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Etiqueta: Convenio 169

Protocolo de Nagoya. Una vez más quieren ratificarlo sin consulta

17 febrero, 2021. El protocolo de Nagoya (PN) dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo, una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

El PN fue rechazado anteriormente en dos asambleas legislativas (2011 y 2016) por la Comisión de Ambiente, gracias a las objeciones de organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas. En esas dos oportunidades fue discutido en la Comisión de Asuntos Ambientales, actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Internacionales a pesar de que es un tema muy técnico y relacionado directamente con el uso de la biodiversidad y con los intereses de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Cabe recalcar que no se ha realizado, en esta oportunidad, ninguna comparecencia de organizaciones que no estamos de acuerdo con que se ratifique el Protocolo.

Para la Red de Coordinación en Biodiversidad es primordial “que se consulte a los pueblos indígenas y comunidades locales antes de ser discutido por el pleno de la Asamblea Legislativa, respetando la legislación nacional e internacional, como lo es el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Para las y los ecologistas, el PN no cumple con los objetivos de defender los recursos genéticos y el conocimiento asociado a ellos, si no que los contradice. Su ratificación implicaría que los recursos de la biodiversidad, considerados de dominio público en Costa Rica, se traten como si fueran bienes patrimoniales del dominio privado, tal y como se quiso hacer en el caso del Proyecto Minero en Crucitas, o de explotación petrolera Harken, entre otros. Esta última preocupación

también fue destacada por la oficina legal del MINAET (oficio inf-11-ot-2011 del 14 de abril del 2011) (ver más).

El Protocolo tiene particular interés en las comunidades indígenas, ya que busca incluir el patrimonio genético de las comunidades indígenas y sus saberes ancestrales en el desarrollo de la biotecnología, sin siquiera considerar alguna reglamentación ética o de derechos humanos. Atenta contra la propia sabiduría, cosmovisión y cultura de las comunidades y pueblos, que han sabido crear un vínculo con los bienes naturales y crear saberes y conocimientos puestos a la disposición solidaria, de tal manera que puedan continuar alimentándose y atendiendo su salud.

Si quiere conocer más sobre el Protocolo de Nagoya y sus problemas de fondo y de forma, les invitamos a leer los siguientes documentos elaborados por diferentes organizaciones a nivel latinoamericano:

-Cuaderno de Biodiversidad #2 – Convenio de Diversidad Biológica y Protocolo de Nagoya. http://www.biodiversidadla.org/content/download/167993/1243999/version/1/file/Convenio+de+Diversidad+Biol%C3%B3gica+y+Protocolo+de+Nagoya+-

+Cuadernos+de+Biodiversidad+%232.pdf

-Escaramujo N°86. ¿Qué es el Protocolo de Nagoya?. Otros Mundos, Chiapas, México. https://otrosmundoschiapas.org/el-escaramujo-no-86-que-es-el-protocolo-de-nagoya/

– Organizaciones conservacionistas y de pueblos indígenas y comunidades campesinas piden consultar Protocolo de Nagoya. Audiencia en Asamblea Legislativa, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=EnpAvWWA294

– Protocolo de Nagoya: porqué oponerse, http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Protocolo_de_Nagoya_porque_oponerse

Informes: Red de Coordinación en Biodiversidad, Silvia Rodríguez, silroce@gmail.com o Mariana Porras, mariana@coecoceiba.org

 

Enviado por Henry Picado.

Consejo Ditsó Iíria Ajkönuk Wákpa de Salitre rechaza la desestimación del caso de Sergio Rojas Ortiz

COMUNICADO PÚBLICO

Sábado 26 de septiembre 2020. Una vez más el Estado respalda la impunidad: el pasado jueves 24 de septiembre el Poder Judicial publica que desestima el caso del asesinato de nuestro compañero Bribri, del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Decisión que, supuestamente, se basa en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales.

Como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa, autogobierno del Territorio Bribri de Salitre desde 1979, rechazamos la decisión del Poder Judicial. Decisión que más allá de imposibilidades técnicas, se debe a razones políticas: el racismo permanente en el Estado costarricense.

Es la voluntad política, la complicidad con terratenientes y usurpadores lo que arroja al Estado a esta decisión. Para este, las vidas de los Pueblos Originarios no son importantes y por ello, impulsan a la impunidad como la norma en nuestros Territorios.

