Los proyectos que desarrollan el Programa Gente y Fauna de Confraternidad Guanacasteca buscan el balance entre conservación y desarrollo, así como entre ciencia y práctica.
El Programa se están preparando para algo grande: una prueba piloto del Plan de Incentivos para Convivir con Felinos, el cual fue diseñado participativamente desde el año pasado con un taller con finqueros y representantes comunitarios; luego de este taller, la propuesta de ellos pasó a revisión por parte de un panel de expertos en dos rondas; y posterior se contó con el tercer borrador para que fuese validado por las comunidades; se requiere mantener el entusiasmo de las comunidades que participaron.
Es por eso, que la celebración del Día del Felino 2016 (4 de julio) la pretenden llevar a cabo con una fiesta en cada comunidad. Ya las asociaciones están organizando algo sencillo pero representativo.
Se le solicita su apoyo para una campaña de recaudación de fondos para esta celebración, la cual está abierta al público.
El asesor Gustavo Viales, la directora del Recinto de Golfito Georgina Morera y el asesor legal de JUDESUR Roberto Matamoros participaron en la mesa principal (foto cortesía Mainor Mairena).
El 31 de mayo finalizará el segundo periodo de la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR que desde octubre del 2014, por mandato del Gobierno de la República, ha asumido el funcionamiento de la institución.
La Junta Interventora presentó un informe detallado a la población sobre el estado en que encontraron JUDESUR, los logros alcanzados durante su gestión y los temas que quedan pendientes, en el foro Intervención JUDESUR: ¿qué se ha logrado y qué sigue?, que se realizó el sábado 7 de mayo por el Recinto de Golfito de la UCR.
Uno de los principales logros de la Junta Interventora fue aumentar la ejecución de los fondos presupuestados de un 75,6 % en 2014 a un 80,0 % en 2015 en proyectos de desarrollo local y en mejoras para el depósito. Es decir se pasó de ¢4.899.375.358,32 a ejecutar ¢7.60.873.399, 63 (ejecución más alta en la historia de JUDESUR).
Algunos de estos proyectos son la reactivación y modernización de ganadería en la zona sur (¢1.650 millones), adquisición de equipo médico en la zona Sur (¢780 millones), construcción del Paseo Marino de Golfito (¢551 millones), siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de palma africana con Osacoop (¢219 millones), inversión en el Centro de Formación del INA de Osa (¢590 millones) y aumento en las becas de secundaria.
El Paseo Marino de Golfito es uno de los proyectos impulsados por la Junta Interventora que actualmente están en ejecución (foto Luz María Rivera).
A pesar de los avances, para los pobladores de la zona Sur la incertidumbre rodea el futuro de esta institución, pues finaliza la intervención y en el mismo mes de mayo las organizaciones deben hacer el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva, que podrían o no dar continuidad al trabajo realizado durante los últimos 20 meses.
Reforma de Ley
La aprobación en segundo debate de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), expediente 18.985, impulsada por el diputado liberacionista Olivier Jiménez y aprobada por 45 diputados de diferentes fracciones el 5 de abril de 2016, también genera inquietudes entre la población.
El asesor legislativo Gustavo Viales defendió la idoneidad de la nueva Ley Orgánica de JUDESUR (foto cortesía Mainor Mairena).
En el foro, el asesor Gustavo Viales, presentó la posición del diputado liberacionista Olivier Jiménez, en cuanto a esta ley que pretende dotar de mayor competitividad al Depósito Libre de Golfito y fomentar el desarrollo de la Zona Sur a través de proyectos regionales.
Recalcó que “las municipalidades no son enemigas de JUDESUR” y explicó que la nueva ley establece que debe realizarse un Plan Regional de Desarrollo Integral de la Zona Sur que sería planificado con las municipalidades y el INDER. Con este plan se ordenará la asignación de recursos y mecanismos de control, entre otras atribuciones.
Además, destacó que con esta ley la Junta Directiva pasará de estar conformada por 9 miembros a 11 miembros, ya que incluirá una representación indígena y una del sector agrícola. Además, quienes se postulen tendrán que contar con grado académico universitario y no haber fungido en puestos de elección popular en los últimos dos años.
