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Etiqueta: conflicto armado

Continúa la barbarie

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

La constante de un conflicto armado interno prolongado en el tiempo disipa los sueños de triunfo al lograr un gobierno de inspiración popular. Han continuado las masacres y asesinatos selectivos a líderes sociales. Prueba que el nexo de causalidad entre el hecho punitivo y los intereses locales permanece en funcionamiento sin oficiosidad investigadora, ni medidas de prevención eficaces. Continúa la impunidad reinante y la ineficacia del accionar estatal.

Un nuevo aspecto de conflicto social ha surgido: la contradicción existente entre el sector afro campesino y los pueblos indígenas en torno a la tenencia de la tierra en áreas del Cauca y del Valle de reconocido emporio industrial. Tema de acervo histórico en el que los colonos afrodescendientes acapararon tierras de reserva indígenas milenarias y cuáles terratenientes de hecho dispusieron de ellas bajo arrendamientos con los blancos empresarios de explotación en los grandes ingenios azucareros. Muchos son afros poderosos económicamente y actuantes en el ámbito de la competencia capitalista individual, carentes de visión, proyección de tenencia y vivencia colectivas. Los pueblos indígenas reivindican la propiedad ancestral y la defensa de la Pacha Mama, no para detentar extensiones de tierras, como argumenta la derecha en su contra, como si para cumplir el ciclo de su vínculo cultural y de defensa de lo ecológico ambiental. Este pasaje de lucha de clases no es inédito ha permanecido latente y oculto a favor de los empresarios blancos quienes han usufructuado esa situación económico racial. Al aflorar el conflicto indicado se impone la solución en favor a los pueblos indígenas y la búsqueda de soluciones en aspectos de distribución y afianzamiento de la función social de la tierra en el marco de la soberanía productiva y alimentaria. Este pasaje es totalmente diferente al de detentación de tierras incultas o la de destinación de tierras para la depredadora ganadería extensiva.

Similar enfoque corresponde asumir al afrontar el conflicto campesino e indígenas Motilon-Bari en El Catatumbo. Durante el siglo XX paralelo a la expoliación de las compañías petroleras la población originaria fue desplazada de múltiples entornos. Los colonos de los asentamientos campesinos, prima facie (“A primera vista”) de los municipios de la Provincia de Ocaña, desplazaron de sus tierras a los indígenas motilones. Esta contradicción se agudizó con la intervención de las insurgencias, como el ELN que protegía la tenencia de los colonos y el EPL que revindicaba el derecho ancestral de los originarios. Las pugnas y enfrentamientos entre ambas guerrillas se suscitaron por esa causa de motivo histórico. No por el consabido negocio de las drogas y sus rutas como la dictadura mediática lo difunde arrodillados a los mandatos del Pentágono, alimentando la falsaria e ineficaz guerra contra las drogas. Posteriormente la contrainsurgencia militar infiltró las filas del EPL y los utilizaron, como hacen con el paramilitarismo, para enfrentar al ELN. Esta organización político-militar insurgente en clara supremacía controló el territorio y solo hasta la ejecución por orden del mismo EPL del mando conocido como “el grillo”, cesaron los enfrentamientos entre ambas fuerzas guerrilleras tradicionalmente asentadas en el Catatumbo

Valga los pasajes mencionados para recordar que lo aquí enunciado es tema sine qua non del contenido de una reforma agraria integral pactada en los Acuerdos de La Habana. Utilizo la locución latina por la obligatoriedad para el funcionamiento coordinado y acorde en la búsqueda de la Paz Total, al asumir las soluciones el conflicto social en Colombia. Las contradicciones en el seno del pueblo se resuelven en el escenario del conflicto social y no como ingrediente del conflicto armado interno.

EL SUCESO EN EL HUILA

Ante el ataque de las FARC en el Huila que dejó como resultado 7 hombres de la policía nacional muertos y uno herido que logro mimetizarse durante la emboscada, el presidente G. Petro anuncio que fue obra de un ataque de las disidencias de las FARC mencionando a la columna respectiva. Positivo por cuanto descarta se trate de un cruce de “fuego amigo” u operación ejercito – narco paramilitarismo conforme a la naturaleza que aún persiste de la concepción del enemigo interno y acciones de contra insurgencia, de las fuerzas armadas. Pero a la vez, resulta inquietante puesto que si bien es cierto no se puede condicionar a las insurgencias, ni imponerle coerción conforme a la usanza de modelos de gobiernos anteriores; en el ambiente político flota el procedimiento torticero y cobarde de la derecha militarista con odio acrecentado por la pérdida de gobierno, correspondiendo investigar más a fondo y/o esperar un pronunciamiento del sector insurgente actuante.

Como jefe de Estado el presidente G. Petro conoce como el que más sobre el manejo de las conversaciones con las insurgencias. Cómo se requiere de tino en la dirección y modo de procedimiento alternativo sobre el presupuesto de una consideración del Estado-parte en reconocer que se encuentra frente a una contraparte insurgente, rebelde y por ende con estatus de beligerante. Treinta años dedicados al análisis del conflicto armado interno, asimilando las diferentes negociaciones y conversaciones, nos permite un grado de convicción y juicio que la sinceridad gubernamental y el presupuesto de buena fe planteado esta erigido sobre bases realistas y objetivas, aunadas sobre la actitud de pensamiento, comportamiento y la buena fe, de la contraparte insurgente. De haber sido lo del Huila un ataque insurgente, no media el factor de proporcionalidad, dado el entorno político que el gobierno alternativo viene manejando.

Lo anterior es demasiado inquietante para el pueblo colombiano, que primordialmente comulga y confía en la oportunidad histórica de ser este el momento de llevar a éxito el fin total de ese conflicto como salida de solución política y no militar. Se impone el contenido político de las acciones militares. Pero esto es en consecuencia bilateral y por ende se requiere de una conducta similar de la contraparte insurgente al respecto, en esta etapa preliminar de llamar a conversaciones con las expectativas de las reglas de juego por definirse.

Los medios de intoxicación masiva en Colombia dieron en llamar disidencias a los sectores armados de las antiguas FARC-EP que no se acogieron jamás a una conversación con el Estado colombiano o a aquellos que se retiraron de la corriente de conversaciones una vez comenzadas o en ultimas, quienes pese a haber firmado y acogido a los Acuerdos del fin del conflicto armado de las FARC-EP con el Estado, retomaron las armas por circunstancias y argumentos conocidos. Las denominaron “disidencias” que ha sido el estereotipo de la mediática dictatorial, cual calificación impuesta en el ámbito de la opinión pública sin entrar a considerar cuál es el contenido y a qué se refiere una disidencia como tal.

El presidente G. Petro ha dado una enseñanza de sensibilidad humana, así como de sinceridad de gobernante, al disponer que a las zonas de conflicto armado no sean enviados jóvenes auxiliares preservando esa condición de primera juventud (18 a 21 años) en que se encuentran los auxiliares de policía asimilado a los reclutas que prestan el servicio militar obligatorio. Una decisión política que redunda en la imperiosa necesidad de la reforma estructural, de fondo y cambio de naturaleza, a una no militar, ni contrainsurgente de la Policía Nacional de Colombia.

Corresponde continuar con la profundización de las reformas institucionales y contar con la aplicación del verdadero espíritu del constituyente primario de 1.991 en ejercicio de soberanía popular.

Corresponde distinguir

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

La propuesta presidencial de un cese al fuego multilateral corresponde asumirlo dentro del contexto de la realidad del conflicto armado y social en Colombia. Se debe partir del presupuesto de que existen fuerzas insurgentes rebeldes motivados por aspiraciones políticas que los llevan a pretender destruir las estructuras e infraestructuras del modelo capitalista y por ende se enfrentan al orden constitucional y legal imperante. Pretender descalificarlos aduciendo que son narcotraficantes, terroristas, etcétera, hace parte del capítulo de desinformación orquestado por la dictadura mediática. Es preciso dimensionar el conflicto social al que corresponde calificar como insuperable en cualquier sociedad pero en el que es factible la superación de las expresiones de crueldad contra la población, conforme a los niveles de barbarie inhumana a que se ha llegado en el país nacional.

Objetivamente partamos de que estamos ante una insurgencia que aduce principios para explicar que no está incursa directamente en el narcotráfico. No son estructuras narcotraficantes. No poseen infraestructuras, laboratorios, ni realizan tareas dedicadas al narcotráfico. No comercian con insumos dedicados a esa actividad. No poseen rutas exclusivas para ese negocio. Coinciden (el EPL, las FARC-ep y ELN) en calificar al narcotráfico como fenómeno del capitalismo, ratificando que incide en el escenario político, social y militar en el que actúan y que, en principio, no pueden calificarlos como tales. Como fuerzas irregulares, buscan fuentes de financiación para sostener sus unidades armadas, pero no para el enriquecimiento personal. En busca de ese funcionamiento violan toda la normativa penal de la institucionalidad colombiana, a la cual atacan y desconocen. Al contar con un programa e ideario políticos acuden a las acciones de hecho. Como factores objetivos para su existencia argumentan -entre otras razones- la inexistencia de una democracia directa participativa, signando a la existente (representativa) como una falsa democracia, que bajo una “enredadera jurídica” imposibilita el ejercicio democrático de las comunidades y la sociedad civil organizada.

Ya por la experiencia reciente el pueblo colombiano ha asimilado qué es una fuerza insurgente y rebelde alzada en armas y por qué existen como tales. No obstante, la intoxicación mediática, distorsionadora de la realidad, no cesa en su campaña de confundir a la opinión pública, retomando bajo calificativo inocuos que se trata simplemente de delincuentes, bandoleros, etc. Ello anida por ser fuerzas irregulares carentes de medios de información masiva y por lo cual acuden a instrumentos publicitarios limitados a su alcance para transmitir sus mensajes revolucionarios.

