Hoy miércoles 15 de junio a las 5 de la tarde, el programa Voces y Política, invita al público en general al programa “Volviendo al espacio público y a la naturaleza: Experiencia del Barrio Colonia Sur”. Como persona invitada acompaña Mercedes Castro del Comité de Bienestar Animal de Barrio Colonia del Sur, Desamparados.
Participe en este y otros programas por las redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
Recuerde seguir y escuchar el Voces y Política todos los miércoles a las 5pm (Hora Costa Rica y Centroamérica).
Este 2022 el Programa de Gestión Local adscrito a la UNED tiene el gusto de invitar a la comunidad nacional e internacional a un espacio de encuentro y reflexión ambiental alrededor de la importancia del agua. La actividad se encuentra enmarcada dentro de la celebración del Día Mundial del Agua para el fortalecimiento del servicio comunitario en las localidades.
Laboratorios Palante son experiencias presenciales diseñadas para la transformación personal a través de prácticas artísticas. Se incluyen módulos artísticos participativos, talleres formativos, presentaciones y gastronomía vegana. Son producidos por un Colectivo de Artistas con el objetivo de diseñar una propuesta innovadora de transformación comunitaria para Costa Rica.
Los Laboratorios Palante se realizaron durante 12 meses consecutivos en el Área Metropolitana. De este modo, se ofrecerán de abril 2022 a marzo 2023, al final de cada mes. Nuestras sedes son espacios amplios, ventilados y preparados para disfrutar de esta experiencia con una gran responsabilidad. Algunas de las fechas se realizarán en fincas privadas y al aire libre.
Cada participante aportará una mensualidad de 20.000 colones durante 12 meses. Solo 50 personas podrán ser parte de la experiencia de los LABORATORIOS PALANTE. Dicho compromiso permitirá que se concrete un modelo de empoderamiento para comunidades basado, totalmente, en la experiencia artística.
El One&Only Papagayo es un megaproyecto que pretende seguir cargando con más actividad humana al hermoso golfo de Papagayo. FECON no está a favor de este tipo de megaproyectos, porque consideramos que el turismo debe ser social y ambientalmente justo, distribuyendo los beneficios entre las comunidades y no concentrándolos en manos de grandes capitales extranjeros.
Desde nuestra perspectiva, no cumple con el perfil de un proyecto justo y ambientalmente sustentable. Es una inversión para un turismo de élite, excluyente, que no ofrece oportunidades reales a las comunidades locales. Más bien consideramos que ha sido ofrecido irresponsablemente a los inversionistas sin saber si tiene viabilidad en el contexto actual de la zona.
FECON tiene muchos argumentos para no estar de acuerdo con este tipo de desarrollo excluyente que se implementa en Guanacaste. La experiencia de las comunidades locales con el megaturismo no ha sido buena. La pobreza se ha mantenido creciente al lado de las zonas hoteleras y la desigualdad ha aumentado. Por eso explicamos por qué este proyecto no solucionará los problemas de la zona.
La política de Estado respecto a la Zona Marítimo Terrestre está mal. Ha sido un desastre a nivel social y ambiental. Como resultado ya tenemos playas altamente contaminadas y ecológicamente amenazadas por el desarrollo desregulado y el desinterés institucional en garantizar un turismo verdaderamente en armónico con las características ecológicas del territorio en el que se instala.
El modelo de desarrollo en Dubai, de donde proviene la inversión propuesta, no es un ejemplo de manejo ambiental responsable, sino todo lo contrario. Aparte de bombos y platillos por la construcción de un mega-hotel, no se habla de un concepto de sostenibilidad (porque es imposible que lo tenga), sino de un hotel 7 estrellas, lo que tiene muchas implicaciones.
Así como se habla de prácticas amigables con el ambiente, sabemos que muchos desarrollistas han llegado a Guanacaste con una visión desinteresada en los impactos ambientales de sus negocios. Muchas personas locales han denunciado la destrucción y depredación de los recursos costeros. A algunos inversionistas sólo les importa apoderarse de los bellos paisajes costeros a cualquier costo ambiental y este proyecto no será la excepción.
Desarrolladores e instituciones fingen ceguera ante la afectación de los ciclos ecológicos de especies que dependen del equilibrio marino-costero o de la interconectividad de ecosistemas terrestres que arrasan los desarrollos inmobiliarios como este. El crecimiento inmobiliario, actualmente sin verdadero control, elimina a gran escala importantísimos remanentes de bosque seco (altamente vulnerable a desaparecer) en las áreas costeras. También se sabe que algunos desarrollos inmobiliarios han borrado y hasta extraído ilegalmente patrimonio arqueológico de los sitios donde operan, ante la ausencia institucional.
En Guanacaste el megaturismo ha significado la destrucción del tejido social de las comunidades y el desplazamiento de las personas locales de los espacios de más valor paisajístico y recreativo. Hay una marcada exclusión económica de los pueblos en beneficio del turismo y este proyecto no va a ser la excepción.
Proyectos de este tipo han profundizado el abandono institucional de las poblaciones costeras originales, que finalmente quedan a merced de lo que hacen o dejan de hacer los inversores privados. Las decisiones públicas quedan sometidas a los intereses privados. Hay que conversar con la gente de las comunidades para saber todo esto que está pasando hoy en muchos lugares.
Agua privatizada
Los desarrollos de Papagayo ya son ejemplo de insostenibilidad en el consumo de agua. Con megaproyectos como el One&Only se continúa concentrando en pocas manos los limitados recursos hídricos de Guanacaste. Los acuíferos son vulnerables y en estos complejos turísticos se consume el agua a gran escala.
Los pueblos de Guanacaste no juegan al golf ni se bañan en piscinas, pero una cancha de golf, piscinas y la carga turística diaria de hasta mil personas en este complejo turístico podrían consumir perfectamente la misma agua que necesita toda la población actual del distrito de Nacascolo, donde se pretende construir.
Recordamos que por sostener altos flujos de turismo en esta zona, sin los estudios técnicos y científicos previos, ya se han desgastado y salinizado acuíferos como el de Playa Panamá. Y con este proyecto de One&Only, hasta ahora no ha habido información pública sobre los fundamentos técnicos que garanticen la viabilidad del megaproyecto, solo el anuncio de la inversión. Recordemos que algo parecido pasó con Crucitas y El Diquis, anunciados como panaceas sin tener los estudios que respaldan su viabilidad ambiental.
Hoy hay pueblos guanacastecos que padecen por la carencia de agua potable y servicios de calidad. Su derecho humano está siendo violado. Mientras que hoteles y condominios privados toman control de las ASADAS y se auto-otorgan permisos para servirse de las fuentes de agua vulnerables de la zona sin estudios que respalden. Los inversores extranjeros se enriquecen en este momento con el control ilegal y la concentración inmoral del agua de los guanacastecos.
Con todo esto que sabemos por la cercanía de FECON con organizaciones locales guanacastecas, concluimos que, más que concesiones, en la costa de Guanacaste se establecen enclaves que privatizan la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica sin importarles gran cosa el futuro de las comunidades locales.
Para los extranjeros, si el agua se acaba pueden irse, no sin antes haber multiplicado sus riquezas a través del turismo de lujo. Pero los pueblos no tendrán la misma opción cuando estén sin agua y sigan en condición de pobreza, porque el megaturismo no ha resuelto este problema crónico en la provincia.
Negociaciones antidemocráticas
El negocio del megaturismo ha demostrado moverse a través de negociaciones poco transparentes entre desarrolladores, municipalidades y demás instituciones. Eso desencadena los conflictos con las comunidades que son excluidas de los planes de desarrollo, porque al final sólo se negocia en altos niveles y se le vende a la gente el trillado discurso de los empleos.
Los Gobiernos sólo ofrecen megaturismo y no tienen otras opciones económicas para las comunidades ni tienen ideas de los intereses reales de la gente. Nos preguntamos ¿Habrán consultado a alguien de las comunidades impactadas directa o indirectamente? De seguro no, pero sabemos que será un buen negocio para la industria de la construcción.
Al final los pueblos guanacastecos son despojados del acceso público a las playas cuando proyectos privados de alta gama se instalan. El hotel 7 estrellas toma su zona y controla su parte de playa para que sus clientes no tengan molestias fuera del control de sus guardas. Es el mismo turismo privatizador que vemos hoy en Guanacaste y con el que no podemos estar de acuerdo.
No podemos estar de acuerdo con la política antidemocráctica del gobierno de ir por el mundo ofreciendo a grandes capitales extranjeros venir a invertir en megaproyectos en nuestro país, sin dar a conocer las condiciones y fundamentos para hacer este tipo de negociación. Eso lo hacen porque no tienen planes reales de desarrollo inclusivo y equitativo para las comunidades guanacastecas. Sólo aumentarán la desigualdad y eso está en contra de nuestros valores como organización.
Lo último y no menos importante, es decir que necesitamos escuchar lo que piensan y ven cada día muchas comunidades que están silenciadas y afectadas por la imposición del megaturismo, que amenaza con arrebatarnos muchas otras playas de Guanacaste, que por principio deberían ser de libre acceso para la recreación sana de todos los costarricenses.
FECON está comprometido en dar la lucha con los pueblos costeros por un futuro seguro, económicamente justo, donde se respeten todos los derechos y el Estado garantice bienestar real. One&Only Papagayo, reiteramos, no es una solución a ningún problema de los que enfrenta Guanacaste, solo continúa la ruta de la privatización.
El pasado 14 de febrero el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de la Universidad de Costa Rica celebró el conversatorio titulado “Megaproyectos: Decir NO, no basta”, con el activista mexicano Gustavo Esteva quien ha tenido una extensa trayectoria en relación a la función pública, la docencia, como asesor del Ejecito Zapatista y defensor de las teorías sobre el postdesarrollo.
En la actividad se conversó sobre el contexto del sistema capitalismo en la actualidad, la muerte del capitalismo en palabras de Esteva y “la muerte del régimen y su camino al despojo”. Se hizo hincapié sobre las miradas de los megaproyectos como una oportunidad, desde las elites visto como una oportunidad y como una lógica de despojo desde las clases subalternas, que implica la destrucción de sus modos de vida tradicionales, autónomos y de sus fuentes de ingreso.
Estevahizo hincapié en los elementos implícitos detrás de los discursos sobre el beneficio de los megaproyectos en especial sobre la fuga de las riquezas lejos de las manos y miradas de las comunidades afectadas, así como la capacidad de organización y resistencia de los pueblos frente al gran capital.
En palabras del Observatorio de Bienes Comunes el presente conversatorio invita a reflexionar sobre “¿Cuál es el verdadero precio a pagar?, a repensar sobre las implicaciones para nuestros territorios de este tipo de propuestas, ¿quiénes las promueven? ¿Para quiénes son los beneficios? ¿Quiénes asumen las consecuencias y cuáles son los desafíos que nos interpelan como sujetos individuales, pero también colectivos?”
Le invitamos a repasar el conversatorio mediante el siguiente enlace:
La gestión integral del recurso hídrico se encuentra en la palestra de los foros internacionales y la discusión de las políticas públicas en un contexto de cambio climático y extractivismo. Existe un debate sobre el tema de agua potable para las comunidades y la conservación de cuencas versus la creciente influencia de grandes corporaciones y agencias de cooperación, en el manejo del agua en favor de actividades extensivas o de gran impacto.
En este sentido el Movimiento Ríos Vivos hace un llamado vehemente al diálogo y reflexión mediante una misiva sobre la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) relacionado a la gran cuenca del río Grande de Térraba, una de las más extensas y conflictivas del país. Por cuatro décadas en esta región han dominado familias dedicadas a la ganadería extensiva, la compañía Fresh Del Monte (exportadores de piña), y la cooperativa CoopeAgri (exportadores de azúcar de caña).
Por ende, es necesario colocar ese tema local con una perspectiva global de la GIRH, permeado por la influencia de sectores privados y en detrimento de las comunidades en víspera de los próximos foros regionales y nacional de gobernanza del agua. Tal y como lo señala la siguiente misiva.
El candidato presidencial del partido Progreso Social Democrático, señor Rodrigo Chaves, dijo que “el sector cultura en Costa Rica ha estado abandonado por muchos años”. Esto es cierto, seguidamente menciona “[…] el presupuesto del Ministerio de Cultura se lo comen todas esas organizaciones, la Junta de Administración del Melico Salazar, la Junta de Administración del Teatro Nacional, la junta de administración del museo tal. Pura burocracia […]”. Por otra parte, la señora Pilar Cisneros, candidata a la Vicepresidencia y diputada electa por el mismo partido, ante los problemas fiscales a causa de la pandemia de Covid-19, dijo hace dos años en entrevista a Multimedios canal 8, “[que el país] puede vivir uno o dos años sin cultura”. “Sí, cultura se va a quedar… pero, como dijo don Pepe Figueres “para qué tractores sin violines” y lo comprendo perfectamente, pero vea don Douglas, si usted está hasta aquí (señala su cuello) con su familia, no se va Disney y si no puede ir al cine pues vea las películas que le ofrece la televisión abierta…”
¿Qué entenderán por cultura estas dos personalidades de la política costarricense?
Cultura es una palabra con presencia usual en los medios de difusión y en instituciones de enseñanza general básica o superior. Es de uso común en las personas, como hablar de comida, del clima, de la calidad de vida, etc. Es una palabra que, para las masas, al parecer define algo intangible, o un grupo, generalmente extraño al nuestro, o un pueblo o sociedad distinta a la nuestra. Definir cultura es problemático.
La Antropología vio nacer el término. Para Grimson, la “Cultura” nació con el propósito de oponerse a la “Alta Cultura” y el racismo imperante al buscar diferencias entre distintos grupos humanos con los que se encontró Europa. La primera definición de cultura se opuso a la idea de existencia de personas “cultas” y personas “incultas”. Por ejemplo, en la Europa del siglo XVIII, así como también en la Costa Rica de finales del siglo XIX y prácticamente hasta el presente, se concibe una persona “culta” en tanto sea estudiada y sensible a las artes, la ópera o el teatro, y dueño de ciertas costumbres de etiqueta y vestimenta que lo identifica también como persona perteneciente a grupos pudientes.
Tylor, ante lo expuesto, en 1871 asocia el concepto de cultura a todo aquel conocimiento, tradición, costumbre y hábito inherente a la persona dentro de una sociedad. Dice Tylor: “La cultura… en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad.”
Definiciones más cercanas a nuestra época proponen la cultura como “sistemas simbólicos compartidos que son acumulativas creaciones de la mente.”, según dice el reconocido antropólogo, filósofo y etnólogo francés, Claude Lévi-Strauss; o según el lingüista y antropólogo estadounidense, Roger Keesing “las culturas son sistemas que sirven para relacionar a las comunidades humanas con sus entornos ecológicos”.
De esta manera, y de acuerdo con lo dicho por Cisneros, ¿podríamos vivir dos años sin relacionarnos con nuestros entornos ecológicos?, ¿podríamos por dos años dejar de crear sistemas simbólicos acumulativos?, ¿podríamos dejar de tener conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres o cualquiera otra capacidad o hábito adquirido en nuestra sociedad, por dos años? A todas luces, el término cultura, en cualquiera de sus definiciones citadas y otras existentes, es mucho más que ir a Disney o mucho más que ver películas.
Por otra parte, el Ministerio de Cultura y Juventud, junto con sus direcciones e instituciones adscritas, en Costa Rica, es el ente rector oficial de una pequeña parte, denominada “arte”, de esto que hemos tratado de definir como “cultura”; y dado el histórico presupuesto exiguo que tiene, menos del 1% del presupuesto nacional, muchas de sus actividades se deben realizar ad honorem.
Soy músico, profesor pensionado de la Universidad de Costa Rica. Fui funcionario del Ministerio de Cultura y Juventud, así como también miembro, ad honorem, del jurado de Premios Nacionales y del jurado de las Becas Taller otorgadas por este órgano oficial. Conozco muy bien el funcionamiento de este ministerio y sus enormes limitaciones presupuestarias. Por otra parte, he ejercido mi profesión de músico intérprete, tanto en el Valle Central como en las regiones periféricas, y conozco muy bien las necesidades y penurias del mundo artístico.
Ante lo expuesto, me rehúso a pensar que el señor Rodrigo Chaves, con su docta formación económica, reduzca los problemas operativos del Ministerio de Cultura y Juventud, a la burocracia y al supuesto consumo presupuestario de las juntas administrativas. Por otra parte, me rehúso a creer que la señora Pilar Chaves, con docta formación en comunicación, conciba cultura como ir a Disney o ver películas.
El sector cultura, en nuestro país y para la oficialidad, se reduce exclusivamente a las manifestaciones artísticas, las cuales erróneamente, se han visto como accesorias, salvo a comiensos del siglo XX cuando, en la construcción de la nación, los del grupo denominado el “Olimpo”, vieron a las artes y especialmente a la música europea, como una necesidad para educar y presentar a Costa Rica ante el coro de naciones, en tanto república culta y desprovista de bárbaros, entiéndase pueblos originarios o personas “incultas”. En efecto, tiene razón el señor Chaves, este sector ha estado abandonado por muchos años. Esto es grave.
Sin embargo, es más grave aun, el que una diputada electa y un candidato presidencial, a dos décadas de haber iniciado el siglo XXI, mantengan un concepto arcaico y europeizante, es decir, propio de la colonialidad, tratando de demostrar mediante el reductio ad absurdum, que cultura es el Ministerio de Cultura o ir a Disney. Si por la víspera se saca el día, dejaremos de hacer cultura, es decir, dejaremos de tener conocimiento, arte, creencias, derecho, ética, costumbres, hábitos, etc., por cuatro años, en caso de ganar las elecciones este grupo político. Tiene entonces la palabra el partido Progreso Social Democrático, claro, después de estudiar al menos, un poco de antropología.
GUATEMALA ES RESPONSABLE POR VIOLAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS CULTURALES DE CUATRO PUEBLOS INDÍGENAS OPERADORES DE RADIOS COMUNITARIAS
San José, Costa Rica, 17 de diciembre de 2021
En la sentencia notificada en el Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán. Tales violaciones ocurrieron principalmente porque el marco regulatorio concerniente a la radiodifusión en Guatemala, particularmente, la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) impidió, en la práctica, que estas comunidades indígenas pudieran operar legalmente sus radios comunitarias.
El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.
Al menos el 43,6% de la población de Guatemala es indígena y aproximadamente 80% de la población indígena es considerada pobre.
En Guatemala, se encuentran un aproximado de 424 emisoras de radio licenciadas en frecuencia FM y 90 en frecuencia AM, de las cuales, una es emisora comunitaria indígena. Por otro lado, existen diversas radios comunitarias operadas por pueblos indígenas que no cuentan con licencia del Estado para su funcionamiento, como las emisoras operadas por los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán.
Las Radios Ixchel y Uqul Tinamit La Voz del Pueblo, operadas por los pueblos Kaqchikel de Sumpango y Achí de San Miguel Chicaj, fueron allanadas por autoridades estatales como resultado de órdenes judiciales dictadas en el marco de procesos penales. Sus equipos de transmisión fueron confiscados y algunos de sus operadores, miembros de las respectivas comunidades, fueron procesados criminalmente. La Radio Ixchel suspendió su transmisión por siete meses y los miembros de la comunidad tuvieron que recolectar fondos para comprar nuevo equipo y poder transmitir de nuevo. La Radio Uqul Tinamit, a su vez, dejó de transmitir tras sufrir un segundo allanamiento.
En la Sentencia, la Corte recordó que la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, y resaltó la importancia del pluralismo de los medios de comunicación en el marco del ejercicio del referido derecho. La Corte indicó que los Estados están internacionalmente obligados a establecer leyes y políticas públicas que democraticen el acceso a los medios y garanticen el pluralismo de medios o informativo en las distintas áreas comunicacionales, tales como, la radio. Asimismo, señaló que los pueblos indígenas tienen un derecho de verse representados en los distintos medios de comunicación, especialmente en virtud de sus particulares modos de vida, de sus relaciones comunitarias y la importancia que los medios de comunicación, especialmente la radio, tiene para ellos. En este sentido, los pueblos indígenas tienen derecho a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación.
La Corte reconoció que las radios comunitarias, más allá de posibilitar a los pueblos indígenas participar más plenamente en lo público, son una herramienta esencial para la conservación, la transmisión y el desarrollo continuo de sus culturas y lenguas. El acceso a sus propias radios comunitarias, como vehículos de la libertad de expresión de los pueblos indígenas, son un elemento indispensable para promover la identidad, el idioma, la cultura, la auto representación y los derechos colectivos y humanos de los pueblos indígenas. Por ello, los Estados están obligados a adoptar medidas necesarias que permitan a las comunidades indígenas el acceso al espectro radioeléctrico de las radios comunitarias.
En razón de la discriminación estructural e histórica que han sufrido los pueblos indígenas, el Tribunal señaló que Guatemala debía tomar todas las medidas necesarias para revertir los varios factores de desventaja de los mismos y asegurarles el acceso a frecuencias radioeléctricas, con el propósito de garantizar la igualdad material de dichos pueblos frente a otros segmentos sociales que tienen las condiciones económicas para competir en las subastas de adquisición de frecuencias radioeléctricas, cuyo único criterio es el de mayor precio.
La Corte determinó que, la forma por la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas y a su vez, les impide ejercer su derecho de participar en la vida cultural. Así, la Corte encontró que Guatemala violó los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán.
Por otra parte, el Tribunal consideró que los allanamientos y decomisos de equipos de las radios Ixchel y “La Voz del Pueblo” configuraron acciones ilegítimas y restricciones al derecho a libertad de expresión contrarias a la Convención, por lo que la Corte concluyó que Guatemala es responsable por la violación de dicho derecho, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Maya Achí de San Miguel Chicaj.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre otras: 1) adoptar las medidas necesarias para permitir que las comunidades indígenas identificadas como víctimas de ese caso puedan operar libremente sus radios comunitarias; 2) adecuar la normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas; 3) reglamentar su operación, estableciendo un procedimiento sencillo para la obtención de licencias; 4) reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico; 5) abstenerse inmediatamente de enjuiciar criminalmente a los individuos que operan emisoras de radio comunitarias indígenas, allanar dichas radios y aprehender sus equipos de trasmisión, y 6) eliminar las condenas y cualquiera de sus consecuencias relacionadas con las personas de comunidades indígenas condenadas por uso del espectro radioeléctrico.
José Antonio Mora, Coordinador Kioscos Socioambientales José Andrés Zúñiga, Asistente de Coordinación
“Aunque la pandemia encerró a la gente, restringió y cerró locales, los extractivismos no se detuvieron, todo lo contrario, se intensificaron” comentó una compañera docente, durante el último análisis de coyuntura en materia socioambiental, del Programa Kioscos Socioambientales. Y es que, como bien quedó claro durante este análisis, la conflictividad socioambiental no se vio interrumpida por el coronavirus, o por las medidas para contener el riesgo de contagio, ya que el modelo económico se reajusta y se mantiene en continuo proceso de acumulación.
“Diay, ahora estamos con estas medidas sanitarias, pero las piñeras siguieron contaminando el ambiente y maltratando a los trabajadores, y hasta han sido un foco de contagio” comentó uno de los compañeros del grupo SACO, a través de una llamada telefónica, como una de las tantas formas de dar seguimiento comunitario desde la virtualidad. Lo cierto es que, más allá de imaginar que la pandemia implicó una suerte de “pausa” sobre la agenda ambiental, desde Kioscos ha quedado claro que el extractivismo de los bienes comunes, la violencia en los territorios indígenas y los conflictos socioambientales en general, han permanecido. Como bien se mencionó en la sesión de análisis, hay que tomar en cuenta que los extractivismos y la economía verde son ejes vertebrales de la dinámica político-económica de Costa Rica, creando así una nueva narrativa que sostiene la privatización.
Otra compañera del grupo SACO ha dicho que “cuando empezamos esto, era cada quien, con sus luchas, y si hacemos un análisis vemos que lo que está saliendo ahora a nivel del país, el caso Cochinilla, Meco y H Solís, eran las empresas con las que nosotros estábamos teniendo diferencias, nosotros las comunidades, no es que nos oponemos por oponernos, sino que teníamos ese espíritu de saber que las cosas no estaban bien”. De hecho, uno de los puntos más importantes del análisis de coyuntura de este 2021, ha sido los casos de corrupción (Cochinilla, Diamante y Azteca), relacionados con proyectos de infraestructura y por tanto con extractivismo de bienes comunes.
Un elemento de suma importancia que ha salido del análisis de coyuntura tiene que ver con la continuidad de las agresiones dentro de las recuperaciones indígenas de la zona sur. La impunidad, la urgencia de atender la salud física y mental de las mujeres indígenas, la no ratificación del Acuerdo de Escazú, la continuidad de los incendios provocados por no indígenas, y en general, el racismo institucionalizado contra los pueblos originarios, son varios de los aspectos analizados por Kioscos en esta última sesión.
El realizar este tipo de análisis, proviene de la necesidad del programa en posicionarse ético-políticamente, pero, además funciona para identificar nodos y agenda de trabajo para el próximo 2022. Por ejemplo, una de las conclusiones es que, a pesar de esta condición tan excepcional, como ha sido la pandemia, es realmente urgente regresar a la presencialidad y poder estar cuerpo a cuerpo con las personas de comunidades.
Justo la semana pasada, el grupo SACO emitió un comunicado donde pronunciaron su sentir frente a la declaratoria de la UCR para las Comunidades. El grupo manifestó su preocupación, en caso de que se mantenga la acción social de forma virtualizada, así como el gran interés en regresar a las actividades de tipo presencial, como son los talleres, encuentros, mapeos, festivales y otros, que tanto han servido para que las comunidades se sigan articulando y trabajando en conjunto. En ese sentido, el grupo SACO recordó a la Universidad, que la Acción Social se compone de ese vínculo Universidad-Sociedad, y que esperan que, al ser el año de las universidades para las comunidades, sea esta la que se vea mayormente fortalecida, y que, tanto proyectos como programas, puedan potenciar su trabajo el próximo año. En el comunicado mencionan “nos hace falta vernos, seguir trabajando en conjunto. Nos preocupan los recortes a las universidades públicas, porque las universidades no son solo los profesores y estudiantes, también somos todas las personas que trabajamos y participamos de proyectos de investigación y de acción social”. Suscribimos las palabras del grupo SACO y despedimos este 2021 con el interés en poder dar continuidad el próximo año, a los elementos que han salido de nuestro último análisis de coyuntura, pero esperando que este trabajo, se realice en conjunto con las comunidades con las cuales nos vinculamos.
