Recrudecen los enfrentamientos y acciones militares por el conflicto armado interno. El discurso oficial, continúa vertiendo en un mismo recipiente, a los actores armados contra el Estado, al igual que organizaciones armadas al servicio del paramilitarismo y el narcotráfico. Como si no les incumbiera las denuncias y corrillos a soto voces, en las regiones, que esos grupos armados organizados (gaos), sirven a un plan contra insurgente gubernamental de la inteligencia militar. “Plata es lo que hay” expreso un generalote en El Catatumbo, para enfrentar a los del ELN con Los Rastrojos.
Cual tenebroso mensajero de guerra, Molano llegó a Ocaña a presidir un Consejo, desplazando a los Alcaldes, que constitucionalmente, son los responsables del orden público en los municipios y reseña cual caustica pócima, vertida en la herida abierta de la comunidad de las veredas de Labranza- -Oropoma, que al menos “uno” de los jóvenes campesinos, que se encontraban en el billar, masacrados por paramilitares motorizados, hacia parte del EPL. Esa expresión expresa el conocimiento de inteligencia militar anticipado, sobre seguimiento y desempeño de la población. Genera relación de causalidad, entre el saber y el actuar del grupo paramilitar, como canal de información para el accionar tenebroso de la masacre ocurrida. Así, “mostró la cédula” el Chulavita Ministro. Jamás se había producido tanta conmoción e indignación en la ciudadanía ocañera, y los efectos políticos de la masacre, están por sopesarse.
Oropoma, de asentamiento indígena Hacaritama precolombino. La Labranza, de idílico paisaje campesino, surcado por el parque nacional de Los Estoraques, tan cercana zona rural a Ocaña; habitada por gente sana y trabajadora; núcleo de familias de predominio étnico blanco, semillero de hijos que han aportado al arte y la cultura, cuyos paisajes plasmó en bellos cuadros su pintor Jairo Rincón, conocido como “Labranza”.
Los cinco mártires campesinos fueron identificados como Winston Prada Puentes, Heimer Ortiz Ballesteros, José Luis Vega Plata, Jesús Alberto Vega y Robinson Garay Barbosa, oriundos de la región.
Surgieron dificultades que aumentan el dolor de las victimas
Oficiosamente, los cinco cadáveres de los campesinos asesinados, fueron apresurada e inconsultamente trasladados a Cúcuta; siendo que la Unidad de Medicina Forense, Necrodactilia y Balística de la ciudad de Ocaña, está habilitada para ese cumplimiento legal. Pero resulta que con la masacre ocurrida, el Terrorismo de Estado siembra el miedo; pero más preocupación le genera al Establecimiento estatal, una respuesta del Movimiento Popular ocañero, que hubiera organizado un sepelio colectivo en la ciudad, desenmascarando la gravedad y crudeza del conflicto armado interno, en esa región.
Sepa, señor Molano, que usted por su función como administrador de las fuerzas armadas estatales, responde por la acción u omisión de sus dirigidos. Ese sábado 06 de marzo de 2021 a las 10 pm, llegaron al billar los motorizados asesinos. Hubieron de pasar en caravana por el frente de las instalaciones del Batallón Santander. Es la única carretera que une a Abrego con Ocaña, contando con unidades militares y estaciones policiales acantonadas en diversos sitos de control estratégico. Actuaron con total impunidad, saliendo hacia Ocaña, disparando tiros al aire, que se escuchaban en lo inmenso del lejano terreno. Es tan notoria en esa zona la claridad de la luna, que los oscuros son usted y sus dirigidos.
Queda demostrada la impunidad de la “seguridad democrática” del actual gobierno narco paramilitar, en malhadadas funciones.
Nueva masacre de niños en el Guaviare
Pero el estrenado Ministro Molano, también afronta otro escándalo por el bombardeo, el mismo día sábado dos de marzo, en la vereda Buenos Aires de Calamar, Guaviare; que hace recordar el pasaje en que el ex ministro Guillermo Botero se vio involucrado por la muerte de ocho niños y la afectación a más de 28 menores por bombardeo en el Caqueta, a un campamento de las Farc, a finales del año 2019. Quiso ocultar la masacre y luego afirmó que era “una operación licita hecha con toda rigurosidad”. El in suceso le costó el cargo y en premio a la impunidad el gobierno lo nombró embajador en Chile.
Teniendo conocimiento pleno de inteligencia militar que, en esa zona de jurisdicción de la base militar en Calamar, Guaviare, las citadas guerrillas vienen aumentando el alistamiento de menores de edad en sus filas, aprobó el bombardeo a ese campamento, dando como resultado la muerte de la menor, de 16 años Danna Lizeth Montilla, quedando heridos de gravedad dos niñas más menores de edad. Se conoce públicamente un listado de 14 heridos en la que se encuentra una niña de nueve años; un niño de 10 años; otro niño de 12 años; una niña y un niño de 13 años cada uno; otro niño de 14 años; cuatro niños de 16 años, de ambos sexos; un niño sin indicar la edad y dos jóvenes de 19 años; para un total de 14 víctimas. El locuaz ministro Molano manifestó que esos niños eran “Maquinas de Guerra”. El padre de la niña muerta en el bombardeo afirmó en declaraciones, que ella había salido a casa de familiares en búsqueda de la señal de Internet para hacer las tareas y se la entregaron desmembrada. Esa zona del Batallón del ejército en Calamar Guaviare, es tristemente recordada por haberse encontrado allí una de las fosas comunes más grandes en cuanto a falsos positivos, atribuidos precisamente a ese Batallón que hoy afecta a más de 14 niños para mostrarlos como una acción más de falsos positivos.
De la violación al derecho internacional humanitario
El calificativo dado por el ministro Molano a los niños de “Maquina de Guerra” hiere la sensibilidad nacional. Lamentable y triste que el ministro de la guerra no defienda a los niños de 9 a 16 años y los convierta y llame así. Indiscutiblemente este bombardeo en el Guaviare, representa una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario, que debe ser de conocimiento abordado por la jurisdicción internacional. La fuerza armada estatal, bajo la dirección del ministro Molano, violó el Principio de Distinción, que es fuente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Violo el Estatuto Internacional del Menor y la prioridad universal del Interés del Menor, ante cualquier circunstancia. La esencia del principio de Distinción es primordial en la garantía a los civiles, en conflicto como el colombiano. De igual manera, el bombardeo en cuestión, es violatorio de los Principios Fundamentales de la Constitución Política de Colombia de 1991 (CP91); además de su artículo 44, in si tu: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
En el Guaviare, los habitantes de las veredas Nueva Colombia, Cachicamo, y en general los habitantes de caseríos de Buenos Aires, vienen denunciando que son objeto de estigmatizaciones por parte de las tropas gubernamentales, de ser colaboradores de las guerrillas de las Farc; teniendo que afrontar a diario las amenazas de los grupos armados y paramilitares por el reclutamiento forzado de menores, que se ha generalizado en constante multiplicador. Entre tanto, la posición del actual gobierno del sub presidente Duque, sigue engañando a la opinión pública nacional e internacional, negando la existencia del conflicto interno armado en Colombia, en asonancia con el mandato imperial de agudizar la guerra contra las drogas y la permanencia de tropas extranjeras en el territorio patrio.
Un suceso de trascendencia política, de profundo efecto diplomático, representa la Carta enviada por el titular de la Embajada cubana en la capital colombiana, Bogotá DC. En esa Nota, el representante del gobierno de Cuba avisa, en tono de alerta, al gobierno colombiano, que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N) prepara una Operación Militar, en suelo colombiano.
Una Operación Militar significa un conjunto coordinado de acciones, con la utilización de recursos logísticos bélicos, para la obtención de un objetivo determinado. Obedece a una planificación estratégica. La Nota indica como Teatro determinado el Nor Oriente colombiano; sugestivo, por cuanto apunta a la frontera con la República Bolivariana de Venezuela; potencial para una cabeza de playa en los planes expansionistas del ejército, Made in Usa, colombiano. Pero a su vez, insinuante, al atraer como tema de análisis, la agudización del conflicto armado en el trazado fronterizo, desde La Guajira, El Catatumbo, Arauca; que actualmente genera la mayor concentración de miles de tropas colombianas, en unidades y capacidad bélica. Al parecer la mayor actividad de asesoría de las tropas norteamericanas acantonadas en Colombia, se sucede en la Zona Futuro de El Catatumbo y Arauca. Con nuestros limitados elementos para el análisis del “caso concreto de la situación concreta”; nos arriesgamos a descartar que la tal operación miliar pudiere obedece a una ofensiva concreta, en esa extensa región o zona del territorio colombiano. La guerra de guerrillas por la que transita la insurgencia colombiana no alude a una guerra de posiciones. Aunque la multiplicación de los actores insurgentes en ese teatro de operaciones sea mayor a la existente hacia el año 2.016 en que se da la desmovilizan de las antiguas Farc-EP.
El fracaso del fin del conflicto armado con esa cincuentenaria guerrilla, gracias a la hechura de trizas de lo Acordado en La Habana y el Teatro San Carlos, permite el distingo de los siguientes actores armados insurgentes, en Colombia: El Ejército de Liberación Nacional (E.L.N). El Ejército Popular de Liberación (E.P.L), Las Nuevas Farc-ep (engrosadas por quienes no se acogieron a la firma del Acuerdo). La Segunda Marquetalia. Aunque no unidas (por ahora) orgánicamente; pero sí ideológicamente, todas buscan, estratégicamente, la toma del poder y a profundidad, la derrota político-militar de las fuerzas armadas operacionales. Así planteado, esto no implica una correlación de fuerzas. Salvo que las condiciones internas de las guerrillas colombianas hayan adquirido o estén en capacidad de adquirir misiles, que los hay de tamaños y alcances muy variados y/o armas de tecnología de punta, con uso de drones(…)
No al margen, pero tampoco como tema central, la Nota descarta se tratare de alguna acción personal, contra personalidad en particular.
Alcances prácticos
Como resultado de este hecho de política internacional, resaltan varios alcances, como el elaborar la Nota Diplomática el Señor Embajador de la República de Cuba en Bogotá, DC. Al no hacerlo el gobierno central de Cuba, ante el Embajador Corso de Colombia, sitúa en una posición incómoda a esa representación diplomática; a la que relega a una oficina de representación, cual una Legación, que es de rango inferior a una Embajada. Queda como un ministro plenipotenciario y sabido es que los Embajadores superan en rango a esos ministros.
Las Embajadas cumplen el papel de informar a sus gobiernos. Al hacerlo el titular embajador al gobierno-parte, articula el ejercicio del Principio Internacional de Reciprocidad.
El “principio de reciprocidad internacional”
Es de ejercicio diplomático y opera conforme a la costumbre de un Estado que concede a otro, un trato semejante al que recibe de él, con base en la cooperación internacional. El conducto regular se ejerce por las respectivas Cancillerías. El proceder de la Embajada Cubana es acertado muestra de cooperación internacional. Causa verdadera desazón el protagonismo tomado, en las primeras de cambio, por el titular de la cartera de guerra, de Colombia y por el delgado de paz, que funge como un delegado de guerra. En cuanto al sub presidente Duque, aún no ha metido las de andar.
El Estado-parte, Colombia en este caso, haciendo uso del Principio citado, puede solicitar requerimientos a esa Nota, como un procedimiento formal para ahondar en el contenido de la misma. Partamos de la base que ya lo ha hecho. En tanto en el montaje de la dictadura mediática, teniendo como polichinelas en la trama de comedia, al insulso y falta de tacto político Delegado Ceballos y al desenfocado funcionario de guerra Molano, han aportado la sensación de falta de un acertado proceder diplomático al salirse de las funciones que les corresponden y constituirse, con sus almibaradas declaraciones, como voceros de la contra replica; saltándose los conductos diplomáticos, plasmando, con tan desagradable actuación, la inexistencia de una coordinada acción diplomática del Estado- parte colombiano
De igual manera, en ejercicio del desarrollo de este suceso o hecho político, causa profunda extrañeza el comportamiento de la alcaldesa de Bogotá, de asumir que la Nota alude a un “ataque” en Bogotá. Lamentable, que raye en lo ridículo al hacer eco de la política contra insurgente del bloque de poder oligárquico en Colombia. Contribuye a avalar la adulteración del mensaje diplomático, como si el Frente Nor oriental de Guerra del ELN, tuviera su sede en Bogotá. Alteran el sentido de la Nota, junto al papel de la desinformación dictatorial mediática.