Las insurgencias en Colombia no son progresistas, ni reformistas, son revolucionarias con un objetivo socialista. Han demostrado que contienen un elemento de praxis funcional como organizaciones armadas -seguramente conscientes del momento histórico en el cual no lograrán el poder por ese medio- enrutando la búsqueda de salidas o soluciones políticas, como objetivo al cual tampoco han renunciado. Esto posibilita colocar en el orden del día la finalización del conflicto armado interno en Colombia. Conlleva un singular y particular proceso que la fatal experiencia de otros intentos han hecho difusa la tan anhelada paz, que en forma demagógica ha sido utilizada por los intereses en el poder, desnaturalizando las aspiraciones del pueblo colombiano.

Al parecer, las fuerzas insurgentes en Colombia expresan una disposición de sentarse a conversar con el gobierno alternativo del presidente Petro para lograr transformaciones, modificaciones y reformas de fondo al y dentro del establecimiento (tanto el gubernamental como el del poder oligárquico y pro imperio) al cual no están matriculados y que ellos, de por sí, desconocen.

Por el lado de la contraparte gubernamental no existen duda al respecto con la novedosa propuesta de la Paz Total. El reto está en la consecuencia de los llamados grupos de presión que detentan el poder económico (industriales, empresarios, banca, economía subterránea del narcotráfico). Indiscutiblemente, el fin del conflicto armado interno requiere de ingentes recursos y la reacción contra ello comienza a manifestarse en torno a la propuesta de reforma tributaria. En esto, la opinión nacional no está dispuesta a admitir equívocos.

Setenta años de agudo conflicto armado han transitado por las exigencias, cual camisas de fuerza inamovibles y líneas rojas inmodificables, impuestas a las insurgencias desde antes de sentarse a conversar. Se hizo costumbre aplicar una metodología que desconoce el espíritu y actitud universal de escuchar a los contrarios y buscar fórmulas altruistas y conciliadoras que llevan, en el caso colombiano, al fracaso del fin del conflicto armado interno con las organizaciones rebeldes e insurgentes alzadas en armas.

Cual lastre, en esta nueva etapa de conversaciones pesa el incumplimiento del Estado colombiano como parte plenipotenciaria en la falta de implementación de lo acordado y en el incumplimiento de actos de convenio regidos por el derecho internacional.

Esto lo escribo con el ánimo de ilustrar para que situaciones pasadas no se repitan durante el nuevo proceso que está por comenzar.

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

En un vídeo difundido, un frente insurgente de las FARC-ep denuncia anomalías sobre la efectividad práctica del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, denunciando que se han convertido “en una táctica más de guerra”. Estas alertas se adelantan como un ejercicio técnico e independiente que valora los riesgos a los que están expuestas las comunidades y, de manera particular, sus líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Exponen que, por omisión, la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas relativas a movimientos de fuerzas insurgentes, pero calla ante la actividad de las fuerzas narco-paramilitares bajo influencia contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales. Qué no decir de la carencia de eficacia ante la impunidad por los crímenes contra líderes, lideresas sociales y exguerrilleros desarmados de las FARC.

El hecho político de ser el actual defensor del pueblo, Carlos Camargo, un funcionario del anterior gobierno narco-paramilitar acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad y acciones terroristas de Estado lo descalifica, pues más parece un defensor del puesto que un ecuánime funcionario que, por dignidad, ha debido renunciar en el momento de la posesión del nuevo gobierno. Ya el nuevo gobierno ha dictado medidas de emergencia para la protección de los líderes en las comunidades y para prevención de masacres.

Se debe aplicar un trípode de inteligencia que comprenda al Ministro de la Defensa, al Alto Comisionado para la Paz y al Director de Inteligencia Nacional para auscultar este fenómeno de crímenes de Estado; en labor conjunta a la cual debe estar integrado el Defensor del Pueblo. La cualificación política del movimiento popular y sus organizaciones de masas contribuirán, muy segura y certeramente, en aportes de inteligencia popular para poner fin a tal flagelo, que por ningún motivo se puede asomar como heredado, sino que, por el contrario, corresponde extirparlo de inmediato.

Para no incurrir en los yerros del pasado, tal aspecto debe tomarse como una denuncia seria y no terciar en anticiparse, aduciendo que colocan a los servidores de la Defensoría del Pueblo como un objetivo militar. Eso significa terciar en la discusión anticipada antes de definirse un entorno de diálogo y conversaciones que solo ha de darse con las mesas instaladas y no en expresiones motivadas de manera extemporánea.

ASÍ, OTRAS SITUACIONES…

De otro lado, el ELN, por ejemplo, en vocería oficial sostiene que no admite la acusación de que reclutan en sus filas a menores de edad, reafirmando que a su organización llegan y se vinculan jóvenes por decisión voluntaria. Admiten que la edad de incorporación no es la legal colombiana de 18 años, sino una inferior que va en los 16 años y que para ellos se acogen en consideraciones del derecho internacional que admite la edad de 16 años como capacidad de ejercicio. Se puede explicar que la mediática dictatorial asuma la objeción y despotrique contra esa decisión; pero en modo alguno resultaría aceptable que el ministro del interior, por ejemplo, optara por iniciar el debate anticipado al respecto.

En torno a estas situaciones planteadas es como se distinguirá el desarrollo de las conversaciones de cómo fueron durante la función “santista” y otro el motivo determinante del actual gobierno en búsqueda de la solución definitiva del conflicto armado interno.

MANEJO DEL MULTICRIMEN

De igual manera, el análisis sociopolítico del momento ubica la existencia del multicrimen organizado que azota a la sociedad colombiana, no dentro del espectro de comportamiento político, sino como elemento integrante del conflicto social colombiano. Permite resaltar el acertado llamado presidencial a un “cese al fuego multilateral”. Lo cual obedece a una búsqueda definitiva del fin del uso de las armas en esas dos precisas manifestaciones, de por si diferentes, del conflicto armado interno y del conflicto social, dentro de la categoría de conflictos que aquejan a la nación colombiana. Todo en el entendido de que no caben en un mismo recipiente el conflicto armado interno y el conflicto social.

Es con esa perspectiva con la que corresponde analizar la iniciativa altruista y de estadista del presidente Gustavo Petro al anunciar la “Paz Total”.

Nuevamente el análisis político (no solo académico) resalta la solución definitiva de las otras expresiones del conflicto colombiano: el conflicto político, el conflicto económico y el conflicto ambiental-ecológico. Superadas esas categorías de conflictos se construye la Paz Total.

Es por esto que corresponde asumir la distinción entre el proceso del fin del conflicto armado interno en forma definitiva con todas las insurgencias, sin circunscribirlo a un demagogo utilitarismo de “proceso de paz”.

Este proceso del fin del conflicto armado que ya comienza con las acertadas medidas gubernamentales desde el día siguiente de su posesión, llama a la participación y a la organización de toda la sociedad civil. En ese torrente, la izquierda legal, así expresada, en la participación popular de ejercicio de la democracia directa (la democracia de las calles), en la minga, como gobierno y no como oposición, en la movilización popular, campesina, de afrodescendientes, de género y LGBT, acorde con el impulso presidencial a la organización popular, asimila el llamado al pedido de cese al fuego multilateral.

Así distinguidos los escenarios, corresponde el sometimiento a la justicia y al orden constitucional a esas organizaciones multi crimen, en buena medida aliadas de un narco estado que aún permanece e insistimos en sepultar.

En el escenario de la lucha armada, el fin del conflicto armado interno, bajo la metodología de la salida política acordada y no militar, se obtendrá el ejercicio político civilizado y el imperio de un Estado con monopolio de las armas en la República de Colombia.

A manera de epilogo, un fin del conflicto armado implica elevadas inversiones. La clase empresarial, industrial y parasitaria financiera, no quieren meterse la mano al bolsillo. Un impedimento difícil de sortear. Su holgura económica no les permite desmejorar su ritmo de explotación y de consumo, acumulando riqueza e iniquidad. Debido a ello, asistiremos a históricas movilizaciones populares conforme al signo de los tiempos.

Conflicto entre Rusia – Ucrania y la OTAN

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jiddu Rojas Jiménez

Quisiera compartir esta denuncia internacional, porque sé que los medios de comunicación hegemónicos (tanto locales como internacionales), y su «natural» sesgo pro-OTAN, exhiben una cobertura parcializada de la Guerra en Ucrania y muy tendenciosa. Esta grave denuncia podría pasar inadvertida sin más.

Fuente: Ucrania: Las tácticas de combate ucranianas ponen en peligro a la población civil – Amnistía Internacional (amnesty.org)

Lo anterior expresado, sin querer justificar, ni la lógica de la guerra, ni hacer apología ciega de Putin o Rusia y su Geopolítica. Eso debe quedar muy claro. No es mi intención comprar ninguna de las narrativas bélicas de ningún bando. 

Pero por favor, no me digan que hay que ser un «genio militar», para saber que, si realmente se quería defender a la población civil ucraniana de la invasión rusa, había que instalar la artillería y los puestos de mando en escuelas y hospitales con civiles o enfermos adentro. Seamos honestos. Sólo se trataba de usar como ‘carne de cañón’ y como sustento de la propaganda de guerra de Ucrania, –apoyada por la inteligencia militar de la OTAN y de Estados Unidos–, a las víctimas civiles, tanto ucranianas y novorusas atrapadas en el fuego cruzado. Así se hizo de hecho, en la propaganda de guerra y en los medios occidentales sesgados. No podemos silenciar esta atrocidad de la propaganda de guerra.

Agrego: No tendría, –tristemente–, nada de extraño, ni de increíble esta cruel noticia bélica, sino fuese porque hace muchos meses que los voceros oficiales militares de Rusia, venían señalando y denunciando lo mismo. Sin embargo, eran, o ridiculizados, o silenciados, o simplemente no tenían eco en los medios de comunicación hegemónicos, tanto internacionales o locales, que francamente son pro-OTAN y reproducen su lógica Geopolítica Imperialista.

Mientras tanto, tanto la población civil ucraniana afectada, como la población «novorusa» o rusoparlante del Donbass, Jarkov y Crimea, después de una Pandemia global, están atrapadas en un brutal teatro operativo de guerra, hambre, crisis, manejo de la corrupción, abusos, destrucción y muerte.

