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Etiqueta: Costa Rica

UCR, Voz experta: A propósito del costo de los medicamentos

Freddy Arias Mora, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del proyecto Pro Human Biolaw en la UCR Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El país carece de una política de medicamentos para el ámbito público y privado

La mayoría de la población no conoce el costo de los fármacos que recibe de la CCSS

Constantemente se plantea en la discusión pública que los medicamentos en Costa Rica son muy costosos. En los medios de prensa y discursos políticos se argumenta que es necesario disminuir el precio de los medicamentos en el país.

Ante esta situación, en la última década, se han planteado gran cantidad de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para controlar el mercado de medicamentos en el país. Se han propuesto medidas de control de precios de los productos y limitaciones de márgenes de ganancia de los establecimientos participantes del mercado.

Hasta el año 1994 la Ley de Protección al Consumidor,1 otorgaba al Ministerio de Economía, Industria y Comercio la facultad de fijar, modificar y controlar los porcentajes de utilidad sobre la producción y comercialización de los bienes y servicios; además, fijar, modificar y controlar los precios máximos para los bienes y servicios. Se consideraban como bienes necesarios o de consumo básico los alimentos básicos, vestuario popular y los medicamentos incluidos en el cuadro básico de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros.

Esta regulación de precios por parte del Poder Ejecutivo se eliminó mediante la aprobación de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor,2 la cual derogó totalmente la Ley de Protección al Consumidor. Se planteaba que la fijación de precios generaba distorsión en el mercado y afectación de las personas consumidoras. Por ende, cada farmacia puede vender los medicamentos al público al precio que lo considere adecuado y de acuerdo con la realidad del mercado. Esta fijación de precios de manera discrecional por parte de cada farmacia ha producido que existan diferencias entre farmacias de las diferentes zonas del país.

La formación del precio de medicamentos es un tema complejo y depende de factores comerciales internacionales y dinámicas de mercado propias del país. En el país existen muchos actores comerciales en el mercado y las regulaciones vigentes tienden a fomentar la competencia.

Otro factor que se debe tomar en cuenta en la discusión respecto al precio de medicamentos es la percepción de la población sobre el costo de los productos que son suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social. La mayoría de la población recibe sus medicamentos sin tener conciencia del costo que tienen y lo reciben en la farmacia sin pagar ningún reembolso directo, situación que no ocurre en otros países, como España.

Es indudable que el mercado de medicamentos en el país requiere ser ordenado. Muchos aspectos del comercio de medicamentos no están regulados de manera adecuada, tal como la publicidad, la gestión de medicamentos para uso veterinario, el envío exprés de medicamentos por medio de plataformas digitales y la producción de medicamentos magistrales y oficinales. No existe normativa que regule establecimientos farmacéuticos especializados ni está regulado el uso de medicamentos sin registro o fuera de indicaciones oficiales.

El papel del Ministerio de Salud, como ente rector de salud en el país, debe ser actualizado y brindar más recursos para el ágil otorgamiento de registros sanitarios y la adecuada fiscalización de establecimientos farmacéuticos, acorde con las mejores prácticas internacionales.

A pesar de que el Reglamento del Formulario Terapéutico Nacional, decreto ejecutivo N° 19343-S está vigente desde el año 1989, y pretende racionalizar el uso de medicamentos, este formulario no es actualizado por el Ministerio de Salud desde hace más de 30 años.

Más allá del precio de medicamentos comunes, debe ser de preocupación el desafío que plantea el acceso a medicamentos de alto costo. Estos medicamentos son cada vez más frecuentes y son utilizados para tratar enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes o enfermedades raras o huérfanas.

Resolver los vacíos legales y actualizar la normativa requiere de una legislación integral adaptada a las condiciones modernas. La principal norma en temas farmacéuticos es la Ley General de Salud, que este año cumple 50 años de haberse promulgado. La realidad de hace medio siglo es muy diferente a la actual y es necesario actualizar la normativa.

El país carece de una política de medicamentos para el ámbito público y privado. La política pública de medicamentos está en manos del prestador del servicio y no es un proceso transparente y participativo, sino que se rige por procesos administrativos, sin posibilidad de discusión o análisis por parte de la sociedad civil.

