Este sábado 17 de mayo de 2025, la comunidad indígena de Rey Curré dio inicio al proceso para la construcción del Reglamento Forestal a implementarse en su territorio.
En esta primera convocatoria se ha empezado a revisar el borrador de dicha propuesta, que conducirá posteriormente a la creación definitiva del reglamento.
Este proceso consiste en una serie de talleres futuros donde se analizará y se construirá de manera conjunta, detalles e implicaciones sobre esta normativa, el cual procura garantizar una consulta indígena transparente, sistemático y participativo.
La primera fase de este proceso corresponde a la planificación inicial de la propuesta, cuyo objetivo general es establecer una base organizativa y estructural para el desarrollo del proceso, definiendo roles, recursos y aprobaciones iniciales.
En el transcurso de esta primera fase se tiene planeado crear un Comité de Consulta, el cual será el órgano encargado de liderar, supervisar y coordinar las actividades afines.
Dentro de las funciones de este comité están las de supervisar el cumplimiento de cada fase del protocolo, coordinar con actores clave y validar resultados parciales, así como actuar como enlace entre la comunidad, las instituciones y la UTCI.
Como parte de las actividades y pasos a seguir en este proceso, este comité se encargará de la convocatoria a miembros comunitarios y técnicos, identificando representantes de organizaciones claves como la ADI, CLEI, Mujeres de DúTuj, entre otros.
Además, dicho comité tratará de garantizar la inclusión de mujeres, jóvenes y ancianos con conocimientos culturales y los roles internos para atender asuntos relacionados con responsable de logística (transporte, alimentación y materiales), responsable de comunicación (difusión y convocatoria), así como el responsable de sistematizar la información (recopilación y análisis de datos).
La sede de este primer taller fue el salón comunal, el cual lució una hermosa decoración basado en elementos culturales propias de la comunidad, tales como máscaras, tejidos, tambores y plantas medicinales.
Este primer espacio de trabajo comunitario dio inicio a las 8 am y se extendió hasta la 1pm.
En los talleres posteriores se atenderá los pasos a seguir, según el manual que dirige la eventual construcción de este reglamento.
SURCOS comparte el siguiente documento enviado a nuestra redacción por Marco Levy Virgo:
Réplica al comunicado de prensa de Edwin Patterson y denuncia de su conflicto de intereses
Las comunidades del Caribe Sur, representadas por organizaciones de base como el Movimiento Cahuita Unida, COVIRENAS Caribe Sur, el Bloque Verde, y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), rechazamos categóricamente el comunicado de prensa publicado el 11 de mayo de 2025, suscrito por Edwin Patterson, quien se presenta como representante del pueblo tribal afrodescendiente del Caribe Sur a través de la Asociación Tribal Afro-Costarricense del Caribe Sur (ATACS). Denunciamos que las afirmaciones de Patterson no solo carecen de legitimidad técnica y moral, sino que encubren un claro conflicto de intereses, ya que él mismo es beneficiario potencial de una concesión bajo el controvertido Plan Regulador Costero (PRC) de Talamanca, un proyecto que amenaza el patrimonio ambiental y cultural de nuestra región.
Desmintiendo las afirmaciones de Edwin Patterson
1. Falsa representación de los pueblos afrodescendientes: Edwin Patterson no representa el sentir mayoritario de las comunidades afrodescendientes ni indígenas del Caribe Sur. Su respaldo al PRC, lejos de defender los derechos de los pueblos tribales, promueve un modelo de desarrollo turístico que prioriza intereses económicos privados sobre las necesidades de las comunidades locales. Organizaciones como Cahuita Unida y COVIRENAS han documentado cómo el PRC permite la fragmentación de ecosistemas clave, como humedales y bosques costeros, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, afectando la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades que dependen de estos recursos.
2. Conflicto de intereses evidente: Patterson omite mencionar que él mismo está posicionado para obtener una concesión en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) bajo el PRC, lo que lo convierte en un beneficiario directo de este plan. Esta omisión compromete su credibilidad y deslegitima su supuesto rol como defensor de los derechos humanos y ambientales. Su apoyo al PRC no responde al bienestar colectivo, sino a intereses personales y económicos, lo que constituye una traición al legado de lucha de los pueblos afrodescendientes e indígenas del Caribe Sur.
3. Manipulación de la narrativa ambiental: El comunicado de Patterson acusa a “grupos extremistas” y autoridades de manipular la normativa ambiental para frenar el desarrollo. Esta afirmación es engañosa y desinforma a la población. La oposición al PRC no proviene de extremismos, sino de preocupaciones fundamentadas por la falta de consulta indígena, la omisión de humedales en la zonificación, y la ausencia de una delimitación adecuada del Refugio Gandoca-Manzanillo, como lo ha señalado la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional en múltiples resoluciones. Por ejemplo, la sentencia 31756-2023 de la Sala IV anuló una audiencia pública del PRC por excluir al Territorio Indígena Kéköldi, evidenciando el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
4. Desarrollo desigual y marginación del Caribe Sur: Patterson afirma que el Caribe es marginado bajo el pretexto de la conservación. Si bien es cierto que el Caribe Sur ha sido históricamente marginado, el PRC no resuelve esta problemática. Al contrario, fomenta un modelo de turismo masivo, similar al del Pacífico, que beneficia a grandes inversionistas y cadenas hoteleras en detrimento de las comunidades locales. El PRC no incluye planes para abordar carencias críticas, como la falta de agua potable (85% de los acueductos en Talamanca enfrentan estrés hídrico, según ARESEP) o la infraestructura educativa deficiente, como la Escuela de Puerto Viejo, que está al borde del colapso.