Se impone el reconocimiento a la labor de Cuba
Son múltiples las razones por la cual el gobierno de Cuba acude a la cooperación internacional. Como país receptor de la Delegación de Plenipotenciarios del Ejército de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N, en búsqueda a un Dialogo o Conversaciones por la salida política al conflicto armado, entre esa fuerza insurgente y el Estado colombiano. La realidad de esa organización alzada en armas es que puede subsistir en el desempeño de varias funciones, teniendo a sus máximos dirigentes nacionales en Cuba, logrando cooptar el desempeño de sus vacantes, en el seno de esa organización, en palpable demostración de ejercicio democrático interno, lejos de los ecos trágicos de una división organizativa a su interior. Ello solo explicablemente por la aplicación del principio universal de división del trabajo y compartimento clandestino. Los miembros del Comando Central (COCE) que se encuentran en Cuba, no conocen de los tales planes y acciones de esa Operación Militar a que alude la Nota diplomática. Al cooperar así, Cuba salva su responsabilidad. Demuestra la integridad y valía como país garante. Alienta en el deseo que a Cuba no se siga afectando, tratando de inmiscuirla en el medio del conflicto ELN-gobierno colombiano. Ya es hora de que cese tanto desconocimiento a su loable labor de garante. Por ello el instrumento allegado demuestra la capacidad, experiencia y maestría del uso de la diplomacia, como ejemplo de estado soberano y libre ante el mundo.
En cuanto a que sucederá
Conviene traer a colación que La Carta de las Naciones Unidas, en su Preámbulo, resalta como objetivo: «crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional».
Con la Nota diplomática analizada, queda despejado el escenario de confrontación bélica del conflicto armado interno colombiano. Al romper, el régimen colombiano, las Conversaciones se encuentra en mora de facilitar las condiciones del regreso, sano y salvos, de los Delegados Plenipotenciarios del E.L.N, a su país de origen. La persistencia en desconocer esos Protocolos es una clara violación al derecho internacional. Demuestra la tozudez y la ignorancia en algo demostrado: no se ha afectado la existencia organizacional insurgente y si se ha colocado al Estado colombiano en sujeto pasivo de acción de la justicia internacional por el incumplimiento o desconocimiento de aplicación de los Protocolos de regreso, dada la terminación o fracaso de las Conversaciones.
De la misma manera, dada la eminencia del recrudecimiento de las acciones armadas insurgentes en Colombia, es de resaltar que esas desafortunadas acciones militares, de darse, solo podrán dirigirse contra combatientes y objetivos militares. Las acciones de la Insurgencia están supeditadas en lo que regula el derecho internacional sobre la guerra (ius ad bellum) como beligerante ilegal y en el entendido que asimilan lo tipificado para ejércitos regulares, como si se tratare de una confrontación entre países. Obedecen a límites aceptables de conducta a observarse durante la guerra y plasmados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Constitución Política de Colombia de 1991 (CP91) se ufana de ser garantista. En su artículo 103 consagra el mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía conocido como revocatoria del mandato. Pero como sucede en un país de leguleyadas (santanderismo), el mandato del constituyente primario resultó diluido en el cuerpo normativo de su reglamentación. El ejercicio de la democracia directa en contraposición al de la democracia representativa o indirecta, perece, como si se tratara de dos formas contrapuestas, en un mismo de sistema de poder. La conquista de las diversas formas de ejercicio soberano del pueblo, resultan letra muerta.
En Colombia no existe el llamado Poder electoral. A diferencia de avances en el constitucionalismo latinoamericano que lo consagra expresamente; ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta en Colombia y para con el mundo. Se conocen los efectos adversos de los procesos de revocatoria de alcaldes, sin prospecto de efectividad o viabilidad, difuminada a lo etéreo en la maraña de recursos. Cito la frustración de la salida, por bien armada acción de revocatoria contra el entonces alcalde de Bogotá DC, Enrique Peñalosa y también traigo a colación la revocatoria contra la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, bajo condición de subjudice y expresidiaria por delitos comunes contra la Administración Pública.
Se trata de dos casos emblemáticos.
1.- En el del exalcalde Peñalosa primó el uso de argumentos traídos de los cabellos como el concluir que a los registradores distritales no les había sido posible expedir la certificación sobre firmas recaudadas al no fijar la ley plazos razonables para emitir tales certificaciones. Se creó hasta una fundación para defender al alcalde encartado, con mentiras, para su aval como comité. Lo convirtieron cual proceso contencioso declarativo, ungiéndolo con el debido proceso, a la defensiva y a ser elegido. Algo así como mistificar quien por ser elegido popular no se le podía revocar; o como quedaría los que ejercieron el voto a su favor. Reducida la acción directa popular de revocatoria del mandato a un contencioso administrativo; significó que el acto soberano de la recolección de firmas-que obviamente ha de ser certificado- lo redujeron a la mínima expresión de importancia, consistente en que, aunque se necesitaban 240.000 firmas, el golpe político lo represento el abultado recaudo de un millón de firmas en su contra.
Aquí el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene carácter jurisdiccional y por ende no tiene competencia para dirimir ningún contencioso entre el pedido ciudadano de revocatoria y el encartado. Se carece de una jurisdiccional especializada para el efecto de delitos electorales y por ende del artículo 103 citado de la carta Constitucional. El actual sistema electoral no garantiza el mandato constitucional de Partidos y Movimientos Políticos organizados democráticamente; ni sus procesos de democratización interna. Tampoco las manifestaciones de acción de participación del pueblo en ejercicio soberano, como lo son la revocatoria directa del mandato, el cabildo abierto, la consulta popular. Todas maniatadas por la enredadora legalista, leguleya y atrabiliaria. A ello agregarle el abusivo e improcedente uso de la tutela por parte de los gobiernos municipales en cuestión, para evitar que prospere el uso de la acción pública y popular de la población expresada en su contra.
Toda esa divagación sobre el debido proceso, a la defensa y a ser elegido conllevó a sepultar la iniciativa popular de revocatoria del mandato en una parodia con representación burlesca…Un experimento ciudadano parodia la revocatoria contra Peñalosa. La intervención de la Rama Judicial y su propósito ideo-político, plasmó lo improductivo de una acción de revocatoria del mandato, relegándolo a ninguna ganancia política. Es objetivo, de todo accionante contra el mandato, fundar en exposiciones objetivas demostrables, las razones que den cuenta del incumplimiento del plan de gobierno y la justificada acreditación de la inconformidad de la ciudadanía. Se sobreentiende y acepta que no se trata solo de la mecánica de la recolección de firmas. Se admite que el alcalde ejerza su derecho a demostrar la falta de fundamento de quienes quieren revocarlo. Pero se trata de una actuación procedimental breve y sumaria, de ejercicio directo, oral y abreviado, si se quiere y no a formalismos que desnaturalizan la esencia misma de la revocatoria del mandato, como tal. Desconocen que se trata de un ejercicio de oposición política y no de actuación administrativa alguna en contra del alcalde cuestionado. En el caso contra el alcalde Peñalosa, actuaron el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Que más da. En esa decisión, la Corte también ordenó al Congreso reglamentar los futuros procesos de revocatoria para garantizar los derechos al debido proceso y a la información. Y con euforia ese poder legislativo mafioso “le mete el diente”, como lo hizo al desnaturalizar los Acuerdos de La Habana, con la extinta guerrilla de las FARC. De manera, que el CNE no solo sepultó la revocatoria, sino que sancionó a su promotor “tutelando” los derechos del alcalde.
– En el caso de la ex alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, se acreditaron las firmas para la revocatoria. Se fundamentaron los cargos en el ejercicio fraudulento de su mandato contra las arcas públicas. Se demostró la procedencia de las acciones penales en su contra con reclusión en prisión. Se efectuó la jornada electoral de revocatoria respectiva trayendo como resultado que votaron en su contra más sufragantes que el número de votantes que la habían elegido. Pero en este caso particular jugo el Mefistófeles, aliado con Maquiavelo, con el recurso leguleyo del umbral de votos; el cual bajo operaciones matemáticas no alcanzaron los votos depositados – pese a todo-para la revocatoria. En el aquelarre de rituales, cual conciliábulo de brujos, el jefe puma blanca, entronizado por el clientelismo y corrupción, ordeno al acumulado de sus votos cautivos, la estrategia de abstención, de no votar. Ello, traducido en el lenguaje mesiánico, significo la no compra de votos o el pago por no salir a votar. Se considera, además, que la administración pública local buscó mecanismos de presión, al aliarse con los contratistas para que no salieran a votar los ciudadanos. A ello se agregaron alcaldadas, como la disposición súbita de cambios de vías, cierre de acceso de vías principales y ajustadas reparaciones el “día de las elecciones” y a un sinnúmero de consideraciones que adornaron la ejecución de todo un plan diablesco, rayante con el cinismo, plasmando la estridente, sonora y burlona carcajada, a que quedó reducido el soberano interés popular.
La imperiosa necesidad de la reforma política y electoral
Pese a existir la CP91, que suprimió la medida del “Estado de Sitio”; el Sistema Electoral Colombiano continua vigente gracias a un Decreto de Estado de Sitio, sacado a espaldas del poder legislativo y es así como por medio del Decreto 2241 del 15 de junio de 1986, se adoptó el Código Electoral, en lo del binomio Código Electoral Colombiano- Registraduría Nacional del Estado Civil. Esa vergüenza jurídica, empotrado en el “estado de derecho” colombiano, es el causante de múltiples males a la Nación colombiana. Sin pena ni gloria persiste un adefesio en contra del mandato constitucional. Esta ilegitimidad y estado de cosas inconstitucional (eci) no se puede ocultar y demuestra el ejercicio dictatorial del poder oligárquico en Colombia. Ahora, para remediar tales males, a fecha 22 de diciembre de 2.020, el actual congreso colombiano, de mayoría narco-paramilitar, con 82 votos a favor y 20 en contra, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado, se aprobó la proposición final del informe de Conciliación del proyecto de ley para reformar el Código Electoral. El Proyecto de Ley es el 234 de 2.020 Senado y 409 de 2.020 Cámara “Por el cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones.” Motivan los votantes en contra, que permanecieron normas retardatorias intocables, que no garantizan unas elecciones limpias y que la aprobación de tal entuerto legislativo se hizo de manera virtual, violando el espíritu de la Constitución Nacional. No se resuelve la prohibición de la violencia política y de género en propaganda electoral y lo relacionado con la responsabilidad administrativamente en lo electoral. Lo de la jornada electoral en estado de emergencia. La implicación de facultades extraordinarias en lo electoral. Lo relacionado con el voto de extranjeros y la biometría en particulares. La constancia de la oposición política, por parte de (Colombia Humana) lo hizo el senador Gustavo Petro, expresando que “con este Código Electoral la Colombia Humana no tendría participación en las próximas elecciones 2.022.”
De manera que son muchas las preocupaciones y con 82 artículos que generaron múltiples discrepancias, nos encontramos con un acto legislativo de reforma constitucional fallido y una frustración más para el pueblo colombiano, debiendo afrontar lo que ello repara. Esta tal reforma resulta ser un remedio peor que la enfermedad. No cumple con el mandato consignado en los Acuerdos de La Habana, de compromiso ineludible, por parte del Estado colombiano, en su implementación
Se hace imperiosa la necesidad de la reforma estructural a los procedimientos en lo de reforma política y electoral consagrada en el numeral 4 de los citados Acuerdos, agobiados por la constante de hacerlos “trizas” en violación al pacta sud servanda que inspiro la dejación de las armas por parte de las traicionadas a FARC-EP.
El análisis de la ineficacia a que ha sido reducido el mecanismo de expresión soberana y popular de la revocatoria del mandato enfila en la consideración del análisis del sistema corrupto electoral colombiano, que continua vigente. Obedece a la constante del llamado “orden contra insurgente” que la secta política, que no partido, en el poder, impulsa en todos los ámbitos de la vida nacional; siendo el causante de tantas desgracias. Todo ello por cuanto que el actual sistema electoral es el que ha permitido la permanencia e influencia de una casta política inspirada en lo antipopular y alimentada de los recursos del narcotráfico y el para militarismo, que les permite atornillarse en el ejercicio dictatorial del poder. Ante los avances del descontento social y del movimiento popular de masas, perciben pasos liberatorios que los colocan en una defensiva de miedo al pueblo y apresuran presentar proyectos estentóreos, con ecos mediáticos, que resultan impotentes a sus propósitos hegemónicos.
El papel jugado por la Registraduría continúa siendo el de su utilización como un botín burocrático al servicio de quien resulte ganador en el proceso electoral. Actualmente la Registraduría cuentas con 4.000 funcionarios y solo eran de planta unos 600. Con este proyecto conciliado 1.120 registradores municipales quedan en el vaivén de la libre remoción, perdiéndose la confianza y calidad de independencia en el cargo, anunciando lo incierto de las reglas de juego para la oposición y la suerte de la contienda electoral. Se confirma así que el que escruta elige.