La falta de una normativa adecuada y una política pública acorde con la realidad nacional se refleja en la gran cantidad de recursos de amparo que presentan las personas reclamando terapias para tratar su enfermedad. La judicialización de la salud es un síntoma de la falta de regulación adecuada del sistema. No es normal que un ciudadano tenga que recurrir a un tribunal constitucional de alto nivel para que le brinden una terapia para tratar su enfermedad.

Analizar estos problemas jurídicos con un alto componente sanitario es el objeto de estudio del bioderecho. La Universidad de Costa Rica ha trabajado en el desarrollo de este campo de estudio por medio de la participación en el proyecto Pro-Human Biolaw financiado por la Unión Europea, junto con otras universidades de Latinoamérica y Europa. Se considera que es fundamental el análisis inter, multi y transdisciplinar de estos temas complejos.

Abordajes simplistas como homologación de registros sanitarios o control de precios de medicamentos no resuelven los problemas estructurales que tiene el sistema. Es necesario que como sociedad se genere discusión y acuerdos que permitan brindar sostenibilidad al sistema para lograr una mejor calidad de los servicios de salud.

1 Ley N.º 5665, del 28 de febrero de 1975.

2 Ley N. º 7472, del 20 de diciembre de 1994.

 

Freddy Arias Mora,
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del proyecto Pro Human Biolaw en la UCR

“Súmese a nuestro pedido para que Palma Tica construya sanitarios en los campos”

SITRAPA hace un llamado a la ministra de Trabajo

Rel UITA

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma y Afines (SITRAPA) Dania Obando, hace un pedido directo a la ministra de Trabajo, Marta Esquivel animándola a que se sume y presione para que la empresa Palma Tica construya sanitarios en sus campos.

La dirigente relata en el video las precarias condiciones en las que trabajadores y trabajadoras deben realizar sus necesidades fisiológicas.

Mira el mensaje completo. Compártelo.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/sumese-a-nuestro-pedido-para-que-palma-tica-construya-sanitarios-en-los-campos/

Proteger las políticas de salud pública de la interferencia de la industria tabacalera

Diego Montero Hernández

Vicepresidente de la Red Nacional Antitabaco (RENATA)

El pasado 31 de mayo, en conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, la Red Nacional Antitabaco (RENATA) tuvo la oportunidad de organizar un foro de presentación de resultados en el antiguo edificio legislativo acerca de dos estudios que se hicieron en el último año relacionados con la interferencia de la industria tabacalera en políticas de control de tabaco, el cual contó con el apoyo del diputado Jonathan Acuña de la fracción del Frente Amplio.

La interferencia de la industria tabacalera se entiende como esa gran variedad de tácticas y estrategias utilizadas, directa o indirectamente, por las compañías del tabaco y sus representantes para debilitar, obstaculizar o eliminar la aplicación o desarrollo de las medidas efectivas de control del tabaco. Se ha reconocido en distintas ocasiones que este flagelo ha sido responsable de que muchos países no hayan podido avanzar en una mejor legislación en control de tabaco. 

Precisamente, se diseñó el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera como una herramienta de medición que cuenta la sociedad civil para evidenciar la intromisión de estas compañías en dudosas decisiones que toman los gobiernos y entes legislativos. Según se expuso en el foro de presentación, Costa Rica reporta casos preocupantes, como la presencia desde el año 2016 de representantes de cámaras empresariales en la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito del Ministerio de Hacienda, donde se ha invitado a compañías tabacaleras sin que se dé a conocer lo discutido en el acta de reunión; el tratamiento especial por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo hacia la industria tabacalera al protegerla durante la reforma fiscal; o la donación de insumos médicos de la tabacalera Philip Morris Internacional a la CCSS en medio de la pandemia.

