El pronunciamiento también indica que en Costa Rica aproximadamente de 2 000 a 3 200 costarricenses están vinculados directamente con el sector, y junto con sus familias conforman alrededor de 10 000 a 16 000 costarricenses que se ven perjudicados ante cualquier afectación en esta área.
“Un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense», así califica el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR al estudio de Incopesca que aumenta de 34 a 234 las especies susceptibles de explotación comercial. La Universidad de Costa Rica rechazó el nuevo estudio sobre pesca de arrastre hecho por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, denominado «Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024″ en relación con la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas de Costa Rica.
La lista fue publicada el pasado 28 de abril en el Diario Oficial La Gaceta, e incluye flora y fauna proveniente de diversos grupos, tales como: peces, crustáceos, macro algas, micro algas, zooplancton, cnidarios, equinodermos, esponjas, anélidos, reptiles, anfibios y moluscos. Para la UCR, esa nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense. “Dicho estudio carece de la rigurosidad científica para determinar la viabilidad de este tipo de pesca en el país” y se señala al Gobierno de la República la importancia de que los nuevos estudios que se realicen sobre la pesca de arrastre se elaboren con la rigurosidad científica correspondiente.
Del mismo modo, el pronunciamiento de la UCR señala que diferentes instancias especializadas de las universidades públicas del país han brindado criterios en torno a esta seria de problemáticas:
El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR (Cimar), mediante el oficio CIMAR-159-2023, del 13 de abril de 2023.
La Escuela de Biología de la UCR, por medio del oficio EB-419-2023, del 14 de abril de 2023, manifestó su apoyo total al criterio del Cimar.
La Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, mediante el oficio FCS-269-2023, del 14 de abril de 2023, envío el criterio del DEA. Pascal Oliver Girot Pignot, director de la Escuela de Geografía.
El pasado 8 de mayo de 2023, las personas directoras de las siguientes unidades académicas: Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, Escuela de Biología del Instituto Tecnológico, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, así como la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad Técnica Nacional y el director de la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la UTN, se pronunciaron y aseguraron que “No todas las unidades académicas, aquí representadas, recibieron una solicitud oficial del Incopesca sobre la información requerida”.
Además, la UCR también señala que el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°14 de la Agenda 2030, establece la necesidad de proteger la vida submarina, debido a su rol fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. No obstante, este se ha visto limitado por la gran cantidad de contaminación y la sobreexplotación de la población marina, la cual afecta a los medios de vida de más de 3 000 millones de personas en el mundo, las cuales dependen de la biodiversidad marina.
Varios expertos del campo de la comunicación se reunieron en el Simposio Libertad de Expresión y Estado de Derecho para analizar los principales desafíos del país en esta materia.
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
En Costa Rica circulan, por medio de las redes sociales, una gran cantidad de noticias y de contenido falso que propician la desinformación y confusión de la ciudadanía en momentos clave para el fortalecimiento de la democracia. Aunado a ello, persiste un modelo de concentración mediática, el cual restringe las posibilidades de tener una pluralidad de voces en los medios tradicionales.
Estos hechos son considerados por los expertos en comunicación de la Universidad de Costa Rica como parte de los principales desafíos de la libertad de expresión y del Estado social de derecho en nuestro país.
A dichos retos se suman una legislación obsoleta en materia de radiodifusión, la concentración de medios de comunicación en la provincia de San José, la presencia de pocas empresas en el manejo de la televisión por suscripción y la propagación contenido engañoso en redes sociales durante los procesos electorales.
Todos estos y otros dilemas fueron analizados por la Dra. Carolina Carazo Barrantes, el M. Sc. Óscar Jiménez Alvarado y Gustavo Román Jacobo, en el marco del Simposio Libertad de Expresión y Estado de Derecho, organizado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), de la Universidad de Costa Rica.
Como parte de esta discusión se constató que el país debe seguir trabajando para erradicar los obstáculos que le impiden avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, y de una democracia más sólida.
Concentración mediática y convergencia como parte de los desafíos del ecosistema mediático costarricense
Durante su disertación, el M. Sc. Óscar Jiménez Alvarado realizó un análisis sobre el ecosistema mediático costarricense
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
Según el M. Sc. Óscar Jiménez Alvarado, el ecosistema mediático de Costa Rica se encuentra en un estado de transformación, en el cual nuevos medios como las plataformas digitales y las redes sociales se han integrado a la estructura, pero no han sustituido a los medios tradicionales.
Desde su perspectiva, este proceso de transformación no ha finalizado. Es así como el modelo de comunicación nacional sigue siendo dominado por medios tradicionales, y a la cabeza de ellos se encuentra la televisión.
Se estima que en Costa Rica la televisión llega al 90 % de los hogares costarricenses diariamente. En contraposición, datos del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) confirman que solo el 31 % de los ticos están suscritos a la plataforma digital de pago Netflix. De ese porcentaje, el 80 % de las personas son del Valle Central. Este es tan solo un ejemplo de las inequidades en cuanto al consumo de medios tradicionales y acceso a nuevos medios.
La televisión también destaca como el medio más privilegiado, en materia de inversión publicitaria. Se estima que esta se lleva un 50 % de la pauta mediática en Costa Rica.
Ante este escenario en el cual los medios tradicionales siguen liderando, Jiménez explicó que es necesario analizar con detalle la configuración del esquema mediático costarricense, en el que sobresalen la concentración y la convergencia.
En su opinión, estas dos características del mercado impiden que exista una mayor pluralidad de voces y participación de otros actores en los medios de comunicación costarricenses, tales como organizaciones sin fines de lucro, medios regionales o comunales y minorías.
Además, aseguró que un ejemplo claro de estos fenómenos es el caso de la radiodifusión, campo en el cual la legislación es obsoleta, favorece la concentración de las frecuencias en manos de pocas empresas y no reserva espacio para medios de uso social.
“Persiste una desregulación en el ámbito normativo de la radiodifusión, seguimos estando regulados por una legislación de 1954, que es omisa y presenta muchos vacíos debido al reformismo neoliberal que se aplicó en toda la década de 1990 y principios del siglo 21, quedó desactualizada y no promueve la participación de sectores excluidos”, afirmó Jiménez.
Por otra parte, el investigador del Cicom manifestó que la concentración de medios de comunicación en la provincia de San José, así como la presencia de pocas empresas proveedoras de los servicios de televisión por suscripción, también son parte de los desafíos actuales en materia de libertad de expresión.
“San José concentra el 57 % de los medios del país, y alrededor de 25 cantones no tienen ningún medio de comunicación. Ese desafío en lo territorial también empata con el desafío del pluralismo, en el tanto hay cantones en donde no existe la posibilidad de que la ciudadanía o los grupos organizados puedan comunicar, al menos en el ámbito territorial más cercano, ideas, mensajes o contenidos que para ellos sean importantes o de interés para la comunidad”, expresó Jiménez.
En este sentido, el analista explicó que los contratos de concesión de frecuencias de televisión abierta están a punto de vencer, por lo que este escenario se convierte en una oportunidad para que el poder ejecutivo pueda democratizar el espectro e incluir a otros actores sociales que han sido excluidos del actual ecosistema mediático.
Jiménez señaló que otro dilema por el que atraviesa la libertad de expresión radica en la actual pugna que existe entre sectores económicos de la comunicación y algunos medios digitales, la cual enrarece el debate político.
“Recientemente hemos visto como algunos medios digitales están alineados con posiciones del Gobierno de ataque a medios empresariales. Creo que esa pugna no enriquece el debate público, más bien desvía a los medios y a los periodistas de lo que deberían estar haciendo, que es un control político más fuerte contra las autoridades de Gobierno y legislativas”, expresó Jiménez.
En conclusión, el analista propone que es necesario seguir defendiendo los principios de la libertad de expresión y de acceso a la información, por medio del diálogo y la democracia. Para ello, es urgente una serie de reformas normativas, que tengan como norte la visión democrática y de bien común.
Desinformación en las redes sociales y discursos de odio contra los medios
Por su parte, la Dra. Carolina Carazo se refirió a diferentes estudios realizados por el Centro de Investigación en Comunicación, que abordan el tema de la desinformación en redes sociales durante el proceso electoral 2022.