A pesar de la aprobación en plenario, de la Ley Orgánica de JUDESUR, aún no se encuentra en vigencia hasta no ser firmada por el Ejecutivo y publicada en La Gaceta. Por lo tanto, según explicó el abogado externo de la Junta Interventora, Lic. Roberto Matamoros, los cambios no aplicarían en la elección de los miembros de la próxima junta.
Preocupación
Entre las inversiones realizadas durante la intervención se encuentra la reparación de las instalaciones del Depósito Libre de Golfito (foto Katzy O’neal).
La nueva ley establece la rebaja gradual a los aranceles en compras realizadas en el Depósito Libre de Golfito. Un año después de la entrada en rigor de la ley el impuesto único bajaría del 18% al 15%, el año siguiente a un 12% y al siguiente llegaría al 10%. Además se establece que el máximo de compra que se puede realizar en el depósito será de cuatro salarios base por año.
Estos cambios que beneficiarían a los consumidores preocupan a la población y a la Junta Interventora, pues con la baja en los aranceles, los ingresos tributarios de JUDESUR se verían disminuidos drásticamente.
Manuel Herrera Mutis, presidente de la Junta Interventora, expresó su anuencia para colaborar con la próxima junta directiva de JUDESUR (foto cortesía Mainor Mairena).
Según las estimaciones de la Junta Interventora, si la ley empieza a regir en el 2017, JUDESUR tendría un déficit de ¢2.100 millones para su gestión administrativa, año a año bajarían estos ingresos por la reducción del impuesto único, aunque las ventas del depósito aumenten y entren a funcionar los 14 locales que se reconstruirán, explicó el planificador Percy Aragón.
El Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, Manuel Herrera Mutis, reconoció que la ley tiene algunas fortalezas, sin embargo asegura que “con esta nueva ley es posible que en tres o cuatro años JUDESUR tenga que cerrar” por falta de presupuesto.
Estado legal
Actualmente JUDESUR además enfrenta denuncias penales, procesos disciplinarios y demandas ante el tribunal Contencioso Administrativo que se han llevado adelante durante este periodo.
Miembros de la Junta Interventora y personas de las comunidades del Sur asistieron al foro organizado por el Recinto de Golfito de la UCR (foto cortesía Mainor Mairena).
El abogado externo de la Junta Interventora, Roberto Matamoros Ramírez, explicó que entre los años 2014 y 2015 recibieron demandas presentadas por concesionarios del Depósito Comercial Libre de Golfito que suman entre sí pretensiones por ¢3.500 millones.
Por otro lado, la junta interventora ha presentado ante la Fiscalía denuncias penales contra las Municipalidades de Golfito (¢802 millones), Osa (¢600 millones), Corredores (¢350 millones) y Coto Brus (¢91 millones) por la no liquidación de proyectos. Estas denuncias se encuentran en etapa de investigación.
Participación
Al foro fueron invitados las organizaciones comunales, los diputados de los cinco cantones de la zona Sur y los representantes del Gobierno de la República, la Fiscalía de Golfito, la prensa nacional y local. No obstante, a la cita acudió principalmente la comunidad, los miembros de la Junta Interventora y Gustavo Viales el asesor del diputado Olivier Jiménez.
Durante la actividad los representantes de la sociedad civil de los cinco cantones de la zona Sur tuvieron la oportunidad de expresar sus preguntas e inquietudes. Entre ellos participaron el Comité de bienestar y vigilancia del pueblo civil de Golfito, la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés, la Asada de Piedras Blancas, la Asociación de Desarrollo de La Mona y el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Osa Golfito y Corredores, entre muchas otras.
Grupo expone manifiesto ante Ministro de Vivienda en la UCR
Otto Salas Murillo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En esta actividad se divulgó que más de 100 millones de personas en el mundo no tienen hogar y que una cantidad similar enfrenta graves problemas al convivir sin electricidad, agua potable y en condiciones de amenazas constantes por desalojo (foto Rafael León).
La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR) sirvió como organizadora y propulsora de la actividad denominada Encuentro por un hábitat digno: tierra, casa y barrio; se trató de la presentación de un manifiesto elaborado por la Red Acceso a Tierra que agrupa a 10 organizaciones populares ubicadas en diferentes lugares del Gran Área Metropolitana (GAM).