La tal reforma resultó ser la prolongación de la práctica del carrusel de la compraventa de votos, que emprende con diligencia y presteza el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se refleja en su ejecución por las mafias narco paramilitares en las regiones
Un gobierno ilegitimo le teme a l debate y la confrontación directa con la población organizada
Se es dado en afirmar, que en Colombia proyectar los profundos y radicales cambios políticos, sociales, económicos, militares y de defensa de lo ecológico, aún con propuestas Alternativas, resulta utópico. Esas rémoras políticas retrasan al movimiento popular; detienen el ansiado cambio e impiden la realización de aplicación de verdaderos programas que conlleven a una Revolución Institucional. La oposición política de la izquierda legal viva y expresa en las movilizaciones de masas, no tiene dueños. Obedece a una visión propia de país en lo político-social; subsiste con la presentación de programas máximos y mínimos, cual universo de ideas y propuestas inspiradas en la vocación de poder popular. Por eso trasciende, con cosmovisión propia, ante el alcance de los Progresistas, Reformistas, Socialdemócratas liberales, Humanistas; los cuales son sus aliados en la identificación de alianzas y lucha de resistencia contra la derecha militarista y ante la hegemonía oligárquica contra insurgente impuesta en el país.
En Colombia, se logra superar el desdibuje de la realidad política, al aceptar la inexistencia del llamado “centro”. Dinamiza la iniciativa en asonancia con la supremacía de las convicciones de posmodernidad que impera en el mundo. Se cuenta con el mayor acervo teórico de distinción y claridad, en el presupuesto dialéctico que, sin teoría revolucionaria, no se dan cambios revolucionarios. Comenzando por perder el miedo impuesto por la dictadura mediática a lo de “revolucionario”. Esto contribuye a la cualificación de la actividad política en la aplicación de una lingüística de distinción. Triunfa la aplicación de la lucha de los contrarios. Contribuye a su identificación, superando lo de “blandos”, “centristas”, “conservaduristas” y reivindicando al vergonzante de izquierda ubicado como “mamerto”. En el entorno de la actividad política se está ante la identificación de la lucha de contrarios entre la derecha y la izquierda. Este presupuesto se da como resultado de la cualificación del movimiento popular y el asomo de concretar una política de proyección, en el ineludible paso de obtención de un gobierno de transición en Colombia.
Primando la lucha contra el neoliberalismo y por la defensa de la democracia, acudir en las actuales circunstancias políticas por la que atraviesa el país – que he intentado esbozar en lo anteriormente escrito- a la revocatoria de mandato a alcaldes, como mecanismo de participación popular, resulta improductivo. A más de 28 alcaldes en el país intentan aplicarle la revocatoria del mandato, transcurrido un año de su posesión y con aplicación de los requisitos en la Ley 134 de 1994. Pero no se trata de una aplicación de uso mecánico en el tiempo, como si llegara la época del invierno o el verano. Seguro que ese número de alcaldes arribaron al poder con sobrado juego de engaños y artimañas, propio de un sistema electoral corrupto y de casino, imperante. A sus motivadores les puede asistir la convicción y demostración que como mandatarios han incumplido el programa de gobierno, por el cual fueron elegidos. Se darán casos sobrados de existencia de descontento generalizado entre la ciudadanía contra la gestión de determinados actores en cuestión. Resaltarán los indicios y pruebas de incumplimiento descarado a las promesas de campaña y querrán, con el uso de ese instrumento, definir el futuro de tales elegidos y someterlos a la voluntad ciudadana. Pero tal como está el estado de cosas inconstitucional (eci) en el país, todo resultará vano e ineficaz. No compensa el desgaste político de líderes y de activistas que le restan dinámica al avance del movimiento de protesta de Resistencia social. Precisamente, ese acumulado de incumplimientos es el que deben afrontar los ilegítimos ungidos de falsa autoridad ante el reclamo de la lucha popular, la Minga indígena, el Paro Cívico Político Nacional. Todas las causas y motivaciones están dadas para la movilización popular en esos 28 municipios citados. Esos alcaldes y sus asesores, cual perros rastreadores, en el uso astuto de los recursos, preverán que si dieren con alguien sagaz, no les tomarían el pelo de manera aguda y perspicaz. Ese recurso de participación popular, mediante el instrumento legal de reglamentación, quedó cual armatoste de gran tamaño y poca utilidad y el diligente líder social queda a la zaga, en la parte trasera, cual corredor que no asimila la competitividad, en esa desigual competencia. Seria más de lo mismo.
La indispensable reforma electoral fue sepultada por el poder legislativo, representativo de los bloques de poder antipopulares imperantes. Votar por votar no representa las aspiraciones de representatividad del pueblo colombiano, con postulaciones a cargos públicos de gentes cuestionadas, con un sistema de financiamiento a los partidos anidados bajo la corrupción, el clientelismo y la compraventa de votos. Asistimos a la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados.
En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.
En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).
En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:
«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.
The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.
It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.
Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).
Las elecciones del 2020 en breve
En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).
Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.
En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).
Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.
Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).
Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).
América Latina, mujeres y justicia internacional
Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).
En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).
En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:
– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);
– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);
– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).
A modo de conclusión
Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).
Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.
En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.
Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.
–Notas–
Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.
Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009
Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El texto Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos; es una obra elaborada por Boaventura de Sousa Santos junto a otros autores y autoras bajo el sello de CLACSO y está disponible en la plataforma digital para descarga gratis. Este material pone en evidencia la situación de crisis que se vive a nivel mundial y que se ha atenuado con la pandemia del COVID-19, mediante este recurso lo que se propone es reflexionar y construir una alternativa progresista, abarca los siguientes apartados:
Capítulo 1. El nuevo interregno Capítulo 2. La articulación entre fuerzas de izquierda: el caso portugués Capítulo 3. Brasil: la fractura del desgaste de gobernar Capítulo 4. Colombia: la fractura de la lucha armada bajo la vigilancia del imperio Capítulo 5. México: la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad Capítulo 6. España: la fractura de la identidad nacional
Además, en el texto se incluyen otros ensayos sobre la realidad latinoamericana tales como:
Ecuador: del centro al fin del mundo Evo Morales: el indio fuera de lugar La nueva Guerra Fría y Venezuela Soplan vientos favorables desde España Las venas abiertas de Nicaragua Carta abierta al presidente Iván Duque Para alimentar la llama de la esperanza
El prólogo del texto está a cargo de Karina Batthyány (Secretaria Ejecutiva, CLACSO) yNicolás Trotta (Ministro de Educación, Argentina); y expresa lo siguiente:
La pandemia del COVID-19 evidenció la imperiosa necesidad de construir una nueva alternativa progresista ante una crisis social y ambiental de una extraordinaria gravedad y que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.
Frente a esta situación terminal, la tarea crucial y más urgente para los partidos y frentes políticos progresistas y las redes comunitarias y colectivos de cientistas sociales críticos consiste en construir horizontes allí donde hoy hay abismos. Si la ideología dominante postula que, ante el modelo de acumulación capitalista neoliberal no hay alternativas, nuestra tarea es fabricar bisagras políticas y conceptuales que articulen el pasado con el presente, enhebrando narrativas capaces de proyectar una nueva agenda social organizada en torno a, por lo menos, tres tareas: un trabajo de reconceptualización y profundización de la justicia social –que no es otra cosa que colocar por encima de los intereses sectoriales una política del bien común–; el reconocimiento y la sanción de nuevos derechos –especialmente dirigidos hacia grupos históricamente excluidos: las mujeres y las disidencias sexuales, las infancias y juventudes, las afrodescendencias, los pueblos originarios–, y una política orientada al cuidado y preservación del ambiente en el que vivimos –es decir, la casa de todos y todas–.
Los desafíos que estamos llamados a enfrentar tienen lugar en un momento histórico inédito cuyo principal actor venía desplegándose con toda su fuerza hasta la pandemia: las fuerzas neoliberales han hegemonizado la agenda global con el propósito excluyente de acelerar la concentración de la riqueza. Bajo los auspicios del capital financiero global, como nunca antes, un grupo reducido de personas ha concentrado un volumen de riqueza extraordinariamente grande; nunca antes, tampoco, las economías de los países estuvieron tan a merced de poderosos grupos financieros como lo están ahora, poniendo en jaque la soberanía política y la independencia económica, herramientas imprescindibles para el desarrollo sostenible de una sociedad.
Ante este escenario global, el mapa de América Latina se encuentra en un estado de reconfiguración permanente. En los dos últimos años se sucedieron de manera vertiginosa acontecimientos políticos que pueden ser hilados con la calma de quienes reconstruyen trozos del pasado, pero para quienes vivimos y palpitamos el ritmo diario de la gestión deben ser rápidamente enumerados: la victoria de Andrés Manuel López Obrador –poniéndole fin a un largo ciclo de gobiernos neoliberales en el país azteca–; el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hacia fines del 2019 –cuyo enorme desafío consiste en poner de pie un país devastado por las políticas neoliberales impulsadas por la coalición Cambiemos–; la libertad de Lula tras 19 meses de detención arbitraria, los estallidos sociales que irrumpieron en octubre en Ecuador y entre octubre y febrero de 2020 en Chile y que dieron lugar posteriormente al referéndum histórico que dejará atrás la Constitución pinochetista –dando cuenta de la enorme vitalidad de los movimientos populares en todo el continente–; el golpe de Estado en Bolivia y el triunfo por la vía democrática de los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca –que permitió el retorno tras el exilio a Evo Morales. Son algunas postales de nuestra historia reciente que invitan a la esperanza y nos recuerdan que la historia es tornadiza y no puede ser digitada por oscuros intereses desde los centros del poder.
Dicho sea de paso: no está en nuestro ADN político cultivar el pesimismo; quienes escribimos estas líneas venimos de tradiciones políticas y del pensamiento que se han forjado al calor de infatigables luchas por la construcción de sociedades más justas. Y no han sido pocas y pocos los que dejaron la vida en ello. Creemos que este momento reaccionario global debe enfrentarse con convicción e inteligencia, con una estrategia de integración política y una profunda creatividad. Las encrucijadas del presente demandan conciliar las bases y fundamentos de nuestras identidades políticas con la capacidad de maniobrar en un mundo convulsionado. Hay que aprender –y este es uno de los grandes méritos de este libro– que los problemas comunes que enfrentamos nos dejan aprendizajes globales que debemos identificar y estudiar, para no repetir errores.
Precisamente por eso, y en más de un sentido, este volumen constituye una pieza fundamental para la construcción colectiva de ese horizonte que ya ha comenzado a vislumbrarse. El conjunto de ensayos que reúne este nuevo libro de Boaventura de Sousa Santos es un texto imprescindible para comprender las características del interregno histórico en el que vivimos, analizar las fuentes de donde brotan las desigualdades que nos preocupan y –sobre todo– trazar una hoja de ruta y una estrategia para consolidar proyectos políticos que contribuyan a construir otros mundos posibles, más justos y más igualitarios.
Frente a ese desafío, ¿quién mejor que Boaventura de Sousa Santos para orientar la mirada y la imaginación hacia la construcción de escenarios sociales alternativos? El gran sociólogo portugués es una de las referencias mundiales en el campo de las ciencias sociales y las humanidades; fundador de las epistemologías del Sur, Boaventura de Sousa Santos ha construido una mirada sobre el presente que combina de un modo magistral el análisis incisivo con la capacidad (propia de los grandes maestros) de formular grandes ideas orientadoras, imprescindibles en estos tiempos.
De los libros se espera que sean capaces de contar buenas historias, una cierta cortesía compositiva, indispensable claridad y precisión argumental. Pero hay libros que, además, movilizan, inquietan, azuzan e instalan preguntas. Izquierdas del mundo, ¡únanse! Es uno de esos textos.
En sus páginas se nos propone una lectura desde las nervaduras políticas del presente identificando las potencias que tienen los partidos y movimientos progresistas para construir nuevas hegemonías políticas frente al modelo geopolítico de dominación neoliberal.
En un libro clásico del pensamiento crítico, Raymond Williams afirmaba que el problema inicial siempre es la perspectiva desde donde se mira. Junto con situar un problema, hay que definir el punto de vista desde dónde abordarlo. Siguiendo al autor de Marxismoy literatura, ¿cuál es el enfoque que asume este nuevo ensayo del sociólogo portugués? El propio Boaventura de Sousa Santos responde a la pregunta: su perspectiva es la de quien se propone realizar un análisis no coyuntural del presente. A diferencia de los enfoques a los que nos tiene habituados –las lecturas de mediano y largo plazo– Boaventura calibra la mirada en el corto plazo para realizar desde allí un análisis de fondo tanto sobre las dificultades como sobre las enormes posibilidades que tienen las fuerzas progresistas y las izquierdas en el siglo XXI para desplegar una alternativa que reviva las tradiciones del internacionalismo progresista y le ofrezca a la humanidad rumbos acordes con los principios rectores de un humanismo crítico que coloque en el centro de sus reflexiones un nuevo contrato social y ambiental.
Si siempre es difícil contar el presente, Boaventura de Sousa Santos lee este tiempo histórico bajo el signo de un interregno. Entre la caída del Muro de Berlín treinta años atrás y la crisis financiera que se desató entre 2008 y 2011 tuvo lugar un tiempo que no ha terminado de configurarse y para el cual no ha aparecido aún su relevo. Una certeza: las ideas e intereses asociados a la “nueva normalidad” más que nombrar un “tiempo nuevo” buscan naturalizar las desigualdades preexistentes, agudizadas por la crisis desatada por la pandemia. Se sabe: la palabra “nueva” es la más vieja del diccionario.
