El documento es un recurso de amparo presentado por Marco Levy Virgo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en su calidad de ciudadano afrodescendiente de Limón. Levy Virgo adjunta un informe del 10 de mayo de 2024, dirigido a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, por Gabriel Aguilar Vargas, Director de Despacho del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
El informe responde a una solicitud de información sobre las acciones del gobierno para definir «propiedad ancestral afrodescendiente» y las coordinaciones interinstitucionales para realizar un peritaje cultural sobre el término. La respuesta indica que la propiedad indígena en Costa Rica es comunitaria y no está individualizada, y que los instrumentos jurídicos existentes están orientados a proteger la propiedad comunitaria para pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, reconoce la necesidad de reformas legales para establecer un marco jurídico que reconozca, delimite y ponga en posesión la propiedad ancestral para las poblaciones tribales afrodescendientes.
Levy Virgo argumenta que la respuesta del gobierno confirma la falta de interés en proteger los derechos de la población afrodescendiente, ya que no se han aportado pruebas, resoluciones ni oficios que demuestren la creación de legislación específica para ellos. Solicita a la Sala Constitucional que tome nota de esta omisión y actúe en consecuencia.
Con el objetivo de celebrar el Día del Ambiente, el pasado 4 de junio la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (Edeca-UNA), organizó con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión, el foro: Ambiente y Desarrollo en Costa Rica. En la actividad participaron Leonardo Merino Trejos, politólogo y especialista del programa Estado de la Nación; Alberto López Chaves, gerente general del Instituto Costarricense de Turismo; Heidy Vega García, académica del Centro de Estudios Generales Sergio Molina Murillo, académico de la Escuela de Ciencias Ambientales, ambos de la Universidad Nacional (UNA).
“El desarrollo sostenible implica integralmente distintos ámbitos de acción no solo la naturaleza, si no el desarrollo económico, social e incluso los cambios culturales y la dimensión política”, dijo Martín Parada, vicerrector de la UNA.
Merino Trejos explicó que entre los años 50 y 90 se creía que el ambiente se relacionaba solo con conservar los ecosistemas y la biodiversidad, y que el país tomó algunas decisiones tempranas para conservar gran parte de su territorio bajo el esquema de áreas protegidas.
En los últimos años, el equilibrio ambiental se refiere a lo que hace un país en todo su territorio, tanto en el uso del suelo como en el uso de recursos. De acuerdo con el experto Costa Rica aparece en el puesto 16 de América Latina y el Caribe y en el 68 a nivel mundial, esto debido a que se toman en cuenta nuevos elementos como el manejo de las aguas residuales, uso de agroquímicos y transporte público entre otros.
Para Merino, es urgente proteger y profundizar los esfuerzos en conservación y recuperación forestal, principalmente en la zona norte; contener y reducir los impactos y riesgos del uso urbano del suelo, donde no ha habido planificación en transporte, red vial y desarrollo territorial; abordar la problemática del acceso al agua potable y fortalecer la gestión y las capacidades institucionales.
Mirada académica
Vega García habló sobre el trabajo que se realiza desde la academia, donde afirma que hay una educación y sensibilización eco ciudadana por medio de los docentes, programas y proyectos de investigación con la vinculación con la comunidad y el voluntariado, y por medio de la producción intelectual que se realiza por en diversos foro y publicaciones en libros y revistas, entre otros.
La académica enfatizó en que la sostenibilidad ambiental y turística debe ponerse en una balanza, por ejemplo: el deterioro y la restauración; generación presente y generación futura; huella ecológica individual y huella ecológica colectiva, entre otros.
Entre los desafíos ambientales y de desarrollo, mencionó la extensión de monocultivos, uso de plaguicidas y fertilizantes, mitigación y adaptación al cambio climático, y la regulación del turismo en las áreas protegidas, entre otras.
Vega aseguró que la academia crece y consolida su aporte a la sostenibilidad en el territorio nacional, al generar alternativas económicas de desarrollo, salud y bienestar.
López Chaves hizo un llamado ante la falta de preocupación de las generaciones actuales sobre el cambio climático, pues es un concepto que ya “no asusta a nadie” y que debe cambiarse por emergencia climática, y se puedan tomar acciones consecuentes a la emergencia.
Dentro de los instrumentos o programas que generan resiliencia que menciona López están:
Plan Nacional de la descarbonización de la economía 2050: Costa Rica ha logrado completar el 61% de las metas planteadas para la primera etapa del PND en el periodo 2018-2022. El 22% de las metas estaban en marcha al año 2021 y un 17% se categoriza con riesgo de incumplirse.
Propuestas de grupos multilaterales para subir el tono de cambio climático a emergencia climática: el ICT trabaja por medio de la Comisión Interinstitucional del Turismo (CITUR), donde se coordinan grupos de trabajo de sostenibilidad y ambiente. También por medio de la ONU Turismo, donde se trabaja con agenda prioritaria con temas como: emergencia climática, biodiversidad y resiliencia y el tema de agua y manejo de plásticos en océanos.
Pago por servicios ambientales: es un convenio firmado en el 2020 con el objetivo de facilitar la captación de recursos financieros para el pago de servicios ambientales del programa y seguir posicionando a Costa Rica como un destino turístico sostenible.
Programa Bandera Azul Ecológico. Galardón o distintivo que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección, de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar la emergencia climática.
Certificación de Sostenibilidad Turística: ICT otorga desde hace tres décadas y es un trabajo entre el sector privado y público y el objetivo es integrar en la política de sostenibilidad y plan de acción, acciones climáticas que potencien oportunidades de reducción, mitigación, adaptación y gestión de riesgo.
Sergio Molina hizo énfasis en la extracción de recursos, donde mencionó que todo lo que es intensivo es contaminante y desigual, por lo que se deben ver alternativas más participativas, de bajo impacto ambiental y con beneficios compartidos.
Lo que se busca, de acuerdo con Molina, es una alternativa circular, renovable y ecoeficiente, donde se produzca más con menos contaminación y energía.
Para Molina, la protección ambiental se ve como una restricción a las necesidades y un costo innecesario, cuando debería verse como una forma de resguardar valor e invertir.
El objetivo de este foro fue analizar temas de interés que afecten a la población costarricense, y forma parte de un ciclo de debates, análisis, reflexión y discusión para la comprensión de las implicaciones en el ámbito social, ambiental, económico y cultural en la institucionalidad del país, que organiza la Edeca-UNA para este mes.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Las Instituciones Públicas, autónomas, (CCSS, ICE, ICCA, Universidades Públicas, Banca Nacionalizada…Los “templos de la democracia” en el ojo de los nuevos mercaderes.
Mainier Barboza Soto Movimiento Patriótico por Costa Rica
En el evangelio de Juan 2, 13-25, Jesús, “hizo un látigo con unas cuerdas y los echo a todos del templo, junto con las ovejas y los bueyes. Arrojó al suelo las monedas de los cambistas y les volcó las mesas.”. (biblia.net). surge la pregunta, ¿Cómo y a propósito de qué homologamos el texto bíblico y por qué la analogía, con nuestras instituciones?
Nuestras instituciones de servicios públicos, autónomas, han tenido un rol fundamental para los costarricenses, han significado un soporte a la estabilidad democrática que, ha caracterizado a Costa Rica, como país de paz, solidario, fraterno-bueno, es lo que se percibe-en las estructuras de la sociedad, especialmente la clase asalariada, así como la pequeña y mediana empresa, de los sectores primario y secundario de la economía; la clase media, mayoritariamente asentada en la base pública, posee grandes cualidades, pero todavía no termina de dar el paso, como una auténtica clase que es dependiente de un salario, al margen de este paso pendiente, juegan un papel central en la protección de estas instituciones, tienen el deber de acoger- y lo hacen-a toda la población de una forma, fraterna, amistosa, gregaria.
