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Etiqueta: COP27

Los cambios que se necesitan en las negociaciones sobre el Cambio Climático

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

Las cumbres sobre Cambio Climático, como la COP 27 del año 2022 realizada en Egipto siguen teniendo, según nuestro criterio, un enfoque equivocado. No dudamos de que muchos de los participantes tienen la mayor y mejor voluntad de lograr avances. Más, sin embargo, todo parece indicar que se trata de un asunto de paradigma.

Por Allan Astorga

Hay una confusión de objetivos, prioridades y expectativas. Trataremos aquí de analizar, por tanto, algunos de los cambios más importantes que se requieren implementar en el contexto de esas negociaciones.

Un problema de raíz: la petición de los países pobres por recursos: en primer lugar, las negociaciones no pueden centrarse en el hecho de que los países pobres se pasen pidiendo recursos de compensación a los países ricos. Fondos que quieren dedicarse en la mitigación y adaptación a los efectos del Cambio Climático, como si las acciones con objetivos preventivos y correctivos no urgieran.

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Son tantos los reclamos y las variantes de éstos que es muy difícil priorizarlos. Se produce mucho desgaste en la competencia entre los países para buscar recursos.

Se tiene que tener claro que, aunque hubiera recursos y los mismos se entregaran a los países pobres, eso no significa que se haga algo verdaderamente efectivo contra el Cambio Climático y el desequilibrio en que se encuentra la Ecosfera terrestre.

Tampoco se tiene claro en qué terminarían esos recursos. No podemos olvidar el grado de corrupción que existe en nuestros países. Muchos de esos recursos terminan en consultorías innecesarias y muchos escritos con propuestas que recomiendan más de lo mismo.

Al final, parece que las negociaciones hasta ahora se han desgastado en cosas superficiales y no en asuntos verdaderamente efectivos. El avance es muy reducido, para no decir que es negativo.

Perspectiva de la crisis de la Ecosfera terrestre: La Crisis Climática no ha terminado y más bien está empeorando. Todavía no es hora de ponerse a pagar compensaciones. Los recursos deben ser invertidos en acciones preventivas globales.

Pero, la crisis climática es solo uno de los varios indicadores del desequilibrio de la Ecosfera terrestre. La pérdida de bosques (principalmente tropicales), la degradación y la extinción de la vida y la biodiversidad en zonas terrestres y marinas, la degradación del suelo, la situación de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y la contaminación de los océanos y su disminución de su capacidad de aportación de pesca, son solo algunos de los grandes problemas que urge atender.

Las acciones que apremia tomar deben ser locales, pero con visión planetaria, es decir, de acción ubicua. La efectividad de las acciones debe llevar como resultado dar insumos a los gobiernos locales para que, junto con sus comunidades, puedan tomar acciones concretas en sus territorios jurisdiccionales. Mientras esto no se haga no podemos decir que estamos avanzando.

Las acciones a desarrollar tienen que tomar en cuenta la atención de corrección de los límites planetarios que están en zonas críticas y que tienen a la Ecosfera terrestre en un significativo estado de desequilibrio ambiental. Esto, mientras se promueve el desarrollo económico y el progreso humano que debe sostener una población humana de más de ocho mil millones de habitantes en todo el planeta.

Enfoque de gobiernos locales: como hemos señalado antes la clave para implementar acciones efectivas contra el Cambio Climático y en la lucha por restaurar el equilibrio de la Ecosfera terrestre son los gobiernos locales. Esto, por cuanto se requieren acciones locales, puntuales, pero con alcance global por su ubiquidad. Solo cuando empecemos a tomar este tipo de acciones podremos decir que realmente estamos en el camino correcto.

Podemos preguntarnos, cómo hacer para que un municipio de una zona rural pobre de Honduras o de Bolivia, o de Nigeria o de Indonesia realicen acciones concretas por restaurar el equilibrio del planeta.

Se requiere que esos gobiernos locales dispongan de información ambiental inteligente, de datos para ordenar y planificar su territorio de forma tal que como parte de sus medidas de desarrollo incorporen, con criterio y orden, medidas específicas para controlar la contaminación, restaurar suelos, bosques y biodiversidad, realizar gestión preventiva del riesgo, impulsar la agricultura y ganadería regenerativas y promover un progreso económico sustentable.

El financiamiento desde los países desarrollados debe basarse en esto. Es decir, que los gobiernos locales desarrollen plataformas de acción local con alcance global. Caso contrario siempre de desarrollará desconfianza en lo referente al manejo de los recursos, con lo cual se retardará cada vez más el inicio de aplicación de acciones efectivas.

En este contexto, resulta estratégico y prioritario atender la región tropical y subtropical, dado que es primordial recuperar bosques y ecosistemas de estas latitudes.

La ventaja que esto tiene es que, además de actuar en pos del equilibrio de la Ecosfera terrestre, también se estaría impulsando la recuperación y el progreso socioeconómico de los países tropicales muchos de los cuales son países pobres y la principal fuente de migración hacia el hemisferio norte.

El inicio de la recuperación del equilibrio de la Ecosfera Terrestre y la ralentización de los efectos del Cambio Climático tiene que ir aparejado con una mejora de la situación socioeconómica de los países más pobres. Se trata de objetivos que pueden se logrados simultáneamente aplicando las mismas acciones. Esto es vital comprenderlo.

COP 15 de Biodiversidad: una buena noticia que nos llena de esperanza: los resultados son positivos y esperanzadores. Ha habido acuerdo para que, con meta en el 2030, la humanidad restaure el 30 % de los ecosistemas terrestres y el 30 % de los ecosistemas marinos.

Algunos expertos consideran que ese es el umbral crítico para evitar los efectos de una extinción masiva de especies.

La noticia es buena, pero todavía falta lo más difícil que es su implementación. No obstante, es un gran comienzo.

Los pasos a seguir: hemos sido insistentes que las acciones globales no son suficientes. Se requiere implementar acciones locales, pero ubicuas. Todos los gobiernos locales del planeta tienen las mismas tareas y las mismas parten de realizar un efecto ordenamiento ambiental de su territorio, así como una correcta planificación territorial y del uso de sus recursos.

La inversión desde los países con mayores recursos debe ir encaminada a financiar el desarrollo de acciones concretas en los gobiernos locales del mundo. Es vital desarrollar un mecanismo de financiamiento para el desarrollo de suelos, bosques y biodiversidad en países tropicales, así como en el impulso por el desarrollo de la agricultura y la ganadería regenerativas.

Es fundamental empezar la descontaminación de los océanos y el impulso al desarrollo de la vida y la biodiversidad marinas.

Mientras no empecemos a desarrollar estas acciones, todavía no podremos afirmar que estamos avanzando en la lucha contra el Cambio Climático y por la restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre. Tenemos una ardua tarea por delante, pero posible de lograr.

 

Fuente: https://www.pressenza.com/

COP27: Urge cambiar la estrategia en la lucha contra el Cambio Climático

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

Por Allan Astorga*

El pasado 6 de noviembre se inició en Egipto, la No. 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Con la participación de casi 200 países y hasta el 18 de noviembre, varios miles de participantes (presenciales y virtuales) estarán discutiendo la búsqueda de acuerdos para atender los cada vez más graves efectos negativos que produce el Cambio Climático. Algo agravado por la guerra y la crisis económica mundial.

Con el contexto de que la temperatura de la atmósfera del planeta se ha incrementado en 1,2 grados respecto a los niveles preindustriales, con concentraciones de CO2 a 421,95 ppm (parte por millón) a abril del 2022 con una clara tendencia creciente y con la ausencia de tres de los países más contaminantes: China, Rusia y la India; la perspectiva de éxito de esta conferencia es similar a las de las 26 conferencias anteriores. Es decir: muchas conversaciones, muchas negociaciones y un éxito parcial (por no llamarle fracaso rotundo) que no se traduce en cambios verdaderamente efectivos.

Ante esta situación se hace necesario plantear un urgente cambio de estrategia en la lucha contra el Cambio Climático. Cambio que debe empezar por comprender que la lucha no solo se limita al Cambio Climático, sino para todos los límites planetarios que tienen la Ecosfera terrestre en un severo estado de desequilibrio. Existen soluciones y se requieren de acuerdos globales, pero a diferencia de lo que hasta ahora se ha discutido y “hecho”, se ocupan acciones concretas de tipo local, pero ubicuas en todo el planeta. Analizamos aquí algunos lineamientos de este urgente cambio de estrategia.

Anomalías climáticas en incremento: una anomalía climática es una desviación del valor de un elemento del clima respecto a su valor normal.  Para identificarlas se reconocen las diferencias entre un evento climático en un determinado lugar y la condición promedio de ese factor respecto a la latitud y longitud geográfica de ese territorio.