Entre las comunidades que se han unido en esta Red por medio de agrupaciones están: Asociación Consejo de Vecinos de La Carpio (ASOCODECA), Asociación Pro Vivienda La Esperanza de Purral, Asociación Luchando por una Vivienda Digna (ASOLUVID) de Desamparados, Asociación Pro Vivienda Los Ángeles de Tirrases, Comité Los Pinos de Alajuelita, Asociación de Vivienda Benjamín Núñez de Los Guido, Asociación Triángulo de Solidaridad de Tibás, Cooperativa Autogestionaria de Producción del Hábitat Humano (COOPEBERACA R.L.) de Pavas, Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua de La Carpio (COOVIFUDAM R.L.) y el Colectivo Dignidad y Hábitat de San José.
Para recibir el documento por parte de las autoridades gubernamentales costarricenses estuvo presente el Ing. Rosendo Pujol Mesalles, ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).
Derecho a contar con vivienda digna
La Red Acceso a Tierra busca generar un diálogo entre quienes luchan por tener vivienda digna y quienes toman las decisiones, pero también trabajan para mejorar la calidad de vida en los barrios en donde conviven; en la imagen representantes de las comunidades entregan el manifiesto al Ing. Pujol Mesalles (foto Rafael León).
Algunos de los puntos más importantes incluidos en el manifiesto presentado en este Encuentro son que se respete el Artículo 50 de la Constitución Política en cuanto al derecho a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; derecho a estar debidamente informados y recibir cooperación estatal para estar debidamente capacitados en temas de acceso a tierra y vivienda social.
Asimismo demandan que se fortalezca y mejore el marco jurídico constitucional para que la tierra cumpla una función social, y solicitan que se elabore un plan para la creación de una cartera de tierras dirigida por el MIVAH, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y municipalidades.
Finalmente demandan que el MIVAH, como entidad rectora del sector, ordene el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y a la vez ejecute una política pública clara relacionada al acceso a la tierra y la vivienda social, las competencias y límites de cada actor participante, así como la participación activa de las organizaciones populares.
“La lucha que ésta Administración ha estado dando es digna de reconocer, pero también tradicionalmente se ha invisibilizado el esfuerzo que hacen las comunidades, pues solamente somos utilizados para un fin específico y ahora con este tipo de iniciativas estamos empezando a empoderarnos de la información, no la que una entidad, un desarrollador o una municipalidad quiere darnos, sino que empezamos a investigar y a darnos cuenta que hay mucha información suelta que de una forma estratégica no nos quieren otorgar. En la medida en que dejemos de ser ignorantes vamos a poder defendernos mejor”, declaró Yerlin Montero Molina, una de las integrantes de la Red Acceso a Tierra.
El Encuentro por un hábitat digno: tierra, casa y barrio tuvo lugar el viernes 30 de octubre en la Sala Multiusos de la Escuela de Arquitectura de la UCR y acudieron representantes del MIVAH, municipalidades y de las comunidades que conforman la Red (foto Rafael León).
Montero Molina añadió que no quieren ser rivales de la institucionalidad, “más bien queremos acompañarla a dar la pelea, pues a ella le sirve en sus números ser efectiva y a nosotros nos sirve sacar a las comunidades del rezago en el que están”, sostuvo.
Por su parte, el ministro Pujol Mesalles indicó que está de acuerdo en la mayoría de los puntos que componen la propuesta que les presentaron, sin embargo aclaró que desde su cargo no puede decidir el otorgamiento de terrenos o viviendas específicamente.
“Algunas de las cosas que piden ya las estamos tratando de hacer, es complicado porque hay grupos que sistemáticamente tratan de manipular las necesidades de las comunidades para sus propios beneficios como empresarios y como políticos. Yo provengo de la UCR y estoy con el deseo de servir pero la batalla no es sencilla, en un régimen capitalista no es fácil cambiar el valor de la tierra o acumularla en bancos de tierra, si lo podemos hacer entonces vamos en la dirección correcta”, manifestó Pujol Mesalles.
El Ministro agregó que están tratando de obtener acceso a la tierra de las entidades públicas pero que eso toma tiempo porque la legalidad está en su contra, “estamos completamente de acuerdo en que las personas que necesitan tierra dentro de la GAM se la podamos dar, pero los recursos con los que contamos son limitaos y el costo de la tierra y de los insumos para la construcción de viviendas han subido enormemente”, subrayó.