Lastimosamente, el caso de Sergio no es el único. El Poder Judicial es diligente únicamente cuando se trata de violentar los derechos de los Pueblos Originarios. Por ello, es que en el Territorio Bribri de Salitre avanzan las medidas cautelares contra nuestros hermanos y hermanas recuperadoras que les imposibilitan habitar y trabajar las tierras que les pertenecen según las leyes nacionales e internacionales. Tal es el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Túbolwak, quién no puede acercarse a su terreno recuperado y quién además debe lidiar con las amenazas de muerte en su contra por parte de Eliodoro Figueroa Uva, Rodrigo Figueroa Uva y Eliodoro Figueroa Díaz. Todos en libertad, a pesar de ser sujetos a investigaciones judiciales por las constantes amenazas y ataques contra Minor Ortiz Delgado y su familia. A pesar de que el 09 de febrero Eliodoro Figueroa Uva disparara a Minor en su pierna, en un intento de homicidio.

Ante ello, no queda más que la reafirmación de nuestra lucha: la recuperación de nuestras Tierras-Territorios, el fortalecimiento de nuestra identidad y cultura así como la profundización de nuestras formas autónomas de Autogobierno. Lejos de detenernos, de dispersamos, el Pueblo Bribri de Salitre continuará fortaleciendo el camino de la autonomía, la tierra y la libertad en memoria de nuestro hermano del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz.

Por tanto, el CODIAW EXIGE:

– Al Poder Judicial a que continúe las investigaciones para esclarecer el asesinato de nuestro hermano Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Esto como acción mínima ante el desacato de las medidas cautelares MC-321-12 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pro de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.

– La protección a los líderes y lideresas del Pueblo Bribri de Salitre y a los y las recuperadoras de Tierra-territorio; en acato REAL de las medidas cautelares MC-32I-12 que exige la protección de la integridad física y vida de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.

– Un compromiso REAL del Ejecutivo en el impulso de la paz en el Territorio Bribri de Salitre. Paz que solo es posible si las personas no indígenas son DESALOJADAS del Territorio Bribri; medida urgente para el saneamiento territorial. Medida que, reiteramos, es la PRIORIDAD para el Autogobierno de Salitre.

– Que el Ejecutivo tras la concreción de los desalojos, otorgue la posesión al Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa, Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre. Acción que debe ser extensiva a todos los Territorios y Pueblos Originarios: el Ejecutivo debe RECONOCER a las Organizaciones Propias de los Pueblos.

Para más información:
Lesner Tuadiwak
codiawdavedi@gmail.com

Y ahora la tercera muerte de Sergio Rojas Ortiz

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Para los estados nacionales fundados por los criollos, hace un par de siglos, en esta parte del mundo, no se trata sólo de ignorar los derechos más elementales y la existencia misma de los pueblos originarios de Abya yala, nombre que le daban los kunas a este continente en que habitamos, sino de recurrir a su paulatina exterminación física y cultural como una serie de pasos previos para consumar su eliminación total o conversión postrera. Ese, y no otro, es y ha sido desde el siglo XIX el accionar y la intencionalidad manifiesta de quienes gobiernan todos estos países, de ahí su inacción y complicidad con los asesinatos de líderes indígenas que se cometen a diario en países como Colombia, Honduras, Guatemala e incluso en la pudibunda Costa Rica, un país este último donde los medios de comunicación apoyan, de innumerables maneras, a los terratenientes que se han apropiado de las tierras de los pueblos originarios, se trata de una nación que se declara blanca o caucásica por excelencia, una tan singular dentro de la que “esos otros desconocidos” no pasan de ser una molestia marginal, a lo sumo(que problema con esos “inditos” que no entienden todavía el valor comercial de la tierra), un estado costarricense que irrespeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, uno cuyo Poder Legislativo se negó hace ya diez años a votar una ley de autonomía para estos pueblos-nación que quedaron territorialmente, dentro del estado nacional de Costa Rica, uno cuyas autoridades tanto del gobierno central como de los municipios o gobiernos locales se mantienen entre la indiferencia y la complicidad manifiesta frente a la violencia y el atropello, casi cotidiano contra los bribris, cabécares, brorán, teribes, gnäbe bugles y malekus en lucha por recuperar sus tierras usurpadas. La escalada de violencia, con bandas de matones y pistoleros pagados por los terratenientes en los territorios de esos pueblos, culminó con el asesinato de dos importantes líderes de esos grupos étnicos, en el lapso de poco más de un año: Sergio Rojas Ortíz y Jehry Rivera, líder entre los bribris el primero y de los brorán el segundo cayeron abatidos por la violencia homicida, ordenada por poderosos intereses económicos, los que necesitan esas tierras paras sus grandes negocios, y están decididos a quitarse esas gentes de su camino sin entrar en consideraciones humanitarias de ninguna clase, recurriendo incluso a aquellos que han renegado de sus orígenes para consumar el genocidio y el etnocidio simultáneos.

