En el marco del Día Internacional de la Vida Silvestre, es urgente alzar la voz sobre la devastación ambiental en Costa Rica. A pesar de su imagen de país verde y comprometido con la conservación, la realidad muestra un panorama alarmante de ecocidio y destrucción de hábitats esenciales para la biodiversidad. La deforestación, la expansión urbanística descontrolada, el monocultivo, la contaminación y la pesca industrial están acabando con ecosistemas fundamentales para la vida silvestre en tierra y mar.
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), responsable de la protección ambiental, ha fallado en su deber de resguardar estos espacios. En tierra, la tala ilegal y los proyectos inmobiliarios avanzan sin un control efectivo, destruyendo bosques y desplazando especies. En el mar, la sobrepesca, la pesca ilegal y la falta de regulación efectiva permiten que los ecosistemas marinos se degraden rápidamente, afectando especies clave para el equilibrio ecológico.
Entre estas especies, los tiburones destacan como vida silvestre amenazada. Sin embargo, en lugar de ser protegidos, Costa Rica es el quinto país que más exporta aletas de tiburón en el mundo. Esto es una contradicción inaceptable para una nación que se jacta de ser un líder ambiental. Proteger la vida silvestre significa reconocer que los océanos también son parte de nuestro patrimonio natural y que sin tiburones, los ecosistemas marinos colapsan. La conservación no puede ser solo un discurso: es hora de exigir acciones reales y contundentes.
El Día Mundial de la Vida Silvestre, celebrado cada 3 de marzo, fue proclamado en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha conmemora el aniversario de la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, en 1973.
Costa Rica es un país megadiverso, con una gran cantidad de especies animales y vegetales. Según datos del SINAC, el país alberga más de 8.500 especies de plantas, 220 especies de reptiles, 160 especies de anfibios, 205 especies de mamíferos y 850 especies de aves. Se estima que existen más de 360.000 especies de insectos, incluidos mariposas, abejones, hormigas y abejas.
No obstante, más de 200 especies de fauna se encuentran en peligro debido a la reducción de sus poblaciones, y 40 especies están registradas como en peligro de extinción. Entre estas se destacan la lapa roja, la lapa verde y el oso hormiguero gigante, cuyas poblaciones están seriamente amenazadas.
Es hora de que Costa Rica se comprometa de manera firme y efectiva con la protección de su rica biodiversidad y que su imagen como líder en conservación sea respaldada por acciones concretas y responsables.
Primero me ericé todo, cuando, como en tiempos de “guerra fría,” leí en las noticias que “EE. UU cancela visa de entrada a dos diputadas ticas por ser una amenaza a la ciberseguridad. -y después se agrega que- Marco Rubio, secretario de Estado, advirtió semanas atrás que sancionaría a funcionarios ticos que son considerados una amenaza para la ciberseguridad de su país”. (Cfr. Arrieta, Esteban. earrieta@larepublica.net/ 19 de febrero, 2025 06:42pm).
Mas luego, he de admitir que, me desternillé de la risa (casi hasta llegar a matarme de hilaridad), tras haber advertido que, las sancionadas por el señor Rubio fueron dos respetables señoras diputadas pertenecientes al partido político seguramente más liberal y amigo de los Estados Unidos que tiene Costa Rica, el Partido Liberal Progresista, cuyo fundador e inspirador principal es el actual diputado Eli Feinzaig.
Aquí, lo único que cabría imaginar absurdamente es a las dos señoras diputadas haciéndole el trabajo a la República Popular China para lograr insertar a la empresa de esa nacionalidad, Huawei, a fin de que ganara la asignación de frecuencias de “súper internet 5G”. Para convertir esa fábula en realidad, habría que saltarse con garrocha, primero, el hecho de que el gobierno de Rodrigo Chaves asumió el control de la “concesión de frecuencias”, y, segundo, habría que hacer caso omiso también a lo dicho por el señor Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo Directivo de la SUTEL, quien destacó “la transparencia del modelo de subasta”. (Cfr. Arrieta, E. “Concesión de Frecuencias de súper Internet 5G queda en manos del gobierno”. La República, miércoles 26 de febrero del 2025).