Analizar coyunturas es mucho más que atisbar lo efímero. Es un ejercicio de interpretación de los tiempos y ritmos políticos, de las palpitaciones y de las oportunidades que abren las crisis y de cómo puede ser más apropiado y potente orientar los esfuerzos. Frente a realidades que cambian vertiginosa y permanentemente, leer entre coyunturas es construir oportunidades para la generación de alternativas. Al mismo tiempo, y lejos de ser un libro que lanza advertencias e identifica peligros, Izquierdas del mundo es una cantera de aprendizajes basados en acontecimientos que han tenido lugar en la historia reciente.
Las experiencias que aborda este volumen –a los casos de Brasil, Colombia, México, Portugal y España, hemos incorporado en esta nueva edición los de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela– cifran también una expectativa que podríamos pensar bajo el signo de un aura pedagógica: incrementar el interconocimiento de las fuerzas progresistas para desarrollar aprendizajes globales que permitan construir alternativas políticas plurales frente al modelo del pensamiento único reaccionario desplegado a escala global.
Partamos de la tesis que hace de andamio de este potente conjunto de ensayos: la principal fuerza histórica que recorre nuestro tiempo es el discurso neoliberal configurado como una fuerza transnacional poderosa y profundamente antidemocrática. Si una imagen caracteriza este tiempo es el de las democracias secuestradas por fuerzas antidemocráticas. Sutiles a veces, extremadamente alevosas en otros casos, nuestro tiempo se caracteriza por la enorme fragilidad y la amenaza permanente de la democracia como forma de vida. Frente a ello, uno de los modos de leer este tiempo que nos propone Boaventura de Sousa Santos es la tensión entre articulaciones y fracturas dentro de los partidos y grupos progresistas y de izquierda.
Dos notas, complementarias: los primeros cinco capítulos hacen referencia a procesos de crisis: las fracturas de las izquierdas en España, Colombia, México y Brasil, del que solo queda exceptuada la articulación del caso portugués. Pero Boaventura de Sousa Santos no piensa las fracturas como quiebres irreversibles sino como oportunidades para pensar nuestros puntos flacos, una vía de interpretación que habilita modos de leer las dinámicas como tramas abiertas, en permanente construcción.
Es indispensable identificar esos puntos débiles de las alternativas progresistas para trabajar allí donde se evidencian las dificultades. La tensión creativa y las divergencias constructivas son siempre bienvenidas y necesarias sobre todo cuando estamos frente a un tiempo y una crisis que nos demanda construir fuerzas y políticas de izquierda que desbordan la idea tradicional de partido.
Al mismo tiempo, Boaventura señala que estas grandes orientaciones deben ir acompañadas de una “sabiduría pragmática” que sepa construir alternativas reales para gobernar. La otra cuestión indispensable es partir de la identificación de una irreversible contradicción entre democracia y capitalismo. Si –como estamos convencidos y convencidas– el horizonte emancipador es la democracia, los derechos humanos y la dignidad, tres lecciones se desprenden de este nuevo libro de Boa (como afectuosamente lo llamamos sus amigos y amigas): el futuro es público; sin el Estado no se puede, pero solo con el Estado no alcanza, y el papel de los movimientos sociales es cada vez más vital.
Izquierdas del mundo, ¡únanse! invita –finalmente– a un modo de lectura no coyuntural de la coyuntura en estado de actualización permanente. Tal es así que, por primera vez, se incorporan a este libro un conjunto de ensayos que actualizan y amplían los problemas abordados en la primera edición. Un libro –nos atrevemos a decir– escrito para lectores y lectoras interesados en participar de las luchas por sociedades más justas y equitativas; sociedades que deberán ser –por definición–, anticoloniales, antipatriarcales, antineoliberales. No importan tanto los nombres de las tradiciones políticas en las que se inscriban para alcanzar ese fin; su diversidad hablará de la riqueza que el campo progresista tiene para alcanzar esas metas, su capacidad de articularse dará cuenta de la inteligencia con la que sepan moverse en un escenario reaccionario global.
Ensanchar la convocatoria a todas y todos los que deseen contribuir con una democracia que debe encolumnarse en la defensa de la humanidad y del ambiente a través de la radicalización de la democracia es el propósito fundamental de este volumen. Revolucionar la democracia y democratizar las revoluciones precisas de mapas que nos ayuden a armar los recorridos, a establecer prioridades, a identificar los problemas que no pueden esperar. Este libro nos habla de cómo alcanzar la indispensable convivencia dentro de la divergencia, la imprescindible construcción de equilibrios, el diálogo como ejercicio permanente, señales irrefutables no solo de que los partidos progresistas y de izquierdas tienen la capacidad de gobernar, sino
de que son la única alternativa viable frente a la crisis terminal que atravesamos.
Entre Buenos Aires y Montevideo, noviembre de 2020
Resultan asesinados, en forma continua, sucesiva y selectiva, los (as) líderes sociales, de minorías étnicas, afrodescendientes e indígenas, de oposición política, activistas, de juntas de acción comunal, sindicatos, y exguerrilleros desarmados, que se acogieron a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón y que se oponen a los postulados de la secta, más que partido de gobierno, el Centro Democrático (CD). Enumerando, tenemos:
– Lo programático neoliberal del CD, como partido de gobierno se centra en lo relacionado con la megaminería. Las víctimas, selectivamente asesinadas, pertenecen a quienes se oponen a esos programas y su actividad política enfrenta a los megaproyectos. Los territorios en donde se dan los crimines, tienen que ver con extensiones de tierra en que las multinacionales tienen un interés especial. A su vez, esos espacios – que son espacios vitales para las comunidades- demandan alta presencia militar para asegurar la invasión de la inversión extranjera. Esa genuflexión lacaya, repercute en el asesinato de los habitantes raizales, en esos lugares. La defensa a ultranza de la invasión de la inversión extranjera en lo de explotación minera, petrolera con fracking incluido. La utilización del agua, los páramos, reservas naturales. La aplicación de los planes bio energéticos. La dedicación del latifundio narco latifundista y terrateniente en la explotación extensiva ganadera; así como destinación de tierras en cultivos de la palma africana y de maíz, afín a lugar en la obtención de combustibles biodegradables, con el prurito del lavado de dineros en esas empresas.
– Proponen enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal; pero no para salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder, gracias al sistema desbastador de lo extractivo, en contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, aparecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economías informales. Los líderes sociales y dirigentes comunitarios que se oponen a esa degradación y depredación resultan asesinados. Esos son también los masacrados. Esto está íntimamente relacionado con los interese programáticos del partido de gobierno, el centro democrático (CD). El 50% de los casos de asesinatos selectivos y de masacres ocurren en los municipios con minería ilegal.
– La secta criminal CD, como usufructuarios del proyecto paramilitar de “refundación” que instauró una reforma agraria sangrienta, producto del desalojo, destierro, despojo de tierras en más de diez millones de hectáreas; a más de siete millones de víctimas, campesinos desplazados; mantiene en sus postulados la conservación de esas tierras en manos de los victimarios, sobre el montaje de ser “terceros poseedores”. A sangre y motosierra imponen el “no molestar” a los que quedaron con esas tierras de los desplazados (hoy mayoritariamente de las multinacionales) estimando como un asunto crucial, tanto en la bancada parlamentaria, como en las directrices presidenciales, que ese estatus quo ilegal y criminal no sea modificado. Conocidos como reclamantes de tierras, son quienes, a raíz de la desmovilización y entrega de las armas de las antiguas FARC, impulsados y representados por los (las) líderes en sus comunidades, regresan a sus comunidades. Los y las líderes que los representan resultan ser los acribillados; sacrificados por tener conocimiento y actividad social de las situaciones de despojo y mantener contactos, organizar e impulsar la defensa con las víctimas despojadas de esas tierras. Resulta inocultable el sicariato al servicio de los intereses programáticos de ese llamado partido de gobierno, el CD.
– Esa secta, CD, en el poder, se opuso y saboteo la salida política al conflicto armado interno con las guerrillas de las FARC-EP.
Obtenida la negociación y el arreglo definitivo, expresado en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, se propuso “hacerlo trizas”.
El llamado partido de gobierno, el CD, inspira entre sus seguidores un proceder sectario, de odio y de intransigencia en el trato del conflicto social y múltiple en el país. Para ellos hay “buenos muertos”.
– Una vez logrado el ilegitimo triunfo electoral con dineros del narcotráfico de la ÑEÑE política, ha sido visceral el sentimiento intenso, arraigado y personal, por desconocer a los antiguos ex combatientes, exguerrilleros, la personería de sujetos en el ejercicio político, ganado con el arraigo en las masas populares por más de cincuenta años de trabajo político y militar, anti oligárquico y antiimperialista.
– El tema de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos no deja de ser de aspecto primordial y sobre el que gira toda la política militarista, como estandarte del compartimento gubernamental, con la dosificación inoculada de su partido de gobierno, en desconocer la implementación de lo Acordado, para obtener una salida de fondo al problema del cultivo de la coca y la erradicación de la cocaína como factor de subsistencia para amplia población del campesinado colombiano.
Siendo que el Sistema transicional y de no repetición es integral, habilita el considerar lo de la implementación de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como temática particular. De exposición originaria se concibió la sustitución de cultivos con la aplicación de la Reforma Agraria Integral (RAI) y para ésta la práctica del buen uso del instrumento legal existente de la Zonas de Reserva Campesina. (ZRC). Una solución radical a los cultivos está íntimamente relacionada en un todo integral y concatenado. Pero en gracia de discusión, dar por aceptado que la aplicación de la sustitución voluntaria, con la rectoría de un ejercicio de aplicación de cooperativismo rural y de autonomía de economía campesina como sujeto activo de derechos, constituiría un eslabón o paso a la solución de ese flagelo. Actualmente el 37% de los casos de asesinatos selectivos y masacres ocurren en zonas de cultivos ilícitos. La amenaza del uso del glifosato significa la agudización del conflicto armado; la multiplicación de la comercialización de lo ilícito; la reaparición del escenario para incentivar el instrumento de guerra contra las drogas; la justificación de la presencia de los asesores de brigadas militares estadounidenses en el país; el imperio de la violencia y el terror en el campo colombiano.
– Los proyectos que afectan la conservación de la Naturaleza, están al orden del día en el emprendimiento del CD. No benefician el interés general de la Nación, ni el bienestar colectivo de las comunidades. Las someten a posibles expropiaciones de territorios ancestrales. Afectando ciento de miles de hectáreas de áreas protegidas; desconociendo los modelos de desarrollo en conservación. Se hace interminable las imprecaciones de ese partido contra la vida humana y de la naturaleza; puesto que contribuyen es a la institucionalización del Ecocidio.
De lo primordial o esencial
El CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas, de modos, de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupción sistemática de la economía subterránea. Por ende, en la suplantación del Estado y en lo hegemónico social.
La secta, que no partido, el CD, apoyados por el sub presidente electo fraudulentamente, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto. Con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción de los delitos conexos al delito de Rebelión; algo de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de exclusiva aplicación del juez transicional.
Lo de la injerencia de ese partido en el derrotero y función de la justicia, quedó plasmado y demostrado, durante el pasaje de presión política ejercida contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en lo referente con las resoluciones tomadas, contra su principal exponente, que funge como expresidente y exsenador. Destaca en la búsqueda de una justicia de bolsillo, de comportamiento cortesano en el aliciente de lo elegante y distinguido para el servicio al Ejecutivo.
Resulta primordial volver a la temática de la búsqueda de la Solución Política al conflicto armado interno. Superar trabamientos y talanqueras ante la miopía insoportable de la no continuidad de las conversaciones con el ELN. Vencer obstáculos ante la actitud del avestruz, frente a la inminente necesidad de acercamientos políticos con el Ejército Popular de Liberación-EPL. Superar con creces el análisis de lo surgido con los entrampamientos a la implementación de lo Acordado con las antiguas FARC-EP, que trajeron el resurgimiento de la Segunda Marquetalia. Redefinir el llamado al creciente sector de las FARC-EP, que no se acogieron al proceso de conversaciones con el Antiguo Secretariado y a quienes, indiscutible mente, los motiva la misma concepción de sus fundadores e ideólogos históricos. Como se ve, el panorama es más complejo que el tramitado hace cuatro años y es precisamente la vigencia de un factor partidario cuestionado, en los análisis que asume este artículo, el que lo coloca en la imposibilidad de una continuidad histórica de permanencia.