La lógica del Gobierno de EEUU y de la OTAN pareciera ser, pues echarle más leña a este infierno humano y expandirlo al Mundo.

Siguiendo esta lógica Imperial, ya comenzaron con las provocaciones entre Taiwán y China Popular.

¡Atención por favor con los intereses de las superpotencias en Centroamérica y el Caribe! 

Aprovecho para señalar, con todo respeto, que la próxima vez que el Señor Presidente de Costa Rica, se reúna virtualmente con el Presidente de Ucrania, Zelensky, además de condenar la Invasión Rusa, sería bueno estar mejor informado, y tratar también este tipo de denuncias bien fundamentadas, sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Lo mismo pasó (o sea nada) con las atrocidades previas cometidas por Ejército y los Batallones de Paramilitares de extrema derecha nacionalista de Ucrania, en el Donbass previos a la Invasión Rusa, y que nunca tuvieron eco en los medios. Tal vez así, respetando los previos «Acuerdos de Minsk» y los justos reclamos de la población civil rusoparlante en el Donbass, se hubiese podido evitar una guerra a mayor escala. Ya es tarde.

Por eso en el tiempo, sigue siendo muy sabia y atinente, nuestra Proclama de Neutralidad Perpetua y Activa y No Armada.

Aunque pareciera que históricamente, incluso desde su proclamación inicial, hasta la fecha, el Poder Ejecutivo, no se la toma muy en serio y se olvida de su rango constitucional. Lamentable. Tomemos nota urgente, para efectos geopolíticos y geoestratégicos en toda la Región de Centroamérica y del Caribe.

Nota de actualización:

Por último me señalan urgentemente que, –según la DW de Alemania Federal–, la funcionaria de A.I. #AmnistíaInternacional que denunció esta atrocidad ucraniana, supuestamente renunció a esta ONG internacional. Lo habría hecho frente a las protestas públicas de Zelenski y de Occidente contra Amnistía Internacional, quienes alegan que no se escuchó bien a la parte ucraniana, y se exageraron los hechos o se generalizaron eventos singulares o «accidentales». Muy bien…

Perdón, pero a mí lo que me parece es justamente lo contrario: Primero que la DW (con o sin Gobierno Socialdemócrata), y muchas otras agencias occidentales más, tienen un sesgo mediático, y segundo que, ante las pruebas de este grave crimen de guerra, la presión política, diplomática, mediática y económica contra una funcionaria decente de Amnistía Internacional, se impuso. Esa es la explicación más lógica y plausible. Muy triste.

Definitivamente y como dice el conocido refrán: en una guerra, la primera víctima es la verdad.

La cruda realidad sobre los asesinatos de policías

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

En un país asolado por el prolongado conflicto armado interno hay circunstancias, en momentos determinados, con características de atrocidad, violación de los derechos humanos y negación de la función de un Estado de derecho, con la característica de que estos sucedáneos se prolongan en el tiempo, dejando una estela de consecuencias impredecible en un escenario en que la constante es la barbarie.

En los últimos treinta años de guerra interna en Colombia se destaca el denominado terrorismo de Estado. No se trata de un enunciado o simple denominación, sino de una aplicación sistemática, continua, que va de la mano de una política hegemónica oligárquica contrainsurgente, paralela a una falsa y mal concebida guerra contra las drogas, que ha tenido como escenario el territorio de la república de Colombia y como víctima al conglomerado de la nación colombiana.

El conflicto armado interno colombiano abarca seis décadas

Comenzando porque el susodicho conflicto fue anterior al surgimiento del narcotráfico y que su auge fue posible porque encontró el nido corruptor propio para que anidara en la desnaturalización del conflicto armado, según algunos analistas, pero que en modo alguno ha podido incidir en el principio generador de la lucha de clases, inmerso y determinado en el múltiple conflicto colombiano: el económico, el político, el social, el armado y el ecológico-ambiental.

La prolongación del conflicto armado interno degeneró en la instauración de formas de gobierno narco-para-estatal, encumbrado a una concepción de narcoestado. Esta degeneración la ha padecido Colombia en los últimos treinta años.

De manera que una posición de análisis de la situación actual en Colombia no estará exenta de una ruptura del tejido social, expresado en una violación contrainsurgente al Estado de derecho y complementado con un escenario de guerra en el que actúan las fuerzas armadas oficiales y sus aliados, sobre todo el paramilitarismo, como instrumento. A lo cual hay que añadir el narcotráfico, que derivó en narco paramilitarismo, junto a formas de multicrimen activo, que ha anidado en lo rural y veredal, así como en lo urbano.

La mediática dictatorial, instrumento directo de la inteligencia militar y, expresado en una doctrina y una política contra insurgentes, pretende verter todos los factores de multicrimen y violencia en un solo recipiente, incluyendo en esa mezcolanza a las fuerzas insurgentes y rebeldes, de histórica presencia en el trajinar político colombiano. Paralelo a ello aplican la falsedad de la guerra contra el narcotráfico, como disfraz para ocultar el intervencionismo estadounidense en Colombia.

Sin lugar a discusión, califica lo del derrotero narco-paraestatal en el ejercicio de la política contrainsurgente del Estado colombiano. El paramilitarismo se constituyó en una división más del ejército colombiano y en apéndice indispensable en el universo de las fuerzas armadas. Una Policía Nacional adscrita al organigrama de las fuerzas de defensa estatal, ante el crimen organizado y la existencia de una lucha armada guerrillera, contribuyó a la utilización de una policía militarizada, contrainsurgente y carente del carácter cívico, comunitario y social que son valores para la existencia de una fuerza de esta naturaleza en sociedad conforme a un Estado de derecho.

Sesenta años de políticas contra insurgentes en Colombia derivaron en la aplicación de la vieja doctrina militar del “enemigo interno”. Esta ha sido la causante de tantos estragos y males en la nación colombiana ante el fracaso demostrado de la imposibilidad del triunfo militar contrainsurgente.

De los tales factores de violencia

En tanto, en el escenario colombiano coincidían todos los factores armados en la intensidad del conflicto. Pero esos factores parecen claramente diferenciados en sus particularidades.

El poder corrosivo del narcotráfico permeo todos los sectores de la sociedad colombiana. Cual un cáncer corruptor, hizo metástasis, invadió y afectó la totalidad de la institucionalidad.

El panorama que presenta la realidad del país es múltiple, no complejo. Llamando a las cosas por su nombre, se evita la complejidad y el afán de enredar para pescar en rió revuelto. Las fuerzas armadas del Estado colombiano profundizaron en sus connivencias con el paramilitarismo. El narcotráfico, como producto del capitalismo, suscitó en el enfrentamiento con su contrario, las fuerzas insurgentes y rebeldes, un factor de enfrentamiento armado que degeneró en el narco paramilitarismo.

Las fuerzas insurgentes y rebeldes, haciendo uso del control territorial que les caracteriza, comenzaron a percibir cada día mayor retribución económica, pactando el cobro del “gramaje”, tal como ellos denominan la contribución impuesta a esos sujetos armados dedicados al negocio ilegal de los estupefacientes. Las fuerzas armadas estatales, en su afán de dominar en el entorno bélico o de confrontación, fueron aumentando sus relaciones de compromiso y pactos con elementos y estructuras del narco paramilitarismo, en alianza dirigida a un “enemigo común”, pero su vocación de legalidad naufragó y terminó por afectar a la alta oficialidad y al generalato. Esta simbiosis resulta una característica fundamental en el entendimiento de la función narco-paraestatal, como se dio en Colombia.

Toda la fuente de conocimiento de este tema reposa en la comprensión y desarrollo del conflicto armado interno. Está demostrado que la lucha contrainsurgente se encuentra atada al factor paramilitar. También, con estrecho vínculo entre las fuerzas armadas estatales y el narco-paramilitarismo. Múltiples resultan los usos de las fuerzas armadas de las diferentes denominaciones de las llamadas bandas criminales o “bacrim”, que resultaron ser engendros del nuevo paramilitarismo e instrumentos de controversial eficacia para enfrentar militarmente a expresiones de la insurgencia colombiana como las extintas FARC-ep, el ELN, el EPL, las Nuevas Farc (encuadrando en esta denominación a la conocida o llamada Segunda Marquetalia), las fuerzas de las Farc-ep que jamás se unieron al proceso del fin del conflicto armado, como fuerza insurgente contra el Estado colombiano, representadas por el extinto líder Gentil Duarte, de jerarquizada estructura nacional; así como los conocidos frentes 10 y 28 de las FARC, cuya procedencia de naturaleza insurgente corresponde demostrar, al igual que sucede con los reductos nacionales del EPL.

Sintomáticas resultan todas esas alianzas de lo institucional estatal con las organizaciones armadas para narco- estatales, con el fin de profundizar en el análisis y comprensión de la fase de asesinatos que se vienen presentando en forma aleve y mendaz contra miembros de la policía nacional, en especial y en ciertas regiones del país.

Acontecimientos nacionales que tienen que ver con el entorno planteado

Los sucesos de Cúcuta, totalmente desinformados por la mediática nacional, merecen mención especial. Tanto el ataque con carrobomba en el interior de las instalaciones militares de la 30 Brigada del ejército, como el “atentado” al helicóptero en que viajaba el subpresidente Duque, al retornar a Cúcuta luego de un viaje a la zona del Catatumbo, merece especial disección. Se demostró que un capitán retirado del ejército fue el causante del carrobomba en esas instalaciones. Se conocieron imágenes de su incursión en el lugar, el día anterior cuando filma el vídeo, resaltando los lugares en que debía estallar la bomba colocada en un carro.