Aún más la información señala también que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (en adelante MICITT), continuará con el proceso de asignación del espectro y la formalización de los contratos de concesión, los cuales -sigue la información- tienen que ser validados por la Contraloría General de La República. Dos cositas más, se dice que “el proceso de asignación de frecuencias marca un hito en la modernización tecnológica del país” y que, el MICITT es el que dará el banderazo de salida para la implantación de la Red 5G, que impulsará la competitividad y expansión digital en Costa Rica. Cabe entonces preguntar ¿Cómo dos diputadas habrían podido conspirar junto con la empresa China de Huawei, hasta el punto de crear inseguridad cibernética a los Estados Unidos? ¿Será posible que el secretario de Estado de ese país se esté creyendo semejante fábula “conspiranoica”? ¿O será más bien que, estas dos diputadas del PLP resultaban incómodas a los intereses comerciales de empresas de los EE. UU con las que compite comercialmente la empresa China Huawei?
Recordemos que hoy Chaves se ha pasado de bando, ahora resulta que pretende restringir las relaciones con China, cuando en 21 de diciembre del 22, en una reunión de la Cámara de Comerciantes y empresarios China-Costa Rica, expresó su interés de incrementar la relación comercial de Costa Rica con este país. En aquel entonces dijo: “Yo creo que CR se ha beneficiado grandemente de esta relación…con el deseo profundo de que podamos revitalizar las relaciones entre China y CR, para que sigan siendo o se conviertan en un ancho puente que, cruzando el océano al otro lado del mundo, nos encuentre a ambos lados como aliados en generar prosperidad para nuestros pueblos.” (Cfr. Conferencia de prensa 21 de diciembre 2022.) Vistas las cosas desde esta perspectiva, pareciera que, el presidente costarricense, cambia radicalmente su posición, y aparece ahora tan interesado como el secretario de Estado de la potencia del norte, su nuevo socio comercial, en incrementar la relación comercial con Los Estados Unidos, para así estorbar las relaciones comerciales con China que otrora era de su grata incumbencia.
Acto segundo.
El primer acto tiene un corolario que torna el asunto de las visas todavía más peliagudo; el semanario Universidad, confirma junto a CRHoy que, los Estados Unidos suspenden la visa a la auditora general del ICE, Ana Sofía Machuca Flores, y a otros cinco funcionarios más. La señora auditora del ICE declaró a “El Financiero” que comparecerá ante la Asamblea Legislativa, para hablar sobre el decreto de ciberseguridad del gobierno que excluyó a Huawei de soluciones 5G en Costa Rica.
La auditora Machuca Flores en declaraciones al semanario Universidad, expresó que estas acciones intimidatorias por parte del gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios costarricenses deben ser del conocimiento de toda la ciudadanía. Lo importante es que estos hechos de revocatoria de una visa socaban y atentan contra la soberanía del país y la libertad de expresión. La señora auditora dijo además que, el país mediante su gobierno debería declarar un estado de alerta porque se están mancillando los intereses nacionales, ya que la Auditoría Interna del ICE ha liderado investigaciones dentro de la institución en torno a la tecnología 5G y expuso en una comparecencia anterior en la Asamblea Legislativa, los riesgos que enfrenta el ICE, por la gestión de las autoridades actuales del gobierno ante la institución en relación con el tema. La Auditora General ha buscado que el ICE pueda mantener y reforzar su competitividad en el desarrollo de la telefonía móvil de quinta generación (5G). Hoy los negocios del ICE están en riesgo -declaró- tanto como su soberanía administrativa y tecnológica. Antes se enfrentaron a presuntas anomalías de la empresa China Huawei, ahora, existen potenciales contratos que podrían haber incurrido en hechos con semejantes anomalías, relacionados con la tecnología 5G y otros de naturaleza tecnológica, en los que intervienen actores como Cisco y Nokia, afines más bien a los intereses estadounidenses.
Finalmente, es crucial entender que, desde mayo del 22, cuando Chaves llegó al poder, se comenzaron a producir una serie de decisiones de carácter político, regulatorias que han limitado la capacidad del ICE para desarrollar su red 5G, afectando los negocios de la institución. A raíz de ello la Auditoría ha investigado presuntas irregularidades de la Administración Superior de la institución en torno a posibles proyectos tecnológicos que podrían ser claves para el país. La Auditora interna concluyó sus declaraciones para Universidad afirmando que lo que hay aquí son conflictos de naturaleza geopolítica entre estas dos grandes potencias, que respaldan intereses privados de empresas de sus respectivos países, cuya estrategia deliberada es debilitar al operador estatal, apropiándose de los recursos y del mercado (Cfr, Rivero, Adrián. Semanario Universidad, 26 de febrero del 2025.)
Concluimos afirmando que, la restricción de las visas, no reflejan otra cosa que la voluntad de un imperio de cercenar la libertad de que han gozado los diputados y funcionarios en el desempeño de sus responsabilidades. Para ello han inventado la fábula del atentado contra la ciberseguridad de su país. En este sainete el secretario de Estado ha encontrado el compadrazgo del presidente de la República, quien en vez de “jaguar” parece más un camaleón, puesto que, como dice la canción, “cambia de colores según la ocasión….”