Por otro lado, se presentaron los resultados del estudio Sin cortinas de humo, que documentó el proceso de aprobación del proyecto de ley de regulación de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado (proyecto 21.658) para localizar a los sectores que se opusieron a su aprobación y sus argumentos. Se identificó el uso de tácticas de interferencia indirecta por parte de las tabacaleras durante el periodo en que se discutió el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa (entre octubre del 2019 y 2021), que incluyeron las relaciones públicas, para influenciar publicaciones en medios de comunicación que promovieron los vaporizadores y productos de tabaco calentado; también las acciones de responsabilidad social con instituciones públicas, donde es evidente el esfuerzo de la industria por mostrarse como un miembro responsable de la sociedad; y la utilización de alianzas con las cámaras empresariales, quienes defendieron públicamente los argumentos de oposición de estas compañías.

Una de las situaciones más preocupantes que se evidenció fue que la diputada que mostró mayor oposición al proyecto de ley 21.658 renunció a su curul para comenzar a trabajar, meses después, con la compañía tabacalera Philip Morris Internacional. Lo que ahora genera dudas sobre los intereses que en su momento tuvo la legisladora al oponerse a dicho proyecto de ley, y si ello significó mantener reuniones poco transparentes con tabacaleras, lo que violentaría el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), tratado internacional en la materia ratificado por Costa Rica desde el 2008.

Desde la RENATA abogamos porque se establezcan mayores regulaciones al cabildeo en la Asamblea Legislativa, medidas claras de transparencia, y que el Ministerio de Salud, como rector nacional en control de tabaco, sea el primer ente en implementar un Código de Conducta para relacionarse con la industria tabacalera o sus representantes solo cuando sea estrictamente necesario, tal y como lo exigen las directrices de aplicación del artículo 5.3 del CMCT.

Hacemos un llamado a distintos actores de la sociedad civil, a hacer un frente común que defienda una agenda de salud pública consensuada en beneficio de toda la población costarricense, anteponiendo siempre el derecho a la salud por encima de intereses comerciales.

Integración de la población LGBTIQ Refugiada en Costa Rica

El Instituto sobre Migración y Refugio LGTBIQ para Centroamérica, IRCA CASABIERTA, le invita al conversatorio denominado «Integración de la población LGBTIQ Refugiada en Costa Rica». Este espacio tiene como motivo la conmemoración del Día Mundial de la persona Refugiada y será realizado en coordinación con el Centro Cultural de España de Costa Rica, el próximo 22 de junio de las 4 p.m. a las 6 p.m.

Si usted desea participar de este evento, debe realizar su confirmación de asistencia al correo: irca.casabierta@gmail.com

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Encuentro en Defensa de las Semillas de la Zona Sur

La organización Red de Coordinación en Biodiversidad, en conjunto con Biriteca Agroecológica, la Red de Mujeres Rurales y Vida Auténtica, le invitan a participar en el Encuentro Comunitario en Defensa de las Semillas Campesinas, a realizarse el próximo 24 de junio en Tinamaste de Pérez Zeledón, a partir de las 10.00 a.m. en la sala de eventos Home Farm.

Entre los temas más relevantes a tratar se encuentran: el estado del proyecto de ley 21.087 “ley para la modernización de la Oficina Nacional de Semillas”, la construcción colectiva de estrategias y acciones ante las amenazas de esta ley y la libertad de las semillas.

 

Compartido con SURCOS por Agenda la Cadejos.

Imagen de portada ilustrativa. UCR.

Criminalización de la Protesta Social en Costa Rica

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el movimiento sindical costarricense, hacen un llamado a los ciudadanos a apoyar las luchas de los pueblos costarricenses.

En este caso específico, se solicita respetuosamente, justicia en el proceso judicial del señor Carlos Pérez Sánchez, trabajador sindicalista de la empresa RECOPE, quien fue despedido sin responsabilidad patronal por el hecho de manifestarse contra el combo fiscal del 2018, del cual se desprenden varios procesos judiciales en su contra, evidenciándose así, la criminalización de la propuesta social en Costa Rica.

¡Libertad y sobreseimiento para Carlos Pérez!

En una década Costa Rica cae desde el puesto 3 al 68 en desempeño ambiental a nivel mundial

Bloque Verde

-El origen de las malas notas que obtiene el país son las constantes desregulaciones, desfinancimientos y desmantelamiento de las instituciones y los escasos controles legales ambientales.