Dado lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que no tuvo que transcurrir siquiera un lapso de dos años para que se consumara lo que me atrevo a calificar, sin tapujos ni bobadas de ninguna clase, como la tercera muerte de Sergio Rojas Ortíz. El atroz crimen ocurrido en Salitre del cantón de Buenos Aires, en la noche del 18 de marzo de 2019 fue apenas el inicio de un no tan lento proceso hacia la impunidad y el olvido del crimen cometido en la persona de uno de los líderes más importantes entre los bribris que habitan en el actual territorio de Costa Rica, casi de inmediato se ejecutó su segunda muerte cubriéndolo con una campaña de infamias a través de los medios comunicación más importantes del país, esa muerte consistió en censurar acremente, y recriminar de previo a quienes se atrevan a invocar su memoria como un luchador consecuencia por los derechos de los suyos, con lo que se buscaba no solo deslegitimar esa lucha sino abrir el camino para la impunidad y el olvido.

Cuando apenas ha transcurrido un año y medio del primero de esos asesinatos, el de Sergio Rojas Ortiz, su tercera muerte comienza a abrirse paso en los medios de comunicación social e incluso en las redes sociales, para ello el Poder Judicial declara cerrado el caso ante lo que llama la “imposibilidad” de identificar a los culpables (no se distingue entre autores intelectuales y ejecutores, desde luego) del crimen.

A diferencia de Ramón Mercader, el catalán que asesinó al líder bolchevique León Trotsky en la ciudad de México, cuya tercera muerte viviendo siempre bajo otro nombre, ocurrió en Cuba en 1978, después de haberse convertido en “otro” (Jacques Mornard- Frank Jackson) para cometer el crimen y pasar después veinte años encarcelado en México en esa misma condición enajenada, aquí no es el victimario (recordemos el libro de Jorge Semprún LA TERCERA MUERTE DE RAMÓN MERCADER) sino la víctima en la persona de Sergio Rojas Ortiz, la que es asesinada una vez más, al negar la posibilidad de establecer las responsabilidades de él o los asesinos, abriéndole paso a la impunidad y al olvido en un país sin memoria histórica. Para nosotros, Sergio Rojas Ortiz vivirá siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria, su legado nos pertenece también a todos los que asumimos y respetamos su humanidad, al igual que la de todos sus hermanos de los pueblos originarios que habitan el actual territorio de Costa Rica, quienes merecen todo nuestro respeto y la solidaridad que podamos darles. Que así sea.

Rechazamos la inacción estatal para dar Justicia a Sergio Rojas

  • El sistema judicial costarricense ha fallado a su deber de garantizar justicia a los pueblos indígenas
  • Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impedir el archivo del caso de Sergio Rojas
  • Llamamos a la solidaridad nacional e internacional mediante pronunciamientos

FECON. 25/09/2020. El Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimar y archivar la causa penal por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan Uniwak del Territorio Bribri de Salitre. Sergio fue asesinado a balazos el 18 de marzo del 2019 en su casa de habitación.  Esto es una burla total y muestra de negligencia del Ministerio Público, ya que alega que esta causa se desestima por la “imposibilidad de localizar a los testigos” y porque “el entorno, la forma de vida en la zona” imposibilito la investigación, lo que demuestra incapacidad, desinterés o racismo en el trato de caso.

La complicidad histórica y constante del Estado costarricense se expresa con el incumplimiento de los derechos indígenas, entre los que destaca el no reconocimiento efectivo sus territorios. La inacción del Estado ha generado que los Pueblos Indígenas en Costa Rica sean perseguidos, criminalizados, agredidos y sus líderes asesinados, siempre bajo una violencia que no es incidental, sino sistemática. Estas acciones criminales han quedado en total impunidad a pesar de las denuncias a las autoridades respectivas.

Por estos hechos:

► Desde la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), con indignación denunciamos que el sistema judicial costarricense ha fallado en su deber de garantizar la justicia para las personas indígenas del pueblo bribri y de los diferentes territorios. Este gobierno ha demostrado ser negligente, racista y neocolonial.