La diplomacia costarricense siempre ha sido reconocida por su independencia, su pragmatismo y su capacidad de diálogo con todas las potencias del mundo. En 1972 establecimos relaciones con la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, al mismo tiempo que seguimos teniendo excelentes relaciones con los Estados Unidos, siendo los primeros en Centroamérica en hacerlo, y eso no nos hizo comunistas como muchos decían, ni nos cerró las oportunidades con la potencia capitalista del norte. Sin embargo, bajo la administración de Rodrigo Chaves nuestra historia diplomática no importa, y por ello, esa tradición de soberanía y respeto internacional parece estar cediendo ante los intereses de Estados Unidos.
Las recientes declaraciones de Mauricio Claver-Carone, actual enviado especial del Departamento de Estado, dejan en claro el rol que el mandatario costarricense ha decidido asumir: el de un peón en la estrategia de Washington para frenar la influencia china en la región. Como si todavía viviésemos en Guerra Fría. Claver-Carone, un operador de la línea dura republicana, no escatimó elogios al calificar a su peón favorito en Centroamérica como un “gran aliado” de EE.UU. en la contención de China. Esta afirmación confirma lo que ya era evidente: el presidente costarricense ha alineado la política exterior del país con los intereses de Washington, sin considerar las consecuencias económicas, comerciales y diplomáticas que ello implica.
El servilismo de Chaves quedó en evidencia en agosto de 2023, cuando su gobierno emitió un reglamento que excluye a empresas chinas, como Huawei, del desarrollo de la tecnología 5G en Costa Rica, utilizando como pretexto el Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest. Esta decisión, que la misma diputada Johanna Obando ha denunciado públicamente, y que le ha costado amenazas, como bien lo ha dicho, lejos de responder a criterios técnicos o de seguridad, es un acto deliberado de alineamiento geopolítico con la estrategia de EE.UU., que busca excluir a China de sectores estratégicos en América Latina. ¿Qué vela tiene un país como Costa Rica en ese conflicto? Es un absurdo de proporciones históricas.
La medida fue un mensaje claro a Beijing, con quien Costa Rica mantiene una relación comercial estratégica desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas en 2007 y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2011. Tanto así, que el gigante asiático es nuestro segundo socio comercial. Desde entonces, La República Popular China se ha consolidado como uno de los principales socios del país, con inversiones clave en infraestructura, comercio y cooperación tecnológica, aportando positivamente al desarrollo nacional sin imponer condiciones. Algo que dicho sea de paso, sí hacen los Estados Unidos y para nadie es un secreto. Sin embargo, para Chaves, esta relación parece ser menos importante que su afán por congraciarse con Washington. ¿A qué le teme el señor Chaves, que tiene tanto afán en obedecer sin chistar, pasando por encima a los propios intereses de Costa Rica? ¿Será que no ha entendido que la Guerra Fría se acabó hace 34 años y el mundo cambió?
Costa Rica ha construido su reputación internacional sobre la base de una política exterior equilibrada, basada en el respeto al multilateralismo y la cooperación con distintos actores, independientemente de su ideología. Ser un “gran aliado” de EE.UU. no es el problema; el problema es ser un aliado sin autonomía ni criterio propio. La estrategia de Chaves de enfrentarse a China no responde a los intereses de Costa Rica, sino a las presiones de Washington, que ve en América Latina un campo de batalla geopolítico.
Este alineamiento ciego no solo pone en riesgo las relaciones comerciales y diplomáticas con China en un momento histórico clave, sino que también socava la credibilidad internacional de Costa Rica como un país que históricamente ha actuado con independencia y neutralidad en disputas ajenas. La política exterior no puede ser dictada por agendas extranjeras, sino por el bienestar y el desarrollo del país como prioridad por encima de otro tipo de consideraciones. Rodrigo Chaves, como buen aprendiz de algunos políticos añejos occidentales, en su afán de buscar protagonismo internacional, ha decidido subordinar a Costa Rica a los intereses de EE.UU. en su conflicto con China. La pregunta es: ¿cuál será el costo que tendremos que pagar por semejante acto de sumisión y torpeza geopolítica?
Por: Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Cada 10 de diciembre se celebra internacionalmente el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En estos días, de cara a esta importante celebración en todo el mundo, el tema posee una relevancia particular en este 2024 en el que se observa, en Centroamérica como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan.