En otras palabras, las anomalías climáticas son los eventos extraordinarios, no esperados y desconocidos para los pobladores de determinado lugar del planeta.

En los últimos 10 años las anomalías climáticas se han incrementado en frecuencia y extensión. Hay muchos ejemplos de esas anomalías: grandes sequías en Europa y Sudamérica, olas de calor en el ártico, inundaciones extraordinarias en zonas áridas de Asia, cada vez más fuertes heladas en el hemisferio norte y más frecuencia de alternancia de grandes lluvias en los trópicos y sequías extremas.

Cada año se rompen récords de temperaturas más elevadas o más bajas o de mayores lluvias en muchos lugares del mundo. Eso no es casual. Se vincula directamente con el aumento de la temperatura de la atmósfera planetaria y ésta, a su vez, al contenido de CO2 que también sigue en crecimiento.

No se requiere se experto en cambio climático para saber que la situación está cambiando rápidamente y que está desmejorando año con año.

El 2030 es nuestro límite crítico: en el 2015 el Acuerdo París se propuso como objetivo primordial el tratar de fortalecer la respuesta mundial al cambio climático, limitando el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados, al tiempo que se continue con los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados.

Las actuales proyecciones de aumento de la temperatura es que esta alcanzará el límite 1,5 grados muy cerca del 2030 que, originalmente, se pensó ocurriría en el 2050. Este límite de 1,5 grados se considera un límite crítico, de no retorno, que tendrá severas consecuencias ambientales en todo el planeta.

Consecuencias como por ejemplo la pérdida de los arrecifes coralinos de todo el mundo, el incremento en la pérdida de bosques y ecosistemas, las sequías y la desertificación con la consecuente pérdida de suelos, el deshielo de las capas polares y el incremento del nivel del mar, además de un aumento de las anomalías climáticas. Desde el punto de visto humano esto se traduce en pobreza, enfermedades, hambre y migración, entre otras calamidades.

El 2030 no solo representa un límite crítico en materia de Cambio Climático, sino también en otros temas ambientales vinculados (límites planetarios), como pérdida en la biodiversidad terrestre y marina, la pérdida de calidad ambiental por contaminación, la disminución significativa de los reservorios de agua dulce y toda la cadena de impactos que se generan de estos eventos y entre los que destacan la disminución en la producción agroalimentaria y el desarrollo de zoonosis que pueden derivar en nuevas pandemias.

Estrategia de descarbonización: los objetivos planteados por el Acuerdo de París del 2015 (que empezó a regir desde el 2020) ahora, en el 2022, a la luz de la realidad que afrontamos, resultan tímidos y muy laxos, basados en la buena voluntad de los países en aplicar acciones concretas, fundamentadas principalmente en la descarbonización de las economías. Algo que, evidentemente, no está lográndose de forma objetiva, todo lo contrario, parece que, a pesar de tantas conversaciones y negociaciones, seguimos avanzando en sentido contrario.

Los datos de la ONU de octubre del 2021 señalaban que las emisiones de CO2, por sí solas, alcanzaban las 33 gigatoneladas en 2021 (una gigatonelada equivale a mil millones de toneladas). Cuando se consideran todos los demás GEI (gases de efecto invernadero como el metano, óxido nitroso y fluorocarbonos), las emisiones anuales son cercanas a los 60 GtCO2e (gigatoneladas de CO2 equivalente).

Por lo tanto, para tener la oportunidad de alcanzar el objetivo de 1,5°C, se deben reducir casi a la mitad las emisiones de GEI. Para el objetivo de 2°C, la necesidad adicional es menor: una caída en las emisiones anuales de 13 GtCO2e para 2030. Estos objetivos no se están logrando con la descarbonización, la tendencia global, es contraria, pues se están dando incrementos en la producción de gases de efecto invernadero.

Incluso en Europa, que ha sido baluarte en la lucha contra el Cambio Climático, se empiezan a levantar voces cada vez más fuertes que cuestionan decisiones dirigidas a la reducción de emisiones. En medio de una economía de guerra, cuando hay carencias de energía, algunos lineamientos originales parecen poco lógicos y alimentan las opiniones de que se trata más de temas ideológicos y de negocio para algunos que un verdadero conjunto de acciones efectivas. Algo que a la luz de los avances obtenidos sigue generando muchas dudas.

Por otro lado, el hecho de que los tres países (China, Rusia y la India) que producen mayor cantidad de emisiones (40 % del total) no formen parte de la estrategia de reducción de emisiones, tampoco ayuda a dar más confianza y seguridad en el camino que se sigue.

Cambios estratégicos: la reducción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero es muy importante, pero no debe ser la única medida en la lucha contra el cambio climático. Se requieren implementar y reforzar otras medidas concretas y efectivas que permitan que los países que hasta ahora no se han integrado, se incentiven a hacerlo.

Esas medidas deben llevar a que el trabajo se haga de forma local, a escala de los gobiernos locales de cada país del mundo y con la participación efectiva de su población. Además, las medidas a implementar deben ser multiobjetivo, es decir que además de capturar carbono y ralentizar los efectos del cambio climático, sirvan para restaurar suelos, bosques y recuperar la biodiversidad que se está perdiendo aceleradamente junto con la calidad ambiental de la Ecosfera terrestre. También deben promover el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de esos gobiernos locales.

La agricultura y la ganadería convencionales deben cambiar hacia la producción regenerativa que contribuya también a restaurar suelos y ecosistemas y a disminuir la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas, así como de los océanos.

La protección de los bosques tropicales y boreales existentes es muy importante. Pero para evitar llegar al límite de 1,5 grados, se requiere desarrollar desde ahora y hasta el 2030 al menos 250 millones de hectáreas de bosques tropicales en América Latina, África, Asia y Oceanía.

El financiamiento de estos nuevos bosques debe provenir de la producción y consumo de hidrocarburos y otros combustibles fósiles de forma tal que por cada tonelada de CO2 que se utilice, se garantice que se financiarán, por lo menos, dos toneladas de CO2 almacenado en bosques existentes y en nuevos bosques y suelos regenerativos.

Esta inversión es prioritaria no solo en la lucha contra el cambio climático, sino contra todos los límites planetarios cuyo punto de inflexión está cerca y que, juntos, contribuyen al desequilibrio de la Ecosfera terrestre. Además, como hemos señalado, la inversión en bosques, suelos y biodiversidad en países tropicales (la gran mayoría países pobres) ayudará a resolver problemas sociales y educativos en esta región, incluyendo temas muy sensibles como la migración hacia los países de primer mundo.

También, como hemos señalado ya, la selección de los territorios para el desarrollo de nuevos bosques tropicales y para la agricultura y la ganadería regenerativa tiene que hacerse con un efectivo y eficiente criterio técnico establecido mediante el ordenamiento y la planificación territorial.

Se debe garantizar que, a pesar del trabajo por restaurar el equilibrio de la Ecosfera terrestre y luchar contra el Cambio Climático, el progreso humano debe continuar, pero de una forma sustentable, no contaminante, basado en una economía circular que garantice crecimiento y desarrollo socioeconómico de los países. Los problemas ambientales actuales tienen que corregirse.

Cuando hacemos los números para la implementación de esta estrategia complementaria vemos que, si son posibles siempre que se logre un acuerdo real, efectivo y obligatorio entre los países, en particular los del primer mundo. Lo llamativo de todo esto es que la inversión necesaria es menor a la que se hace en gastos militares.

Sabemos que el camino no es fácil, y por eso, se requiere un esfuerzo extraordinario. Dentro de este esfuerzo es vital que le demos una gran importancia al tiempo. No es posible que sigamos dejar pasar el tiempo como si no estuviéramos en una auténtica emergencia planetaria.

Debemos empezar lo antes posible y por eso, la COP requiere ser profundamente reestructurada hacia un nuevo acuerdo global para restaurar el equilibrio de la Ecosfera terrestre y para ralentizar los efectos del Cambio Climático. Requerimos de acciones concretas y efectivas dentro de un nuevo derrotero global.

 

*El autor es geólogo ambiental, especialista en ordenamiento y planificación del territorio, gestión del riesgo y evaluación ambiental, con más de 25 años de experiencia. Durante los últimos 15 años se ha especializado en el trabajo por la restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre y la lucha contra el Cambio Climático.

