Prevenir o lamentar: las pretensiones del oficialismo Jaguar para evitar controles previos de la Contraloría
Por JoseSo — Entre Verdades y Opiniones, para SURCOS
¿Qué es mejor, prevenir el delito o recoger el muerto?
En materia de seguridad ciudadana y defensa nacional, la respuesta nos parece obvia. Pensemos por un momento en lo que ocurrió cuando se ejecutó la desastrosa política de retirar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de nuestros puertos, aeropuertos y fronteras. Al abandonar la barrera preventiva, el país quedó ciego e inoperante, apostando por un modelo reactivo donde el Estado solo llegaba a lamentar el daño, recoger los escombros y contar las consecuencias del crimen organizado cuando la droga ya había cruzado nuestros umbrales.
Traslademos este mismo absurdo suicida al manejo de nuestros impuestos. Eso es, letra por letra, lo que el autodenominado “oficialismo Jaguar” ha pretendido hacer con la Contraloría General de la República (CGR) y la Hacienda Pública.
La estrategia para desarmar al vigilante
La intención de quitarle los frenos al vehículo del Estado no ha sido disimulada. Bajo la falsa premisa de que la fiscalización “detiene el progreso”, hemos sido testigos de una embestida sistemática para desarticular la defensa preventiva de los fondos públicos. Entre los intentos más peligrosos destacan:
La insistencia con la “Ley Jaguar” (en sus múltiples versiones): Proyectos de ley redactados con el objetivo quirúrgico de mutilar la Ley Orgánica de la Contraloría, arrebatándole la potestad de emitir órdenes vinculantes, advertencias previas y suspender actos irregulares antes de que se ejecuten.
La amenaza de reformas constitucionales: Solicitudes y presiones políticas para modificar la Constitución Política, buscando reducir a la CGR a un simple auditor de autopsias financieras que solo pueda emitir informes cuando la plata ya desapareció.
El uso de referéndums como arma de presión: Intentar someter a votación popular el desmantelamiento técnico de los controles de contratación administrativa, disfrazando la desregulación de “eficiencia”.
Cuando se apaga la luz: Los casos INA y Pista Oscura
Para entender por qué el control previo es vital, solo basta ver lo que sucede cuando se busca evadirlo o forzarlo mediante atajos legales. Tenemos dos ejemplos recientes y lapidarios:
El contrato INA – Open English: Una adjudicación millonaria otorgada bajo un esquema “llave en mano”, impulsada sin los estudios técnicos rigurosos que demostraran la viabilidad y efectividad del modelo para la población objetivo. Una licitación hecha a la medida que compromete decenas de millones de dólares del presupuesto institucional en plataformas de autoestudio.
El caso Pista Oscura (MOPT-MECO): La intervención en la pista del Aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, donde se utilizó la figura del decreto de emergencia y supuestas “ingenierías de valor” para saltarse los procedimientos ordinarios de licitación. El resultado es una investigación penal por presiones indebidas para modificar contratos a favor de la empresa MECO, ignorando criterios técnicos.
Si sumamos el potencial perjuicio económico y el riesgo a la Hacienda Pública de estos dos casos, sobrepasamos y duplicamos las cifras de daño que en su momento escandalizaron al país con el sonado caso ICE-ALCATEL. Y esto, apenas en dos expedientes.
Recoger el muerto financiero
Quitarle el control previo a la Contraloría es el equivalente administrativo a sacar a la PCD de las fronteras. Es pedirle al Estado que cierre los ojos ante las licitaciones a la medida, los decretos de conveniencia y los contratos “llave en mano”, para que la CGR solo pueda actuar años después, redactando informes sobre millones de dólares que ya no están y obras que se entregaron defectuosas.
La eficiencia del Estado no se logra abriendo la puerta al despilfarro. Prevenir siempre será más barato que lamentar.