La verdadera amenaza: el Plan Regulador Costero de Talamanca
El PRC de Talamanca, lejos de ser una herramienta de desarrollo sostenible, representa una amenaza directa a la seguridad ambiental, cultural y social de las comunidades del Caribe Sur. Entre sus principales problemas, destacamos:
• Impacto ambiental devastador: El PRC permite el desarrollo turístico en áreas sensibles, como humedales y bosques costeros, ignorando un informe del SINAC de 2021 que identificó 165 hectáreas de humedales en la ZMT. La directriz del MINAE de 2023, que desestimó este informe, facilita la construcción en estas zonas protegidas, violando sentencias de la Sala Constitucional (12745-2019, 3959-2024, entre otras).
• Falta de consulta indígena: La Municipalidad de Talamanca ha incumplido sistemáticamente el derecho de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. La Defensoría de los Habitantes confirmó que no existe solicitud alguna para consultar al Territorio Indígena Kéköldi, lo que invalida el proceso del PRC.
• Despojo de tierras ancestrales: Aunque Patterson y sus aliados, como Edwin Cyrus, argumentan que el PRC garantiza seguridad jurídica a los habitantes históricos, el plan no protege adecuadamente los derechos de propiedad de las comunidades afrodescendientes. La Ley 9223, declarada inconstitucional en 2019, desafectó bosques del Refugio Gandoca-Manzanillo, abriendo la puerta a la especulación inmobiliaria. Las concesiones previstas en el PRC benefician principalmente a inversionistas externos, no a los pobladores ancestrales.
Llamado a la acción y exigencia de transparencia
Rechazamos la narrativa de Edwin Patterson y exigimos lo siguiente:
1. Suspensión inmediata del PRC: La Municipalidad de Talamanca debe acatar las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes y suspender cualquier acto de aprobación del PRC hasta que se cumplan los requisitos legales, incluida la consulta indígena y la delimitación del Refugio Gandoca-Manzanillo.
2. Investigación sobre conflictos de intereses: Solicitamos a la Comisión Legislativa de Ambiente, que ya abrió un expediente sobre el PRC, investigar las conexiones de Patterson y otros promotores del plan con concesiones en la ZMT, así como posibles casos de tráfico de influencias.
3. Diálogo inclusivo y participativo: Instamos al Gobierno de Costa Rica a establecer un diálogo genuino con todas las organizaciones comunitarias del Caribe Sur, excluyendo a figuras como Patterson, cuya legitimidad está comprometida por sus intereses personales. Este diálogo debe priorizar la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales.
4. Protección del legado ambiental y cultural: Conservar el Caribe Sur no implica despojar a sus habitantes, como Patterson sugiere, sino garantizar que el desarrollo respete la armonía entre las comunidades y su entorno. Los pueblos afrodescendientes e indígenas hemos convivido sosteniblemente con esta región por generaciones, y no permitiremos que se sacrifique nuestro patrimonio en nombre de un falso progreso.
Conclusión
Edwin Patterson no habla por el Caribe Sur. Su respaldo al PRC, motivado por intereses personales, traiciona la lucha histórica de los pueblos afrodescendientes e indígenas por la justicia ambiental y territorial. Invitamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las autoridades a escuchar las voces legítimas de las comunidades organizadas que defendemos nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro futuro. No permitiremos que el Caribe Sur sea entregado a la codicia de unos pocos bajo el disfraz de un desarrollo que no nos representa.
Referencias:
• Defensoría de los Habitantes, alerta temprana sobre el PRC, 10 de octubre de 2024.
• Sala Constitucional, sentencias 31756-2023, 12745-2019, 3959-2024, entre otras.
• Informe SINAC sobre humedales, 2021.
• ARESEP, informe sobre estrés hídrico en Talamanca, 21 de julio de 2023.
• COVIRENAS y Bloque Verde, denuncias sobre impacto ambiental del PRC, 2023.
Sala Constitucional comprueba desobediencia de la Municipalidad de Talamanca en audiencia pública realizada por la Municipalidad de Talamanca al no cumplir con la consulta libre, previa e informada al territorio Indígena de Këkoldi.
Voto de la Sala Constitucional invalida por segunda vez audiencia y evidencia incumplimiento de la Municipalidad en proceso de elaboración del Plan Regulador Costero del cantón.
La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi (ADITIK) reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y el cuido de los recursos naturales.
Las organizaciones firmantes celebran la decisión de la Sala Constitucional que anula por segunda vez la audiencia pública del Plan Regulador Costero (PRC) realizada el 8 de marzo del 2024, debido al incumplimiento de los requisitos legales y la violación del derecho fundamental a la Consulta Indígena.
El tribunal ha enfatizado en múltiples resoluciones, incluyendo su más reciente voto número 2024035187 del 26 de noviembre de 2024, la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Estas disposiciones destacan la obligatoriedad de involucrar plenamente a los pueblos indígenas en decisiones que les afectan directamente, respetando su cosmovisión y estructuras tradicionales.
En diciembre de 2023, la Sala Constitucional anuló la audiencia pública del 4 de agosto de ese año por carecer de una Consulta Indígena apropiada. Posteriormente, el 10 de enero de 2024, ADITIK sostuvo una reunión con representantes de la Municipalidad de Talamanca, donde quedó en evidencia la falta de compromiso del Gobierno Local en cumplir con las normas que garantizan la participación activa y efectiva de las comunidades.
Durante este encuentro, ADITIK presentó condiciones específicas para la realización de una consulta culturalmente adecuada, incluyendo la involucración de todos los habitantes del territorio y la implementación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP). Sin embargo, la Municipalidad ignoró estas solicitudes en sus posteriores propuestas y comunicaciones.
