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Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes

Escrito en 14/04/2016. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

NicolasBoeglin (*)

Las recientes observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en materia de derechos humanos constituyen una nueva advertencia sobre la imperiosa necesidad de remediar álgidos temas de derechos humanos que se han venido postergando desde varios años. Tratándose de un Estado que durante más de dos años se mantuvo en una situación incómoda al desacatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas y otras advertencias anteriores hechas desde Naciones Unidas ameritan ser objeto de especial atención por parte de las autoridades. Adicionalmente, merecen ser conocidas y divulgadas en su integralidad por las organizaciones sociales que denuncian, desde muchos años, la peligrosa deriva que exhibe el aparato estatal costarricense en la materia.

En días recientes, algunos medios de prensa (en particular digitales) en Costa Rica han informado sobre las observaciones hechas al informe presentado por Costa Rica en materia de derechos humanos por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Nota 1). Como bien se sabe, este órgano es uno de los diez denominados “órganos de tratados de Naciones Unidas” encargados de velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en diez distintos instrumentos internacionales (ver listado oficial ).

Al Comité de Derechos Humanos le corresponde monitorear únicamente el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, el cual ha sido ratificado por Costa Rica en 1968.Notemos que, en el caso de Costa Rica, al resistirse a ratificar (e incluso a firmar…) la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ver estado de ratificación oficial de este instrumento) son nueve órganos de tratados los llamados a evaluar regularmente a Costa Rica y no diez. De manera a ser completo, habría que añadir a estos mecanismos convencionales, los mecanismos no convencionales de Naciones Unidas: los cuales en la actualidad cuentan con 39 mandatos temáticos en materia de derechos humanos (ver listado oficial que distingue a los “expertos independientes” de los “relatores especiales” y “grupos de trabajo”, según la terminología oficial), así como por 14 mandatos por país (ver listado oficial). En los últimos cinco años, Costa Rica recibió la visita de tres de ellos, como lo veremos a continuación.

La audiencia celebrada en Ginebra en marzo del 2016

Si bien varios de los órganos de tratados pueden examinar y recibir comunicaciones individuales, y emitir una resolución al respecto, su labor principal se centra en analizar y comentar los informes periódicos sobre cumplimiento de cada tratado que envía cada cierto tiempo el Estado Parte.

Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al sexto informe presentado por Costa Rica fueron precedidas por una comparecencia de una delegación oficial de Costa Rica en la sede ginebrina de Naciones Unidas, realizada a mediados del mes de marzo del 2016. La delegación que se presentó ante los integrantes del Comité de Derechos Humanos fue encabezada por el Vice Canciller de Costa Rica.

En el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del 17 de marzo del 2016, Costa Rica había indicado su satisfacción con relación a este debate y se leyó además en su comunicado que: “El Comité agradeció a Costa Rica por el espíritu constructivo con el que abordó el diálogo y por el envío de una delegación de alto nivel, representativa de diferentes poderes del Estado y por la paridad de género. En sus palabras finales, el Presidente del Comité, el argentino Fabián Salvioli recordó que los juristas latinoamericanos de su generación se formaron estudiando la jurisprudencia histórica de la sala constitucional de Costa Rica y otras de sus instituciones” (Nota 2).

Cabe señalar que la delegación oficial de Costa Rica incluyó a una congresista (ver nota de prensa). Llama la atención que un órgano del mismo Estado costarricense presentara un informe independiente (ver texto completo) al Comité, como complemento al informe oficial presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica: se lee en esta nota del 16/03/2016 de Elpais.cr titulada «Costa Rica asegura cumplir obligaciones internacionales en DDHH» la siguiente frase: «La Defensoría presentó un informe independiente al Comité y fue recibida en audiencia privada ante el Comité». Al revisar la titulación del informe de la Defensoría, se lee que se trata de un “informe alternativo independiente”. Si bien los informes de entidades nacionales de derechos humanos pueden en algunos casos completar la información oficial brindada al Comité, tradicionalmente, los términos “informes independientes”, o “informes alternativos” son reservados a informes elaborados por comunidades afectadas, organizaciones de víctimas y más generalmente, por organizaciones de la sociedad civil.