El Colectivo Dignidad y Hábitat, junto al TCU 568 de la Escuela de Arquitectura que se denomina: Promoción de una cultura de respeto y solidaridad en el contexto de las migraciones en Costa Rica, trabajaron en conjunto para acompañar a las organizaciones comunales que integran la Red Acceso a Tierra e impulsar este encuentro.
“Este Colectivo nace en la Escuela de Arquitectura a través de la Maestría de Vivienda y Equipamiento Social: el objetivo es poder fortalecer a las organizaciones comunales brindándoles asesorías y asistencia técnica social; tratamos de identificar tanto sus debilidades internas como externas y este Encuentro representa el primer acercamiento con la institucionalidad”, aseveró el M.Sc. Jonathan Mora Sánchez, coordinador del Colectivo.
Información enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.
Investigadora invitada compartió con trabajadores sociales costarricenses
Eduardo Muñoz Sequeira,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
El trabajador social incide en las organizaciones comunales para mejorar las condiciones de vida, promover cambios en las comunidades y en defensa de la dignidad y derechos de sus habitantes – foto Archivo ODI.
“Debemos pensar el hacer, en lo social, para que la intervención que hacemos sea estratégica, critica, propositiva y pertinente”, dijo la magister Rosa María Cifuentes Gil, quien ofreció varias exposiciones en la UCR la última semana de octubre pasado, como parte de las visitas académicas promovidas por la Escuela de Trabajo Social (TS).
Cifuentes es docente e investigadora de la Universidad La Salle, en Colombia. Su trayectoria profesional incluye la formación de educadores, trabajadores sociales y consultora de diversas instituciones en materia social. Precisamente, durante su visita a Costa Rica impartió una serie de charlas a estudiantes de esa unidad académica en la UCR, a integrantes del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica y personal que ejerce en distintas instituciones públicas.
Sus talleres y conferencias se basaron en tres aspectos. El primero sobre la investigación cualitativa, desde una mirada dialogal y distintas perspectivas, y su relación con lo cuantitativo y las epistemologías contemporáneas. El segundo trató sobre la metodología e intervención del trabajo social como agente de cambio en las comunidades. Finalmente, expuso sobre la sistematización de experiencias como recurso para la construcción de conocimiento.
A criterio de la Dra. Cindy Calvo Salazar, investigadora de TS y coordinadora de la visita, “la sistematización de experiencias es un imperativo para cualificar los procesos de conocimiento a partir de la intervención profesional. De esta práctica fuimos protagonistas creadores en la década del 70; por razones de tipo ideológico y falta de claridad epistemológica, fue relegada. Hoy es inaplazable retomar la propuesta: conocerla, sensibilizar en torno a la misma, avanzar en su desarrollo y proyección, con el fin de promover la construcción de conocimientos a partir de la práctica y la construcción disciplinar”.
Un profesional contemporáneo
“Uno de los horizontes del trabajo social es trascender lo cotidiano, lo operativo, lo instrumental, lo burocrático, lo tecnocrático, para posicionarse desde una perspectiva comprensiva y transformadora del entorno social”, dijo la investigadora invitada.
Cifuentes Gil considera que con la sistematización de experiencias se construye conocimiento y propuestas de acción comunitaria o institucional – foto Anel Kenjekeeva.
Según Cifuentes, el rol actual del profesional en trabajo social implica conocer las comunidades en las que está inserto. Este proceso de acompañamiento significa que se trabaja lado a lado, desde una perspectiva ético política para la construcción de una sociedad plural, de dignificación de la vida y desde los diferentes actores con los que interactúa cotidianamente.
“Tenemos que tener el oído bien abierto, trabajar con otros, descubrir con ellos, crear con los demás”, afirmó la investigadora. Cifuenes recordó que los profesionales de trabajo social están en contacto directo con las personas, les apoyan a resolver situaciones apremiantes; cada caso se archiva como uno más. No obstante, la académica colombiana reconoció que a lo largo de América Latina los profesionales se enfrentan a instituciones que exigen muchos trámites, labores administrativas y otras que les deja poco tiempo para la investigación y sistematización de sus intervenciones.
“Las instituciones son demandantes de acciones, y no hay tiempo para hacer intervenciones críticas, oportunas y estratégicas. Pero esas condiciones no se dan por si mismas, hay que negociarlas con la institucionalidad. La formalización del conocimiento se construye con la práctica; es desafiante, pero no imposible”, insistió durante un encuentro con profesionales adscritos en hospitales públicos.
