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Etiqueta: Costa Rica

Composición y evolución de las exportaciones de Costa Rica acumuladas a octubre 2016

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Programa Martes Económicos

Roxana Morales Ramos*

 

A continuación se realiza un breve análisis sobre la composición y el comportamiento de las exportaciones de Costa Rica con los datos más recientes disponibles en el Portal Estadístico de Procomer. Es importante mencionar que a partir de este año, estas estadísticas se presentan acatando las recomendaciones del Manual de Balanza de Pagos, sexta edición, por lo que los datos no son estrictamente comparables con años anteriores.

En total, las exportaciones acumuladas a octubre 2016 (8.279 millones de US$) crecieron un 2,5% respecto al mismo periodo de 2015 (8.080 millones de US$). Mostrando una recuperación con respecto a los tres años previos. Para este mismo periodo se presentan los siguientes datos:

Principales regiones de destino: se envió a América del Norte el 44% de las exportaciones, a América Central el 23% y a la Unión Europea el 20%.

Principales países de destino: de los 150 países donde se ha exportado en estos primeros diez meses del año, los siguientes cinco abarcan el 62% de las exportaciones: Estados Unidos (39,5%), Panamá (5,9%), Holanda (5,7%), Nicaragua (5,5%) y Guatemala (5,4%).

Por régimen: el 51,4% corresponden al Régimen Definitivo (de base nacional), el 47,2% a Zonas Francas y el 1,3% a Perfeccionamiento activo. En lo que va del año, las que más han crecido son las de Zonas Francas.

Por sector: de los 19 sectores que presenta Procomer, los más importantes son: Agrícola, Equipo de precisión y Médico, Industria alimentaria, Química y, Eléctrica y electrónica. En lo que va del año, los que más crecieron interanualmente son: Equipo de precisión y Médico (+18%), Muebles y aparatos de alumbrado (+13%), Productos Minerales (+12%) y Agrícola (+8%). Por su parte, las que más cayeron son: Eléctrica y electrónica (-33%), Joyería (-39%) y Material de transporte (-83%).

Por producto: de los 2.265 que registra Procomer, los diez más importantes son: Banano, Piña, Otros dispositivos de uso médico, Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares, Prótesis de uso médico, Equipos de infusión y transfusión de sueros, Café oro, Jugos y concentrados de frutas, Los demás jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas y Cables eléctricos. Estos diez productos representan el 50,2% de las exportaciones costarricenses y, en el último año, los que más han incrementado sus envíos al exterior son: Jugos y concentrados de frutas (+43%), Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares (+25%); Prótesis de uso médico (+17%) y Banano (+15%).

¿Y cuáles son los principales productos exportados a los cinco principales países de destino?

Estados Unidos: Otros dispositivos de uso médico, Piña, Banano, Equipos de infusión y transfusión de sueros, Prótesis de uso médico, Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares, Café oro, Jeringas, Jugos y concentrados de frutas y Aparatos de electrodiagnóstico. Estos 10 productos suman el 68% de las exportaciones hacia EE.UU.

Panamá: Los demás jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, Artículos de plástico para el envasado, Antisueros, Medicamentos, Pinturas y barnices, Alimento para animales, Cables eléctricos, Productos de panadería fina, Desinfectantes y, Pañales. Estos 10 productos suman el 41% de las exportaciones hacia Panamá.

Holanda: Piña Jugos y concentrados de frutas, Banano, Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares, Otros dispositivos de uso médico, Equipos de infusión y transfusión de sueros, Melón, Frutas tropicales conservadas excepto en su jugo de miel; Follajes, hojas y demás y; Plantas ornamentales. Estos 10 productos suman el 84% de las exportaciones hacia Holanda. Alta concentración de productos exportados.

Nicaragua: Cementos sin pulverizar, Los demás jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, Aceite de palma, Artículos de plástico para el envasado, Medicamentos, Salsas y preparaciones, Tubos y accesorios de tubería de plástico, Productos de panadería fina, Huevos de ave y, Barras de hierro o acero. Estos 10 productos suman el 35% de las exportaciones hacia Nicaragua. Bastante diversificación de productos exportados.

Guatemala: Los demás jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, Salsas y preparaciones, Textiles y confección, Productos de panadería fina, Medicamentos, Leche y nata sin concentrar, Pañales, Cables eléctricos, Productos laminados de hierro o acero y, Papel y cartón para caras cubiertas. Estos 10 productos suman el 48% de las exportaciones hacia Guatemala.

Asimismo, cabe señalar que el 71,5% de las exportaciones costarricenses del 2015 salieron de la Región Central, el 11,8% de la Huetar Atlántica, el 10% de la Huetar Norte, el 2,2% de la Chorotega, el 2% de la Pacífico Central y, el 1,9% de la Brunca.

En resumen, de la información anterior se desprende que en el país las exportaciones se han venido recuperando lentamente y en mayor medida las de zonas francas; que existe una gran cantidad de productos y destinos de exportación, no obstante, con una relativa concentración: solo cinco países abarcan dos terceras partes de las exportaciones y tan solo diez productos poco más de la mitad de lo exportado. Por destino, seguimos dependiendo altamente de las ventas a Estados Unidos. Otra conclusión importante es que la industria de dispositivos médicos ha venido tomando una gran importancia relativa dentro de las exportaciones y, en buena medida, sustituyendo las que realizaba INTEL.

Finalmente, es importante destacar que el país debe esforzarse por diversificar aún más los productos y mercados de exportación, reducir la concentración de la producción en la Región Central, aumentar los encadenamientos productivos -a nivel nacional y regional- y, dinamizar las exportaciones del régimen definitivo; esto último pasa por propiciar una mejora significativa en la competitividad de este sector y del país en general.

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*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de costaricaembassy.be

Compartido por Oficina de Comunicación, UNA.

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Otto no es culpable, otros lo son

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Daniel Lara

 

No han terminado de bajar las aguas, ni se ha terminado de hacer un recuento de los daños, ni se han enterrado los muertos y el diario La Nación – el de los 70 años de hiel – titula que las ventas bajas de ayer esperan recuperarse hoy con un viernes doblemente negro. Triste es el día nacional para pensar en el negocio pero algunos sacan a flote el agua sucia que corre por sus venas. En el fondo lo que impera y sale a flote es una lógica perversa que premia el consumo a costa de la naturaleza, de vidas humanas y no humanas. No sería de extrañar que hoy ciudadanos con asueto y sin asueto atiborren Malles y carguen sus tarjetas con cuanto chunche seductor se les ponga en vitrina. El consumo y el individualismo están en liza con la solidaridad imprescindible en este momento de duelo nacional. Esa otra Costa Rica, la meseteña, la inmersa en esa enorme taza de la GAM poco reconoce la otra Costa Rica, la de siempre olvidada, la diezmada por crecidas, Nemagón, pobreza, droga y exclusión.

En los mapas de crisis la colorean de rojito intenso, es la periferia de la taza del bienestar. Pero con o sin huracán siempre está en rojo por una perversa distribución de la renta nacional, en rojo intenso es su atraso socio-económico y casi siempre sirve de pasto electoral a los politiquillos corruptos de siempre. Cada cuatro años los llenan de promesas y en el ínterin drenan sus recursos. Suben los votos, suben las aguas y su vida toca el lodo. Ni Limón ni Upala son pobres, a sus gentes los han empobrecido los ejercicios reiterados de la demagogia y la rapiña político-empresarial. Hay dos Ottos y dos Costa Ricas, de un lado hay responsabilidad y del otro priva el sufrimiento reiterado ante huracanes y rufianes de saco y corbata. Empresarios bananeros metidos a política obligaron a sus obreros a no dejar tierras de amenaza. Otros hacen el billete con una TV chinamera de frivolidad morbosa a costa del dolor de otros. Periodismo de barro y alcantarilla. Precandidatos luciéndose hipócritamente consternados pero defendiendo incapaces lacayos municipales. Bueno lo ha hecho el Gobierno –enmendó la página -, ya era hora, lástima que la contundencia y firmeza no alcanzo desde el arranque y sucumbió a la misma prensa que ventila viernes negros.