El pasado 26 de noviembre de 2024, la Sala Constitucional acogió la gestión de incumplimiento interpuesta por ADITIK, señalando que la audiencia pública realizada el 8 de marzo de 2024 no cumplió con los requisitos legales y los principios de la Consulta Indígena. Además, la Sala advirtió a las autoridades municipales que podrían enfrentar procedimientos administrativos y penales por desobedecer las resoluciones emitidas. Al respecto, la presidenta de ADITIK, Signia Villanueva Morales, declaró:
«Como población indígena del Territorio Keköldi, no aprobamos el Plan Regulador Costero mientras no se realice una consulta adecuada que tome en cuenta las características culturales de nuestro territorio. Estamos dispuestos a defender nuestros derechos ante cualquier instancia, ya que el respeto a la consulta previa es fundamental para garantizar nuestro desarrollo integral y la protección de nuestra cultura, territorio, y el ambiente.»
Adicionalmente, declaró que “ADITIK reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para establecer un proceso transparente y respetuoso, siempre que se ajusten a los principios de legalidad, buena fe y respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.
Los ecosistemas del Caribe Sur, incluyendo manglares, humedales y áreas protegidas, enfrentan amenazas significativas debido a la falta de planificación responsable. El PRC, en su estado actual, carece de estudios actualizados sobre la caracterización de estos ecosistemas, incumpliendo órdenes previas emitidas por la Sala Constitucional no sólo a la Municipalidad, sino que también al SINAC y otros entes reguladores.
COVIRENAS del Caribe Sur y Bloque Verde han manifestado su total respaldo a la lucha liderada por ADITIK. Estas organizaciones destacan que las comunidades indígenas son las principales guardianas de los recursos naturales en la región y que cualquier decisión que las afecte debe considerar su experiencia y conocimiento ancestral para garantizar la sostenibilidad ambiental.
Las organizaciones firmantes instan a la Municipalidad de Talamanca a cumplir con lo dispuesto por la Sala Constitucional y a implementar un proceso de consulta genuino, acorde con los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, hacen un llamado al resto de las instituciones y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de imponer decisiones que vulneren los derechos de las comunidades y del medio ambiente.
Este comunicado conjunto reafirma nuestra lucha por un desarrollo territorial justo, transparente y sostenible, que respete tanto los derechos de los pueblos indígenas como la riqueza ambiental del Caribe Sur. Adicionalmente, busca informar a la opinión pública y a las autoridades competentes sobre la importancia de respetar las normativas nacionales e internacionales en la implementación de políticas que afectan directamente a los pueblos indígenas.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Adjuntamos la resolución de la Sala Constitucional.
Es usual que el populismo recurra a mentiras para evitar asumir responsabilidades. Es falso que los posibles cortes de electricidad sean responsabilidad del anterior gobierno o de quienes estuvimos a cargo del ICE. Siempre he actuado con base en información técnica.
Es completamente FALSO que los posibles cortes de electricidad sean responsabilidad del Gobierno de Carlos Alvarado, o de las personas que estuvimos a cargo del ICE entre 2018-2022. Todas las decisiones que tomamos en esos años fueron de carácter técnico y se sustentaron en datos que provenían del propio ICE.
1. El Gobierno afirma que los eventuales apagones se deben a que nosotros «predicamos durante años» que la demanda de electricidad estaba cubierta y que por eso no se necesitaba más generación. Esto es completamente FALSO. Ni nuestro Gobierno, ni ningún otro, se inventa los datos de la demanda eléctrica del país para «predicarlos». Eso es información técnica que generan departamentos especializados del ICE y que se actualiza periódicamente porque la demanda puede aumentar o disminuir por distintos factores. Todos estos datos se publican en un documento llamado «Plan de Expansión de la Generación», y que cualquier persona puede consultar. En todos los Planes de Expansión de la Generación que se publicaron durante mi período, se decía claramente que el país tenía la demanda cubierta por el momento y fue con base en ellos que tomamos todas las decisiones en materia de inversión y compra de energía. Nosotros vigilábamos con lupa el comportamiento de la demanda para activar los protocolos que fueran necesarios para así evitar llegar a un escenario de cortes eléctricos. Creo que hicimos muy bien nuestro trabajo porque en nuestro Gobierno nunca se habló de apagones de ningún tipo. Probablemente, si ahora el país se enfrenta a esta situación es porque ese seguimiento feroz no se ha estado haciendo. Le tocará a la prensa y a las autoridades políticas determinar si los embalses se han estado manejando bien, si se exportó más sabiendo que se avecinaba un año con fenómenos del niño o si se activaron las directrices de manejo de la demanda y ahorro de energía en el momento oportuno. Nada de esto es nuevo para las personas del ICE, pero dependen de decisiones que toman sus autoridades.
2. El Gobierno también dice que los eventuales apagones se deben a que nosotros no continuamos con el Proyecto Hidroeléctrico Diquís. Nuevamente, esto es completamente FALSO, y no tiene lógica. Cuando se decidió suspender el PH Diquís, el proyecto no contaba con factibilidad ambiental, ni se había realizado la consulta indígena obligatoria. Obtener esta factibilidad ambiental y social por parte de SETENA, hacer la consulta indígena, obtener financiamiento y construir la represa tomaría aproximadamente 6 años o más. Es decir, suponiendo que todo esto se hubiera logrado a tiempo, Diquís aún estaría en construcción, y no habría podido solventar esta situación. Y ojo, es difícil asumir que la consulta indígena hubiera arrojado un resultado positivo debido a la oposición que los pueblos originarios ya habían manifestado públicamente.
*Publicado por la autora en su cuenta de X, compartido con SURCOS por José Manuel Arroyo Gutiérrez.
Municipalidad de Talamanca ignora disposiciones de la Sala Constitucional e insiste que Plan Regulador Costero sigue vigente a pesar de no contar con todos los elementos exigidos por Ley
La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi (ADITIK), recibe en sus instalaciones a funcionarios de la Municipalidad de Talamanca para tratar temas relacionados a la Anulación de la Audiencia del Plan Regulador Costero de Talamanca (PRC).