Precisamente, sobre las falencias en el ejercicio del trabajo social, la invitada dijo que los programas deben promover más entre sus estudiantes que se asuman como futuros científicos sociales que construirán y compartirán conocimiento. Que ese trabajo le aportará al desarrollo social de la Nación. Además, otro de los retos en la formación es concientizar sobre la sistematización de experiencias como insumo indispensable de ese sabe, cada caso encierra realidades que deben analizarse. Asimismo, abogó por la autonomía de criterios para sus intervenciones, sea en instituciones o directamente en las comunidades.
Universidad-comunidad
Actualmente, el trabajador social debe trascender la elaboración y archivo de informes. Detrás de cada uno de ellos, queda la construcción de un tejido social y están los aprendizajes. No es fácil documentar estas experiencias, se requiere una voluntad política, condiciones laborales y tiempo para eso. En este proceso el acompañamiento de las universidades son importantes, sobre todo en proyectos de desarrollo regional que vincule a muchos actores sociales.
Pero esa incidencia comunal requiere que estén disponibles los diagnósticos regionales, y a partir de ellos proponer acciones. Sin embargo, una de las principales quejas de estos profesionales, añadió Cifuentes Gil, es la falta de tiempo y los pocos recursos. Es aquí, recordó, que las universidades tienen un rol de acompañamiento desde sus distintas instancias de investigación. Además, el Trabajo Social tiene que trabajar más cercanamente con otros científicos de diferentes disciplinas, porque un problema tiene muchas aristas y cada ciencia social contribuye en su resolución, concluyó la magister Cifuentes Gil.
Jornada Popular de Lucha por la Tierra y el Agua de la Zona Sur
Organizaciones y comunidades campesinas, indígenas y defensoras del agua de la Zona Sur nos unimos en la Jornada Popular de Lucha para el 17 de noviembre.
Convencidos de la importancia y necesidad de la unidad de las luchas y propuestas populares y que en la Zona Sur los intereses económicos y políticos de unos pocos están sumiendo en la pobreza a la mayoría de nosotros como pueblo y destruyendo nuestras fuentes de vida.
Sabiendo que la unidad, la dignidad y las esperanzas populares rebrotan en estas hermosas e indómitas tierras; es que los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades defensoras del agua nos hemos unido y organizado para realizar la:
«Jornada Popular de Lucha por la Tierra y el Agua de la Zona Sur» el martes 17 de noviembre; la cual iniciará a las 8:30 de la mañana en el parque de Palmar Sur.
Presentamos al pueblo de Costa Rica y al Gobierno un documento de demandas, exigencias y propuestas de la Zona Sur y exigimos respuesta de las instancias correspondientes antes del 17 de noviembre.
Previo a esta Jornada de Lucha, las organizaciones y comunidades firmantes construimos y enviamos al Poder Ejecutivo, Instituciones Públicas e Instancias Judiciales correspondientes el documento “Demandas, exigencias y propuestas de comunidades y organizaciones de la Zona Sur para vivir con dignidad y justicia” (documento abajo adjunto), que queremos compartir con el pueblo y ante el cual esperamos respuestas de los gobernantes.
Las organizaciones y comunidades campesinas exigimos que se respete nuestro derecho a la tierra, reconociendo definitivamente este derecho y entregándonos las tierras en las cuales vivimos y trabajamos.
Además, las organizaciones y pueblos indígenas firmantes, demandan que el Estado cumpla con su deber de garantizar la integridad de los Territorios Indígenas, los cuales solo pueden ser habitados por los pueblos indígenas correspondientes. También el Estado tiene que garantizar la integridad física de nuestros pueblos y respetar nuestras formas de vida y organización propias y autónomas.
Las organizaciones y comunidades campesinas, indígenas y defensoras del agua nos unimos en la defensa del agua, en el sentido de seguir conservando y cuidando este indispensable bien común, como lo hemos hecho históricamente y rechazamos el enjambre de proyectos hidroeléctricos impulsados en la zona por grupos e intereses económicos, que amenazan los ríos y nuestro buen vivir.
Por último, las organizaciones y comunidades firmantes, exigimos respuestas y posiciones del Poder Ejecutivo e instancias públicas correspondientes ante nuestras demandas y propuestas; antes de la Jornada Popular de Lucha por la Tierra y el Agua de la Zona Sur del 17 de noviembre, a la cual invitamos al pueblo de la Zona Sur y de todo el país.