Hay imágenes grabadas en las que se ve salir del lugar al implicado, con particular movilidad dentro de las instalaciones. La infaltable versión oficial fue la de que el retirado del ejército, conocido como “el Capi”, estaba al servicio del frente 33 de las FARC, a cargo del guerrillero Jhon Mechas. Mas corresponde asumir el reto del análisis objetivo en cuanto que “el Capi” actuó como una persona utilizada al servicio del ejército en maniobras de contrainsurgencia. Que su talante es el del tránsfuga de información esencial de la vida en el interior de ese cuartel de brigada militar y que su desprecio por la vida de los soldados y también la alusión a los propios soldados estadounidenses, que ubica con su vídeo en áreas determinadas, permiten el presupuesto de un sujeto que actúa “motu proprio” y con torvos fines personales. Esto nos permite ubicar al tal “Capi” como un sujeto resentido contra la oficialidad de la brigada. Se las cobró, como se dice en el argot popular.

Quedaron latentes los vínculos de “el Capi” con el narcotráfico y su pedido en extradición a USA.

El pasaje del atentado al helicóptero no deja de registrar similares peculiaridades, concluyéndose que el mismo capitán retirado parece incurso en tal suceso. El giro de las investigaciones trae como resultado la sanción de cargo al comandante de la brigada militar en un entramado de responsabilidades oficiales en los acontecimientos investigados por los tales sucesos mencionados.

Existe suficiente información y registro noticioso para la elaboración y presentación del presente juicio deductivo y de razonamiento. Una premisa implica la determinante de un sujeto que actúa con soltura dentro de las instalaciones militares; lo cual le da un carácter positivo. El otro presupuesto aplica en la existencia de un conflicto armado que requiere de labores de inteligencia y el uso de medios contrainsurgentes velados o ilegales para el éxito de tales operaciones, lo cual también implica un carácter positivo. El razonamiento deductivo conlleva una inferencia de las dos premisas positivas anteriores: la conclusión, también positiva, es la de que el elemento negativo representado en el papel del tal Jhon Mechas no tiene cabida en esa escena reconstruida.

Con aplicación de la anterior metodología, partamos de la base para analizar, en profundidad, el hecho de los asesinatos selectivos, individuales, aplicados a mansalva contra uniformados de la policía nacional. Una policía totalmente desnaturalizada, inmersa en la vorágine de la llamada lucha contra el narcotráfico, permeada por los efectos de la corrupción que tal juego implica, comprometida por su oficialidad y agentes propios sumergidos en el negocio del narcotráfico, constituye el señuelo apropiado para la vendetta derivada de incumplimientos a grupos colaboradores, otrora amigos y hoy esencialmente rivales. El acucioso periodista Gonzalo Guillen, en su página @heliodoptero, registra que policías y militares hacen parte de la nómina de la organización criminal “Clan del golfo”. Y el tuitero @Jojare difunde: “Los primeros capturados del clan del golfo por asesinar policías, resultaron ser policías, soldados y alcaldes, hágame el Duque favor”.

Consecutivamente tomemos el caso de alias Otoniel, apuntando a las causas de su trajinar delictivo narco-paramilitar e instrumento contrainsurgente. Todo está dado, en lo esencial. Su vida, su desempeño, hasta su captura, está inmerso en implicaciones de complicidad estatal e institucional. El desarrollo de los acontecimientos, luego de la supuesta “captura”, redunda en argumentos para afirmar que alias Otoniel fue traicionado por sus compinches de la oficialidad de las fuerzas armadas, en especial de la Policía Nacional. Huelga extenderse sobre la causalidad y los efectos de su precipitada orden de extradición. Pero el maquiavélico actuar de la inteligencia militar contrainsurgente se proyecta en el escenario y redunda en producir efectos que justifiquen la malhadada política de la lucha antidrogas y el injustificado resultado de la horadada actuación de efecto contrario a la soberanía nacional de Colombia, que implica el instrumento para justificar la intensidad de la guerra contra las drogas.

Los perros de la guerra que agudizan el conflicto armado interno han utilizado la extradición de alias Otoniel para poner en escena un grupo al que denominan “Clan del golfo” como ente capaz de efectuar un “paro armado” que paralizó a siete departamentos con el conocimiento cierto y la complacencia de las muy bien dotadas y con presupuesto para derrochar, fuerzas armadas del Estado colombiano.

Luego sobrevinieron los coletazos de un “clan” que, en palabras del subpresidente saliente, ya había sido aniquilado. Ni en eso concuerdan. Los dos últimos meses han sido momentos de cobro de los antes aliados contra la institucionalidad policial. Masacre que corresponde parar a toda costa.

Ahora difunden y sostienen los medios de alienación masiva que existe una carta de 25 organizaciones paramilitares y/o bandas armadas que envían al próximo presidente electo, Gustavo Petro, de acuerdo para entrar a unas conversaciones.

Se sabe de antemano que la línea política a seguir del triunfante gobierno alternativo es el trato humanitario a los sujetos del multicrimen, bajo el condicionante de sometimiento a la justicia y al estado de derecho. En esto aplica lo del perdón social que fue motivo de debate electoral y en el que se resume con meridiana claridad que en ningún momento se trata de conversaciones semejantes a las que se tendrán con grupos insurgentes, claramente delimitados e identificados. Todo un sartal de argumentaciones y cuidadosos montajes con el fin de confundir a la opinión pública nacional e internacional sobre conversaciones con quienes no soportan un estatus internacional de beligerantes y los cuales pueden ascender a cientos de bandas informales que enrarecen el ambiente de la seguridad publica en campos y ciudades y se les conoce con denominaciones como Bloque Virgilio Peralta Arena (Caparros), Grupo Los Rastrojos, Grupos los Shottas de Buenaventura, Grupo la Inmaculada de Tuluá, Grupos Mexicanos de Quibdó, Los Triana o los combos de Buenaventura y Quibdó. Así como el llamado “Tren de Aragua”. Igualmente, las Autodefensas Gaitanistas o “Clan del golfo”. Pero no hacen mención ni citan a las desenmascaradas Águilas Negras y su imposible cobertura nacional, muy eficaz, si no fuera porque las conforman sujetos activos de la administración pública estatal.

De manera que corresponde correr el velo. Las condiciones políticas actuales aseguran pasos firmes en cuanto a la suerte de un cuerpo policial nacional soberano, de inspiración cívica, comunal y de solidaridad social. Como corresponde. La oligarquía militarista echó al fuego y dejó al albur la decencia policial. El nuevo gobierno progresista, socialdemócrata y liberal, será el encargado de aplicar las reformas de fondo necesarias en la institución policial.

LEYENDO LAS RUNAS DE LA GUERRA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alastair Crooke

18 de julio Fundación de la Cultura Estratégica

Por supuesto, el conflicto, a todos los efectos, está resuelto, aunque está lejos de terminar. Está claro que Rusia prevalecerá en la guerra militar, y también en la guerra política, lo que significa que cualquier cosa que surja en Ucrania después de que se complete la acción militar será dictada por Moscú en sus términos.

Claramente, por un lado, el régimen de Kiev colapsaría si Moscú le dictara los términos. Y, por otro lado, toda la agenda occidental detrás del golpe de estado de Maidan en 2014 también implosionaría. (Esta es la razón por la cual una rampa de salida, salvo una derrota ucraniana, es casi imposible).

Este momento marca así un punto crucial de inflexión. Una opción estadounidense podría ser poner fin al conflicto, y hay muchas voces que piden un acuerdo, o un alto el fuego, con la intención comprensiblemente humana de poner fin a la masacre sin sentido de los jóvenes ucranianos enviados al «frente» para defender posiciones indefendibles, solo ser asesinado cínicamente sin obtener ganancias militares, simplemente para mantener la guerra.

Aunque racional, el argumento a favor de una rampa de salida pasa por alto el punto geopolítico más importante: Occidente está tan involucrado en su narrativa fantástica del inminente colapso y la humillación de Rusia que se encuentra «atascado». No puede avanzar por temor a que la OTAN no esté a la altura de enfrentarse a las fuerzas rusas (Putin ha señalado que Rusia ni siquiera había comenzado a utilizar toda su fuerza). Y, sin embargo, cerrar un trato, retroceder, sería perder la cara.

Y ‘perder la cara’ se traduce aproximadamente como la pérdida del occidente liberal.

Occidente se ha convertido así en rehén de su triunfalismo desenfrenado, haciéndose pasar por info-war. Escogió este jingoísmo desenfrenado. Sin embargo, los asesores de Biden, al leer las runas de la guerra, de las incesantes ganancias rusas, han comenzado a oler otra debacle de política exterior que se avecina rápidamente.

Ellos ven eventos, lejos de reafirmar el ‘Orden basado en reglas’, más bien la puesta al descubierto ante el mundo de los límites del poder de los EE. UU (aunque es un hecho al que Occidente todavía tiene que despertar).

Además, la alianza occidental se está desintegrando a medida que se asienta la fatiga de la guerra y las economías europeas se enfrentan a la recesión. La tendencia instintiva contemporánea a decidir primero y pensar después (sanciones europeas) ha llevado a Europa a una crisis existencial.

El Reino Unido ejemplifica el enigma europeo más amplio: la clase política del Reino Unido, asustada y en desorden, primero ‘decidió’ apuñalar a su líder, solo para darse cuenta después de que no tenían un sucesor a mano con seriedad para manejar la nueva normalidad, y no idea de cómo escapar de la trampa en la que está atrapado.

No se atreven a perder la cara por Ucrania y no tienen una solución que haga frente a la recesión que se avecina (¿excepto un regreso al thatcherismo?). Y lo mismo puede decirse de la clase política europea: son como ciervos atrapados en los faros de un vehículo veloz que se aproxima.

Biden y cierta red que se extiende por Washington, Londres, Bruselas, Varsovia y los países bálticos ven a Rusia desde una altura de 30.000 pies por encima de la del conflicto de Ucrania. Según los informes, Biden cree que está en una posición equidistante entre dos tendencias peligrosas y ominosas que envuelven a EE. UU. y Occidente: el trumpismo en casa y el putinismo en el exterior. Él cree que ambos presentan peligros claros y presentes para el orden liberal basado en reglas en el que el Team Biden cree apasionadamente.

Otras voces, principalmente del campo realista estadounidense, no están tan enamoradas de Rusia; para ellos, los ‘hombres de verdad’ se enfrentan a China. Estos solo quieren mantener el conflicto de Ucrania en un punto muerto, si es posible (más armas), mientras se activa el pivote hacia China.