La Dra. Carolina Carazo se refirió a diferentes estudios realizados por el CICOM respecto al contexto electoral y lo que sucede en la plataformas digitales
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
En el primero de ellos, se analizó la dinámica en cuanto a contenido desinformativo en tres redes sociales: Facebook, Telegram y Twitter, en el contexto electoral 2022. El estudio determinó que, durante el período electoral, circuló una gran cantidad de contenido desinformativo y que la mayor parte del contenido estuvo relacionado con temas como candidatos aspirantes a presidencia (Chaves y Figueres) y a diputados, la pandemia y otros aspectos relacionados con las elecciones en general.
El estudio también determinó que la mayor parte de contenidos desinformativos sobre los candidatos a presidencia fueron compartidos por medio de la plataforma de WhatsApp y que dichos contenidos se triplicaron en el contexto de la segunda ronda electoral.
Asimismo, la experta se refirió a que, en otra investigación del Cicom, se analizó la presencia de perfiles falsos (troles) en Twitter en el contexto electoral. Además, se logró sentar evidencia de que este es un fenómeno cada vez más común en la ecología mediática contemporánea.
Desde su perspectiva, existe una estrecha relación entre los troles y la desinformación, en el tanto estos perfiles falsos revelan intenciones de carácter político-ideológico para influir sobre otros usuarios, y más aún cuando la revelación de esas intenciones es afín al ejercicio remunerado.
Por otra parte, la investigadora explicó que en el Cicom también han estudiado la dinámica del contenido que se comparte en los grupos de la red social WhatsApp, como una plataforma que es de alto consumo en Costa Rica y en donde también destaca el fenómeno de compartir archivos y mensajes que corresponden con contenido desinformativo.
En dicho estudio se analizaron los contenidos de cuatro grupos de WhatsApp afines a un partido político, así como dos de índole ciudadano, en el contexto del período electoral 2022. Según Carazo, los resultados del estudio confirman que, de los casi 7 000 mensajes enviados, un 11 % correspondió a contenidos desinformativos.
Por último, la investigadora explicó que, como parte del trabajo que desarrolla el Observatorio de la Comunicación Digital de la UCR, se han encontrado datos que confirman discursos de odio contra los periodistas y el ejercicio de la Libertad de Expresión en Costa Rica.
En este sentido destacó que, entre el período 2021-2022, se detectaron alrededor de 937 mensajes y conversaciones en redes sociales, ligadas a discursos de odio y discriminación. Esto indica que tal tipo de contenido tuvo un incremento del 71 % en comparación con el período 2020-2021 en el que se detectaron un total de 538 000 mensajes.
Además, explicó que de 10 300 interacciones que se analizaron en el contexto de los debates presidenciales transmitidos en febrero del 2022 por Teletica y Repretel, seis de cada diez comentarios incluían violencia y ataques. A su vez, se confirmó que el tema de los periodistas y medios de comunicación fue el que más generó interacción con expresiones violentas.
En su opinión, todas estas investigaciones confirman que gran parte de los desafíos para la libertad de expresión en Costa Rica están relacionados con los discursos de odio contra los medios de comunicación y los periodistas, la reflexión sobre el papel que cumplen los grupos en plataformas como WhatsApp, en donde se dan dinámicas de cámaras de eco y burbujas; la desconfianza y el descrédito de los medios tradicionales; así como el fenómeno de contenido desinformativo y engañoso en redes sociales.
El simposio Libertad de Expresión y Estado de Derecho fue organizado por Proledi. Para ver las ponencias, puede ingresar a https://www.facebook.com/PROLEDI.
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
¿Qué se entiende por libertad de expresión?
Por su parte, el Dr. Gustavo Jacobo Román, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones y docente universitario, realizó un repaso histórico sobre las principales teorías y formas de comprender el término de libertad de expresión.
En primera instancia, el experto hizo alusión al concepto ateniense de Parresia, que es la idea de decirlo todo sin impedimento y con verdad. “Este es muy importante ya que es un concepto básico que asistía en el derecho del debate, en la polis, en la ciudad, y yo creo que ya ahí hay una primera lección: no es libertad de expresión, sino es derecho a una libertad de palabra, pero queda claro que en ese momento no hay polis sin palabra libre”, expresó Jacobo.
Luego se refirió al momento histórico que se dio en el siglo XVI con la aparición de la imprenta, el cual afirma es un hito de gran importancia, ya que fue la primera vez que se pudo hacer difusión masiva con esa tecnología, simultánea y sin necesidad de la copresencia de los seres humanos. En su opinión, se le puede categorizar como el primer medio de comunicación.
“Ahí hay otra lección y es lo consustancial que es a la Libertad de Expresión su variable tecnológica. Esto está estrechamente vinculado con las posibilidades del ejercicio material de la libertad de expresión”, dijo Jacobo.
Dr. Gustavo Jacobo Román hizo un repaso histórico por algunas concepciones clásicas del concepto de libertad de expresión
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
El experto también mencionó que muchas de las ideas sobre la libertad de expresión del filósofo británico John Stuart Mill, aún impactan y están muy presentes en el sentido común de las personas, así como en la jurisprudencia sobre libertad de expresión.
Desde su perspectiva, es importante señalar que Stuart circunscribió sus ideas a la realidad de Inglaterra, por lo que también persisten muchas interpretaciones equívocas sobre su escrito acerca de la libertad de expresión.
Además, afirmó que, a pesar de que Stuart tenía una ideología liberal, siempre tuvo una visión muy republicana a favor de la educación pública y la justicia social.
“Hay mucho de republicanismo en su pensamiento, hay una frase que para mí es básica de Mill en el siglo XIX, para entender las crisis de las democracias en el siglo XXI y que dice: ‘sin salarios dignos y alfabetización universal, ningún gobierno de opinión pública es posible’” dijo Jacobo. Por otra parte, el investigador explicó que para Mill la principal preocupación acerca del ejercicio de la libertad de expresión tenía que ver en cómo la supuesta tiranía de la opinión mayoritaria pudiese llevar a una uniformidad del pensamiento que atentara contra la individualidad; y que fue precisamente dicha preocupación lo que lo llevó a escribir algunas ideas contra la censura, en el marco del debate intelectual.
“Primero dice que toda verdad indiscutible presupone una inaceptable presunción de infalibilidad, que la verdad comúnmente aceptada puede ser errónea entonces debe ser discutida. Luego, dice que prohibir la expresión de un error suprime la posibilidad de su superación en el debate, además que impedir expresar un error, impide que en su confrontación se clarifique y robustezca la verdad con la que se enfrenta ese error. Él plantea que, si la verdad no está en combate, en lucha contra el error, constantemente, se convierte en un dogma muerto y heredado”, afirmó el experto.
En su opinión, el tema de que la confrontación de la verdad la hace ser más sólida fue una posición un poco ingenua de Mill, ya que la confrontación no es garantía de que prevalezca la verdad absoluta. En ese aspecto dio el ejemplo de cómo las tabacaleras lograron postergar por décadas la legislación, debido a que lograron pagar estudios y pagar en los medios para sembrar la duda de si existía o no la relación entre el cáncer de pulmón y el tabaquismo.
Asimismo, explicó que otra idea de Mill radica en que el hecho de enfrentar perspectivas ayuda colectivamente a acercarse a la verdad, es decir a una verdad como resultado de la conciliación de opuestos, que en su opinión está muy bien, pero que es la raíz filosófica de una trampa que es el equilibrio periodístico, de la equidistancia, de poner en debate dos partes para que la audiencia decida.
En resumen, Jacobo señaló que, para Mill, el mercado de ideas produce dos frutos: que se esclarezca la verdad y, segundo, que las personas crezcan en sus virtudes como ciudadanos. Además, agregó que Mill no entiende la libertad de expresión como ilimitada, que para este filósofo el límite sobre el ejercicio de la libertad de expresión está en el daño, un daño muy acotado.
“Cabe preguntarse si Mill, sabiendo lo que ocurre en la actualidad con los discursos de odio y la desinformación, hubiese recapacitado su postura sobre la censura, porque lo cierto es que la legislación internacional se ha movido en una línea más amplia en cuanto a las restricciones de la libertad de expresión que la de Mill. Ya el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa habla de abuso de la libertad de expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no, pero sí habla de un componente de la libertad de expresión, no solo de difundir, sino de recibir y de buscar información. Y el Pacto Internacional de Derechos Ciudadanos y Políticos de 1966 sí ya establece unas restricciones, con las que presumiblemente Mill no hubiera estado de acuerdo. En el artículo 19 dice que se puede limitar la libertad de expresión por respeto a los derechos y a la reputación de los demás, por resguardar la seguridad nacional, la moral y orden público, y luego el artículo 20 prohíbe toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio e incitación a la discriminación”, dijo Jacobo.