Predomina una arremetida guerrerista
Analistas y consultores han desarrollado trabajos de investigación entorno a estos temas asumidos. Partiendo del presupuesto del control territorial el monopolio institucional del mismo no está efectivamente garantizado. Las economías criminales predominan y con ello el imperio de la corrupción con efectos directos en el desempeño constitucional de la fuerza pública. El conflicto armado es anterior al narcotráfico en Colombia. La existencia de ese conflicto incentiva múltiples factores que hacen cada día más complejo la solución a tantos interrogantes de la vida nacional. Por ello el aumento de la violencia selectiva y de masacres. La fuerza pública se mueve en escenarios de regiones en que, por ejemplo, se suceden enfrentamientos entre bandas criminales y ello refleja un tratamiento y sintomatología para el accionar contra insurgente. En otras regiones, las bandas criminales no se enfrentan y por lo general, la fuerza pública ejerce un control sobre ellas en el tratamiento y sintomatología para el accionar contra insurgente. Lo predominante e inmodificable resulta ser la presencia territorial y copamiento de las insurgencias. Así presentado, es dable concluir que el principal problema de las institucionales fuerzas armadas radica en la existencia del factor insurgente y por ende, cómo hacer uso de esos factores armados para ese enfrentamiento contra insurgente y en ese orden de ideas el uso del instrumento paramilitar es de esencia sine qua non, en la medida en que exista el conflicto armado y las operaciones contra insurgentes oficiales. Eso explica el que el ejército nacional, con ayuda de militares de Estados Unidos y huestes fascistas paramilitares, asuman el sangriento control de amplias zonas rurales. Ese accionar y practica aupada por una secta política de dirección gubernamental, es la que garantiza el efectivo cumplimiento a intereses corporativo-militaristas, afianzando los de las multinacionales; fortaleciendo el control político de los sectores terratenientes ganaderos y latifundistas, objetivamente aliados del narcotráfico, redundando en beneficios para la cúspide del capital financiero colombiano.
De un estado mafioso
Ante ese panorama destacar considerar la característica del Estado colombiano como un Narco Estado o Estado mafioso. Ello implica el desconocimiento o inexistencia de un Estado de Derecho, puesto que el ataque al individuo, como ciudadano, es lo dominante en una teoría militar de aplicación del enemigo interno. En eso juega el interés del partido o secta de gobierno de imponer su ideario político y económico, sustentado en las privatizaciones a ultranza; alicientes al sector financiero, en contra de los beneficios populares; subsidios a los grandes terratenientes y ganaderos; aplicación de reformas fiscales regresivas a cargo y en hombros del pueblo; la arremetida contra los derechos laborales de los trabajadores, en fantasiosa promesa de ayuda al impulso de empleos, para enfrentar la pandemia del coronavirus; la preparación y/o mantenimiento del sistema electoral corruptor y clientelista en el control y atornillamiento, mediante el fraude electoral que avecina, ante el paisaje de renovación alternativa, que el auge del movimiento popular y revolucionario asoma en Colombia.
Existen múltiples presentaciones del oscuro panorama de la Nación colombiana. En lo local-regional, persisten disputas dentro del Establecimiento de poder hegemónico oligárquico contra insurgente. La dosis de militarismo la asoma el analista y asiduo colaborador del portal rebelion.org, el profesor Renan Vega: Claves: 1.- Las Fuerzas de Tarea Conjunta, según los define el profesor Renán Vega Cantor (Vega, 2016) “son grupos de despliegue rápido con una diversidad de especializaciones. Estos grupos se caracterizan por su capacidad de adaptación en diversos terrenos y su flexibilidad en el tipo de acciones, además de su carácter ampliamente confidencial. En varias de ellas hay presencia de Comandantes de Brigada del Pentágono estadounidense con experiencia en Irak y Afganistán.” “La Fuerza de Tarea conjunta Vulcano a la que según el Ministro de Defensa colombiano se dirige parte de esta tropa extranjera, está ubicada en Tibú, Catatumbo, departamento Norte de Santander. (Frontera con el Estado Zulia) Cuya fuerza inicial es de entre 7.900 y 10.000 efectivos. Estos fueron reforzados en el 2018 con alrededor de 5.000 efectivos de las Fuerza de Despliegue Rápido N°3 (Fudra). Esta es la única Brigada que, según Carlos Holmes, vendría a asesorar este contingente estadounidense en la frontera colombo venezolana”.
Predomina una desconfianza en torno a la fuerza pública y no asoma una capacidad de liderazgo, con voluntad política, para desescalar el conflicto armado interno. Centrar el problema de fondo en la guerra contra las drogas, impone el contenido militarista del partido en el poder. Para ello sublimizan; es decir, engrandecen, exaltan, elevando a un grado superior a unas fuerzas armadas, sumergidas en el laberinto de la desfachatez, escándalos, divisiones internas.
Quien se oponga, tanto política como académicamente a las posturas del gobierno y su partido, están en la mira del sicariato. Puede resultar extenso; pero intenté traer a colación todos y cada uno de los aspectos de la vida nacional; incluidos temas como la salud, la defensa ecológica y otros. No es que haya olvidado la suerte de la población en las ciudades. Al igual que las masas empobrecidas de los lugares apartados, soportan la convergencia de la violencia, resultado del gobierno hegemónico de la derecha militarista contra insurgente; siendo los sectores populares los más golpeados en el acumulado de muertos, por una guerra que no termina.
Que, aunque cojee llegue la justicia
El vil asesinato de que fue objeto el líder opositor Jorge Solano Vega, en la ciudad de Ocaña, el pasado 03 de noviembre, registra la detención de un sujeto, oriundo de Medellín, como autor material. Se valora los sendos pronunciamientos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N y del Ejército Popular de Liberación- E.P.L, en el sentido que no tuvieron que ver en absoluto con la autoría de tal crimen.
PERORACIÓN. Estas dos entregas apuntan a motivar en la búsqueda de los autores intelectuales de los horrendos crímenes ocurridos en Colombia. Como un ejercicio más, he redactado la Ponencia: “La Con causalidad de la Responsabilidad Penal del Centro Democrático en el Hecho Punitivo de Asesinatos Selectivos y Masacres”. Una tesitura que expongo a la Academia y Juristas de América, para que sea abordada por la disciplina penal y aporte a tal fin en los operadores de la justicia colombiana; o en última instancia, ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En la costa del Pacífico de Colombia se encuentra el Golfo de Tribugá, uno de los lugares más biodiversos e inexplorados del planeta. Actualmente el territorio es víctima de amenazas, como la tala indiscriminada de árboles o la aspiración de construir allí un megaproyecto portuario.
Pero la intención de cuatro conservacionistas y documentalistas (Felipe Mesa, Luis Villegas, Francisco Acosta y Jack Farine) se centró en presentar más que eso, y mostrar lo que hay allí ahora: “un verde hecho de matices incontables, mares hechos de agua y vida, la banda sonora de los sonidos naturales, la multiculturalidad de las comunidades que habitan el territorio, proyectos productivos autosostenibles que se desarrollan, otras maneras de vivir en comunidad y la muestra de que otros sistemas económicos (basados en la solidaridad) son posibles”.
El documental de 53 minutos “Expedición Tribugá” es una producción que busca sensibilizar al mundo sobre la importancia de conservar el Golfo de Tribugá. La producción está dividida en tres partes que coinciden con tres expediciones; la primera sigue a un grupo de expertos en la exploración del Cerro “Jánano” y se adentran en el bosque húmedo, la segunda llamada “Pusa” traslada su mirada al mar y la tercera denominada “Puru” triangula al bosque húmedo y al océano con las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en este espacio.
“Expedición Tribugá” estará disponible de manera gratuita hasta el 06 de diciembre, puede observarlo e informarse sobre el proyecto en la página web: www.expediciontribuga.com
La presentación del documental está acompañada de una campaña llamada #NoalpuertodeTribugá, un megaproyecto que pretende ser el segundo puerto más importante del país. Usted puede leer y apoyar la petición aquí
Información compartida con SURCOS por Jaime García.
Se suceden casi a diario. El espectador las vive y padece. Están a ojos vista, pues no se ocultan. Conforman un dilatado paisaje panorámico de terror, angustia, zozobra, estado de intranquilidad, desasosiego, congoja. Se sabe que son resultado del conflicto. Para algunos otra modalidad u otra cara de ese prologado conflicto armado colombiano. Nadie aborda con exactitud porque se dan. Intentan negarlas, dándoles otro explicativo o denominaciones; pero imposible e incomprensible, puesto que ahí están. Se les puede seguir o ubicar en una génesis, con un encadenamiento de sucesos y factores que van de lo simple a lo complejo, que la precisan y fijan, estableciéndolas en una forma puntualizada y precisa. Se aplican, utilizan y conocen en Colombia como masacres; así crudo, sin eufemismos, que son usanzas de expresiones que buscan sustituir un calificativo o expresión que socialmente es ofensiva o de mal gusto y que políticamente, para el ente gubernamental es un calificativo que expresa acusación, señalamiento, condena. Masacre es el asesinato a varias personas en estado de indefensión, en forma cruel, alevosa e innecesaria.
Las masacres en Colombia no obedecen a un fenómeno social o resultado de un conflicto social o económico. Un conflicto social permanente como en Colombia, reviste otras connotaciones, con afectaciones diversas, evocadores a comportamientos diversos. Las masacres enmarcan dentro de un efecto político, resultado de afectaciones propias del conflicto armado interno. El móvil determinante de su causa es el Control de Territorio. Este factor, digamos, es el que ha contribuido a confusiones. No es que exista una confrontación directa de las comunidades con el Estado. Este, con sus fuerzas armadas intentan mantener un control único cuando persiste otros factores armados, con múltiples conformaciones que trae consigo la fragmentación de organizaciones armadas, con presencia e influencia local y hasta regional, pero corresponde abordar a que se debe ese auge. Al menos intentar explicar. La constante es que en los escenarios de masacres persiste la presencia dominante de grupos- bajo nuestro enfoque- de estatus insurgente. A diferencia de otros grupos armados, estos no son volátiles, ni transitorios, sino que radican por la permanencia de control territorial local. Esto, sí constituye el principal factor de enfrentamiento con la fuerza armada estatal. De por si, esto no implica que se de a diario la confrontación armada directa. Cabe otra presentación: los métodos de posiciones y control por parte de las tropas gubernamentales ajustan a una dinámica, por no decir juegos, de reacomodos; asegurando la sucesión de mando oficial, bajo las acciones de baja y media intensidad contra las guerrillas, que responden a todas, inclusive a los bombardeos, que de por sí escasean en el panorama del conflicto…
Saber abordar y distinguir lo de control de territorio
Dominando un semblante de variadas circunstancias, no obstante, resaltar el aspecto principal: control del territorio. Pero no bajo el enjuague de la tónica de dominio del narcotráfico para asegurar “los corredores”, “las vías”, “los santuarios”, sede de los laboratorios y grandes almacenamientos de cocaína procesada; con anuncios de elevados costos en dinero, contante y sonante, no se sabe cómo. El meollo del asunto obedece al control del territorio por parte del Estado, en cabeza de sus fuerzas armadas, que hacen masiva presencia, sin eficacia, producto del desconocimiento y mentiras almibaradas, tanto por el negacionismo oficial-que es tapar el sol con un dedo- de la no existencia del conflicto armado interno, a la luz y contenido del Derecho Internacional y en consecuencia desvirtuar la existencia de un contrario insurgente, rebelde, de estatus beligerante, que reúnen los requisitos elementales de mandos unificado, permanencia por más de cincuenta años en amplias zonas bajo su control, ahondando en la aplicación de un ideario político.
Una estrategia contra insurgente sobre presupuestos falsos, no reales, en que domina es el alias, los sobrenombres, calificativos, estigmatizaciones, prejuicios; conlleva al armatoste de un escenario que pugna con la realidad y objetividad del problema y trae consigo aplicaciones de estrategias fatales como el montaje de la llamada “guerra contra las drogas”, que ha significado una guerra contra la nacionalidad colombiana y el uso y empedramiento de un ejército volcado contra el mismo pueblo, so pretexto de un “enemigo interno”. Conlleva el desgaste de unas fuerzas armadas estatales bajo desconocimiento de existencia real de un contrario al que la inteligencia militar desfigura y diluye sobre su existencia real. Un ejército despojado de la función de protección de las fronteras para evitar el tránsito de tropas extranjeras, para convertirse en mandadero de la oficialidad gringa y demeritar su naturaleza constitucional, al convertirse en una fuerza de choque policial antinarcóticos, con el saldo de atropellos, abusos, y asesinatos al campesinado de subsistencia cocalera. Da grima verlos en la función faldera de erradicadores forzosos, en contrario al espíritu de los Acuerdos de la Habana, que les quitó el peso de un ejército irregular al que no lograron vencer.