(Imagen de Valdir Silveira)

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2023/01/cop27-urge-cambiar-la-estrategia-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/

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En la COP27, la industria hidroeléctrica vuelve a arremeter contra los ríos y pueblos del mundo

Publicado el . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Alberto Gutiérrez Arguedas
Geógrafo, docente e investigador UCR
Coalición Ríos por el Clima/Rivers for Climate Coalition

Entre el 7 y el 16 de noviembre de 2022, en la ciudad egipcia Sharm el-Sheij, se llevó a cabo la 27° Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como es costumbre desde hace 27 años, durante este evento se reúnen los principales agentes de la gobernanza ambiental mundial (gobiernos nacionales, organismos internacionales, think tanks, asociaciones de negocios, así como algunas organizaciones de sociedad civil) para discutir y definir políticas supuestamente direccionadas a revertir la crisis climática global.

Es digno de reconocer todos aquellos esfuerzos científicos y políticos que se preocupan por entender y atender la crisis climática, más aún en tiempos donde han proliferado en diversas partes del mundo tendencias políticas abiertamente negacionistas. Sin embargo, la triste realidad es que las COP muy poco han hecho para alcanzar el objetivo que dicen perseguir: se estima que la mitad del total de emisiones históricas globales de gases de efecto invernadero (GEI) se ha lanzado a la atmósfera en los últimos 25 años, es decir, desde que existe este aparato de gobernanza del clima, cuyos resultados podemos calificar como decepcionantes.

Las COP han sido cooptadas por el capitalismo verde, es decir, por un paradigma que busca hacer compatible la cuestión ambiental/climática con el pensamiento desarrollista y economicista de mercado. Dentro de este paradigma, uno de los ejes centrales es el impulso a las energías renovables, erróneamente llamadas energías “limpias”. Se habla de una supuesta “transición energética”, en la cual las renovables sustituirían a los combustibles fósiles (que representan el 80% del consumo energético global), de manera que haya una reducción en la emisión de GEI causantes de perturbaciones climáticas.

Efectivamente, en la última década se ha dado un crecimiento muy significativo de las energías renovables a nivel mundial: hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa, entre otras. Lo que no se dice es que este crecimiento de las renovables no ha implicado una sustitución de la energía fósil: en el mismo período se verifica un aumento sistemático en la extracción y consumo de petróleo, así como en la emisión de GEI. La supuesta transición energética a las renovables no ha avanzado en un cambio sustancial del modelo energético ni de los modos de producción y consumo dominantes, y se mantiene prisionera de la ortodoxia del crecimiento económico ilimitado.

Bajo el capitalismo verde, se utilizan supuestas preocupaciones ecológicas como pretexto para abrir nuevos nichos de acumulación de capital, siendo el sector de las energías renovables uno de los más lucrativos. El caso de la hidroelectricidad, principal fuente de energía renovable en el mundo, es particularmente ilustrativo de estas tendencias. Luego de haber recibido numerosas críticas y cuestionamientos por sus graves impactos socioambientales, en la última década se verifica un nuevo boom hidroeléctrico global, esta vez, asociado a la gobernanza del cambio climático y el discurso de las energías “limpias”. Un estudio reciente estima que existen unas 60 mil grandes represas a nivel mundial y más de 3.700 planeadas o en construcción, en un planeta en el cual apenas una tercera parte de los ríos aún fluyen libres sin estas barreras.

En el contexto de la COP27 la industria hidroeléctrica se hace presente, golpeando la mesa y exigiendo a los políticos y otros líderes globales a “desbloquear las barreras para el desarrollo hidroeléctrico ahora”. De acuerdo con un comunicado oficial de la Agencia Internacional de Hidroelectricidad –IHA- publicado en vísperas del evento (https://www.hydropower.org/news/ihas-message-to-leaders-at-cop27), dicha agencia envió una delegación liderada por un miembro de su junta directiva (quien además fue director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA), a través de la cual buscan impulsar el desarrollo a gran escala de la hidroelectricidad y otras renovables, “necesarios para abordar el cambio climático y la seguridad energética”.

La participación de la IHA -en conjunto con la Organización de Hidrógeno Verde, el Consejo Mundial de Energía Eólica y el Consejo Mundial de Energía Solar- buscó ejercer presión para acelerar la planificación y las aprobaciones para el despliegue masivo de infraestructuras para energías renovables. Asimismo, proponen el lanzamiento de la Alianza Global de Energía Renovable, una articulación de actores político-empresariales de las diferentes ramas de este sector que “apoyará conjuntamente los esfuerzos para abordar el cambio climático con una voz más fuerte y alineada”. También abogan por mecanismos financieros que incentiven este tipo de proyectos. Según el comunicado, además de la COP27, dichas propuestas serán presentadas durante la Asamblea General de la ONU, en setiembre 2023.

El discurso de las energías “limpias” emanado desde el capitalismo verde no se preocupa por establecer límites o regulaciones a los insostenibles patrones de extracción y consumo energético actuales. En vez de ello, insiste en la necesidad de aumentar exponencialmente la capacidad para explotar energías renovables: según IHA es necesario duplicar la capacidad hidroeléctrica global para 2050 en aras de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Reclama la industria hidroeléctrica: “esto no se puede lograr mientras los proyectos tardan más de 5 años solo para ser aprobados”, presionando para que haya menores controles y mecanismos de fiscalización para este tipo de proyectos.

Mucha agua ya ha corrido por las turbinas hidroeléctricas en el mundo. Ampliamente conocidos y estudiados son los graves impactos socioambientales provocados por las represas: millones de personas desplazadas de manera forzosa, alteraciones irreversibles en los ciclos hidrológicos, pérdida de biodiversidad e, inclusive, emisiones masivas de GEI producto de la inundación de amplias extensiones de tierra y bosques. Por estas razones, desde hace varias décadas se ha conformado un vigoroso movimiento mundial contra represas, con participación de comunidades afectadas, organizaciones ecologistas y de derechos humanos, sector académico, entre otros. A la lista de impactos debemos sumar la persecución y asesinato de cientos de activistas en defensa de los ríos alrededor del mundo, en su mayoría impunes.

Desde la Coalición Ríos por el Clima/Rivers for Climate Coalition se hace un llamado a que los acuerdos climáticos globales dejen de apoyar a las represas. En el contexto de la COP27, ello se traduce en tres reivindicaciones concretas: (1) que se excluya las represas hidroeléctricas de los esquemas de compensación de carbono (artículo 6 del Acuerdo de París), (2) que se exija que los países tomen en cuenta las emisiones de GEI de las represas y embalses al calcular las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) establecidas en dicho acuerdo, y (3) que se excluya de las NDC todas las represas hidroeléctricas que violenten la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (https://actionnetwork.org/petitions/undam-the-united-nations-2).

Las represas han privatizado y acaparado las aguas de los ríos en pocas manos, en perjuicio de los pueblos del mundo que históricamente han convivido y han hecho uso de los ríos como bienes comunes. Contrario a las exigencias de la industria hidroeléctrica global, desde la ciudadanía crítica y activa clamamos por la protección de los ríos que aún fluyen libres sin estas barreras y –por qué no- por restaurar aquellos que han sido represados.

*Nota: Los datos citados en este artículo fueron extraídos de las siguientes fuentes:

-BP (2019). BP Statistical Review of World Energy. 2019, 68th edition. Londres: BP. 

-Grill, G., Lehner, B., Thieme, M. et al. (2019). Mapping the world´s free-flowing rivers. Nature, 569, 215-221.

-Hickel, J. y Kallis, G. (2019). Is Green Growth Possible? New Political Economy. DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964.

-Saxe-Fernández, J. (2019). Capitalismo histórico y contemporáneo (1750-presente): formación social vinculada al colapso climático antropogénico en curso. En: Saxe-Fernández (Coord.). Sociología política del colapso climático antropogénico. Ciudad de México: UNAM, pp. 39-85.

Logros, esperanzas, frustraciones y críticas

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

EN LA COP 27 CELEBRADA EN SHARM EL SHEIJ, EGIPTO.

Una metáfora útil para entender el peligro que representa el “Cambio Climático”

Muchas veces me he devanado los sesos pensando cómo hacer para que hasta el último de los habitantes del mundo comprenda el horrendo peligro que representa el “Cambio Climático” para la vida de todas las especies de animales y plantas sobre la Tierra.

Se me ha ocurrido una metáfora que tal vez ayude. Como muchas personas saben, en la noche del 14 de abril de 1912, producto de un fatídico choque contra un “iceberg”, se hundió el barco más grande y lujoso construido hasta entonces. Llevaba más de 2.200 personas a bordo distribuidos en primera (sección para clase de millonarios), segunda y hasta tercera clase. Es decir, como en la vida real, el barco llevaba una representación del espectro social.