Asimismo, se refirió a que en la prueba de umbral del Plan de Acción de Rabat se establecen seis criterios para calibrar si un discurso califica o no como discurso de odio y así tener herramientas para proscribir legítimamente aquellos que sí lo sean.
Tras hacer este repaso histórico por algunas concepciones clásicas del concepto de libertad de expresión, el experto aseguró que han surgido otras visiones sobre los principales desafíos en esta materia. Entre estas destacó la poscensura digital, el rol de las plataformas en internet en la censura, la autocensura, la reflexión de si debe ponerse o no límites a la libertad de expresión para ponerle un freno a la desinformación y quiénes deben aplicar esos límites.
Por último, señaló que la verdadera discusión debe darse en cómo la desinformación y los discursos de odio lesionan la libertad de expresión, y no en torno a cuáles son límites legítimos que se le imponen a la libertad de expresión en el combate de la desinformación.
“Seguir pensando que las lesiones a la libertad de expresión son como antaño (solo las mordazas que impiden expresarse) es tan simple y erróneo como creer que la desinformación es (como lo era antes) solo la carencia de información, porque se impide el acceso a esta. Lo cierto es que, en la esfera pública digital, las amenazas a esta libertad y la desinformación son más sutiles, ya que están inhabilitadas jurídicamente las formas en las que antes sí se podían ejercer estas limitaciones (al censurar o negar información). La desinformación y las lesiones a la libertad de expresión hoy pueden operar exactamente en su sentido opuesto, absolutizándose hasta legitimar su abuso”, expresó Jacobo.
Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR
San José, 7 jun ( Prensa Latina) El mensaje de poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba por más de seis décadas fue mostrado en la cumbre del Cerro Chirripó, pico más alto de Costa Rica, informaron hoy organizaciones de solidaridad con la isla.
Alto al bloqueo contra Cuba tenía impresa una bandera que portaba Javier Méndez, militante del Comité del Partido Vanguardia Popular (PVP), hecho que publica además en esta jornada el periódico Libertad, órgano de esa alineación política.
Ubicado a tres mil 821 metros sobre el nivel del mar, el ascenso al Cerro Chirripó conlleva a una preparación física y según especialistas, la única forma posible de llegar hasta este punto es mediante una caminata montaña arriba de aproximadamente 20 kilómetros, realizada en dos etapas.
Hasta allí llegó Méndez, veterano militante y hábil senderista, explicó a Prensa Latina José Valverde, principal promotor de la iniciativa y fundador del PVP.
Grupos de solidaridad en Costa Rica de manera recurrente alzan su voz contra el bloqueo que mantiene por más de 60 años Estados Unidos contra la isla caribeña, política que genera graves daños en la vida económica y social de los cubanos.
Siguiendo el legado de muchas mujeres en la ciencia que les antecedieron, abriéndose camino en un saber históricamente escrito y protagonizado por científicos, dos embajadoras del mar del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar CCBEM son quienes podrían estar a punto de reescribir la historia del Caribe Sur costarricense en el Parque Nacional Cahuita (PNC).
Adentrándose en el mar con la intención de contribuir con nuevos aportes a sus investigaciones ciudadanas, Ana María Arenas y Maraya Jiménez, parecen haber encontrado la pieza faltante del rompecabezas en las hipótesis que, un equipo de personas investigadoras comunitarias y profesionales en arqueología, han venido trabajando en torno a dos barcos esclavistas daneses que, hace alrededor de 300 años, naufragaron en las costas del Parque Nacional Cahuita (PNC).
Creando ciencia desde otras lógicas. Con gran emoción y entusiasmo, con pasos firmes y curiosos directo hacia la costa, Ana María y Maraya se adentran en el mar rememorando la figura de Tona Ina, que significa luz marina en idioma Yoruba africano, a quien pidieron les mostrara algo nuevo, algo que no hubieran encontrado antes en el inmenso Caribe y que permitiera atar cabos en las investigaciones comunitarias arqueológicas submarinas que se han venido realizando hasta el momento.
Sintiéndose en completa armonía con las aguas, conscientes del peso histórico de los acontecimientos que en dichas costas tomaron lugar, las compañeras buceadoras encuentran cientos de ladrillos que nutren la hipótesis de un naufragio en los arrecifes del PNC. Los ladrillos fortalecen la confirmación de una segunda embarcación esclavista de origen danés que, de vuelta en el siglo XVIII, transportaba alrededor de seiscientas personas africanas esclavizadas. Desde el año 2016 el equipo del CCBEM, ha venido registrando hipótesis alrededor de dichas embarcaciones que, al haber chocado con los arrecifes, dejaron tras de sí el rastro de miles de ladrillos, anclas, cañones, madera y hasta algunos grilletes, entre otros importantes registros arqueológicos.
La documentación histórica de archivos en Dinamarca daba cuenta que el segundo barco danés del acontecimiento que se estudia había sido soltado a la deriva por esclavizados y marineros hasta chocar con el arrecife. En el lugar hay cañones y hay anclas, pero sin encontrar muchos ladrillos era imposible confirmar a ciencia cierta que ese fuera otro naufragio. Se trataba de los barcos Fredericus IV y el Christianus V que cargaban más de 40,000 ladrillos cada uno cuando naufragaron. Este era un enigma a resolver – dijo el arqueólogo danés Andreas Bloch – aclarado que las dos embajadoras del mar al fin resolvieron el misterio encontrando un camino de ladrillos en el sitio.” Andreas junto con el Dr. Kotaro Yamafune son dos arqueólogos que realizan fotogrametría y mapeos del sitio.
¿Qué implicaciones tendría confirmar la existencia de esta segunda embarcación? Ana María Arenas explica que, de confirmarse esta información, se continuaría investigando alrededor del destino que tuvieron estas 600 personas esclavizadas provenientes del continente africano, a partir de la deriva y naufragio de la embarcación. Se buscaría conocer si se quedaron en Costa Rica, si tuvieron intercambio con las comunidades indígenas Bribri y, finalmente, podría incluso determinarse que las comunidades afro han estado en territorio nacional desde mucho antes de lo que los registros oficiales indican. Además, asegura que ya tienen un 90% del proceso de la identificación hecho, nos falta un 10% para que la Sociedad Científica lo confirme. Para ello se hizo una muestra de tres ladrillos que dieron positivo al origen danés y lo que se requiere para confirmar el origen son 20 ladrillos en total. Para el mes de septiembre vendrán los arqueólogos a tomar esas muestras y se buscará restos de madera para confirmar el origen de los barcos. Los arqueólogos hicieron una fotogrametría de los dos lugares en 3D que servirán de preparación para el trabajo de campo que se realizará en septiembre.
Para Maraya Jiménez este es lugar increíble “se siente una vibración de que algo pasó, algo importante, algo que marcó la historia de antepasados y que está ligado a la nuestra identidad e historia” (…) el haber podido verlos y encontrarlos (los ladrillos) aporta sentido a la investigación. Me siento muy feliz y agradecida por haber aportado un poco a esta gran historia que estamos reescribiendo, es mi historia, nuestra historia, de la cultura y de identidad de Cahuita y del Caribe Sur, pero también una nueva historia de Costa Rica”.
Ciencia desde y para las comunidades
Creando ciencia desde lógicas comunitarias, holísticas y sensibles ante la historia de los pueblos que allí habitan, su trabajo es también un posicionamiento político ante una tradición que ha buscado concentrar la escritura de la historia y producción de la ciencia, desde las más altas élites de la academia, desde un saber eurocéntrico que poco protagonismo ha otorgado a las mismas comunidades y a las mujeres en la reivindicación de sus saberes.
Siendo la producción científica occidental un espacio tradicionalmente masculinizado, su trabajo despierta muchísima admiración y entusiasmo, ya que coloca un parteaguas en el fortalecimiento de la cultura, identidad y memoria histórica del Caribe Sur costarricense. Se suman a las mujeres que, desde su trabajo día a día, dejan huella y nuevas rutas científicas por explorar a todas las mujeres en la ciencia que vendrán después.
Para María Suarez comunicadora y coordinadora del proyecto de investigación cultural en el que se enmarca en aporte de la observación de esas dos mujeres “no fue casualidad pues históricamente las mujeres hacen ciencia desde las relaciones, no necesariamente los objetos sueltos”.