Vocero de la Municipalidad de Talamanca insiste en que PRC no está anulado y afirma al INVU e ICT que continuarán con hoja de ruta sin realizar una consulta indígena apropiada según lo establecido por Ley.
(Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi, Bloqueverde, Covirenas Caribe Sur, Talamanca, 15 de enero del 2024 ) En diciembre 2023, la Sala emitió 4 resoluciones de relevancia que terminan por anular el PRC impulsado por la Municipalidad de Talamanca a tan sólo dos meses de su publicación. A inicios de diciembre se resuelve el recurso de amparo presentado por la ADITIK denunciando la no participación del territorio indígena Këkoldi en el proceso de elaboración y consulta del instrumento de ordenamiento territorial. La resolución 2023-031756 ordena la anulación de la audiencia pública celebrada el 04 de agosto del 2023 y le da a la Municipalidad un plazo de 3 meses para convocar a nueva audiencia.
Adicionalmente, mediante la respuesta a la solicitud de adición y aclaración presentada por el Alcalde Municipal, el Tribunal Constitucional aclara sobre la nulidad de los actos posteriores a la audiencia pública y qué dependen de ella que “la consecuencia del dictado de la sentencia N° 2023-031756 de las 09:30 horas del 07 de diciembre de 2023, fue precisamente la anulación de la audiencia pública llevada a cabo el 04 de agosto de 2023, por lo que el trámite debe retrotraerse a ese momento del procedimiento del plan regulador costero”, según consta en la resolución número 2023-033104. Pese a esta resolución, el Gobierno Local se rehúsa a tomar las medidas administrativas legalmente adecuadas y mantiene en suspenso un PRC con un vicio de nulidad grave que de no arreglarse implicará aún más desorden a nivel territorial para los habitantes del Caribe Sur.
El pasado 10 de enero del 2024, representantes de la Municipalidad de Talamanca y la ADITIK se reunieron en las instalaciones del salón comunal del territorio Indígena con el fin de atender la solicitud del Gobierno Local de presentar su propuesta para atender lo ordenado por la Sala Constitucional. Entre los representantes de la Municipalidad se encontraban presentes Enrique Joseph, enlace del Plan Regulador; Yahaira Mora Blanco, la presidenta del Concejo Municipal; Jorge Molina Polanco, Regidor, entre otros; así como la Junta Directiva de la ADITIK y asesores.
Reunión del 10 de enero con representantes de la Municipalidad.
Durante la reunión, la Municipalidad expuso una hoja de ruta elaborada por la Comisión Técnica de otorgamiento de concesiones y la Comisión del Plan Regulador. Cabe destacar nuevamente la insistencia de esta Municipalidad por entregarle a la ADITIK información desactualizada y descontextualizada por no haber sido el territorio partícipe de nada relacionado con la elaboración de estos documentos. La hoja de ruta también considera una convocatoria especial a la ADITIK y al Foro Tribal Afrocostarricense, y el desarrollo de material informativo referente únicamente a la zonificación de dicho plan regulador. Fue notoria la exclusión en esta hoja de ruta de los demás habitantes de la zona, como lo es la totalidad del territorio indígena y otros propietarios que no son parte del Foro Tribal.
Imagen de la hoja de ruta presentada durante la reunión del 10 de enero con representantes de la Municipalidad.
Por su parte, la ADITIK le entregó a la presidenta del Concejo Municipal Yahaira Mora dos cartas. La primera de ellas establece las condiciones necesarias para realizar una consulta indígena culturalmente apropiada. Dentro de los requisitos mínimos que la Municipalidad debe observar, se les indica que se debe involucrar al Concejo Directivo de Instancia Territorial del territorio y consultar a la totalidad de sus habitantes. Adicionalmente, se solicita que se implemente el procedimiento establecido en el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas oficializado por el Poder Ejecutivo mediante decreto ejecutivo número 40932-MP-MJP, con el fin de garantizar la salud del proceso y se les aclara que hasta tanto no se involucren a todas las partes necesarias, no se estará recibiendo ningún tipo de información técnica para su revisión de fondo. Los estudios necesarios y las características de los mismos deberán ser definidas en el marco del proceso de consulta, costeados por la parte interesada y presentados a la comunidad mediante la realización de reuniones en el territorio.
La posición de la ADITIK fue muy clara: “no vamos a aceptar ese documento del PRC, ya que el mismo está anulado, y no hubo participación del territorio en la elaboración de este documento. Para llegar a un acuerdo debe ser por medio de la debida aplicación de la Consulta Indígena” señaló Signia Villanueva, presidenta de la Asociación. Adicionalmente y en concordancia con lo anterior, en la segunda carta se solicita que se ordene la apertura de un procedimiento administrativo de nulidad oficiosa sobre los permisos de construcción, concesiones, licencias comerciales y usos de suelo otorgados utilizando el PRC, cuya Audiencia Pública fue anulada por orden de la Sala Constitucional.
A pesar de que a la fecha la ADITIK no ha recibido respuesta a sus solicitudes, terceros relacionados a la Asociación compartieron copia del oficio E-PRC-MT-001-24, el cuál circuló en múltiples chats comunales el 12 de enero del 2023, dos días después de la reunión celebrada con la ADITIK. Dicho oficio es dirigido a las jefaturas y los enlaces técnicos del INVU y el ICT y firmado por el Licenciado Enrique Joseph, en su calidad de funcionario y enlace Municipal del PRC y corresponde al “análisis que la Comisión Técnica para el Otorgamiento de Concesiones y la Comisión Municipal de Plan Regulador de la Municipalidad de Talamanca ha realizado a luz de la Resolución N.º 2023-031756”.