Las observaciones finales del Comité

Desde la semana pasada están disponibles en este enlace oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Este informe de Costa Rica se relaciona con las obligaciones jurídicas que derivan del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Salvo error de nuestra parte, estas recomendaciones han sido reproducidas de manera integral en Costa Rica únicamente en el sitio jurídico especializado de Derechoaldia.com (ver enlace).

De manera que nuestros estimados lectores tengan una perspectiva más integral, nos permitimos remitirlos a las observaciones finales realizadas en el 2007 por este mismo Comité al quinto informe presentado por Costa Rica (ver enlace). La comparación entre ambos documentos se impone, tanto en cuanto a su extensión como a su contenido (y al hecho que en el 2007, dichas observaciones finales del Comité de Derechos Humanos no dejaron rastro alguno en los medios de prensa de Costa Rica, como tampoco en la red).

Observaciones del 2007

En el 2007, la sección sobre “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” del Comité de Derechos Humanos se reducía a 7 puntos (puntos 7 a 13 de sus observaciones finales). Antes de detallarlas, dicho Comité lamentó “… no obstante, que ningún experto en los temas cubiertos por el Pacto, con responsabilidades relevantes en el país, haya asistido a la presentación del informe, lo que dificultó el diálogo entre el Comité y el Estado parte” (punto 2).

Entre algunos de los señalamientos hechos en el 2007, podemos citar el relacionado con la actuación de las autoridades de Costa Rica con los solicitantes de asilo provenientes de Colombia. En el punto 7, el Comité señaló que: “7. El Comité observa con preocupación que la información sobre los nombres de cerca de 9000 refugiados colombianos fue indebidamente compartida por las autoridades de Costa Rica con las autoridades Colombianas. (Artículos 2 y 13). El Estado parte debería tomar medidas para respetar plenamente el principio de confidencialidad de los expedientes personales de los solicitantes de asilo y refugiados”.

Indica además, en el punto 13, con relación a los migrantes colombianos,otro hecho que le llamó la atención: “13. El Comité observa con preocupación las declaraciones efectuadas a través de la prensa por autoridades del Estado parte, estigmatizando a los colombianos en general, y a los refugiados colombianos en particular, al relacionarlos con el aumento de delincuencia en Costa Rica (Artículos 2, 20 y 26). El Estado parte debería velar por que los funcionarios públicos se abstengan de formular declaraciones públicas de índole xenofóbico, que estigmaticen o estereotipen a los extranjeros”.

Otros señalamientos como los relacionados al recurso abusivo a la prisión preventiva (punto 8), las deplorables condiciones de detención (punto 9), la debilidad de las políticas para luchar contra la trata de mujeres y niños (punto 12), evidencian que, a casi 10 años de haberse dadas a conocer, estas recomendaciones internacionales no han dado lugar a mayor esfuerzo por parte de aparato estatal costarricense para remediar de manera efectiva los problemas detectados.

Observaciones del 2016

En las observaciones finales del 2016 presentadas al sexto informe de Costa Rica, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se muestra mucho más amplio. Su valoración crítica sobre la realidad de Costa Rica en materia de derechos humanos tiende a expandirse: la sección “Principales motivos de preocupación o recomendaciones” ya no se limita a 7 puntos como en el 2007, sino que se extiende del punto 5 al punto 43, cubriendo muy diversos y variados ámbitos en los que Costa Rica, pese a algunos esfuerzos, incumple de manera notoria sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En algunos casos (prisión preventiva, condiciones de detención),los integrantes del Comité reiteran algunas de sus observaciones anteriores ante la poca efectividad de la acción estatal. La misma preocupación en estas materias (prisión preventiva, condiciones de detención, abusos de autoridad, malos tratos) habían sido objeto de señalamientos en el 2008 por parte de otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura (CAT) con relación a Costa Rica (ver observaciones finales, en particular puntos 5 y 11-18): una reciente visita de la Relatoría de Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre derecho de las personas privadas de libertad (ver nota con acceso a informe dado a conocer el 11 de marzo del 2016 sobre la situación encontrada en Costa Rica) evidencia que lejos de solucionarse, los problemas detectados en el 2008 por el CAT, han tendido a agravarse significativamente.