► Hacemos un llamado urgente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asuma con todas sus competencias la investigación de este caso para que el Estado costarricense en la figura de la Fiscalía General de la República, desista del archivo del caso de Sergio Rojas, realice los allanamientos que correspondan en la investigación de su caso, analice los vínculos del contexto social del conflicto con el asesinato y determine las responsabilidades, para sancionar como corresponde y a quienes corresponda.

► Solicitamos la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales, para que por medio de pronunciamientos y/o cartas apoyen la causa indígena en Costa Rica y denuncien la violencia sistemática que está operando de parte del Estado costarricense en relación a los derechos indígenas.

En contexto:

Sergio era miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Lideró las recuperaciones de tierras en su territorio en Salitre de Buenos Aires, haciendo velar la jurisdicción nacional como lo es la Ley indígena de 1977, convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del trabajo, la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e internacionales.

Sergio se encontraba bajo protección de Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. La falta de aplicación efectiva de estas Medidas por parte del Estado costarricense, se manifestó en la incapacidad de salvaguardar la vida de Sergio.

El asesinato de Sergio Rojas sumó a Costa Rica en el informe del Global Witness 2020 sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Él fue una de las 212 personas asesinadas por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas. Lamentablemente para el 2021 apareceremos de nuevo en el informe, tras el asesinato de Jehry Rivera Bröran del territorio Indígena de Térraba, también de la Zona Sur del país, el 24 de febrero del presente año.

Texto e imagen: FECON

ONU solicita continuar investigación y esclarecer homicidio de Sergio Rojas Ortiz

San José, 25 de setiembre de 2020 – El Sistema de las Naciones Unidas pidió al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio del líder indígena Sergio Rojas, ocurrido en marzo de 2019 en el Territorio Indígena de Salitre y evitar que este crimen quede en la impunidad.

La ONU destacó que Costa Rica ha sido un país respetuoso de los derechos humanos y tiene plena confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso y llevarán ante los tribunales a las personas responsables.

Naciones Unidas recordó el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Michel Forst, en su momento Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Victoria Tauli Corpuz, en su momento Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el que urgieron a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley”.

La organización además ha hecho llamados a sus Estados miembros para seguir impulsando las acciones necesarias con el fin de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas, garantizando también el derecho a la posesión de sus tierras.

Naciones Unidas indicó adicionalmente que ha dado seguimiento a la medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los territorios indígenas de Térraba y Salitre en la zona sur del país. En este marco, y en procura de prevenir la violencia en más territorios, instó al Estado a procurar que, en el desalojo anunciado para los próximos días en el territorio indígena de China Kichá, tenga en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda y desalojos forzosos, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados internacionales ratificados en la materia.

La ONU reiteró su compromiso de continuar apoyando al país para impulsar el cumplimiento de los Derechos Humanos y asegurar el derecho colectivo de los pueblos indígenas a seguir libremente su desarrollo económico social y cultural, a determinar sus prioridades y establecer sus estrategias para lograr el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

Fuente: https://costarica.un.org/es/92701-onu-solicita-continuar-investigacion-y-esclarecer-homicidio-del-lider-indigena-sergio-rojas

Información compartida con SURCOS por SERPÄJ.

Sergio Rojas Ortiz y la confirmación del racismo y la negligencia

Osvaldo Durán Castro (Sociólogo/Profesor ITCR-FECON)

El día del anuncio de la desestimación y archivo de la causa por asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan U ni wak, es tan nefasto e indignante como el propio 18 de marzo de 2019 cuando fue asesinado, y como el 24 de febrero de 2020 cuando Jerhy Rivera Rivera fue asesinado.

Esa decisión del Ministerio Público confirma el racismo en todas sus expresiones contra la gente indígena. Esa violencia es física, hasta los asesinatos, pasando por la negación de su existencia como culturas, el desconocimiento de sus derechos humanos como personas y como etnias, el no reconocimiento e incumplimiento de acuedos, leyes y convenios como la Ley indígena de 1977, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos internacionales. En fin: violencia material e inmaterial contra la cultura indígena desde hace siglos, que surgió y se reproducde en la institucionalidad del Estado y también por parte de empresas transnacionales y nacionales. Jerhy, Sergio, Antonio Saldaña y Pabru Presberu, entre muchos, han sido víctimas mortales de esa violencia, pero son apenas los casos más conocidos.