Queda claro de la lectura integral del documento la posición de la Municipalidad con respecto a las solicitudes planteadas por la ADITIK. La hoja de ruta presentada en el oficio ya ha sido modificada en comparación con aquella presentada durante la reunión del miércoles 11. No obstante, las solicitudes y observaciones por la ADITIK fueron completamente ignoradas en este nuevo criterio, el cual plantea que se continuará imponiendo un camino alejado de las estructuras y los procesos definidos a lo interno del territorio para la consulta e intentando obligar a los habitantes a conocer un PRC que no fue elaborado en conjunto con los indígenas (a diferencia de lo sucedido con otros grupos sociales) y que no tiene posibilidad real de mejorarse, ya que como bien indicó el Lic. Joseph durante la reunión, únicamente las observaciones que ellos consideren debidamente fundamentadas serán incluidas en el PRC en un Anexo II.
Ante la posición de la Municipalidad, reiteramos las palabras expresadas por la señora Dulcelina Sánchez, Vocal de la ADITIK, quien fue clara en indicarle a los representantes que deben “buscar esa manera de cómo hacer una consulta, no una convocatoria de una reunión, sino una consulta. Si bien es cierto la sala dice que en tres meses hay que terminar, pues la sala también tiene que saber que este es un proyecto grande para nosotros y que debe ser bien consultado. Si nosotros tenemos que defender a nuestro territorio, lo vamos a hacer, ante la Sala o ante quien sea porque esto debe realizarse correctamente.”
Compartimos documentos de referencia.
Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi
La importancia del voto de minoría de tres magistrados que estiman que es necesario consultar a los pueblos indígenas.
País se expone a que las organizaciones indígenas lleven este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
(Bloque Verde 20 de junio 2023) En un reñido voto de cuatro contra tres la Sala Constitucional en la resolución número 2023006154 da luz verde al Protocolo de Nagoya para que siga su curso en segunda votación en la Asamblea Legislativa. Los tres magistrados consideran que es necesaria la consulta indígena según lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y refuerza la posición de la Defensoría de los Habitantes en cuanto que la ausencia de consulta si vulnera los derechos de los pueblos originarios.
Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro demostraron que la Sala Constitucional tenía un línea jurisprudencial que considera obligatoria la consulta indígena en casos de que una medida legislativa o administrativa es susceptible a afectar a los pueblos indígenas. Esta jurisprudencia lamentablemente se rompió con esta resolución que niega justamente la consulta a los pueblos originarios.
El dictamen de minoría también deja claro que la forma en la supuesta consulta hecha desde la Asamblea Legislativa no cumplió lo dispuesto en el Convenio 169. Hay que recordar que este procedimiento se realizó mediante envío por correo electrónico a las asociaciones de desarrollo de los 24 territorios indígenas con un plazo de ocho días hábiles. En este sentido los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro insisten en que “no se constituye como un método idóneo para garantizar la efectiva participación y opinión de las comunidades indígenas y el correspondiente deber de consulta”
El Protocolo de Nagoya acelera procesos de desposesión por medio de mecanismos de mecanismos de propiedad intelectual como las patentes y los derechos de obtentor (como UPOV) sobre los conocimientos de los pueblos indígenas. Este tratado internacional provoca que los bienes comunes, entre ellos los recursos de la biodiversidad y conocimientos asociados, considerados como dominio público, de origen ancestral, hereditario y otros de soberanía del Estado, sean adjudicados como bienes patrimoniales del dominio privado.
Este proceso en vía de ratificación por la Asamblea Legislativa es a todas luces racista y discriminatorio porque afecta de manera negativa a las personas portadoras de conocimientos, en su mayoría adultas mayores de las comunidades. Pretende apropiarse de sus saberes y prácticas cotidianas heredadas ancestralmente, hasta el punto de patentarlas. Esto también niega la posibilidad de las futuras generaciones del goce de ese conocimiento ancestral.
Dentro del Protocolo de Nagoya quedan muy claras las formas de apropiación de esta riqueza cultural, lo que no queda para nada claro son las formas de “repartos de beneficios” que menciona insistentemente los propulsores de esta iniciativa. No está estipulado cómo la patente por parte de un tercero del uso de una planta, bacteria, hongo, insecto o animal va a “traer beneficio” a los pueblos que la han descubierto y resguardado por siglos o quizá milenios. Esto no fue preocupación de los y las legisladoras impulsoras de este proyecto.
Instamos a las organizaciones indígenas a llevar este caso de racismo judicial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar esta injusticia estructural dentro del más alto tribunal de justicia costarricense.
El Gobierno echó a andar el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, aunque en algunos territorios se mantienen vivos los cuestionamientos al proceso.
Fabiola Pomareda García
Reunión de la Coordinadora de Lucha Sur Sur en Salitre. Foto: Ditso.
El Gobierno firmó un decreto en marzo pasado, que echó a andar un mecanismo de consulta a pueblos indígenas, para que se consulte a las personas que habitan en alguno de los 24 territorios indígenas, antes de realizar proyectos que afecten sus derechos colectivos.
Sin embargo, organizaciones y habitantes de tres territorios se abstuvieron de participar porque cuestionan cómo está formulado y aseguran que violenta sus derechos como territorios de pueblos originarios, y que violenta convenios internacionales y legislación nacional.
También manifestaron su recelo por la participación de personas no indígenas en la construcción del mecanismo (la llamada pre-consulta), por quiénes integrarán las instancias territoriales y por qué pasaría si en las consultas participan personas no indígenas que viven en los territorios, como parte de la problemática de usurpación de tierras.
El Gobierno respondió a Voces Nuestras varias de estas consultas, a través de la oficina de prensa de Casa Presidencial.
Gobierno firma decreto después de un largo y cuestionado proceso
El 6 de marzo de este año el Gobierno firmó el decreto 40.932, que dejó en firme el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Esto se hizo por presión y recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Después de dos años de reuniones y talleres (pre-consulta), el Gobierno logró que personas de territorios indígenas suscribieran una guía con ocho pasos para realizar una consulta. Estos son:
Solicitud de la consulta; admisibilidad de la solicitud de la consulta; acuerdos preparatorios; intercambio de información; evaluación interna del pueblo indígena; diálogo, negociación y acuerdos; finalización del proceso; y cumplimiento y monitoreo de acuerdos.