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¿Por qué se hundió el Titanic? En lo medular fue debido a errores humanos. Por supuesto que el desplazamiento del barco se tornó complicado, porque navegaba por aguas procelosas del Atlántico norte, muy cerca del Ártico. Pero, cuentan los relatos más verídicos que del capitán del Titanic, así como del resto del personal a cargo de la travesía, se había apoderado un exceso de confianza que, los llevó a menospreciar el peligro que representaban las enormes y punzantes masas de hielo que el gigantesco buque intentaba sortear. Sencillamente pensaron que esa nave jamás se hundiría. Craso error, porque el exceso de confianza los llevó a desoír todos los avisos del peligro lanzados por otros barcos. Cuando la tripulación dio la orden de desalojar el barco, era demasiado tarde. Además, no estaba provisto el trasatlántico de suficientes botes salvavidas, los que en lo fundamental fueron reservados para los pasajeros de la primera clase. Indecible egoísmo humano que siempre nos acompaña. Se cuenta que, las puertas de salida para los pasajeros que viajaban en la segunda y tercera clase fueron cerradas con llave por la tripulación.

Increíblemente, el enorme navío se hundió sin remedio, partiéndose estruendosamente en dos partes antes del naufragio definitivo. Se estima que perdieron la vida unas 1.500 personas de todas las clases sociales que viajaban en aquella travesía. Solo alrededor de 700 personas lograron sobrevivir.

El contexto mundial actual.

No encuentro ninguna comparación más exacta con respecto a lo que está ocurriendo con el “Cambio Climático”. Los jefes de estado, en particular los de las naciones más desarrolladas, los congresos que deben aprobar algunos cambios importantes en las legislaciones, cuyas grandes empresas son las más contaminantes de la Tierra, procrastinan o si no, evaden las urgentes decisiones que deben tomar para enfrentar el “Calentamiento Global”. Los países subdesarrollados, con excepciones calificadas, tampoco dirigen sus esfuerzos a sentar bases sólidas para que sus economías se orienten hacia un desarrollo sostenible y sustentable que, no dependa de los hidrocarburos, sino que permita migrar a energías limpias. La ciudadanía en general también es descuidada en su mayor parte. Mucha gente se resiste a cambiar su estilo de vida consumista, dilapidador y los que pueden ostentoso. Si la vida se extingue será para todos; de modo que la metáfora del “Titanic” se queda corta. Probablemente las afectaciones que provoque el “Cambio Climático” empezarán golpeando a las poblaciones más vulnerables, pero, no tardará en abarcar a toda la población mundial.

La Conferencia de las partes a escala mundial, en este caso la COP 27 celebrada en la ciudad de Sharm el Sheij, Egipto, que apenas concluyó el pasado 20 de noviembre, debió fijar la ruta para ejecutar el “Acuerdo de París del 2015”. O sea, el mundo está por fin en la fase de implementación de los acuerdos de París. Por ende, se esperaba de ella que avanzara en las medidas que deben implementarse en adaptación al “Cambio Climático”, un tema clave para los países subdesarrollados como Costa Rica. La COP 27 fue deficitaria en todos estos tópicos. El Fondo Mundial del Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), desembolsó en los últimos 30 años una suma mayor a los $147.000 millones de dólares para atender estas tareas e invertir en biodiversidad a escala mundial. Sin embargo, afirma Carlos Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente de Costa Rica y hoy jerarca del GEF que, se ha abierto una enorme brecha entre promesas y resultados debido a la incoherencia de los países que, se comprometieron en la lucha contra el “Cambio Climático”, pero no cumplieron en la mayoría de los casos; no cumplieron los gobiernos, tampoco los poderes legislativos. Esta es una de las causas primordiales por la que los resultados de la reciente COP 27 son considerados por los expertos como pobres.

El Dr. Rodríguez acota también que, a estas alturas las naciones deberían tener planes de financiamiento para hacerse acreedores a la asistencia, ya que deben saber cuánto pueden invertir hoy, para luego compararlo con cuánto requieren en verdad. La asistencia externa es clave para los países en desarrollo, pues se les dificulta invertir recursos públicos por las enormes carencias de que adolecen. Como una prescripción se establece que no deben invertir en actividades que los hagan más vulnerables. Pone Rodríguez el ejemplo de la ganadería de extensión que, deforesta el bosque creando más daños ambientales. Otro ejemplo es el de la inversión en actividad exploratoria y extractiva de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y el mismo gas natural. Todas estas actividades, aparte de la contaminación que acarrean, están incrementando, en vez de resolver los problemas económicos y sociales que enfrentan los países; inducen un tipo de desarrollo desigual y con gran endeudamiento externo por parte de naciones que carecen de recursos para realizar las cuantiosas inversiones que implica la extracción y explotación de los hidrocarburos.

Otra cuestión que resalta en el contexto es que los Organismos Financieros Internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario, solamente están invirtiendo el 8% de su portafolio de inversión anual en actividades que coadyuven al desarrollo humano y al mismo tiempo que enfrenten el “Calentamiento del Clima” y sus devastadoras consecuencias.

Logros, esperanzas, frustraciones y críticas.

(Enseguida parafraseo, por lo tanto, no todo es necesariamente literal, un resumen de seis logros que se pueden consultar en el siguiente sitio: https://theconversation.com/cop-27-siete-logros-ocho-problemas-y-una-gran-decepcion-194990

Logros:

1.Uno de los logros que se valora, obtenido fruto de las deliberaciones en la propia COP 27, es que se aceptó la urgencia que tiene el mundo de renovar el sistema financiero internacional en la búsqueda de sea más justo y adecuado al cumplimiento de los objetivos de mitigar los daños experimentados por los países más vulnerables de nuestro Planeta, derivados de la contaminación y el “Calentamiento Global.”. En tal sentido, París se comprometió a celebrar una cumbre sobre este tema en junio de 2023 para resolver el vacío que ha quedado en esta COP 27 y ponerse a trabajar en una reforma estructural del sistema financiero global. Parece que la agenda está clara y con fechas concretas y objetivos tangibles.

2. Las empresas tendrán que responder a las nuevas normas de las Naciones Unidas y garantizar que sus planes planteen la reducción eficaz de las emisiones, si quieren ser una parte creíble de la respuesta global al cambio climático. Se ha convocado un nuevo grupo de trabajo para avanzar en la regulación de los compromisos de las empresas con el cero neto de emisiones contaminantes en los países de todo el mundo.

3. Hubo mención y acuerdos sobre energías limpias, con avances mensurables. Las energías renovables son ahora más baratas que las fósiles en dos tercios del mundo, incluyendo economías emergentes como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Sudáfrica, Kenia, India, Tailandia, Vietnam y Filipinas. La inversión en la transición ha aumentado un 25% hasta superar los 708 000 millones de dólares este año a pesar de la crisis económica, incluyendo un impulso masivo al transporte eléctrico.

4. En jornadas realizadas al margen, se cerró un acuerdo de 20 000 millones de dólares para la transición del carbón en Indonesia, y se prevén acuerdos similares para Vietnam y, potencialmente, Senegal. Estos avances “JET-P – Just Energy Transition Partnership” se basan en el acuerdo de 8 500 millones de dólares alcanzado con Sudáfrica en la anterior COP26. Estas estrategias alineadas podrían ser importantes para acelerar la transición energética mundial.

5. El próximo mes en Montreal, en la COP15 del Convenio sobre la Biodiversidad (CDB), los líderes mundiales se reunirán para establecer un acuerdo global en favor de la regeneración de la naturaleza. Sabemos que no podemos alcanzar el objetivo de no rebasar 1,5℃, sin proteger la naturaleza, y sabemos que la naturaleza es la primera línea de defensa contra los fenómenos meteorológicos extremos. Por ello, el CDB en Montreal es una oportunidad para corregir algunos de los errores de la COP27, proporcionando objetivos, calendarios y financiación muy necesarios para reparar esta pieza del rompecabezas climático.

6. Los riesgos de litigio están aumentando rápidamente para los gobiernos y para las empresas que no cumplen con el Acuerdo de París. Ha habido más de 2 000 casos climáticos que ya han sentado un precedente en el sentido de que se puede actuar por la vía legal exitosamente de cara a la contaminación ambiental. Estos casos están demostrando que la acción climática es un deber legal, no una opción voluntaria.

7. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, fue clausurada el 20 de noviembre del 2022, con un acuerdo decisivo para proporcionar financiación por «pérdidas y daños» a los países vulnerables duramente afectados por los desastres climáticos. (Cfr. https://unfccc.int/es/news/la-cop27-llega-a-un-acuerdo-decisivo-sobre-un-nuevo-fondo-de-perdidas-y-danos-para-los-paises)

Esperanzas tras la celebración de la COP 27.