(Bloque Verde, 20-6-2022.) Lejos está Costa Rica de haber sido el tercer lugar en el Índice de Desempeño Ambiental en 2011. Este año 2022 cae al puesto 68 según este “ranking” elaborado por las universidades norteamericanas de Yale y Columbia. Es claro que la impunidad del delito ambiental y la regulación de los controles ambientales le pasan la factura a un país que le queda muy poco de ese liderazgo ambiental tan pregonado por los impulsores de las falsas soluciones al cambio climático, la Economía Verde y los Mercados de Carbono. Tónica que ha sido parte de una falaz política exterior costarricense, mientras descuidan en lo doméstico.

El Índice de Desempeño Ambiental (EPI por sus siglas en inglés) pretende orientar a los países en la formulación de políticas, y ayudarlos a salir del rezago existente en la protección ambiental. Es importante resaltar que los datos que utilizan las universidades de Yale y Columbia son obtenidos de una variedad de fuentes, entre ellas instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales y centros de investigación universitarios. La credibilidad de los conjuntos de datos, además, se basa en métodos de recopilación establecidos que han sido revisados y validados por la comunidad científica o respaldados por autoridades internacionales.

El EPI evalúa a 180 países en 40 indicadores y 11 categorías respecto al manejo de la biodiversidad, del agua, del agro, el cambio climático, la salud ambiental, la vitalidad de los ecosistemas emisiones y el manejo de desechos.

Un momento célebre para el país también fue en 2012 cuando obtuvo una nota de 69,03 sobre 100 puntos máximos posibles, y se lucía en el puesto cinco del mundo y de primero en el continente americano. Desde la primera edición del informe, presentada en el año 2009, el país había figurado en posiciones de privilegio. Su mejor desempeño se logró en 2011 donde apareció en el tercer lugar del mundo logrando 86,4 puntos de 100 posibles.

La decadencia fue abrupta para el año 2014, el país se colocó en el puesto 54, con una nota de 58,5. Para el 2018 Costa Rica repuntó y logró llegar al puesto 30 a nivel mundial y fue el mejor calificado de América Latina, con una nota de 61 sobre 100.

Entre 2018 y 2020 Costa Rica cayó 22 puestos llegando al puesto 52 de los 180 por las malas notas en el manejo de recurso hídrico, deficiente manejo de aguas residuales, falta de control en las pesquerías y agricultura. De los diez componentes evaluados, el país empeoró en siete de ellos.

Parte de esas caídas se deben a que incluyen nuevas categorías, como energía, cambio climático tratamiento de aguas residuales, donde por ejemplo el país es deficiente, sobrepesca, residuos sólidos pero algunas otras como la sostenibilidad de la agricultura, el incremento del riesgo de los plaguicidas y demás se observan grandes retrocesos que miden la pérdida de hábitat para especies en peligro de extinción, estado de las poblaciones de peces, mala calidad del aire, aparición de enfermedades que afectan a las personas por factores ambientales (Wolf et al, 2022).

¿Qué pasó este año? Para esta última edición del EPI Costa Rica está entre los 30 países en los cuales la biodiversidad está sujeta a alto riesgo de contaminación por mezclas de plaguicidas, además es la nación en posición 11 en dónde existen especies en peligro de extinción amenazadas por agroquímicos. Las universidades norteamericanas de Yale y Columbia además señalan a Costa Rica como un lugar donde existe un alto riesgo de contaminación de agua por plaguicidas. Situación que ha sido más que patente en comunidades de San Carlos, Siquirres y Cartago.

En Costa Rica se siguen usando 133 agrotóxicos considerados altamente peligrosos por sus implicaciones en la salud y en el medio ambiente, como por ejemplo, el paraquat y el metamidofós, un insecticida que está prohibido en 102 países (Semanario, 2021). El reciente informe del PNUD sobre uso de plaguicidas en el país revela que el 93% de los agrovenenos usados en Costa Rica son Pesticidas Altamente Peligrosos (PAP). Es decir que Costa Rica es el basurero de los agroquímicos que en otras partes del mundo están prohibidos y que acá todavía se comercializan.