¿Quiénes son las embajadoras del Mar y científicas comunitarias?
Maraya Jiménez Taysigue, secretaria de la Junta Directiva del CCBEM, Bachiller en educación media en el Liceo Rural de Puerto viejo y estudiante de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Estudió masaje profesional en COSVIC y en Beauty Ritual, labor que también realiza para sostener su vida. profesional. Cuenta con capacitaciones en PADI Open Water, Peak Performance Buoyancy 2023, curso Introductorio a la Arqueología Náutica – NAS INTRO – Impartido por arqueólogos de la Universidad de Carolina del Esté, en inducción en Corales impartido por CCBEM – Criterios, técnicas y métodos PRONAMEC para monitorear corales
Ana María Arenas, Coordinadora Comisión de Corales y de comunicación en Redes del CCBEM, Diseñadora Gráfica, tercer año de historia de la Universidad de Costa Rica. Se ha capacitado en Padi Rescue, Padi Advanced , Padi Open Water PADI Divemaster. Presentó las credenciales finales para graduarse de Dive Master. En fotogrametría impartido por Kotaro Yamafune arqueólogo de Japón y Matko Čvrljak, arqueólogo de Croacia. Ha recibido el curso Introductorio a la Arqueología Náutica (NAS INTRO) impartido por el arqueólogo danés Andreas Bloch; el curso de inducción en Corales impartido por Innoceana; el curso Criterios, técnicas y métodos PRONAMEC para monitorear corales, instrumentos y protocolos para identificar corales e invertebrados. Recibió el curso sobre Identificación, Monitoreo y Siembra de Corales – impartido en Línea por Diving with a Purpose con certificación PADI AWARE – Project AWARE Specialty Course; participó en el Taller Creación Línea Base Actualizada sobre Corales en el Arrecife de Puerto Viejo impartido por el Biólogo Isaac Baldizón y realizó el curso de Arqueología Náutica – NAS 1 impartido por el arqueólogo danés Andreas Bloch.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Fotos de Ana María Arenas a la izquierda y a la derecha Maraya Jiménez, a instantes de encontrar esta importante pista para comprobar la identidad de los barcos hundidos en 1710.
Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.
San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.
Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.
Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito.
La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.
Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.
Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.
En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.
En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:
Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias. Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.
Organizaciones firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
Imagen aportada por la Oficina de Comunicación, Universidad Nacional.
CARTA ABIERTA
Asistencia social, Educación y Cultura para niñas, niños y personas adolescentes, sin discriminación: pilares del Desarrollo Humano y la prosperidad en Costa Rica
Señoras y señores
Diputadas y diputados
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Pilar Cisneros Gallo; Jefa de Fracción, Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
Óscar Izquierdo Sandí; Jefe de Fracción, Partido Liberación Nacional (PLN)
Alejandro José Pacheco Castro; Jefe de Fracción, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
Sofía Guillén Pérez; Jefa de Fracción, Partido Frente Amplio (PFA)
Fabricio Alvarado Muñoz; Jefe de Fracción, Partido Nueva República (PNR)
Eli Feinzaig Mintz; Jefe de Fracción, Partido Liberal Progresista (PLP)
Carlos Felipe García Molina; Presidente, Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia
Monserrat Ruiz Guevara; Presidenta, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos
Paulina Ramírez Portuguez; Presidenta, Comisión de Asuntos Hacendarios
Estimadas señoras y señores:
Reciban un saludo atento de parte de las instancias y organizaciones que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica.
Esta comunicación tiene por motivo externar y hacerles traslado formal de nuestra preocupación y rechazo categórico frente a los recientes anuncios del Ejecutivo sobre decisiones presupuestarias de recortes que, aunque puedan estar fundamentadas en buenas intenciones, de ser aprobadas y puestas en vigencia, sus implicaciones vulnerarían derechos de las personas menores de edad y ocasionarían un impacto negativo en sus trayectorias de vida y en sus posibilidades de desarrollo óptimo, contrario al compromiso que adquirimos como país al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y otros instrumentos jurídicos conexos.
Nuestra preocupación y rechazo se refiere a los siguientes hechos:
Según el Informe de Monitoreo de la Contraloría General de la República DFOE-CAP-MTR-00001-2023, el presupuesto del sector educación para 2023 es el más bajo de los últimos 9 años respecto al PIB y decrece un 1,2%, en relación con el presupuesto inicial de 2022 (ver: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023002148.pdf).
Adicionalmente, señala el Informe citado, que el presupuesto 2023 de becas y subsidios para el sector educación decrece un 5,1% respecto al 2022, generando una posible disminución de 3,8% en la cantidad de beneficios a estudiantes. Indica esta fuente también, que la partida de transferencias refleja una disminución neta de 2,2% para 2023, siendo las correspondientes a Juntas de Educación y Administrativas las de mayor disminución (3,4%). Esto acarrea el riesgo de una posible afectación, entre otros, del servicio de subsidios de transporte a estudiantes, pues los recursos solo cubren las necesidades del primer semestre de 2023.
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR, 2023) estima que el recorte de becas producirá que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza. Esto significa que 12.000 personas menores de edad ingresarán a esa condición, y ante la falta de recursos, unos 7.000 estudiantes de colegio dejarían las aulas.
Aunado a lo anterior, y estableciendo el contexto en el que se dan estas decisiones, distintas entidades han señalado en los últimos meses, un aumento de las condiciones de pobreza extrema de la población más vulnerable, así como la constante salida de personas de la fuerza de trabajo.
Según el análisis del mercado laboral y pobreza en Costa Rica del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, se evidencia un aumento en la pobreza extrema en el país, del 6% al 8% durante el último semestre de 2022 (IICE-UCR, 2023; ver: https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/informe_mercado_IV_2022_1.pdf), además, la última medición trimestral de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, refleja una constante salida de personas del mercado laboral, que en comparación con el mismo periodo de 2022, refleja que más de 190 mil personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo (INEC, 2023; ver: https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-05/coECE_FMA2023_01062023.pdf), todo ello sumado a un contexto en el que se presenta una pérdida del 6% del poder adquisitivo o de compra, descrito como una pérdida de los salarios reales en términos interanuales, según el Informe de Política Monetaria presentado por el Banco Central de Costa Rica en abril pasado (BCCR, 2023; ver: https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM-abril-2023-informe.pdf).
En este respecto, existe abundante evidencia científica nacional e internacional que demuestra el impacto negativo que tiene la reducción de la asistencia social en las condiciones de vida de las familias en pobreza, especialmente en el bienestar y progreso de sus integrantes menores de edad. Entre los principales hallazgos se tienen:
Los programas de ayuda económica y cuido permiten a las familias más pobres y vulnerables un respiro en medio de sus difíciles circunstancias. Cuando estos sufren una reducción, estas familias quedan desamparadas frente a sus dificultades para poder mantener a sus hijas e hijos estudiando y recibiendo servicios de estimulación y aprendizaje, los cuales son cruciales para que puedan romper los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza (Banerjee & Duflo, 2012i).
Las personas en condición de pobreza ven perjudicada gravemente su capacidad cognitiva, pues la carga mental de su situación de carencia económica les impide disponer eficazmente de sus recursos cognitivos, lo cual les dificulta pensar claramente y les lleva a tomar decisiones perjudiciales para su propio bienestar (Mani et al., 2013ii). Además, cuando la condición de pobreza es crónica y ocurre desde la infancia, sus efectos neuronales son destructivos, pues afectan gravemente al cerebro de forma estructural y funcional (Center on the Developing Child, 2007iii; Lipina, 2021iv).
En el caso de los niños y las niñas, una investigación reciente en Costa Rica encontró que las carencias socioeconómicas están asociadas a un menor desempeño en tareas de autorregulación, lo cual perjudica su desempeño educativo y afecta su comportamiento negativamente (Chaverri-Chaves et al., 2022v), dificultando su avance y superación. Es decir que:
las necesidades económicas no satisfechas perjudican la capacidad de autocontrol, lo que a su vez afecta negativamente el comportamiento social, el desempeño cognitivo y el aprendizaje en niños, niñas y adolescentes; y
los entornos inestables y de pobreza disminuyen la capacidad de niñas y niños de controlar su comportamiento, en parte por el aumento en sus niveles de estrés, lo cual les lleva a ser más impulsivos y a centrarse en lo inmediato, mostrando un comportamiento menos autorregulado (Chaverri-Chaves et al., 2021avi, Chaverri-Chaves, 2021bvii).