Esos asesinatos no son aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas. Costa Rica no escapa, si no que reafirma, la violencia del sistema económico contra los pueblos originarios, basada en la explotación de la gente y de los territorios indígenas en los cuales yacen muchas de las reservas de materias primas que los negocios persiguen. No por casualidad muchas de las luchas pasadas y actuales de los pueblos indígenass han sido y son contras explotaciones mineras, de petróleo, de monocultivos extensivos, de ganadería, de saqueo de madera, de “investigación prospectiva” de la biodiversidad, que no es más que bio-pirataería, contra represas hidreléctricas y un extenso listado de agresiones contra la Tierra, que para los pueblos indígenas no es una mercancía o cantera de materias primas por explotar.

Costa Rica no es excepcional, aunque se busque ocultar la violencia sistemática y estructural contra los pueblos indígenas. El Informe de Gloabl witness de julio 2020, “Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, inclye a Costa Rica por el asesinato de Segio Rojas, que fue una de las 212 personas asesinadas en el planeta por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas.

El informe señala que “En muchos países, el derecho de las personas a su tierra y a sus recursos naturales carece de protección, de documentación legal que lo respalde o de reconocimiento” (p. 35). Señala además que “Para abordar las causas estructurales, los gobiernos deberían: Resolver los reclamos pendientes sobre tenencia de tierras y asegurar formalmente, incluso a través de medios legales, el derecho a la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas” (p.36).

Lejos de resolver esos conflictos estructurales arrastrados por siglos, en Costa Rica la negligencia y la impunidad estimularán más usurpaciones. Habrá más violencia. Los pueblos indígenas han matenido una calma y silencio que los hacen héroes y heroínas de la no violencia, de la paciencia y de la humildad que los Gobiernos y usurpadores erróneamente han tachado de ignorancia y sumisión. Pero los ataques permanentes, las amenazas, el miedo infundido contra indígenas de todas las edades en sus propios territorios podrían empezar a tener respuestas contundentes de los pueblos originarios, hasta el punto en que la sangre que corra deje de ser sólo de indígenas. Y el Gobierno será el primer responsable. Si el mensaje de la institucionalidad es que la vida de Sergio no vale nada y si el Estado por medio del Ministerio Público aduce que «por la forma de vida en la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos”, se desestima la causa, estamos la manifestación más absurda, negligente y odiosa. Eso es una burla en la cara de la familia de Sergio, una afrenta para cada persona indígena, para todos los pueblos indígenas y para cualquier persona honesta y cuerda de este país y del mundo. Ahora el país no sólo será “famoso” por los asesinatos contra los indígenas, si no también por la incompetenia de sus autoridades judiciales.

El Gobierno debe aceptar que la voluntad de alguno.as de sus funcionarios no es suficiente. Debe pedir mediación internacional especializada. Debe acudir ya mismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para eclarecer de manera urgente e imparcial este asesinato, y el Jerhy Rivera Rivera. El caso no debe archivarse así de fácil. La demanda y exigencia elemental es que se reabra de inmediato y se llegue a la justicia. El informe de Glonbal Witness señala: “COSTA RICA El 18 de marzo, Sergio Rojas Ortiz concurrió a la oficina del fiscal en la localidad de Yeri, en el suroeste de Costa Rica, para informar sobre las amenazas que había recibido. Esa misma noche lo asesinaron tiros en su casa” (p.15). Su asesinato confirmó que la vida de los indígenas no es de importancia para la institucionalidad de Costa Rica. No fue protegido. A nadie le importó. Pero ahora, el archivo de su caso reafirma un descomunal irrespeto por todos los pueblos indígenas.

Cada persona defensora de los derechos humanos y que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, debería iniciar actos de desobediencia civil, para demostrar que la vida de Sergio, la de Jerhy, y la de cualquier indígena es igual que la de cualquier otro ser humano. Desconocer la resolución del Ministerio Público es un acto de dignidad humana.

Memoria sobre el Convenio 169 de la OIT

Compartimos el Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 relativo a Pueblos Indígenas y que fuera presentado ante la Organización Internacional de Trabajo OIT, el cual fue trabajado por Organizaciones de Pueblos Originarios y los 2 bloques sindicales, Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales Guatemala.

Ingrese en el siguiente enlace para acceder al documento.

MEMORIA CONVENIO 169 OIT 29 AGOSTO 2018

 

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de derech0sindigenas.blogspot.com

Enviado por UNSITRAGUA HISTÓRICA.

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70 indígenas proceden con recuperación de una extensa finca en Rey Curré

El pasado viernes 03 de agosto, setenta personas indígenas provenientes de la comunidad de Rey Curré ingresaron a una finca cuya extensión es de aproximadamente 250 hectáreas.