Otto (no el de Cuesta de Moras) no es culpable pese al dolor que deja; la naturaleza – y no dejamos ser parte de ella – no es culpable. Si el volcán arroja fuego de las entrañas de la tierra no es venganza de dioses. Tampoco es culpable el invierno y el verano no es suerte mejor, ni los alisios o el Monzón cargan responsabilidad moral por su libre expresión material. Las llamaradas solares no son terribles y otras expresiones como los huracanes, explosiones de estrellas, o riadas no deben merecer nuestro enojo o incomprensión. Hay del religioso que saque provecho y enrede la cosa llevando agua a su molino. La materia se mueve, cambia, se transforma: gracias a ella estamos usted y yo aquí viendo el televisor cargado de morbo y mucho rating huracanado. La racionalidad de la cual nos enorgullecemos es una deriva propia de esa misma naturaleza evolucionada y coronada no pocas veces también de ceguera y despropósito. La inteligencia es materia ascendida luego de millones de años de cambios grandes y pequeños. Pero esa inteligencia no siempre rinde frutos a favor de la vida misma. Si no le queda claro, construir una bomba atómica y enviársela a un enemigo a miles de kilómetros es una concreción material de esa racionalidad humana en continuo ascenso. Pero matar de esa manera no es cosa sabia por más matemáticas involucradas. Tampoco calentar el Planeta es cosa de sabios. Es estupidez crasa, egoísmo elevado a trofeo.

Los partes de la prensa científica internacional han dado cuenta este año del enorme despropósito de ese cacareado desarrollo de la economía. Un paradigma de dominio irracional que tumba esperanzas de algún porvenir para nuestros hijos. Se registran las mayores temperaturas atmosféricas y oceánicas que logran alcanzar cifras demenciales. Se derrite el Ártico, los glaciares eternos del Himalaya, los Alpes y los Andes. Se derrite el permafrost de las estepas y sube el metano raudo y veloz, peor gas que el CO2. Suben los niveles de los mares y el aire se nos ensucia de inmundicia fabril. Los acuerdos de París COP 21 son saludo a la bandera mientras gringos y chinos y otros más corren por todo el mundo tras más materias primas y energía. La fábrica no para de darnos placebos, de quitarnos la plata y la vida buena.

Tendremos muchos más Ottos – los de Cuesta de Moras cunden por doquier y tienen responsabilidad de la tragedia universal por su cantaleta de mercados y menos estados -, violentos y salvajes, su aparición será más frecuente. Al perro flaco se le pegan las pulgas de otros y ottos. Los países pobres pagan la factura ambiental de los desvaríos de las transnacionales afincadas en tierras de Obama, Merkel, Xi Ping y demás. Los indios, mil trescientos millones envidian los éxitos de Nueva York y quieren consumir como ellos. Los ticos corren a Miami o a Golfito por más chunches aunque luego el agua de barro llene los dormitorios de otros. Muchos quieren ser Nueva York pero no hay Tierra saludable para tanta locura irracional. Las chimeneas del mundo industrializado que nos proveen de celulares, carros, aviones y cuanto chunche da la imaginación calientan el único nido que todos compartimos. Caldo de cultivo para aguas calientes que engendran Katrinas y Ottones. Maravillados con la Internet no reparamos en su carga energética cuando cientos de miles de servidores, cables y antenas demandan electricidad. Pareciera mágico las imágenes en las pantallitas pero tiene un costo el encantamiento. Igual el consumo de turismo pone en el cielo todos los días miles de aviones cuyos motores no funcionan con miel de abeja precisamente. Más energía, más químicos, más plásticos, más cosas. Menos paz.

La flecha envenenada de los Viernes Negros se ha clavado en Upala y otros lugares de nuestra geografía olvidada. El huracán de infame nombre es tan solo la expresión brutal del Antropoceno – el tiempo que la humanidad renegó del Jardín del Edén y lo convirtió en un basurero – y solo la compresión cabal de todos los elementos involucrados servirá para torcer la suerte que hemos cosechado. Más solidaridad personal y estatal. Menos barro en nuestras casas y cabeza. El mundo puede ser mejor, no le echemos la culpa a la Naturaleza. Solo tenemos este mundo.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.lagranepoca.com

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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El resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos: una razón más para mejorar temas claves en el país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Programa Martes Económicos

Greivin Salazar Álvarez*

 

La semana anterior, el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América, que colocaron al candidato republicano Donald Trump como ganador, ha generado cierta inquietud acerca de los posibles efectos económicos que esta decisión podría tener sobre nuestro país, considerando los fuertes lazos comerciales y financieros que tenemos con esta nación. Lo cierto del caso, es que la materialización de los eventuales efectos que han identificado varios analistas del tema, estarán en función de, al menos, tres interrogantes:

  1. ¿Qué tan cierto? Qué tan cierto es que las medidas propuestas por el candidato republicano se puedan llevar a cabo “al pie de la letra”, teniendo en cuenta que el sistema democrático de los Estados Unidos, como todos los sistemas de este tipo, cuenta con sus propios contrapesos.
  2. ¿Qué tan pronto? También existe la duda sobre qué tan pronto podrá el gobierno electo dar inicio con las políticas anunciadas por su candidato en campaña electoral.
  3. ¿Qué tan rápido? Y finalmente, qué tan rápido se podrían concretar dichas políticas y hacerse sentir sus primeros efectos.

Evidentemente existe una cuota importante de incertidumbre con respecto a las anteriores inquietudes, pero esto no debe ser excusa para causar una situación de pánico, en su lugar, este acontecimiento debe ser un llamado de atención, una razón más para mejorar ciertos temas claves en el país, dos en particular.

El primero de estos temas es la competitividad; en este sentido cabe indicar que desde hace varias décadas el país como parte de su estrategia de desarrollo apostó por la atracción de inversión extranjera directa, especialmente en productos alta tecnología y más recientemente, en los llamados servicios empresariales de valor agregado.

En relación con lo anterior, el presidente electo de los Estados Unidos ha planteado una serie de medidas (disminución de impuestos, aumento de los aranceles a las importaciones, renegociación de acuerdos comerciales internacionales, y otros incentivos) con el objetivo de que las empresas nacionales con operaciones en el extranjero regresen a su nación.

Por tanto, el país deberá redoblar esfuerzos para que, aún con la eventual aplicación de las anteriores medidas por parte del gobierno entrante en los Estados Unidos, mantenga su encanto para la atracción de este tipo de inversión extranjera directa; en consecuencia resultan fundamentales aspectos tales como la simplificación de trámites para la apertura de nuevas empresas, la reducción del déficit en la infraestructura nacional, un mayor impulso a la formación de personas con capacidades acordes con las necesidades de estas actividades, así como el aprovechamiento de mayores encadenamientos productivos con el resto de la economía, sin perder de vista las oportunidades que puedan existir para diversificar los mercados de destino de nuestras exportaciones.

El segundo tema tiene que ver con los niveles de endeudamiento; en la actualidad, a pesar de la mejora relativa en las finanzas del Gobierno Central (déficit fiscal), el nivel de deuda pública es elevado y sigue creciendo; asimismo la participación del crédito en dólares otorgado al sector privado, continúa siendo importante.

En efecto, buena parte de las medidas anunciadas por el presidente electo (recorte de impuestos y a la vez incremento en el gasto público), si se hacen efectivas, podrían afectar el déficit fiscal en los Estados Unidos, lo que generaría cierta presión inflacionaria y, por tanto, un ajuste al alza en la tasa de referencia de la Reserva Federal; que tarde o temprano impactaría las tasas de interés a nivel nacional, y por qué no, también el comportamiento del tipo de cambio del colón.

Es así, que ante un cambio en el panorama actual en cuanto el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio, el Gobierno así como las empresas y personas con cierto nivel de endeudamiento, podrían experimentar dificultades adicionales para hacer frente a sus obligaciones financieras.

Consecuentemente, es necesario continuar con los esfuerzos, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, para reducir el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público; continuar con mayor ahínco en el proceso de diversificación de mercados de exportación de nuestros productos para reducir la fuerte dependencia que actualmente tenemos de Estados Unidos. También, es recomendable que las empresas y personas midan que tan comprometida puede verse su capacidad de pago, ante algún alza en las tasas de interés o bien la depreciación del colón, cuando deciden endeudarse en dólares, aún cuando sus ingresos no son en esa moneda.

En síntesis, en el corto plazo no es tan factible pensar en efectos económicos inmediatos producto del resultado del reciente proceso electoral en los Estados Unidos, sin embargo, sí es preciso que el país “apure” la marcha de ciertas decisiones en los temas previamente identificados, de tal manera que cuando éstos se comiencen a sentir, nos encontremos mejor preparados.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de Infobae.