El origen de las malas notas que obtiene el país son las constantes desregulaciones, desfinanciamientos y desmantelamiento de las instituciones y los controles legales ambientales, la parálisis que vive gran parte del sistema judicial ambiental y la gran impunidad y legalización de los delitos ambientales. Habrá que sumarle además la desprotección y el poco apoyo que enfrentan las personas activistas defensoras de los derechos ambientales e indígenas.

Bibliografía:

Wolf, M. J., Emerson, J. W., Esty, D. C., de Sherbinin, A., Wendling, Z. A., et al. (2022). 2022 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. epi.yale.edu https://epi.yale.edu/epi-results/2022/country/cri

En Costa Rica se usan 133 plaguicidas considerados altamente peligrosos. Setiembre 2021. https://semanariouniversidad.com/pais/en-costa-rica-se-usan-133-plaguicidas-considerados-altamente-peligrosos/

Inflación en Costa Rica: Los desatinos del Banco Central

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

  1. Introducción

Como sabemos, la inflación ha tendido a subir recientemente, alcanzando una cota anual del 8,7% en mayo de 2022, la más alta registrada durante los últimos 13 años. Su origen es evidentemente externo, o sea, es importada, y está asociada al aumento de los precios internacionales del petróleo, de los alimentos y de algunas otras mercancías. Detrás de todo esto, como sabemos, subyacen tanto las disrupciones globales provocadas por la pandemia del Covid-19, en particular la llamada “crisis de los contenedores”, como los agudizados trastornos que ha traído la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania.

Es importante tener esto presente, ya que, como intentaré mostrar en este artículo, las respuestas que se ensayan por parte del Banco Central, si bien admiten explícitamente el carácter importado de la inflación, contradictoriamente optan por medidas de política económica, que inciden directamente sobre la economía costarricense, como si la inflación se originase desde dentro mismo de ésta.

  1. La respuesta estándar

Subir las tasas de interés es la política estándar que los bancos centrales -incluido el de Costa Rica- acostumbran aplicar cuando la inflación da muestras de ir al alza. Y, por cierto, ello es hoy tendencia: los bancos centrales de todo el mundo toman este atajo, y elevan la tasa de interés que usan como referencia (en Costa Rica se la llama “tasa de política monetaria”), la cual usualmente incide de forma directa sobre las operaciones de muy corto plazo entre los propios bancos (ya que los bancos se prestan los unos a los otros todos los días), o de estos con el Banco Central, y luego tiende a propagarse, como en ondas concéntricas, sobre las diversas tasas de interés en todo el sistema financiero.

Al hacerlo de esa forma, hacen una especie de trueque: un mayor desempleo a cambio de una menor inflación. Porque, en último término, cuando un banco central empuja al alza las tasas de interés, lo que intenta es encarecer el crédito, para, eventualmente, frenar la inversión de las empresas y el consumo de las personas, y, así, “enfriar” la economía, o sea, frenar su crecimiento, lo cual normalmente implicará más desempleo. Alrededor de esto hay toda una parafernalia teórica, que, viene de autores como Milton Friedman y Edmund Phelps, la cual habla de la “tasa natural de desempleo”, la “tasa de desempleo no aceleradora de la inflación”, y, a partir de lo anterior, una tal Regla de Taylor (atribuida al economista estadounidense John B. Taylor). Puesto en sencillo, lo que esto nos dice es que existe una tasa de desempleo mínima, por debajo de la cual la inflación se acelera, por lo que, presuntamente, resultaría inútil y contraproducente que los gobiernos intenten comprimirla hasta ese nivel.

Por lo tanto, se supone que los bancos centrales deben ser vigilantes, y no permitir que la tasa de desempleo caiga por debajo de ese piso, ya que ello desataría perniciosas fuerzas inflacionarias, asociadas al hecho de que, siendo el desempleo muy bajo, ello presuntamente haría que los salarios suban, generando en consecuencia una presión alcista sobre los precios. En un contexto de desorganización de la fuerza de trabajo, y ausencia de organizaciones sindicales fuertes, esa hipótesis se vuelve altamente improbable, no obstante lo cual, sigue siendo la que subyace, de forma más o menos implícita o explícita, a estos planteamientos.