La lectura de la extensa sección “Principales motivos de preocupación o recomendaciones” contenida en las observaciones finales hechas por el Comité a Costa Rica en el 2016 confirma que, en varios campos, Costa Rica mantiene una deuda cada vez más pesada con varios sectores de su población en cuanto al ejercicio de los derechos consagrados jurídicamente en el PIDCP: mujeres, niños trabajadores, poblaciones afro descendientes, parejas del mismo sexo, familias deseosas de procrear artificialmente, portadores del VIH Sida, trabajadores migrantes, poblaciones indígenas, privados de libertad, entre muchos otros sectores. De manera que el lector se haga él mismo una idea del alcance de cada una de las observaciones realizadas, lo remitimos al enlace oficial antes indicado de Naciones Unidas que las contiene en su integralidad, y que, tal y como se puede observar, incluye muchos ámbitos, además del tema del aborto (que parece haber sido el único en acaparar la atención en estos primeros días del mes de abril del 2016 en Costa Rica) (Nota 3).

Entre algunos de los puntos álgidos, que no parecieran ameritar interés alguno por parte de los decisores políticos, podemos citar los puntos 41 y 42 sobre los derechos de los pueblos indígenas: “41. Preocupa al Comité que el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas aún no ha sido aprobado y que aún no se haya adoptado un mecanismo legal que garantice la consulta previa de los pueblos indígenas en relación a la toma de decisiones que pudieran afectar al ejercicio de sus derechos. A pesar del reconocimiento legal del derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, preocupa al Comité la limitada protección al ejercicio de estos derechos en la práctica y que algunos pueblos indígenas hayan sido víctimas de ataques por conflictos de tierra (arts. 27)”.

Esta mención cobra mayor relevancia si recordamos que James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, emitió un informe en el 2011 luego de su visita a Costa Rica (ver texto completo de su informe presentado en mayo del 2011, en particular la sección “Cuestiones de fondo más allá del proyecto hidroeléctrico”, puntos 41-48). De igual forma, posteriormente a su visita en julio-agosto del 2013, John Knox, Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente, publicó un informe (documento A/HRC/25/53/Add.1 del 8/04/2014y poco divulgado en medios de prensa así como por parte de las autoridades salientes de Costa Rica del 2014), en el que el experto recordaba a Costa Rica algunas de las obligaciones internacionales con respecto a las poblaciones indígenas, objeto de varios desarrollos (puntos 47 a 51 de su informe) y de una recomendación (punto 65) que se lee de la siguiente manera: «en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Diquís, el experto independiente recomienda al Estado que siga celebrando consultas con los pueblos indígenas que puedan resultar afectados, aprovechando la labor de facilitación del equipo de las Naciones Unidas en el país y teniendo en cuenta que las consultas deben tener por objeto conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados».

De una manera similar, podemos citar las recomendaciones – algunas de carácter urgente – contenidas al final del informe presentado en junio del 2009 luego de visitar Costa Rica por Catarina Albuquerque, Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos (ver informe A/HRC/12/24/Add.1, en particular el punto 70 con relación a las poblaciones indígenas, disponible en este enlace que reúne varios documentos: buscar en esta página o la siguiente “Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina de Alburquerque – Adición – Misión a Costa Rica –“ disponible en los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas). Los puntos 74-88de este informe del 2009 constituyen recomendaciones de carácter urgente, a la fecha pocamente atendidas por el Estado (lo cual puede explicar – al menos en parte – la crítica situación del recurso hídrico que enfrentan varias comunidades en distintas partes de Costa Rica).

En materia de derechos de las comunidades indígenas, cabe mencionar que en sus observaciones finales del año 2007 al informe presentado por Costa Rica (ver texto de dichas observaciones), otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) hizo referencia a su solicitud hecha desde el 2002 a Costa Rica y “exhorta /ba/ una vez más al Estado Parte a que elimine cuanto antes los obstáculos legislativos que impiden la aprobación del proyecto de Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas” (punto 9). Pese a la exhortación hecha a Costa Rica del 2002, reiterada en el 2007 por parte de los miembros del CERD, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Expediente no. 14352) se mantiene como proyecto en los archivos de la Asamblea Legislativa, y muchas de las poblaciones indígenas costarricenses, en situación de indefensión.