Reynaldo Morales Mayorga, indígena bribri del territorio indígena Iriria Bribri Sä Kä (conocido como Cabagra), piensa que la consulta empezó mal porque cuestionan la representatividad de quienes terminaron aprobando el mecanismo en la pre-consulta.
“La informacion a los pueblos originarios debe enfocarse en las organizaciones que existen dentro del territorio. Por ejemplo, nosotros como organización analizamos un punto del convenio 169, artículo 6 , que habla de la consulta, y se refiere a la consulta con sus instituciones, con ‘sus’, no con ‘su’”, explicó Morales, quien pertenece al Consejo de Mayores Originarios Iriria Bribri Sä Kä.
Agregó que “es un impacto negativo hacia la comunidad indígena en el sentido de que en los territorios indígenas, en el caso el de nosotros, hay muchos usurpadores que son no indígenas”.
Y afirmó que es un proceso negativo “porque para hablar de una consulta, se tiene que tener previo la información, el consentimiento de la comunidad y la libre determinación de la comunidad, que no se ponga obstáculos, que no se hagan obras de las que se están haciendo con la Asociación de Desarrollo. Eso viene a minimizar a la comunidad originaria. Tiene que haber una información en el idioma, tiene que haber una información en español, tiene que haber varias sesiones de trabajo”.
Mariana Delgado Morales, indígena bribri de Río Azul, comunidad en el territorio indígena de Salitre, opinó:
“En cuanto a la consulta, de mi parte yo tengo muchas dudas y yo siento que es una manipulación más del Gobierno porque nosotros, el pueblo bribri de Salitre, le hemos pedido al Gobierno que primeramente haya un saneamiento territorial, que se hagan los desalojos que ya están por ser ejecutados. No hemos recibido respuesta y entonces más bien creemos que la consulta nos va a perjudicar; no es nada favorable para nosotros”, informó,
“Vea, yo me enteré que vinieron y estuvieron reunidos con un pequeño grupo; pero creo que eso no es una pre-consulta. Yo entiendo por consulta que es todo el territorio indígena. Si lo quieren hacer así, es un juego más, una burla más para los bribris porque diay, no sirve así que ellos se reúnan nada más con un sector, con un grupo. Si lo van a hacer que sea con toda la población indígena bribri de Salitre”, sentenció.
Don Felipe Figueroa Morales, indígena bribri, de Salitre, manifestó: “El proceso de consulta indígena es negativo porque el Estado costarricense está bajo las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó al Estado costarricense que hiciera el saneamiento territorial del territorio bribri de Salitre, para que pudiera hacer la consulta. Esto no se cumplió”.
Figueroa Morales señaló que “en la consulta participaron personas no indígenas, un grupo muy reducido dentro del territorio y en la comisión están representando personas no bribris dentro del territorio”.
“Como al Gobierno le interesan algunos proyectos como el Diquís y otros proyectos que él tiene en camino, quiere quitarnos a nosotros, eludir responsabilidades o quitar derechos a nuestros pueblos. En este caso al Gobierno le importó sólo que la consulta vaya, ¿verdad? Pero en realidad no ha sido beneficioso. Ha creado incertidumbres. Ha creado problemas para nuestros territorios. Lo que hizo es una exclusión, definitivamente, de derechos”, dijo Figueroa Morales, integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa (Consejo Cuidadores de la Tierra).
La conformación de las Instancias Territoriales
El mecanismo crea la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que estará en el Ministerio de Justicia y Paz, responsable de liderar todas las consultas desde el Gobierno. En cada territorio habrá una Instancia Territorial, designada por la comunidad y encargada de la logística de las consultas.
Pero surgen preguntas sobre quiénes y cuántas personas la forman, cómo se escogen estas personas y si tendrán más peso las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas (ADIIs), en lugares donde se cuestiona su representatividad y se discrimina a las organizaciones ancestrales.
Según don Felipe Figueroa, “ahorita el Gobierno tiene miradas maliciosas porque siento que sólo va a consultar a las Asociaciones de Desarrollo o ADIIs, que es un grupo muy reducido”. “Si fuera el caso, nosotros en el territorio no aceptaríamos ninguna consulta porque el Gobierno no hizo ninguna pre-consulta en nuestros territorios”.
De acuerdo con la respuesta enviada por Casa Presidencial, las instancias de territoriales de consulta “se elegirán respetando la autonomía de cada territorio”.
“El decreto sólo establece que cada territorio podrá escogerla según sus costumbres, criterios internos y particularidades culturales. No se establece un número de personas, precisamente para respetar la particularidad cultural, estructural, geográfica y demográfica de cada territorio. Los mismos miembros de la comunidad o sus instituciones podrán promover este proceso. Las ADIIs son una más de las instituciones de representación. Según el Decreto, deberán ser tomadas en cuenta; pero no tendrán, necesariamente un rol protagónico, a menos que el mismo territorio lo decida así”.
La participación de personas no indígenas que viven dentro de territorios
Otra duda es cómo se confirmará que las personas que voten en una consulta son indígenas y de esta forma, que quienes votan sobre un proyecto o no, son verdaderos integrantes de ese pueblo originario.
“Es que esa es la gran razon”, declaró don Felipe Figueroa, de Salitre. “Por eso nosotros nunca hemos estado en favor de la consulta, porque habíamos dicho que una vez retirados los no indígenas dentro del territorio, ya el pueblo podía sentarse con el Gobierno a hacer la consulta; pero más antes no, porque va a haber esa situación. Por lo tanto, nuestra lucha va a seguir constantemente contra este proceso”, aseveró.