Pero, además, sucede que ninguna de esas “tasas” es observable. O sea, cuál es la “tasa natural de desempleo” y cuál la “tasa de desempleo aceleradora de la inflación” es algo que, en rigor, nadie conoce. Se las establece por puro “bateo”, lo cual no impide que los diversos bancos centrales reiteren siempre el mismo ritual, disimulando su ignorancia detrás de un lenguaje eufemístico, que se pretende técnico y aséptico.

  1. Supuestos irreales

Implícito a lo anterior, está el supuesto de que la economía ha crecido a un ritmo significativo y el desempleo ha bajado hasta el (incognoscible) nivel de su “tasa natural”, o inclusive por debajo de ésta, lo que produce un “recalentamiento” que acelera la inflación. De ahí lo que indiqué más arriba: el propósito entonces es elevar las tasas de interés y encarecer el crédito para “enfriar” la economía y, así, cortarle las alas a la inflación.

Al proceder de esta forma, claramente convertimos el empleo -y, por lo tanto, a las personas de carne y hueso- en una variable subordinada. O sea: la prioridad es la inflación, y la gente es el cordero que se inmola en el altar de los sacrificios.

El caso es que, obediente a este recetario, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), ha optado por combatir la inflación subiendo su “tasa de política monetaria”.  En los últimos seis meses ha habido cinco alzas, las dos últimas muy fuertes: 2,50 puntos porcentuales el 23 de abril, y 1,50 puntos porcentuales el 16 de junio. De tal forma, esta “tasa de política monetaria” pasó de 0,75%, a inicios de diciembre de 2021, a 5,50% en este momento. Eventualmente este movimiento alcista debería hacerse sentir sobre los nuevos créditos que los bancos dan a personas y empresas, como también elevará las tasas que se cobran sobre créditos concedidos en el pasado, y que están sujetos a tasas variables. Muy seguramente también hará subir las tasas de interés que se cobran sobre las emisiones de deuda pública, las cuales son, de todas maneras, injustificadamente altas.

Como ya adelanté, cuando procede de esa forma, el BCCR está suponiendo -aún si no lo dice- que los brotes de inflación que se registran, están asociados a una situación donde la economía avanza a ritmo trepidante y el desempleo es muy bajo. Y si no lo supone, actúa como si lo supusiera. Y, sin embargo, esa no es, ni remotamente, la situación actual de Costa Rica. Los indicadores sobre empleo, aportan un contundente desmentido a tan disparatada tesis. Recordemos que, según los datos más recientes, tenemos alrededor de 325 mil personas desempleadas, y más de 900 mil personas en la informalidad laboral. A lo cual debe agregarse la notoria ralentización en la creación de empleos, que se registra desde al menos el mes de octubre del año pasado. Cuando, por otra parte, la proporción de la población en edad de trabajar (15 años y más) que se mantiene fuera de los mercados laborales remunerados, sigue siendo sustancialmente más alta que la que se registraba antes de la llegada de la pandemia del Covid-19. En aquel momento, ese porcentaje, que ya era bastante alto, se ubicaba en el 36,1% (febrero 2020), mientras en el dato más reciente (abril 2022) se sitúa en 40,0%. El que esas personas -sobre todo mujeres- permanezcan en su casa y no salgan a buscar trabajo, refleja el desaliento frente a una economía que no ofrece adecuadas oportunidades de empleo. Ello además disminuye sustancialmente la tasa de desempleo oficialmente registrada, ya que, si esas personas salieran de su casa a buscar trabajo, muy seguramente no lo obtendría o, en el mejor de los casos, tendrían que ubicarse en empleos informales.

Los datos de empleo nos dicen que la economía costarricense está lejos de cualquier cosa que pudiera considerarse un “recalentamiento”, porque está lejísimos de producir a plena capacidad. Y, sin embargo, el Banco Central opta por combatir la inflación como si, en efecto, nuestra economía estuviera “sobrecalentada”. Más que paradójico, es absurdo.

