugio de renunciar – como si de cambiar de bus se tratare- para que no conociera la Corte de sus casos y nada aludieron a la definición y condena al senador Mario Uribe, por ejemplo. Eso es catastrófico y no merece el reconocimiento de apoyo de la pléyade de juristas colombianos a esa decisión pusilánime, cobarde.

Estando a ojos vista el atropello al Estado de Derecho, surgido a raíz de la articulación del ocurso administrativo en el Senado, que tramito y aceptó la “renuncia” del innombrable senador; la Corte asumió la actitud del avestruz. Los cargos de elección popular son para ejercerlos, son irrenunciables. Lo contrario burla la voluntad del elector. Si el senador renunció, corresponde a un acto interno volitivo, subjetivo, que implica la dejación del cargo. El camino que tenía el Senado al conocer la orden de captura del senador innombrable era proceder a lo disciplinario, sancionatorio, de suspensión del cargo y en consecuencia proceder a reemplazarlo conforme a lo legal. Al darse la dejación del cargo, por renuncia del senador, procedía, no aceptar la tal “renuncia” sino a llenar la vacante conforme a lo legal. De tal manera, que la investidura de la actual senadora, vocera del paramilitarismo cucuteño, en el senado y en función de reemplazo, es además de nula, por nulidad absoluta, inexistente, jurídicamente hablando. Imposible que ese elefante, pasara desapercibido por la Corte Suprema. Por eso en Colombia no existe un estado de derecho; sino un estado de cosas inconstitucional (eci) aberrante.

Ahora, contribuye a asalto a la credibilidad y garantía de pronta justicia el anuncio que la investigación contra el ex presidente y ex senador por incurrencia en la masacre de El Aro, siendo gobernador del Departamento de Antioquia; tampoco es de fuero especial y competencia de su conocimiento. Aunque no se conoce el texto publicitado de tal Resolución imposible que apliquen el mismo criterio torticero y digan o sostengan que tal acción, merecedora de castigo, no “tengan relación con las funciones desempeñadas” como gobernador y que al ya no serlo cuando se compulsaron las copias para la investigación de su conducta Matarife, ya no era Gobernador y por ende bla,bla, bla.

Se puede afirmar que ha sido la misma Corte Suprema de Justicia, la que se ha depreciado o menos calificado. Ella misma se ha rebajado y en un país como Colombia, inmerso en un conflicto armado interno, la Justicia Ordinaria no es garantía para la sublime misión de impartir Justicia y Verdad, en tratándose de involucrados políticos. Por ello abunda la vigencia y reconocimiento al Sistema de Justicia Alternativa que representa la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

No hace parte de mi vocación y formación jurídica contribuir a una declaración en favor o apoyo a la independencia y autonomía de la Justicia en el caso de marras, cuando ella misma ha sido la que toma el timón del cancerbero y navega por los piélagos del averno. He dicho. ¡Puro Abogado!