Analistas resaltan el fracaso del gobierno en su estrategia militar contra los grupos ilegales. Fracasan en verterlos en el mismo recipiente; por lo cual el esfuerzo diferenciador apunta al uso y provecho de aliados “indeseables” en la principal lucha del Estado colombiano, que lo es la contra insurgente. Ratifica la constante que en tanto hay conflicto armado y lucha contra las guerrillas, el trasfondo de la guerra sucia y el recurso del para militarismo es condicionante en la aplicación de una política y proceder militarista, para el enfrentamiento. Así ha sido y continua siendo; pero la mala hora por la que pasan las fuerzas armadas y sobre todo el ejército, por los escándalos de corrupción , atropellos, asesinatos, suicidios, inexplicables caídas de aeronaves, cantos misóginos, manifiestas divisiones internas, conducen a ineficacia en la aplicación de la doctrina militar, con un aumento significativo de las insurgencias ( ELN, EPL, Segunda Marquetalia, La continuidad de las Farc-ep, que no admiten el mote de “disidencias”, conforme a reciente y acertado trabajo periodístico de Ariel Ávila). Los ataques y eficacia contra las bandas de delincuentes comunes resultan tardías y suma acumulados de denuncias varias, sobre el apoyo y utilización de esas bandas en la inoperancia e inutilidad manifiesta del control territorial nacional
Indiscutible que los escenarios de las masacres en el campo obedecen al predominio, instalación y desarrollo, como forma de vida de estructuras de mercado, en ejercicio de salvajes competencias, entre competidores, por el negocio ilícito de la coca y sus derivados. En que los competidores relevantes armados influyen en la capacidad de incidir en precios, negocios, cantidades de mercancía y comprendiendo que es a la fuerza o con la ley del más fuerte, en la forma que obtienen el equilibrio apropiado. Esos actores armados actúan con funciones específicas: a unos los mueve la adquisición a todo costo de la coca, como materia prima. A otros lo indispensable para su procesamiento de la coca y consecución de recursos. Los hay quienes imponen gravosas cuotas conocidos como “bremajes”. Quienes influyen en el precio del alcaloide como la invasora DEA. Aplican, también, quienes ostentado autoridad y fuerza legal, recrean en el usufructo del enriquecimiento ilícito, producto de la corrupción. Todos y cada uno de esos actores armados que hacen presencia en esos territorios de violencia institucionalizada, por lo prolongado del conflicto sin fin, no escapan a ese azote como un signo maldito. La extensa y compleja Colombia, no admite que sea solo el móvil del narcotráfico el aliciente causante de las masacres. También influyen con peso específico el entorno de la explotación del oro; el lucrativo negocio del robo de hidrocarburos, con válvulas clandestinas a los tubos de los oleoductos, para extraer el “pategrillo”, combustible rudimentario en uso de los cristalizadores de cocaína y el refinamiento de una gasolina artesanal. El lucrativo negocio del contrabando de extracción, de especies, de gasolina, de ganado. El tráfico de armas. Todo un entramado que se adjudica a todos y cada uno de los actores armados y en el que la casta privilegiada del generalato militarista rumia, callado, enriqueciéndose en cifras exorbitantes.
Asomando un concepto de oligopolio, por este se sobreentiende una estructura de mercado, que tiende a una exclusividad de unos cuantos competidores relevantes, con sobrada y demostrada capacidad de influir en el auge del giro ordinario de tales negocios, en la imposición de precios, en el beneficio pecuniario garantizado, en cantidad y equilibrio.
Al difundir la mediática, como reconocimiento, que el móvil determinante de las masacres lo constituye el “control territorial” por el narcotráfico; avalan el esfuerzo por la redacción en lo mostrado, para sustentar la exposición del régimen militarista y dictatorial imperante en Colombia.
Puesto que las masacres obedecen a dinámicas como las expuestas; corresponde confrontar el relato oficial, implicatorio y justificante para el enturbio dispuesto de relación o situación.
Otra es la presentación. Excluyen la lucha frontal contra insurgente, como mandato imperial a un ejército y fuerzas armadas, made in Usa; cuando el hacedero, lo posible, es valerse del enfrentamiento de actores de delincuencia comunes, contra la insurgencia rebelde; como si les fuere dable afirmar, la no existencia de la confrontación directa, de los restantes actores armados, enunciados contra el Estado.
El control territorial obedece al monopolio de la fuerza por parte del Estado; cual carismática misión. El fin y objetivo de la actividad que implementa la dinámica de la guerra es borrar del escenario territorial la presencia de las fuerzas insurgentes, rebeldes. Para ello aplica lo de unirse hasta con el diablo. “Plata es lo que hay” resuena la lapidaria afirmación del generalote, que cual centurión romano dirige a mas de17.000 soldados en el Catatumbo nortesantandereano. Implica detenerse en la aplicación de los métodos contra insurgentes, de posiciones y control. No es por el control territorial de la insurgencia, que indiscutible lo ejerce por más de cincuenta años de conflicto. Mucho menos por el control de rutas del narcotráfico por parte de las guerrillas. Si algo asomó el fracasado, o mejor hecho trizas, proceso de terminación del conflicto armado definitivo con las Farc- ep, es que de ese control, en honor a la Verdad, debía responder eran las fuerzas armadas estatales. Se impone una redefinición al legado falsario de la dictadura mediática y el discurso oficial.
Indisoluble relación de asesinato de líderes y exguerrilleros desarmados con las masacres
Contribuye a extender un manto de impunidad el alegar que debido a la existencia de múltiples organizaciones armadas criminales, se impide identificar a los autores, tanto materiales, como intelectuales, de las masacres que han azotado a Colombia. Se suceden y los organismos investigadores del Estado, aportan solícitos la entrega o identificación de presuntos autores materiales. De esos solo el 49% resultan avante en lo investigable. Asombra la ofensiva simplicidad de atribuirlos a “organizaciones armadas” a “bandas criminales”, “grupos residuales armados”, “disidentes” de los acuerdos de paz. Como móviles han plasmado, cual tamaña desfachatez, que se originan por “ajustes de cuentas”, “control para la comercialización de la droga”, “control de rutas” “control de territorios” para el funcionamiento de negocios ilícitos, etc., etc.
Esas sucesivas masacres revelan el verdadero rostro y semblante de un conflicto armado agudizado. Tras la desmovilización de las antiguas Farc-ep, quedaron los efectos de su presencia popular arraigada en extensas regiones del país. La no implementación de los Acuerdos y en particular la no atención a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, generaron una situación explosiva de estallido social. Ha sido perverso el comportamiento estatal, luego de la anisada esperanza de erradicación voluntaria y la frustración por la no aplicación de programas a escala; volviendo a incrementar la guerra cual agudización de la lucha de clases en el campo y la sempiterna amenaza de volver a la fumigación aérea con el letal glifosato.
Según la ONU, durante el año 2018, se registraron 11 masacres. En el 2019, aumentaron a 36. El ultimo registro de masacres en Colombia, al redactar el presente artículo, se dio el fin de semana (22 de noviembre) y ocurrió en los departamentos de Cauca y Antioquia. Trece personas fueron asesinadas en hechos ocurridos en una discoteca en el corregimiento de El Mango, zona rural del Cauca (8 victimas) y el otro en una finca de la vereda La Julia, en Betania, Antioquia (5 victimas). Es la masacre #74 ocurrida en el territorio nacional, durante el corriente año de 2.020.
¿El clamor nacional reclama Quién los mató? El escenario es mayoritariamente el campo: pero también crece la tendencia en zonas semi urbanas. En zonas urbanas se atribuyen este año a la Policía Nacional: 13 asesinados durante las protestas del 09 de septiembre en Bogotá, en repudio al asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, en uno de los CAI de la capital. 9 asesinados en una cárcel provisional en Soacha, municipio cercano a la capital colombiana, al producirse un incendio en el que estaban hacinados 20 detenidos. El hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre en la Estación de Policía y se mantuvo callado, hasta que las madres y familiares de los inmolados, rompieron el silencio que amenazas y terror estatal les impusieron. Circulan pruebas de la omisión y desidia policial e imposibilidad a familiares para sofocar el incendio. La matanza de 23 reclusos en la cárcel Modelo de Bogotá, revelándose que no operó, por parte de la guardia penitenciara, el Inpec, una contención de fuga; sino el calculado accionar de asesinato a mansalva contra los amotinados. La aplicación de la pena de muerte, cual ley de fuga, que prohíbe el estatuto constitucional colombiano.
un cuadro desesperanzador
Amnistía Internacional (AI) cuestiona la voluntad política del gobierno colombiano, en cabeza del sub presidente Duque, para proteger a los (las) líderes sociales y advierte la carencia de eficacia de las medidas tomadas. Un tinte desesperanzado intoxica el ambiente al sucederse reiteradas amenazas y asesinatos de cuadros políticos del movimiento Colombia Humana; del destacado dirigente popular Gustavo Petro Urrego. El senador Gustavo Bolívar, de la misma agrupación política, ante nuevas amenazas de las “Águilas Negras” en su contra, da a entender que el Ministro de Defensa Holmes Trujillo actúa en complicidad con ellas. Petro, a su vez, ha sostenido que las tales “águilas negras” no existen, sino que obedecen a facciones o pandillas internas dentro de las mismas fuerzas armadas estatales. Es decir, en torno a la proyección analítica de ese elemento perturbador del ejercicio a la oposición política, las tales “águilas negras” actuarían como pandilla interna, con la aplicación de desaforados procederes con el proyecto de propósitos claros, e identificación de pensamiento e intención de llevar a cabo una política de contra insurgencia indiscriminatoria, resultado de un mandato político, que solo podría provenir del partido en el poder, que se comporta más como secta.
A ello se suma la campaña de sindicar y estigmatizar de la secta, que no partido, el centro democrático (CD), a la organización nacional del magisterio colombiano FECODE, por el interés y actividad de la juventud colombiana por protestar dentro del movimiento popular contra el actual estado de cosas. Esa campaña difamatoria y de estigma, trae como resultado recientes asesinatos a profesores; ensañamiento de extorsiones económicas en regiones como el Catatumbo contra el cuerpo magisterial. El reciente asesinato en la ciudad de Ocaña, contra el líder opositor Jorge Solano Vega (Coqui); valiente denunciante contra el maridaje corrupto de alianzas de grupos políticos y el señalamiento personal contra actuaciones del diputado del tal centro democrático, en unión con conservadores, con demostradas andanadas de críticas con que mantenía atenta a la opinión pública; sustentadas citas de corrupción en los manejos de los recursos de los Hospitales de Ocaña y de Abrego, el desvío de dos mil millones de pesos, de los recursos públicos para obtener salidas de carreteables en finca ganadera de propiedad de uno de ellos; e innumerables denuncias sustentadas con que martirizaba, tanto de día como de noche, a una calaña de politiquerías corruptos en la Administración municipal de su terruño. Ese, su asesinato, enmarca dentro de la sistematicidad de praxis política, para acallar las voces opositoras en Colombia.
Desde hace tres décadas, las instituciones de salud y los trabajadores del sector vivimos un proceso sistemático de privatización y deterioro de las condiciones laborales, en un contexto de la violencia social y política. A esto se suma hoy la equivocada gestión de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres y los asesinatos selectivos de los líderes sociales en todo el país.
En días pasados, varios compañeros han sido víctimas de amenazas, entre ellos nuestros amigos y colegas ROMAN RAFAEL VEGA ROMERO, profesor universitario, activista en favor del derecho a la salud y médico de profesión, fundador del Movimiento por la Salud de los pueblos (MSP) en Colombia y miembro de la Red Salud Paz, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ELSA NURY MARTÍNEZ SILVA, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, EMMA VÉLEZ TORO, presidenta de la Veeduría en Salud Pública y DDHH, SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO, académica, activista y feminista de la Universidad de Antioquia, miembro de ALAMES, así como también los compañeros miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, ÓSCAR SAMPAYO, YESID BLANCO, RAÚL BARBA RUEDA, LEONARDO GRANADOS Y ALEXANDER MATEUS RODRÍGUEZ. Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a todas y todos los amenazados por grupos armados organizados, bandas criminales y delincuencia organizada en Colombia, quienes recibieron amenazas de muerte, junto con otras personas que trabajan por un país más justo. Esas amenazas se producen en medio de las masacres y asesinatos del liderazgo social en todo el país, en medio de absoluta impunidad.
Detrás de las amenazas, presuntamente, están las llamadas “Águilas Negras” (bloques Capital y Magdalena Medio), un grupo que parece actuar en todo el territorio nacional, pero sobre el cual no se han producido detenciones. Es significativo que tales amenazas repiten el patrón de prácticas paramilitares: difamar y calumniar a los líderes sociales, vincularlos con grupos armados, y darles un plazo para abandonar la ciudad o el país.
El sector salud ya ha puesto numerosos muertos y heridos en medio del conflicto donde, como Misión Médica, ha sufrido los horrores de la guerra. De igual manera, las organizaciones sociales y ambientales han sufrido la violación sistemática de derechos humanos: a la vida, al trabajo digno, a la libertad de expresión y de organización; pero eso no nos alejará de nuestra defensa del Derecho Fundamental a la Salud y la Vida.