Para mayor información;
Renier Canales M. (8792-8794), Comité de Lucha Por la Tierra de Palmar Sur.
Gustavo Oreamuno V (8527-0039), Ditsö – CLSS.
Felipe Figueroa M (8409-9129), Recuperadores de Tierra Bribris de Salitre.
Eduardo Fernández (8711-6948), Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica.
Organizan e invitan:
Coordinadora de Lucha Sur – Sur, Movimiento Ríos Vivos, Recuperadores de TierraBribris de Salitre, Recuperadores IndígenasTérrabasBröran de la Finca San Andrés, Consejo de Cultura de Boruca, Consejo Indígena Regional Pacífico Sur, Consejo de Mayores IririaJtéchöWákpa, ASADA de Abrojo Montezuma,Grupo de Mujeres Ngäbe de Alto Abrojo, Organización de Jóvenes Indígenas Ngäbes de La Casona, Organización de Lucha campesina por nuestras Tierras del Sur (OLCASUR), COOTRAOSA R.L, Comité de Lucha por la Tierra de Finca Changuena, Comité de Lucha por la Tierra de Palmar Sur, Comité de Vivienda de Finca 7, Voces Nuestras,Ditsö.
Lea las demandas, exigencias y propuestas de comunidades y organizaciones de la Zona Sur en el siguiente enlace:
El método de enseñanza se adaptó al contexto y necesidad real de los pobladores y las microempresarias de cuatro comunidades de la provincia de Guanacaste
Johnny Núñez Zúñiga
Periodista-UNA
Imagen tomada de http://www.campus.una.ac.cr/2015octubre_pag19a.html
Alrededor de 30 microempresarias de cuatro comunidades de la provincia de Guanacaste aprendieron a comunicarse en idioma inglés, por medio de un proyecto de investigación-extensión desarrollado por académicas de la Sede Regional Chorotega, Campus Nicoya, desde hace tres años.
La iniciativa, Construcción de una metodología innovadora para favorecer el aprendizaje del inglés en personas de baja escolaridad, en zonas rurales del golfo de Nicoya y la región Chorotega, se financió con el Fondo Institucional de Desarrollo Académico (Fida) y estuvo a cargo de las académicas Aleida Rosales, Rocío Pérez y Yendry Dover del 2013 al 2015.
Para este abordaje, las académicas crearon un método de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés, acorde con las necesidades de las comunidades, tomando como base su contexto y necesidades reales, para luego crear los módulos de capacitación pertinentes, los cuales contribuyeron en la elaboración de planeamientos y materiales didácticos auténticos, documentos de sistematización de experiencias, así como recopilación de videos y fotografías de los diferentes espacios educativos que sirvieron de apoyo al proceso, entre otros.
Dover destacó que en las primeras etapas de construcción de la metodología se realizó un diagnóstico participativo en las comunidades de Corral de Piedra, Manzanillo, La Montaña de Coyolito y Costa de Pájaros, dado que años atrás se impartieron clases de inglés.
Estas comunidades ofrecen los servicios de turismo rural comunitario, que consiste en hospedaje y alimentación, muestra de costumbres, agroturismo que incluya la ganadería, además viajes a los humedales y montaña, también venta de bisutería y bordados, mientras que en el golfo las microempresarias realizan el rescate de juegos tradicionales, tours a las islas, servicio de hospedaje y alimentación.
Resultados obtenidos
La académica explicó que durante este proceso, las microempresarias, en su mayoría mujeres con escasa escolaridad y edades comprendidas entre 25 y 40 años, no solo lograron comunicarse en inglés con los turistas, sino que obtuvieron resultados satisfactorios en el campo personal y social, aunado a su compromiso, liderazgo y empoderamiento.
Como valor agregado, el proyecto brindó la oportunidad a los estudiantes de la carrera de Enseñanza del Inglés del campus Nicoya, para que ejecutaran su práctica supervisada en el marco del proyecto y se desarrollaran en espacios de enseñanza-aprendizaje.
Agregó que en los meses restantes se analizarán e interpretarán los datos arrojados durante el proceso, los cuales permitirán contribuir al quehacer docente, principalmente en la enseñanza de los idiomas. Como producto final del proyecto se encuentra en proceso un libro que recoge las experiencias vividas.