El 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en este año 2024, al conmemorarse exactamente 30 años del asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes.
La única entidad que consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos cuatro ecologistas asesinados fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la suscripción de una multitud de tratados y sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos. Al respecto, este 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «), precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la poca difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 1).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ve reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado. En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principla interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, y llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído. En el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes períodicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados en un informe oficial, o situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. En el caso de los segundos, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De algunos lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informedel Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 2) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero muy recientemente una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informede la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que de cara a este próximo 10 de diciembre, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzarán la vez para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad. Una situación agravada hoy por una narrativa de algunos decisores políticos tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023, así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, hechas en diciembre del 2023 (véase observaciones). En el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 17 Estados (el último en haberlo hecho siendo Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 17 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas fichas (Nota 3).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 10 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre del 2024, en particular en estos días en los que se conmemoraron 30 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamende la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 4) por lo ocurrido hace 30 años en la capital costarricense.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas», DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país», Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 3: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (punto 202) que: «… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación».
Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nicolas Boeglin Naumovic Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, UCR
En este programa de Alternativas se reunieron a diversos actores sociales, académicos y ciudadanos comprometidos para conversar sobre la realidad de Costa Rica y proponer soluciones a los problemas más urgentes que enfrenta el país. Está organizado por el colectivo «Reflexión, Acción y Alternativas», que ha estado activo desde el 2020. Este grupo busca crear un espacio de diálogo y reflexión crítica que permita plantear propuestas que ayuden a construir una Costa Rica más inclusiva y democrática.
En el programa participan destacados miembros de la sociedad civil, cada uno con un perfil y experiencia distintos. Algunos de los panelistas mencionados incluyen a educadores, exfuncionarios del sistema judicial, activistas sociales y académicos, quienes aportan sus conocimientos y vivencias sobre temas de interés nacional. En esta ocasión el programa trato tema como:
Educación: Hay una preocupación generalizada sobre el estado de la educación pública en Costa Rica, los recortes presupuestarios y la falta de claridad en las políticas educativas actuales. Los panelistas coinciden en que la educación es fundamental para el desarrollo social y económico, por lo que insisten en la necesidad de invertir adecuadamente y mejorar la calidad del sistema educativo.
Seguridad y violencia: La violencia y el narcotráfico se reconocen como problemas graves que afectan la estabilidad social. Los panelistas exploran cómo estas problemáticas impactan a diferentes sectores de la sociedad y consideran urgente encontrar soluciones desde un enfoque integral.
Desigualdad y pobreza: Se menciona la necesidad de diseñar políticas públicas que aborden esta problemática y que permitan a todos los ciudadanos acceder a una vida digna. Los panelistas consideran que es fundamental que el Estado asuma un papel activo en la reducción de la pobreza y en la creación de oportunidades para los sectores más vulnerables.
Protección ambiental: Reconociendo la riqueza natural de Costa Rica, los panelistas subrayan la importancia de conservar el medio ambiente y de implementar políticas sostenibles. Esto incluye garantizar el acceso al agua, proteger los recursos naturales y fomentar el desarrollo de energías limpias.
Democracia e institucionalidad: Los panelistas ven con preocupación la erosión de las instituciones democráticas y la creciente polarización social. Consideran que es necesario reforzar la transparencia y la rendición de cuentas para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Participación ciudadana: Insisten en que no basta con votar cada cuatro años, sino que se necesita una ciudadanía comprometida que participe activamente en la toma de decisiones. En este sentido, el programa busca motivar a los ciudadanos a involucrarse y a expresar sus opiniones en los distintos espacios de diálogo que ofrece la sociedad.
El 4 de noviembre de 2024 se realizó una audiencia crucial en el Tribunal Contencioso Administrativo sobre el caso que podría definir el futuro de las playas Cabuyal, Balsal y Carbonal, en Guanacaste. En este proceso legal, la Asociación para el Rescate de la Zona Marítimo Terrestre se enfrenta a la batalla más importante de su lucha por la restitución de la propiedad pública que ha sido ilegalmente privatizada.
En 2004 y 2005, una familia influyente vinculada al Partido Liberación Nacional (PLN) logró, con el apoyo del Consejo Municipal de Nicoya, aprobar planes para privatizar estas emblemáticas playas, que históricamente han sido consideradas parte del patrimonio público del Estado costarricense. A través de maniobras legales cuestionables, se logró que 69 hectáreas de las playas Cabuyal, Balsal y Carbonal pasaran a manos privadas, lo que representa una grave violación a la Ley de Zona Marítimo Terrestre.