La protección de las y los ciudadanos, del personal del sector salud y la garantía de la atención en salud a la sociedad colombiana son deberes del Estado. Urge que el Gobierno, la comunidad y las organizaciones internacionales nos acompañen, en la medida de sus deberes y posibilidades, en la defensa de los y las trabajadoras de salud en Colombia.
Por eso exigimos;
Al Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al Ministro de Salud FERNANDO RUIZ, al Ministro de Defensa, CARLOS HOLMES TRUJILLO, al Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, al Procurador General FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al Defensor del Pueblo CARLOS ERNESTO CAMARGO, que investiguen y judicialicen a los responsables de estas amenazas.
También solicitamos a:
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Misión de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final que vigilen la protección de los derechos humanos de las y los defensores que están amenazados por su labor en Colombia.
Llamamos a la sociedad Colombiana a que se solidarice y se una en la defensa de la vida, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el territorio Nacional.
Suscribimos como personas y como Pacto Nacional por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas, y las organizaciones que allí se recogen,
– Adriana Ardila Sierra, Magister y Doctora en Salud Pública. – Adriana Martínez, presidenta, Asociación Bacteriólogos Javerianos (ABJ). – Agremiación Sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH). – Agustín Barúa Caffarena, psiquiatra y antropólogo, investigador de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay. – Alain F. Jiménez Fadul, presidente, Alianza Contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta. – Alberto Orgulloso, director, Escuela Nacional Sindical (ENS). – Aldemir Tello Padilla, presidente, Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (SINALPROFFT). – Aldo Cadena, Ex Secretario de Salud de Bogotá. – Alejandra Gómez, presidenta, Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME). – Alejandra Marín, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Alejandro Perdomo Rubio, Asesor de Servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología. – Alex Miguel López Guerrero, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Alicia Milena Torres, profesora universitaria. – Álvaro Acevedo Osorio, Departamento de Desarrollo Rural & Agroalimentario, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia. – Álvaro Franco Giraldo, Salubrista, Ex Decano, Facultad Nacional de Salud Pública y Ex Vicerrector, Universidad de Antioquia. – Amparo Hernández Bello, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), profesora universitaria. – Ana Marcela Bueno, docente universitaria. – Ana María Soleibe, presidenta, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Unidos de Colombia (ACTUS) y Médicos Unidos de Colombia (MUC). – Andrea del Pilar Vargas Daza, presidenta, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF). – Andrea Rojas, presidenta, Nutricionistas Unidos y Actualizados. – Angélica López, educadora, Fundación Tradición Oral. – Arnobi de Jesús Zapata Martínez, representante legal, Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC). – Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Argentina. – Asociación Médica Sindical Nacional (ASMEDAS). – Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Seccional Huila. – Asociación Sindical de Profesores Universitarios – Universidad Nacional (ASPU-UN). – Astrid Castellanos Correcha, Directora, Casa de la Mujer, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), grupo Medicina Social y Mesa de Salud por Boyacá. – Beatriz Elena Serna Maya, pedagoga. – Berena Torres, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Blanca Fanny Cárdenas Amaya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Red Sur (SINTRAREDSUR). – Carlos Andrés Santiago, Alianza Colombia Libre de Fracking. – Carlos Arturo García Marulanda, Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS). – Carlos Cañas, presidente, Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA) – Carlos Pérez Muriel, Asociación Escuela Ciudadana. – Carmen Báez, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina. – Carmen Cáceres, psicóloga, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina – Carmen Fonseca Cuenca, docente, Departamento de Física, Universidad Pedagógica Nacional. – Carmen Tessio, médica psiquiatra, Formosa, Argentina. – Carolina Cabrera Bastidas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Carolina Corcho, presidenta, Corporación Sur. – Carolina Madrid Torres, Movámonos por la Vida. – Cecilia Vargas, presidenta, Organización Colegial de Enfermería (OCE) – César Abadía Barrero, profesor, Universidad de Connecticut. – Cesar Augusto Hoyos, presidente, Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social. – Cesar Carrillo, presidente, Asociación de Pensionados Petroleros de Colombia (ANDEPETROL). – Clara Inés Susa Cañón, docente universitaria. – Clara Meriño, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador. – Claudia Esmeralda Clavijo, profesora de Alemán, Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional de Colombia. – Claudia Marcela Velázquez, presidenta, Concejo Técnico Nacional de Enfermería (CTNE). – Claudia Naranjo, vocera, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Colombia. – Claudia Patricia Rojas, Profesora, Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia. – Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC). – Colectivo por la paz en Colombia desde México (COLPAZ): Eliana Cárdenas Méndez, Lady Johanne Rondón Arévalo, Javier Eduardo Bello Bravo, María Isabel Mazo Duarte, Martín Emilio Cruz y Morelia Montes Barahona. – Confederación Colombiana de Profesionales de la Salud (ColProSalud), Colombia. – Constanza Díaz Grajales, Claustro de Profesores, Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle. – Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). – Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí). – Corporación Grupo Guillermo Ferguson. – Cristina Ruiz, Argentina. – David Cuéllar Gálvez, profesor universitario. – Deivis Giovanni Romaña Escobar, Veeduría ESMAD y colectivo de DDHH. – Diana Giraldo, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Diana Marcela Vega Vargas, Politóloga. – Diego Cardona, CENSAT – Agua Viva y Amigos de la Tierra, Colombia. – Diego Cardona, coordinador general, CENSAT – Agua viva – Diego I. Lucumí, profesor universitario. – Diego Valencia, Agremiación sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH). – Dionne Cruz, presidenta, Asociación Colombiana de Salud Pública. – Diviana Alexandra Rodríguez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Dolly Magnolia González, presidenta, Asociación Colombiano de Escuelas y Facultades de Enfermería (ACOFAEN). – Edison Mauricio Orozco León, Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (SINTRAIME). – Eduardo Guerrero, vocal, Asociación Colombiana de Salud Pública. – Edwin Palma Egea, presidente, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). – Edwin R. González, profesor, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – Efraín Chuquín, presidente, Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín. – Eilen Cecilia Pardo Martínez, Presidente de la Asociación de Profesionales de Centrales de Esterilización del Nororiente Colombiano (APCE). – Elba Luz Martínez, docente universitaria. – Elis Borde, professora, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil. – Elsa Nury Martínez Silva, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). – Elvert Medina, Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G). – Emma Vélez Toro, Veeduría Ciudadana en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. – Emmanuel Eduardo Rozental Klinger, Pueblos en Camino, Abya Yala. – Ennue Nathaly Fajardo Rosas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Enso Ortt, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina. – Erika Arteaga Cruz, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Ecuador. – Ernesto Roa, Coordinadora Nacional Agraria. – Esperanza Cerón Villaquirán, representante legal, Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (EDUCAR CONSUMIDORES). – Estefany Grajales, Fundación Comunidades Unidas de Colombia. – Fabián Rosas, presidente, Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM). – Fernanda Unigarro Santacruz, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Fernando Castro Alfonso, director, Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bogotá-Cundinamarca. – Fernando Puello, presidente, Colegio Colombiano Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y Mesa por la Salud y Seguridad Social de Antioquia. – Francisco Cabrera, Comité de Enlace, Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP). – Francisco Castellanos, director, Organización Defensa del Paciente. – Francy Rojas Quiroga, vicepresidenta Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en Colombia (ASOFOESSTCO). – Freddy Perilla, presidente, Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACOEEN) – Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD). – Gabriel García, Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, Chiapas, México. – Gabriel Riaño, Mesa de Salud por Boyacá. – Gerardo Segovia, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina. – German Hernández Orozco, Presidente Sindicato de Trabajadores Hospital Militar Central (SINTRAHOSMIC). – German Reyes Forero, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) Antioquia – Gilberto Ríos, Uruguay. – Gilma Rico González, presidenta, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, (ANEC). – Gina Rojas Fernández, médica activista por el derecho a la salud, miembro de Dignidad Médica Colombia. – Gino Straforini, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Giovani Jule, mayor, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). – Gloria Leal, profesora universitaria. – Graciela Pilone, médica dermatóloga, Peronismo Militante, Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Haydali Rodríguez, profesora universitaria. – Héctor Alfonso Mendoza Moreno, Asociación de Usuarios para la Defensa de la Salud (ASUDSALUD). – Heliberto Sosa Jaramillo, Vicepresidente SINUVICOL, seccional Medellín. – Herland Tejerina, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Bolivia. – Inma Quitzel Caicedo, presidente, Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI). – Isabel Cristina Bedoya Calvo, profesora universitaria. – Iván Celedón, presidente, SINTRACAPITAL. – Ivonne Dorado, profesora, Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia. – Jaime Alberto Goenaga, presidente, Sindicato de Trabajadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. – Jaime Hernán Urrego Rodríguez, médico, Doctor en Salud Pública, Asesor de Pueblos Indígenas y profesor universitario. – Javier Moreno, vocero, Mesa Regional por la Salud de Boyacá. – Jiomar Estefanía Bohórquez, comunicadora social, periodista y defensora de derechos humanos. – Johana Martínez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Jorge Alberto Ocampo H., presidente, Bacteriólogos en Acción. – Jorge Quizhpe, Equipo Comunicándonos, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Ecuador – José Cuesta Novoa, Doscientos mil besos por el San Juan de Dios. – José Edilson Pava, Asociación Andina de Carga Liviana. – José Giovanni Peralta, presidente, Sindicato de Médicos Especialistas de Boyacá, (SIMEB). – José Pablo Escobar Vasco, decano, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – José Ricardo Navarro, decano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. – Juan Antonio Santa Cortez, Confederación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Colombia (CONFEDASUCOL). – Juan Camilo Calderón Farfán, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana. – Juan Canella, bioquímico, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Argentina – Juan Carlos Orjuela, presidente Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas. – Juan P. Cepeda, Corporación para la Investigación Socio Ambiental Caminos del Agua (CORPOISACA). – Julia Beatriz Calderón Mora, presidenta, Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales (ACITEQ). – Juliana Moreno, presidenta, Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR). – Karen Muñoz, médica familiar, profesora, Universidad de Nariño (UDENAR). – Katia Cesa, Brasil. – Kevin Siza Iglesias, Colectivo de Jóvenes Trabajadores – Laura Andrea Rodríguez Villamizar, médica, magíster en Epidemiología y doctora en Ciencias de la Salud Pública y Epidemiología, profesora e investigadora, Universidad Industrial de Santander (UIS). – Leonel Gulloso Pedrozo, médico epidemiólogo, profesor universitario. – Liliana Borsani, médica sanitarista, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina. – Lizeth Martínez Andrade, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Luciano Blanco, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Luis Alfonso Fajardo Sánchez, director, Fundación Consultores Asociados. – Luis Arnulfo Cáceres Gómez, Gremios Salud Colombia. – Luis Fernando Arias, consejero mayor, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). – Luz Marina Suaza, profesora universitaria. – Mabel Careaga, Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina – Marcel Guarnizo, Colectivo de Jóvenes Trabajadores. – Marcela Bobatto, Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo, Argentina. – Marco Aurelio Torres Segura, presidente, Sindicato Gremial Nacional de Optometría (SIGNO). – María Carolina Morales, profesora, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia. – María de los Ángeles Tessio, médica, directora CeSAC 32, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. – María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Boyacá. – María Doris González, presidenta, Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (SINDESS). – María Esperanza Echeverry López, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia, profesora, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – María Hamlin Zúñiga, Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria, y Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Nicaragua. – María Raquel Espinoza González, Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY). – María Rosa Rivas, directora de hospital, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Provincia de Buenos Aires, Argentina. – María Victoria Jiménez, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Antioquia. – Maribel Florián Buitrago, profesora universitaria. – Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador, Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, y Red de Universidades y Organizaciones sociales – Red SaludPaz. – Mario Parada, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Chile. – Maritza Rojas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Marlene Isabel Vélez de la Vega, presidenta, Colegio Nacional de Bacteriología (CNB). – Martha Velasco Rodríguez, Red de investigación. – Mauricio Hernando Torres Tovar, representante, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP). – Mauricio Rodríguez Amaya, Red de Activismo Judicial Territorial. – Maximino Espinoza, Asociación Municipal Campesina de Colonos del Pato (AMCOP). – Maylen Rojas, doctora