En un discurso en el Instituto Hudson , Mike Pompeo hizo una declaración de política exterior que claramente tenía la vista puesta en 2024 y en ocupar el puesto de vicepresidente. La esencia de esto era sobre China, pero lo que dijo sobre Ucrania fue interesante: la importancia de Zelensky para los EE. UU. dependía de que mantuviera la guerra (es decir, salvar la cara occidental). No se refirió explícitamente a ‘botas en el suelo’, pero estaba claro que no abogó por ese paso.

Su mensaje fue armas, armas, armas a Ucrania y ‘adelante’, girando hacia China AHORA. Pompeo insistió en que Estados Unidos reconozca diplomáticamente a Taiwán hoy, independientemente de lo que ocurra. (es decir, independientemente de si esta acción desencadena una guerra con China). E incorporó a Rusia a la ecuación simplemente diciendo que Rusia y China deberían ser tratadas como una sola.

Sin embargo, Biden parece movido a dejar pasar el momento y continuar con la trayectoria actual. Esto es también lo que quieren los muchos participantes en el despilfarro. El punto es que las opiniones de Deep State están en conflicto, y los banqueros influyentes de Wall Street ciertamente no se entusiasman con las nociones de Pompeo. Preferirían la desescalada con China. Continuar, por lo tanto, es la opción fácil, ya que la atención interna de los EE. UU. se centra en los problemas económicos.

El punto aquí es que Occidente está completamente atascado: no puede avanzar ni retroceder. Sus estructuras políticas y económicas lo impiden. Biden está atascado en Ucrania; Europa está estancada en Ucrania y en su beligerancia hacia Putin; lo mismo para el Reino Unido; y Occidente está estancado en sus relaciones con Rusia y China. Más importante aún, ninguno de ellos puede abordar las insistentes demandas de Rusia y China de una reestructuración de la arquitectura de seguridad global.

Si no pueden moverse en este plano de seguridad, por miedo a perder la cara, no podrán asimilar (o escuchar, dado el cinismo arraigado que acompaña a cualquier palabra pronunciada por el presidente Putin) que la agenda de Rusia va mucho más allá de la arquitectura de seguridad.

Por ejemplo, el veterano diplomático y comentarista indio MK Badrakhumar escribe :

“Después de Sakhalin-2, [en una isla en el Lejano Oriente ruso] Moscú también planea nacionalizar el proyecto de desarrollo de petróleo y gas Sakhalin-1 expulsando a los accionistas estadounidenses y japoneses. La capacidad de Sakhalin-1 es bastante impresionante. Hubo un tiempo antes de que la OPEP+ estableciera límites en los niveles de producción, cuando Rusia extraía hasta 400 000 barriles por día, pero el nivel de producción reciente ha sido de unos 220 000 barriles por día.

La tendencia general de nacionalizar las participaciones de capital estadounidense, británico, japonés y europeo en los sectores estratégicos de la economía de Rusia se está cristalizando como la nueva política. Se espera que la limpieza de la economía rusa, liberada del capital occidental, se acelere en el próximo período.

Moscú era muy consciente del carácter depredador del capital occidental en el sector petrolero de Rusia, un legado de la era de Boris Yeltsin, pero tuvo que vivir con la explotación porque no quería enemistarse con otros inversores occidentales potenciales. Pero eso es historia ahora. El deterioro de las relaciones con Occidente hasta casi el punto de ruptura libera a Moscú de tales inhibiciones arcaicas.

Después de llegar al poder en 1999, el presidente Vladimir Putin emprendió la gigantesca tarea de limpiar los establos de Augias de la colaboración extranjera de Rusia en el sector petrolero. El proceso de “descolonización” fue insoportablemente difícil, pero Putin lo sacó adelante”.

Sin embargo, eso es solo la mitad. Putin sigue diciendo en sus discursos que Occidente es el autor de su propia deuda y de su crisis inflacionaria (y no Rusia), lo que da lugar a que Occidente se rasque la cabeza. Sin embargo, dejemos que el profesor Hudson explique por qué gran parte del resto del mundo considera que Occidente ha tomado un «giro equivocado» económicamente. En resumen, el giro equivocado de Occidente lo ha llevado a un ‘callejón sin salida’, insinúa Putin.

El profesor Hudson argumenta (parafraseado y reformulado) que existen esencialmente dos modelos económicos amplios que han descendido a lo largo de la historia: “Por un lado, vemos sociedades del Cercano Oriente y Asia organizadas para mantener el equilibrio y la cohesión social manteniendo las relaciones de deuda y la riqueza mercantil subordinadas al bienestar general de la comunidad en su conjunto”.

Todas las sociedades antiguas desconfiaban de la riqueza, porque tendía a acumularse a expensas de la sociedad en general, y conducía a la polarización social y a grandes desigualdades de riqueza. Mirando el recorrido de la historia antigua, podemos ver (dice Hudson) que el principal objetivo de los gobernantes desde Babilonia hasta el sur y el este de Asia era evitar que surgiera una oligarquía mercantil y acreedora que concentrara la propiedad de la tierra en sus propias manos. Este es un modelo histórico.

El gran problema que resolvió el Cercano Oriente de la Edad del Bronce, pero que la antigüedad clásica y la civilización occidental no resolvieron, fue cómo lidiar con las crecientes deudas (jubileos periódicos de la deuda) sin polarizar a la sociedad y, en última instancia, empobrecer la economía al reducir a la mayoría de la población a la dependencia de la deuda. .

Uno de los principios clave de Hudson es cómo China está estructurada como una economía de «bajo costo»: vivienda barata, educación subsidiada, atención médica y transporte, lo que significa que a los consumidores les sobra algún ingreso disponible gratuito, y China en su conjunto se vuelve competitiva. Sin embargo, el modelo financiarizado basado en la deuda de Occidente tiene un alto costo, con sectores de la población cada vez más empobrecidos y privados de ingresos discrecionales después de pagar los costos del servicio de la deuda.

Sin embargo, la periferia occidental, que carecía de la tradición del Cercano Oriente, «recurrió» a permitir que una rica oligarquía acreedora tomara el poder y concentrara la propiedad de la tierra y la propiedad en sus propias manos. A efectos de relaciones públicas, afirmó ser una ‘democracia’ y denunció cualquier regulación gubernamental protectora termino siendo, por definición, ‘autocracia’. Este es el segundo gran modelo, pero con su exceso de deuda y ahora en una espiral inflacionaria, también está estancado, sin los medios para dar un paso adelante.

Este último modelo es lo que ocurrió en Roma. Y todavía estamos viviendo en las secuelas. Hacer que los deudores dependan de los acreedores ricos es lo que los economistas de hoy llaman ‘mercado libre’. Es uno sin frenos y contrapesos públicos contra la desigualdad, el fraude o la privatización del dominio público.

Esta ética neoliberal pro-acreedor, afirma el profesor Hudson, está en la raíz de la Nueva Guerra Fría actual. Cuando el presidente Biden describe este gran conflicto mundial destinado a aislar a China, Rusia, India, Irán y sus socios comerciales euroasiáticos, lo caracteriza como una lucha existencial entre la ‘democracia’ y la ‘autocracia’.

Por democracia quiere decir oligarquía. Y por ‘autocracia’ se refiere a cualquier gobierno lo suficientemente fuerte como para evitar que una oligarquía financiera se haga cargo del gobierno y la sociedad e imponga reglas neoliberales, por la fuerza, como lo ha hecho Putin. El ideal ‘democrático’ es hacer que el resto del mundo se parezca a la Rusia de Boris Yeltsin, donde los neoliberales estadounidenses tenían las manos libres para despojar a toda la propiedad pública de la tierra, los derechos mineros y los servicios públicos básicos.

Pero hoy lidiamos con tonos de gris: no existe un mercado verdaderamente libre en los EE. UU.; y China y Rusia son economías mixtas, aunque se inclinan a priorizar la responsabilidad por el bienestar de la comunidad en su conjunto, en lugar de imaginar que los individuos abandonados a sus propios dispositivos egoístas de alguna manera resultarán en la maximización del bienestar nacional.

Este es el punto: la economía de Adam Smith más el individualismo está arraigado en el espíritu de la época occidental. No cambiará. Sin embargo, la nueva política del presidente Putin de limpiar los Establos de Augías del ‘capital occidental depredador’ y el ejemplo dado por Rusia de su metamófósis hacia una economía en gran medida autosuficiente, inmune a la hegemonía del dólar, es música para los oídos del Sur Global y para gran parte del Resto del Mundo.

Junto con el liderazgo de Rusia y China en desafiar el ‘derecho’ de Occidente a establecer reglas; monopolizar los medios (el dólar) como base para liquidar el comercio interestatal; y con BRICS y SCO constantemente adquiriendo ‘fondo’, los discursos de Putin revelan su agenda revolucionaria.

Queda un aspecto: cómo llevar a cabo una metamorfosis ‘revolucionaria’, sin incurrir en la guerra con Occidente. Estados Unidos y Europa están estancados. Son incapaces de renovarse, ya que las contradicciones políticas y económicas estructurales han bloqueado su paradigma. Entonces, ¿cómo ‘desatascar’ la situación, sin llegar a la guerra?

La clave, paradójicamente, puede residir en la profunda comprensión de Rusia y China de las fallas del modelo económico occidental. Occidente necesita catarsis para ‘despegarse’. La catarsis se puede definir como el proceso de liberación y, por lo tanto, de alivio de las emociones fuertes o reprimidas asociadas a las creencias.

Para evitar la catarsis militar, parece que los líderes ruso y chino, al comprender las fallas del modelo económico occidental, deben visitar Occidente con una catarsis económica.

Será doloroso, sin duda, pero mejor que la catarsis nuclear. Recordemos el final del poema de CV Cafavy, Esperando a los bárbaros,

Porque ha caído la noche y no han venido los bárbaros.
Y algunos de nuestros hombres recién llegados de la frontera dicen
que ya no hay bárbaros.