Por otra parte, la evidencia es igualmente amplia en demostrar que los programas de cuido, estimulación y apoyo a la crianza de las niñas y los niños producen efectos positivos en el corto y largo plazo (Gertler et al., 2014viii; Chaverri-Chaves et al., 2018ix), y entre más temprana su intervención en la vida y mejor su calidad, mejores son sus resultados a largo plazo (Heckman & Mosso, 2014x). En consecuencia, este tipo de programas, cuando se implementan con calidad y a gran escala, representan, más que un gasto, una inversión con resultados favorables tanto para el desarrollo individual como para el desarrollo social y económico.
En consideración de todo lo anterior, las organizaciones que suscribimos esta comunicación, hacemos un llamado urgente al Poder Legislativo que ustedes representan, como autoridades con voz y voto para decidir el rumbo que toma la política nacional en sus disposiciones, para que hoy más que nunca, valoren y actúen de conformidad ante el hecho innegable de que en Costa Rica resulta imprescindible que las medidas presupuestarias que afecten instituciones con mandatos en niñez y adolescencia, sean siempre tomadas en apego a las obligaciones adquiridas por el Estado Costarricense en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que tutela los derechos de este sector fundamental del desarrollo nacional
De igual manera, desde una visión de inversión social estratégica, es claro que en lugar de recortar presupuestos en programas esenciales para el buen desarrollo de niñas, niños y adolescentes, se deben tomar decisiones basadas en evidencia (Chaverri-Chaves et al., 2020xi), no solo en función de abordar necesidades y problemas presentes, sino también pensando en su impacto en el corto, mediano y largo plazos.
Por supuesto que no podemos estar de acuerdo con el traslado de fondos del MEP y Cultura para abordar temas de seguridad y lucha contra la criminalidad, cuando los pilares de prevención de la delincuencia son precisamente la Educación y la Cultura. Tampoco podemos aceptar el argumento de la sub-ejecución como respaldo a las decisiones de recorte en instituciones y programas que benefician a los sectores de la población más vulnerables, cuando la sub-ejecución lo que evidencia son las dificultades de eficiencia en dichas instituciones (lo cual debería ser el foco de atención y de mejora), pero no la ausencia de necesidades de la población, como a veces se da a entender.
Por todo lo anterior, las organizaciones aquí representadas, solicitamos la intervención pronta, diligente y responsable de sus despachos en la toma de las acciones que estimen necesarias para prevenir o corregir, según se trate, los recortes presupuestarios que motivan nuestra preocupación y rechazo, tal como queda aquí documentado.
¡La Patria, las niñas, los niños y las personas adolescentes así nos lo demandan!
Dado en San José, a los ocho días del mes de junio de 2023.
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Sra. Angie Cruickshank Lambert; Defensora de los Habitantes de la República
Sra. Gloriana López Fuscaldo; Ministra de la Niñez y la Adolescencia
Sr. Nogui Acosta Jaén; Ministro de Hacienda
Sra. Anna Katharina Müller Marín; Ministra de Educación
Sra. Yorleni León Marchena; Ministra de Desarrollo Social
Sra. Marta Acosta Zúñiga; Contralora
Medios de Comunicación
i Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2012). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs.
ii Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041
iii Center on the Developing Child (2007). The Impact of Early Adversity on Child Development. Recuperado de www.developingchild.harvard.edu
iv Lipina, S. J. (2021). Pobre cerebro: Lo que la neurociencia nos propone pensar y hacer acerca de los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional. Siglo Veintiuno Editores.
v Chaverri-Chaves, P., Conejo, L. D., León-González, S. P., & Arrieta-Ávila, L. A. (2022). Delay of Gratification in Costa Rican Preschoolers: Effect of Trust in the Experimenter and the Socio-Economic Status (Postergación de la gratificación en preescolares costarricenses: efecto de la confianza en el experimentador y el estatus socioeconómico). Journal of Applied Cognitive Neuroscience, 3(1), e00224586. https://doi.org/10.17981/JACN.3.1.2022.04
vi Chaverri-Chaves, P., Barrantes Pereira, R., & Conejo, D. (2021a). El test de la golosina en contexto: ¿cómo influye el entorno social en la toma de decisiones y el autocontrol? Ciencias Psicológicas, 15(2). https://doi.org/10.22235/cp.v15i2.2486
vii Chaverri-Chaves, P. (2021b). La educación en la pandemia: ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1–22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725
viii Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178
ix Chaverri-Chaves, P., Conejo D., Molina, I. (2018). Informe de evaluación experimental del programa Familias en Acción (FAMA) de la Academia de Crianza del PANI (pp. 1-196). INEINA-Universidad Nacional.
xi Chaverri-Chaves, P., & Arguedas Ramírez, A. (2020). Políticas Públicas Basadas en Evidencia: una revisión del concepto y sus características. Revista ABRA, 40(60), 49-76. https://doi.org/10.15359/abra.40-60.2
En el 2025, Francia y Costa Rica coorganizarán la próxima cumbre de las Naciones Unidas sobre los Océanos: es una oportunidad única para desarrollar redes de cooperación entre nuestros países.
En el marco de celebración del Día de los Océanos, el Servicio de Cooperación de la Embajada de Francia y la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Universidad Nacional, organizan la conferencia “Océanos y Sociedades: hacia una red de cooperación franco- centroamericana”, a desarrollarse del 7 al 9 de junio en el auditorio de la Plaza de la Autonomía, ubicado en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, a partir de las 8 a.m. El 10 de junio los participantes realizarán una gira de campo previa inscripción.
La Conferencia ofrecerá un espacio de intercambio académico y científico sobre diferentes temáticas relativas a los océanos y las costas, considerando aspectos naturales, como también relativos a la sociedad civil. Este espacio posibilitará el desarrollo de charlas que delinearán el tema base a abordar en diferentes mesas redondas. Asimismo, se desarrollarán espacios de trabajo colaborativo y generación de redes para la construcción de alianzas científicas a futuro.
Los pilares temáticos girarán en torno a la gobernanza y gestión marino costera, la variabilidad climática y eventos extremos y la contaminación marino costera y sus impactos, acompañados de ejes transversales como lo son biodiversidad y sociedades.
El océano cubre el 71% del planeta y tiene un papel crucial en la regulación del clima. Es una reserva de biodiversidad y de recursos genéticos, energéticos y minerales, además de ser un sumidero de carbono y el mayor productor de oxígeno del planeta. Hoy en día, el 60% de la población vive en una franja costera de menos de 60 km; esta cifra aumentará al 80% en 2050. Según la OCDE, el océano contribuye al 2,5% de la riqueza mundial (1.500.000 millones de dólares). Sin embargo, el océano sigue siendo un mundo muy desconocido (pocas especies descritas, cartografía poco precisa, esfuerzo de investigación bastante escaso), a pesar de todas las amenazas a las que se enfrenta y de todas las oportunidades que representa para la humanidad. Para cerrar esa brecha, el decenio 2021-2030 fue declarado Decenio de las Naciones Unidas para las Ciencias Oceánicas.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
La pacífica y bucólica Costa Rica nunca ha estado exenta de la tentación de las cacerías de brujas, en distintos momentos de su historia, las que si bien no alcanzaron jamás las dimensiones de las ocurridas en la localidad de Salem, Massachussets, cuando un grupo de mujeres fueron acusadas de presuntos “tratos” con el diablo, siendo ejecutadas en la horca, durante los últimos años del siglo XVII, entre 1692 y 1693, no han estado ausentes del todo en nuestro horizonte político y social, teniendo como punto de partida la intolerancia religiosa, política o racial aún existentes entre nosotros.
La intolerancia y el fanatismo en materia religiosa y cultural, por parte del alto clero católico se puso de manifiesto durante el conflicto con los liberales, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, el que se saldó con las leyes liberales y la prohibición al clero de participar en la vida política electoral. Sin embargo, hubo cierta persecución hacia quienes predicaron y adoptaron el protestantismo liberal durante las primeras décadas del nuevo siglo, especialmente en las zonas rurales donde el predominio católico era casi total.