Enviado por Oficina de Comunicación UNA.

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Un señor embajador

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Carlos Meneses
Carlos Meneses.

La reciente designación del Dr. Arturo Fournier Facio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del gobierno de Costa Rica, ante el gobierno de la Federación Rusa, destaca por el acierto del gobierno del Presidente Solís, en la designación de su persona y en el reconocimiento tardío para la corriente ideo política social-demócrata que contribuyó a elegirlo, como primer mandatario de los costarricenses, en atípicas elecciones, luego de la polarización por el referéndum del fatídico Tratado de Libre Comercio con USA. En ese debate electoral, en el que el Frente Amplio apostó a la suerte echada para el futuro de la nación costarricense, entre la aplicación a ultranza de las medidas neoliberales – que representaba la contraparte arista- y la búsqueda alternativa a ese modelo económico salvaje en detrimento de los intereses de las mayorías populares; entre los anónimos electores del NO, se encontraba, por convicción, el Dr. Arturo Fournier Facio.

Indudablemente el nuevo Embajador ante la Federación Rusa, prestará invaluable servicio al país, en momentos en que en la tarima de la política internacional y en particular , en el económico, la presencia de bloques económicos, como los denominados BRICs, alistan un renovado movimiento competitivo en el panorama latinoamericano y que pese a la tendencia del Pacifico, a la que obtusamente intereses foráneos desean matricular a Costa Rica, el peso político y personal del designado Embajador, seguramente aportará a dar luces a la atención de las relaciones internacionales de la República, en el escenario retributivo de acercamiento a renovadas economías de la superada Euro- zona y la proyección del Medio Oriente.

El Dr. Arturo Fournier Facio, es Abogado egresado de la Universidad de Costa Rica. Doctor en Leyes y en Derecho Agrario, con especialización en Italia. Firme defensor de los Derechos Humanos. Destacado en dos décadas de servicios a la población refugiada de colombianos y colombianas en Costa Rica, durante el cruento conflicto armado interno de Colombia. Destacado coordinador de las tareas del Colegio de Abogados de Costa Rica en su Comisión Internacional. Vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Abogados. Al momento de su nombramiento funge como Presidente de la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), cuerpo Consultor de Las Naciones Unidas.

Para quienes le hemos tratado como colega abogado y amigo, conocemos de sus calidades personales y de sensibilidad social que le caracterizan; congratulándonos por lo acertado en la designación de su cargo y sobreponiéndonos al vacío que dejará en el seno de la AAJ y seguramente su no presencia en la XVII Conferencia Continental de la AAJ, a llevarse a cabo, el próximo 23 a 25 de noviembre, en La Habana, Cuba.

 

Información e imagen de portada enviada a SURCOS Digital por el autor.

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Derechos humanos y cárceles en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Con motivo del estreno de “La Isla de los Hombres Solos”

 

Nicolás Boeglin (*)

 

“En el presidio las personas se transformaban en cosas, hombres que se convertían en mujeres, inocentes transmudados en criminales, tontos en avispados; inteligentes en locos; locos en cabos de varas; criminales de negro corazón en hombres de respeto frente a los que había que bajar la voz por estar investidos de autoridad»,

José León Sánchez, La Isla de los Hombres Solos, 1963, fragmento

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Foto de José León Sánchez, con el número 1713 con el que ingresó a la Isla de San Lucas.

El pasado 1ero de setiembre tuvo lugar el muy esperado estreno de la presentación de la novela «La Isla de los Hombres Solos» del escritor costarricense José León Sánchez, en el Teatro Espressivo (ver nota de La Nación). Como es sabido, la cárcel de la Isla de San Lucas, construida inicialmente por el Presidente Tomás Guardia Gutiérrez para mantener alejados a sentenciados del resto del país, funcionó durante más de 100 años en Costa Rica (1873-1991).

Esta novela carcelaria, escrita en primera persona, narra cómo un hombre acusado injustamente es condenado al trabajo forzado en la cárcel de San Lucas. Describe magistralmente la vida diaria en este lugar seco y caliente en el que la sal, el mar, el hambre, la oscuridad, el rito de la violencia de los custodios, el delirio de los demás custodiados, marcan los días de una interminable y lenta agonía colectiva a los que algunos escapan con la muerte.

En su decisión del 24 de julio de 1998, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica resolvió, en cuanto al proceso al que fue sometido en 1950 José León Sánchez, que:

“Se evacua la consulta formulada en el sentido de que, respecto de lo alegado por el recurrente en el recurso que origina esta consulta, constituyen violaciones al debido proceso: a) el negarle, el derecho al imputado de acceder al expediente para impugnar una resolución; b) el no cumplimiento del principio de la no reforma en perjuicio (nom reformatio in peius); c) tomar en consideración los antecedentes delictivos de una persona, por hechos cometidos durante su minoridad, para la fijación de la pena; d) si la confesión se produce ante un juez, quien fiscaliza que esta sea otorgada de manera libre y voluntaria, y como acto defensivo, ello no viola el debido proceso, por el contrario si ésta es el producto de la tortura deviene en ilícita y no puede de manera alguna fundamentar una resolución judicial” (ver texto de la sentencia 5347-98, última parte del “Por Tanto”).

En una reciente entrevista, José León Sánchez indicó que: “Los que hemos estado presos sufrimos algo terrible en el campo de la victimología, se llama la traslación de la pena. Una persona está presa, sale de la cárcel y, después de que sale libre, le sigue la pena por diez años. Pero si se trata de personas como yo, les sigue para toda la vida. No perece nunca” (ver texto completo de la entrevista concedida a La Nación).

También leemos por parte del mismo José León Sánchez en esta misma entrevista que:

”Siempre, desde que era niño, era un buen narrador”/…/ “Yo estuve en la escuela en el hospicio de huérfanos. Yo llegué ahí al año de edad, eventualmente tenía que ingresar a la escuela, pero no lo hice porque yo padezco de claustrofobia y no puedo aprender nada si estoy encerrado. Entonces nunca aprendí a leer y escribir. Cuando caí preso podía pergeñar algunas cosas pero no podía decir que sabía leer y escribir /…/ Yo les hacía cartas a mis compañeros y les cobraba un cinco por la carta. Un compañero me pidió que le escribiera una pero dijo que me iba a traer una bolsa de cemento. Le dije que no, las cartas eran en una página, no podía hacerla y me dice ‘Hágamela y le doy 50 centavos’. Ahí escribí todo el libro, en la página de cemento”.

Es la primera vez que esta obra literaria costarricense se presenta en un teatro en Costa Rica. El Teatro Espressivo la mantendrá en cartelera durante los próximos dos meses. También será presentada una función de gala en el Teatro Nacional este próximo domingo 11 de setiembre, en la que se le rendirá un merecido homenaje a este gran autor costarricense. Como bien lo recordaba recientemente el escritor Carlos Cortés, José León Sánchez no pudo ir a recibir su premio en 1963, al no obtener el permiso de las autoridades, con lo cual se mantuvo en la ceremonia de entrega una silla vacía con un ramo de rosas (ver artículo titulado “Una silla vacía y un ramo de rosas rojas”).

En este mismo artículo de Carlos Cortés, cuya lectura recomendamos, se lee que “La isla de los hombres solos ha vendido más de tres millones de ejemplares en 45 años –para solo hablar de su soporte en forma de libro-, lo cual es una cifra impresionante para cualquier mercado. La novela superó todas las expectativas, contribuyó a definir el género de la novela popular y puso de moda la llamada literatura carcelaria –de la que se volvió un clásico- y el debate –plenamente actual- sobre la ficción real o documental”. Sobre este último debate, José León Sánchez indicó, en una entrevista al cineasta costarricense Jurgen Ureña Arroyo, publicada en el 2008 en La Nación que: “La gente se confunde con La isla de los hombres solos. Si fuera una mentira, yo sería el escritor más extraordinario del mundo, con una imaginación inconcebible para crear semejante historia; pero no: la novela sencillamente está basada en lo que yo viví durante treinta años en la cárcel y en lo que me contaron mis compañeros” (ver texto completo de la entrevista).