Ahora, ¿qué será de nosotros sin los bárbaros?
Esas personas eran una especie de solución.

En el pos triunfo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Carlos Meneses Reyes

A tres días del triunfo electoral de Gustavo Petro como presidente y Francia Marquez como vicepresidenta de Colombia para el periodo 2022 – 2026, en el país se respira un ambiente de distensión y de concordia luego de una campaña basada en el odio, el engaño y la sinrazón. El desconocido patán fue vencido por el favorito y reconocido, con calidad de estadista a nivel nacional e internacional.

Sin seguir un orden cronológico ni de importancia de temas, destaco el triunfo por primera vez en Colombia de una opción de Presidencia Alternativa con la coadyuvancia y el trabajo militante de la izquierda legal.

Colombia se inclinó, con histórica votación, por el cambio de Petro. El domingo 19 de junio, 22’658.694 colombianos, equivalentes al 58,09% de los posibles votantes, salieron a las urnas en los 32 departamentos. 39 millones de colombianos estaban a habilitados para votar.

Bajó la abstención en un 5%. Petro se alzó con la victoria en 16 regiones y en Bogotá, mientras que Hernández conquistó esa misma cantidad de departamentos y se quedó con la mayor votación de los colombianos en el exterior.

El candidato del Pacto Histórico y ahora presidente electo se impuso en regiones como la Costa Caribe, el Pacífico y buena parte de la Amazonía. (Hace 4 años Iván Duque se alzó con la victoria en el país, con un total de 10’373.080 votos, en tanto que Gustavo Petro aseguró su triunfo con el respaldo de 11’281.013 electores).

Por su parte, el ex alcalde de Bucaramanga obtuvo 10.580.412 votos, conquistando el oriente colombiano, parte de la región Andina y el Eje Cafetero. (Los votos de Federico Gutiérrez en la primera vuelta, vertieron en Rodolfo Hernández).

Significa lo anterior que se cumplió el cálculo de romper en un 5% la abstención en favor de Petro , pues esta pasó del 45% al 40 %.

El progresista Gustavo Petro llega al gobierno con apoyo de la izquierda legal así como de centristas, urbanistas, periféricos, moderados y socialdemócratas, con cerca de 11.3 millones de votantes. Lleva al poder al progresismo junto con la izquierda legal por primera vez en la historia del país.

Gustavo Petro obtiene el 50,4% de los votos frente a Rodolfo Hernández, que pierde con el 47,3%.

Este último, a su vez, pasó de 5’953.209 votos, que consiguió en la primera vuelta del pasado 29 de mayo, a 10’580.412 en la jornada de ayer, una cifra nada despreciable.

No obstante, de lo anterior no se puede concluir que el país colombiano este dividido en dos extremos opuestos. Estos resultados electorales tampoco dan base para determinarlo así. Sucede que hay 18 millones de colombianos que no votan. No son participativos y encuadran en el dicho: “¿para dónde va Vicente?, para donde va la gente”.

A los votantes que sufragaron por Gustavo Petro corresponde calificarlos de conscientes. La suma de votantes a favor del candidato perdedor obedece a una gama de votos cautivos sumados a votos comprados. En ese orden presentado no estamos en realidad ante un país dividido o polarizado. En gracia de discusión se podría considerar una variante de unos 5.250.000 que calificarían como ricos o acomodados de este país, que constituyen las fuerzas retardatarias, conservaduristas, opuestas a cualquier cambio. Por ello es dable concluir que el gobierno del presidente G. Petro y de la vicepresidenta Francia Marquez será un gobierno de y para las mayorías.

Ante el triunfo del Frente Amplio Popular y Democrático que expresa el Programa y Plataforma Política del Pacto Histórico (PH) corresponde reseñar las acciones inmediatas de actuación del nuevo gobierno una vez obtenido el triunfo, explicado en la variable del llamado a un Gran Acuerdo de Unidad y de Concordia Nacional,

LO DE IMPLEMENTACIÓN

Los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón se constituyen, en su implementación, como alcances por materializar en las conquistas del movimiento popular colombiano. La nueva presidencia alternativa asume ese derrotero. Llegó la hora de cumplimentar, facilitar y poner al orden del día el compromiso del Estado colombiano con las antiguas FARC-EP, sus desmovilizados y desarmados, sobre todo respecto de la aspiración inconclusa y la frustración histórica que ha significado para la nación colombiana volver trizas lo acordado y, paralelo a ello, la actitud frente a los compromisos asumidos como Estado, colocando al país de espaldas a la obligatoriedad de instrumentos internacionales plasmados en convenios. Todo por conductas dolosas del gobierno que concluye y que nos colocan en la picota al ensañarnos por los incumplimientos de los pacta sund servanda ante el escenario de la comunidad y el derecho internacional.

Se deleitaron, trayendo consigo el enfurecimiento y coraje de la opinión popular nacional, al causar el mayor daño posible a la justicia transicional como método civilizado aplicable a la solución de conflictos armados internos, como a la que se llegó con las insurgencias de las FARC-EP en Colombia.

Este triunfo electoral revindica el desagrado causado por la sensación de placer contra las aspiraciones populares causada por la secta de gobierno derrocada, que se había entronizado en el poder.

Rememoremos que en un tejido de telaraña jurídica el gobierno oligárquico del expresidente Santos acudió a un referéndum innecesario y que la incapacidad política del antiguo Secretariado de las FARC-EP admitió -jugando de tahúr el presidente- en la aplicación de la lógica “ni tanto que alumbre , ni tanto que queme al santo¨”. Santos ya había obtenido un premio Nobel y también complacía a sus amigos del Country Club.

Sometieron a referéndum la pregunta: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?». Pregunta que, como se sabe, fue respondida mayoritariamente con el NO y conllevó al desmonte de esenciales circunstancias y situaciones, así como a concesiones por la parte plenipotenciaria de la antigua insurgencia, lo cual concluyó en el Acuerdo del Teatro Colón. Se admite que lo único incólume de lo acordado en La Habana fue la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

LOS CINCO PUNTOS DE LOS ACUERDOS

Estos se materializarán en dirección del contenido del Estado colombiano, que desmontará todos los vestigios del poder narcoparamilitar, tan vilmente instalado. En resumen, con el triunfo del gobierno Alternativo se impone:

  1. La Reforma Rural Integral, falseada durante el transcurso mismo de las conversaciones por la Ley Zidres, como plan real, y que dejó en mera ilusión lo conversado y plasmado. Al orden del día está la reforma agraria democrática y radical.
  2. Reforma Política Electoral. Por plenas libertades de expresión, organización y movilización. Contra los votos a cambio de balas y de dinero, y por sepultar un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y de garantías de papel. La aplicación de un estatuto para la oposición, en el entendido de que hoy las fuerzas alternativas son gobierno.
  3. Terminación del conflicto armado interno con las Farc-ep, que consiste en el fin de los combates y acciones militares por parte de las Farc y los ataques y la persecución militar por parte del Gobierno a esta guerrilla. Es el llamado “Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo”. Fin que quedó trunco con la facción denominada “Nueva Marquetalia”, integrada por combatientes que firmaron los acuerdos y luego alegaron el incumplimiento estatal de los mismos y retomaron las armas. En forma alguna implican ¨disidencias” y en la actualidad se encuentran cobijadas bajo el presupuesto normativo en calidad de rebeldes según el derecho internacional.
  4. Solución del problema de las drogas ilícitas. Es decir, sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo ha sido el de menos implementación y va ligado al acuerdo primero sobre reforma rural integral.
  5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Vale decir, aplicación de la justicia transicional en desarrollo de los principios de autonomía e independencia. Esta ha sido la garantía de no impunidad. Extendidas estas normas de justicia transicional a todos: ex guerrilleros, militares, miembros de las Fuerzas Armadas en todas las ramas y composición de agentes estatales participantes y/o financiadores del paramilitarismo. El acuerdo sobre víctimas impedirá la impunidad para los paramilitares, los empresarios que los financiaron y los agentes estatales que los promovieron. Así, el acuerdo garantiza que no sea un pacto de impunidad. Este acuerdo contempla dos componentes: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Derechos Humanos. Jurisdicción Especial para la Paz en aplicación de un sistema integral y alterno que garantice el derecho a las víctimas y cumpla con la obligación estatal de justicia, buscando, mediante investigaciones penales especiales, la determinación de responsabilidades de sindicados de delitos de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado. La garantía de vigencia del contenido de derechos humanos asume lo relativo a la no repetición.

LO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Con el Nuevo Gobierno Alternativo llegó el momento histórico y político de asumir de fondo y lograr en definitiva el fin del conflicto armado interno colombiano. Para ello, el nuevo gobierno ha de llamar a conversaciones a todas las insurgencias: 1. Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). 2. Ejército Popular de Liberación (EPL). 3. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las diferentes facciones en que se transformaron, como ejército popular insurgente luego de los Acuerdos de la Habana y el Teatro Colón, resumidos en la “Segunda Marquetalia”, es decir, las facciones lideradas por Gentil Duarte y/o sus sucesores, y los frentes 10 y 28, con sus caracterizaciones particulares. En este item es primordial destacar que la contraparte estatal colombiana debe actuar de conformidad y en relación con un país con conflicto armado interno, bajo las distinciones y calificaciones del derecho internacional. Distinguiendo las características de mando unificado, presencia territorial y motivación antigubernamental asúi como de lucha armada contra el establecimiento estatal, en la configuración de una contraparte que tenga el carácter y reconocimiento de rebelde e insurgente.

