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Etiqueta: Colombia

Segunda valoración: acusar al E.L.N.

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Recordemos que, por Acuerdo de Diálogos para la Paz, de marzo de 2016, durante el gobierno Santos II y el Ejército de Liberación Nacional, se sentaron a dialogar, en la ciudad de Quito, los plenipotenciarios de ambas partes en el conflicto armado interno colombiano. Resultados de ello se desarrollaron seis ciclos de Conversaciones, acordado el último ciclo para iniciarlo el pasado 25 de junio de 2018; pero la Delegación del actual gobierno de Iván Duque fue retirada de la Sede de las Conversaciones en La Habana y así permanece congelado ese proceso hasta la fecha.

COMO VAN LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL E.L.N.

Para las negociaciones entre el gobierno nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se fijaron seis puntos en la agenda: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz. 2) Democracia para la paz. 3) Transformaciones para la paz. 4) Victimas. 5) Fin del conflicto armado. 6) Implementación. Aunque taxativos, no se da un orden mecánico de aplicación, dada la característica de una larga historia de diálogos sin resultados visibles que resaltan la falta de confianza entre las partes. En tal sentido el desarrollo de cinco ciclos de conversaciones y situaciones alcanzadas corrió paralelo a consideraciones como el que “Nos alerta que el gobierno no le está cumpliendo a las Farc”. Gabino. Para el ELN “Como están las cosas, la rebelión sigue vigente”. El Frente de Guerra Occidental, expresa: la lucha armada tiene “plena vigencia” en Colombia. No es un modelo agotado, dicen… Pareciere que no es lenguaje apropiado a la búsqueda de la solución política; pero concluido el plazo del cese al fuego bilateral, el pasado 9 de enero de 2018, las contradicciones se fueron agudizando. Indiscutiblemente pesa la decisión de una suspensión de las conversaciones en forma unilateral, en este caso por parte de la estatal. La manifiesta tendencia a querer encasillar al ELN, a jurar a pie juntillas que abandonen la práctica del secuestro, sea con fines políticos o económicos de sustento, a cambio de nada. La reiterada afirmación de alistamiento de menores en sus filas; bajo el parámetro que en Colombia la minoría de edad va hasta los 18 años. Tergiversan el contenido de los Protocolos de Ginebra de protección a la población civil de ataques y contra los peligros provenientes de operaciones militares contra esa población, tipificando el secuestro como prohibido por el DIH, sabiéndose que se contempla como delito de lesa humanidad es la toma de rehenes y que el secuestro individualmente considerado, por parte de una fuerza insurgente, se asimila a la de una retención por parte del Estado; ambos bajo la consideración de conducta que los malos tratos y/o torturas a los retenidos califica como crimen de guerra o de lesa humanidad. Expresa el establecimiento bajo deseo manifiesto que lo recorrido en el proceso del fin del conflicto armado interno con las antiguas Farc-ep, se aplique mecánica y sínicamente al resultado de las conversaciones con el ELN. Lo cierto es que estos han manifestado que durante el proceso a alcanzarse con ellos no permitirán que la participación social, como característica central de la agenda pactada “se convierta en algo decorativo” y a tono con lo anteriormente expuesto: “El ELN no recluta, no hace redadas para llevar gente a la guerra. El ELN no obliga a nadie a ingresar, no tiene a nadie obligado en las filas”. Analizan el trato torticero dado a las Víctimas, retomándolo como tema predominante y en cuanto al modelo desnaturalizado de la concepción inicial y universal de la JEP, el vocero guerrillero Aurelio Carbonell, manifestó que no se van a someter “a esa justicia”; en el entendido que ha de explorarse otro modelo de justicia transicional. Además, rechazan una hoja de ruta que signifique la entrega de armas, antes que se materialice la implementación de los Acuerdos, en clara alusión a la experiencia deparada a las antiguas Farc-ep.

LA LINEA DE COMPORTAMIENTO GUBERNAMENTAL

El Establecimiento concibe las conversaciones en la dinámica de las confrontaciones armadas, sin modificarse la apuesta de la delegación del gobierno anterior, que en cabeza de Juan Camilo Restrepo sostuvo: “el cese bilateral no es el comienzo sino el resultado del proceso de desescalamiento” del conflicto. Mantiene la constante de exigencias unilaterales a la insurgencia en especial sobre el tema de secuestro, denominado como de retenciones individualmente consideradas por la contraparte insurgente. Esta, a su vez, ha aceptado colaborar en el desminado como gesto humanitario y no encuentra reciprocidad por la contraparte estatal, en asomos como el desmonte del paramilitarismo, el cese de asesinatos de líderes sociales, por no mencionar el fin del terrorismo de estado practicado como ejercicio contrainsurgente.

Quiso engatusar con la tipificación del paramilitarismo como delito y hasta las vacas sagradas de los jurisconsultos del Establecimiento replicaron que la solución no está en prohibir lo prohibido. Contraria a la concepción de búsqueda de solución alterna al conflicto, condiciona la suerte de las conversaciones a que los rebeldes respeten la legitimidad del Estado, cesen en toda acción armada y de saboteo económico contra el sistema contra el cual luchan en armas.

Imponen que el único que puede cobrar impuestos en Colombia es el Estado, en contraposición a la caracterización de una fuerza insurgente, que domina territorio, controla población e impone una juridicidad propia. De esa manera el actual gobierno exige a la contraparte la capitulación previa para conversar; desplazando el entendido de la insurgencia de tratar a fondo con soluciones de Acuerdo todos y cada uno de los factores de enfrentamientos manifiestos, una vez estén sentados en búsqueda de soluciones de fondo y definitivas.

La parte estatal, sin ningún gesto de retribución, exige al E.L.N que confiese si tiene efectivos en la República Bolivariana de Venezuela. Que le confirme el número de secuestrados en su poder, conforme a las cifras que la inteligencia estatal maneja. Aplica lo de derrotar militarmente a la guerrilla y luego conversar con ella; militariza el campo; desplaza unidades militares blindadas en regiones fronterizas como El Catatumbo, ineficaces en una guerra irregular de guerrillas y sobrado asomo de expansión militarista contra el vecino país. Activa las circulares rojas de detención internacional a reconocidos jefes insurgentes, junto con inusitada ofensiva diplomática de exigencias a países fronterizos, sin acatar las calidades de países garantes, de apoyo, acompañamiento y de cooperación, previstos en el Derecho Internacional, en armonía y colaboración al fin del conflicto existente. Desestima el gesto de peso político de designar como plenipotenciario en las conversaciones a su jefe máximo Nicolás Bautista, Gabino, como es de su usanza. Profundiza una calculada campaña de desprestigio a nivel nacional e internacional al ELN, estigmatizándolo no como una fuerza insurgente, sino narcotraficante, deshumanizada, con la ayuda de la dictadura mediática a fin de propinar los efectos de golpes políticos ante la población, ante ineficacia de los “golpes” militares que propina bajo el amparo de la inexistencia de veeduría internacional del desarrollo y contingencia de sucesos, supeditando la guerra a un juego de imprevistos.

En Insurrección, órgano informativo, a finales de junio de 2017, el ELN editorializa calificando a Santos de un adversario difícil y sinuoso para el dialogo, aunado a sectores del establecimiento empeñados en desconocer lo acordado “en una y otra Mesa”; caracterizados por lo confrontativo contra las expresiones rebeldes del movimiento popular; oteando agravamiento de la situación sin importar el ganador de la campaña electoral, para ellos independientemente lo fuere cualquiera de los partidos del régimen. El resultado del sistema electoral corrupto e ilegitimo colombiano, demuestra la hegemonía del bloque de poder contrainsurgente, sin cambio político específico alguno ante el reto del fin del conflicto armado interno.

Es sabido que desde la época del “estatuto de seguridad” del gobierno de Turbay Ayala, un decreto de guerra dispuso que todo lo relacionado con acciones de “orden público” debía pasar por el tamiz noticiario de la inteligencia militar. En las zonas de escenario del conflicto esa disposición continúa aplicándose, siendo dócil y sumisa la dictadura mediática al respecto. De esa manera han tejido en el imaginario de opinión que el Ejército de Liberación Nacional es una organización de narcotraficantes. Nada más alejado de la realidad.

Un recuento de análisis de prensa sobre el escenario de guerra en El Catatumbo destaca, solo en este Año de 2018, los golpes acertados al “Eln”, sin beneficio de la duda, como tampoco de prueba alguna. Así:

A enero de 2018. Desmantelan un centro de acopio de base de coca del ELN en la vereda Corinto del corregimiento San Martín de Loba (Sardinata), al servicio del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las autoridades hallaron 109 paquetes que contenían al menos 116 kilos de base de coca. La Policía aseguró que con esta operación se debilitó las finanzas del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en por lo menos 500 millones de pesos.

Difunden que según se conoció, luego de que el ELN recolectaba la base de coca en este lugar, la llevaban hasta los laboratorios para convertirla en clorhidrato de cocaína y posteriormente exportarla a Venezuela, Europa o Estados Unidos.

A 09 de febrero de 2018, siguen acusando al ELN, con lo de coca: con esta operación que pertenece al Plan de Campaña “Victoria”, se afectó cerca de 2 mil millones de pesos de las finanzas del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN. Destruyendo instalaciones en El Catatumbo mediante incursiones aéreas…

A 07 de abril de 2018. Desmantelan una de las refinerías más grandes del ELN en Convención. Corregimiento de Cartagenita…654 millones de pesos cuesta el complejo petrolero ilegal que desmanteló el Ejército. “Estamos en un complejo preciado para el Ejército de Liberación Nacional (ELN); les golpeamos las finanzas”. Mientras los expertos antiexplosivos destruían de manera controlada esta refinería, con el objetivo de que la compañía Capitán Francisco Bossio del ELN no continuara afectando la estructura petrolera de la región y no causara más daños ambientales en esta zona del Catatumbo.

A 02 de mayo de 2018. Caen once integrantes del ELN en el municipio Páez, Venezuela. Las autoridades también ubicaron una casa desde donde delinquían los capturados. Con tropas combinadas de la Armada Nacional y la GN venezolana, incautaron material de guerra de la comisión de finanzas Rafel Villamizar del ELN. Que, en el lugar, también fueron hallados 200 kilos de clorhidrato de cocaína, 99 kilogramos de marihuana y 500 de explosivos tipo R1, con alta potencia y gran alcance de destrucción.

Siguen vinculando a ELN con drogas: por el ‘Tío’ (30 o 40 años), capturado como jefe de finanzas del frente de guerra suroccidental del ELN.

A 12 de noviembre de 2018. Desmantelan complejo de cocaína del ELN en San Vicente, zona rural y boscosa de Abrego. El cristalizador producía al menos 2.400 kilos de droga al mes. Donde hallaron las estructuras ilegales al servicio del narcotráfico en N de S.

21-11-18. Se lee también que exportaban coca con sello Catatumbo. Este martes, la Policía Antinarcóticos anunció que, durante operativos realizados en Cúcuta, Tibú y Bogotá, capturaron a 25 personas más que traficaban para el ELN.

Así presentado el ELN seria esencialmente una organización narcotraficante. También sería la única, pues no se menciona golpes a ninguna otra. Todo un contrasentido cuando el gobierno, ante veedores internacionales, mantenía instaladas una mesa de conversaciones con colaboración de países y apoyo internacionales. Pero todo ello obedece al manejo de descalificación por la mentira y la calumnia a justificar el rompimiento de las conversaciones.

De ser cierto el panorama presentado pues el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no sería una fuerza con estatus político de beligerancia en un conflicto armado interno, de conformidad con los parámetros del derecho Internacional. Carecería de entidad propia como organización político-militar, con mandos superiores e inferiores. Su dedicación no sería la formación de cuadros. No ofrecería un programa de alcances mínimos para las masas. No ejercería un control y presencia permanente en territorio determinando; tanto en lo rural como en lo urbano. Tampoco desarrollaría trabajo político urbano y rural al interior del movimiento popular. Su finalidad no sería la toma del poder, sino la del enriquecimiento de sus miembros y militantes, estrategia que siempre han manejado en el sentido que hace treinta años si eran una guerrilla idealista y hoy no les mueve un gesto noble y de sacrificio.