Los protestantes, por su parte, se institucionalizaron y expandieron su ámbito de influencia a través de la creación del Hospital Clínica Bíblica, concebido para favorecer a los sectores populares (propósito que fue distorsionado durante la segunda mitad del siglo XX al convertirse la medicina privada en un gran negocio), y del Seminario Bíblico Latinoamericano fundado en 1923, que se convirtió en los últimos años del siglo XX en la Universidad Bíblica Latinoamericana, heredera de la tradición académica y de los recursos documentales del primero.
Por otra parte, no hubo partidos políticos confesionales hasta un siglo después, cuando las sectas neopentescostales irrumpen en la vida política, durante los últimos años del siglo XX, desde posiciones muy reaccionarias, integristas y proclives al neofascismo, que establecieron vínculos estrechos con Jair Bolsonaro en Brasil y Yanine Áñez en Bolivia. La incidencia de este factor terminó por favorecer al statu quo político, representado por el PAC en las elecciones de 2014 y 2018, especialmente esos comicios en que Carlos Alvarado se enfrentó al neopentecostal Fabricio Alvarado, a quien venció en las urnas con un programa político proclive a la derecha y al autoritarismo, como herramienta para imponer las políticas de shock impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Tal y como habíamos dicho líneas atrás, Costa Rica vivió en un estado de excepción e intolerancia políticas, mucho más sufridas y percibidas por las víctimas que por los victimarios, quienes por lo general tienden a naturalizar o restarle importancia a estos hechos, durante el primer cuarto de la segunda mitad del siglo pasado, lo que constituye un período bastante extenso del devenir histórico de la sociedad costarricense, suficiente como para no haber dejado huellas profundas en la mentalidad de la población.
Con la derogatoria, más bien modificación, del párrafo segundo del artículo 98 de la constitución política de 1949, si bien se garantizaron los derechos políticos a la izquierda costarricense, se dejó siempre en manos del Tribunal Supremo de Elecciones todo lo relativo a la formación, medios de acción, ideología y estructuras organizativas de todos los partidos políticos, un hecho que a lo largo de los últimos años del siglo anterior y las dos primeras décadas del presente, terminó por dar al traste con la partidocracia costarricense, al distorsionarla esencialmente por la conversión de los partidos políticos en meros apéndices del estado, pudiendo el mencionado TSE disolverlos o distorsionarlos de acuerdo con los intereses de sus integrantes, por lo que la corrupción ha sido monstruosa, especialmente en lo que se refiere al financiamiento de las campañas electorales.
A pesar de la existencia del sostenido estado de excepción, a que hemos venido haciendo alusión y del feroz anticomunismo de oficio que imperaron durante la segunda mitad del siglo XX, el estado social de derecho y las conquistas sociales más importantes de la década del cuarenta mantuvieron su dinamismo hasta bien entrados los años ochenta, cuando empezaron los programas de ajuste estructural y se impuso en la región el mal llamado “Consenso de Washington” en la década de los noventa, dentro de lo que resulta una paradoja que confunde a mucha gente.
MBA Lic. Bach. Luis Gilberto Martínez Sandoval Académico Universitario, Sede Central UTN www.utn.ac.cr Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Grupo Wong Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
«La política exterior puede, por lo tanto, ser ya definida como el conjunto de acciones de un Estado en sus relaciones con otras entidades que también actúan en la escena internacional con objeto, en principio, depromover el interés nacional.»
P.A. REYNOLDS
En Costa Rica, el Presidente y, el Canciller a través de la Dirección General de Politica Exterior, definen la política exterior costarricense dado que es la “dependencia responsable de la coordinación de la política exterior de Costa Rica. Con fundamento en los lineamientos generados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y, los Altos Intereses de la Nación, esta dependencia establece los procedimientos a seguir para resguardar y promover los principios que han inspirado las relaciones con otros Estados u Organismos.” “En cuanto a su misión la Dirección de Política Exterior es la instancia responsable de brindar el apoyo necesario tanto al Ministro como al Viceministro a fin de que, conjuntamente con el Presidente de la República, se procure la elaboración, formulación, implementación y evaluación de la política exterior del país; así como el logro de una eficaz orientación de las relaciones internacionales, la promoción de los intereses políticos, económicos y sociales, además de ser el ente facilitador de las gestiones nacionales ante Gobiernos, Organismos e Instituciones Internacionales, y participar activamente en la salvaguarda de la soberanía nacional.”
La Dirección citada supra, ha establecido los siguientes ejes estratégicos, mismos que vienen de otras administraciones gubernamentales:
La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional.
La promoción, la protección y el respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales.
La promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y mundial
El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo.
La promoción del desarrollo sostenible y la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales internacionales.
La política exterior se define “como el conjunto de las decisiones y acciones públicas que toma el gobierno de un Estado dirigidas en el ambiente internacional en función de los intereses nacionales que se traducen en objetivos- metas” Para Andrés Rozental,, “la esencia de la política exterior es un cálculo político guiado por el interés nacional junto con la instrumentación de una estrategia coherente para alcanzar los objetivos marcados”.
Existen puntos en común que establece la política exterior, entre los que se pueden mencionar los siguientes:
No puede ser separada de la política interior de los Estados.
Es una política manejada por el grupo de personas que se encuentre en el poder en ese momento.
El conjunto de políticas que se definan debe funcionar como un instrumento conciliador entre el interés nacional y los intereses globales.
Debe establecer objetivos y estrategias concretas para la solución de un problema o un determinado fin.
Respecto a el proceso de toma de decisiones en política exterior implica las fases siguientes:
La evaluación del ambiente político internacional y nacional.
Configuración de las metas.
La determinación de opciones políticas.
Acción formal de toma de decisiones que estar guiada por la rama ejecutiva del gobierno (Presidente) y, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto con participación del Ministro o Ministra de la Presidencia.
La aplicación o implementación de la opción política escogida.
En ese sentido, los expertos sugieren que cada nación debe seguir el modelo de actor racional que se guía por la teoría de la elección racional en sus relaciones internacionales y política comercial. Según el modelo de actor racional, el Estado usa el proceso de toma de decisión racional, un proceso que incluye:
La configuración de las metas y su valoración
La consideración de las opciones
La evaluación de sus consecuencias
La maximizan de valor
En ninguno de los ejes estratégicos de la Dirección General de Política Exterior esta plasmada las dimensiones político-estratégica y geo económicas para el país. Ni mucho menos una estrategia holística de proyección global, basada en la consolidación de espacios regionales de poder y la consecuente construcción de liderazgo en política exterior de Costa Rica. Costa Rica requiere de una política exterior de mayor visibilidad. Debemos tener una mayor participación global y regional. Una política exterior más asertiva y de mayor agresividad. Más proactiva.
Formulamos algunas preguntas:
¿Cuáles son las principales estrategias en política exterior que establece la Dirección citada supra?
¿Cuáles son los fundamentos de la política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto? ¿Regiones o Naciones?
¿Cuál es la convergencia y coevolución en lo económico, diplomático y estratégico a nivel institucional MREC para Costa Rica en el Siglo XXI?
¿Cuáles son los intereses nacionales centrales en la política exterior costarricense de la presente administración?
¿Cuál es nuestra estrategia geoeconómica en política exterior y diplomacia comercial costarricense?
¿Tenemos como nación estado una política exterior un “plan único” consciente y de gran alcance (algo así como un plan maestro)?
En el Siglo XXI nuestra política exterior deberá ser menos burocrática institucional y más pragmática y enérgica según el interés nacional y las regiones a priorizar.
Adicionalmente, se plantea, por parte de la Dirección citada supra en relación con los procesos de integración regional, como reto principal contribuir a la revitalización de una estrategia de integración SICA, OEA, SEGIB, CELAC y AEC que son conocidos por estudiosos de las relaciones internacionales como procesos históricos de integración fracasados y burocráticos sin resultados tangibles.
Un solo ejemplo, el SICA no a podido hacer desde su creación una propuesta regional de todo un transporte ferroviario de personas y bienes en América Central que una desde Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá con una poderosa Agencia Ferroviaria similar a la de la Unión Europea base para una verdadera integración y movilidad de factores específicamente el factor humano centroamericano y el movimiento de bienes. Y, con pasaporte común centroamericano.