Dover espera que el proyecto se convierta en un programa permanente de la Sede Regional Chorotega y que se logre replicar en otras regiones del país, donde la UNA está presente, basado en una metodología acorde con la realidad de cada región o grupo poblacional.
*Para mayor información con: Yendry Dover (6024-0312) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (8706-1968/2277-3464).
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.
En la Zona Sur, las y los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades defensoras del agua, se unirán en la «Jornada Popular de Lucha por la Tierra y el Agua de la Zona Sur», la cual se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre, dando inicio con una concentración a las 8:30 a.m. en el Parque de Palmar Sur.
Invitan:
Coordinadora de Lucha Sur Sur; Movimiento Ríos Vivos; Pueblo Bribri de Salitre; Recuperadores de Tierras Indígenas Bröran; Consejo de Cultura de Boruca; Consejo Indígena Regional Pacífico Sur; Consejo de Mayores Iriria Jtéchö Wákpa; ASADA de Abrojo Montezuma; OLCASUR; COOTRAOSA; Comité de Lucha por la Tierra de Finca Changuena; Comité de Lucha por la Tierra de Palmar Sur; Ditsö.
El Programa Gente y Fauna de Confraternidad Guanacasteca, invita a las reuniones con comunidades y actores clave como parte del proyecto «Fomentando la Convivencia con Felinos en Costa Rica».
El objetivo del proyecto es crear una propuesta de Plan de Incentivos para Convivir con Felinos, para lo que se empezó en mayo pasado con un taller con finqueros y representantes comunitarios; luego de este taller, la propuesta de ellos pasó a revisión por parte de un panel de expertos en dos rondas; y ahora se cuenta con el tercer borrador para que sea validado por las comunidades.
Confraternidad es facilitadora de este proceso a nivel nacional y para ellos es muy importante involucrar a compañeros y aliados.
Los temas que se discutirán en las reuniones son los siguientes:
Creación de una organización nacional de comunidades que conviven con felinos
Establecimiento de mecanismos de diálogo
Asistencia técnica a finqueros afectados por depredación
Creación de un sello o marca para productos de comunidades con felinos
Establecimiento de un PSA por conservación de biodiversidad comunitario
Desarrollo de un esquema de seguro ganadero y/o compensación de pérdidas
Favor confirmar su asistencia a cualquiera de las reuniones al correo electrónico: genteyfauna@gmail.com
Gracias a sus aportes se ha convertido en un modelo de desarrollo social
Nelson Moya Moya, Periodista Recinto de Paraíso
Rocío Marín González, Periodista Oficina de divulgación e Información
La Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, ubicada en Turrialba, fue fundada el 22 de agosto de 1971. (foto Nelson Moya).
La localidad de Turrialba no habría logrado el crecimiento que experimenta en la actualidad sin el posicionamiento logrado a lo largo del tiempo por la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica (UCR), ubicada en ese cantón cartaginés. Así lo destacó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración de la Institución, durante la actividad conmemorativa del Cuadragésimo cuarto aniversario de la sede.
Durante su alocución el Dr. Araya recalcó que la labor desarrollada por la UCR en Turrialba corresponde al interés institucional de estar presente en las diferentes regiones del país con una oferta de enseñanza, de investigación y de acción social, adaptadas a las necesidades de cada una de ellas. “Así también se puede palpar en las comunidades que albergan las otras sedes y recintos, ubicados en zonas estratégicas donde se facilita el acceso a educación superior de alta calidad y se participa de lleno en el desarrollo de las comunidades”.
El Dr. Carlos Araya, felicitó y agradeció los forjadores y forjadoras, quienes con su visión, aporte y trabajo, han logrado que la Sede del Atlántico sea un modelo de desarrollo social. (foto Nelson Moya).
Por su parte, el Dr. Alex Murillo Fernández, director de esta sede, se refirió al desarrollo de la investigación y la acción social en la zona y a la implementación de carreras innovadoras que han beneficiado el desarrollo de la docencia. “Gracias a esta labor se han multiplicado espacios formativos en áreas necesarias para el desarrollo de la región y del país, tal y como es el caso de los recintos de Paraíso y de Guápiles y la apertura de la Estación Experimental Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos (FEIMA)”.
La celebración contó con la participación de docentes, funcionarios administrativos, estudiantes e invitados especiales de la comunidad. (foto Nelson Moya).