De acuerdo con el Gobierno, las consultas indígenas son procesos participativos de diálogo cuyo fin es lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos o alcanzar acuerdos con respecto a una medida propuesta. “Las consultas no son procesos electorales, sino procesos en donde la comunidad busca un acuerdo con el Estado, sobre la base de información clara y adecuada a las particularidades de cada pueblo. Las decisiones que se tomen en cada pueblo tomarán en cuenta sus tradicionales formas de toma de decisión. Cada pueblo determinará sus propias formas para determinar quiénes son indígenas y por lo tanto quienes participan en los procesos de consulta”.
Asimismo, se le consultó al Gobierno qué pasará con los territorios de Alto Chirripó, Salitre y Cabagra, que decidieron no participar en el mecanismo y qué pasa si hay que consultar proyectos que les afectarían.
Según la respuesta de Casa Presidencial, solamente Alto Chirripó no participó en el proceso. “El proceso se implementó en Salitre y Cabagra y se tienen registros de su participación. Posiblemente haya sectores de esos territorios que decidieron no participar, lo cual es totalmente respetable”.
¿Qué pasó en Alto Chirripó? Las y los habitantes de este territorio indígena, ubicado en Turrialba interpusieron un recurso de amparo contra el proceso. El 8 de setiembre los magistrados ordenaron al Gobierno repetir tres reuniones en esa comunidad, para informar y pedir opinión a sus habitantes.
Sin embargo, en la comunicación de Casa Presidencial se informó que esperan una solicitud de aclaración a la Sala Cuarta, para determinar los alcances de ese fallo. “El Gobierno mantiene los canales abiertos para acatar el fallo y continuar con las vías del diálogo para que todos los territorios participen en el disfrute de este derecho”, se lee.
De acuerdo con el Gobierno, ahora trabaja en terminar de conformar la Unidad Técnica de Consulta Indígena en el Ministerio de Justicia y Paz; apoyar la conformación de la Instancias Territoriales; apoyar la formulación de los reglamentos internos de consulta indígenas en los territorios que lo requieran; procesos de capacitación a las instituciones públicas; y capacitación a las organizaciones de los territorios indígenas.
Pero la percepción de Reynaldo Mayorga, de Cabagra, es otra. “El Consejo de Mayores Originarios Iriria Jtecho Wakpa (de Cabagra) mandó una nota a la Oficina del proceso de consulta, diciendo que se abstiene de participar en el proceso de consulta, porque está mal formulado, porque está violentando los derechos como territorio, se están violentando los convenios, se está violentando la legislación nacional sobre pueblos indígenas, se está violentando la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Pueblos Originarios. Por eso es que la organización, junto con parte de la población, tomó la decisión de no ser parte de ese proceso de consulta”.
“Pero no sabemos nada porque nunca respondieron. La técnica de los representantes del estado, gobierno, instituciones estatales, es no responder, guardar el silencio. Eso es todo, como quien dice, nosotros hacemos y ustedes aceptan o aceptan”, denunció Morales Mayorga.
Organizaciones ecologistas, comunidades indígenas, eclesiales, ecologistas, de derechos humanos, paz y no violencia
Diferentes organizaciones y representantes de comunidades indígenas se pronunciaron sobre la Directriz para la construcción de un consulta indígena N° 042-MP que sin bien la consideran “una reivindicación histórica de los Pueblos Indígenas de Costa Rica…NO estamos de acuerdo en que se realice en las condiciones actuales de violencia directa contra las comunidades y líderes, sin saneamiento territorial, y entre otros graves problemas que sufren actualmente los territorios indígenas del país”.
Para ellos: “se estará discutiendo y buscando acuerdos bajo la violencia, la amenaza y la impunidad, así como con la presencia de los no indígenas usurpando los territorios e intimidando a las comunidades, ese no puede ser el camino del dialogo cultural ni el de reconocimiento de los derechos indígenas a la consulta, a la tierra /territorio”.
En un fuerte señalamientos aseguran “hay territorios donde los NO INDÍGENAS (“blancos”/“ganaderos”) gobiernan a su antojo, están más presentes que el Estado y desaplican la ley al mejor estilo de control “paramilitar”, como quedó en evidencia en días pasados durante un bloqueo/ manifestación de éstas personas y grupos en Buenos Aires de Puntarenas, haciendo uso de dinamita, machetes, bombas molotov y otros, con acciones desafiantes hacia las autoridades del Estado, siendo parte de ello algunos líderes municipales. Además nos preocupa, la siembra y el trasiego de drogas, (que es) un secreto a voces, (sucede) en la Zona Sur, en que estas bandas utilizan parte de los territorios indígenas”.
Megaproyectos interesados
Para las organizaciones la directriz “está diseñada a la medida de los “interesados” institucionales y de grupos económicos, inversionistas, aunque su forma de convocatoria lo disimule; y es que no solo les interesa la represa Diquís, si no al menos otros 17 proyectos hidroeléctricos que el ICE ha querido impulsar dentro de los territorios indígenas…está en la fila FONAFIFO que avanza en el mecanismo REDD+ y el Pago de los Servicios Ambientales; de igual forma están las obras de infraestructura vial (mega carreteras del sur y el aeropuerto, en cumplimiento del plan Mesoamérica (antes plan Puebla Panamá) que unirán Mesoamérica en la expansiva ruta comercial mundial con el nuevo canal de Panamá, entre otras cosas”.
Propones que: si el gobierno quiere adelantar este proceso, tiene que generar condiciones, reconocer las enormes asimetrías que fundan esta relación y empezar a sentar bases que con los años o décadas puedan generar otros escenarios donde esta propuesta si tenga mayor legitimidad y aceptación social para los beneficiados y no solo para los interesados.