Lo que parecía ser un atropello a la legalidad se concretó al registrar estas playas como propiedad privada, excluyendo a los ciudadanos y limitando el acceso público a estos ecosistemas esenciales, que son patrimonio no solo de Costa Rica, sino del mundo entero.
A lo largo de los años, la Asociación para el Rescate de la Zona Marítimo Terrestre ha luchado incansablemente por revertir este proceso. Tras una demanda interpuesta en 2015, la asociación ha trabajado en la defensa del acceso público a las playas y la preservación de su estatus como parte del dominio público. Ahora, en este crucial momento, el 4 de noviembre, se realizó la audiencia que podría ser determinante para recuperar lo que históricamente pertenece a todos los costarricenses.
¡Tu presencia es fundamental!
Es crucial que el pueblo costarricense se una a esta causa. La audiencia del 4 de noviembre no solo es un evento legal, sino también una muestra de la defensa del derecho al acceso público a las playas y al respeto por el medio ambiente. El futuro de nuestras playas está en juego, y la decisión que se tome podría sentar un precedente para la protección de las zonas marítimo-terrestres en todo el país.
Se hace un llamado a toda la ciudadanía, organizaciones sociales, ambientalistas, y a todos aquellos que valoran la justicia y el patrimonio natural de Costa Rica a estar pendientes del proceso en ell Tribunal Contencioso Administrativo para respaldar esta lucha histórica por la restitución de nuestras playas al pueblo costarricense.
¡No dejemos que la privatización de nuestras playas sea el futuro de Costa Rica! La lucha por la playa Cabuyal es la lucha por el acceso a la naturaleza para todos.
El jueves 7 de noviembre se realizará el foro: “75 años de democracia constitucional en Costa Rica”.
Esta actividad se desarrollará en el auditorio del Consejo Nacional de Rectores a las 10:00 am. Contará con la participación de: la Sra. Josette Altmann-Borbón, ex secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); el Sr. Oscar Aguilar Bulgarelli quién es historiador; la Sra. Gloria Navas Montero, actual diputada de la república, ex jueza laboral y penal y ex fiscala del Ministerio Público; y el Sr. Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista.
El foro será moderado por el Sr. Marvin Carvajal Pérez, quien es doctor en Derecho Constitucional y docente asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
En nuestro anterior artículo en SURCOS Digital (La paradójica popularidad de Rodrigo Chaves. Parte I), arribamos a dos conclusiones. La primera, que la frustración, el hartazgo y el resentimiento con los partidos políticos tradicionales fueron hábilmente usados y manipulados por el chavismo para ganar por abrumadora mayoría la segunda ronda electoral en abril de 2022.
Lo que no es tan sencillo de explicar es cómo el apoyo a Chaves se mantiene en un 50 – 55% dos años y medio después de su elección; en medio de la peor crisis de inseguridad en muchas décadas, de un marcado deterioro de la educación pública (más allá incluso del “apagón educativo”), de una profunda crisis de gestión en la Caja con lamentables consecuencias para los asegurados, de una política explícita de reducción de la inversión social y de escasos logros que mostrar al país en otras áreas (y cuando los hay, son muchas veces herencia de gobiernos anteriores).
Además, Chaves no sólo ha mantenido su popular discurso “anti casta” frente a los partidos políticos tradicionales (a lo Milei), sino que, jugando en el filo de la navaja, también lo ha extendido hacia las instituciones básicas de la democracia liberal costarricense: la Asamblea Legislativa (lo que no es nada difícil), el Poder Judicial (incluida la Fiscalía, la Corte Plena y la Sala IV) y la Contraloría General de la República. Durante este tiempo lo hemos visto convertirse en un pretendido representante antisistema que sin disimulo clama por un poder absoluto para “cambiarlo todo”, incluida la Constitución Política (a lo Bukele); aspirando a unificar los distintos poderes del Estado bajo su égida, es decir, la puerta al autoritarismo.
Una explicación usual para este fenómeno es que Chaves es un populista que ha sabido manipular muy bien a población con cantos de sirena (porque lo hechos no se ven). Pero esta respuesta deberíamos afinarla.
La otra conclusión de nuestro texto anterior es que también Chaves usa y manipula un síndrome social que nos aqueja. Lo llamamos (siguiendo al psicólogo estadounidense L. Festinger) “síndrome de disonancia cognitiva”. ¿En qué consiste?