Asimismo, en el ámbito multilateral nuestra política exterior se guía por representaciones permanentes en Nueva York, Ginebra y Viena ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias especializadas. Lo anterior ha caracterizado nuestra política exterior costarricense desde 80’s hasta la fecha.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuenta con 47 sedes diplomáticas llamadas Embajadas y, 52 Consulados – que dada la nueva realidad del avance en TICs y la Revolución Científica Tecnológica de entornos virtuales ya no son tan necesarias y podrían derivar en Embajadas según Regiones Estratégicas Geopolíticas y Geoeconómicas y no por países o nación. Con ello ahorraríamos considerables recursos del presupuesto nacional.
Por ejemplo, Costa Rica puede tener una Embajada Regional con un Equipo de Alto Nivel Especializado para China y el Sudeste Asiático, o bien para atender la Región de Centro América, o una para la Región del NAFTA, la Alianza Pacífico, Mercosur, así también, una Embajada y Consulado Regional que atienda todos los 27 países de la Unión Europea en diversos temas de carácter político – diplomático y de auxilio consular y, no una Embajada por país que es un gasto público excesivo e innecesario. Debemos Regionalizar Institucionalmente como prioridad en política exterior y diplomacia costarricense.
Como bien nos explican (Pearson, Frederic S., Rochester, J.Martin: 2010): “La diplomacia de hoy ha cambiado considerablemente con los años, a medida que han cambiado las condiciones del sistema internacional.”. “En el siglo XIX y principios del siglo XX, las embajadas tendían a ser pequeñas y a menudo estaban compuestas únicamente por un embajador y un pequeño grupo de funcionarios. Se esperaba que los embajadores fueran personas con una formación amplia y con capacidad de aprender una gran variedad de funciones. Hoy día, el personal de las grandes embajadas incluye especialistas tales como funcionarios de información, funcionarios consulares, los agregados comerciales, agregados militares y oficiales de inteligencia. La creciente burocratización de las embajadas refleja el volumen creciente de la complejidad de las transacciones internacionales. Debe agregarse que muchos países pobres carecen de recursos económicos y del personal necesario para mantener el moderno tipo de embajadas descrito” (Ibidem: 2010) “Las avanzadas comunicaciones y la tecnología del transporte propias de la era moderna han hecho que los gobiernos dependen cada vez menos de sus embajadores en el sentido de que sean sus principales representantes en el manejo de los asuntos con un país extranjero”.
Adicional a lo anterior, existen convenios y tratados internacionales negociados por COMEX y ratificados por la Asamblea Legislativa que requieren por parte de la presente administración de una profunda evaluación como de su análisis y costo de oportunidad y valorar usar la cláusula de escape. Véase: https://www.comex.go.cr/tratados/
Nuestra Nación- Estado cuenta con una Presidencia de la República como su Canciller de la Republica de Costa Rica que son personas con experiencia internacional. El Dr. Rodrigo Chaves Robles, Economista, Exfuncionario de carrera del Banco Mundial durante más 35 años que ha desempeñado cargos en más de 45 países de América, Europa y Asia. Su actual Canciller el Dr. Arnoldo André Tinoco Canciller de la República de Costa Rica, Abogado de profesión, que ha ocupado cargo como Cónsul General Honorario de Noruega en Costa Rica, Árbitro Internacional. Ambos son quienes toman las decisiones racionales en política exterior.
Costa Rica tiene para los próximos años grandes desafíos que debemos enfrentar usando creativamente nuestra política exterior y diplomacia comercial. Por ejemplo, la desigualdad en lo económico y educativo. Hay que sacar la economía hacia el crecimiento y desarrollo económico con inversión extranjera directa. La desigualdad es profundamente marcada en las provincias de Limón y Puntarenas y las fronteras. Y debemos poner freno a la corrupción e inseguridad ciudadana.
Tanto la política exterior como la diplomacia son instrumentos estatales poderosos para enfrentar los desafíos internos. Al igual que la política monetaria y fiscal para el Banco Central. Son instrumentos estatales para conseguir fines-metas.
Para afrontar estos y otros desafíos del país requerimos una política exterior y diplomacia comercial internacional activa y diferente – disruptiva- a lo que hemos hecho hasta el día de hoy.
En ese sentido, solo dando un nuevo enfoqueguiado por el realismo político y el pragmatismo podemos integrarnos de manera exclusiva con China, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), ser parte activa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), Japón, Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico (PBEC), el foro de las Islas del Pacifico, la Alianza del Pacífico. ¡El Siglo XXI se juega allí no se juega en Occidente! Requerimos de una política exterior activa guiados por la convergencia y la coevolucion de alto nivel según regiones estratégicas para captar la atracción de Inversión Extranjera Directa IED como la generación de “Cumbres” y reuniones de alto nivel (RAN) para impulsar nuestra economía principalmente en infraestructura (p.ej. aeropuertos, puertos, carreteras, transporte de carga del Atlántico al Pacífico) y aprender de los procesos que están desarrollando en ciencia, tecnológica y técnica. Así también, la mejora de los modelos educativos y construir ciudades del futuro en Costa Rica.
Como especialista en el estudio de las relaciones económicas y políticas internacionales me parece que se debe diseñar e implementar en éste gobierno una política exterior pragmática, comercial y desideologizada para avanzar a un nuevo enfoque en nuestras relaciones internacionales y comercio exterior. Trabajando dos conceptos la convergencia y la coevolución guiada por el interés nacional. Por eso, debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le había venido dando a la política internacional y comercial exterior costarricense, asumiendo un papel, no de consejo y obediencia como normalmente se entendería, sino dominante, fuerte y hasta cierto punto autosuficiente en la política exterior costarricense. Guiada por una presencia activa del Poder Ejecutivo en las relaciones económicas y políticas internacionales.
Para lograr lo anterior, requerimos de asesoría de alto nivel política y diplomática para rediseñar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior, PROCOMER y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Lo que permitirá crear una institucionalidad coordinada para instrumentar una estrategia nacional en dos áreas vitales: política comercial exterior y política internacional. Nuestra política exterior y, comercial debe hacer un giro de negocios y encontrarse, unificarse en una sola institucionalidad poderosa de cara al mundo. En ese sentido, requerimos fusionar y absorber el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el Ministerio de Comercio Exterior, Procomer y Ministerio Economía, Industria y Comercio e imitar lo que realizo Japón en su momento con el MITI con extraordinarios resultados.
Nuestra prioridad en política exterior y comercial es la búsqueda de Atracción de Inversiones Extranjeras Directas para generar empleos, crear dos Zonas Económicas Exclusivas – que son muchos más profundas que las Zonas Francas- una en Puntarenas y otra en Limón usando todos los cantones y distritos de ambas provincias una con proyección al Sudeste Asiático y la otra con proyección hacia el Atlántico. Desarrollar el proyecto de ferrocarril para volver a unir el Pacifico y el Atlántico como la idea de un Canal Seco que consiste en un par de grandes puertos, uno localizado en el Océano Pacífico y otro en el Mar Caribe, dos conjuntos de líneas férreas con suficiente velocidad de viaje y capacidad de carga, con una serie de facilidades logísticas para acelerar el intercambio de mercadería entre un lado y el otro. (Loría Salazar: 2016).
Costa Rica debe usar pragmáticamente la diplomacia y política exterior para mover su eje de desarrollo del Valle Central hacia la proyección marítima: Provincia de Limón y Provincia de Puntarenas. Y unirse con un ferrocarril de carga bienes y de personas como bien lo pensó Tomás Guardia Gutiérrez en tiempos del Siglo XVIII y que lamentablemente fue clausurado por la Administración Figueres Olsen. Es tiempo de movernos hacia las costas pacífica y atlántica con proyección marítima – incluye también construir dos nuevas megaciudades modernas como centros de negocios una en cada provincia costera similar al proyecto NEOM, Arabia, el Nuevo Futuro (que mide tres veces el tamaño de Chipre), una nueva ciudad y área económico- tecnológica en todos los 9,189 km² que mide la Provincia de Limón y en los 11,266 km² que mide la Provincia de Puntarenas- generando toda la infraestructura necesaria en ambas provincias costeras: Puntarenas, Esparza, Buenos Aires, Montes de Oro, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores, Garabito.
Debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le ha venido dando a la diplomacia y política internacional costarricense tanto en comercio exterior como política exterior por parte de los Presidentes y Cancilleres de turno que fue elaborada para la Guerra Fría y que ya no funciona para las nuevas realidades en la Globalización y las nuevas realidades tecnológicas y científicas guiadas por la Inteligencia Artificial.