De este modo, nuestras instituciones, devienen en verdaderos templos, donde acude la gente, a que se resuelvan las más variadas necesidades: de educación, de salud, vivienda, servicios básicos; pero, además, se convirtieron en la base en la que la democracia costarricense, se apoya, dado el carácter de dichas instituciones, de servicios esenciales, que se transforman en capital social, donde la solidaridad es a su vez esencial, consolidando un Estado Social de Derecho, inmerso en el sistema capitalista de producción-que aceleradamente se está convirtiendo en un Estado controlado por el capital financiero, lo que permite el acceso de capitales que se han denominado opacos, (del estilo Panamá Papers); aun así, se cuenta con una democracia, representativa, en mucho, dependiente de la estabilidad de estas instituciones, que son “templos”, que representan el patrimonio que nos han legado las generaciones del trabajo, del campo, de la ciudad, de la Costa Rica rural y urbana.
Conviene que nuestra población, en primer lugar la clase asalariada, del sector público, del privado, del área rural, urbana, de los sectores de la economía: primario, secundario, terciario, el de servicios, en fin toda la población que ama esta patria, identifique con claridad, cuáles son esos mercaderes modernos y sin temor, construya ese “látigo” y eche a esos enemigos de los templos que son nuestras instituciones, que, además, como patrimonio, devienen en activos sociales, por tanto, ni están en venta, ni sujetas a privatización, tercerización, copagos, y otras fórmulas para destruirlas. Recordemos, que el “látigo” del evangelio se construyó, con la unión de varias cuerdas, el “látigo” de hoy, requiere la unión de todas las cuerdas necesarias, que analógica y simbólicamente, están representadas en todas las manos, los brazos, las cabezas, las ideas, las inteligencias de las personas y sus organizaciones sociales y del trabajo, cobijados bajo un manto común a toda la población, la defensa de la patria, sí, porque defender nuestros “templos institucionales” en estos tiempos, es defender nuestro país; así han iniciado los neoliberales y esos “mercaderes” en otras latitudes y ha terminado con sus países-América Latina es testigo de esos desalmados.
Hace casi exactamente 76 años, la Junta Fundadora de la Segunda República, el 20 de julio de 1948, en el Decreto Ley No. 106, discutió sobre la ciudadanía. La consideró “un derecho substancial que corresponde, de modo indiscutible, tanto a las personas nacidas en el territorio de la República de padres extranjeros como a los nacidos en el extranjero de padres costarricenses.”
Sobre este considerando señaló que la ciudadanía emanaba de esas circunstancias, por lo que “no debe tener otras limitaciones que la voluntad del interesado o de sus padres, en su minoridad, y las demás de carácter puramente formal que la ley establece”.
En ese sentido rectificó “el párrafo primero del artículo 9º de la ley No. 25 de 13 de mayo de 1889, reformada por la No. 207 de 26 de agosto de 1944, suprimiendo el impedimento que contempla en relación con la opción de la ciudadanía”, e introdujo al citado artículo 9º una reforma que le permitía al Poder Ejecutivo “previo examen de las condiciones personales del solicitante, conceder la carta de naturalización a los ciudadanos o súbditos de las naciones con las que Costa Rica hubiere estado en guerra, aun cuando no se haya firmado el correspondiente tratado de paz, siempre que los antecedentes, hábitos y procederes de quien la pidan, lo hagan digno, a juicio del Poder Ejecutivo, de ser costarricense.” Obvio era que, en 1944, la situación internacional en el marco de la II guerra Mundial, y la declaración de guerra que había establecido Costa Rica contra el imperio japonés, la Alemania Nazi y la Italia fascista, en diciembre de 1941, conducía a considerar la naturalización o adquisición de la ciudadanía costarricense para personas de países con los cuales estuviéramos en guerra o no hubiéramos firmado la paz.
Superado ese trance, con la victoria sobre el eje nazi fascista, en mayo de 1945, en Europa, y en setiembre, sobre el Japón imperial, ya en el marco inicial de la Guerra Fría, surgida desde esa finalización de la guerra en 1945, la Junta de Gobierno, sobre la consideración del artículo 9 de la ley No. 25 de 13 de mayo de 1889, reformada por la ley No. 207 de 26 de agosto de 1944, dispuso, en un solo artículo, por este Decreto No. 106, que el artículo 9 se leyera así:
“Artículo 9º. – No se concederá carta de naturalización a los ciudadanos súbditos de Nación con la que Costa Rica se halle en estado de guerra, ni los declarados judicialmente en otros países piratas, traficantes en esclavos, incendiarios, modernos falsos o falsificadores de billetes de banco u otros documentos de crédito público, ni a los asesinos, plagiarios o ladrones.
Es nula de pleno derecho la naturalización que fraudulentamente haya obtenido el extranjero en violación de la ley o de los reglamentos; y, en consecuencia, en cualquier momento en que se compruebe que al solicitar u obtener la carta, un individuo naturalizado dio algún dato falso, o que fue condenado antes por un delito que merezca pena de presidio, o que se ha valido de su calidad de costarricense naturalizado con posterioridad a su obtención, para propagandas contrarias al orden público o social en el interior o exterior del país, el Poder Ejecutivo podrá revocar el acuerdo que le concedió la nacionalidad costarricense y declarar nula la respectiva carta. La revocatoria se hará en resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se publicará en La Gaceta oficial y se comunicará al Registro Cívico para su anotación. Estos preceptos regirán en cuanto a las opciones de nacionalidad.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, el Poder Ejecutivo podrá conceder carta de naturalización a los ciudadanos o súbditos de las Naciones con las que Costa Rica haya estado en guerra, aun cuando no se haya firmado el correspondiente tratado de paz, si previo examen de las condiciones del solicitante, como antecedentes, vinculaciones, tiempo de permanencia en el país, hábitos y procederes, es digno de ser costarricense”.
Más claro no canta un gallo. La nacionalidad adquirida por nacionalización, por naturalización solicitada por un extranjero, ante la institucionalidad del Poder Ejecutivo, y del Estado de Derecho costarricense, podía ser revocada si caía en las causales señaladas. En esa época no existían las calificaciones de organizaciones criminales, de narcotráfico, de terroristas, que hoy existen, ni las condiciones de desarrollo de narco estados o estados fallidos por la presencia de este tipo de organizaciones, ni existían los carteles mafiosos internacionales como hoy se expresan. Ni tampoco sucedía la búsqueda de nacionalidades, a modo de escudos de protección, para líderes de esas organizaciones, mediando diversos ardides, entre ellos matrimonio con nacionales, como ocurre con casi 40 personas detectadas en el país que abusan de esta condición para no ser extraditadas a sus países originarios, o a terceros países, que los persiguen por participar en estas redes internacionales de criminalidad que afecta a esos países.
La nulidad de la naturalización así adquirida, mediante fraude o dolo, se podía realizar como un acto legítimo de todo derecho por el Poder Ejecutivo. En este sentido es que la Asamblea Legislativa podría modificar las disposiciones legales para anular la naturalización, o la carta de ciudadanía, de aquel extranjero, que caiga en esas categorías criminales y haya ocultado su participación o vínculo, para obtener la nacionalidad costarricense. Esta extradición solo afectaría a naturalizados, que perderían la nacionalidad costarricense, pues al quitarles la nacionalidad costarricense, quedan con la propia permitiría expulsarlos del país o extraditarlos, al país que los demande.
A los costarricenses de nacimiento no se les puede expulsar del territorio nacional ni se les puede extraditar, de acuerdo a nuestra Constitución Política.
Así, la discusión legislativa de extradición de mafiosos naturalizados y de posibles costarricenses que hubieren cometido delitos en otros países, por los que son requeridos, es claro que no está cubierta por la disposición constitucional del artículo 31 que señala expresamente que “nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense”, si fueran razones políticas las que causan su solicitud de extradición. Pero, quedan a descubierto de la persecución de delitos comunes y de las nuevas formas delictivas de las organizaciones criminales, anulándoles la nacionalidad, lo cual sí procedería.
La extradición tal como se discute en la Asamblea Legislativa debería concentrarse en la extradición de extranjeros que adquirieron dolosa o fraudulentamente la nacionalidad o la naturalización, y si carecen de medios de vida que se puedan constatar, por lo menos, por la Caja Costarricense del Seguro Social o por la Tributación Directa y el Ministerio de Hacienda. Si así operan, que se les cancele o anule la nacionalidad costarricense.
La extradición en Costa Rica en su momento final es una decisión del Poder Judicial, de conformidad al conocimiento que se tenga del requerido para ser extraditado.
El Poder Ejecutivo podría anular la nacionalidad del naturalizado, si esa anulación o cancelación se justifica legalmente, que es lo que procede realizar, modificar la ley advirtiendo a los extranjeros que quieren optar por la nacionalidad costarricense de las causales que les puede anular esta nacionalidad.
Los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron la decisión de anular la naturalización adquirida, mediante fraude o dolo, fueron, aquel 20 de julio de 1948, José Figueres, Benjamín Odio Odio, Fernando Valverde Vega, Uladislao Gámez Solano, Bruce Masis Diviasi, Benjamín Núñez Vargas, Gonzalo Facio Segreda, Alberto Martén Chavarría, Francisco José Orlich Bolmarcich, Raúl Blanco Cervantes y Edgar Cardona Quirós.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.
Foto del principal sospechoso (al centro) de colocar la bomba, extraída de nota de la BBC, » Peter Torbiornsson: My guilt over La Penca bombing». Foto del atentado extraída de artículo publicado en el Tico Times en el 2013. Orden de captura publicada en Costa Rica, foto extraída de reportaje del Tico Times (Costa Rica).
El pasado jueves 30 de mayo se conmemoró en Costa Rica (y en Nicaragua) el 40 aniversario del atentado de La Penca, en el cual encontraron la muerte 4 periodistas costarricenses y extranjeros y 22 resultaron heridos: el atentado se produjo el 30 de mayo de 1984 durante una conferencia de prensa realizada a orillas del río San Juan por el entonces comandante de la ARDE (Alianza Revolucionaria Democrática), Eden Pastora, en la localidad nicaragüense de La Penca (véase nota publicada para el 29 aniversario de CRHoy). Tratándose de un dirigente de la denominada «contra» nicaragüense, su eliminación física, en aquel momento, pudo ser el objetivo tanto de las autoridades gubernamentales en Nicaragua de la época, como del de las de Estados Unidos.
En este video, titulado «La Penca: narración de un sobreviviente«, uno de los periodistas costarricenses sobrevivientes que asistió a la conferencia de prensa de Edén Pastora en la que estalló un artefacto explosivo, relata lo acontecido. La nota publicada el 1ero de junio de 1984 por The Washington Post amerita también una relectura detallada, en la medida en que, como ha sucedido en la historia de manera reiterada de Estados Unidos, un grupo rebelde que inicialmente es apoyado en armas y municiones por parte de Estados Unidos, … es luego objeto de acciones para eliminar a sus dirigentes.
Si bien los hechos ocurrieron en Nicaragua en el período de guerra civil de inicios de los años 80, las víctimas costarricenses sobrevivientes y los familiares de las víctimas mortales han solicitado que se ordene investigar lo ocurrido, sin tener mayor respuesta a sus diversos requerimientos.
El gremio de los profesionales de la información de igual manera ha respaldado sus reclamos sin mayor éxito. Esta situación ha llevado a las víctimas a acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el cual, 40 años después de sucedidos los hechos, no ha logrado aún elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¿Como así? Como se lee.
En 1990, Costa Rica solicitó formalmente a Estados Unidos extraditar a un nacional norteamericano (véase nota del New York Times), sin lograr su extradición por parte de Estados Unidos. Se lee en este documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos titulado «G. DEA’s Investigation of Information It Received About Contras or Contra Sympathizers» que Costa Rica renovó dicha solicitud en 1993 contra esta persona por el atentado de La Penca:
«In March 1993, Costa Rica submitted a renewed request for Hull’s extradition which contained documents indicating that the Superior court in Costa Rica had dismissed the drug trafficking charge against Hull for lack of evidence and that his extradition was no longer sought for that offense. This left the «Hostile Acts» and murder charges against Hull. However, on reviewing the documentation supporting the murder charge, based on Hull’s alleged involvement in the La Penca bombing, the OIA found no evidence of Hull’s involvement in this crime, indeed no evidence that he even knew about the bombing before it occurred«.
En unas líneas siguientes, el precitado documento señala que, según cables de diplomáticos de Estados Unidos acreditados en Costa Rica:
«A «comment» by the cable’s author interprets Calderon’s statement as meaning that «On Hull, Calderon is putting us on notice that there’s no way he can turn a request off but is clearly hoping that Hull will not be extradited.«
Cronología de una larga batalla legal
En el mes de setiembre del año 2005, los sobrevivientes costarricenses y los familiares de las víctimas presentaron una demanda contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar debidamente este atentado (véase nota de La Nación): lo hubieran perfectamente podido hacer 20 años antes (1985), pero algo pasó para que … no lo hicieran.
En este enlacede Primera Plana (Colegio de Periodistas de Costa Rica), se puede revisar el detalle de la acción interpuesta al año 2010.
En marzo del 2012, la demanda se amplío para extenderla también a los órganos de investigación del Estado en Nicaragua.
En junio del 2013, se solicitó a la Comisión incluir algunos testimonios encontrados en documentales recientes producidos sobre este caso, en particular las entrevistas de un cineasta sueco a funcionarios de Nicaragua (véase documental«Good Bye Nicaragua«).
Cabe señalar que a finales del año 2013, la Fiscalía de Costa Rica cerró una de las líneas de investigación, al confirmarse en Buenos Aires la muerte de uno de los nacionales de Argentina considerado como una de las posibles pistas y principal sospechoso de colocar la bomba que estalló aquel 30 de mayo de 1984 (véase artículo de La Nación del 3/12/2013). Se lee (ver nota de Teletica Canal 7) que:
«Jorge Chavarría, Fiscalía General de la República, “Se había reactivado la orden de captura en el 2008 a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), porque no sabía si había fallecido o no. Ahora ya lo tenemos claro y con eso cerramos esta línea de investigación, vamos a ordenar la cancelación del asiento de la captura internacional que se había dado a Roberto Vital”.
En un artículo de la Prensa Libre (Costa Rica) del mismo día se leía que:
«Con base en restos óseos que fueron recolectados luego del asalto al cuartel la Tablada en Argentina, en 1989, que estaban conservados por las autoridades de ese país, se realizaron análisis de ADN. De acuerdo con las conclusiones a las que llegan los médicos forenses de la Corte Suprema de la Nación de Argentina, se establece con un 99,99% de certeza que un grupo de los restos óseos pertenecen a Roberto Vital Gaguine”, afirmó el fiscal general Chavarría.»
Mientras que en el 2013 las autoridades costarricenses anuncian el cierre de una línea de investigación, resulta que ya en un artículo del 1ero de agosto de 1993 de The Independent (Reino Unido) se hacia referencia a la muerte de este sospechoso en el año de 1989 cuando se precisa que:
«Gauguine’s family knew nothing of his involvement with La Penca, but others have furnished details of his life: he came from a middle-class family and his ERP nom de guerre was Martin el Ingles. He arrived in Britain in 1978, where he later applied for asylum. By 1980 his whereabouts were again unknown. He will never be brought to justice:in 1989, he died, with 18 others, in a guerrilla attack on an army barracks on the outskirts of Buenos Aires«.
Los 10 años que separan el artículo de The Independent y las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación en Costa Rica plantean interrogantes muy válidas.
En el 2018, se indicó en la prensa costarricense que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «acogió» la denuncia, pero sin que se haga público algún documento oficial de la misma (véase nota del Semanario Universidad).
Los 40 años de La Penca: víctimas, prensa y ciudadanía costarricense en espera de justicia
Para los 30 años del atentado de La Penca, el 29 de mayo del 2014, algunos diputados de la Asamblea Legislativa declararon ante cámaras apoyar las gestiones del Colegio de Periodistas de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver video).
El mismo 30 de mayo del 2014, emisiones radiales matutinas muy oídas fueron dedicadas al tema como Hablando Clarode Vilma Ibarra y Boris Ramírez y Nuestra Vozde Amelia Rueda, con un amplio material multimedia puesto a disposición del público costarricense en aquel momento.
Como parte de las conmemoraciones de los 30 años, el Canal 15 de la UCR de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó el documental: “Goodbye Nicaragua” (Nota 1) del director sueco Peter Torbiörnsson. La película, que incluye entrevistas del cineasta en Bolivia, Costa Rica, Cuba, Francia y Nicaragua, causó cierto impacto y reacciones en Nicaragua cuando fue presentada en el 2011 (véase notadel Semanario Universidad de Costa Rica).
Nos permitimos, en una nota publicada en un portal jurídico costarricense, reunir estas y otras informaciones, pocos días después de conmemorarse los 30 años del atentado de La Penca (Nota 2).
También el viernes 30 de mayo del 2014 se transmitió el documental “La Penca: Onda Expansiva”, (véase enlace) una producción conjunta del Colegio de Periodistas (COLPER) y del Canal 15 de la UCR, que incluye entrevistas a personeros del sistema judicial costarricense a cargo de la investigación realizada (documental producido en el año 2004 para conmemorar el 20 aniversario).
En estas entrevistas, se indica que las gestiones oficiales realizadas ante Estados Unidos para extraditar a dos personas no concluyeron debido a errores del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en su tramitación (véase video, a mn 32:27). En esa misma entrevista se indica además que documentos enviados desde los Estados Unidos a las autoridades judiciales de Costa Rica llegaron …tachados, imposibilitando la lectura de nombres, lugares y fechas.
Nótese no obstante la existencia – en línea – de esta publicación colgada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos (véase enlace) , titulado «La Penca, Pastora, the press and the CIA» en el que una multitud de datos reunidos ofrecen algunas pistas sin del todo poder corroborarlas. Al tratarse de una agencia de inteligencia cuyas autoridades tenían interés, en 1984, en eliminar físicamente a Eden Pastora, todo lo que aparezca en su sitio merece cautela. Cabe precisar que en la parte final del documento se lee: «Approved for release 2010/09/15«. Lo cual evidencia que durante largos años desde 1984, este documento se mantuvo sin estar colgado por parte de dicha entidad, por razones que se desconocen y sería de enorme interés conocer. ¿Qué habrá sido lo que ocurrió en el 2010 que no ocurrió antes, imposibilitando la puesta en línea de esta publicación por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos?
En un artículo del New York Times de 1993 se lee que:
«A Costa Rican prosecutor, Jorge Chaverria, said that he had no plans to withdraw the charges against the two men. His investigation in the late 1980’s found no evidence to point to the Sandinistas, and he said he was not convinced that the Sandinistas alone were behind the bombing«.
Por su parte, el cineasta sueco con su documental «Goodbye Nicaragua» presentado en el año 2011 sugiere descartar definitivamente la pista de que se trate de una acción comanditada por los servicios de inteligencia norteamericana y señala claramente la responsabilidad directa de miembros del aparato de inteligencia de Nicaragua en este doloroso episodio ocurrido en 1984, y el brazo ejecutor a cargo de llevarlo a cabo. Para las víctimas y sus familiares, se trata de un documental que aporta algunas luces sobre posibles responsables intelectuales de este atentado.
Un artículo publicado en el 2014 sobre el atentado de La Penca refiere a otras muertes de periodistas acaecidas en Costa Rica después de 1984, y se titula «El país de las impunidades a 30 años de La Penca: Costa Rica«.
No está demás indicar lo que escribe una de las autoras de un libro que le significó a ella y su esposo una acción en difamación ante los tribunales por parte un ciudadano norteamericano que Estados Unidos luego se negó a extraditar hacia Costa Rica (véase artículo de 1991 del Washington Post titulado «The man Washington doesn’t want to extradite«), cuando señala en este artículo publicado en el Tico Times en el 2013, que:
«And, during Arias’ tenure, Costa Rica’s Legislative Assembly carried out investigations that implicated North, Hull, the U.S. ambassador and CIA station chief, and others in Contra-related drug trafficking and other “hostile acts” against Costa Rica. Judicial authorities reopened the stalled La Penca investigation, ultimately bringing murder charges against both Hull and CIA operative Felipe Vidal. Both fled the country.
However, unanswered questions about the La Penca bombing have continued to haunt us«.
Como indicado, la autora escribió un libro que fue publicado e inmediatamente objeto de una demanda por difamación que finalmente no prosperó. El texto integral está disponible en este enlace.
A modo de conclusión
A la fecha del 30 de mayo del 2024, las investigaciones realizadas por otras entidades distintas a los órganos de investigación de Costa Rica y de Nicaragua no han logrado identificar a los autores intelectuales de este atendado: conjeturas de todo tipo siguen sin lograr verse validadas por un expediente de algun tribunal.
Ante las maniobras de todo tipo para frenar o complicar las investigaciones llevadas a cabo desde el Poder Judicial costarricense, y los errores de tramitación dentro del mismo aparato estatal costarricense, investigaciones externas por parte de periodistas no han permitido tampoco llegar a conclusiones validadas por los hechos.
Desde el 30 de mayo del 2104, así como desde el 30 de mayo del 2014, es muy poco en lo que se ha avanzado. Este 31 de mayo del 2024, el Relator sobre Libertad de Prensa en el sistema interamericano prometió reactivar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo en evidencia que este órgano no ha sido de mayor eficacia a la hora de tramitar esta denuncia que le fue presentada inicialmente en el 2005 (véase nota del Semanario Universidad): salvo error de nuestra parte, no se tiene registro de una denuncia planteada ante el sistema interamericano de derechos humanos y que, en 19 años, no haya dado lugar a un informe sobre su admisibilidad por parte de la Comisión.
Con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pareciera, por razones dificiles de explicar, que sus integrantes no saben a cuáles aparatos estatales solicitar información sobre este caso: desde el 2005, salvo error de nuestra parte, no se le conoce decisión hecha pública con respecto a este preciso caso. Si la denuncia inicialmente se hizo contra Costa Rica, y luego se extendió a Nicaragua, no se conoce a la fecha de un informe del órgano interamericano sobre las gestiones realizadas a ambos Estados de su parte. Y muchos menos de un informe de admisibilidad de la denuncia (si existe, por alguna razón no está disponible en el sitio de este órgano del sistema interamericano de derechos humanos).
En el programa Hablando Claro de Vilma Ibarra y de Boris Ramirez realizado este 31 de mayo, se pudo escuchar una muy extensa entrevista a uno de los sobrevivientes del atentado de La Penca (véase enlace a esta emisión radial).
Ante el sufrimiento que ha causado en las víctimas y familiares de las víctimas, estos 40 años que han transcurrido bien podrían ser la ocasión para que algunas conciencias liberen algunos secretos que mantienen muy bien guardados, y para que algunos documentos clasificados archivados en algunas embajadas en Centroamérica sean finalmente desclasificados: se trata de una solicitud que tuvimos la oportunidad de expresar también con ocasión de la fecha en la que se conmemoraron los 40 años de la muerte de la jóven estudiante Viviana Gallardo, en julio del 2021 (Nota 3).
Si estos documentos ya no están en estas embajadas, puede solicitarse a algunas capitales ordenar su desclasificación, dado el extenso plazo de tiempo que ha corrido desde aquel fatídico 30 de mayo de 1984: se trata de gestiones diplomáticas que cualquier Estado puede realizar ante otro Estado en el que se sospecha que hay información que permita esclarecer algún asunto de interés público. En este sentido, el esclarecer las sombras y las dudas que persisten en Costa Rica sobre el atentado de La Penca es un asunto de interés público.
A menos que la impunidad campante con la cual algunos parecieran, tanto en Costa Rica como fuera de ella, mantener este trágico episodio, se termine por imponer con el transcurrir del tiempo.
– -Notas – –
Nota 1: El trailer del documental “Goodbye Nicaragua” está disponible aquí. La última parte del documental (parte 3), subtitulada en español, está de igual forma disponible en Youtube y disponible aquí.
Nota 2 : Véase BOEGLIN N., «El Atentado de la Penca 30 años después: conmemoración y preguntas sin responder«, DerechoalDía, edición del 5 de junio del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Al cumplirse los 40 años desde el asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica: breves apuntes«, 1ero de julio del 2021. Texto disponible aquí.
MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos Diplomada en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN
La explotación sexual en Costa Rica, como en muchos otros países, es un problema complejo y arraigado que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque es difícil precisar una fecha exacta de su inicio, es claro que el fenómeno ha estado presente desde los primeros desarrollos urbanos y económicos del país. Los esfuerzos para combatirlo han aumentado en las últimas décadas, pero sigue siendo un desafío significativo que requiere una acción continua y coordinada.
La explotación sexual tiene consecuencias devastadoras para las víctimas, incluye daños físicos, emocionales y psicológicos afectando la autoestima, degradando y lesionando al individuo en sus diferentes etapas de vida, a su vez desestabiliza familias y comunidades, corrompe los valores sociales y éticos. Perpetúa la desigualdad de género y tiene un impacto negativo a nivel global representando una violación grave de los derechos humanos.
Un tema que lamentablemente, aún tiene sus vacíos en cuanto a la implementación y ejecución de las leyes.
La pregunta es… ¿Necesitamos una ley para evitar que hoy sigan los clientes de explotación sexual buscando servicios sexuales?
¡POR FAVOR NO JUGUEMOS DE IGNORANTES! Están en todas partes.
En diferentes regiones de nuestro país, las fuentes de trabajo son escasas, con un bajo ingreso económico, lo cual obliga el desplazamiento de personas con necesidades laborales, a zonas centrales o a provincias que ofrezcan un mercado laboral alimentado por el turismo y por fuentes de trabajos informales. Aquí la vulnerabilidad de caer en ambientes de explotación sexual donde la edad nunca es factor de impedimento.
La explotación sexual es una forma de abuso en la que una persona utiliza a otra para obtener beneficios sexuales o económicos a través de actos sexuales no consensuados o pagados en diferentes formas: favores, dinero, droga, invitaciones, alojamiento o cualquier otro tipo de beneficio. También una forma de violencia y violación de los derechos humanos, ya que priva a las personas de su dignidad, autonomía y libertad sexual. Es un problema grave que afecta a personas de todas las edades, géneros y contextos socioeconómicos en todo el mundo.
Esta explotación puede manifestarse de varias maneras donde las víctimas son forzadas, engañadas o coaccionadas para realizar actos sexuales. Normalmente en condiciones de esclavitud o servidumbre, violencia o manipulación psicológica, producción, distribución y posesión de material pornográfico, que algunas veces involucra incluso a menores de edad, siendo esta una de las formas de explotación sexual más grave, castigada en Costa Rica por la LEY 7899 CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD.
Combatir la explotación sexual requiere de la colaboración de gobiernos que incluyan leyes fuertes, apoyo a las víctimas, esfuerzos concertados de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general para proteger a las víctimas en vulnerabilidad y perseguir a los responsables de este tipo de abuso. Por lo que combatir la explotación sexual requiere de esfuerzos a nivel legal, social y educativo. Cambiar las actitudes sociales hacia la explotación y la violencia, castigando a los perpetradores para prevenir este tipo de abusos.
¿ES ESTO POSIBLE? Entendamos algo; en la conducta humana…
¿Cuáles son algunas de las razones por las cuáles un hombre o mujer paga por sexo?
Las razones pueden variar ampliamente y estar influenciadas por una combinación de factores psicológicos, sociales y circunstanciales. A continuación, se presentan algunas de las razones más comunes:
Falta de relaciones íntimas.
Falta de tiempo o conveniencia.
Deseos específicos, (fetiches sexuales).
Problemas emocionales o psicológicos, (limitaciones biológicas).
Exploración sexual.
Falta de compromiso.
Normas culturales y sociales. Entre otras.
Entonces, deberíamos preguntarnos ¿cuál de estas situaciones mueve a una persona a realizar tales actos sin tomar en cuenta las afectaciones que ello conlleva? En Costa Rica como a nivel mundial; la prostitución es un tema de no acabar. Esta aparece en varios tipos, según diferentes criterios: el entorno en el que ocurre, la modalidad de operación y la naturaleza de las relaciones involucradas.
Podríamos incluir el tema de valores humanos, donde se comete un delito no solo castigado por las leyes de un país sino también mencionar las diferentes afectaciones que podría conllevar si uno de estos actos se da dentro de: lugares de trabajo, instituciones públicas, instituciones educativas, entornos de servicios públicos o privados, espacios digitales, domésticos como lugares públicos y comunitarios o sector turismo entre muchos más. Provocando afectaciones familiares, sociales, éticas y morales, tanto en forma individual como social.
A continuación, se describen algunos de los tipos más comunes de prostitución según el entorno: la prostitución callejera, la prostitución en burdeles, prostitución de acompañamiento, prostitución en clubes y bares. De acuerdo con la modalidad se encuentra la prostitución independiente, o prostitución con proxeneta, pero según la naturaleza de las relaciones involucradas vemos que existe la prostitución de lujo, la prostitución forzada, y entre otras la prostitución en línea. Cada tipo de estas tiene sus propias dinámicas, riesgos y desafíos, tanto para las personas involucradas como para las políticas públicas y los esfuerzos de regulación y protección de derechos, cada una juega con oferta y demanda.
¿Quienes pagan por servicios sexuales? ¿Cuál son las razones que originan involucrarse en estas actividades? ¿Cuál es la relación familiar, social o emocional de cada individuo? ¿Tiene esta persona un hogar, una esposa, una familia, hijas e hijos?
Queda un sin sabor…saber que el taladro de la corrupción traspasa las paredes y deja al descubierto toda una aberración moral y social llena de acciones inmorales e inapropiadas, con desviaciones de normas y valores sociales. Estos valores que guían el comportamiento de las personas dentro del actuar colectivo y que establecen un marco ético que influirá en todas las interacciones sociales, personales y hasta organizacionales.
No podemos percibir los valores sociales como principios estáticos; ya que el tiempo, los cambios de la globalización, los avances tecnológicos, los movimientos sociales y las transformaciones económicas, los modifican. Aun así, debemos respetarlos ya que son fundamentales para la estructura y el funcionamiento de cualquier comunidad. Estos nos proporcionan un sentido de dirección y propósito compartido, contribuyendo a la armonía y al desarrollo de los grupos sociales.
En diferentes oportunidades las redes sociales y medios de comunicación en nuestro país declaran y exponen escándalos de este tipo en diferentes instituciones y organizaciones públicas. Por lo que es necesario conocer que posición tiene la Legislación y Protocolos en Costa Rica respecto al tema. Que dice textualmente;
Costa Rica cuenta con leyes y protocolos específicos para manejar casos de acoso y extorsión sexual. La Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley N° 7476) establece procedimientos y sanciones para estos casos. Además, el Código Penal de Costa Rica contempla delitos relacionados con la extorsión y el abuso sexual.
En resumen, un empleado público en Costa Rica involucrado en un escándalo de extorsión sexual enfrentaría una serie de consecuencias legales, administrativas y sociales. Las autoridades llevarían a cabo las investigaciones necesarias y, si se determina culpabilidad, el individuo podría enfrentar sanciones penales, disciplinarias y un daño significativo a su reputación y carrera. Pero surge la pregunta… ¿realmente se está combatiendo y denunciado estos casos o simplemente se hace caso omiso de ellos? ¿Por qué no son denunciados?
¿Estamos acaso, siendo parte de esta red, que como una epidemia silenciosa crea una ceguera desde el punto de vista legal, administrativo y social dentro de las organizaciones?
Abordar la extorsión sexual requiere un enfoque multifacético que involucre a la sociedad, desde los gobiernos y las instituciones hasta las organizaciones comunitarias. Fortalecer el marco legal, educar y sensibilizar a la población, como también implementar y hacer cumplir políticas claras y preventivas en los lugares de trabajo contra la extorsión sexual en las organizaciones e instituciones, requiere un esfuerzo coordinado y continuo en todos los niveles de la sociedad, desde el personal hasta el institucional y legal para así combatir eficazmente esta enfermedad social.
Reflexionemos… ¡Las personas no son objetos ni cosas! ¡Denunciemos la explotación sexual!
Hasta hace muy pocos años jamás pensé que en este, “mi país”, escaseara el agua o se tuviese precaución a la hora de tomarla directamente del tubo, porque podría estar contaminada. O que no se pudiera salir por la noche con la seguridad de la que siempre gozamos en nuestra loca juventud cuando, chicas y chicos, deambulábamos a pie, hasta la madrugada, sin preocupación ni zozobra; o en nuestra niñez, cuando jugábamos en potreros, terrenos baldíos, parques, calles, callejones, alamedas, hasta altas horas de la noche. Mucho menos que hubiese apagones ni asaltos o crímenes en la vía pública y a plena luz del día.
Y hubiese jurado que la seguridad social –seguro universal y gratuito– crecería y gozaríamos de ella para siempre, cada vez con mayor eficiencia y más oportuna; que, por ejemplo, las ciudades capitales de cada región contaran con un hospital como el México o el Calderón Guardia, asunto para nada inalcanzable si no se hubiese desfinanciado a la Caja (CCSS). Lo mismo con la educación pública, gratuita y costeada por el estado, con estándares de calidad semejantes a cuando cursaba mis estudios secundarios en el otrora prestigioso Liceo San Carlos, el cual, para entonces, por la calidad de sus docentes, no tenía nada que envidiar a cualquier colegio privado de San José. O que las telecomunicaciones y la electricidad podrían exportarse a toda Centroamérica y más allá, contando con una institución como del ICE, por mucho tiempo la mejor empresa en su línea en América Latina y con las tarifas más baratas. (Recuerdo, en mis épocas de hippie, cuando un profesor francés que me hizo raid hasta Sámara, Nicoya –se daba el lujo de vacacionar en Costa Rica y alquilar un auto con su salario– me asegurara que estábamos mejor que en París puesto que, con unas cuantas monedas y sin la mediación de una operadora, podía llamar desde una cabina en la playa directamente a su casa en Lyon). Tampoco podía imaginar un banco privado, o decenas de universidades privadas atacando a las públicas en pos del presupuesto estatal que se les asigna(ba), aunque el estado no cumpla a cabalidad con el mandato constitucional. A pesar de ello, continúan siendo las más prestigiosas, solventes y eficientes; las únicas que aún pueden llamarse “universidades”.
En fin, presumía, con amigos y conocidos latinoamericanos, usamericanos y europeos, porque generalmente ocupábamos los primeros lugares del continente en cuanto a salud –atención médica, erradicación de enfermedades, campañas de vacunación, prevención–, educación –eliminación del analfabetismo, nutrición escolar, infraestructura escolar, cobertura nacional–, vivienda popular, agua potable, telecomunicaciones y electricidad –cobertura nacional–, distribución del ingreso, producción agrícola –con el orgullo de los estancos del CNP–, eliminación de la pobreza, etc. Casi siempre al lado de los también buenos índices de Cuba. (Hoy, vergonzantemente, somos el país más desigual del mundo).
Trato de decir que el Estado Social de Derecho erigido a finales de la década del cuarenta del siglo pasado, luego de una cruenta guerra civil (1948) y de un pacto social inédito (oligarquía, clase media y trabajadores, representados por socialcristianos, socialdemócratas, iglesia católica y comunistas), parecía alzar vuelo y funcionar al margen de la guerra fría, de las dictaduras y de las guerras civiles que asolaban a Centroamérica y al resto del subcontinente. Un estado que, a pesar de errores y corruptelas, se presentaba como el proyecto político más logrado y solvente de la región prometiendo mayor estabilidad social en un marco geopolítico sumamente violento y de agudas contradicciones sociales. ¡Pero llegó la contrareforma!
Luego de la lúcida defensa de dicho estado y de la soberanía nacional por parte de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), misma que le fuera cobrada sin indulgencia por parte del FMI y el BM, hincándonos con la devaluación de la moneda, lo que provocó ira en el pueblo costarricense (pero no contra el FMI o el BM, desafortunadamente, sino contra el gobierno defensor de la soberanía, ¡habrase visto!), sobrevino el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) que implementa los primeros planes de ajuste estructural (PAEs), iniciando así la contrareforma neoliberal y la ruptura de un estado que, hasta entonces, operaba –mal que bien– con un rostro humano y sin tanta sangría social, ofreciendo oportunidades para los sectores sociales más desprotegidos.
Más tarde los neoliberales, con Óscar Arias a la cabeza, asaltan el Partido Liberación. Nacional (PLN), trastocando lo que aún le quedaba de socialdemócrata. Con un “bazoocazo constitucional” –paradoja: así lo bautizó Luis Alberto Monge Álvarez– y sin oposición, logran reelegir al susodicho. Igual sucede con el partido Social Cristiano (PUSC) con la llegada del junior –Calderón Fournier–, quien, junto al otro junior –Figueres Olsen– firmarán un pacto para repartirse el pastel tratando de cerrar y privatizar instituciones. El segundo logra quebrar y eliminar el Banco Anglo Costarricense, entre otros desmanes concertados. Dicho de otra manera, el bipartidismo se alía y conforma un sólo partido –que, cual máscara de Jano, intercambiará el mangoneo del gobierno: el PLUSC. Cuando el jueguito se les agota, entonces deciden crear el Partido Acción Ciudadana (PAC) dilapidando muy pronto su caudal electoral, ya que los dos gobiernos que logran posicionar –atizando la hoguera del fundamentalismo y embobando a izquierdistas parlamentarios y progresistas pro derechos humanos– aceleran la contrareforma de manera agresiva, ganándose la animadversión de una masa ya confundida e intoxicada con el discurso único de esa entente y de la globalización bajo esquema neoliberal administrada por USA. Entonces, ya casi desesperados, inventan una nueva candidatura y envían por un desconocido ávido de poder y de riquezas. Solo que, al parecer, les salió un poco careto aliándose con nuevos ricos y fuerzas espurias. Lo demás lo estamos padeciendo.
Es este un recuento, grosso modo –quizás de manera harto gruesa– para comprender el galopante proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho y el avance de la contrareforma neoliberal dirigido por la plutocracia nacional –con sus contradicciones interclase (grupos de poder que reclaman su tajada), claro está– agenciada por franquicias políticas cada vez más de derecha rayanas en un alarmante y criollo proto fascismo. Es lo que hay. Lo que se lamenta es que el período de desmontaje y deterioro del estado y de la república en general, haya sido tan vertiginoso y virulento; tanto que todavía nos preguntamos cuándo fue, exactamente, que empezó a joderse este paisito. Lo peor: con el apoyo de miles de fanáticos que aplauden dicho desmontaje desconociendo la gravedad del asunto, toda vez que serán ellos los más castigados cuando esta ínsula se privatice en absoluto y pase a ocupar la vanguardia en términos de concentración de capital en pocas manos, bancarrota social y violencia criminal. Lo que se avizora es más que patético. A no ser que demos un golpe de timón y enderecemos la barca en busca de los principios que hicieran de este país un ejemplo mundial en la segunda mitad del siglo XX; algo así como el trapito de dominguear de las democracias capitalistas, una rareza en una Centroamérica convulsa y desangrada. ¿Tendremos los arrestos espirituales, políticos y socioculturales para ello todavía? ¿Será posible la conformación de un verdadero frente político y social que enfrente la, hasta ahora, imparable contrareforma?
Entre todo lo que nos debe preocupar para no dejar que una democracia que ha sido ejemplar se debilite o muera, algo de lo más importante es el contrato que contrajo un presidente con la ciudadanía, es decir con su pueblo, el soberano. Es el programa de gobierno, de donde deben emanar sus promesas de campaña. Por ahí comienza todo; porque ese es el contrato, es la carta de navegación que nos dice hacia dónde nos vamos a dirigir; el contrato es un compromiso que debería ser sagrado. Solo es aceptable que se deje de lado aquello que, por circunstancias completamente ajenas a la voluntad del gobernante, no puede ser realizado. Pero cuando, como ocurre con frecuencia en la contemporaneidad, lo que se desdeña y se deja botado es todo o la mayor parte del contrato que el gobernante estableció con la ciudadanía, se puede decir que el gobernante es un falso, es un político engañoso, y conduce sus pasos a debilitar las bases del sistema democrático que pretende defender. Peor aún cuando verificamos que, nunca hubo carta de navegación; todo fue un fraude, una cháchara, frases huecas basadas en datos falsos, es decir un falseamiento completo de la realidad, demagogia, paja o pura hojarasca. En cualquiera de estos casos la democracia, por sólida que sea está en verdadero peligro.
¿Cuál es el caso en Costa Rica hoy?
Cuando un presidente se comprometió a vitalizar el sistema democrático, eliminando o al menos reduciendo la burocracia y la corrupción, pero en el lapso de dos años de gobierno, se pone en evidencia que el 42% del gasto en remuneraciones para el sector público se concentra en el Gobierno Central, y que por lo tanto la planilla estatal aumentó en 34.106 puestos en tan solo un año, según datos del INEC, sin que haya mejorado la eficiencia y eficacia en el rendimiento gubernamental, estamos en serios problemas. Advierto que no es que esté yo de acuerdo con la política de reducir la institucionalidad estatal “a troche y moche”, no. Lo que sucede es que cuando una planilla crece en esas proporciones, sin un plan serio de por medio, y el presidente se había comprometido a hacer lo contrario, la credibilidad del mandatario se reduce drásticamente, y, el único responsable por ello es él.
Cuando el presidente de los costarricenses, hace poco más de un año, dejándose llevar por el autoengaño y el entusiasmo infantil, dijo en una conferencia de prensa que “El ICE está volando” y que, “una institución que perdía miles y miles de millones al año, hoy es una institución robusta y sólida”, una de dos, o no era cierto que el ICE se había debilitado al ritmo que el presidente quiso dar a entender, o las frases expresadas por el jerarca eran puro espejismo, cháchara otra vez, y demagogia.
Cuando el presidente ejecutivo del ICE, con desparpajo se precipitó a expresar hace unos pocos meses que: “Tomamos las previsiones, tanto financieras, técnicas, comerciales, desde el año pasado, desde julio y antes, cuando sabíamos que el niño se iba a extender (…) yo puedo decir que el equipo ha hecho el trabajo necesario para que Costa Rica tenga el servicio eléctrico continuo en los meses bastante críticos, que son los que vienen”, o estamos en una “torre de Babel”, donde el lenguaje ha sido vaciado de su contenido, o el funcionario cree que puede engañar a todo el mundo impunemente, y que todos aquí nos estamos “chupando el dedo”. Una de dos, otra vez, o por falta de planificación el ICE no estaba volando, como se nos aseguró, o al mandatario lo pusieron a planear por encima de todo el territorio nacional, en un mágico ensueño dorado destinado a un brusco despertar, un forzoso aterrizaje en la realidad. Agrega el periodista Fernando Lara: “Una administración distinta del vital líquido en el 2022 habría dejado más agua en el embalse Arenal y otros embalses del ICE en el 2023, para evitar la condición crítica a la cual se llegó este año, cuando el ICE anunció racionamientos nacionales de electricidad a partir del lunes 13 de mayo.” (Cfr. véase el artículo “El ICE está volando, aseguró Rodrigo Chaves hace un año.” La Nación, 12.05.24 Pp. 15).
Cuando a estas alturas el gabinete de Chaves ya ha perdido a 15 jerarcas del equipo que empezó con él, y, de los 41 funcionarios que comenzaron el 1 de mayo del 2022, solo le quedan 26, esto constituye un porcentaje sin precedentes que evidencia inestabilidad y autoritarismo. Cuando además hay ministerios como el de comunicación e instituciones como el PANI, que pasaron largos meses sin jerarca, se revela una alta incapacidad administrativa que quien la paga es Costa Rica. Además, se muestran los datos de seis entidades públicas, por las que han pasado en un corto lapso, tres jerarcas, lo que pone al descubierto una supina improvisación en lo administrativo. Cuando tres de esas entidades son nada menos que los ministerios de Salud, trabajo y vivienda, y una de las instituciones es Acueductos y Alcantarillados, ocasionando un grave perjuicio a sectores importantes de la sociedad costarricense, la responsabilidad fundamental recae en el presidente que es el jefe del gabinete, no debe, no puede trasladársela a nadie más, la debería asumir él con todas las consecuencias del caso.
Cuando en materia cambiaria, cada vez que el tipo de cambio ha caído de manera indefinida, los jerarcas se lo atribuyen a “las fuerzas del mercado”, pero si el mismo tipo de cambio se aprecia y sube, se admite que lo frenarán las fuerzas del Central, nadie puede entender semejante contradicción, todo un galimatías. Se trata de un gobierno, cuyos jerarcas acomodan la realidad a sus intereses particulares; ocurre así como cuando Procusto se acostó en su lecho y como le faltaba cama y le sobraban pies, optaron por cortarle los pies sin más. Qué pena, conciudadanos, da pena ajena.
Cuando se han cometido toda clase de tropelías en este gobierno contra la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo una de las faltas más graves contra esta institución emblemática de nuestra democracia, que el gobierno de un pronto al otro, decidió suspender el pago a la Caja con el que ella atiende a personas en pobreza y pobreza extrema, nos dejó a todos los demás con la boca abierta, estupefactos, por la ausencia total de valores costarricenses de que adolecen y hacen gala muchos de los funcionarios de este gobierno, empezando por el presidente de la República. Más atónitos quedamos, al enterarnos que la Contraloría General de la República en el 2023, afirmó que FODESAF disponía de 36.715 millones de colones para pagarle a la Caja por los asegurados por cuenta del Estado. Pero, está de Dios que la partida como por arte de magia, experimentó modificaciones presupuestarias que la redujeron hasta 2.715 millones de colones (si, así como lo están leyendo), pero, solté una risa antes verme abocado a las lágrimas, ese remanente tampoco le fue transferido a la Caja. Además de lo dicho ¡caigámonos todos de espaldas!!!, el gobierno también incrementó su deuda en cuanto al pago de las cuotas para las pensiones de los trabajadores.
Cuando en la campaña electoral del 2022, se nos aseguró a todos que bajaría el precio de las medicinas, pero en su lugar subieron (¿se acuerdan?); cuando se nos dijo también que se controlaría el precio del arroz, defendiendo a los pequeños y medianos productores, pero eso no ocurrió, sino todo lo contrario; cuando se prometió que la seguridad volvería a las calles costarricenses y se controlaría a las bandas, pero el crimen organizado continúa presente y está a la orden del día, algo muy malo está ocurriendo entre los personeros del gobierno central, nuevamente, del presidente de la República para abajo. Algo pernicioso acurre también, cuando Chaves pomposamente prometió que las sesiones del consejo de gobierno se harían públicas, y, en vez de eso tenemos un gobierno opaco, que actúa las más de las veces bajo la sombra, o en la penumbra. La obra pública, que se había dicho que, su manejo sería ejemplar, es hoy un perfecto desorden y sufre de los peores atrasos.
Tenemos un presidente autoritario, que ni siquiera respeta la división de poderes, ni la libertad de prensa, y un día sí y el otro también amenaza con desbaratar las instituciones de la seguridad social, o atrabiliariamente vender el Banco de Costa Rica, o ponerse a explorar, para después explotar el petróleo y el gas natural, y salirse así con las suyas y las de sus amigotes.
No, nuestra democracia es sólida, pero no es indestructible. Ciertamente ahí permanece indemne a pesar de los embates recibidos principalmente por el gobierno, pero debe ser defendida por todos. ¿Se han hecho obras buenas? Lo digo sin ambages, sí; pero los desafueros, la falta de planificación y de decoro para reconocer los yerros son a la vez demasiados como para dejarlo pasar como si éste, fuera un gobierno más. ¡NO! No es un gobierno más, es el gobierno de la inflexión que nos empuja al autoritarismo, al desorden y la antidemocracia, y ¡ya basta, ya fue suficiente de prepotencia y de torerías!!!
San José, Costa Rica (mayo de 2024) – En el marco del Día Mundial de la Higiene Menstrual y el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemoran cada 28 de mayo, Voces Nuestras y Niñas Sabias, con el apoyo del Fondo de Mujeres del Sur, lanzan la campaña «Menstruamos Sanas, Seguras y Sabias». Esta iniciativa multimedia busca generar conciencia sobre la importancia de la educación, justicia y dignidad menstrual, promoviendo los derechos de las niñas, mujeres y personas menstruantes en México y Costa Rica. La campaña se fundamenta en tres ejes: Menstruación Sana, Menstruación Segura y Menstruación Sabia. Estos ejes buscan visibilizar la importancia de un manejo menstrual sostenible, posicionar la dignidad menstrual en la opinión pública y proporcionar información clara sobre las legislaciones vigentes en ambos países.
Sanas: Promovemos el uso de alternativas sostenibles de manejo menstrual, como las toallas sanitarias reutilizables, para reducir el impacto ambiental, proteger las economías de las familias y combatir la pobreza menstrual.
Seguras: A través de narrativas feministas, buscamos incidir en la opinión pública para garantizar una gestión menstrual digna y segura.
Sabias: Proporcionamos datos verificables sobre la situación de la pobreza menstrual y las legislaciones actuales en ambos países, fomentando la participación ciudadana en la defensa de estos derechos.
La Dignidad Menstrual es un derecho humano. La gestión menstrual es un derecho humano fundamental. Sin acceso a productos de manejo menstrual adecuados y a educación, las personas menstruantes enfrentan discriminación, estigmatización y problemas de salud. En México, se estima que el 69% de las niñas tenían poca o ninguna información sobre la menstruación al momento de su primer periodo. En promedio, una persona menstruante necesitará al menos 360 toallas o tampones al año, lo que equivale a entre 5,000 y 15,000 productos a lo largo de su vida. Estos productos desechables, hechos de plástico pueden tardar más de 500 años en descomponerse en los vertederos. Además, el gasto en productos menstruales desechables puede representar alrededor de 43 dólares anuales, equivalentes al 5% del total de gastos de un hogar en situación de pobreza, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En total, las personas menstruantes gastan más de mil dólares en productos menstruales a lo largo de su vida. La campaña forma parte de las acciones del proyecto Sanas, Seguras y Sabias: Niñas libres de violencia y discriminación, y es una invitación a sumarse a ésta causa y a incidir ante las instituciones locales y nacionales para crear un ambiente donde todas las personas menstruantes puedan gestionar su ciclo con dignidad, salud y seguridad.
Para más información visite nuestras redes sociales en linktr.ee/ninassabias o contacte a: Voces Nuestras – Centro de Comunicación Educativa Wise Girls / Niñas Sabias Correo: ninassabiascr@vocesnuestras.org
El historiador Vladimir de la Cruz rescata la solidaridad que ha caracterizado a Costa Rica a lo largo del tiempo; desde sus tiempos prehispánicos, su rol como provincia del Virreinato de Nueva España, hasta su independencia y fundación como República. De la Cruz señala que la solidaridad se encuentra en las actitudes cotidianas de las personas costarricenses pero también, en las acciones políticas con otras naciones y que, es importante no perder esta última puesto que en tiempos recientes los países vecinos como Nicaragua se han enfrentado a dificultades que requieren de cooperación internacional y solidaridad.
Y es que, ante la decisión del gobierno nicaragüense de eliminar la nacionalidad de las personas desterradas de dicho país, para el historiador, Costa Rica no puede hacer otra cosa más que ofrecer su asilo, protección y acogida a las personas exiliadas. Sobretodo, por la línea tan delgada que separa territorialmente ambos países en el norte pero que, en las relaciones humanas entre ciudadanos no hay tal separación.
Costa Rica, al igual que otros países, también ha exiliado y censurado a personas, ha cometido errores y entre esos el reconocer como costarricenses, otorgar la nacionalidad a personas que no tienen cualidades propias de un tico: solidaridad, tolerancia, respeto, dedicación, etc. Sino que, por corrupción y discriminación social, con mucha facilidad se cede la nacionalidad a personas que no lo ameritan.