La disonancia cognitiva (o simplemente desarmonía mental) es un término en psicología que describe la tensión interna, el malestar y el dolor (incluso físico) que una persona siente cuando enfrenta una discrepancia entre sus creencias más arraigadas y sus experiencias reales. En este caso, entre sus simpatías hacia Chaves y la observación de que “las cosas no van tan bien”. Pero lo más importante para tener en cuenta, es cómo usualmente se intenta solucionar esa discrepancia (disonancia) y cómo Chaves sabe alimentar esa salida para mantener popularidad entre la mitad de la población.
Por ejemplo, si alguien cree firmemente en la importancia de cuidar el medio ambiente, pero usa productos que dañan el entorno, esa persona puede experimentar disonancia cognitiva. Esta tensión puede llevar a i) que la persona cambie sus creencias sobre la importancia de proteger el ambiente, ii) que justifique sus acciones con autoengaños, iii) que modifique su comportamiento para hacerlo congruente con sus creencias. El problema es que muy a menudo nos inclinamos por la opción ii), esto es, tendemos a justificar nuestras acciones, al grado de autoengañarnos de manera sistemática.
Y si esa disonancia (desarmonía entre lo que creo y lo que veo) es colectiva, el grupo de seguidores seguramente actuará al unísono reforzando colectivamente la forma elegida de enfrentar la tensión (por la negación o el autoengaño).
Pues bien, para alargar y consolidar su romance con la mitad de los costarricenses (aunque en este grupo hay al menos dos segmentos por diferenciar), el chavismo está intentando que esta mitad de la población auto justifique las disonancias entre, por un lado, el comportamiento estridente del presidente, sus escasos logros, sus pésimos resultados en educación, seguridad y salud, los casos recientes de presunta corrupción y, por otro, sus arraigadas creencias en “la democracia, el trabajo y la paz”.
¿Cómo está logrando Chaves estimular este fenómeno masivo de auto engaño? Muy sencillo: haciendo creer a la población que lo respalda de que él es el mejor presidente en muchos años. En el artículo anterior ya habíamos repasado algunos métodos para lograr este resultado: los males acumulados son de varias décadas, sus intenciones son las mejores, su lucha contra la corrupción y los privilegios es sincera, su valentía es notoria, pero, “no lo están dejando trabajar”. Festinger llama a estos métodos “pensamientos consonantes”. Pero también Chaves recurre constantemente a artilugios como i) trivializar o reducir la importancia de sus incoherencias (en el campo de la corrupción, por ejemplo), ii) ignorar, eliminar o deslegitimar toda información disonante que ponga en entredicho o debilite su gestión y popularidad (“prensa canalla”, “¿cuál es el problema, si se están matando entre ellos?”), iii) hacer de cada visita a las comunidades una “plaza pública”.
Esta forma de actuar del presidente, de su diputada estrella, de sus simpatizantes más “duros” y de su pequeño pero bullicioso ejército de troles se irá acentuando conforme pierdan el protagonismo mediático y, por tanto, el poder de manipular la “agenda “nacional”. El caso de la “póliza para delinquir” parece estar marcando un punto de inflexión.
¿Qué hacer? Poner insistentemente el dedo en la llaga. Por la boca muere el pez
La respuesta a esta pregunta crucial debe partir de diferenciar el núcleo duro de apoyo a Chaves (cerca de un 20% y frente al cual es poco lo que por ahora puede hacerse) y ese 30%-35% de personas que sienten atracción por su estilo grosero y vulgar (seguramente lo ven como “franco”) y confrontativo (seguramente lo ven como “valiente”), y al cual hay que dirigirse prioritariamente, pues ya están empezando a dudar de la bondad de sus políticas y francamente también tienen pocas esperanzas en soluciones prontas. La “tierra prometida” (su nuevo delirio de grandeza al compararse con el Moisés bíblico) se está desvaneciendo con rapidez, como lo demuestra la reacción negativa de la gran mayoría de las intervenciones en redes sobre la “infeliz y nefasta póliza”.
La crítica a Chaves y al chavismo, que no debe cesar y que hay que afinar, debe poseer al menos tres atributos.
i) Debe ser respetuosa con el sector de población que Chaves ha engañado vilmente,
ii) Debe confrontar constantemente sus alardes y sus promesas con la contundente y necia realidad, siempre que esta indique lo contario (no dejar de poner el dedo en la llaga),
iii) No debemos repetir “Chaves dijo …”, sino ponerlo a hablar a él y a su diputada estrella, para acto seguido mostrar la mentira, la incoherencia, la soberbia, la vulgaridad, la desfachatez, etc. (por la boca muere el pez).