Es hora de proponer una reorganización institucional que permita bajo una nueva ley marco o decreto ejecutivo fusionar los Ministerios citados supra para que se convierta en un superpoderoso Ministerio. Y, darle la responsabilidad de definir y conducir la política exterior, la política de comercio exterior y la inversión extranjera directa (IED) con miras no solo a promover la integración de Costa Rica a la economía global sino también generar un super ministerio de gran poder de decisión y negociación y cuyos cambios estructurales puedan generar un redireccionamiento estratégico en política exterior y comercio internacional para obtener:
Alineamiento estratégico con China y Sudeste Asiático, los BRICS, EUA priorizando el Estado de California y, UE priorizando Alemania y los Países Escandinavos, con la Región de Centro América y con los Bloques Comerciales de Sur América. Y, alineamiento estratégico con países del Medio Oriente (selectivamente elegidos)
El gobierno bien puede contratar una firma de asesoría llevada al más alto nivel que nos daría la visión global y los elementos necesarios para la reorganización institucional como también el redireccionamiento estratégico en nuestra política exterior y comercial internacional. Asi también, a través de la diplomacia comercial y de negocios acercarnos a grupos como: Grupo Bilderberg, Corporación RAND, Hollinger Group, Gulfstream Aerospace, NASA, la Agencia Espacial Europea, la Administración Espacial Nacional de China o CNSA. Como también, una política exterior y diplomacia comercial dirigida hacia las corporaciones Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire, Tencent, Facebook, Alibaba, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Visa, Exxon Mobile, Walmart, Banco ICBC, Pzifer. Lo que abre la posibilidad de generar oportunidad de negocios para nuestra nación en el corto plazo con los alineamientos estratégicos citados supra. No podemos seguir dependiendo de CINDE.
Tenemos ventajas competitivas importantes en el Poder Ejecutivo. El Sr. Presidente, viene de un Organismos Internacional como el Banco Mundial (35 años donde laboró para 45 naciones). Y la conducción de la política exterior por Constitución Política es suya no del Canciller. Está posicionado como un líder popular en América Latina y el Caribe no visto en los últimos 40 años. Conoce muy bien EUA, la UE, Sudeste Asiático, América Latina. Está joven tiene 61 años para dar un viraje en política exterior y comercial internacional costarricense. Habla Español, Inglés y Bahasa Indonesia – Turco. Está casado con Signe Zeikate nacida en Letonia, que también es economista y quien fuera directora del Programa para el Desarrollo de los Países Pobres del Banco Mundial. Ambos de alto nivel internacional. El Presidente es un llíder pragmático, un verdadero Chief Executive Officer (CEO) a cargo de la presidencia de la República de Costa Rica. Llegó a la Presidencia con el 53% de los votos. Y hoy goza del 83% de opinión favorable de los y las costarricenses. No representa el statu quo, ni tiene negocios con las élites tradicionales de éste país ni los intelectuales ni grupos de interés ni grupos de presión. Representa lo nuevo, el cambio, y su base político electoral está en dos provincias costeras: Puntarenas y Limón. Allí es donde hay que desarrollar igual que China dos Zonas Económicas Exclusivas donde se rijan – igual que China y sus provincias costeras- por la economía de mercado, liberalización, apertura comercial etc. Y aunque las propuestas del Sr. Presidente en política exterior son:
Reanudación del proceso de ingreso a la Alianza del Pacífico, plan de integración regional y libre comercio conformado por México, Colombia, Perú y Chile.
Inicio de la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Ecuador.
Nombramiento de embajadores con perfil económico y técnico en varias embajadas claves como las de la Organización Mundial del Comercio, OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica.
La modernización y agilización del Puerto de Caldera.
Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.
Debemos cambiar el enfoque que hasta ahora se le había venido dando a la política internacional y política comercial costarricense. Solo un proceso interno de reorganización de la institucionalidad que genere por fusión una nueva estructura nos permitirá integrarnos a la nueva estrategia global costarricense en el Siglo XXI, con la finalidad de estar fuertes para la competencia en los mercados globales seleccionados y, en alianza con las empresas multinacionales globales que nos permitirán desarrollar dos grandes Zonas Económicas Exclusivas citadas.
En conclusión, como bien lo señalan expertos consultados en la web “La política exterior de un país es instrumental para alcanzar ciertos objetivos nacionales, lo que implica que deberá caracterizarse por su adecuada flexibilidad y mantenerse en evolución al desarrollo del sistema internacional para poder servir eficazmente a los intereses de su nación.”… Parafraseando a Henry A. Kissinger la guía esencial para la política exterior de Costa Rica en los próximos años del Gobierno del Dr. Rodrigo Chaves Robles deberá tener una clara definición de interés nacional guiado por los cambios en la geopolítica y geoeconomía mundiales que emergen en el Siglo XXI. Y proponer una fusión del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio con Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para crear un superMinisterio de Comercio Exterior, Economía, Industria, Banca y, Relaciones Internacionales por sus siglas MCEIBRI. Cuyas atribuciones sean definir y dirigir, la política comercial externa y de inversión extranjera, dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, incluido lo relacionado con suscribir tratados y convenios sobre esas materias. Que coordine esfuerzos con Ministerio de Agricultura y Ganadería como el Ministerio de Hacienda y su política arancelaria. Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, temas de comercio e inversión. Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones. Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con exportaciones e inversiones. Evaluar las políticas de comercio exterior e inversiones por lo menos una vez cada dos años. Apoyo interinstitucional.
La intención del gobierno de gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, así como de las recientes recomendaciones Mundial de la Salud (OMS) relacionadas con el tema.
De acuerdo con la OMS, los Productos de Asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para movilizarse, con lo que promueven su bienestar y la seguridad. Incluyen entre muchos otros: audífonos, sillas de ruedas, dispositivos para la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros y recordatorios. Se trata de artículos que son utilizados por personas de todas las edades, quienes presentan alteraciones en alguna de sus funciones corporales, desde muy leves hasta muy severas.
Abunda la información basada en evidencias, de muchas agencias internacionales, sobre el hecho de que las personas con discapacidad están entre las más pobres de las pobres. Desde el 2011 el Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-BM) consigna esa estrecha relación entre la discapacidad y la pobreza.
La pobreza es la principal causa de la discapacidad, y una vez que una persona adquiere una discapacidad, o en una familia hay una persona con esa condición, la pobreza aumenta sustancialmente.
La pandemia que hemos vivido, con dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero, y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados.
Contra el aumento de los costos de los productos de asistencia como resultado del pretendido impuesto nos mantendremos firmes.
La propuesta del gobierno evidencia el desconocimiento absoluto acerca de para quiénes y para qué, son requerido dichos productos. Además de que no son exclusivos para la rehabilitación, son requeridos por muchas personas que en el mundo en general, y en nuestro país en particular, presentan limitaciones funcionales. De acuerdo con un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista The Lancet en el 2019, a nivel global 2.400 millones de personas tuvieron condiciones que les exigiría el uso de productos de asistencia. Esto representa un incremento de un 63% de 1990 al 2019.
En el reciente lanzamiento del Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia (OMS-UNICEF), el director general de la OMS, expresa que: “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.
Obviamente el aumento en el costo de estos recursos como lo pretende el gobierno contribuiría no solo a exacerbar un alza de la pobreza, sino también el aislamiento social de muchas personas, con las consecuencias que esto conlleva: complicaciones que aumentarían la demanda de los servicios de salud y consecuentemente mayores gastos por parte de ese sector, y mayor daño a la salud física y mental de muchas personas y familias, entre otros.
También constituye una clara violación a los derechos de las personas e incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha ratificado mediante la Ley número 8661.
¿Ignora el gobierno los compromisos internacionales adquiridos por nuestro Estado? Ignora la existencia de la Ley 8661?. Todo indica que sí.
Con mucha vergüenza, constatamos como costarricenses que estas decisiones del gobierno que afectan la salud y la integración social de muchas personas se pondrán en evidencia en todas las denuncias que se expondrán en los informes de las agencias internacionales.
Con planteamientos como este, el gobierno de la República suma otro agravante al estado de segregación y pobreza de muchos de sus habitantes y viola principios y derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la libre movilización, al trabajo y a la educación, entre muchos otros. Y todo ello, no solo como consecuencia de su descontrolado e inhumano afán por recaudar fondos a como dé lugar. Peor aún: el gobierno hace caso omiso de los acuerdos sobre derechos humanos que nuestro país ha asumido como propios, y que todos tenemos la obligación de respetar y cumplir.