Para el Dr. Murillo “la regionalización universitaria, es un salto significativo en la democratización de la educación superior en nuestro país, porque ha permitido llevar conocimiento universitario a las distintas regiones, gracias a la presencia de las cinco sedes de la UCR”.
En el caso particular de la Sede del Atlántico, la UCR ha enriquecido la región con 3 246 profesionales en diferentes áreas del conocimiento humano y ha colaborado en el mejoramiento socioeconómico del país y en la calidad de vida de muchos de sus habitantes.
El Dr. Alex Murillo, recalcó el aporte de la sede a la formación de los recursos humanos que requiere la región. (foto Nelson Moya).
Ambos coincidieron en que uno de los principales retos de la sede será continuar aportando excelencia, experiencia y profesionalismo por medio de resultados siempre procurando el beneficio de la sociedad costarricense.
Fundada el 22 de agosto de 1971, la Sede del Atlántico de la UCR se ubica en la ciudad de Turrialba, a 67 km de San José, en la zona atlántica del país. Parte de su actividad académica se extiende a Guápiles y a Paraíso de Cartago, donde actualmente funcionan recintos de esta sede y a Siquirres.
Con la participación de más de 100 vecinos, de las comunidades de La Unión, Fátima, Zapotal, San Jerónimo, San Rafael, Barrio Los Ángeles, en el Salón Parroquial de San Pedro, al Obispo Gabriel Montero, convocado por los mismos vecinos, le fue explicada cual es la situación de descontento de las comunidades por la pretensión de establecer un proyecto hidroeléctrico, por parte de una empresa del grupo de H. Solís en el río San Rafael.
Los vecinos aducen que el proyecto ha generado desunión en la comunidad, no fue informado de manera transparente a todos los pobladores y no será de beneficio para los pueblos, limitará el acceso de los vecinos a los servicios que brinda el río. Además indicaron los vecinos, está basado este proyecto en estudios que son superficiales respecto a los impactos sociales y ambientales del mismo; un líder local que actúa como promotor de la empresa presenta este proyecto privado como una opción de desarrollo local, desconociendo que se trata de una iniciativa para el beneficio de unos pocos y no de las comunidades aledañas, y esto ha generado roces y confrontación entre vecinos. El empleo que generan estos proyectos es mínimo, alrededor de 12 personas en su etapa de operación y la ganancias de estos proyectos no se reinvierten en la zona.
El señor Obispo fue enfático en indicar que aún está estudiando el tema, que no tiene aún una posición definida, ni en favor, ni en contra de los proyectos, pero sí indica que está llegando a algunas conclusiones. “Yo siento que el país tiene un organismo suficientemente poderoso para producir su propia electricidad, y para eso existe el ICE; todo lo que sea generación privada, puede ser un debilitamiento para el propio ICE y para este sistema de economía solidaria, Hay cosas que a mí me hacen pensar, por ejemplo, cuando comunidades enteras se oponen a que los ríos sean usados para este tipo de proyectos. ¿Por qué el país no puede seguir produciendo electricidad a través de organismos como es el ICE? ¿Por qué necesitaríamos proyectos de generación privada, cuando todo pareciera indicar que efectivamente benefician sólo a unos pocos?”
Además agregó el señor Obispo refiriéndose a los conflictos que actualmente sufren algunas comunidades por este tipo de proyectos: “Que este tipo de cosas no produzcan división en la comunidad; diversidad de opiniones es normal que la haya, pero eso no significa que somos enemigos y que nos tratemos como enemigos. Yo espero que esto no produzca división en nuestros pueblos; yo no veo que eso sea lo que estamos buscando, ni lo que necesitamos pues nuestros pueblos ya están bastante divididos y no necesitan más división. El asunto de cómo usar sus recursos debe ser decidido por el pueblo y no se debe permitir que ningún proyecto se le quiera imponer. Esto tiene que estar absolutamente claro pues la voz principal que decide esas cosas debe ser la voz del pueblo”
Los vecinos están realizando asambleas en las comunidades parar establecer cuál es la voluntad de la mayoría de los habitantes, aducen que una minoría que no es representativa de las comunidades, está intentando llevar apoyar esta iniciativa, sin el conocimiento y consentimiento de las comunidades.
Informes: Luis Monge, Coalición Ríos Vivos, tel. 27381541 y 8921462.