Chaves levantó su popularidad con promesas de lucha contra la corrupción, contra la hipocresía, contra la doble moral, contra los privilegios, contra la impunidad, contra el alto costo de la vida, contra la mala administración de los recursos públicos … A favor de la señora de Purral, de los sectores más vulnerables, de una gestión estatal eficiente y transparente ….
No es para nada difícil comparar estas y otras de sus promesas con sus actos y sus acciones de gobierno, y veremos como en la mayoría queda debiendo. Hay que hacerlo una y otra vez, con “malicia indígena” y con inteligencia.
Pero con los sectores más abiertos al diálogo y al veredicto de los hechos, podemos y debemos ir más lejos. Hay que mostrarles que:
– La crisis de la Caja no es sólo impericia, es estrategia. Corresponde a una visión de la salud como “medicina mixta” (a lo Chile), en la cual la empresa privada asume un rol fundamental.
– La crisis en la educación no es sólo impericia, es estrategia. Corresponde a una visión en la cual la educación básica debe ser simple instrucción, la educación superior debe ser autofinanciada en su mayor parte y toda la educación debe estar conforme con el mercado.
– La crisis abierta con los otros poderes del Estado no es impericia, es estrategia. Busca desacreditar al máximo las instituciones democráticas (que ciertamente están debiendo) y aparecer él, nuevamente, como el Moisés de Costa Rica.
– La terrible crisis de inseguridad no es sólo impericia. ¿Es estrategia? Lamentablemente hay algunos indicios en esta dirección.
Sigamos poniendo insistentemente el dedo en la llaga y evitemos las distracciones que tanto favorecen a Chaves (para eso las crea).
Una de las conclusiones a las que llegaron las expertas es que Costa Rica necesita una educación primaria fortalecida y comprometida con los valores fundamentales de inclusión, innovación y equidad, aspectos que son claves para el desarrollo sostenible del país y la formación integral de sus ciudadanos. Foto Laura Rodríguez, UCR.
Un grupo de especialistas analiza y expone sus ideas sobre la situación de la formación que se brinda en las escuelas públicas del país, y proponen aspectos que se pueden mejorar para aumentar la calidad académica.
La educación primaria en Costa Rica se enfrenta a desafíos que demandan innovación, compromiso y estrategias colaborativas entre docentes, instituciones y el Estado.
La calidad de la enseñanza en los niveles básicos es clave para el desarrollo integral de las y los niños, y la preparación de los docentes juega un papel central en este proceso.
Ante la situación actual de la educación primaria, resulta fundamental poder identificar los obstáculos que enfrenta y las iniciativas que buscan mejorarla.
“Nos enfrentamos a profundas transformaciones sociales, donde la escuela primaria tiene un papel protagónico en la construcción de una sociedad más justa y equitativa”, señaló la académica; sin embargo, cumplir con este objetivo no es sencillo, pues existen una serie de obstáculos que se deben sobrepasar.
Entre esos retos Cascante mencionó los siguientes:
Inclusión y la equidad educativa: Garantizar que todos los niños, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad.
Innovación pedagógica y uso de la tecnología: Adaptar las metodologías para incorporar herramientas digitales y preparar a los estudiantes para un entorno globalizado.
Apoyo emocional y bienestar estudiantil: Los docentes se enfrentan a situaciones como el acoso escolar, a las que les tienen que hacer frente de una manera integral, y a la vez promover el bienestar mental de los alumnos.
El papel del Estado y la educación superior
La Constitución Política de Costa Rica garantiza la educación primaria gratuita y obligatoria. A partir de ahí, la Dra. Magda Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación de la UCR, recuerda que “desde las décadas de 1960 y 1970, el país ha impulsado reformas educativas para mejorar la cobertura y la calidad”. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas demandas, como la necesidad de modernizar el currículo y abordar las brechas de desigualdad.
“Es responsabilidad del Estado no solo mantener la gratuidad, sino garantizar la infraestructura, los recursos y el personal capacitado para lograr una educación inclusiva”, enfatizó la Decana.
No se debe olvidar que la UCR ha sido un socio estratégico del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la implementación de políticas educativas, agregó Sandí, y en la formación de maestros a través de programas académicos, investigación y acción social.
Docentes como agentes de transformación social
El docente de primaria no solo enseña conocimientos académicos, es un formador integral que inculca valores y hábitos de convivencia. Así lo dijo la Dra. Jessica Araya Ramírez, coordinadora de la Sección de Educación Primaria de la Facultad de Educación, quien destacó el proyecto ED 3057: Actualización Permanente para Docentes, como una iniciativa que ofrece capacitaciones continuas en áreas claves como la comprensión lectora, las matemáticas, y la gestión emocional en las aulas.