Estas tierras se encontraba en manos de un terrateniente no indígena de nombre Dimas Jiménez, quien es un propietario ausentista y lo utilizaba para el cuido de ganado.

Los indígenas, entre las que figuraban hombres y mujeres ingresaron con algunas herramientas y establecieron sus estaciones temporales donde permanecerán vigilantes.

En un comunicado oficial emitido por la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré se especifica que “como gobierno local y en el ejercicio de sus facultades proceden a la recuperación de la finca, en defensa de su territorio, la reivindicación de derechos consuetudinarios ancestrales consagrados en el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena y el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas. Para uso de la colectividad en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad”.

En estas tierras se encuentran las principales fuentes de agua que alimentan la población, lo cual es considerado de importancia para esta comunidad y dicho procedimiento forma parte de un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales debidamente autorizado por la Asamblea General desde el pasado 19 de mayo de 2018.

Esta finca en mención se ubica 4 kilómetros al Oeste de la comunidad de Rey Curré.

 

Para más información, visite la página oficial del pueblo REY CURRE YIMBA en Facebook.

Enviado por Uriel Rojas, indígena de Rey Curré.

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Comunicado FENTRAG / Rel UITA sobre el proceso de consulta a pueblos indígenas de Costa Rica

La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAG) y la Regional Latinoamericano de la Unión Internacional de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, Hotelería, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel UITA), en su condición de constituyentes de la OIT, y representante de los trabajadores del sector agroindustrial costarricense, saluda a los 22 pueblos indígenas y al Gobierno de Costa Rica, por el acuerdo para adoptar un mecanismo de consulta a pueblos originarios, alcanzado el día 10 de febrero de 2018 y por la firma del decreto anunciado para el próximo martes 6 de marzo del año en curso.

La consulta, es la piedra angular tanto del Convenio 169 de OIT, como de la Declaración de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, así como de otros instrumentos jurídicos internacionales, y es el reconocimiento efectivo que les permite decidir de forma legítima sobre su futuro, sobre su desarrollo, pero, sobre todo, obliga al Estado a respetar y mantener sus tradiciones, costumbres y formas de vida, dentro del marco de derecho. Con la consulta, la sociedad costarricense, el Estado y otros actores sociales, reconocemos la necesidad de respetar los derechos de los pueblos ancestrales, y garantizar su debida implementación.

Como organización de los trabajadores del sector agroindustrial costarricense, y desde la experiencia vinculada en el campo y zonas rurales del país, FENTRAG y Rel UITA, tenemos claridad del contexto al que se enfrentan los trabajadores indígenas: el banano, palma y sus desafíos para las poblaciones cabecar, bribri, teribe y brunca, y en el sector café para los hermanos ngäbe-buglé, entre otros. De igual manera, sabemos la importancia que tienen la tierra y la agricultura para los propios pueblos, como medio de cultivo, subsistencia y vida. De ahí la importancia para preservar los territorios ancestrales.

A su vez, en el marco del trabajo que hacen los indígenas, el Artículo 20 del Convenio núm. 169 expresa la obligación del Estado a adoptar “medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a los pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general”. Los derechos reconocidos por el convenio son el derecho a contar con un empleo, a una remuneración igual por trabajo, a asistencia médica, seguridad e higiene, seguridad social, y también al derecho de asociarse y a promover libremente organizaciones de trabajadores sindicalizados, sean nacionales o migrantes.

Por tanto, junto con saludar el derecho a la consulta, se exhorta respetuosamente a los trabajadores indígenas a hacer valer sus derechos humanos y laborales, a hacer uso de estos instrumentos internacionales y a exigir su debido cumplimiento a nivel nacional. Para ello pueden contar con el apoyo de FENTRAG y Rel UITA, para contar con información, conocimiento y promoción de sus derechos, a la vez, dispongan de asistencia técnica que, les permita asociarse en organizaciones sindicales independientes y representativas. FENTRAG, reitera el apoyo para alcanzar condiciones de trabajo decente y el cumplimiento integral de los derechos humanos fundamentales, siempre dentro de un marco de solidaridad y respeto para con los pueblos ancestrales de Costa Rica.

Maikol Hernández Arias FENTRAG / Regional Latinoamericana de la UITA

 

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota de SURCOS TEC: Foro luchas ambientales e indígenas

Enviado por Maikol Hernández Arias, Secretario General, SINTRACOBAL – FENTRAG.

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