en epidemiología. – Mery Constanza García, profesora, Universidad Nacional de Colombia, ex magistrada y presidenta del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería. – Mesa Antioquia por la Transformación del Sector Salud. – Mesa Ecuménica por la paz (MEP). – Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA). – Miguel Antonio Lasso Muñoz, presidente, Federación Nacional de Transportadores de Servicio Especial y Turismo (FENALTRAES). – Miguel López, comunicador social. – Miguel Morantes, presidente, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). – Sandra Milena Montoya, profesora universitaria. – Miryam Gorban, coordinadora, Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición, doctora honoris causa, Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, Argentina. – Miryam Rico, presidentes, ACCES. – Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Brasil. – Movimiento Indígena de Mujeres Nasa del Cauca Hilando Pensamiento. – Movimiento Social por el Derecho a la Salud y el Buen Vivir. – Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) y Movimiento por el Derecho a la Salud «María Rivarola», Paraguay. – Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) – República Dominicana – Myriam Acero Aguilar, profesora, Universidad Nacional de Colombia – Myriam Rozo Alvarado, Asociación Colombiana de Centrales de Esterilización. – Myriam Fernanda Torres Gómez, profesora universitariaNancy Molina A, presidenta, Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI). – Narda Carolina Delgado, presidenta, Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI) – Natalia Sierra, COMUNA, Ecuador. – Navis Castro León, representante legal, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Guaviare (ASOMAUCOWOT). – Nicolás Dotta, Médicos del Mundo Francia. – Nidia Quintero, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). – Nora Aller, odontóloga, Argentina. – Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, presidenta, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI). – Olga Ruth Moya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Subred Sur Tunjuelito. – Omar Segura, profesor e investigador en salud pública y epidemiología. – Oscar Feo, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Venezuela. – Oscar Hernández, Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de la Macarena y la Orinoquía Colombiana (CORPOECOAMEM).Patricia Cadavid, presidenta, Asociación de Empleados y trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD). – Patricia González, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Lozada (ASOPEPROC). – Patricia Molano, magister en salud pública y candidata a doctora – Patricia Montanti, médica pediatra, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), San Luis, Argentina. – Patricia Uribe, profesora universitaria. – Pedro Contreras, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) nacional. – Piedad Morales López, presidenta, Asociación de Usuarios ESE Hospital San Vicente de Paul, Caldas, Antioquia. – Rafael Malagón Oviedo, director, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia. – Raúl Ávila Ramos, Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí). – Red Colombiana de Salud Perioperatoria. – Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la paz (Red SaludPaz) – Richard Harold Salazar, presidente, BIOPAZ. – Ricrdo Ramírez Aguirre, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador (FNSPE), Ecuador. – Roberto Angulo, vicepresidente, Médicos Unidos de Colombia (MUC). – Román Rafael Vega Romero, profesor universitario, miembro de la Red Salud Paz, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), exsecretario de Salud de Bogotá. – Román Restrepo Villa, profesor, Universidad de Antioquia, miembro Asociación Colombiana Salud Pública. – Rosibel Prieto, Red Colombiana de Salud Preoperatoria. – Rubén Darío Gómez Hurtado, presidente, Federación Departamental (CGT) Antioquia. – Rubén Hoyos, presidente, Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad (UNETE). – Ruby Maritza Rojas Timaran, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Salud Popular – Frente Ciudadano por la Salud (FCS): Noemí Gascón, Alicia Gallo, Graciela Carriola, Nelida Miller, Argentina. – Samir Cardozo, presidente, Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, (ACEFIT). – Sandra Marín Red Jarilla, Plantas Saludables de la Patagonia, Argentina. – Sandra Zuluaga, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Santiago Osorio Ortiz, médico especialista, profesor y jefe de sección ORL, Universidad de Antioquia. – Sara Yaneth Fernández Moreno, profesora, Universidad de Antioquia. – Sergio A. Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria. – Sergio Isaza, presidente, Federación Médica Colombiana (FMC). – Sergio Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria – Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección. – Steven Orozco, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Susana Ratti, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Buenos Aires y AMGBA, Argentina. – Teresa Mosquera Vásquez, profesora, Universidad Nacional de Colombia. – Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, Boyacá – Vavis Castro León, Asociación de Cabildo y Autoridades Tradicionales del Guaviate (ASOMAUCOWOT) – Víctor Correa Vélez, Ex representante a la Cámara de la República. – Víctor de Currea-Lugo, médico y periodista. – Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Pueblos en Camino, Abya Yala. – Vivian Palmbam, psicóloga, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina – Wilfer Jhon Pinzón Fuentes, presidente nacional, Asociación Nacional Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC). – William Agudelo, presidente, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE). – William Barajas, presidente, Renovación Médica Gremial. – William Manrique Montero, presidente, Sindicato Colombiano Estatal (SINCOEST). – Xavier Maldonado, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Ecuador. – Yadira E. Borrero Ramírez, profesora universitaria, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia. – Yulieth González Echavarría, presidente, Gremio Odontológico Colombiano.
Compartimos el libro Pandemia al Sur compilado por Olver Quijano y Carlos Corredor Jiménez en cuya presentación se lee:
“Una espontánea conversación, mientras transcurre el desayuno en una mañana de confinamiento, ha confrontado una vez más, amable y fraternalmente, a dos generaciones y, por tanto, a distintas visiones sobre la existencia y el presente-futuro de la humanidad. Mientras en casa destacábamos la importancia y necesidad de que los jóvenes se familiaricen con la tradición oral y con algunos saberes tradicionales, afirmé: “¡qué bueno que las nuevas generaciones puedan escuchar hasta cómo curar una gallina sin necesidad de ir al veterinario!”. Nuestro hijo Juan respondió de manera desafiante: “¡sí!, y ustedes ¿por qué no escucharon cómo cuidar la naturaleza y la economía?”. Un largo, intimidante y hasta escandaloso silencio acompañó el final del desayuno, interrumpiendo la transitoria tranquilidad matutina de otro martes de mayo.
Reclamos y protestas de este tipo son ya comunes en cualquier espacio y escenario socioeconómico y político/cultural con protagonistas de diverso tipo. Todos y todas, y de singulares maneras, dan cuenta de los hechos inéditos más lapidarios de nuestros tiempos: la crisis civilizatoria, el pandémico y hegemónico mundo actual, la devastación ecológica/social, y claro, el creciente desprecio por la vida. La actual coyuntura pone una vez más este debate en el centro de la agenda política como de las necesarias transformaciones sustantivas, en medio del colapso y del paro generalizado como de un extraño reclamo por la normalidad, es decir, por la crisis.
En el estrecho marco de una institución universitaria moderna, colonial e imperial de la provincia colombiana, ya hace más de una década se intensifica el debate, la comprensión y la conversación sobre estos temas y problemas. Se trata de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad del Cauca, Colombia, programa instalado en una de las grietas de la institucionalidad letrada poco practicante de la justicia cognitiva y epistémica. Empero, en medio de la ola desarrollista y neodesarrollista que recorre el mundo, del capitalocentrismo, el estadocentrismo y las representaciones naturalizadas del desarrollo y la ecoNOmía, este programa de posgrado, movido desde una analítica transdisciplinaria y posdesarrollista, representa una apuesta para seguir pensando a contrapelo, tal como sucede con las reflexiones que integran el presente libro. Inspirados en la necesidad de profundizar el diálogo entre prácticas académicas y prácticas intelectuales desde una perspectiva pluriversal, este esfuerzo, cuyo sustrato son las visiones y prácticas de diferencia económica, política, ecológico-cultural y epistémica en contextos de heterogeneidad, discute el papel de los bienes comunitarios, el territorio y los procesos autonómicos en la concreción y movilización de proyectos y pensamientos singulares y sociohistóricos como fuentes de inteligibilidad y posibilidad.
Esta aventura, inspirada también en el valor político del acto de incomodar, ha sido posible gracias a la generosidad y solidaridad de varios amigos y amigas, académicos, intelectuales, comuneros y comuneras, dirigentes, etc., quienes han compartido sus proyectos, apuestas políticas, pensamientos, preocupaciones, prácticas, sueños, experimentos, voces, análisis y, sobre todo, su cariño y sus esperanzas por un(os) mundo(s) mejor(es). Con algunos y algunas de ellos y de ellas se ha configurado el presente libro, muestra de que también en tiempos de confinamiento, a pesar de estar lejos, es posible seguir juntos.
Expandido el COVID-19 “gracias” a la arquitectura social y económica del mundo contemporáneo, y una vez declarada la nueva pandemia, no tardaron en circular numerosos análisis de influyentes pensadores globales, como es el caso de Žižek, Chul Han, Agamben, Houellebecq, entre otros, quienes se han movido entre utopía y distopía, guerra con un enemigo invisible o una guerra civil, y la idea de que el mundo después de la pandemia será el mismo, solo que un poco peor.
Otras posturas, ya numerosas y hasta innumerables, también tienen anclaje en otras locaciones y con otros actores, esta vez en el sur global, como proyecto societal, principio de inteligibilidad y lugar de la esperanza. Algunos de estos análisis integran el presente libro, compilación posible gracias al auspicio del programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo en la Universidad del Cauca, Colombia, y a la energía y generosidad del maestro Arturo Escobar, quien, sin dudarlo, apoyó la idea, consolidó su reflexión y sacrificó mucho de su tiempo para compartir e impulsar la iniciativa con amigas y amigos, y colectivos de distintas latitudes. Reconocemos la misma dosis de entusiasmo y generosidad en la maestra Rita Segato, quien nos animó, ejerció su capacidad para crear vínculos e imprimió fuerza y otra sensibilidad a esta obra.
Esta conversación –no tanto sobre la actual pandemia global, sino, en particular, acerca del carácter pandémico del capitalismo neoliberal, la crisis de los cuidados y la necesidad de “ensayar otras formas de estar en la sociedad” (Segato, en este volumen)– se extendió desde nuestro escenario local a varios países en donde amigos y amigas se sumaron rápidamente con sus aportes, inquietudes, preguntas y respuestas.
Si publicar en el horizonte de la justicia cognitiva significa “poner en público”, el pintor colombiano Adolfo Albán, desde el Valle del Patía en el Cauca y con su serie #40rentenagrafica, nos ayuda de otra manera a comprender lo que está pasando en esta etapa de aislamiento transitorio para unos y de acostumbrado aislamiento para significativos segmentos de la población. De esto también versan las ilustraciones del libro. Con una enorme gentileza, los maestros Ailton Krenak (Brasil), Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Enrique Leff (México), Arturo Escobar (Colombia/EE. UU.), Gustavo Esteva (México), Raúl Zibechi (Uruguay), Walter Mignolo (Argentina/EE. UU.) y la maestra Rita Segato (Argentina/Brasil) nutren y cualifican esta obra con sus análisis de emergencia, el compromiso con un pensamiento crítico no vanguardista y las salidas transicionales ante el colapso civilizatorio y la ausencia de inmunidad humana.
Como parte de una iniciativa del colectivo francés Écran Total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2) y como apartado singular para esta obra, Jorge Reichmann/Adrián Almazán y 300 firmas –entre colectivos y personas de distintos lugares del planeta– generosamente contribuyen con un trascendental manifiesto respecto a la necesidad de luchar contra un mundo “virtual”. Se trata de un documento trascendental para esta época de posible “inocente” fascinación de grandes sectores de la población mundial con la tecnología y la dependencia total de ella. Del análisis y las advertencias sobre sus peligros como de actuales y eventuales colapsos ecológicos, políticos, económicos, sanitarios y ontológicos se ocupa este trabajo colectivo.
El aislamiento obligatorio nos ha ayudado a intensificar el proceso de comprensión de la sociedad en su complejidad y de esta singular coyuntura. En tal esfuerzo, con elementos comunes pero con especificidades propias de sus lugares, trayectorias e historias, Olver Quijano Valencian(Colombia), Tulio Clavijo Gallego (Colombia), Yuri F. Tórrez (Bolivia), Carlos Corredor Jiménez (Colombia), Catalina Toro Pérez (Colombia) y Hackeo Cultural (Guatemala y México) –colectivo de narradores, cuentacuentos, artistas, comunicadores, radialistas, periodistas y hackers culturales–, así como el grupo conformado por Cynthia Angulo Jara, William A. Cisneros Ordoñez, Alex L. Dagua Mosquera, Rocío Hernández Romero, Gloria Ángela Niebles Gutiérrez y Víctor A. Yarza de los Ríos, contribuyen todos y todas, con sus inquietudes, preocupaciones y apuestas, a poner el acento en la necesidad de juntarnos para diseñar las ideas, pensar disruptivamente y seguir haciendo de las calles el epicentro de la protesta, la propuesta y la fiesta.
En un ambiente de desconcierto, arbitrariedad y autoritarismo gubernamental como de procesos neo panópticos de control y de cinismo corporativo empresarial, no deja de sorprender el cúmulo de manifestaciones solidarias y de desprendimiento de hombres y mujeres, claro está, de parte de los más humildes y “jodidos”, aquellos para quienes la vida es más importante que los negocios, y los abrazos, una necesidad comunal. Son quienes nos recuerdan que “no podemos construir lo nuestro con lo mismo”. El libro Pandemia al sur también es producto de un acto de generosidad de los autores y autoras, con la esperanza de contribuir a una mejor lectura del actual momento histórico, de “proteger la vida, cuidar de ella en un aquí y ahora y a como dé lugar” (Segato, en este volumen).
Entre miedos, peligros, amenazas y esperanzas, los autores y autoras de esta obra colectiva nunca renunciamos a la posibilidad de volver a vernos, a mirarnos de cerca, a estrechar las manos y a abrazarnos, pero, sobre todo, a sentir la maravilla de saber que no falta nadie, o, por lo menos, que no faltan muchos”.
Olver Quijano Valencia Universidad del Cauca, Colombia