  1. Dos pifias más

Recientemente el Banco Central adoptó nuevas medidas, y decidió elevar del 12% al 15% el llamado “encaje mínimo legal”. Lo que esto significa es que, de cada depósito que un banco reciba, deberá “guardar” un 15% en el Banco Central, donde quedaría inmovilizado, lo que disminuiría su capacidad para generar nuevos préstamos. Sin embargo, hay en lo anterior, al menos dos pifias.

Primera pifia: la intención, implícita pero muy obvia, es tratar de restringir la “liquidez” en la economía -o sea, la cantidad de dinero que circula- limitando la capacidad de los bancos para conceder créditos. Pero ello supone que detrás del problema de la inflación hay un exceso de dinero en circulación. La teoría subyacente, que tiene raíces en los planteamientos monetaristas de Friedman, es errónea, pero el sinsentido que representa se agranda, tan solo con que recordemos que estamos ante un problema de inflación importada.

Segunda pifia: no es cierto que los bancos requieran de los depósitos para generar créditos. En un sistema de moneda fiduciaria como el nuestro, los bancos generan créditos tan solo con hacer una anotación electrónica a favor de su cliente. En ese contexto, los créditos más bien anteceden a los depósitos, y no a la inversa. Elevar el “encaje” no altera en nada sustantivo este mecanismo de creación endógena de dinero. Si el crédito se frena será porque las altas tasas de interés frenen la economía y, en consecuencia, frenen la demanda de crédito por parte de empresas y hogares. Aunque, y en todo caso, no es ocioso recordar que el crédito al sector privado, ya venía bastante frenado, desde al menos 2018, de modo que las medidas que ahora toma el Banco Central, simplemente implican llover sobre mojado.

  1. Breve conclusión

Retomo lo indicado al inicio de este artículo: la inflación que estamos sufriendo es enteramente importada, y no tiene relación alguna con ningún “recalentamiento” de la economía costarricense, ni tampoco tiene orígenes monetarios. Las medidas que el Banco Central aplica no corrigen esa situación, pero, en cambio, muy seguramente agravarán los terribles problemas del empleo que vivimos. Ello implica un intolerable, y desde todo punto de vista injustificado, sufrimiento humano y social.

Téngase presente que he dejado por fuera muchos elementos importantes. Trataré de retomarlos posteriormente.

Alajuela, 19 de junio de 2022

 

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2022/06/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x.html?m=1

Pueblos indígenas en Costa Rica: entre la realidad y las aspiraciones del buen vivir

Este viernes 16 de junio a las 7:00 pm se llevará a cabo la primera sesión del ciclo “Pueblos indígenas en Costa Rica: entre la realidad y las aspiraciones del buen vivir”. La sesión será realizada en colaboración con Naciones Unidas Costa Rica. De junio a octubre se realizarán cinco sesiones en las que se dará a conocer la importancia de los pueblos indígenas desde diferentes variables.

En esta primera sesión se desarrollará el tema: El mundo indígena en Costa Rica, su situación actual y desafíos. Se contará con la participación de:

  • Geyner Blanco (Maleku). Ex Asesor presidencial de pueblos indígenas.
  • Yanory Rojas (Boruca). Consultora indígena del PNUD
  • María Eugenia Bozzoli, UCR
  • Caroline Munier UNESCO 

Apertura 

  • Cristina Pérez. Embajadora de España
  • Allegra Baiocchi. Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas 

Más información en: http://ccecr.org/…/conversatorio-el-mundo-indigena-en…/

Alternativas: cambio de gobierno o cambio de títeres ¿qué hacer?

El pasado viernes 10 de junio del 2022, en el programa Alternativas, se desarrolló el tema: “Cambio de gobierno o cambio de títeres ¿qué hacer?”. Se contó con la participación de

  • Jouseth Chaves
  • Rodolfo Ulloa
  • Esperanza Tasies
  • Óscar Madrigal

En ese espacio se discutió acerca del panorama económico, social y político del país. Se presentó las perspectivas de los cambios que vienen para el país y se discutió acerca de las acciones a tomar para frenar los ataques del gobierno. 

Se le invita a seguir la transmisión accediendo al siguiente enlace: https://fb.watch/dzBlFvUXYL/