Condiciones mínimas
Además establecen criterios básicos para avanzar en este sentido: ejecutar de inmediato las políticas de saneamiento territorial así como “detener definitivamente las acciones de violencia que han sido sistemáticas, organizadas y continuas hacia los indígenas en su territorio. Así como detener, indagar e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, muchos de ellos identificados plenamente por las personas indígenas ofendidas”. También los firmantes piden que se tome una decisión de aprobar o archivar el proyecto de ley 14.352, Ley de Autonomía de los Pueblo Indígenas, que lleva más de 20 años de esperar su aprobación.
Las organizaciones firmantes son FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas), Talamanca por la Vida y por la Tierra, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), COECO Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR, Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), Organizaciones del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.
Representantes de comunidades indígenas del país junto con organizaciones de distintos sectores sociales, eclesiales, ecologistas, de derechos humanos, paz y no violencia, nos reunimos el pasado 26 de mayo del 2016 en San José, con el objetivo de analizar la propuesta del Ministerio de la Presidencia de impulsar una directriz, para la construcción de un mecanismo de consulta a Pueblos Indígenas.
La publicación de esta directriz, si bien es una reivindicación histórica de los Pueblos Indígenas de Costa Rica para obtener un mecanismo de consulta, NO estamos de acuerdo en que se realice en las condiciones actuales de violencia directa contra las comunidades y líderes, sin saneamiento territorial, y entre otros graves problemas que sufren actualmente los territorios indígenas del país.
La falta de diálogo cultural y de reconocimiento de legitimidad histórico- política con los Pueblos Indígenas (PI), es evidente y cruza todas las relaciones de estos pueblos con el Estado y las sociedades NO indígenas. Es una relación marcada por el despojo, el desprecio discriminatorio y el racismo.
Para muestra, está la realidad indígena cotidiana, donde hay territorios donde los NO INDÍGENAS (“blancos”/“ganaderos” ) gobiernan a su antojo, están más presentes que el Estado y desaplican la ley al mejor estilo de control “paramilitar”, como quedó en evidencia en días pasados durante un bloqueo/ manifestación de estas personas y grupos en Buenos Aires de Puntarenas, haciendo uso de dinamita, machetes, bombas molotov y otros, con acciones desafiantes hacia las autoridades del Estado , siendo parte de ello algunos líderes municipales. Además nos preocupa, la siembra y el trasiego de drogas, (que es) un secreto a voces, (sucede) en la Zona Sur, en que estas bandas utilizan parte de los territorios indígenas. Lo que tenemos es una bomba de tiempo, que supera el tema de una directriz específica, y de una política pública hacia los Pueblos Indígenas.
Muchos de estos sectores NO indígenas poseen tierras dentro de los territorios, la mayoría por despojo directo y violento o en condiciones ilegales, buscando indemnización bajo actos prohibidos por la ley y de los tribunales.
Nos preocupa el impulso de la directriz, buscando establecer el mecanismo de consulta, ya que es una propuesta, diseñada a la medida de los “interesados” institucionales y de grupos económicos, inversionistas, aunque su forma de convocatoria lo disimule; y es que no solo les interesa la represa Diquís, si no al menos otros 17 proyectos hidroeléctricos que el ICE ha querido impulsar dentro de los territorios indígenas, la mayoría de ellos, en etapas de identificación y estudios preliminares. Estos proyectos representan, con respecto a la capacidad hidroeléctrica futura total, aproximadamente un 30% tanto en términos de potencia como en energía.
Este es uno de los intereses de esta esperada convocatoria, pero no el único, está en la fila FONAFIFO que avanza en el mecanismo REDD+ y el Pago de los Servicios Ambientales; de igual forma están las obras de infraestructura vial (mega carreteras del sur y el aeropuerto, en cumplimiento del plan Mesoamérica (antes plan Puebla Panamá) que unirán Mesoamérica en la expansiva ruta comercial mundial con el nuevo canal de Panamá, entre otras cosas.
Por lo tanto, creemos:
Si el gobierno quiere adelantar este proceso, tiene que generar condiciones, reconocer las enormes asimetrías que fundan esta relación y empezar a sentar bases que con los años o décadas puedan generar otros escenarios donde esta propuesta si tenga mayor legitimidad y aceptación social para los beneficiados y no solo para los interesados, a través de un proceso amplio y debidamente informado, de conformidad con los principios y derechos establecidos ( geografía – idioma – comunidades – tiempos según clima y los periodos de las actividades productivas – etc).
Ejecutar de inmediato las políticas de saneamiento territorial, que garantice a los pueblos indígenas, su integridad, su libertad y su autonomía dentro del territorio y fuera de él, de forma que el pueblo indígena pueda vivir libre del asedio y ataque de los NO indígenas en su territorio.
Detener definitivamente las acciones de violencia que han sido sistemáticas, organizadas y continuadas hacia los indígenas en su territorio. Así como detener, indagar e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, muchos de ellos identificados plenamente por las personas indígenas ofendidas.
Aprobar o archivar el proyecto de ley 14.352, Ley de Autonomía de los Pueblo Indígenas, que lleva más de 20 años de esperar su aprobación; así como que se respeten los derechos de los PI establecidos en el convenio 169 de la OIT, y la Declaración de los Derechos Humanos de los PI de la ONU (2007), las resoluciones de los tribunales nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen garantías y reafirmas esos derechos humanos específicos.
Por lo anterior, reiteramos que reconocemos que esta directriz no es el mecanismo de consulta, sino el camino hacia ese mecanismo, por eso es la preocupación y la oposición nuestra, pues se estará discutiendo y buscando acuerdos bajo la violencia, la amenaza y la impunidad, así como con la presencia de los no indígenas usurpando los territorios e intimidando a las comunidades, ese no puede ser el camino del dialogo cultural ni el de reconocimiento de los derechos indígenas a la consulta, a la tierra /territorio.
FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas), Talamanca por la Vida y por la Tierra, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), COECO Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR, Kioskos socio-ambientales de la UCR, Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), Organizaciones del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.