Se espera poder ejecutar el Plan de implementación de Sharm el Sheij, mediante el que se busca la transformación mundial hacia una economía baja en emisiones de carbono. Pero dicho “Plan” requiere inversiones de al menos 4 a 6 billones de dólares al año. El objetivo anterior requerirá (como ya lo destacamos supra) una transformación rápida y completa del sistema financiero y de sus estructuras y procesos, con la participación de los gobiernos, los bancos centrales, los bancos comerciales, los inversores institucionales y otros actores financieros.

Otra esperanza nació después de que los gobiernos tomaron una decisión innovadora para establecer nuevos acuerdos de financiamiento, así como también un fondo específico, para ayudar a los países en desarrollo a responder a las pérdidas y daños. Hubo un acuerdo de los gobiernos para poner en marcha los nuevos planes de financiamiento y ejecutar así los fondos en la COP28 del próximo año.

En tercer lugar, se espera empoderar a todas las partes interesadas para que participen en la acción climática; en particular, a través del plan quinquenal sobre la Acción para el Empoderamiento Climático y la revisión intermedia del Plan de Acción de Género. Todas las partes deberán trabajar juntas para abordar los desequilibrios en la participación y proporcionar a las partes interesadas las herramientas necesarias para impulsar una acción climática mayor, y más inclusiva, a todos los niveles.

Los jóvenes, en particular, tuvieron mayor protagonismo en la COP27, y el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático prometió urgir a los gobiernos no sólo para que escuchen las soluciones que propone este colectivo, sino para que las incorporen en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas.

Se ha abierto una gran posibilidad de que, paralelo a las negociaciones formales, se conforme un nuevo espacio de Acción Climática Mundial de la COP27 para establecer una plataforma con el objeto de que gobiernos, empresas y la sociedad civil colaboraran y muestren sus soluciones climáticas en el mundo real.

No se puede dejar de mencionar que, aunque Lula no asuma el cargo de Presidente de Brasil hasta el 1 de enero de 2023, ya ha presentado su visión para la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo y foco de la indignación internacional con Bolsonaro. Una de las principales cosas que quiere hacer Lula es volver a poner a Brasil en el centro de la geopolítica internacional. El presidente electo ha tenido más conversaciones con líderes mundiales en Egipto en un solo día que las que Bolsonaro ha tenido en cuatro años.

Frustraciones y problemas en la COP27.

La primera frustración: la hemos tenido todas aquellas personas que amamos la vida y hemos depositado hartas esperanzas en la “Conferencia de las Partes” o COP 27 (reunión de jefes de Estado de todos los países del mundo). La frustración consiste en haber comprobado que los jefes de Estado de las más grandes potencias militares del orbe, tanto de la OTAN como de Rusia, involucradas en el conflicto en Ucrania dedican sus energías sin escrúpulos, a llevar adelante una guerra cruel de poder que ha estado a punto de desatar la tercera guerra mundial, antes que abocarse a la resolución de los graves problemas que afronta el mundo a raíz del “Cambio Climático”.

La segunda gran frustración: deriva del hecho de que el objetivo de las Partes (en el caso de los países desarrollados que debieron movilizar conjuntamente 100 000 millones de USD al año para 2020 aún no se ha cumplido. Además de los países desarrollados que no han sido capaces de cumplir el objetivo, han defeccionado hasta ahora los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras internacionales que tenían el cometido de movilizar el financiamiento para el clima.

Principales problemas.

Para los más importantes críticos de la COP 27, los logros de esta conferencia de las partes no estuvieron equilibrados con los fracasos. El balance global de la COP27 celebrada en Sharm el Sheikh (Egipto) es decepcionante. (Cfr. COP 27: “siete logros, ocho problemas y una gran decepción” https://unfccc.int/es/news/los-ministros-de-la-cop27-piden-una-accion-climatica-mas-ambiciosa. Published: November 20, 2022 7.33pm GMT)

Según el informe de la ONU sobre el Cambio Climático el mundo está muy lejos de mantenerse por debajo de los objetivos de temperatura del Acuerdo de París.

El informe muestra que el cumplimiento de los compromisos actuales por parte de los gobiernos nacionales aumentaría las emisiones en un 10,6 % para 2030 y pondría al mundo en la senda de un calentamiento de 2,5 ºC para finales de siglo.

«Este es el contexto en el que nos encontramos», dijo el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell. «El mundo está doblando la curva de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia abajo, pero, lamentablemente, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C». (Cfr. Ibidem).

Un serio problema es que la estrategia mundial se ha centrado en los síntomas del cambio climático, esos síntomas se engloban en lo que se llama “pérdidas y daños”; lo anterior refleja la incapacidad global para enfrentarse a la terrible realidad de que dependemos en un 80% de los combustibles fósiles. El acuerdo alcanzado en Sharm el Sheikh no abordó las causas de los impactos del cambio climático: el uso de combustibles fósiles y la destrucción de la naturaleza. Los países no llegaron a un acuerdo para la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles; lo cual estaba basado en el llamamiento a la eliminación progresiva del carbón realizado en la COP26 de Glasgow.

La incapacidad para avanzar en materia de emisiones se produjo a pesar de que el mundo ha experimentado impactos climáticos que alteran la política, la economía y las tensiones entre países. Las fuertes sequías y olas de calor en Europa, las inundaciones en Pakistán, Nigeria y Australia, así como la sequía en Estados Unidos. Todos ellos son ejemplos de cómo las estructuras de ayuda y apoyo, como el fondo de pérdidas y daños, tendrán más demanda en el futuro por no haberse atajado los problemas de origen.

Por último, se pensó que esta sería la COP africana, pero no se ha generado mucha financiación nueva para los países vulnerables, sean africanos o no –dejando mucho por hacer en 2023–, ya que se instó a los países a aumentar la financiación de la adaptación, pero sin concretar.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica en la COP27: ¿Maquillando la agroindustria?

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 14 de noviembre en el marco de la COP27, la delegación de Costa Rica realizó la presentación de una propuesta para potenciar los bienes de exportaciones basados en una agricultura resiliente, a partir de los agro paisajes. ¿Qué quiere decir todo esto?

Queremos problematizar la propuesta presentada por el gobierno de Costa Rica, ya que presenta algunas tensiones importantes que viene arrastrando eso que llamamos la agroindustria, y que al día de hoy sigue siendo responsable de importantes impactos socioambientales relacionados no sólo a la deforestación, sino también al uso de agroquímicos que afectan la salud de los ecosistemas.

Les compartimos también el artículo publicado por Bloque Verde que también expone las contradicciones de esta propuesta. Titulado «Franz Tattenbach promete en la COP27 algo que en Costa Rica no existe: “piña libre de deforestación”» Publicado a través de Surcos Digital.

¿Estaremos de cara a otra estrategia de maquillaje verde? Les compartimos nuestras inquietudes:

Costa Rica en la COP27: ¿Maquillando la agroindustria? Artículo de opinión Observatorio

Agroindustria ¿de qué hablamos? consulte aquí.

¿Qué es el maquillaje verde? consulte aquí.

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Franz Tattenbach promete en la COP27 algo que en Costa Rica no existe: “piña libre de deforestación”

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

  • Anuncio del gobierno en Egipto es una gran mentira que los deja en evidencia

  • Exportaciones agroindustriales libres de deforestación son falsas soluciones al cambio climático

(Bloque Verde, 16/11/2022) La delegación de Costa Rica encabezada por el ministro de ambiente Franz Tattenbach busca engañar al planeta en medio de la COP27 sobre el clima en la ciudad de Sharm en Egipto. No existe evidencia de que en el país existan exportaciones agropecuarias “libres de deforestación” (1). En realidad todo lo contrario. Evidencia de más de dos décadas dan cuenta de que Costa Rica ha perdido 6.800 hectáreas de cobertura forestal en manos del agro-negocio de la piña.

Solamente entre el año 2015 y el 2019 se reportan la desaparición 1.234 hectáreas de bosques en manos de las empresas piñeras. Esto arroja el último estudio publicado por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) es una herramienta que registra con precisión satelital los cambios en el uso y cobertura de la tierra, y reporta los procesos de deforestación asociados a la dinámica agrícola en Costa Rica.

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Esta misma herramienta satelital había reportado que entre el año 2000 y el 2015 estas compañías piñeras deforestaron de forma ilegal 5.566 hectáreas de áreas de protección en márgenes de ríos y humedales (2). Para el año 2016 el MOCUPP también alertó sobre la existencia de 1.112 hectáreas dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Precisamente para ese momento en el Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado se invadieron 614,26hectáreas; en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron 193,06 hectáreas; y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo se invadieron 304,6 hectáreas (3).

Por lo tanto si sumamos toda esta área deforesta durante casi veinte años, el monocultivo de la piña adeuda al menos 6.800 hectáreas deforestadas dentro de áreas protegidas. Por esta razón el anuncio del gobierno de Costa Rica en la COP27 no tiene ningún sentido y falta a la veracidad. Pretende crear mecanismos de financiamiento climático para el agro-negocio basado en mentiras, y se agrupan en una categoría más grande llamadas falsas soluciones al cambio climático.

Pretender usar el espacio de Costa Rica dentro de la COP27 para buscar beneficios a una industria contaminante como las empresas piñeras es muy poco ético por parte del gobierno. Se supone que la delegación gubernamental debe de velar por una aportar soluciones reales a la crisis climática. En cambio van a lavarle el negocio contaminante y deforestador de las empresas fruteras.

La agricultura industrial es la segunda actividad humana responsable de los Gases de Efecto Invernadero, que causan la crisis climática. Pero contradictoriamente el gobierno de Costa Rica impulsa el agronegocio y de paso maquillar la industriara que viola los derechos humanos y contamina el ambiente.

Esto se suma a la salida de Costa Rica de la Alianza para poner final a la exploración y explotación de combustibles fósiles (Beyond Oil and Gas Alliance) conocida como BOGA. Dejar los hidrocarburos bajo tierra si es una solución contra el cambio climático, deteniendo la exploración y explotación de petróleo y gas.

Estas dos medidas dejan muy clara la posición climática del Gobierno Chaves Robles. Una administración que apuesta por las falsas soluciones a manos de las grandes corporaciones y de espalda a las comunidades y ecosistemas que sufren el cambio climático.

Notas:

  1. Costa Rica presentó iniciativa sobre exportación de bienes agropecuarios producidos bajo esquemas de sostenibilidad https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/398-cop27-4?fbclid=IwAR0ER1_6YjjtD_n6TCBz4sWhEgsuR32P–QutuFgpmNJB0ha09dOfX04Pas
  2. Nuevas imágenes satelitales comprueban que piña se expande de forma descontrolada https://feconcr.com/agronegocios/nuevas-imagenes-satelitales-comprueban-que-pina-se-expande-de-forma-descontrolada/
  3. Expansión piñera invade zonas protegidas del país. https://feconcr.com/agronegocios/expansion-pinera-invade-zonas-protegidas-del-pais/

Electricidad en la COP27: energía in-sostenible y más pobreza

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR
FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition

En un artículo anterior relacionado con el agua en la COP27 señalamos que dentro de los modelos sociales que rigen la economía mundial, es imposible cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”.  En este artículo revisamos algunos datos de pobreza y acceso o exclusión del servicio básico de electricidad.  Concluimos que no será posible garantizar ese servicio, mientras no se asuma que sin justicia social es imposible la justicia climática, y que las “energías limpias” nunca serán una solución efectiva si sólo resultan “sostenibles” en el norte y para las élites del mundo, gracias a la destrucción de los ecosistemas, principalmente en el sur.

MÁS REPRESAS, PERO MÁS POBRES SIN ELECTRICIDAD

Lejos de avanzar para cumplir los objetivos 6 y 7 de la Agenda 2030, los resultados del modelo social actual dan cuenta de la creciente inequidad que se refleja en el aumento de las fortunas de pocas personas y de empresas corporativas, frente a la pobreza de más de mil millones de personas que entre otras privaciones, no disponen del servicio básico de electricidad. Otro resultado catastrófico del modelo energético actual, aunque no divulgado ni aceptado, es el aumento de ecosistemas destruidos, mientas se sigue hablando de energías “verdes y sostenibles”. A pesar de esos desequilibrios insalvables del modelo, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA siglas en inglés), que realizó en 2021 su congreso mundial en Costa Rica, lleva un mensaje a la COP27, pidiendo “desbloquear las barreras para el desarrollo hidroeléctrico ahora”, y lanzan, entre otras demandas, “que las inversiones en hidroelectricidad sean incentivadas en mecanismos financieros y simplificación de licencias”.  Todo eso en contradicción directa de organizaciones y pueblos en todo mundo que ven la electricidad como parte de una matriz energética destructiva, violatoria de derechos humanos y aceleradora del cambio climático.

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Darle acceso a electricidad a toda la gente y sobre todo a la más pobre, según sugiere el texto del objetivo 7, requiere un cambio social que implica sustituir las reglas del mercado por unas que garanticen equidad social, protección efectiva de los ecosistemas en la producción energética y la superación de la falacia de la hidroelectricidad como energía limpia y sostenible. Requiere también aumentar la investigación para el desarrollo de tecnologías limpias, o al menos de mínimo impacto destructivo.  Pero la equidad y la protección de los ecosistemas no son componentes del modelo actual.  A partir de estudios de organizaciones como las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión económica para América Latina, CEPAL, podemos confirmar que desde hace décadas se aceleró la tendencia de los gobiernos, las corporaciones multinacionales y las empresas nacionales, hacia la inversión energética que da prioridad a la acumulación de riqueza.  La ONU ha reconocido que cerca de 1200 millones de personas en el mundo viven sin electricidad. Esto es más que notable y contradictorio pues el ritmo de producción de esta energía no se ha detenido en ningún momento y a ningún consumidor final se le regala, lo cual indica un flujo permanente de ganancias para las empresas estatales y privadas. La pregunta es para qué y para quiénes se genera energía, y particularmente electricidad.

Para cumplir el objetivo 7 de la Agenda 2030 lo mínimo esperable es que las personas tengan acceso a energía estable y con precios razonables de acuerdo con su condición socio económica.  Pero los datos indican que a pesar de que se siguen eliminando y deteriorando ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, como los ríos, el suelo, el subsuelo y el aire, la gente más pobre no tiene electricidad.  De acuerdo con el estudio “La energía en América Latina y el Caribe”, de mayo de 2022 de la CEPAL, en América Latina el acceso desigual a la electricidad está completamente marcado entre zonas urbanas y rurales y entre gente rica y pobre.  De la gente que integra el 20% más pobre de la población, un 12%, más de la mitad, no tiene acceso a la electricidad y si agregamos otro 20% de la población, resulta que 18 de cada 40 de las personas pobres viven sin electricidad.

Las evidencias son tristemente contundentes. Como es sabido durante la pandemia de la Covid 19 desmejoraron muchos indicadores de bienestar social.  En setiembre de 2022 la CEPAL indicó que en América Latina“…75 millones no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar, lo que exacerbó la pobreza y vulnerabilidad durante y después de la pandemia.  Esta situación se puede ver agravada por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto de la guerra en Ucrania”, como de hecho ha ocurrido.

No es de necios insistir en que será imposible vincular positivamente el servicio de electricidad con la calidad de vida de la gente, cuando la inequidad sigue creciendo y todas las crisis impactan negativamente, más rápido y más fuerte, a quienes viven en pobreza.  La Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL (2020) en su “Informe Covid-19. Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”,  advirtieron sobre las repercusiones diferenciadas de la crisis entre pobres y no pobres, e incluso sobre los peores impactos para las mujeres pobres: “la crisis afectará más gravemente a las mujeres, ya que estas representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación y el 72,8% de la fuerza de trabajo en el sector de la atención de la salud…”

Pero incluso, entre toda la gente pobre y las mujeres pobres, hay grupos sociales más vulnerados y excluidos como las poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes, además de la pobreza material, enfrentan muchas otras expresiones de discriminación, racismos y exclusión por su origen étnico, neocolonialismo cultural moderno, escaso y desigual acceso a la justicia, o a veces nulo.  En América Latina, según la CEPAL, “la proporción de la población indígena y afrodescendiente sin acceso a la electricidad, en promedio, duplica y, en algunos casos, triplica a la proporción respectiva de la población no indígena ni afrodescendiente”. 

La gente pobre no sólo es la que tiene menos acceso a la electricidad, si no que es también la que paga proporcionalmente una factura mucho mayor por la electricidad con respecto de sus ingresos y la que tiene menos acceso a tecnologías modernas.  Con mucho optimismo la CEPAL sigue llamando a los gobiernos a “invertir anualmente 2,6% del PIB regional durante los próximos 10 años -para- universalizar el acceso a los servicios básicos de agua potable, saneamiento y electricidad, sin dejar a nadie atrás”.  Particularmente “en el sector eléctrico, incluyendo la utilización de tecnología renovable (i.e. solar y eólica) en línea con las metas del ODS 7, se debe invertir un 1,3% anual del PIB regional durante 10 años”.  Pero estas inversiones, en el remoto caso que se implementaran, no servirán si no están orientadas asegurar que se logre el acceso de la gente más pobre a esos servicios.  De lo contrario, la brecha entre los que pueden derrochar energía, que son las élites de los países, y el resto de la población, se irá ensanchando cada vez más.

Otro factor que generalmente es presentado como un gran beneficio, es la generación de empleo en la construcción de proyectos energéticos en general y de las hidroeléctricas en particular.  Pero ese empleo puede fácilmente ser una trampa: es apenas temporal,  no necesariamente cumple con las normas de seguridad laboral de cada país, en muchos casos se hace por medio de subcontrataciones de empresas locales para evadir responsabilidades directas por parte de las empresas dueñas de los proyectos.  En fin, ninguno de estos empleos es “verde” ni “sostenible” ya que vulnera y destruye ecosistemas, y no resuelve la pobreza permanentemente.

EL MODELO SOCIAL ACTUAL NO ADMITE CAMBIOS POSITIVOS

Para asociar, en la práctica, la economía, la equidad y el cuidado de naturaleza, se requiere un cambio radical de visión; un cambio de paradigma, que permita re-inventar la matriz energética, y particularmente la hidroelectricidad.  No se trata prometer que la gente más pobre tendrá acceso al servicio de electricidad, pues el mercado no resuelve la desigualdad social ni cuida los ecosistemas.  Se requiere convertir la producción, distribución, almacenamiento y consumo final de la energía y de la electricidad, en servicios orientados a satisfacer las necesidades de la gente y no de los negocios.  Por esto es que las demandas fundamentales de organizaciones que integran Rivers for Climate Coalition, cuestionan estructuralmente los modelos de economía y de energías actuales y piden la “Prohibición de fondos comprometidos bajo el Acuerdo de París para la construcción de nuevas represas hidroeléctricas” y exigen a todos los países “eliminar nuevas represas hidroeléctricas de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC)”. En todo el mundo se está desarrollando una campaña con el lema “Los acuerdos climáticos no deberían apoyar las represas”, para pedirle a la ONU no incluir las hidroeléctricas bajo el “Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”, mediante el cual éstas “pueden vender créditos de carbono, también conocidos como Créditos Certificados de Reducción de Emisiones o CER”. Ya la ONU reconoció 1.965 represas en los MDL, y ésa es una línea que se debe revertir.

La electricidad siempre ha sido un detonador de destrucción de ecosistemas y a la vez de acumulación de riqueza, problemas que no se discuten en los foros oficiales ni empresariales. En países como Costa Rica donde casi el 100% de la población tiene acceso a la electricidad, uno de los problemas fundamentales es que una parte de la electricidad, la que producen las empresas privadas locales y extranjeras, no se genera en función de las necesidades de la sociedad, si no que es un negocio extremadamente lucrativo para un reducido segmento empresarial que sobrevive gracias a que desde hace más de 3 décadas, el Estado ha sido obligado a comprar su energía aunque la demanda esté satisfecha con la electricidad pública.  Pero además de los pagos elevados por esa electricidad privada, innecesaria, la riqueza de esos generadores se ha elevado con “sobre-pagos” que alcanzaron 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses, entre diciembre de 2017 y mayo del 2019”.  Entre 2010 y 2018 el pago por electricidad privada fue de 2.049,00 millones de dólares, un monto en extremo elevado en la escala de la economía de Costa Rica.

Esas “estafas legales” ocurren también en cualquier otro país donde los negocios estén por encima del bienestar colectivo, del cuidado de las finanzas públicas y de la economía de las familias.  En agosto del 2021 se dio a conocer en Inglaterra, Francia y España que la empresa Iberdrola había vaciado el embalse de Ricobayo (en España) en medio de una de las peores sequías de la historia, con el fin de vender electricidad a precios exorbitantes, mientras la gente sucumbía de calor y tenía que pagar facturas de electricidad también exorbitantes.  Pero, además, “Iberdrola, el segundo mayor productor del país, drenó las presas en las provincias de Zamora y Cáceres en el oeste de España durante un período de unas pocas semanas para producir energía hidroeléctrica barata mientras el precio para los consumidores está en un nivel récord”.   Tanto en Costa Rica como España, y en todo el mundo, se sigue hablando de hidroelectricidad “sostenible y limpia”, mientras mueren los ríos y los ecosistemas, y se privilegian las fortunas de los generadores de electricidad sobre los intereses colectivos.

Tanto a nivel de países, como entre zonas urbanas y rurales y dentro de éstas, la electricidad es un indicador de inequidad social consolidado.  El acceso a la electricidad es un resultado que se construye en periodos largos, y así como en las últimas décadas, o desde siempre, ha sido imposible que las personas más pobres tengan acceso justo a la electricidad y a la energía en general, es improbable, cuando no imposible, que en los próximos años se cumpla el objetivo 7 de la agenda 2030.  La justicia climática global obliga a revisar y cambiar los patrones de producción industrializada de la energía y también implica que cada uno de los costos por destrucción ecológica y pérdidas sociales como los desplazamientos forzados, el acoso, la intimidación y hasta los asesinatos, sean reconocidos, juzgados, castigados y resarcidos.  También es indispensable resolver con justicia, y no desde el mercado, las preguntas para qué y para quiénes se genera y consume energía y electricidad.

Si en la COP27 se mantiene la dinámica de diálogos para reiterar la catástrofe climática real que vivimos, pero no se logran compromisos vinculantes y obligatorios para los países y corporaciones más contaminantes, “nada cambiará en Inglaterra, excepto el clima”, como dijo el escritor Oscar Wilde. Absolutamente nada cambiará en el mundo, excepto el clima para empeorar, y seguiremos avanzando hacia la debacle, pero con responsabilidades bien diferentes entre las élites que acumulan la riqueza de manera indecente y se ahogan en la opulencia, y la gente pobre sin energía, sin electricidad, sin salud y sin comida.  Revertir el curso de la crisis climática actual jamás será posible sin justicia social.  A pesar de las buenas intenciones de miles de personas, los discursos y hasta las protestas no detendrán el cambio climático. Eso será inviable sin un cambio de las actuales reglas de mercado y sin reconocer las responsabilidades diferenciadas en la destrucción del planeta.  No es tolerable un modelo global de supuestas “energías limpias” en el norte, que sólo resulta “sostenible” por la destrucción  de los ecosistemas, el desplazamiento de pueblos enteros, e incluso los asesinatos y la esclavitud moderna en el sur.

Agua en la COP27: sigue disputa entre negocios y derechos de los pueblos

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR
FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition

Entre el 7 y el 18 de noviembre de 2022, en Sharm el-Sheij, Egipto, se realizará la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), dando seguimiento a las 26 conferencias anteriores; la última realizada en Glasgow, Escocia. Como siempre, la gente optimista espera que los gobiernos y el mundo corporativo, dialoguen y regresen a sus países a aplicar acciones efectivas para frenar y en el mejor de los casos, revertir las causas y efectos del cambio climático.

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El agua está relacionada al cambio climático por su uso energético y productivo, porque es el elemento más determinante para la vida humana y porque de ella depende la sobrevivencia de los ecosistemas. El agua es también el origen de las más desafiantes disputas económicas y la desigualdad en el acceso a ella, delata la inaceptable inequidad social que vivimos.

LA FARSA DE LAS REPRESAS “SOSTENIBLES”

En todo el planeta el agua sigue siendo explotada de manera ilimitada en la producción de hidroelectricidad, que es una energía sucia y destructiva. En la “Declaración Global de Ríos por el Clima” presentada en la COP26 en Glasgow, Escocia por 340 organizaciones de 78 países, explicamos con detalle el aporte de esta energía a la contaminación y el calentamiento global. Un solo dato: “Las represas y embalses emiten cantidades masivas de metano, un gas de efecto invernadero 86 veces más potente a corto plazo que el dióxido de carbono”. Las represas impiden que los ríos cumplan su “papel vital en el secuestro de carbono y la creación de resiliencia climática”.

Algunos de los estudiosos más calificados, entre ellos Patrick Mc Cully, en su extenso y elogiado trabajo, y particularmente en su clásico libro “Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas” (Proteger Ediciones. Argentina. 2004), explica que, si consideramos la definición de desarrollo sustentable de la Comisión Brundtland, se llegará a la conclusión de que “mediante la destrucción de los ríos y estuarios y la extinción de especies, las represas afectan las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”. El autor explica que, contrario a la tesis oficial de gobiernos y empresarios, los embalses “…consumen y emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), los dos gases de efecto invernadero no sintéticos más importantes” (pág. 169).

En la “Declaración por los derechos de los ríos y los pueblos” de la “Movida global” realizada en Costa Rica en setiembre 2021, más de 2000 personas de organizaciones de América, Europa y África, expusimos también sobre la destrucción social generada por las represas hidroeléctricas, pues esa explotación del agua provoca el “desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que han quedado sin agua para tomar, pescar, cultivar y con sus culturas y tejido social destruidos. Muchas de las víctimas son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones”.