POSIBLES SALIDAS

Partiendo del presupuesto que el ELN sabe, por experiencia, que es lo que no debe hacer ante la prepotencia hegemónica de la derecha en el poder; en mi condición de ciudadano, careciendo de ostentación, atendiendo al clamor de búsqueda de la solución política a la terminación del conflicto armado interno con el ELN y en consonancia con el mandato constitucional de búsqueda de la paz, sea el momento propicio para que se recomponga la Mesa de Conversaciones. Que la Alta Parte Contratante estatal tenga representantes plenipotenciarios por parte del Legislativo y lo Judicial en la Mesa de La Habana. Que las Conferencias Exploratorias de la Sociedad en el marco de las conversaciones con el ELN permitan avanzar eficazmente en los diálogos y en tal sentido se amplié el espectro de su participación con la reglamentación de aportes con debates de las organizaciones sociales, incluida la de las organizaciones de profesionales en todas las disciplinas. De igual manera se implemente la participación de la ciudadanía en municipios y ciudades intermedias inferiores a doscientos mil habitantes con Cabildo Abierto Populares que en ejercicio democrático debatan y aporten sobre temas de manejos de recursos naturales y defensa del medio ambiente, en sus jurisdicciones. El problema de la Salud, lo energético y la soberanía alimentaria. Y para impedir la burla por desconocimiento a lo Acordado, la parte insurgente presente como eje de conversación su desarrollo bajo la premisa que todo lo Acordado, sea inmediatamente implementado.

En la última alocución presidencial en cadena a todo el país, el 28 de noviembre de 2018, Iván Duque ratificó la disposición de conversar con el ELN, bajo la condición que el ELN deje de secuestrar y de actuar. Más de lo mismo. Ante el panorama de movilización y de resistencia popular agregó la búsqueda de la equidad en el país. Una expresión que se utiliza para mencionar un equilibrio entre nociones de justicia e igualdad social. La equidad alude en las relaciones sociales, en la defensa de igualdad del hombre y la mujer; es decir, la equidad de género que su partido CD despotrica y desconoce. En el uso y control de la propiedad y servicios, con función social que presupuestos fascistas no asumen. ¿Pero puede haber equidad, igualdad de ánimo, en un sistema de capitalismo salvaje neoliberal? Si el señor presidente no dialoga con el ELN, no dialoga con nadie. Ni con estudiantes, profesores, transportadores, campesinos, indígenas, ni empleados públicos. Y si lo hace es para engañar. En eso se condensa la existencia o no de voluntad política por parte del ejercicio oligárquico de poder.

La responsabilidad política del partido centro democrático

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Por Carlos Meneses Reyes

Una verdadera carrera de criminalidad se ha ensañado a lo largo y ancho del país y lo ocurrido en la Provincia de Ocaña- Nororiente colombiano- sacudida por el secuestro de un niño de cinco años, hijo del alcalde de El Carmen (Norte de Santander) no es extraña a esa sintomatología. De los habitantes de El Carmen se pregona: los del Centro del casco urbano son decentes. Los del extremo de Guamalito, vinculados al arribismo consumista del traqueteo narco paramilitar. El comportamiento anómalo en el manejo de una sociedad trasciende a la función estatal, más allá de la gobernabilidad de un país. Al cuerpo de nación le afecta lo de un Estado fallido.

Lo acaecido en los últimos sesenta años en Colombia lo catalogan como un país en guerra (internacionalmente, como un país asolado por un conflicto armado interno). Esa guerra interna ha dejado 262.197 muertos. 80.514 desaparecidos. 37.094 víctimas de secuestros. 15.867 víctimas de violencia sexual, 17.804 menores reclutados. Pese haberse firmado un Acuerdo de fin del conflicto con las Farc-ep, 25.000 personas fueron expulsadas de sus lugares de origen. A más de seis millones asciende la población desplazada durante los últimos años. Ya son cerca de 500 los líderes sociales asesinados, desde ese supuesto fin del conflicto con el anterior presidente Santos, titular del opaco Premio Nobel que no significó emblema, ni representó la Paz.

LA FINALIDAD DEL ACUERDO Y UN DESPROPOSITO DE PAZ

El Estado colombiano no ha demostrado un firme propósito en la obtención del fin del conflicto armado interno. La no cooperación armónica de los poderes públicos constitucionales así lo demostró. La injerencia de los órganos de control, la Procuraduría y en especial la Fiscalía, constituyéndose en una talanquera en la noria de la implementación de los Acuerdos. Los partidos políticos, cual conmilitones en el ejercicio de la guerra, gracias al ejercicio de un sistema electoral corrupto e ilegitimo, echaron a perder la finalidad de la salida política al conflicto armado interno en Colombia. Todos a uno y en particular el partido fascista denominado Centro Democrático (CD), dieron al traste con la finalidad que un Acuerdo de Paz o fin del conflicto con una insurgencia no derrotada militarmente. No acatan el significado de erradicar o sacar la violencia de la práctica política. Ese propósito lo desconocieron. Generaron la polarización de las figuras Santos-Uribe, siendo la misma cara de la moneda del Bloque Oligárquico Anti insurgente dominante. Bombardearon la implementación de los acuerdos, desde todos los ángulos. No permitieron el fin del conflicto; sino que por el contrario enfilaron toda actividad hacia el engaño, la felonía, la traición y la frustración de un pueblo, generando el enfilamiento del conflicto a manifestaciones de una nueva guerra, aún no esclarecida en la realización de sus propósitos. ¡Implantaron en el escenario nacional la paz de los sepulcros!

QUE ESTA PASANDO CON EL ESTADO, CON LAS FUERZAS ARMADAS, CON LA POLICÍA, CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El panorama nacional y regional es claro oscuro. Paramilitarismo se asimila a terror estatal. Para el mes de mayo de 2018 un estudio difundido por el periódico The Guardian, indica que el ejército colombiano ejecutó, a 10.000 civiles en los falsos positivos, para truncar las estadísticas, hacer ver que estaban “ganando” la guerra y aumentar la ayuda militar estadounidense. Los investigadores Omar Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Rodríguez (“Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”). Corresponde a un ejercicio frio y calculado, durante décadas de conflicto. Las ejecuciones extrajudiciales “fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con discapacidad funcional… Para los Juristas del Mundo que han participado en Caravanas de Juristas en Colombia. (La VI Caravana Internacional de Juristas se realizó en el pasado mes de agosto, con visitas a escenarios como El Catatumbo): “Nos ha sido muy difícil confrontar la bondad de los colombianos con unas tragedias humanas insospechadas”. “la violencia y la falta de esclarecimiento es lo que nos mantiene más preocupados”. Concluyen que luego de tantas denuncias y conocimientos de causas “nada hacia el futuro…”.

Ese “nada hacia el futuro” martilla la conciencia nacional ante la impunidad. Rebosan los dossiers sobre investigaciones y conocimiento sobre el paramilitarismo. La Corte Penal Internacional (CPI) no da compás de espera. Pero corresponde colocar el dedo en la llaga en el papel de los partidos políticos en el incremento del conflicto armado interno en Colombia. El propósito de un Acuerdo del fin del conflicto con las antiguas Farc- ep era sacar la violencia de la política. Los partidos de la derecha militarista no lo han permitido. Corresponde a una imposición de condiciones a regir para ambas partes: para el régimen y para quienes los confrontan.

Asistimos al exterminio, en escala genocida, contra los líderes sociales. Pero existen relaciones de con causalidad entre los asesinatos selectivos y sistemáticos a líderes en las diferentes regiones del país y los postulados del partido fascista Centro Democrático (CD). A manera de enunciado:

  • Todo lo relacionado con la mega minería, la defensa del agua y otros recursos ambientales corresponde a lo programático neoliberal del partido CD. La defensa a ultranza de la invasión de la inversión extranjera sin límite al cinturón de la soberanía nacional es del ejercicio de poder hegemónico actual. Las manifestaciones contra los procedimientos para oponerse a tal fin las enarbolan los líderes sociales y dirigentes comunitarios, en defensa de lo autóctono nacional y soberano. El indicio o señal de la actual ocurrencia es que esos contradictores son exterminados sistemáticamente.
  • Se conoce como reclamantes de tierras, a sujetos activos de los diez millones de hectáreas que, en un tiempo anterior y muy reciente de los periodos sanguinarios de Uribe en el poder, fueron desfoliados de sus tierras por la aplicación de la reforma agraria blanca del paramilitarismo en los campos colombianos. Lo programático del CD enfila contra la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras. Consagran el estatus quo de los juicios de pertenencia, en el sistema aberrante imperante en el Código Civil colombiano de la usucapión a los veinte años sin justo título; es decir, por las vías de hecho y el embuchado de los “terceros poseedores de buena fe”. Hoy esas tierras no son de paramilitares en particular, ni de agentes del ejército (…) son de multinacionales de los agrocombustibles, entre otros. La senadora del CD, María Fernanda Cabal, radica proyectos para el manejo de tierras, proteger a esa multinacionales y terratenientes particulares del latifundio improductivo, que criminalmente ocuparon esas tierras y persisten en los despojos a victimas campesinas. Ese proyecto busca “no molestar” a los que se quedaron con las tierras de los desplazados. En la usanza del vituperio, que es el modus operandi de ese partido fascista, el CD, esa flamante senadora, que cual ventrílocua señala a los reclamantes de tierras como “vagos y bandidos que no les gusta trabajar”, a sabiendas de sus consecuencias, ha llevado a considerar a Hernando Gómez Buendía: “Este asunto es crucial para el CD y por eso ha sido cogestionado entre Duque y su bancada”.
  • Buen número de los acribillados líderes sociales son voceros de los reclamantes de tierra; sacrificados por tener conocimiento de las situaciones de despojo y mantener los contactos con las victimas despojadas de esas tierras. El sicariato al servicio de los intereses programáticos de un partido fascista como el CD. Todo, por cuanto impulsan la desigualdad económica y social, bajo lo legal y la permanencia de despojo y de concentración de tierras. Enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal, pero no para salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder gracias al sistema desbastador de lo extractivo en contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, a parecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economías informales.
  • Ese partido, CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas de modos de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupción sistemática de la economía subterránea, en la suplantación del Estado y en lo hegemónico social. Corresponde “hacia el futuro” desentrañar o desenmarañar la simbiosis para beneficiarse mutuamente, como si existieren intereses y finalidades en común, entre la existencia de la sistematicidad de los crímenes a líderes sociales y comunitarios (ya hoy no acusados de auxiliares de las güerillas) y el acumulado político para ese partido fascista, el CD.
  • El Partido CD, apoyados por el presidente electo, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto y con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción de los delitos conexos al delito de Rebelión, como si ello fuera albur de cualquier “perico de los palotes” y no de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de esencial aplicación del juez natural. La finalidad buscada apunta a entrabar y colocar talanqueras a la insoportable situación de no continuidad de las conversaciones con el ELN y la actitud de avestruz, ante la inminente necesidad de acercamientos políticos con el Ejército Popular de Liberación (EPL).
  • Lo de la injerencia en la Justicia, por parte del fatídico partido CD, será tema de análisis en otra oportunidad, destacándose la búsqueda de una Justicia de bolsillo, al no aplicar ni el eufemismo de cortesana y de limarle a la Constitución del 91, el incisivo de la tutela: instrumento de mejor trato para servir de algo al sufrido pueblo. Sin olvidar la suerte de las ciudades, en el gobierno hegemónico de la derecha militarista, los pobres de los lugares apartados soportan la focalización de la violencia y son los sectores populares los que continúan poniendo los muertos en esta guerra que no termina.

¿Quién LOS ESTA MATANDO?

Por todo ello a futuro surge la cuestión: “¿Quién los está matando?”. La actividad política de denuncia nacional e internacional no se detiene. La convocatoria a la audiencia pública “Colombia por la Vida” en Popayán, requirió la presencia de los cuadros de ese partido CD, Guillermo Botero, como ministro de la guerra. De la Nancy Patricia Gutiérrez, como ministro del Interior. Ninguno de los dos asistió. La Fiscalía General aplica falsos positivos judiciales a miembros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente y del Congreso de los Pueblos y luego del escarnio y la picota pública son liberados.

Lo teleológico o finalista del presente enunciado corresponde a analizar que está trazada una directriz con el propósito que cualquier manifestación progresista, socialdemócrata, de la Colombia Humana y en especial consecuentemente revolucionaria, sea borrada de la faz del escenario político del país. Resulta inocultable que el partido fascista CD, se propone eliminar de la contienda política a todo líder y práctica política que proponga alternativas al modelo depredador de economía de casino neoliberal, que huela a defensa de los derechos humanos y la ecología, de reclamación y recuperación de tierras, de educación popular y defensa de la educación pública. No existe proclama política que reivindique el buen nombre de los líderes asesinados por parte de ese partido llamado e inscrito como Centro democrático (CD). De manera que cada día que cae un líder social o un testigo de excepción expresará: ¡un buen muerto!

No puede resultar que con el cumulo de sintomatologías enunciadas, un actor político como el partido Centro Democrático (CD) pueda eludir el peso de las investigaciones de la inteligencia del sistema estatal judicial y de la Corte Internacional de Justicia o Corte Penal Internacional (CPI).

Parecen los conciliábulos de sus Directorios Regionales, émulos de los partidos liberal y conservador, con su canibalismo político en la época de la violencia de los años 1950, tan degradados como en el presente, en que el “monstruo” Laureano Gómez editorializaba en el diario El Siglo, lo difundían los pulpitos del clericalismo anticomunista y al día siguiente se producía la masacre de liberales, tipo El Carmen, en el Norte de Santander, en el año de 1949.

LA RESPUESTA POPULAR

El actual gobierno hegemónico de derecha en Colombia entregó al imperio estadounidense la política exterior frente al caso de la República Bolivariana de Venezuela. Ha confiado, a pie juntillas, su política de seguridad al Centro Democrático. Su política corporativista y de especulación financiera a los gremios económicos. Semejando los sábados de Duque a los sábados de Uribe, el analista Manuel Humberto Restrepo Domínguez, en artículo publicado en el portal Rebelion.org. alude a los Talleres del Horror, enunciando que vuelven las masacres y la paz de los sepulcros. De otro lado, el líder popular Gustavo Petro ha roto el paradigma de la existencia de las tales “Águilas Negras” o “Águilas Verdes”, en la búsqueda de sustituir, dentro del contexto de investigación y desmonte definitivo del paramilitarismo, los ejemplos o modelos de antaño, superados y conocidos y centrarnos en los agentes de carne y hueso, criminales y desalmados de quienes están “de nuevo en el poder” atribuyéndose “el derecho a matar” e imponiendo el deber de “dejarse matar”.

Pero la Caravana de juristas Internacionales, en puntualización de la abogada británica Sue William, que nos visitó, plasmó una recomendación: “Después regresamos a nuestros países y escribimos un informe para visibilizar la situación del Catatumbo y el país, y que espero que sea un pequeño paso para cambiar”. ¡Ese también sea el reto “a futuro” de y para los juristas colombianos!

  1. Al finalizar el presente escrito circula la noticia que el menor Cristo José, hijo del Alcalde de El Carmen Norte de Santander fue liberado, luego de siete días de desaparecido.

 

 

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El engaño a la opinión pública nacional e internacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

A 23 de enero de 2018. Rebelion.org publicó mi artículo “EL CONTRA DE LA INSTITUCIONALIDAD COLOMBIANA A LA JUSTICIA TRANSICIONAL” en el que intento explicar que el Sistema Integral de Justicia Transicional Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (S.I.V.J.R.N.R), fue acordado por los plenipotenciarios del Estado colombiano y los plenipotenciarios de la fuerza insurgente y beligerante Farc-ep, bajo la inspiración del Derecho Internacional y los Acuerdos celebrados entre un Estado parte y un sujeto de derecho internacional como taxativamente se señala a “Los movimientos de liberación nacional con sus fuerzas beligerantes” y por ende los principios fundamentales de Justicia Transicional , que en Colombia encarna la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y su Tribunal para la Paz, quedaron inmersos dentro del llamado bloque de constitucionalidad; sin requerirse del sonajero del plebiscito, como tampoco de la intromisión del ejercicio del órgano de la función legislativa y el papel de la Corte Constitucional.

El tema acordado lo fue sobre la creación de una jurisdicción especial para tratar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos con ocasión del conflicto y por parte de las fuerzas en confrontación: fuerzas armadas de la Republica de Colombia y fuerza insurgente de las Farc-ep. Temas álgidos como lo del narcotráfico y el secuestro hacen parte de la conexidad del delito político de la rebelión. Así dicho, puesto que el secuestro no es delito de lesa humanidad, sí lo es “la toma de rehenes” como corresponde explicarlo a la opinión pública, como quiera que los delitos de lesa humanidad, tomando como fuente el derecho internacional y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, citando como ejemplo el enrolamiento de menores en la guerra y/o la violencia de sexo, obedece a calificaciones que le corresponde definir al juez natural ( en el caso nuestro a la JEP) y no a la fiscalía , ni mucho menos a la mediática dictatorial.

Esa categoría de conflicto entre un Estado y una fuerza insurgente está reglamentada en el sistema universal del derecho internacional y por ende lo rigen los Principios Fundamentales de ese sistema. Mencionando algunos: el principio res inter alius acto; por medio del cual lo acordado solo crea obligaciones entre las partes. Por ello los vinculados a la justicia transicional pactada son aforados. El principio de la Bone fide (Buena fe) y que del consentimiento- ex consensu advienent vinculum- deviene la obligación de responsabilidad internacional, por parte del Estado y la institucionalidad colombiana, al no implementar en su totalidad y sin modificación alguna lo Acordado entre esas dos partes

Es sobre este elemental enunciado, que desde entonces me propongo explicar y sustentar, cómo la Institucionalidad colombiana ha quebrantado sus responsabilidades internacionales al no implementar, en su totalidad, y sin modificación alguna lo Acordado entre esas dos partes.

En el interregno de dos años de implementación resalta el que la contraparte insurgente de las FARC-EP, ha cumplido con lo Acordado, destacando la entrega definitiva de las armas. La contraparte estatal, por el contrario no ha implementado conforme a lo Acordado y contrario al espíritu de ese a Acuerdo, no aplicó la armonía o colaboración armónica en el ejercicio de los poderes, sino que acudiendo a lo denominado en nuestro foro jurídico, la concepción santanderista de la legalidad, monto la enredadera jurídica del desconocimiento del bloque de constitucionalidad; habilitó el ejercicio legislativo y la competencia de la Corte Constitucional, erigiéndolos como si fueren plenipotenciarios; optando por modificar lo Acordado en contravía al mandato constitucional de búsqueda de la paz y el desarrollo armonioso de las ramas del poder público, en torno a lo Acordado.

En el planteamiento jurídico expuesto, los principios de autonomía y de inescindibilidad en la justicia transaccional (JEP) son tópicos inmodificables por el legislador y la corte constitucional. Por ende, las modificaciones unilaterales al sistema acordado no son vinculantes para los Magistrados de la JEP. El sistema de hermenéutica jurídica abarca no solo los aspectos y aplicación de las normas como también la comprensión de un sistema jurídico determinado y en el entendido que la justicia transicional es una justicia diferente a la justicia ordinaria.

La Justicia transicional es resultado de la aplicación de un sistema de justicia que supera o deja atrás al sistema judicial convencional. En el caso colombiano, el sistema judicial ordinario fue incapaz de dar una respuesta eficaz al problema de las víctimas y las violaciones de los derechos humanos. Superando el aspecto simplemente descriptivo, la Justicia Transicional aplica y usa mecanismos totalmente distintos a los del sistema judicial ordinario. No es que se trate de una justicia blanda. Obedece a una justicia restaurativa y a una justicia prospectiva, a futuro, a favor de las víctimas. Justicia aplicada a casos como el colombiano, en que un conflicto armado interno, a la luz del Derecho Internacional, al no ser derrotada ninguna de las contrapartes en conflicto, ni sometidas militarmente; para garantizar la no impunidad ante delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto, aplica esa justicia alternativa.

LA VINCULACION A LA CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

En esa Convención, en tratándose de Tratados alude a los Estados soberanos e igual terminología como la de “Estado negociador”, “Estado contratante”, Estado parte”, aplica a lo convenido bajo la denominación de Acuerdos celebrados entre un Estado parte y un sujeto de derecho internacional; que como en el caso de las Farc-ep asume ese rol desde el momento que el Estado parte le reconoce el status de beligerancia. Siendo un Acuerdo lo pactado para el fin del conflicto armado con una de las insurgencias colombianas; corresponde dilucidar el soporte jurídico internacional que explica la aplicación del bloque de constitucionalidad. Invocamos el Artículo 3, de la Convención de Ginebra, explicando que tomamos en ello una interpretación extensiva de validez en la hermenéutica jurídica. “Artículo 3.- Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la presente convención. El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará: a) Al valor jurídico de tales acuerdos; b) A la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente Convención a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de esta Convención; c) A la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional.”

Para los Acuerdos de La Habana y Teatro Colón los plenipotenciarios del Estado colombiano actuaron con plenos poderes y funciones de representación. Bajo el mandato del artículo 22 de la Constitución Política (CP): “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y el presidente, como cabeza visible de la unidad nacional (Articulo 188 CP) al firmar el Acuerdo de Paz lo hizo a nombre de todos(as) los colombianos(as). Conforme a esa representación ejerció la soberanía, que reside en el pueblo colombiano y del cual emana el poder público (Articulo 3 CP). No firmó como poder ejecutivo, sino como ejercicio soberano y popular. Las otras Ramas del Poder Público (Legislativo y Judicial) al no hacer parte de las conversaciones, ni de las negociaciones, ni firmar el Acuerdo Definitivo, sabían que colaboraban armónicamente para la realización de sus fines (Articulo 113 CP).

DE LA NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA A LOS MIEMBROS DE LAS ANTIGUAS FARC-EP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es una jurisdicción especial que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. Entró en vigor en los términos establecidos en el Acuerdo Final, 24 de noviembre de 2016 del Teatro Colon

Por ahora el gobierno colombiano no reanuda la implementación de los Acuerdos. El partido Farc ha pedido reactivación de los Acuerdos. Los integrantes de la desmovilizada guerrilla de las Far-ep, comparecieron ante la Comisión de la Verdad para exponer las razones históricas que motivaron sus acciones durante el conflicto armado. Indudablemente todos se han acogido a la JEP. El enunciado que el primer delito que ventilaría la JEP y que a los 32 miembros del Secretariado de las Farc-ep recibirían un listado de secuestrados cuyo paradero se desconoce desde hace años, es falso. También lo es lo de la obligación de rendición de cuentas a los de las ex Farc-ep sobre su reincorporación. Cumplieron con la cita a la audiencia del 13 de julio de 2016, a las 2.30 pm. Ninguno de los aforados por la JEP tiene procesos en curso en la jurisdicción ordinaria, por sustracción de materia. Los aforados de las antiguas Farc-ep, que no han disfrutado de la amnistía y permanecen como presos políticos les ha sido incumplido lo Acordado. Todos los acogidos se pueden mover por todo el territorio nacional y es falso que en caso de citación por la JEP tuvieren que presentarse personalmente y no por intermedio de sus apoderados; salvo que ante un llamado de calificación por un delito de lesa humanidad y/o crimen de guerra sean citados; situación jurídica aún no presentada. Se registra que ex jefes de las Far-ep acuden a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puesto que no les han resuelto su situación jurídica, con actuación del Dr. Gabriel Parra como su apoderado judicial, solicitando Medidas Cautelares. Censuran con prohibición de salida al aire de entrevista a un miembro del antiguo Secretariado, realizado por la directora del programa Mimbre, emitido en el canal institucional, bajo el prurito que el programa que debe estar al aire durante dos años no puede consistir en que una parte acuse a otra parte de incumplimientos ante millones de colombianos… Amenazan con reiniciar las fumigaciones aéreas con glifosato; decisión que violaría, una vez más, el espíritu del Acuerdo en lo de sustitución de cultivos con los cultivadores en las zonas de sembradíos de la planta de coca, ni proyectos económicos alternativos. En Carta al Senado el Ex Negociador Márquez dice que el Acuerdo de Paz fue traicionado, que ello sucedió después de la entrega de las armas y afirma eso es “perfidia, trampa, conejo; lamentando que “Nunca se debería haber entregado las armas sin haber asegurado nada a la guerrillerada”. Manifiestan que si bien no se declaran por fuera de los Acuerdos si están ante un proceso fallido.

Conforme a los anteriores enunciados corresponde calificar jurídicamente que a ninguno de los aforados de la antigua fuerza insurgente se les puede exigir el cumplimiento de una conducta diferente a la de no cumplir si no les cumplen.

La cláusula Rebus Sic Stantibus, alude a “estando así las cosas”. Al darse circunstancias nuevas, conforme a alteraciones enunciadas respecto a lo Acordado, se generan difíciles asimetrías entre los derechos vulnerados y alteraciones en las relaciones entre las partes. Conforme al Pacta Sunt Servanda: “lo pactado obligado” la contraparte al Estado colombiano no está obligada a cumplir mientras no se le cumpla lo pactado que se traduce en la implementación de lo Acordado conforme fue Acordado, sin majaderías de leguleyadas santanderistas. La Exceptio non ad impleti Contractus, se predica sobre la excepción al contrato no cumplido. Esto conforma aspectos y efectos de tipo jurídico universales. Digamos de sanción universal y efectos pecuniarios e indemnizatorios. Mas el sistema de lo Acordado implica la No Repetición y esta sabia definición de tipo político implica la No retoma de las armas por la contraparte afligida; sin eludir la responsabilidad estatal a esa No Repetición que en forma descarda el Bloque de Poder Oligárquico Contrainsurgente no aplica, al no erradicar el paramilitarismo, sabiendo por donde va el agua al molino. No obstante, el antecedente signado genera efectos negativos para los desmovilizados insurgentes farianos, individualmente considerados. Genera desconcierto para las Insurgencias aún activas en el territorio nacional como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con una Mesa de Conversaciones suspendida y expresiones regionales del Ejército Popular de Liberación (EPL), que manifiesta el interés en un trato especial para la búsqueda de la salida política al conflicto armado existente en Colombia. Queda la confianza puesta en la JEP que conforme al criterio de sus integrantes se juegan el no ser inferiores a las circunstancias.

 

 

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Los bonos agua o bonos carrasquilla

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses

El modelo económico de Casino, al que 50 años de lucha insurgente no le hicieron ni cosquillas y capitularon a su modificación, permite que las regalías, que constitucionalmente son “una contraprestación económica del Estado que se causa por la explotación de un recurso natural no renovable” puedan ser objeto de negocio por una sociedad captadora de recurso creada por el Ministro de Hacienda Uribeño, Alberto Carrasquilla, denominada KONFIGURA (Emisor y Prestamista), que tiene como socios al tal Carrasquilla, a Andrés Flórez (Grupo Estructurador) y a la sociedad panameña Navembi Investiment Inc, de acciones al portador, es decir, socios secretos, investigada por el escándalo “papeles de panamá” como evasores de impuestos. Sobre las regalías a municipios destinadas a agua y saneamiento; así se facilita dineros de ingresos fijos de los municipios y sobre esos montos emiten bonos a cargo del municipio que recibe el dinero del emisor prestamista (Konfigura) que consigue o capta dineros de prestamistas (de los Fondos de Pensiones Privados, de la sociedad panameña) al UVR+8% y al municipio le cobran al UVR+11%, ganándose un 3% sobre miles de millones de pesos colocados. En principio si emitieron 400 mil millones de pesos para prestar, el Grupo estructurador ganó 14 mil millones de pesos en 5 años. Pero los bonos no gozaron de buena reputación en el mercado de valores e inversionistas como Interbolsa, perdieron (particulares). 117 municipios destinaron anticipadamente el monto de ingresos de sus regalías. Recibieron los dineros de Konfigura y no los invirtieron (solo se registran 30 municipios con inversiones). En el caso del municipio de Abrego, en Norte de Santander, esos dineros se destinaron a una Urbanización nueva que requería acueducto y alcantarillado. La Urbanización no se construyó, quedando el acueducto y alcantarillado en proyecto. En averiguación, más de unos mil ochocientos millones de pesos del Municipio de Ocaña se habrían afectado; aunque en verdad para el año 2015 las regalías de ese municipio se perdieron por omisión de la “Administración” municipal que fue castigada (…) La denuncia al público concreta las ganancias de Konfigura en 70 mil millones de pesos, recibidas por el Grupo Estructurador en dinero contante y sonante; es decir por la derecha directamente. A su posesión, el ministro Carrasquilla figura- junto con su esposa- como miembro de la Junta Directiva de Konfigura, según lo Certifica la Cámara de Comercio de Bogotá. Continúa siendo socia la cuestionada empresa de lavado de activos panameña. De manera que en el tinglado de corrupción del gobierno de derecha uribeño, ese ministro es un discapacitado ético. Su esposa Clara Parra Beltrán funge como Alta Consejera Inversionista Privada del ilegitimo presidente Duque y en tanto que la mediática difunde que todo fue hecho con permisibilidad legal; la juventud opositora en RESISTENCIA en las calles comprende que es la protesta directa la que modifica el actual estado de cosas inconstitucional (eci) en Colombia. Carlos Meneses Reyes. Bogotá. DC. 10.09-2018.

 

 

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Ensayo sobre lo inminente fascista del centro democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por, Carlos Meneses Reyes

 

En Colombia las expresiones “ismo” en el léxico político han fenecido. Pero también los referentes de “centro” dejan de ser alocución valida. Lo de “polarización” pasa a ser una imagen en el colectivo, convirtiéndose en un estereotipo o camisa de fuerza que afecta el ideario de explicación de hechos y sucesos y la participación de fuerzas (sinergias), pasa a caracterizaciones definidas en torno a las denominaciones de derecha y/o de izquierda para analizar las situaciones concretas del devenir social e histórico del campo político colombiano.

En lo ideológico y filosófico-político, corresponde partir de lo concreto y definido bajo las caracterizaciones de derecha o de izquierda al aceptar como alocución no valida lo etéreo de centroderecha o de centroizquierda, llegándose al sin sentido de ubicaciones “un poco más hacia el centro” o “un poco más hacia allá”. Pero esto no obedece a simple inflexión de cambio de tono o de voz. Ocurre en el caso concreto político a la admisión de presupuestos de análisis en que, existiendo una hegemonía de derecha en el derrotero político del país, se tome como mediato al análisis los periplos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y de Juan ML Santos. Pesando el panorama del conflicto armado interno en ascendente, el Bloque de Poder Oligárquico optó por una salida militarista a la solución de este, lo cual explica la procedencia de un cuadro de extracción de campesino-rico para las riendas del Estado. Uribe Vélez fue ungido para incrementar la guerra, en aplicación a la salida militar y el andamiaje electorero político lo llevó a repetir el mandato, en dos ciclos de intensificación del conflicto armado en Colombia que concluyó en la no derrota militar de las insurgencias cincuentenarias. Ese mismo bloque hegemónico de poder oligárquico oteo el panorama de los resultados y con sobrada capacidad dio viraje hacia una tendencia de centro, predominando la designación para las riendas del Estado en un cuadro de la rancia aristocracia política, en el que predominó la salida política y civilizada a la consecución del conflicto armado, centrándose todo el esfuerzo en el fin del conflicto armado con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – ejercito del pueblo Farc-ep. Logrado el objetivo con las firmas de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, junto con el desarme de esa guerrilla, para la implementación de lo acordado, el Bloque de Poder oligárquico, viró en el cambio de idea y de actuación de manejo gubernamental, burlando y dilatando la implementación de lo acordado (pacta sund servanda), volviendo a un ciclo de retoma de la derecha, dejando sin validez la alocución de centro. Sin mayor excitación asimilamos el último resultado electoral presidencial en que el bloque de poder oligárquico en “contienda”: Duque, De La Calle, Vargas Lleras, Fajardo, se enfrentan a la tendencia Progresista encarnada en Petro, secundada por la izquierda no armada, que, conforme al derrotero histórico continua en la fila, en la búsqueda de turno, antes a la saga del liberalismo y hoy a la cola del progresismo.

EL URIBISMO NO ES UN MOVIMIENTO POLITICO

Se llama Uribismo a los seguidores de Uribe. La única bibliografía encontrada es el esfuerzo del fundador del Centro de Pensamiento Primero Colombia, con la publicación de un libro “Las ideas de Uribe” escrito por su asesor de campaña José Obdulio Gaviria. Uribe Vélez surgió como precandidato del partido liberal en las elecciones presidenciales del 2002 y al no lograr la candidatura obtuvo el apoyo del oligárquico partido conservador y por medio de firmas obtuvo esa candidatura. Cumplido su primer periodo presidencial, para las elecciones presidenciales de 2006, reunió a todos los grupos de seguidores, creándose un partido electoral conocido como el Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U. Materializo la ralea, la unión de todos los pelambres y calañas de lo más descompuesto de los partidos tradicionales, aunado al arribismo de los nuevos ricos y traquetos, como base social, para enfrentar el peligro de una insurgencia ascendente y escalada del conflicto armado interno a estadios de una guerra civil. Constituyó el acenso de la lumpen burguesía y la entronización de la corrupción bajo el soporte condicionado de un sistema electoral corrupto, ilegitimo e ineficaz, de reflejo de mínima expresión de voluntad popular. En ese estadio de ignominia e iniquidad permanecemos.

Lo más rancio de la oligarquía colombiana: Vargas Lleras, no se unió a ese partido acogiéndose a la tendencia coyuntural trazada por el Bloque Oligárquico de Poder, con su movimiento Cambio Radical (CR), que junto con Convergencia Ciudadana y Alas Equipo Colombia, apoyaron esa candidatura con réditos a su favor.

El Uribismo- bajo la semblanza de Uribe- se proyectó bajo un modelo de corrientes ideológicas de chovinismo nacionalista paisa. De anticomunismo a cualquier tendencia renovadora o alternativa de poder. Anti farc (anti fariano), a toda manifestación de beligerancia política de las insurgencias y por ende a su desconocimiento. A arraigo de fundamentalismo religioso o de clericalismo religioso, triunfante en las contiendas civiles del Siglo XIX. Impulsor de las tendencias teóricas del neoliberalismo, de un Estado Comunitario, Corporativista, Libertario y/o de tercera vía, frente al “gigantismo” estatal y en búsqueda a la nimiedad o mínima expresión del Estado Benefactor. Los dos periodos presidenciales de Uribe constituyeron el desarrollo de su manifiesto programático enunciado. En consonancia con el orden económico mundial predominante junto al juego del Mercado y la función del Estado, desplaza lo justo sobre lo bueno y en orden al desconocimiento del individuo liberal, como objeto de servicios, predica fortalecer a la comunidad frente a los abusos del Mercado y al llamar excesos la consecución de fines del Estado aplica la privatización a ultranza en desmejora de las conquistas sociales y el panorama de seguridad social. Bajo la egida del antiterrorismo y la lucha contra el narcotráfico, sintoniza con los intereses del Imperio. Ya cumplido su ciclo presidencial, frente a su sucesor, en la mecánica de turno de la táctica del Bloque de Poder Oligárquico, no asume una oposición política, sino una clara disidencia en contra del mandato constitucional de búsqueda de la Paz.

LOS ORIGENES DEL PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO

El 06 de abril de 2013 nacen las Juventudes del Centro Democrático en Valledupar. Asistieron delegados del Departamento del Cesar y comitivas de Medellín, Barranquilla, Manizales, Guajira, Bogotá. Centraron su aceptación en los cinco pilares que a continuación analizaremos. Se presentaron como jóvenes del presente, no del futuro (…). Los asistentes impulsaron un proceso de alternativa de centro democrático que les permitiera participar con éxito en las elecciones de presidencia de la República y de cuerpos colegiados a todos los niveles. Asimilaban la aprehensión del deterioro de la seguridad. Desconociendo las exploraciones y tendencias para un ciclo de conversaciones, acercamientos y negociaciones con las guerrillas de las Farc-ep, fundamentaban que “las Farc no han abandonado su pretensión de tomarse el poder por las armas ni abandonan la combinación de todas las formas de lucha y siguen victimizando al pueblo que dicen defender”. Tal enunciado aún lo mantienen inmodificable, pese al giro y resultado de los acontecimientos; la no existencia de las farc-ep como guerrilla; la demostración en el tortuoso procedimiento de implementación de lo Acordado que en forma real jamás se les entregó el país; como no primo el lavado de activos de las guerrillas. De maneras que con presupuestos falsos se erige todo un proyecto de vocación de poder, para dirigir un país.

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DEMOCRATICO

Analizar al partido Centro Democrático (CD) como organización política incluye auscultarla sobre los parámetros de estructura interna de poder. Las políticas o lluvia de propuestas públicas que propicia. El contenido de sus estatutos de partido.

Una detenida lectura de los antecedentes para la creación del partido Centro Democrático (CD) de sus estatutos y declaraciones, conlleva a una correspondencia a idearios totalitarios y fascistoides. Pretende ser de centro y democrático, para mimetizarse. No encontramos una manifestación pública y en alta voz que exponga esos- sus – propósitos. Corresponde al analista auscultar, el origen, la evolución en consonancia con los hechos y situaciones políticas dadas en el panorama político nacional. Resalta la entronización de un partido caudillista. Incorpora el culto a la personalidad en relación con el papel atribuido al expresidente Uribe. La presentación del logotipo es una composición de artes gráficas en que una figura deja de ser imaginaria e incorpórea y toma el aspecto inequívoco de un rostro, de una persona enfocada al papel personalista del personaje, fundador y orientador del partido. La posición de la mano en el pecho, cual argumento engañoso o manera de expresarse propio de una persona, repetido en actos oficiales o públicos. Lo finalista del mensaje publicitario es demagógico y conclusivo en que todo lo que diga y haga el expresidente es el Centro Democrático. Rezan sus estatutos: “La naturaleza del proceso de nominación es el dueño del partido”. En el orden jerárquico: 1. El Presidente Fundador es vitalicio. Los demás no más de tres periodos. Acorde con lo de “presidente eterno” o “presidente vitalicio”.

Como organización política, el Centro Democrático será examinado a continuación sólo desde tres perspectivas, a saber, según su ubicación ideológica; según la estructura interna de poder; según la oferta de políticas públicas que propicia.

Ahora bien, en términos ideológicos, ¿qué dicen los estatutos del partido? Normalmente, los estatutos de los partidos proponen algún enunciado de corte ideológico. Pues bien, en el caso de CD no existe ese enunciado explícito de orientación ideológica. Lo que más se acerca, es el artículo segundo de los estatutos el cual afirma: «ARTÍCULO 2. NATURALEZA. El Partido Centro Democrático es una organización política de ciudadanos de carácter democrático, popular, diverso, incluyente y moderno”. El propósito del presente ensayo apunta a desmentir esos enunciados.

El CD se inspira en cinco pilares como centro del quehacer político y de las propuestas de política pública: 1. Seguridad Democrática. 2. Confianza Inversionista. 3. Cohesión Social. 4. Estado Austero y Descentralizado. 5. Dialogo Popular.

  1. La Seguridad Democrática. Concebida como la lucha frontal contra los alzados en armas. Aunque expresa- para mimetizarse- que no obedece a concepciones como las de la doctrina de la Seguridad Nacional, que ha hecho carrera en América Latina, que parte de la consideración ideológica de la existencia de un “enemigo interno” y el derecho penal del enemigo; constituyó la aplicación de una visión militarista del conflicto interno colombiano, forzando a la ciudadanía a la solidaridad publica para estatal bajo innumerables incentivos y colocando a la población civil como activa en ese conflicto sin miras a las consecuencias de objetivo militar por parte de las insurgencias existentes. Acorde con el mandato imperial enfoca, mecánicamente, la lucha contra el terrorismo bajo el precio que para atacar al terrorismo y la lucha contra el narcotráfico no existe la soberanía de la nación, sino un embeleco o engaño de soberanía democrática.

En forma despampanante asegura que «No hay mayor inequidad en Colombia que en el acceso a la seguridad: son los más pobres quienes están menos protegidos, quienes son desplazados de sus tierras y sufren en carne propia el terror de las organizaciones armadas ilegales”. Cuando es sabido que la tal Seguridad Democrática, militarizando al país, se basó en la permisibilidad para que los hacendados y latifundistas llegaren a sus predios y hatos ganaderos, debido a la intensidad del conflicto; puesto que esa concepción de seguridad fue eminentemente clasista y resulto siendo el vehículo expedito para la violación de los derechos humanos. La Junta de Inteligencia Conjunta llegó a ser el órgano donde se coordinó la inteligencia estatal, integrado por los directores de los organismos de inteligencia del Estado, entre ellos el fatídico DAS, como policía política; el grado de coordinación de los organismos de inteligencia dependiendo también de la confianza que generaba la contrainteligencia, volcada en la seguridad urbana, con la ciudadanía y sector privado. Aplicaron enunciados como: “Una red de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país cooperará activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, brindando información que permita la prevención y la persecución del delito”. Así fue como crearon las Redes de cooperantes (sapos); aplicaron programas de recompensas en la danza de los millones de las finanzas públicas feriados por “autoridades” militares y de policía, sin control auditado. Todo un desangre de financiación bajo una escasa evaluación o negación de resultados. La Seguridad democrática fue la aplicación de una óptica militarista y policial. Desmejoró mandatos constitucionales tales como el desconocimiento de las funciones propias en el manejo del orden público en las jurisdicciones propias de acaldes y gobernadores (artículos 296 y 315-2 de la CP); siendo desplazados los alcaldes en la conservación del orden público en el municipio, al aplicarse los Consejos de Seguridad sin su presencia y dirigencia. Cual verdadero reinado de un Mini Furher. Durante la aplicación de esas metodologías se archivo la discusión de contar con una policía cívica, no militarista; que dependa del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Acorde con la concepción de las Convivir, se aplicó una policía comunitaria y no una policía cívica, ciudadana, de credibilidad y confianza y no una “policía” para la guerra. De función proactiva, preventiva y no reactiva, represiva. El país no contó con una política de seguridad ciudadana; confundiendo las funciones del ministerio de defensa y del ministerio de justicia. Queda mucho por contar de esa “Seguridad Democrática”.

  1. La Confianza Inversionista. Esta propuesta se impulsa paralela con la seguridad interna. Abrir compuertas a la llegada del capital multinacional, que obligatoriamente desplaza al capital nacional sobre figuras de absorción. El capital inversor extranjero, actúa como verdadero invasor, desbastador de recursos naturales. Saca de competencia a las pequeñas y medianas empresas impulsando un discurso de farsa. Adecuan todo un cuerpo normativo y de convenios o tratados para beneficiar con estabilidad financiera ampliamente a los grandes inversionistas con salvedad tributaria y a espaldas de la persona natural o física. El escándalo de Carimagua que confluyó en benéficos a latifundistas y empresarios del “agro ingreso seguro”, vulnerando los derechos a víctimas y desplazados por la cruenta reforma agraria dc concentración de tierras paramilitar. Este modelo de confianza inversionista resultó siendo perverso, en contra de la prevalencia del interés general con menoscabo al grueso de la población y beneficios y concentración de poder a los grandes trust o carteles económicos y financieros.
  2. Cohesión social. Es una propiedad del estadio de la sociología y no propiamente de la política. Abarca el funcionamiento y estructura de la sociedad humana. Aplica al plano emocional, las relaciones de interacción, de relaciones a nivel laboral, fenómenos económicos, religiosos, artísticos. Toda una gama de expresiones. Alienta a un sistema de pertenencia o proyecto de situación común; pero lo supedita a lo coercitivo de lo normativo. Por ende, no es de ejercicio de práctica política o de debate de ideas. La función es la de adherir, no la de debatir. Una impositiva fuerza de atracción. En un esfuerzo por entenderlo en la realidad política, dista de un ejercicio sano democrático.
  3.  Estado Austero y Descentralizado. Complementa lo de coacción social. Colombia es una Republica unitaria, descentralizada. Esto de descentralizada rige u obedece a una función administrativa. Lo preocupante radica en que el “chovinismo nacionalista paisa” impulsado, es de carácter regionalista. También lo pudiere haber costeño o de otra región de las cinco que comprenden el mapa físico de Colombia. Esa descentralización regional, en la filosofía del partido en análisis, atentaría contra la Unidad Nacional, opuesto al mentís que es pluralista e incluyente. La concepción de un estado austero se supedita a un estricto y férreo cumplimento de las normas y/o mandatos morales. Impera lo severo y rígido. Es control ciudadano. Juega la dictadura mediática. El prejuicio. La imposición. Con relación al tema de Antioquia y la ultraderecha el columnista Gustavo Lopera, asienta: “Me niego a creer que los paisas somos uribistas por genética, al contrario, quiero creer que nuestra vocación es más sublime”.
  1. Dialogo popular. El sentido de un dialogo es la confrontación y discusión. Es conversación entre dos o más individuos (partes) que exponen sus ideas o afectos. Se intercambian posturas y opiniones a la consecución de logros alternativos. Los estatutos del partido Centro democrático aluden al funcionamiento del artículo 55 de la CP en la búsqueda de concertación para solucionar los conflictos colectivos de trabajo. Incurre en yerros de metodología de la presentación. No alude a la ineficacia o letra muerta de las formas de participación democrática (Artículo 103 de la CP). Desconoce y boicotea una Consulta Popular. No alude al ejercicio soberano de los Cabildos Abiertos Populares. Por celo santanderista callan y otorgan los estados de cosas inconstitucionales (eci) en el país. No admiten el dialogo, conversaciones y búsquedas de Acuerdos y cumplimientos civilizados a salidas políticas con las Insurgencias. Al callar otorgan réditos a la salida militarista. Es decir, al incremento de la guerra.

UNA CALIFICACION APROPIADA

Los factores analizados nos llevan a identificar al partido Centro Democrático como un partido fascista. Lo resumimos en la inclusión de las 14 características que la politología universal enseña:

  1. Nacionalismo poderoso y permanente. Agobian al colectivo insistiéndole en forma agobiante, sobre uso de frases, reiterativas mentiras o argumentaciones falaces, símbolos, canciones, parafernalias patrioteras. Himnos a la guerra. Impulso del militarismo.
  2. La alusión al castigo severo. Les disgusta reconocer la defensa de los derechos humanos y a sus luchadores.
  3. La lucha social y quienes la lideran como una causa unificada para eliminar un perjuicio preconcebido, en la identificación de enemigos o chivos expiatorios.
  4. Supremacía a lo militar, como atractivo o encanto especial o llamativo, en contraposición a lo civil.
  5. Dominio total de lo machista y sexismo rampante. Alergia a la distinción y aceptación de género.
  6. Idolatría y sumisión a la dictadura de los medios de comunicación. A la aplicación y mensaje subliminal de Goebbels: una mentira y calumnia repetida se convierte en lo cierto.
  7. Obsesión con la Seguridad Nacional. Un instrumento o arma motivacional para el control de las masas.
  8. El fundamentalismo religioso. Su uso en una entremezcla con las funciones gubernamentales para el control social.
  9. El corporativismo, como poder, esencialmente protegido, en el beneficio de elites, empresas y usufructuarios del poder.
  10. Supresión de los sindicatos y organizaciones laborales y de trabajadores. Todo poder laboral es suprimido como peligroso.
  11. Aunque posan de cultos, encierran desprecio por las artes y por los intelectuales.
  12. Son obsesivos por el castigo y la violencia policial en la erradicación del crimen. No admiten concausas ni efectos.
  13. Usan el poder para proteger a comilones en la práctica de la corrupción y rampante amiguismo.
  14. Acuden a las elecciones fraudulentas en la perpetuación del poder. La permanencia de sistemas electorales corruptos e ilegítimos. Practicas inveteradas de control político electorero. Adecuación de autoridades administrativas para desplazar a la justicia electoral.

 

  1. PD. Al concluir el presente ensayo se difunde la noticia de división dentro del partido Centro Democrático. José Obdulio Gaviria habla de las tensiones por las que atraviesa el partido y menciona la existencia de un relevo generacional. Afirma: “Uribe y yo somos el pasado”. A juzgar por la víspera, el Consejo Nacional Electoral ha de tomar cartas sobre la existencia de ese partido.

 

**Esta es una ponencia que se presentará en el Seminario Internacional de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) a realizarse en San Pablo. Brasil, el 30 y 31 de agosto de 2018 en la Universidad de San Pablo, con el lema: Democracia: Fortalecimiento o Extinción en América.

 

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El voto en blanco de Yesid Reyes a la JEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

El exministro de Santos, Yesid Reyes Triana, declinó posesionarse como Magistrado del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Su decisión es política no jurídica.

Son momentos en que a la JEP se le ha de rodear de máximo apoyo nacional y popular para que cumpla los fines altruistas que le han sido encomendados como es el juzgar los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en que hayan incurrido miembros de las fuerzas armadas del Estado, de todas las ramas de poder público incursos en el conflicto armado interno contra las farc-ep, sus comandantes, guerrilleros y personas privadas que hayan cometido acciones, así calificadas, en el mismo.

En este acometido de objetivos y de concepción de la justicia transicional bajo una inspiración universal y no el atosigado reducto de estereotipo de una justicia especial, a acomodarla a las camisas de fuerza de un sistema de justicia ordinario en Colombia, como si nada en absoluto hubiere pasado puesto las insurgencias no derrotadas militarmente ya están desarmadas y sometidas al establecimiento. Ante ese, que es el panorama que la dictadura mediática impone, yergue enhiesta la concepción del Sistema Integral de Justicia Reparación y No Repetición (SIJRNR) pactado en los Acuerdos de la Habana y del teatro Colón en el año 2016.

Llega el momento de dilucidar ante la opinión pública nacional e internacional, que los innumerables sofismas de desvirtuar los principios de la justicia transicional universal con que la mediática alienadora ha presentado como logros para el estado de derecho en Colombia , el que la rama legislativa y posteriormente la judicial del poder público, hayan desempeñado una labor de injerencia y verdaderos instrumentos para hacer trizas los Acuerdos erigiéndose en suplantadores de la voluntad de las partes contratantes, debidamente representadas en el escenario internacional como plenipotenciarios del Estado colombiano y los rebeldes insurgentes.

Como resultado del triunfo del NO se impusieron más de 85 reformas al Acuerdo inicial de La Habana, en particular al logro de una verdadera reforma rural integral, al espejismo de la definición de una economía sustitutiva de cultivos ilícitos, el culto a las víctimas para revictimizarlas y dejar en el limbo sus reparaciones y al difuso entretejido de no imponer una implementación, acorde con la alteración de orden público que la reforma de raíz de un sistema electoral corrupto demandaba. Garantizaban así los del mandato del NO la no implementación de los tales Acuerdos.

Respecto al universo de la justicia transicional, expresado en la JEP, no lograron vulnerar su esencia de inspiración universal acorde con la fuente consuetudinaria y la normativa del derecho Internacional y El Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Lograron modificar el que los Magistrados(as) del Tribunal Especial de Paz no fueren extranjeros; pero a contrarréplica se acordó la inclusión de togados amicus curiae (amigos de la corte). Estos tienen una función de auxiliares del sistema de justicia creado y contribuyen con su voz y voto a dirimir conflictos en que en las salas de juicio o definición de situaciones en que no haya mayoría. Son verdaderos conjueces y en esta clase de definiciones de tales delitos de jurisdicción a los magistrados integrantes no se puede quedar en solo “salvar el voto”. Resulta que la enredadera jurídica para desnaturalizar e impedir la implantación de este instrumento de justicia especial, dispuso el “soberano” legislativo que esos amicus curiae serán unos invitados de piedra y no tendrían voz ni voto sino aporte de opiniones escritas. Esto traído a colación, como el que los terceros incursos en delitos de lesa humanidad opten voluntariamente a acogerse a esta jurisdicción especial, irrita al foro jurídico mundial y plasma la inquietud por la impunidad, sin ahondar en la asimetría aplicada para excluir de la comparecencia a la JEP y al deber de concurrir a la Comisión de la Verdad, a los altos mandatos de las fuerzas armadas y a la casta del generalato colombiano, activo en la implementación de la guerra contrainsurgente, cual arrodillados al mandato del Departamento de Estado USA, en el control y manejo de la guerra contrainsurgente en Colombia.

ILUSTRACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LA JEP

De manera que el thema de contenido jurídico y político a abordar en su majestuosa independencia y soberanía judicial el Tribunal de Paz del SIVJRNR, podríamos resumirlo en:

-Definir sus verdaderas competencias internas, incluido su ordenamiento interno de funcionamiento, para lo cual no requiere de ley auxiliar procedimental del Congreso colombiano.

-Definir las normativas de procedimiento, que son de orden público y estricto cumplimiento y por no ser de contenido sustantivo, han de ajustarse al capítulo de las garantías y derechos constitucionales del ordenamiento vernáculo. Ello es posible hacerlo internamente, sin acudir a acto legislativo.

-Garantizar el dictado de las sentencias acorde con los principios de autonomía y de inescindibilidad del sistema universal de justicia transicional. Esta que es la función altruista y máxima responsabilidad de los togados de la JEP, tiene que asimilarlo pedagógicamente la ciudadanía que para su ejercicio – esos Magistrados (as)han de estar libres de agobio alguno. El criterio de no exigibilidad; la autonomía no vinculante de normativas existentes y nuevas creadas; lo no vinculante de la jurisprudencia de las altas cortes colombianas. Comprender, como cualquier colombiano raso, que mientras exista el artículo 93 de la constitución política, se explica la existencia invulnerable de la JEP y su fuente de respaldo constitucional lo fue el artículo 22 ibidem.

ERRADICAR LA IMPOSICIÓN MEDIÁTICA DE LO FEMENTIDO

No tiene fe ni palabra el que la JEP ha de estar sometida a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. Mucho menos a los dictados del Congreso. Es falso y engañoso que a la competencia de la justicia transicional los incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra puedan decidir si optan o no someterse a esa jurisdicción especial. Sobre ellos caerá la implacable egida de esta justicia. En grado de discusión está el que los expresidentes de la república no queden vinculados a esta situación de aforo especial, por así haberlo pactado, expresamente, las Altas partes contratantes y plenipotenciarias de los Acuerdos logrados para el fin del conflicto ya conocido e identificado; pero ello no obsta para que sobre los mismos este latente – cual espada de Damocles- el veredicto de la Justicia Internacional.

LO ESQUIVADO POR EL MAGISTRADO DIMITENTE

Pues sin lugar a duda fue al desarrollo de estas definiciones en las que no deseo quedar inmerso el pusilánime Yesid Reyes Triana. Demuestra que era un alfil del grupo de poder oligárquico dominante en el seno de la JEP. Que como resultado del efecto electoral presidencial se impone la hegemonía de derecha en el país y en compromiso con sus intereses personales y de clase dominante otea que un escenario de opinión judicial magisterial no le conviene. Opta por el ejercicio de “contribuir” en la docencia, a sabiendas que su mensaje al Foro y a la Academia será engañoso y falso a ritmo con la hegemonía imperante de derecha.

A su vez, la onda sonora de repercusión de esa tal renuncia , pone en entredicho la improcedencia del Comité de Escogencia de optar por cuadros del sistema de justicia corrupto cuestionado en todo el mundo; aplicar en contravía la exigencia de la carrera judicial y el acumulado de pergaminos de especialización de sus designados; optar por la NO escogencia del juez sabio por su experiencia en el terreno de los padecimientos regionales y la edad; descartando a los innumerables juristas de localidades y provincias, a los abogados (as) “de pueblo”, a los activistas sociales del derecho, a los desplazados del sistema de justicia imperante en Colombia, abogadas y abogados con suficientes calidades humanas y de formación que fueron explicablemente descalificados.

Es en el acumulado de la reserva popular donde se encuentra su reemplazo.

 

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La victoria pirrica de la oligarquía

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

En Colombia ganó la presidencia de la República un representante del bloque de poder oligárquico. Triunfó el continuismo de un modelo económico neoliberal a tono con la estructura de inversión de un Narco Para Estado. Se impuso la continuidad y lo aplauden los corruptos, detentadores de la Administración Pública. Impera un modelo extractivista de las riquezas naturales, y las fauces de la ferocidad inversionista de las depredadoras multinacionales que se mueven – como “Pedro por su casa”-en los territorios de las desmovilizadas farc, aplauden la acción de la traición del establecimiento a las insurgencias que, de buena fe y acorde con la observancia internacional, confiaron en un sistema político matrero e indecente. Ganaron los de siempre contra los que pierden siempre. Perdieron los que mueren sin asistencia en las puertas de lo que fueron los hospitales públicos, hoy privatizados, de inconmensurable valor, entregados a las mafias blancas del capital privado, los jóvenes y los padres de quienes soportan préstamos y no podrán entrar a la universidad pública y popular, puesto que los recursos oficiales son entregados para el buen funcionamiento “científico” de las universidades privadas. Perdieron los jóvenes rurales que engrosaran las fuentes de empleo de las fuerzas armadas, cuales maquinaria voraz de guerra en Latinoamérica, ante la permanencia de un servicio militar obligatorio y extorsivo y la potencialidad de niveles de elevación del conflicto armado interno. De jolgorio quienes ayudan a la permanencia de los fatídicos Tratados de Libre Comercio desiguales con Colombia, la permanencia de las bases y los efectivos militares estadounidenses, quienes abogaron por la suspensión de Colombia de la UNASUR, para conspirar abiertamente contra el gobierno venezolano. Quienes precipitaron a Colombia a la OCDE y en brazos de la OTAN, acorde con la teoría del enemigo interno, el gigantismo del ejército nacional y la expansión territorial del imperio para dominar la Amazonía. En el país festejan los de siempre, quienes no ajenos a despropósitos de creerse con un “mandato claro” en beneficios de sus intereses revivirán el conflicto armado interno, político, militar, económico, ecológico. Los del capital financiero parasitario y explotador que usufructúan el fruto del trabajo honrado, privando la posibilidad de ahorro y bienestar. Acaparan los fondos públicos de pensiones impidiendo un disfrute de cesantía digna. Los latifundistas, terratenientes y casa tenientes, que engordan el patrimonio improductivo y desconocen la función social de la propiedad, que implica obligaciones, conforme al espíritu constitucional vigente de 1991. Brindan los fundamentalistas religiosos de la tradición en una sociedad excluyente a las determinaciones de la libre personalidad, la escogencia de sexo y respeto por la comunidad LGTB. Están de jolgorios los sub judice de cuello blanco y crímenes de lesa humanidad, que esperan la reunificación de las altas cortes para continuar disfrutando de impunidad; puesto que los ex insurgentes están sometidos, el generalato colombiano y los terceros coparticipes en el conflicto armado interno, sindicados de crímenes de lesa humanidad, esperan la definición autónoma, e inescindible de una JEP que les atormenta. Festejan los que derrotaron a las negritudes, a los mestizos, a los pobres, a los indígenas, a los obreros, a los campesinos, a los líderes sociales, populares, sindicales, comunales, ambientalistas. Quienes desconocieron el llamado de solidaridad internacional de personalidades, filósofos, economistas, científicos, cientistas sociales, de una intelectualidad cosmogónica que subsumen el padecimiento de un pueblo para conjurar el caos y la incertidumbre en un mundo de inequidades, en búsqueda civilizada a extirpar, tantos padecimientos del pueblo colombiano.

¿QUÉ VENDRA?

De todas formas, el panorama político de Colombia ha cambiado. La social democracia liberal desvaneció y se integró a la derecha. El Liberalismo dejó de existir en Colombia. El MOIR con Robledo y el tal Fajardo se pusieron al lado de los que vencieron al pueblo. Si el Polo Democrático Alternativo no se autocritica y purga internamente, desaparece. Los Verdes no se ubicaron hacia la izquierda. Los Progresistas se corrieron hacia el centro. La tendencia de los candidatos del bloque de poder oligárquico: Duque, Vargas Lleras, De La Calle, Fajardo, confluyeron tácticamente. El discurso del centro y derecha tomó auge, con la distinción que el bloque de poder oligárquico no matiza en tendencias y consolida la vigencia de una hegemonía de partido único de derecha. Hasta ahora habrá una verdadera oposición al sistema; pero carente de un partido político de masas, oteando el reto de las próximas elecciones de Alcaldías y consejos en que las oligarquías locales y militaristas- no así triunfantes absolutas en las grandes ciudades- cuentan con inconmensurables recursos de corrupción y del narcotráfico y con la existencia de un sistema electoral que le garantizará el dominio y ejercicio de los poderes locales. De otro lado, los incontables, quienes expresan el pensamiento de la izquierda revolucionaria NO armada y aquellos que permanecerán en la opción de la lucha armada por la consecución del poder por ese medio incivilizado y que les inspira el derecho universal de rebelión de los pueblos, contra las injusticas empotradas de un régimen neoliberal, sumiso al imperio, militarista, expansionista y salvaje. En ese sentido aceptemos la distinción entre la izquierda legal y la izquierda ilegal dentro de los elementos de distinción analítica de la compleja situación colombiana plasmada, un día después de una decisión electoral en que en cualquier país del mundo los corruptos (genocidas) son destituidos y en Colombia en cambio son entronizados.

Se demostró la eficacia del andamiaje electorero corrupto, anacrónico y condicionante del sistema electoral para perpetuarse en el poder. En forma insolente e insultante para la opinión nacional e internacional comenzó la emisión de boletines electorales cuando, aún en vivo, las cadenas televisivas registraban entrevistas a los jurados in situ, preguntando sobre la labor del conteo, manifestando que duraría en esa labor, cada mesa unos 20 minutos o más. Resulta ofensiva la arrogante presentación por parte de la Registraduría de conteo de millones de votos en menos de un cuarto de hora. Es despectivo que ab initio, en la mediática dictatorial, al lado de los guarismos anunciados, la fotografía del candidato Petro aparezca con una fisonomía o rostro de derrotado o afligido y la del Duque retocada, maquillada y su nariz (“el hocico del oso” de la derecha como lo indicó el hiriente expresidente Ernesto Samper) reluciente, aguileña y respingada. Resultó una prueba de fuego para el movimiento popular y revolucionario aceptar esa segunda vuelta electoral pese a todos los entuertos y falencias observadas durante la primera vuelta. Ante la no implementación de la Reforma Electoral, Rebelion.org publicó, en el mes de julio de 2017, mi artículo sobe la Imperiosa Necesidad de Aplazar las elecciones de 2018, demandándose, para entonces, la aplicación de conmoción interna por parte presidencial, ante la inminencia del saboteo a los Acuerdos de La Habana. Pero todo resultó ser hábil maniobra del jugador de póker Santos. (Una de las mil observaciones que se le hacen a la incapacidad política del Secretariado de las antiguas farc-ep, para sortear, a futuro, el manejo del brioso corcel de la implementación). La sola firma no valía.

Loable el discurso de reconocimiento institucional del candidato Petro. Ya no es el caudillo presidenciable, ahora se erige en el Dirigente de su pueblo. Sobre el elegido Duque, quien tendrá que alejarse de sus conmilones de camarilla corrupta tradicional, para alcanzar un mínimo respeto de los gobernados. Electo o escogido por siniestro personaje, resultó elegido en toda la acepción irregular del verbo. 8 millones de votos de imperiosa potencialidad de actividad política en las calles serán su prueba de fuego en los llamados primeros cien días de su gobierno. Anunció la Seguridad para los colombianos, pero en el imaginario popular significa la seguridad a los latifundistas terratenientes y explotadores de todos los pelambres, para continuar disfrutando de los privilegios de casta en el segundo país más inequitativo del planeta. El panorama de las disidencias armadas, que en modo alguno nos vengan con el cuento, son carteles de la droga, repuntan la gravedad y ahondamiento del conflicto armado que persiste en el país.

¡Entonces concluimos que fue lo que se ganó la oligarquía colombiana y que tanto lo que perdió el movimiento popular!

 

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Colombia: impresiones acerca del resultado electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

La politología aplica la polarización como la situación o proceso en que la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Ese no es el caso en Colombia. Lo de la “polarización” resulta un sofisma de distracción. El resultado electoral expresa una significación de la lucha de clases en el país. Por Petro votaron los del sin carro. Los del almuerzo “corrientazo”. Los que esperan Salud popular y educación no privatizada. Los segregados por etnicidad, negros, indígenas, minorías. Los liberados por su decisión de sexo y libre juego de la personalidad. Los que sienten vergüenza por la pisoteada soberanía nacional y el saqueo extractivo de los recursos contra los animales y contra la naturaleza. A los que les pensionan y olvidan y dan un miserable salario mínimo y los explotan doce horas. A los marginados y aislados de la comunidad que ubican como en guetos y bajo la chocante discriminación de estratos en las ciudades. Por Duque votaron, los de las castas privilegiadas. Quienes cual sanguijuelas se aprovechan del Establecimiento público: como las familias de los politiqueros y militares de carrera, que mejoran fortuna, prosperan, de las mieles del erario público y de la rapacidad del conflicto armado interno, el cual desean perpetuar. Los Uribeños reales, puesto que “otros” son los desposeídos y engañados, que votan por ellos. Los que pusieron el dinero para su campaña. Las señoras emperifolladas, adornadas, con el dedo “popo” parado, que todo les hiede y discriminan a doquier, si no es blanco, bonito o espigado. Por Duque votaron quienes cuando escuchan estas verdades califican a los demás como resentidos sociales.

La suma de los resultados electorales de Petro, Fajardo y De La Calle demuestran otra realidad: la de una Colombia que desea lo alternativo, el cambio. La que detesta a los partidos tradicionales y las practicas politiqueras de caciques y maquinarias que fueron enterradas. Demuestran que suman la mayoría por la conquista de lo Alternativo en lo político, militar, económico, social.

La segunda vuelta dibuja un panorama diverso a los de “pactos de gobierno”; etapa esta infructuosamente desaprovechada para la primera vuelta. Ya la brújula de la unidad nacional, del compromiso social y la opción democrática va viento en popa con el empoderamiento de la ciudadanía. Asistimos al triunfo de la ciudadanía, que se despoja de las directrices partidistas; hará caso omiso a coaliciones “por las alturas”. Estamos ante un país que definitivamente demuestra un tránsito de la guerra a la paz; que supera el bipartidismo y apunta a un sistema de pluralidad política, de partidos y movimientos múltiples, buscando los acuerdos en lo fundamental. El triunfo sumatorio de la opción política alternativa de las elecciones de ayer 27 de mayo de 2018 enseña, que esa ciudadanía individualmente considerada, ha alcanzado la mayoría de edad en la toma de decisión de su futuro y derrotero definitivo del país y por una Nueva Colombia.

El estadio de las adhesiones expresará su peso político específico en la medida en que las fuerzas políticas de la Coalición Colombia y el Partido Liberal u otros movimientos y partido afines, comprendan que el Programa de la Colombia Humana, materializará un proyecto de Gobiernos Alternativos que no será de cuatro años. Que de ese empoderamiento y triunfo de la ciudanía depende el acuerdo tácito de las fuerzas en adhesión sobre el presupuesto que no habrá reelección presidencial. No tiene cabida, en una concepción de la decencia política, que se acudiere al factor territorial local de los cuestionados varones congresistas electos.

La derecha enfilará y apelará a que el movimiento alternativo popular se enlode hacia las contradicciones por el poder de las fuerzas alternativas, en sumatoria, triunfantes. Aquí, con el mayor respeto, qué valor tiene el que individualmente ora el senador Robledo, opte por el voto en blanco, en consecuencia, a su “ni ni”, ni con Santos, ni con Uribe, sin ocultar sus compromisos con el sindicato patronal antioqueño; ora que el indeciso medias aguas de Fajardo opte por la inconsecuente e irresponsable actitud de la neutralidad; ora que el aparato político del Dr. De La Calle, lo deje al garete. Bajo una razonada reflexión, el ciudadano, el elector, superará lo del voto cautivo. ¿Es lo ideal no? En todo el derecho están los que diserten sobre las mil y una formas del aprovechamiento de la “ignorancia” popular, allá ellos y para ambos bandos. Sin olvidar que quedó constancia en los escenarios públicos que las tres damas de las fórmulas vicepresidenciales alternativas manifestaron: “Alternativo que pase a segunda vuelta lo apoyamos”. “Sin Discusión”. Por tanto, se hace indispensable y necesario que se cumpla, a esta hora. En consecuencia, modestamente considero que aplicara lo de las adhesiones particulares o individuales de esos actores, en búsqueda al triunfo de un Gobierno Alternativo y Popular de la Colombia Humana que triunfe el próximo 17 de junio de 2018.

Por último, es recomendable no atosigar, es decir, inquietar y causar agobios al electorado con exigentes y prolongados debates e interminables entrevistas, durante estas tres próximas semanas. ¡Que las fuerzas alternativas y populares, junto con el grueso de la sociedad civil y organizaciones sociales que las componen, desde el seno de las organizaciones y en del hogar de cada núcleo familiar, discutan civilizadamente la suerte de esta Colombia Grande!

 

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De la incidencia de las disidencias guerrilleras en el movimiento popular

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

El concepto de DISIDENCIA alude a rompimiento, ruptura, generado por un desacuerdo o disconformidad, que se opone o protesta ante algo decidido o por decidirse. La disidencia es respuesta contestaria. Por lo general constituye una respuesta radical que al incluir a un conjunto de personas es colectiva. Traspasa el concepto sociológico de una autoexclusión de conciencia de la pertenencia a un grupo, propio del disidente a nivel individual, para tomar posición respecto a una posición política. Al hablar de disidencia se refiere a un colectivo ideológico.

DE SI LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC-EP Y DEL EPL CONSTITUYEN UN MOVIMIENTO HEGEMONICO

Analizando la experiencia colombiana, las disidencias de las guerrillas que han entrado en conversaciones y hasta acuerdos con el establecimiento estatal, estas han surgido en ámbitos regionales particularizados. Determinan un espacio territorial22 y en los dos casos históricos citados, sobresale el que las disidencias constituyen minorías ante el conjunto del cuerpo del cual se desprenden. En esto no cabe lo de mayorías o minorías calificadas. El esfuerzo de planteamiento analítico apunta a que predomine en el imaginario no el concepto de disidente aislado, animado por la mediática dictatorial; sino la existencia de un colectivo ideológico llamado disidencia, producto de una posición política. De tal manera que al darse – en términos políticos-una disidencia, se activa un restablecimiento o mejora de algo que degeneró.

Así como en la Biología se da el mecanismo de regeneración como recuperación de organismos vivos por reconstrucción de las partes perdidas o dañadas; permítaseme la licencia de tal símil al campo político y comprenderemos que tanto las disidencias del Ejército Popular de Liberación (E.P.L.) en el año de 1991; como las de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejercito del pueblo (FARC-ep) en el 2018; comportan el universo ideo-político del organismo del cual se desprenden y por consiguiente continúan haciendo suyo el acervo teórico e ideológico revolucionario. Continúan enarbolando la historia política de su cuerpo organizacional político-militar, desde su génesis o formación. Continúan nutriéndose de sus planteamientos, congresos, conferencias, estatutos, reglamentos normativos propios de la juridicidad interna insurgente. Reivindican con legitimidad política el nombre y continúan haciéndolo suyo sin mayores formalismos. En una palabra, es falso, que las disidencias guerrilleras citadas en Colombia carezcan de un ideario programático político. Retoman el acumulado de fuerza beligerantes que les reconoció el Estado colombiano y la comunidad internacional; de ser precisos, hasta con mayor legitimidad.

Cosa muy diferente es el papel de la mediática canalla y la genuflexión de las dirigencias – que con todo derecho ejercido- aceptaron en conversaciones como el caso del EPL en 1991 y las Farc-ep, recientemente con Acuerdos vapuleados, la desmovilización y entrega de armas y sus reinserciones a la vida civil. Esas dirigencias, como si entonaran coros de las tragedias griegas y romanas, asumen la representación de otros, en el sentido que no les cobije a las disidencias la conexidad política de los delitos que continúan cometiendo por su accionar rebelde. Que sean ellos, a coro con el establecimiento que combatieron y que en el caso colombiano permitieron que permaneciera intacto, que nieguen que esas continúan siendo fuerzas beligerantes e insurgentes. Mencionen al menos un caso de sustentación política universal que les niegue ese carácter. Como si el juego político fuere un simplismo en decir nosotros enterramos el nombre del EPL y el de las Farc-ep y por ende no existen. Como si el conflicto social terminara, cuando es sabido que el conflicto social es inagotable, no se acaba, porque hace parte de la dinámica de las sociedades. Lo fatal es que las desmovilizaciones del EPL (1991) y Farc-ep no dieron fin al conflicto armado interno. Pues muy a nuestro pesar, pues encarnamos la posición de la izquierda revolucionaria desarmada en la búsqueda por la finalización del conflicto armado interno en Colombia; muy a nuestro pesar-repito- las insurgencias del Ejército Popular de Liberación- EPL y de las Farc-ep continúan vivitas y coleando.

En modo alguno nos prestaríamos a corear que las disidencias de las guerrillas son carteles del narcotráfico. Habrá oportunidad de ahondar al respecto.

EL PANORAMA ACTUAL

Aunque referencias de la prensa nacional aluden a presencia del Ejército Popular de Liberación- EPL, en varias regiones del país; la mayor incidencia opera en El Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar. Su presencia remonta a 48 años. Ellos reivindican ser rebeldes y no narcotraficantes ni terroristas. Hacen llamados a las autoridades gubernamentales a querer conversar. Diferentes voceros de la sociedad civil e inclusive funcionarios estatales nacionales expresan que se escuchen sus llamados y se les dé un trato político especial.

En cuanto a las disidencias de las Farc-ep, ante el desconocimiento y no implementación a los Acuerdos de la Habana y el Teatro Colón (2016), van en crecimiento. Dicen: “Las Farc-ep seguimos siendo un partido de clase obrera y popular en armas, de carácter Marxista Lenisista, inspirado en el pensamiento del libertador Simón Bolívar y de Manuel Marulanda Vélez”.

El incómodo J. Santrich, víctima de orquestado montaje nacional y del Imperio, criticó de manera abierta la entrega apresurada de armas. Lo traigo a colación resaltando la posición del internacionalista dominicano Narciso Isa Conde quien en esa oportunidad aludió que todo iba bien en las Conversaciones con lo de dejación de las armas; hasta que se incurrió en la entrega de estas. ¡Algo así como la torcedura del pescuezo al gallo! J. Santrich, en sus propias palabras: “En la base del pensamiento genuinamente fariano nunca estuvo presupuestado entregarle a nadie, menos a un tercero las armas, y en esto quiero recordar las palabras del camarada Manuel cuando dijo a un periodista argentino: ‘De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir’. (…) Creo que estas palabras tienen absoluta vigencia. Llevan a pensar que, como FARC, conociendo la catadura históricamente traicionera de este régimen, cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado, al menos en sus bases y en el diseño fáctico de sus garantías de cumplimento”.

A manera de corolario, es decir, que no necesita comprobarse, la existencia de las disidencias guerrilleras, constituyen un punto inflexible de referencia para el análisis de la continuidad del conflicto armado interno en Colombia. Están inmersos en el desorden y desconcierto que produce un fallido e inexistente proceso de terminación del conflicto y búsqueda de la paz. Por ello es dado afirmar que el E.L.N. ha tomado nota pública de la advertencia de J. Santrich y sabe que es lo que no debe hacer en la ya instalada Meza de la Habana 2, para no aceptar una paz claudicante y ahorrar frustraciones a las esperanzas del fin definitivo del conflicto, imperando la salida política y descartando al militarismo expansionista de la oligarquía colombiana en el poder.

 

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Un primero de mayo unitario con el caudillo popular Gustavo Petro U

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

La marcha de los trabadores (as) colombianos en la capital de la República de Colombia, este 1º de mayo de 2018, contó con la característica jamás vista en las ediciones de esta celebración: en la que en el torrente de cientos de delegaciones sindicales de carácter local y nacional el nombre y apoyo a la aspiración presidencial de Gustavo Petro U, hiciera presencia predominante. Por primera vez en las marchas en conmemoración universal al día de los Trabajadores, las organizaciones sindicales- correas de transmisión de poder popular- asumieron apoyo directo a un candidato presidencial que encarna sus reivindicaciones laborales y sociales. Destaca en el panorama el apoyo del sindicato de industria petrolera la USO a esa candidatura y de Confederaciones obreras organizadores del acto en sintonía con la a opción electoral de las bases sindicalizadas. Prueba que en Colombia se transita por un cambio radical en lo político, electoral, y los modelos económico-sociales.

LA REIVINDICACIÓN DE UN CAUDILLO POPULAR

Antes de analizar la estrategia que explica la aceptación de un diseño de la campaña electoral de Gustavo Petro U, exploro sobre la aplicación de contar el movimiento popular colombiano con un líder nacional que resume todas las características de un verdadero CAUDILLO POPULAR de la que estaba en orfandad.

El pueblo colombiano carecía, estaba desprovisto, de la cualidad necesaria de un líder que materializara la característica de solución a concretas reivindicaciones por las que lucha alcanzar y gozar.

Un repaso somero de las luchas políticas desde el comienzo del Siglo XX registra que nuestros líderes nacionales fueron asesinados: Rafael Uribe Uribe. Jorge E. Gaitán. Luis C. Galán. Jaime Pardo Leal, etc. Los sucesos de cambios democráticos alternativos en América Latina, en respuesta al neoliberalismo salvaje, materializaron con la presencia de líderes naturales populares: Evo Morales, Lula da Silva, Hugo Chávez, Correa, etc. Hoy, estando en mora el movimiento popular y revolucionario colombiano en la búsqueda de gobiernos alternativos de corte socialdemócrata y progresista, impone la aplicación de un cambio de modelo económico la presencia activa de un conductor de masas, expresado en la persona de un Caudillo. Pues en esta rauda carrera electoral hacia la presidencia de la Republica de Colombia ese vacío ha sido llenado con la expresión de un fervor popular que rebosa plazas públicas; que se vuelca a las vías y carreteras por las que pasa el candidato; que presiona para que el candidato Gustavo Petro U, se detenga en poblaciones no programadas en sus recorridos. Se siente el calor de un pueblo que por primera vez en la historia colombiana acoge a un candidato con fervor popular, desea hacerlo suyo, lo ama; lo comprende en la dimensión humana. Un candidato al que le brinda no solo admiración, sino respeto y coloca en el centro de sus energías por querer llevarlo al solio de Bolívar. Por primera vez en la historia política de Colombia se cambia el engranaje politiquero de los presidentes de turno por el engranaje de lo Humano. Eso expresa el mensaje de la candidatura del caudillo popular, Gustavo Petro U, por una Colombia Humana.

Este factor fundamental de análisis desplaza el conduccionismo de la dictadura mediática imperante, en el sentido que la figura de un caudillo es sinónimo de autoritarismo y de dictadura. Nada más falaz. La historia mundial y del movimiento de masas enseña al caudillo como el director y gestor de una empresa que le es encomendada por mandato popular. El caudillo construye, hombro a hombro con el movimiento popular y al así actuar emula con la virtud y el ejemplo. Esta es la prenda de garantía contra el autoritarismo y obviamente contra el culto a la personalidad; puesto que su ejercicio es el mandato popular y no la ceguera mesiánica del paternalismo redentor. Un pueblo guiado por un caudillo permite además el ejercicio de la democracia directa y popular, la llamada “democracia de las calles”, en contraposición a la democracia indirecta o representativa, causante de tantos males y nido de corrupción en nuestro país. Se cuenta con un líder que se sintoniza, con aceptación de masas.

El asunto de fondo así planteado en esta estrategia electoral tiene que ver con que no es un asunto solo del candidato Petro. Corresponde a una decisión de ruptura nacional. Evoca una capacidad ilustrativa de la realidad nacional.

DE LA ESTRATEGIA PETRISTA

¿Cómo Gustavo Petro U, llegó al nivel de aceptabilidad alcanzado hoy? Puesto que sus estrategas políticos pensaron en sacarlo a las calles. En política quien pega primero y acierta, avanza doble. El lleno de plazas públicas superó el imperio de las redes sociales y desplazó las expectativas de las encuestas, que con su finalismo de conducción y manipulador no cuentan con el “poder” de la última palabra, ni la “verdad” revelada.

La primera fase la constituyó la toma de las plazas públicas en diecisiete ciudades. A la fecha el periplo alcanza treinta ciudades con la coreada consigna “yo vine por que quise. A mí no me pagaron”. Zipaquirá se constituyó en revelación y acogida a la propuesta estratégica. Programadores digitales explican que tomado el plano de la plaza pública y sobre los videos plasmados en ellos, se obtiene una lectura de asistentes por metro cuadrado lo cual registra cifras de millones de asistentes a las convocatorias del caudillo popular Gustavo Petro U.

Las dificultades han aflorado. En Cúcuta la burocracia municipal de derecha impidió el evento y se atentó contra el caudillo; más sin embargo lograron tres concentraciones que superaron las cifras de participantes. En Turbo, Chigorodó y Buenaventura no se logró concentraciones por razones de seguridad al candidato. La concentración petrista en Montería, encono del sentimiento terrateniente contra el trabajador agropecuario, callo lo altisonante del experimento paramilitar, a solo dos kilómetros de los feudos del Ubérrimo. El cierre de esta estrategia victoriosa de campaña culminará con la toma de las plazas públicas de cuatro ciudades: Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, DC.

Cabe razonar sobre la estrategia para el aumento de votos sobre la premisa que, de los votos obtenidos por la consulta del 11 de marzo próximo pasado, la fórmula de obtención de 3X3, o sea, tres votos por cada voto obtenido, implique el triunfo del caudillo popular en la primera vuelta. El aspecto fundamental de esta base o supuesto apunta a que el fenómeno Petro encause la abstención consiente imperante en el electorado colombiano. Con el ítem que más que trabajo organizativo obedece a un factor de convicción subjetiva de esa franja del electorado.

LA MAYOR PREOCUPACIÓN: QUE NOS MATEN LA ESPERANZA

En cuanto a los riesgos, ellos no son subestimados. La opción de un atentado al caudillo popular se ha ventilado nacional e internacionalmente. Priman sobre la denuncia al régimen electoral imperante que no da garantía de imparcialidad. De allí que la estrategia Petro Presidente, apunte al triunfo en la primera vuelta, con el entendido que ello minimiza la posibilidad del atentado. Una segunda vuelta para la opción del triunfo del caudillo no cabe dentro del universo de la estrategia analizada; genera las condiciones para el atentado contra su vida a fuer de considerar la materialización del fraude electoral en su contra, de cuyas prácticas está plagada la historia electoral de Colombia.

CONCLUSIÓN. La opción del triunfo del caudillo popular está jugada en la primera vuelta. No se concibe segunda vuelta; como tampoco existe un Plan B, para el movimiento socialdemócrata-liberal, progresista y revolucionario colombiano. Si triunfare la fórmula del bloque de poder oligárquico en cabeza de Duque y Vargas Lleras el efecto sería un golpe de mani militare, que sepultaría el fin del conflicto armado interno en Colombia y continuaría el reino de la horrible noche sin construcción de paz y contra la dirigencia popular, sindical y política en Colombia.

 

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