En un artículo de Álvaro Rojas Salazar titulado “Esa isla fue un infierno”, publicado en el Semanario Universidad, podemos leer además que:

“La isla de los hombres solos es un documento de barbarie, una memoria colectiva que recoge el dolor humano, que permite pensar los mecanismos de control social, los distintos modelos penitenciarios y, además, nos abre ventanas para pensar lo costarricense. Él la escribió, eso me cuenta, sentado en una esquina de ese pabellón infernal, con cabos de lápices y en hojas de cemento. Una de ellas la tiene enmarcada en su casa, se la envió la esposa de un reo que la conservó a pesar del paso del tiempo” (ver nota del este periódico universitario sobre la visita realizada en mayo del 2016 por el escritor a la Isla de San Lucas).

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Foto de José León Sánchez con los actores al finalizar el estreno el pasado 1ero de setiembre. Foto extraída del sitio del teatro Espressivo.

Esta adaptación al teatro (ver sitio ) no solo permite revivir, a través de la interpretación de un selecto elenco de artistas y de una espléndida escenografía lograda, la sofocante atmósfera reinante en esta cárcel-isla, el tormento asfixiante de los custodiados, el delirio de los custodios, y el tipo de abusos a los que fueron sometidas personas durante su estadía en San Lucas. También debe interpelar a la sociedad costarricense ante la apremiante situación en la que se encuentran actualmente varias de sus cárceles y cuyos problemas irresueltos constituyen un verdadero lunar en materia de derechos humanos para Costa Rica: se trata de denuncias presentadas de forma persistente en diversos foros internacionales en materia de derechos humanos.

A pocos días del estreno de esta obra, el pasado domingo 28 de agosto, se leyó en un artículo de opinión del juez Roy Murillo Rodríguez sobre la situación en la Unidad de San Sebastián que: “Algunos pasan hasta tres días sin acceso a la hora al aire libre. Todos en espacios oscuros y poco ventilados, sin suficiente aire y luz natural y sin recibir una atención profesional adecuada. En esas condiciones, la prisión, lejos de alcanzar la finalidad resocializadora, se convierte en escuela de la criminalidad y medio de exclusión social. Se impone, además, un trato inhumano, humillante y degradante a la población penal porque se les despoja de su calidad humana cuando no se les trata como tal” (ver artículo titulado “Cierre de cárceles y dignidad humana”).

El pasado 22 de agosto, se indicó que las autoridades del Ministerio de Justicia optaron por cerrar el ámbito F de la Reforma (Máxima Seguridad vieja, más conocida por los privados de libertad como «Las Tumbas»): se lee en esta nota de prensa de La Nación del 22/08/2016 que para el actual Vice Ministro de Justicia de Costa Rica: “Nosotros llegamos y nos encontramos con una infraestructura que es absolutamente violatoria de los derechos humanos. Tiende a despersonalizar a la gente que está encerrada. El tema del aislamiento es muy delicado, debe ser algo muy restringido porque genera efectos muy dañinos sobre la salud de las personas. Por ejemplo, nos encontramos con gente que ya se le dificulta hablar. Y eso es inhumano”. El comunicado oficial del Ministerio de Justicia del 22 de agosto no deja duda alguna sobre la necesidad de clausurar definitivamente este lugar (ver texto completo con una ilustrativa toma).

El pasado 11 de agosto, la jueza Xinia Solis Pomares en Alajuela ordenó a las autoridades que no ingresaran más personas al denominado “Ambito B” de La Reforma (ver el texto completo de la medida correctiva reproducida en DerechoAlDía). El pasado 20 de julio, el juez Roy Murillo Rodríguez ordenó el cierre de la Unidad de San Sebastián (ver texto de la medida correctiva reproducida de igual forma).

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Foto extraída de artículo de La Extra, marzo del 2015, titulado «6350 reos abarrotan cárceles Ministra dice que es una vergüenza».

Ante este agobiante panorama, esta obra de teatro también debiera permitir reabrir el debate en torno a las políticas punitivas erradas adoptadas en los últimos años, cuyo efecto previsible (más no previsto por los decisores políticos …) ha sido el de aumentar de manera exponencial la cantidad de personas privadas de libertad en Costa Rica (y de exacerbar aún más la ya crítica situación de hacinamiento): la tasa de personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes pasó de 209 (2006), 210 (2007) a 323 (2012) y 359 (2013) según los datos oficiales registrados por la Defensoría de los Habitantes (Mecanismo Nacional de Prevención, MNP).

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Foto de José León Sánchez en la cárcel de la Isla de San Lucas, extraída de nota del Teatro Espressivo, «José León Sánchez entusiasmado por ver ‘La isla de los hombres solos’ en su versión teatral», enero del 2016.

Recientemente, como parte de las opiniones vertidas sobre este tema, se leyó por parte de un defensor público costarricense de una nueva especie protegida enlatada, desconocida para los ecologistas costarricenses:

“La gota que derrama el vaso se da con la creación de los tribunales de flagrancia, que han facilitado las posibilidades de los jueces para dictar prisión preventiva. El atún de supermercado es la especie más protegida del país. Nunca he visto cómo un sistema tiene un fracaso tan exitoso como el punitivo. Estamos encerrando sin criterios científicos, de manera vergonzosa” (ver nota de La República titulada “Cárceles detonan bomba de tiempo en sistema de justicia”).

Con relación a estos y algunos otros aspectos, nos permitimos compartir hace algunos días unas breves reflexiones sobre la situación de los derechos humanos y las cárceles en Costa Rica. Estas últimas fueron objeto de un artículo titulado “Derechos humanos y cárceles en Costa Rica: breves reflexiones”, publicado en estas mismas páginas de Derecho Al Día (ver nota ), así como en algunos otros medios digitales.

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado a SURCOS Digital por al autor.

 

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Inflación no refleja situaciones particulares de hogares ticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Roxana Morales Ramos*

 

La inflación refleja lo que sucede con los precios promedio en el país, no las situaciones particulares de cada hogar o persona.

La inflación en un país se mide a través de la variación en los precios de una cesta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares, en un periodo determinado. En Costa Rica se determina a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es un indicador estadístico calculado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Vale la pena señalar que el INEC es una institución que goza de autonomía funcional y administrativa, por lo que ningún gobierno de turno tiene injerencia sobre los resultados de los indicadores que ésta tiene a su cargo.

El IPC ha sido un buen indicador de lo que sucede con los precios y ha sido utilizado por muchos años como referente en los ajustes salariales, cálculo de tarifas, reajustes en alquileres, para estimar el poder adquisitivo de los salarios, entre otros usos.

La cesta del IPC se actualiza regularmente con el objetivo de que se incorporen los cambios en la estructura de gasto y de consumo de los hogares a través del tiempo. Debido a lo anterior, en cada actualización, algunos bienes y servicios salen de la canasta y otros ingresan; adicionalmente, se incorporan cambios metodológicos que son importantes para mejorar la calidad y la precisión del indicador. Las últimas actualizaciones se realizaron en el 2006 y en el 2015.

Actualmente, el IPC está compuesto por 315 bienes y servicios, cada uno con un peso o una poderación acorde a su importancia relativa dentro del consumo familiar; es decir, no todos los artículos tienen la misma importancia, unos tienen mayor peso que otros y, por tanto, su efecto sobre la inflación depende de dicho peso. Al sumar las ponderaciones de los 315 artículos, el resultado corresponde al 100%.

Dentro del IPC, los doce artículos de mayor peso, en orden descendente, son: compra de automóvil (representando el 5.17% del gasto de consumo de los hogares), alquiler de la vivienda (4.9%), gasolina (2.91%), servicio doméstico (2.61%), educación universitaria (2.60%), servicio de electricidad (2.5%), casado (2%), televisión por suscripción (1.57%), autobús urbano (1.48%), servicio de agua (1.41%), celular pospago (1.40%) y educación primaria (1.39%). De estos doce, entre enero y junio de 2016, la gasolina es la que más ha bajado de precio (-7.4%), mientras que los mayores aumentos se han presentado en educación primaria (+5.5%) y educación universitaria (+4.7%).

Adicionalmente, al analizar la evolución de los precios, en el mismo periodo, por artículo, se observa que el 51.7% ha aumentado de precio, el 4.8% ha mantenido su precio y el 43.5% ha bajado. Los diez que más han subido de precio son: limón ácido, cebolla, apio, naranja, vainica, aguacate, medicamentos contra la hipertensión, servicio telefónico celular prepago, repostería, medicamentos contra el dolor. Y los diez que más han bajado: huevos, chile dulce, plátano, papa, frijoles, diesel, culantro, papaya, pañal desechable, gasolina.

Si se analiza la inflación por grupos, los que han presentado una mayor disminución en los precios son: Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1.96%), Prendas de vestir y calzado (-1.67%) y, Transporte (-1.64%). Por su parte, los de mayor aumento son: Educación (+4.29%), Salud (+2.11%) y Alquiler y servicios de la vivienda (+1.65%).

Es necesario mencionar estos aspectos para comprender por qué muchas personas sienten que a pesar de haber una casi nula inflación en lo que va del año (0.01% acumulada a junio), no sienten un alivio en sus bolsillos y más bien siguen percibiendo que la mayoría de precios continúan en aumento y que sus ingresos cada vez les alcanza menos. Y es que cada familia tiene su propia realidad, su propia canasta de consumo y su respectiva fuente de ingresos; la inflación refleja la situación general de los precios en la economía y no las situaciones particulares de cada hogar/persona:

  • No todos los hogares consumen cada mes los 315 bienes y servicios del IPC, ni asignan la misma proporción de sus ingresos para su compra.
  • No todos los hogares/personas cuentan con estabilidad en sus ingresos ni en el empleo.
  • Una baja infación implica un bajo ajuste en los salarios.
  • No todos los trabajadores reciben ajustes semestrales en sus salarios/ingresos.
  • Muchos hogares suman mensualmente algunos bienes y/o servicios a su cesta de consumo.
  • Muchos hogares se endeudan lo que limita su capacidad de consumo.
  • Pocos son los hogares que elaboran sus presupuestos y llevan control de sus ingresos y gastos.

 

Para mayores detalles con la economista Roxana Morales 8329-1556 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

 

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social Escuela de Economía UNA.

 

Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.

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CIADI: decisión a favor de Uruguay en demanda interpuesta por la Philip Morris

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolás Boeglin (*)

 

A raíz de la adopción de una legislación para proteger al fumador contra los efectos del tabaco en el 2008, la empresa multinacional Philip Morris entabló una demanda contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI, más conocido por sus siglas en inglés ICSID) en el 2010. Se trata de un mecanismo arbitral instituido en 1965 en el marco del Banco Mundial, que ha sido objeto de numerosas críticas en años recientes, en particular a partir de la experiencia de América Latina (Nota 1).

Una verdadera “première” uruguaya

Para Uruguay, la demanda de Philip Morris es la primera demanda en su historia. Según registros oficiales del CIADI, se trata de un Estado que ha sido demandado en tan solo dos ocasiones, la otra demanda habiendo sido presentada en el 2016 tan solo (ver datos oficiales sobre ambas demandas).

Cabe recordar que hace más de 20 años, en 1995, la primera demanda interpuesta contra un Estado de América Latina ante el CIADI fue contra Costa Rica (caso de la Hacienda Santa Elena, resuelto mediante laudo del CIADI en el 2000), después de sufrir Costa Rica presiones externas de Estados Unidos para que ratificara la Convención de 1965 (Nota 2). Leemos en esta nota de La Nación (Costa Rica) del 18 de febrero del 2000 que “En diciembre de 1992, a raíz de este caso y de otras expropiaciones pendientes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) frenó dos créditos para el país por $170 millones y en febrero de 1995 volvió a aplazar un giro por $80 millones del Tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III).”

Las presiones norteamericanas surtieron efecto y finalmente Costa Rica ratificó la Convención CIADI en 1993. Gracias a esta ratificación “forzada” es que se puede explicar lo obtenido por los inversionistas norteamericanos: la propiedad adquirida en 1970 por un precio de 395.000 US$, fue objeto de un demanda internacional contra Costa Rica interpuesta en mayo de 1995 por 41 millones de US$ ante el CIADI, el cual decidió en su laudo del 17 de febrero del 2000 ordenar un pago indemnizatorio a Costa Rica por 16 millones de US$.

Más recientemente, en abril del 2016, un Estado con mayor experiencia en el CIADI que la de Costa Rica o de Uruguay, Venezuela, fue condenado por el CIADI a pagar la suma de 1.386 millones de US$ a una empresa minera canadiense (ver nota ). En el 2012, Ecuador fue condenado a pagar a un consorcio norteamericano de empresas petroleras Occidental Petroleum la suma de 1.770 millones de US$, un monto jamás ordenado por un tribunal del CIADI (ver texto integral del laudo arbitral, adoptado por 2 votos a favor y uno en contra).

Como tuvimos la oportunidad de precisarlo con relación al último tratado bilateral de inversiones (más conocido como TBI) ratificado por Costa Rica en el 2016, los TBI – y las cláusulas CIADI que contienen muchos de ellos – encuentran su origen en un discurso muy en boga en los años 90: “Un dogma (que a la fecha se ha mantenido incólume en muchos sectores) consistió en considerar en aquellos años que la inversión extranjera era garantía de crecimiento económico y de desarrollo: los indicadores sociales en buena parte de América Latina 15 años después evidencian que algunos bemoles se debieron de imponer. /…/ Un dogma asociado al anterior (y que se mantiene también muy presente en algunos sectores) es que sin TBI no hay inversión extranjera: este dogma hace a un lado algunas realidades difíciles de obviar, como por ejemplo el hecho que Brasil, 5ª economía mundial, no ha ratificado ninguno de estos tratados” (ver nuestra nota sobre el acuerdo bilateral de inversiones China-Costa Rica publicada en el Observatorio de la Política de China, p. 2)

Brasil, primer receptor de inversión extranjera en América Latina, no es parte a la Convención de Washington de 1965, (al igual que México, Cuba, o República Dominicana y la misma Canadá hasta el 2013) ni ha ratificado un solo de los TBI que ha suscrito. Por su parte, Bolivia, Ecuador y Venezuela han denunciado la Convención de 1965 (en el 2007, 2010 y 2012 respectivamente); al igual que la India, Indonesia o Sudáfrica, estos Estados de América Latina han procedido a renegociar o a suspender varios de sus TBI en aras de limitar de manera sustancial el alcance de las cláusulas CIADI insertas en algunos de ellos.

La demanda de Philip Morris contra Uruguay se basó en el TBI vigente entre Uruguay y Suiza: un tratado bilateral redactado de tal manera por los negociadores suizos, que también ha dado pie para una demanda contra Costa Rica interpuesta por un grupo de accionistas suizos dueños… de una empresa de gas mejicana que opera en Costa Rica (Nota 3).

La decisión del CIADI

En su laudo arbitral dado a conocer el pasado 8 de julio del 2016 (ver texto completo ), el CIADI rechaza los cargos presentados por la empresa tabacalera, y falla a favor de Uruguay, condenando a la empresa a pagar 7 millones de US$ a Uruguay así como a asumir los gastos de funcionamiento del CIADI (que ascienden a unos 1,5 millones de US$). Se lee en este artículo de prensa que: «Uruguay sostuvo que las medidas que adoptó fueron en su rol legítimo de regulador y en pos de velar por la salud de la población; que se tomaron en cumplimiento del Convenio Marco del Control del Tabaco (CMCT), y que fueron efectivas para descender el porcentaje de fumadores en el país. Solicitó, por tanto, que se desestimara el reclamo de Philip Morris y se compensara a Uruguay por todos los gastos en los que incurrió en el proceso judicial».

En una etapa preliminar, Uruguay había cuestionado la competencia del CIADI, basándose en el hecho que su sistema judicial (tribunal contencioso administrativo y juez constitucional) había conocido de acciones legales contra esta legislación entre el 2008 y el 2009, y que el juez uruguayo había confirmado su plena validez dentro del ordenamiento jurídico uruguayo (ver detalle de las acciones legales en los párrafos 153-167 del laudo de pasado 8 de julio del 2016). El 2 de julio del 2013, el tribunal arbitral del CIADI se había declarado competente, rechazando los alegatos presentados por Uruguay (ver texto completo de su decisión sobre su competencia).

Un detalle de interés para juristas

En su decisión sobre la pretendida denegación de justicia a la empresa tabacalera, los miembros del tribunal precisan que: “The relationship between the parallel administrative and constitutional systems is critical in determining whether justice was denied. That system was in place before the Claimants invested in Uruguay. The Claimants’ knowledge of this relationship is evidenced by Abal’s procedural stance in challenging the 80/80 Regulation. The Respondent further rejects the Claimants’ contention that the alleged contradictory character of the two decisions, means, ultimately, that the Claimants were deprived of a decision on the legality of Decree 287. On the contrary, there was a clear legal decision on the constitutionality of Law 18,256 and the validity of its implementing Decree, respectively. Each decision was “reasonably substantiated.” Both courts received vigorous argument from both sides (Abal/MPH), and subsequently reviewed, analyzed, adjudicated upon the claims and dismissed them” (párrafos 513-514). Con relación a la constitucionalidad de un texto, a distinguir de la legalidad del mismo (que una empresa minera canadiense recientemente consideró oportuno incluir en su demanda contra Costa Rica alegando también “contradicciones” del sistema judicial costarricense), el tribunal del CIADI indica que: “According to the Tribunal, the simple fact is that the Supreme Court and the TCA are co-equal under the Uruguay constitutional system. Both have original and exclusive jurisdiction: the SCJ to determine the constitutionality of a law; the TCA to declare the validity or illegality of an administrative act adopted pursuant to a law determined to be constitutional, examining whether the administrative act is “contrary to a rule of law or under a distortion of authority” (párrafo 522). En sus apreciaciones finales sobre el sistema juidicial uruguayo, los tres árbitros del CIADI aclaran no obstante que: “In the Tribunal’s view, it is unusual that the Uruguayan judicial system separates out the mechanisms of review in this way, without any system for resolving conflicts of reasoning. The Tribunal believes, however, that it would not be appropriate to find a denial of justice because of this discrepancy. The Claimants were able to have their day (or days) in court, and there was an available judicial body with jurisdiction to hear their challenge to the 80/80 Regulation and which gave a properly reasoned decision. The fact that there is no further recourse from the TCA decision, which did not follow the reasoning of the SCJ, seems to be a quirk of the judicial system” (párrafo 527).

Posiblemente poco familiarizados con las peculiaridades del sistema constitucional vigente en Uruguay (como es lo usual cuando se revisa la trayectoria y hoja de vida de quiénes son llamados a ser árbitros en el CIADI), los integrantes del tribunal señalan también que: “In other words, the failure of the TCA to follow the Supreme Court’s interpretation of Articles 9 and 24 of Law 18,256 may appear unusual, even surprising, but it is not shocking and it is not serious enough in itself to constitute a denial of justice. Outright conflicts within national legal systems may be regrettable but they are not unheard of” (párrafo 529).

El peso de un “amicus curiae”

Ante los alegatos de la empresa tabacalera multinacional con relación al carácter supuestamente «arbitrario» de las medidas tomadas para proteger la salud de los uruguayos, los árbitros del CIADI parecen haber tomado en consideración, además de los argumentos de Uruguay, el «amicus curiae» sometido al tribunal arbitral por parte de un tercero: en este caso, la Organización Mundial para la Salud (OMS, más conocida por sus siglas en ingles WHO) y de su homóloga panamericana (OPS o PAHO en inglés). La lectura del fallo no permite saber hasta qué punto la iniciativa de estas dos organizaciones internacionales pudo influenciar a los árbitros, pero el hecho merece ser señalado: es posiblemente la primera vez en la historia del CIADI que sus árbitros reciben un “amicus curiae” proveniente de dos órganos internacionales en materia de salud (uno de carácter universal, parte del sistema de Naciones Unidas, otro de carácter regional, perteneciente al sistema interamericano).

En el párrafo 391 del laudo arbitral, leemos que: «Both measures have been implemented by the State for the purpose of protecting public health. The connection between the objective pursued by the State and the utility of the two measures is recognized by the WHO and the PAHO Amicus Briefs, which contain a thorough analysis of the history of tobacco control and the measures adopted to that effect. The WHO submission concludes that “the Uruguayan measures in question are effective means of protecting public health». The PAHO submission holds that “Uruguay’s tobacco control measures are a reasonable and responsible response to the deceptive advertising, marketing and promotion strategies employed by the tobacco industry, they are evidence based, and they have proven effective in reducing tobacco consumption».

Los gastos en honorarios de abogados

Notemos que en el párrafo 583 de la decisión arbitral dada recientemente a conocer, se lee que Uruguay debió sufragar gastos para su defensa que ascienden a más de 10 millones de US$ (el monto exacto dado a conocer es de: 10.319.833.57), mientras que la empresa reconoció haber gastado casi 17 millones de US$ (16.906.045.46). Estos datos confirman nuevamente el alto costo que significa para el erario público de un Estado el enfrentar demandas de este tipo. Actualmente, en la región centroamericana, El Salvador espera una decisión del CIADI con relación a una demanda interpuesta en el 2009 por una empresa minera por no haber renovado una concesión minera (caso Pacific Rim Cayman LLC, por 300 millones de US$): una nota reciente indica que El Salvador ya ha destinado 13 millones de US$ en gastos relacionados con su defensa (ver nota de prensa). Por su parte, Costa Rica fue demandada en el 2014 por la empresa minera canadiense Infinito Gold al ver su proyecto suspendido por decisión de la justicia costarricense en el 2010, confirmada en el 2011 (caso Infinito Gold Ltd, por 94 millones de US$) (Nota 4). Recientemente, Panamá fue demandado de igual forma por una empresa minera norteamericana por 268 millones de US$ (Nota 5).

Colombia se estrenará en el CIADI con la demanda planteada en marzo del 2016 por la corporación suiza Glencore con base en… el TBI Colombia-Suiza (ver ficha técnica): en un artículo sobre la anatomía de un escándalo se leyó semanas antes de la presentación de esa demanda (febrero del 2016) en Colombia que: ” los señores de Glencore están conminando a la Contraloría General a que se arrodille, a que se arrodille el Estado colombiano y a que, en una diligencia de conciliación, le pidamos perdón y le devolvamos 62.000 millones de pesos”. Esta primera demanda que enfrenta Colombia en el CIADI y que desde el 2011 la Embajada de Estados Unidos en Bogotá preveía (Nota 6), bien podría ser seguida de otras anunciadas por inversionistas extranjeros: varios consorcios de empresas mineras han anunciado su intención de demandar a Colombia por unos 16.500 millones de US$ (ver nota ), a raíz de un fallo de la Corte de Constitucionalidad de Colombia de febrero del 2016 que prohíbe la minería en los páramos colombianos (ver nota de El Espectador).

Notemos que América Latina es una región objeto de una sostenida actividad del CIADI: de los 212 casos actualmente pendientes de resolución ante el CIADI al momento de redactar estas breves líneas, 58 conciernen a Estados de América Latina. Según los datos proporcionados en el sitio oficial del CIADI, Argentina acumula un total de 53 casos (de los cuales 17 pendientes de resolución) y Venezuela, 40 casos (de los cuales 24 en espera de resolución). Aparecen luego México (suscriptor de un gran cantidad de TBI y tratados de libre comercio) que totaliza 17 demandas (de las cuales dos pendientes de resolución), Perú con 15 casos (de los cuales tres pendientes), Ecuador 14 (dos en proceso) y a Costa Rica con 10 casos acumulados, de los cuales 5 actualmente en proceso de resolución.

En el párrafo 590 conclusivo del laudo del tribunal del CIADI a favor de Uruguay, se lee que: «For the reasons set forth above, the Tribunal decides as follows: (1) The Claimants’ claims are dismissed; and (2) The Claimants shall pay to the Respondent an amount of US$7 million on account of its own costs, and shall be responsible for all the fees and expenses of the Tribunal and ICSID’s administrative fees and expenses, reimbursing to the Respondent all the amounts paid by it to the Centre on that account».

Breves valoraciones conclusivas

Pese a una gran cantidad de titulares de prensa refiriendo a la “victoria” uruguaya y a la “derrota” de la tabacalera, esta nueva decisión del CIADI viene a evidenciar nuevamente los efectos negativos del sistema de arbitraje de inversión para las economías de los Estados de América Latina. Estos van más allá de los únicos honorarios que las finanzas públicas deben sufragar ante cada una de las demandas planteadas en su contra. En muchos casos, se trata de demandas abusivas que buscan forzar a un Estado a frenar sus políticas públicas en materia de salud, de ambiente, de protección del recurso hídrico, en materia de protección de poblaciones indígenas, entre otros ámbitos; o bien en materia de recortes presupuestarios, lo cual explica la inédita situación actual de España, con 27 demandas pendientes de resolución ante el CIADI (Nota 7).

Estas demandas también pueden buscar producir un efecto disuasivo en otros Estados, en los que temblorosos decisores políticos se pueden de pronto ver inclinados por la mayor prudencia y cautela al ver a un Estado demandado cuando adopta algún tipo de legislación o regulación específica.

Decisiones ya no políticas, sino de la misma justicia nacional, y que resulten ser negativas para el inversionista extranjero, también están llevando a sus abogados a recurrir ante el CIADI: intentar obtener ante el CIADI lo que (como en el caso de Uruguay) la justicia nacional había declarado legal o (como en el caso de Infinito Gold en Costa Rica, totalmente ilegal) pareciera entonces constituirse en una muy cuestionable tendencia a la que se está prestando el CIADI.

Notas:

Nota 1: Sobre los efectos negativos para la economía de los Estados de América Latina del sistema instituido por el CIADI en 1965 y consolidado con la red de TBI adoptados de manera profusa en los años 90, remitimos al muy completo artículo de ZABALO P., “América Latina ante las demandas inveror-Estado”, Revista de Economía Mundial, Núm. 31 (Mayo-Agosto, 2012), pp. 261-296. Texto disponible aquí. Sobre las diversas estrategias de los Estados de la región latinoamericana para limitar el alcance de ciertos tratados con cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero, véase el análisis detallado de la profesora Katia Fach Gomez: FACH GOMEZ K., “Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y CIADI”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Medellín, Colombia), Vol. 40 (Dic. 2010), No. 113, pp. 439-454, disponible aquí. Más modesta, remitimos al lector a nuestra breve nota publicada en diciembre del 2013 en inglés: BOEGLIN N., “ICSID and Latin America Criticism, withdrawal and the search for alternatives”, Bretton Woods Project, December 3, 2013, texto disponible aquí.

Nota 2: El caso de la adhesión de Costa Rica a la Convención CIADI es bastante ilustrativo en América Latina. Costa Rica firmó la Convención de Washington que establece el CIADI en 1981, pero la ratificó tan solo 12 años después, en 1993. Este plazo se debe a la renuencia de Costa Rica a ratificarla mientras no se resolviera el caso de Santa Elena ante sus tribunales nacionales. El caso Santa Elena refiere a una expropiación realizada con motivo de la creación del Parque Nacional Santa Rosa en 1978, la cual dio lugar a un reclamo por parte de la Compañia de Desarrollos de Santa Elena SA, controlada por ciudadanos norteamericanos, por 6,400.000 US$: el Estado ofrecía un monto de 1,900.000 US$, considerando que la propiedad había sido adquirida en 1970 por dicha sociedad a un precio de 395.000 US$. Ante la falta de acuerdo, y posterior a la ratificación de Costa Rica en 1993 de la Convención CIADI, la compañía reclamó el 31 de mayo de 1995 a Costa Rica el pago de 41 millones de US$, y el CIADI decidió en su laudo del 17 de febrero del 2000 ordenar un pago indemnizatorio de 16 millones de US$. Se lee en un memorandum de la GCAB (Global Committee of Argentina Bondholders) sobre la situación en Argentina que esta decisión de Costa Rica resultó de presiones directas de Estados Unidos en relación al caso Santa Elena: ” En los años 90, después de un reclamo por una supuesta expropriación de un inversionista norteamericano, Costa Rica se rehusó a someter la controversia a un arbitraje del CIADI. El inversionista norteamericano invocó la enmienda Helms y se suspendió un préstamo de 175 milliones de US$ del Banco Interamericano de Desarrollo a Costa Rica. Costa Rica consintió someterse al procedimiento del CIADI, y el inversionista norteamericano recuperó 16 millones US$” (Tradución libre del autor). En una nota de La Nación de 1997 (ver nota ) sobre acciones indebidas de parte del senado Helms por problemas de ciudadanos norteamericanos, se lee que: ”La conducta de este senador compagina con su pretensión, en 1993, de bloquear los préstamos para Costa Rica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que se pagara la expropiación de la hacienda Santa Elena, propiedad de Joseph Hamilton”.

Nota 3: El tratado bilateral de inversiones de Costa Rica con Suiza (firmado en agosto del 2000 y aprobado el 12 de febrero del año 2002 – ver texto de la ley 8218) ha dado lugar a una demanda contra Costa Rica en el 2013 ante el CIADI de un grupo de accionistas suizos denominado Cervin Investment S.A. que controla mayoritariamente a la empresa mexicana Gaz Z por 30 millones de US$ (ver ficha técnica de la demanda, caso ARB 13/2): este caso, que se origina en intentos en Costa Rica para regular la distribución del gas, se encuentra pendiente de resolución, con audiencias realizadas el pasado 11 de julio del 2016, según indica la ficha sobre detalles procesales disponible aquí.

Nota 4: Sobre este caso contra Costa Rica, que, al parecer no ha despertado mayor interés en la literatura especializada, pese a tratarse de un proyecto minero altamente cuestionado, objeto de una serie de escándalos en Costa Rica a partir del 2008, remitimos al lector a nuestra breve nota: BOEGLIN N., “La solicitud de Costa Rica de poner término a la demanda de Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones”, OPALC, Sciences-Po Paris, 15 de agosto del 2015. Texto disponible aquí.

Nota 5: Sobre esta última demanda contra Panamá, remitimos al lector a nuestra nota: BOEGLIN N., “A propósito de la reciente demanda contra Panamá ante el CIADI: breves apuntes”, OPALC, Sciences Po, Paris, mayo 2016, disponible aquí.

Nota 6: En una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de mayo del 2011 (y destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia) se reconocía la dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislación colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripción de numerosos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) por parte de Colombia podría cambiar la situación: se lee textualmente en esta nota que: “Since Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection”.

Nota 7: A raíz de un recorte en las subvenciones estatales para proyectos de producción de energía eólica y solar, España se ha visto inundada de demandas que la colocan por encima de Venezuela y de Argentina en el CIADI. En estos momentos, de los 212 casos pendientes registrados en el CIADI, España acumula 27 demandas (según las cifras oficiales del CIADI a la hora de redactar esta nota), seguida por Venezuela (24) y Argentina (17). En América Latina, luego de Venezuela y Argentina, aparecen con mayor número de demandas registradas en el CIADI Costa Rica (con cinco demandas), Perú (con tres demandas), Ecuador, México y Panamá (con dos cada uno), así como Bolivia, Colombia, El Salvador, con una demanda pendiente de resolución.

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.lacapital.com.ar

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Avances del proyecto Gente y Fauna y su Plan para Convivir con Felinos

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Los proyectos que desarrollan el Programa Gente y Fauna de Confraternidad Guanacasteca buscan el balance entre conservación y desarrollo, así como entre ciencia y práctica.

El Programa se están preparando para algo grande: una prueba piloto del Plan de Incentivos para Convivir con Felinos, el cual fue diseñado participativamente desde el año pasado con un taller con finqueros y representantes comunitarios; luego de este taller, la propuesta de ellos pasó a revisión por parte de un panel de expertos en dos rondas; y posterior se contó con el tercer borrador para que fuese validado por las comunidades; se requiere mantener el entusiasmo de las comunidades que participaron.

Es por eso, que la celebración del Día del Felino 2016 (4 de julio) la pretenden llevar a cabo con una fiesta en cada comunidad. Ya las asociaciones están organizando algo sencillo pero representativo.

Se le solicita su apoyo para una campaña de recaudación de fondos para esta celebración, la cual está abierta al público.

*Para ver la campaña, puede acceder en el siguiente enlace: https://www.generosity.com/animal-pet-fundraising/celebremos-el-dia-del-felino–2/x/14100350

 

También lea: Proyecto: Fomentado la Convivencia con Felinos en Costa Rica

Enviado a SURCOS Digital por Gadi Amit.

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Costa Rica y los alcances de Mossack Fonseca

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

En medio de una discusión en el legislativo para sacar una ley sobre fraude fiscal, el escándalo de los #panamapapers ha demostrado cuán grande puede llegar a ser la red de offshore en el país centroamericano.

Jorge Coronado*

 

El entramado de bufetes de abogados, empresarios y políticos involucrados:

Al igual que en el resto del planeta, los Panamapapers han evidenciado en Costa Rica la práctica utilizada por sectores políticos, económicos y empresariales para evadir y eludir el pago de impuestos en el país.

Para tal fin, han contado con el apoyo de 34 bufetes de abogados costarricenses, que se han encargado de gestionar la apertura de 800 compañías offshore, de las cuales 362 son de capital mayoritariamente costarricense, el resto son de capitales extranjeros que operan en el país o capital mixto.

El principal bufete que empezó la relación con Mossack desde 1998 es Gonzalo Fajardo y Asociados, el dueño del bufete ha sido Director de Tributación Directa, Ministro de Economía y Diputado Nacional. Ha abierto más de 100 sociedades en paraísos fiscales propiedad de costarricenses.

Es de destacar que los principales bufetes de abogados del país, integrados por políticos, exministros, exdiputados, etc, están involucrados en el escándalo de panamapapers, ni uno solo de los bufetes más grandes del país, está fuera del escándalo, y en promedio es una relación con el bufete panameño de más de quince años, en los que todos los bufetes han estado gestionando la apertura de empresas offshore.

Los principales sectores empresariales involucrados tienen que ver con sectores exportadores de banano, piña, caña de azúcar, empresas vinculadas a Zonas Francas (en donde no pagan impuestos), sector turístico, sector inmobiliario, y el sector de la construcción de infraestructura, entre otros.

Tienen en común que son grandes sectores empresariales nacionales, con socios extranjeros, con los cuáles desarrollan millonarios negocios. Es de anotar, que en general, son sectores que ya gozan de “privilegios” fiscales como estímulos al sector exportador, y aun así, deciden recurrir a la estructura elusiva de las sociedades offshore en paraísos fiscales, para disminuir su ya escasa contribución tributaria en el país.

Finalmente a nivel de dirigentes políticos, tenemos a representantes de los principales partidos políticos de la derecha neoliberal involucrados. El padre del Fonseca (principal socio del bufete panameño) es costarricense con familiares que han sido ministros y políticos, una familiar de él es quien abre una sucursal en Costa Rica del bufete Mossack/Fonseca y esa persona termina siendo ministra de transportes durante el 2006/2009.

En el listado aparecen banqueros, miembros de Junta Directivas de Bancos Estatales, diputados, ex ministros de Hacienda, de Economía, de Salud, de Transporte, la familia Jiménez dueña del principal periódico del país La Nación, una exprimera dama de la república, embajadores incluido el anterior embajador ante Naciones Unidas e incluso dos ex Directores de Tributación Directa (Administración Tributaria del país).

Panamapapers y la oposición al registro de beneficiarios finales:

Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre Fraude Fiscal, que contempla por primera vez legislación para el conocimiento por parte de la administración tributaria de los beneficiarios efectivos o finales. A la fecha sólo con orden judicial puede la AT conocer cuáles son los beneficiarios finales de una sociedad costarricense.

La oposición ha sido fuertísima por parte de la Unión Costarricense de la Empresa Privada (UCCAEP) y de políticos de los principales partidos neoliberales, muchos de esos políticos hoy aparecen en los panamapapers. El argumento es que tener de conocimiento de la administración tributaria el registro de beneficiarios atenta contra la libertad de empresa.

Esta propuesta del registro de beneficiarios finales no se impulsa tanto como una iniciativa por transparentar el régimen tributario costarricense, sino como una exigencia planteada por la OCDE en el proceso de solicitud de ingreso que lleva adelante Costa Rica.

Un efecto adicional en Costa Rica de los panamapapers, es que va a dejar a los opositores (políticos y empresarios) del registro de beneficiarios finales sin argumentos para seguir oponiéndose. Los panamapapers sacan a la luz pública el entramado opaco establecido entre bufetes de abogados, empresarios, dueños de capitales privados y políticos, con el fin de evadir y eludir impuestos en el país. Con el registro de beneficiarios finales, vamos a poder conocer en detalle cómo se articula ese mundo subterráneo creado utilizando los portillos legales que el sistema permite, a fin de estafar a nuestros estados nacionales.

*Jorge Coronado es analista costarricense de políticas económicas internacionales. Copresidente de Latindadd y miembro de la Alianza Social Continental.

 

Tomado de http://www.economiacritica.com/2016/04/11/costa-y-los-alcances-de-mossack-fonseca/

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La ciencia será decisiva para definir límites de la plataforma continental

Escrito en . Publicado en Derechos.

Expertos de la UCR asesoran en investigación marina

Patricia Blanco Picado,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

La ciencia sera decisiva para definir limites de la plataforma continental
Costa Rica solicitó en el 2009 la extensión del límite externo de su plataforma continental, en la cual tiene soberanía sobre el suelo, subsuelo y el lecho marino (foto Laura Rodríguez).

Expertos de varias disciplinas de la Universidad de Costa Rica (UCR) participan, junto a especialistas de otras instituciones públicas, en la realización de los estudios científicos que servirán de sustento a la pretensión de Costa Rica de extender los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas.

Amparada en el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), Costa Rica solicitó en el 2009 la extensión del límite externo de su plataforma continental, en la cual tiene total soberanía sobre el suelo, subsuelo y el lecho marino. Para ello, el país está obligado a demostrar científicamente que en el pie del talud de la plataforma existen sedimentos de origen terrestre, ya sea continentales o insulares. El talud marca el límite entre la corteza continental y la corteza oceánica.

Este proceso ante la Convemar se inició con el apoyo de Ecuador. Con este país Costa Rica firmó un convenio en 1985 denominado Convenio de delimitación de áreas marinas y submarinas entre las Repúblicas de Costa Rica y Ecuador, que dio pie al establecimiento del límite marítimo entre ambas naciones y a su aprobación en el 2014.

Para darle seguimiento a las gestiones se constituyó un Comité binacional, con representación de las cancillerías de ambos países, el Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada de Ecuador y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) costarricense.

Asimismo, se firmó un Memorando de entendimiento para evaluar la presentación conjunta ante la ONU, en la que se pide extender los límites de sus plataformas continentales; la recolección de los datos y la creación del Comité científico asesor para llevar a cabo la investigación marina.

Las campañas batimétricas o de medición de las profundidades del mar se iniciarán el 15 de abril en aguas nacionales. En noviembre del año anterior se realizó una expedición preparatoria en aguas ecuatorianas en la que participaron expertos costarricenses, con el propósito de conocer las labores, los equipos y la experiencia de los profesionales de Ecuador en labores oceanográficas de carácter científico, de seguridad y de defensa marítima.

El Dr. Rodrigo Castillo Rodríguez, investigador del Centro de Investigaciones Geofísicas (Cigefi), de la UCR, indicó que Ecuador cuenta con un buque científico con los instrumentos necesarios para la recolección de la información biológica, geológica, meteorológica y para el análisis químico.

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Al poseer Costa Rica la Isla del Coco, su mar patrimonial en el océano Pacífico se extendería, por lo cual la Zona Económica Exclusiva alcanzaría alrededor de 540 000 kilómetros cuadrados (imagen: cortesía del Dr. Rodrigo Castillo).

“Una batimetría consiste en mandar ondas sonoras que pegan en el fondo marino, rebotan, se capturan y así se mide la profundidad del océano. Con esto se puede elaborar un relieve y una perspectiva en tres dimensiones del fondo marino y encontrar el gradiente. El barco va navegando, emitiendo, recibiendo y haciendo un mapeo en casi tiempo real”, añadió el especialista, quien participó en la expedición preparatoria por cerca de un mes, a bordo del buque oceanográfico Bae Orión.

A la fecha, existen siete grupos de trabajo. Por la UCR está involucrados especialistas del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), del Cigefi, de la Escuela de Geografía y de la Escuela Centroamericana de Geología. También participan representantes de la Universidad Nacional (UNA), del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), del IGN, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), entre otras.

Mayor responsabilidad

Para el Dr. Álvaro Morales Ramírez, director del Cimar, la extensión de la plataforma continental le implicaría al país mayor responsabilidad, el reforzamiento de la vigilancia de sus recursos marinos y más oportunidades de realizar exploraciones submarinas para la búsqueda de fuentes alternativas de energía y minerales.

Al poseer Costa Rica la Isla del Coco, su mar patrimonial en el océano Pacífico se extiende, por lo cual la Zona Económica Exclusiva alcanzaría alrededor de 540 000 kilómetros cuadrados.

De acuerdo con los expertos, aunque Costa Rica no cuenta con la tecnología apropiada para realizar los estudios en el fondo marino, como sí la tiene Ecuador, nuestro país posee recursos humanos calificados. Estos dos aspectos se complementan en el trabajo conjunto que realizan ambos países.

“Se ha trabajado muy bien con los ecuatorianos y con el Instituto Oceanográfico de Ecuador. El Instituto Geográfico Nacional tuvo en el 2013 una experiencia bastante gratificante con ellos, porque actualizaron las coordenadas de georeferenciación de los límites de las plataformas continentales”, recalcó Castillo.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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