La complejidad de la situación en el panorama del conflicto armado interno colombiano implica singularizar la continuación de las conversaciones existentes con el ELN. El trato especial a facciones de las FARC, que firmaron los acuerdos enunciados, incluyendo en ello a la Nueva Marquetalia. Dentro de este mismo trato especial ha de incluirse a los reductos del EPL que desde hace tres décadas continuaron la lucha armada pese a la des movilización de la mayoría de esa organización político-militar, con presencia actual en zonas como las del Catatumbo, la antigua provincia de Ocaña y el sur del Cesar. El llamado a conversaciones a actuales facciones de las FARC-EP que no aceptaron ni firmaron los acuerdos de La Habana: bloque identificado como el dirigido por Gentil Duarte. Incumbe además incluir la suerte en la definición de los citados frentes 28 y 10, acorde con las caracterizaciones del derecho internacional y en la definición definitiva, si califican o no como fuerzas rebeldes y/o insurgentes y/o perteneciente a fuerzas del crimen organizado multiforme. Los ingredientes del conflicto armado interno colombiano lo componen actores armados insurgentes o rebeldes y las fuerzas armadas estatales colombianas en todas sus expresiones. Por ello, al buscar el fin de ese conflicto, el armado, no ha de volverse a la imprecisión de “proceso de paz” ni continuar utilizando un lenguaje impropio de calificaciones y clasificaciones al colocar en un mismo recipiente a todos los actores armados que asolan la geografía nacional, comprendiendo que lo multiforme del crimen común organizado difiere de las causas, motivaciones, ejercicio y alcances de los rebeldes insurgentes.

En todo lo anterior está el meollo del asunto, es decir, en la distinción del diseño y aplicación de una política gubernamental nueva que logre la finalización del conflicto como solución política y no de calificativos y frases confusas.

Tan extenso tema, tangencialmente abordado, se resume en la continuación de las conversaciones rotas con el ELN, facilitando que sus plenipotenciarios en La Habana definan su equipo negociador de común acuerdo entre las partes. En un primer acto soberano del gobierno alternativo del presidente Gustavo Petro: retomar el carácter plenipotenciario de los líderes del ELN en La Habana y coordinar su regreso inmediato de conformidad con los convenios existentes desconocidos por el saliente gobierno narco paramilitar. Determinar si las conversaciones han de continuar en el exterior o, por el contrario, en el territorio nacional, constituyendo esta posibilidad la de mayor acogida.

Las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia (ELN) no serán difíciles en cuanto al reconocimiento de beligerantes como parte plenipotenciaria frente a la contraparte estatal. Se regirán por el alcance de profundas reformas económicas, políticas y sociales con participación de la sociedad civil, conforme al planteamiento de Programa Máximo y Mínimo de satisfacción con el movimiento popular. Existe un acumulado de experiencias con el proceso de fin del conflicto armado con las antiguas FARC-EP. Desde ya, es necesario que la dictadura mediática no se apropie de la estulticia de un “proceso de paz”. Hoy se trata de un proceso de conquistas sociales y populares. Por eso, es conveniente que se desarrollen en territorio colombiano.

LO DEL CONFLICTO SOCIAL

No es fácil describirlo o explicarlo. Lo conforman múltiples factores y se dice que en toda sociedad existirá el conflicto social. Es por ello que al asumir una solución del conflicto social colombiano corresponde identificar una caracterización en el llamado conflicto multicrimen. El tema y su solución ha de abordarse desde lo sociológico y político, sin que se resuma en que se trata de un problema político y sociológico por sí mismo.

Los múltiples conflictos colombianos (armado, político, económico, social, ecológico) están relacionados. De manera que corresponde asumir el tema, en particular, en lo atinente con la seguridad ciudadana.

No es motivo del presente artículo la motivación profunda de contenido y conocimiento de este conflicto. Hay que partir de la base de que es uno de los problemas más difíciles que afectan la convivencia ciudadana, para poder abordar el tema de seguridad de los ciudadanos en la ciudad y en lo rural. Para ambos escenarios no se dan tratos diferenciales. Las estadísticas y volumen de incidencias del conflicto social abarcan los escenarios tanto urbanos como rurales.

El gobierno que termina aplicó una política hegemónica oligárquica y contrainsurgente para enfrentar el conflicto social y el conflicto armado. Los resultados han sido ciertamente calamitosos. Hoy corresponde dilucidar las llamadas lucha contra las drogas, contra la minería ilegal, contra la ganadería extensiva y su efecto depredador; contra las organizaciones multicrimen y sus agentes, incluidos los delincuentes de cuello blanco; contra los acaparadores de recursos básicos, especuladores y prestamistas, así como también contra los especímenes, en todos los matices, de la corrupción y los aliados del narco paramilitarismo.

Hay que desenmascarar toda una cultura de alienación que funciona con la premisa de convivir con el crimen. Llamar a los delincuentes y los delitos por su nombre. Destaco aquí el efecto subliminal de “borrrar” el delito de robo y designar a todo como meros hurtos, tal como hacen la mediática y los responsables policiales. En un hurto no opera el factor violencia; en el robo sí y esa simple circunstancia ha hecho carrera para mitigar el agobio que produce la inseguridad que padece la sociedad colombiana.

La guerra en Ucrania y los precios del combustible en el mundo

Escrito en . Publicado en Derechos.

Los efectos del conflicto Ucrania-Rusia siguen agravándose día con día y una de sus mayores expresiones ha sido la crisis de los precios del petróleo y por ende, el elevado precio de los combustibles. Algunos ejemplos en el mundo:

País Precio/litro
Noruega ₡1.960
Holanda ₡1.680
Alemania ₡1.625
Portugal ₡1.540
Reino Unido ₡1.510
Jamaica ₡1.145
Aruba ₡1.120
Brasil ₡1.070
Guatemala ₡1.037
Honduras ₡1.012
Australia ₡1.008
Chile ₡1.000
Panamá ₡997
Paraguay ₡980
Nicaragua ₡957
Puerto Rico ₡957
Costa Rica ₡958
¡Venezuela! ₡15

Datos compartidos con Surcos por el doctor Freddy Pacheco León.

LA GUERRA CIVIL DEL 48: Una lectura historiográfica distinta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Trino Barrantes Araya
CE: camilosantamaria775@gmail.com
Tel: 00 (506) 8990 30 37
Alfonso Pardo Martínez
CE: alfonsopar@gmail.com
Tel: 00 (506) 8362 52 06

Introducción

Recorrer historiográficamente los hechos políticos de 1948, obliga a armarse de un cuerpo teórico, para no quedar enredado en los intersticios y el tejido con que se ha escrito la historia oficial. En cualquiera de las corrientes, son los vencedores a los que se le ha otorgado la potestad de esa narrativa.

Algunos historiadores dan por sentado la lectura obligada de la Huelga de Brazos Caídos, como antecedente inmediato que supone las bases de los fenómenos que precipitarán más tarde la Guerra Civil (Calderón Hernández, 2002; Molina, 2002, Contreras, 2008, Lehoucq, 19912). Obviamente para explicar los hechos político-militares de 1948, estamos en la obligación de explicar muchos otros factores que precipitaron este conflicto armado. Pero los hechos del 48, no serían completos si no se tiene como marco de referencia el papel del Partido Vanguardia Popular, la política de alianzas y los capítulos de las Garantías Sociales, el Código de Trabajo, la aparición de la Caja Costarricense del Seguro Social y la fundación de la Universidad de Costa Rica. Obviamente, estos aspectos gustan ser soslayados por una parte de los historiadores y principalmente por la historia oficial.

Otros/as han señalado, a partir de los actores sociales, nuevas propuestas para describir el carácter tan violento que asumen estos hechos históricos. Un gran esfuerzo a partir de las memorias de los niños y niñas nacidos en el marco de la guerra. Interpretaciones y explicaciones desde lo militar, lo diplomático o confrontando relatos, recopilan de manera dialéctica visiones distintas del acontecimiento vivido en dicho momento.

I.- Los niveles de los contextos: Lo internacional y lo nacional

La Crisis Económica de 1929-1933, la inestabilidad económica resultado de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo mapa bipolar surgido a partir de 1945. La nuevas vías y propuestas para el desarrollo de nuestras economías bajo la hegemonía del imperialismo norteamericano. El marco generado a partir de la “Guerra Fría” representan, sin lugar a dudas, el marco coyuntural de la situación internacional en que queda inscrito nuestro país y consecuentemente la Guerra Civil del 48.

En lo interno, es fácil adivinar que la década de los años 40, tienen en sus cimientos el germen que va a potenciar más tarde el caldo de cultivo en donde se precipitan los hechos político-militares del 48.

Nuevas divisiones políticas, consolidación de lecturas ideológicas diferentes, partidos minoritarios que asumen un papel protagónico, tal es el caso de Confraternidad Guanacasteca, el papel mediático de la prensa y las acusaciones mutuas respecto al fraude electoral, van dándole cuerpo al tejido en donde tendrá lugar el conflicto señalado.

Una pequeña burguesía intelectual, conducida por el Centro de Estudios de Problemas Nacionales, un cierto corrimiento del Partido Vanguardia Popular a las tesis gobiernistas, los pequeños empresarios políticos; nuevas políticas de alianza tendrán como resultado una polarización política cada vez mayor.

Todo lo anterior nos lleva a un hecho desencadenante que tendrá sus prolegómenos más marcados con los efectos generados a partir de las elecciones de 1948. Esta campaña polarizó dos visiones político-electorales, claramente diferenciadas. Por una parte, la figura de Otilio Ulate, encabezando el Partido Unión Nacional y por la otra, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, líder indiscutible del Partido Republicano Nacional. Monseñor Sanabria, Manuel Mora Valverde, el Partido Vanguardia Popular, el papel decidido de los sindicatos bajo la ideología marxista, forman ese complejo tejido donde se dan estos acontecimientos.

Es necesario tener presente, como lo reseña Iván Molina, que a pesar del contexto de fraude que sirve de aureola a las elecciones de 1944, se introdujo una de la más importante reforma al Código Electoral en 1946, la cual tuvo como objetivo independizar la organización de los comicios electorales por parte del Poder Ejecutivo, para dejarlo en manos del Tribunal Nacional Electoral (2002:181.

El otro elemento que es importante tener presente en esta aproximación, fue la creciente polarización política dentro de la misma oposición entre Cortés y Ulate, que de alguna manera será el que incida más directamente en el desencadenamiento de los conflictos de 1948 (Contreras,2008:190).

Actores sociales más relevantes en los hechos político-militares de la Guerra Civil de 1948

Debemos reiterar en esta apartado que, un aspecto que influyó decididamente en el espacio político en los años cuarenta, fueron las reformas sociales, orientadas a favorecer a las grandes mayorías y consecuentemente a potenciar su nivel político-ideológico (http://www.museocostarica.go.cr/es_cr/en-detalle/la-guerra-civil-de-1948-una-sintesis.html?Itemid=115)  Pero, con esa misma rigurosidad que vemos los antecedentes de este conflicto, estamos en la obligación de ver objetivamente los hechos ocurridos en el mismo contexto de la guerra. Estos factores y los nuevos actores sociales imprimen un sello de larga data a este acontecimiento (http://historia.fes.ucr.ac.cr/dialogos.htm).

No se trata de darle un lugar de privilegio a los actores que conoce el discurso oficial, a saber: Teodoro Picado M, José Figueres Ferrer, Otilio Ulate Blanco, Santos León Herrera. De igual envergadura es dar lectura al papel del Partido Social Demócrata, el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, el Ejército de Liberación Nacional, la Legión del Caribe (Schifter, 1980:68 y 75) y, la doctrina social de la iglesia, el aporte del Partido Vanguardia Popular y claro está, la fracción oficialista.

Sobre la Legión del Caribe, Guillermo Villegas H, en su narrativa testimonios del 48, sostiene como tesis central que varios militares (Juan Rodríguez, de la República Dominicana, Rosendo Argüello, de Nicaragua, Horacio Julio Ornes, entre otros, se hicieron presentes en Costa Rica y su papel en el conflicto fue muy importante, además del aporte en la proporción de armas para darle un contenido real al proceso de la guerra (Cfr, Villegas, PP.: 199, 208, 210).

Recordemos aquí, tal y como lo señalamos en nuestra introducción en este apartado es necesario referir a la Huelga de Brazos Caídos de 1947. Aunque en esencia, este movimiento fue un paro patronal, lo cierto también es que sus demandas fueron aceptadas como definitivas por el Tribunal Nacional Electoral. Cabe destacar que los actores sociales más importantes de este evento lo constituyeron los trabajadores del sistema bancario nacional y los comerciantes. Aunque una buena masa de la clase trabajadora y otro poco más de contingentes sociales populares también sumaron su fuerza a este paro (Cfr. Manuel Rojas, Pp.: 109-110 y 150).

Cuarenta días que sacudieron el suelo patrio: La Guerra Civil de 1948

Distingamos, pues, dos grandes factores que está en la base de este conflicto. En primer lugar, existe, como tesis central por gran parte de la historiografía costarricense que, el “conflicto político-electoral” es sin duda la “chispa que encendió” la apacible pradera del suelo costarricense. Tal vez el punto más álgido del acontecimiento tuvo lugar el 12 de marzo de 1948, cuando los militares y soldados del Ejército de Liberación Nacional toman San Isidro del General, con el grave acontecimiento del asesinato del coronel gubernamental Rigoberto Pacheco; pero de la misma envergadura son los acontecimientos que se suceden en San Ramón de Alajuela, con la muerte de los figueristas Catalino Murillo y Federico Arce (López,2000:292).

A estos eventos político-militares le siguieron el día 13 de marzo con la toma de San Cristóbal Sur y sucesivamente la toma de San Marcos de Tarrazú y Santa María de Dota, por parte del Ejército de Liberación Nacional.

El autor citado, Juan diego López, en su texto: Los cuarenta días de 1948: La guerra civil de Costa Rica, reseña que dos días después los seguidores de Picado toman Buenos Aires, posteriormente el 9 de abril arranca la Marcha Fantasma. Operación bélica conducida por el ELN, que culmina el 12 de abril con la toma de Paraíso y Cartago. Más tarde, con la ayuda de la Legión del Caribe, bombardean Limón y el Ejército de Liberación Nacional se apunta un triunfo más,  tomándose el centro de esa provincia y el puerto de Moin. (http://www.slideshare.net/Socialesdigital/costa-rica-en-la-decada-de-los-40-134602245).

Vale reseñar que el papel jugado en todo este proceso de lucha civil, por los dirigentes comunistas, bajo el alero del Partido Vanguardia Popular, son imprescindibles para entender los alcances del conflicto al que referimos.

El final de la Guerra Civil lleva a un breve espacio de transición en el cual, en el gobierno de los 18 días, le corresponderá a Santos León Herrera, asumir la presidencia de la República. Su gran logro, poner fin, oficialmente, al conflicto político-militar en que se vio envuelto nuestro país. Pero en ese mismo orden, también se dictaron los decretos que pone en manos de los vencedores el aparato militar costarricense, los cuarteles, la Fuerza Armada y la Fuerza Policial.

En esta suerte de impase político, el 10 de mayo se establece formalmente la Junta Revolucionaria, a la cual le corresponderá el ejercicio del poder durante los dieciocho meses siguientes. Este gobierno de facto asume el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República y de inmediato se abocó a convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

Paralelo a la Constituyente, los nefastos Decretos Ley de la Junta Fundadora de la Segunda República, proscribiendo los sindicatos clasistas y al mismo partido comunista bajo el nombre de Partido Vanguardia Popular, tienen su epílogo más amargo en el asesinato impune de los mártires del Codo del Diablo. Necesitamos, entonces, reescribir la historia desde las voces de las grandes mayorías.

Sin lugar a dudas, estos acontecimientos siembran las bases del Estado Social de Derecho mediante el Estado Benefactor que tendrá lugar en los próximos quinquenios.

Una página que requerirá de un nuevo examen es la firma del Pacto de Ochomogo. Sin la verdadera y correcta interpretación de estos hechos históricos, no se le está otorgando a nuestra historia el contenido objetivo que como ciencia requiere. Si un atroz crimen como el que se ejecutó contra los mártires del Codo del Diablo, no se aclara, nuestra historia seguirá cargando grandes vacíos.

 

Imagen ilustrativa.

Efectos económicos y financieros en América Latina y el Caribe del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania

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En un reciente informe de Naciones Unidas, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, analiza los efectos económicos y financieros del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, en América Latina y el Caribe.

Según Bárcena, el conflicto ocurre en un contexto de alta incertidumbre a nivel global asociada a diversos factores, entre los que destaca: el desigual ritmo de vacunación contra el COVID-19 y las nuevas variantes del virus, las presiones inflacionarias y la dificultad presente para mantener el estímulo fiscal, las tensiones comerciales y los riesgos en el sector inmobiliario de China, las disrupciones en las cadenas de suministro y la alza en los fletes, así como, los eventos extremos debido al cambio climático.

De acuerdo con el informe, este conflicto tiene un impacto en las economías de América Latina y el Caribe a través de los canales de transmisión de los efectos circunstanciales, principalmente el canal comercial (con efectos directos e indirectos), el canal de precios de las materias primas (incluidos los términos de intercambio y los problemas de inflación) y el canal financiero.

Los precios de productos básicos agrícolas y alimentos, la (in)seguridad alimentaria, la inflación, el desempleo y la pobreza son algunos de los efectos mencionados por la CEPAL como adversos, al contexto de incertidumbre y volatilidad que sufre hoy la Región.

Dicho informe fue presentado en el Diálogo de Alto Nivel “Escenarios ante el conflicto en Ucrania”, organizado por el Consejo Económico y Social (CES) de la República Argentina el 23 de marzo de 2022.

Le invitamos a descargar el informe y seguir de cerca los cambios en la geopolítica de los países latinoamericanos: https://www.cepal.org/es/publicaciones/47831-efectos-economicos-financieros-america-latina-caribe-conflicto-la-federacion

Efectos-economicos-y-financieros-en-America-Latina-y-el-CaribeDescarga

Militares colombianos reconocen participación en crímenes de civiles no beligerantes

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El conflicto armado en Colombia es uno de los más duraderos en la historia contemporánea del mundo occidental y de América Latina, pero en los últimos veinte años las alarmas se encendieron cuando se descubrió que durante la década del 2000 varios militares participaron en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como objetivos militares y supuestos miembros de las FARC caídos en combate, con el fin de obtener beneficios en la institución castrense.

De acuerdo a las recientes audiencias celebradas por la Jurisdicción Especial para la Paz, más de 6400 personas fueron ejecutadas entre el 2002 y el 2008 por militares del Ejército Nacional de Colombia y en un histórico ejercicio de memoria de la historia reciente, los autores confesaron la desaparición y muerte de civiles, en su mayoría pobre y campesinos. 

En estas audiencias celebradas en el departamento de Santander, nacidas a raíz de los acuerdos de paz del año 2016 las familias de las víctimas y los victimarios se sentaron frente a frente para escuchar los relatos tanto de los antiguos miembros del ejército como de los familiares de las víctimas. En este sentido “Maquinamos, hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos, yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá” declaro el suboficial retirado Néstor Gutiérrez.

Los relatos de los familiares de las victimas durante las audiencias fueron desgarradores y permitieron revindicar la memoria de quienes fueron ajusticiados por el ejército Como señaló María Daza familiar de una de las víctimas “Para ustedes valía más un premio, unas vacaciones, unas comisiones, unas condecoraciones, que el dolor de una madre, de una familia”

Los falsos positivos fueron el mayor escándalo de corrupción del ejército colombiano y que fueron negados o minimizados durante años por las autoridades gubernamentales en especial durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), quien sostiene que se trató de actos aislados.

El conflicto armado de Colombia en detalles

  • Es uno de los más duraderos en la historia contemporánea del mundo occidental y de América Latina, con más de 50 años de guerra que han desangrado al país.
  • Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y CNMH, Ha causado la muerte de alrededor de 262.197. De este total de víctimas fatales, 215.005 eran civiles y 46.813 eran combatientes. 
  • Según el Observatorio Global del Desplazamiento Interno El conflicto ha provocado el desplazamiento de más de 8.1 millones de personas desde 1985.
  • Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y CNMH, a la fecha la guerra ha dejado 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados

Información de teleSUR