En la COP27 es indispensable reconocer que el negocio de las hidroeléctricas además de acelerar el calentamiento del planeta, ni siquiera asegura el acceso al servicio básico de electricidad a la gente más pobre. “Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad”, dice la Comisión económica para América Latina, CEPAL. Es una tragedia humana para “el 15% de la población que reside en viviendas precarias sin acceso a electricidad” y en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua esta carencia la viven entre el 30 y 40% de las personas. Esta carencia reafirma que la hidroelectricidad es una fuente de exclusión social y miseria, lo cual no impide que la presenten cono energía “sostenible” y “verde”, ni que empresas nacionales y transnacionales continúen acumulando fortunas.

SIN AGUA Y MÁS POBRES

Los modelos económicos excluyentes han provocado que miles de millones de personas vivan con agua de mala calidad, con escasa cantidad o sin agua. Los datos de la ONU siguen siendo alarmantes, pero las respuestas efectivas no llegan a pesar de los diagnósticos repetidos:

  • “2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura.
  • Casi 2.000 millones de personas dependen de centros de atención de la salud que carecen de servicios básicos de agua.
  • Más de la mitad de la población -4.200 millones de personas- carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.
  • 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua.
  • El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua”.

Según la CEPAL, en América Latina “161 millones de personas (equivalente a 2,5 de cada 10 personas) no tienen acceso adecuado a agua potable”. Aún más grave, es que 431 millones de personas (equivalente a 7 de cada 10) en la región no tienen acceso a saneamiento “gestionado de manera segura”. La falta de agua de buena calidad está relacionada directamente con la inequidad. En muchas ciudades de América Latina y el Caribe millones de personas “no solamente no tienen acceso al agua potable, sino que tampoco tienen acceso a instalaciones de higiene para lavarse las manos: más de 9 millones de personas en Colombia, casi 5 millones en Bolivia y 2 millones en México”.

En países de África la situación es igual o peor. “En el África subsahariana“un 40% de sus 783 millones de habitantes -viven- sin acceso a una fuente de agua potable mejorada”. Con datos de 35 países, la ONU señala que “en las zonas rurales, el agua canalizada no existe en el 40% de las viviendas de los más pobres y menos de la mitad de la población tiene acceso a una fuente mejorada de agua”. En la vida cotidiana de gente como Issiaka Konate de Mali la existencia no puede ser peor como ella misma explica: “la situación del agua en nuestra comunidad es insoportable, la gente bebe agua sucia directamente. En algunas localidades de nuestro país, cuando una mujer da a luz, hay que caminar varios kilómetros para sacar agua del río para lavar al bebé y a la madre” (Com. Pers.).

Ya estamos viviendo en una “catástrofe climática” y con “la biodiversidad que se derrumba”, como advirtió el secretario general de la ONU António Guterres en 2021. A esto se suma que el abismo entre la élite ultrarrica y la mayoría sigue creciendo, pues “en el último año se ha producido un aumento de cinco billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo”, y por tanto urge un «cambio de paradigma que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a los retos futuros”, dice Guterres. Pero esto será imposible si no se pasa de los diagnósticos y los discursos, a las obligaciones para gobiernos y empresas.

Si se mantienen las condiciones actuales de destrucción de la vida en el planeta y de inequidad social, será del todo imposible, como ha sido hasta hoy, cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”. El acceso justo al agua es imposible dentro de sistemas aberrantes que privilegian la opulencia y exacerban la miseria extrema. Por eso no se pueden desligar los objeticos climáticos de las COP, de un cambio social radical orientado a la equidad. La justicia climática, antes que nada, debe ser justicia social.

En la COP27, los pueblos del mundo pueden reafirmar que no necesitamos “adaptarnos” al cambio climático. Esa adaptación es una falacia que tras 26 cumbres climáticas no arroja resultados positivos. Por el contrario, lo único comprobable es que los sistemas de producción siguen operando con energías sucias originadas en petróleo, gas, carbón, minerales, hidroelectricidad, etc, que implican la explotación ilimitada del planeta, de la gente y de los elementos más vitales y frágiles como el agua. Si las acciones contra el cambio climático siguen siendo voluntarias, no podemos esperar nada positivo.

NEGOCIANDO EL FUTURO DEL AGUA

Otra amenaza directa contra el agua que no debemos descuidar, es la creación del índice NQH2O para negociar futuros del agua en California, Estados Unidos. Este es otro paso alarmante que consolida negocios privados con el agua y eleva la disputa global y nacional por el control del agua entre corporaciones y gobiernos -muchas veces asociados- y los pueblos. Todas las formas de privatización atentan contra el dominio público del agua y su condición de derecho humano. Esta es una línea promovida por corporaciones privadas y también facilitada por entidades financieras como el Banco Mundial y hasta organizaciones no gubernamentales transfronterizas y sus referentes nacionales, con el pretexto de mejorar la “gobernanza” del agua.

Las disputas en los mercados del agua en California, Australia, Sudáfrica y muchos más países y regiones, permiten confirmar que el acceso al agua es una cuestión de riqueza y poder, frente a los derechos sociales y de la naturaleza. El agua privatizada en Chile está escribiendo un nuevo y brutal capítulo con la agroindustria del aguacate o palta, que en regiones como Petorca, al norte de Santiago, ha dejado innumerables ríos muertos, ecosistemas desaparecidos y sin agua a pueblos enteros. Los extensos monocultivos agroindustriales también acaparan el agua en otros países de Sur América, y hasta en países pequeños como Costa Rica, la agroindustria del monocultivo de piña dejó extensos territorios y pueblos sin bosques, sin agua, con agua envenenada y literalmente fumigados con tóxicos.

Esos, y todos los demás conflictos asociados con el agua, deberían discutirse y sobre todo ser materia de acuerdos y resoluciones vinculantes para los gobiernos que no hacen justicia con el agua y las corporaciones que la explotan. Por la urgencia de asegurar una agenda del agua verdaderamente inclusiva y democrática, es que la Conferencia del Agua de la ONU, que se realizará en marzo de 2023, podría tener una importancia relevante, pero, dado que los acuerdos de esa cumbre no serán vinculantes, es poco lo que podemos esperar. Es lo mismo que ocurre con las COP: los compromisos siguen siendo apenas voluntarios.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA COP27 en 2022?

Hasta ahora, tras 26 cumbres no hay evidencia de acciones efectivas, aunque sí, miles de escritos y discursos de diagnósticos científicos y políticos que aclaran sobre la catástrofe en curso. Si en la COP27 los gobiernos, las entidades de financiamiento y las corporaciones verdaderamente quisieran asumir compromisos reales para detener las causas estructurales que aceleran el cambio climático y la miseria, deberían obligarse a desafíos como:

  • Excluir de cualquier línea de financiamiento la explotación de agua para la industria hidroeléctrica, pues mientras ésta no se reconozca como energía sucia y contaminante, la tercera parte de los ríos del planeta que quedan libres, podrán ser represados o drenados.
  • Garantizar que las industrias energéticas y agroindustriales sean controladas y del todo excluidas de territorios vulnerables, y que respeten los derechos de los ecosistemas, de la gente, del agua y de los ríos. Europa, por ejemplo, no deja de hablar de “compromisos” pero se está “re-carbonizando” y pospuso el cierre de minas de carbón de 2030 hasta 2049.
  • Impedir que se legisle, facilite y justifique la explotación del agua para cualquier negocio privado de uso productivo como los monocultivos extensivos, o el megaturístico de los llamados “polos” de desarrollo, que en muchos casos conllevan al establecimiento de enclaves de inversión externa, o bien privados nacionales.
  • Asegurar que el agua y los servicios sociales derivados de ella sean reconocidos y operados efectivamente como un derecho humano. Esto implica que los Gobiernos y la institucionalidad internacional controlen y limiten cualquier negocio local, nacional o global, que no cumpla este requisito.
  • Es impostergable que el agua sea distribuida con equidad, solidaridad y entregada sin costo a la gente más pobre que no pueda pagarla. Todas las vías de privatización son peligrosas, pero en este momento merece cuidado especial la transacción de “futuros del agua”, se si bien se localiza geográficamente, es un negocio global que amenaza la totalidad de fuentes de agua del planeta.
  • Los usos prioritarios del agua deben iniciar con la protección de los ecosistemas, seguida del consumo humano, la producción para la seguridad alimentaria y otros usos de carácter colectivo y solidario.
  • Una urgencia prioritaria en todo el mundo es iniciar la eliminación del negocio del agua embotellada que no es más que una estafa que ha servido para privatizarla, y es, además, un foco de conflictos en los que los pueblos y los ecosistemas generalmente pierden ante los gobiernos y las empresas privadas.