“Asimismo, la UCR cuenta con la estrategia denominada Puentes para la Educación, la cual busca paliar las crisis en lectoescritura y matemáticas, pero también atender el bienestar emocional y reducir el bullying”, indicó Araya.
La inclusión educativa es uno de los retos que enfrenta el sistema educativo primario en el país, y superarlo significa democratizar las oportunidades de desarrollo profesional para las nuevas generaciones. Foto Laura Rodríguez, UCR.
La importancia de los docentes como investigadores de su propia práctica también es fundamental, advirtió Araya, pues “el maestro puede investigar desde su aula, observando patrones y evaluando estrategias que mejoren el aprendizaje”, explicó.
La evaluación y mejora continua: claves para el progreso
Por otra parte, la evaluación es un pilar esencial en la mejora educativa, según la Dra. Pelusa Orellana García, directora de investigación en la Universidad de los Andes, en Chile. Orellana afirmó seguidamente que “lo que no se mide no se puede mejorar”.
Según esta experta, la evaluación permite identificar las áreas donde los estudiantes necesitan más apoyo. La comprensión lectora es un ejemplo de ello, pues los niños que desarrollan habilidades lectoras tempranamente tienen mayores posibilidades de éxito académico y profesional.
“Los estudios demuestran que quienes poseen habilidades avanzadas de lectura ganan hasta un 40 % más en su vida laboral, que quienes tienen dificultades en esta área”, destacó Orellana. Por esta razón, resulta crucial fomentar un vocabulario amplio y habilidades de lectura desde edades tempranas.
La innovación curricular y el futuro de la educación en Costa Rica
Y es que el sistema educativo costarricense debe adaptarse a las demandas cambiantes del entorno global, pues según comentó la Dra. Magda Sandí, la integración de la tecnología y la enseñanza de competencias como la inteligencia artificial son pasos fundamentales.
“El objetivo es preparar a los estudiantes no solo en contenidos, sino también en pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas”, apuntó Sandí.
A través de los más de 80 años de historia, la Facultad de Educación de la UCR ha trabajado en la innovación curricular para formar docentes que puedan enfrentar estos desafíos. Además, la carrera de Educación Primaria ha sido reacreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), garantizando altos estándares en la formación de maestros. A esto se unen los proyectos de acción social, los cuales acercan a los futuros docentes a comunidades vulnerables y territorios originarios, fomentando una educación inclusiva.
¿Le espera un futuro prometedor a la educación nacional?
El compromiso de Costa Rica con la educación se refleja en la agenda nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La educación primaria sigue siendo la base para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, y el camino hacia una educación de calidad implica seguir fortaleciendo la formación docente, aumentar la investigación educativa, y garantizar el acceso igualitario a la educación en todo el país.
Como concluye la Dra. Nora Cascante, “los maestros son constructores del futuro; tienen la responsabilidad de despertar la curiosidad intelectual y cultivar mentes que aspiren a transformar la sociedad”.
Si Costa Rica logra seguir adaptándose a los cambios globales y fortaleciendo sus sistemas educativos, podrá enfrentar con éxito los retos del siglo XXI y asegurar un mejor futuro para sus niñas y niños.
Estas especialistas expusieron los puntos de vista citados durante la realización del IV Congreso de Educación Primaria 2024, que se realizó en las instalaciones de la Facultad de Educación.
Otto Salas Murillo Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
En el programa 5 Minutos o Menos se aborda en pocos minutos temas relevantes de la actualidad nacional, la cultura, el deporte y otros aspectos de la vida cotidiana. Conducido por Martín Rodríguez Espinoza, este espacio tiene un enfoque crítico sobre temas polémicos que afectan al país.
En este episodio titulado Narco Estado y la guerra entre corruptos, con la embajada de EE.UU. como invitada, el presentador analiza los vínculos históricos y actuales entre el narcotráfico y la política en Costa Rica, así como la influencia de EE.UU. en estos asuntos. Se discute la postura del actual presidente Rodrigo Chaves y su relación con actores nacionales e internacionales, y se exploran las repercusiones de estas conexiones en la política y la soberanía del país. Además, se menciona el papel controversial de figuras y agencias norteamericanas en la historia del narcotráfico en Centroamérica, respaldado por investigaciones académicas y casos de corrupción bancarios recientes en EE.UU.
Este episodio busca generar reflexión sobre las complejidades del narcotráfico y la lucha de poder dentro y fuera del país. Para ver este episodio completo y seguir cada análisis de Martín Rodríguez Espinoza, visite el enlace al programa en YouTube:
