Aprovechamos la comunicación de la Ministra de Educación mediante el Oficio DM-1003-08-2022. Solicitud de información para la cuarta sesión de la Comisión de Enlace para el financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal del 17 de agosto, para reflexionar sobre ¿Cuáles son las tendencias educativas que plantea? y ¿Dónde nos encontramos de cara al proyecto educativo?
Hemos elaborado la siguiente infografía que nos ayuda a problematizar el proyecto educativo que describe las posturas dominantes de los sectores gubernamentales y que están orientando el sentido del FEES 2022.
Información sobre situación internacional y nacional
Compañeros (as) de la Comisión Nacional de Enlace:
Se adjunta el Comunicado de la Comisión Nacional de Enlace llamando al pueblo de Costa Rica y a la clase trabajadora a sumarse a la lucha contra el COMBO FISCAL.
Todos a derrotar el combo fiscal
¡La Comisión Nacional de Enlace HACE UN LLAMADO al pueblo de Costa Rica, a toda la clase trabajadora a sumarse a la lucha para derrotar el COMBO FISCAL!
¡SI DERROTAMOS EL COMBO DEL ICE, PODEMOS DERROTAR EL COMBO FISCAL!
¡SI EXPULSAMOS A LA TRANSNACIONAL MILLICOM PODEMOS EXPULSAR A LA TRANSNACIONAL UBER!
Cinco ex presidentes de Costa Rica firmaron la «Declaración de Panamá sobre Venezuela», que es una intromisión abierta en los asuntos internos de Venezuela y un apoyo abierto a la intervención.
La Comisión Nacional de Enlace considera que la «Declaración de Panamá sobre Venezuela», firmada por 26 ex presidentes, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, es una provocación y una intromisión abierta e inaceptable en los asuntos internos de Venezuela. Esa Declaración forma parte de la ofensiva de la derecha y de los sectores más reaccionarios para hacer colapsar al legítimo gobierno de Venezuela y es un apoyo abierto al golpismo y a la intervención.
La «Declaración de Panamá» arremete contra la institucionalidad venezolana y en la práctica se convierte en un programa de gobierno de transición como pretendió ser el llamado al Acuerdo Nacional de Transición elaborado y defendido por el golpismo.
El documento fue firmado por 24 ex presidentes de América Latina y dos de España. Uno de ellos fue el ex mandatario José María Aznar, quien planteó que lo llenaba de orgullo haber contribuido a que 26 jefes de Estado se pusieran de acuerdo en la defensa de la libertad, los derechos humanos y la lucha en favor de aquellas personas que sufren persecución por causa de la libertad. Sin embargo, Aznar fue calificado como un asesino por el propio presidente de Venezuela Nicolás Maduro, «el sangriento asesino de España», responsable de la muerte de un millón doscientos mil iraquíes «porque él promovió la guerra» de 2003 contra Irak, junto al ex mandatario George Bush, guerra criminal justificada con pruebas falsas.
Otra de las figuras que firmó el documento fue el ex presidente español Felipe González, un político indecente, que pretende ser ahora un supra juez para liberar, sin juicio, a terroristas y seguir promoviendo la violencia. Su decisión de defender a los golpistas Leopoldo López y Antonio Ledezma promueve la impunidad de los opositores violentos que sembraron el terrorismo en las calles y produjeron 43 muertes en Venezuela.
Ambos, Aznar y González son directamente responsables de la situación que vive hoy España, al imponer un modelo económicamente criminal que tiene en el desempleo a más del 25% de la población laboral de ese país.
Se sumó a la «Declaración de Panamá» Álvaro Uribe, ex mandatario de Colombia. No ha habido un mandatario más cuestionado, ética y moralmente, como el colombiano Álvaro Uribe, con tantas y tan graves acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Igual que Pinochet en Chile, profundizó el llamado terrorismo de Estado y dividió al país entre buenos y malos, entre los que eran amigos de la seguridad democrática y los que eran criminalizados por oponerse a su gobierno. Uribe se ha manifestado como un opositor al proceso de diálogo para alcanzar la paz en Colombia.
¿Y quiénes más firmaron la «Declaración de Panamá»?, lo firmaron Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera (Chile); Andrés Pastrana, y Belisario Betancur (Colombia); Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias, Luis Alberto Monge y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Eduardo Duhalde (Argentina), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani (El Salvador), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Lucio Guitiérrez y Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Ricardo Martinelli y Mireya Moscoso (Panamá), Alejandro Toledo (Perú) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).
¿Y qué es lo que quieren los ex presidentes? Dicen que en consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con su palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociación, según ellos (as), que permita abrirle senderos a una solución no violenta, a la «mencionada crisis», proponen entonces que efectivamente hay que corregirlo todo, pero lo esencial es que es necesario desregular la economía venezolana. Es decir, someter de nuevo a Venezuela a los postulados del Consenso de Washington, del FMI y del Banco Mundial y que, por supuesto, para eso se requiere un liderazgo capaz de producir consensos democráticos y movilizar un amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades. En otras palabras, sueñan con volver a los viejos esquemas del corrupto Carlos Andrés Pérez y del bipartidismos venezolano y hundir de nuevo a Venezuela en la pobreza y el hambre.
Nótese que por Costa Rica firmaron la «Declaración de Panamá sobre Venezuela» cinco ex presidentes (a): Luis Alberto Monge, Oscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla, en alianza explícita y desvergonzada con figuras altamente cuestionadas moral y políticamente.
En relación con la participación de cinco ex presidentes (a) de Costa Rica que firmaron la «Declaración de Panamá», consideramos que es una abierta intromisión en los asuntos internos de Venezuela y calificamos este hecho como en extremo grave y altamente comprometedor para el pueblo de Costa Rica. Con la firma del documento lo que queda en claro es que efectivamente sectores importantes de la oligarquía costarricense le están apostando al derrocamiento del gobierno de Venezuela, situación que tiene implicaciones en todos los órdenes para nuestro país cosa que hemos denunciado en anteriores ocasiones, además de la vergüenza de ver el país sumado a una «Declaración de Panamá» con elementos altamente cuestionados en el ámbito moral y político.
La «Declaración de Panamá sobre Venezuela» demuestra que efectivamente existe una ofensiva brutal por parte de los sectores oligárquicos regionales y del imperialismo por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero no solo les interesa derrocar al presidente Nicolás Maduro sino revertir todos los procesos reivindicativos de los pueblos de América Latina. Sin duda alguna, se están moviendo las fuerzas más oscuras para derrocar el gobierno de Venezuela. Los sectores dominantes regionales e internacionales todavía no digieren que la correlación de fuerzas que está favoreciendo cambios políticos y sociales en América Latina, a favor de los pueblos, está en un proceso de consolidación y por cambios todavía más profundos.
Las organizaciones sociales de América Latina tenemos el deber de prepararnos para defender esos cambios, porque la ofensiva será brutal por parte de los sectores dominantes y del imperialismo para recuperar sus perversos privilegios.
Enviado a SURCOS Digital por Comisión Nacional de Enlace.
Los acontecimientos recientes, donde se involucró directamente a un funcionario del Poder Ejecutivo, en este caso al viceministro de la Presidencia Daniel Soley, con el ofrecimiento de una embajada a la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, está tomando un rumbo que consideramos en extremo peligroso y pone de manifiesto que efectivamente, se está aprovechando esa acción para elevar de tono un incidente menor y aprovecharlo para escalar una desestabilización del país.
Cuando decimos que ese es un incidente menor es porque políticamente lo es. Sin embargo, los apologistas del eticismo caen en una trampa cazabobos montada por la derecha neoliberal y se lanzan contra el Poder Ejecutivo, haciendo que partidos corruptos como el Partido Liquidación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se vuelvan protagónicos, se rasguen las vestiduras y se lancen contra el gobierno.
El escalamiento de este conflicto, a nuestro entender, tiene varios propósitos, entre otros:
Aislar al Presidente Luis Guillermo Solís de sus más cercanos colaboradores y personal de confianza. La persecución y presión sobre el Ministro de la Presidencia Melvin Jiménez es un buen ejemplo de ello. Ha sido atacado desde varios flancos, ataques que ha resistido. El tema del ofrecimiento de la embajada a la Procuradora Ana Lorena Brenes lo pone de nuevo en la mira de sus detractores y enemigos políticos.
Aislado el Presidente, otro de los propósitos es hacer fracasar por todos los medios posibles la gestión de gobierno del PAC. Una gestión relativamente exitosa del PAC no le sirve a los partidos tradicionales como el PLN, el PUSC y la tureca libertaria que por un lado verían profundizarse su desligitimidad política/social; y por otro lado, dicha gestión puede dar espacio para el surgimiento y/o fortalecimiento de más actores políticos antibipartidistas.
Consideramos que otra de las intenciones, a raíz de este “escándalo”, fabricado en ocho días, es agrietar la fracción legislativa del PAC y de paso quebrar sus alianzas políticas. El PAC ya ha pasado por esas experiencias. En febrero de 2003, una facción disidente encabezada por el entonces diputado Humberto Arce, se alejó del PAC. En junio de 2008, la diputada Andrea Morales igual abandonó el PAC. En ese sentido consideramos que parte del trabajo enemigo es profundizar el agrietamiento de la fracción legislativa del PAC y para eso cuentan con el “tonto útil” de Ottón Solís y el coro de cacatúas eticistas del PAC que se lanzan con fusil en ristre convirtiendo un problema menor en un problema ético sin sentido, prestándose al juego del PLN, el PUSC y la tureca libertaria. En el caso de las alianzas, quebrar la alianza con Frente Amplio se convierte en fundamental.
Otro de los propósitos es debilitar al PAC en todo lo relacionado con el proceso electoral del 2016, elección de alcaldes, que ya está en marcha y en el cual están interesados el PLN, el PUSC y la marioneta libertaria. El debilitamiento del PAC en todos sus frentes se hace impostergable para hacer frente a ese proceso electoral que está encima.
Finalmente, consideramos que otro de los propósitos es, en mucha medida golpear la III Cumbre de la CELAC por celebrarse en Costa Rica el 28 y el 29 de enero. Sabemos que se mueven todos los intereses en cuanto al tema de la CELAC y los sectores políticos más reaccionarios miran como un objetivo que ese foro fracase. Les interesa presentar ante la CELAC un gobierno debilitado, sin arraigo popular y con escasa capacidad de maniobra de cara los acuerdos que se alcancen.
En toda esta ofensiva, sorprende el papel que juega el Frente Amplio, que en mucho se ha prestado a estimular este escándalo prefabricado y se ha dejado arrastrar a la trampa cazabobos de las tesis eticistas. Habiendo problemas mucho más serios, como el tema del empleo, la producción, pobreza, corrupción de gobiernos anteriores, etc.; la fracción de diputados del Frente Amplio (FA) se suma al coro de las cacatúas del PLN, del PUSC y la tureca libertaria y no se da cuenta que, como se explicó, uno de los objetivos es quebrar la alianza FA-PAC. En ese sentido, el FA al defender las tesis de la oposición política de derecha cae en un serio error político. El Frente Amplio debió pasar a la ofensiva y denunciar a los sectores más reaccionarios de la fracción del PAC (Ottón Solís y su coro de cacatúas) de claros y abiertos enemigos del gobierno y fortalecer las alianzas con los sectores más avanzados de ese partido.
No se mal entienda, no estamos justificando la acción del ex viceministro de la Presidencia, él es ex militante del PLN, llevado a ese puesto por el Presidente, así que no debe extrañarse de esas prácticas tan comunes del viejo bipartidismo (PLN/PUSC). Lo que nos extraña es que el Frente Amplio lejos de desmarcarse y hacer un mínimo análisis de las condiciones políticas en las que se da el “escándalo” y abrir un flanco de denuncia contra los que han usurpado y entregado este país, especialmente el Partido Liquidación Nacional, terminan legitimando una maniobra y sumándose a un claro proceso de desestabilización.
Dicho proceso de desestabilización que inició con el tema del ofrecimiento de una embajada a la Procuradora General ya se conoce cuando comenzó y quiénes lo armaron; el mismo tiene su propia dinámica y puede conllevar a consecuencias impredecibles y los que iniciaron este proceso y quienes se prestaron a este peligroso juego, tendrán que asumir las responsabilidades y las consecuencias.
Enviado a SURCOS Digital por Comisión Nacional de Enlace.
Después de tres meses de negociaciones, iniciadas pocos días después de que el nuevo Gobierno de la República asumiera sus labores, la Comisión de Enlace acordó́ el mayor crecimiento del Fondo Especial para la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) para el último año de vigencia del actual convenio, a saber ¢50.509,6 millones. Este monto significa un 10,03% de mejora con respecto al año 2014, correspondiendo al 1,38% del Producto Interno Bruto, según la revisión del programa macro económico del Banco Central de julio del año en curso.
Así́, el FEES total será́ de ¢410.488,10 millones, y el FEES institucional de la UCR, ¢221.148.300.946,00, que representa la mayor asignación presupuestaria en la ejecución del presente convenio.
Este acuerdo fue firmado el pasado miércoles 20 de agosto, en Casa Presidencial, y fungió́ como testigo de honor el señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera.
La Comisión de Enlace reafirmó la expectativa de que, en los próximos años, durante la actual administración, el presupuesto general dedicado a la educación alcance el 8% del PIB, tal y como lo estipula la Constitución Política, mientras que el monto del FEES ascienda al 1,5%.
En las sesiones de negociación, la situación macro económica de nuestro país fue objeto de minucioso análisis, al igual que las perspectivas de mejorar la recaudación fiscal y la carga tributaria, así́ como los mecanismos que contribuyen a disminuir al déficit fiscal.
En conversaciones caracterizadas por el predominio de la cordialidad, el valor de los argumentos y el consenso en torno a la educación como factor que favorece el bienestar humano, el desarrollo económico, la democracia y la equidad, la Comisión de Enlace acordó́ adicionalmente una propuesta de agenda de cooperación entre el Gobierno de la República y las universidades que conforman el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
Esta agenda de cooperación incluye la posibilidad de articular programas y proyectos sobre fortalecimiento de la educación, reducción de la pobreza, mejoramiento de la gestión pública, sostenibilidad ambiental, democratización del acceso al arte y la cultura, y muchos otros temas más.
Por su parte, las universidades de CONARE reafirmaron su compromiso con la excelencia académica y la rendición de cuentas ante la ciudadanía costarricense, como aspectos consustanciales a su quehacer y expresión de su transparencia y responsabilidad social.
Información enviada a SURCOS Digital la Rectoría de la UCR.