A ese respecto, recordemos que en el 2015, Costa Rica recibió una solicitud de medidas cautelares ante la dramática situación vivida por las poblaciones indígenas en Salitre (Nota 4).

Otro punto de las observaciones hechas en el 2016 por el Comité de Derechos Humanos que, en nuestro modesto parecer, amerita una mención es el punto 10 en el que leemos que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”. En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva. En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación).

Finalmente, entre muchos de los señalamientos realizados, quisiéramos incluir en estas muy breves referencias lo que se lee en el punto 25 por parte del Comité de Derechos Humanos, y que ameritaría una explicación detallada por parte de las autoridades: “25. Preocupa al Comité que el Estado parte no haya proporcionado información sobre investigaciones y sanciones por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del orden en centros de detención y por miembros de la Policía, especialmente relacionadas con tortura y malos tratos (art. 7 y 10)”.

Conclusión

Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores apreciar el tono de las advertencias y de los señalamientos que, desde varios años, vienen indicándole a Costa Rica la situación en la que se encuentran sus habitantes con relación al ejercicio efectivo de sus derechos. En nuestra modesta opinión, las recomendaciones hechas en el 2007 por el Comité de Derechos Humanos, por los expertos independientes precitados que procedieron a una visita in situ a Costa Rica en el 2009, 2011 y 2013, así como las recomendaciones del 2016 del Comité de Derechos Humanos, constituyen una útil herramienta que debiera ser objeto de especial atención por parte de las autoridades. Notemos que con posterioridad a la publicación del informe de Catarina Albuquerque en el 2009, Costa Rica circuló una airada nota (ver texto integral de la nota verbal circulada por la Misión de Costa Rica en Ginebra, A/HRC/12/G/3 del 07/09/2009) en la que detallaba las presuntas carencias del informe. Por ejemplo, con relación al tema de la piña y de la contaminación de los cuerpos de agua, el punto 4 precisaba que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta de Naciones Unidas, entendible si proviniese del sector productivo, sorprendente al provenir del mismo Estado (Nota 5).

A los pocos días de la publicación de estas observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por titular su comunicado oficial de la siguiente forma: “País cumple con sus obligaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Más allá de este esfuerzo en materia de comunicación tendiente a ser un tanto reductor, dicho comunicado finaliza indicando que el Estado costarricense “apoya fuertemente el trabajo de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, considera que el diálogo constructivo con los expertos de los Comités es una fuente fundamental para identificar las falencias en la implementación de nuestras obligaciones y alimentar la elaboración de políticas públicas inclusivas y respetuosas de los Derechos Humanos”(Nota 6).

No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años.

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Nota 1: Ver al respecto las notas de Elpais.cr, de Elmundo.cr y de CRHoy publicadas en los últimos días de marzo. El 1ero de abril se publicó una nota en otro medio digital, Informa-tico. En la prensa escrita, se encontró esta modesta nota en DiarioExtra. Otro medio de prensa escrita como La Nación optó por informar a sus lectores de un solo señalamiento hecho a Costa Rica: el relacionado al aborto (ver nota de prensa del 31/3/2016). En el ámbito radial, en este enlace se puede escuchar una nota de Monumental, que se centra sobre el tema del aborto, pese a titularse “ONU señala deudas de Costa Rica en derechos humanos”.

Nota 2: En un comunicado oficial con fecha del 17 de marzo del 2016, día en que finalizaron las audiencias en Ginebra, se pudo leer por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica el siguiente texto, que a continuación nos permitimos reproducir en su integralidad:

“Concluye diálogo de Costa Rica con el Comité de Derechos Humanos – 17/03/2016 03:38 PM – 17/03/2016 03:47 PM. El diálogo de Costa Rica con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas continuó este jueves 17 de marzo en Ginebra, en el Palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El diálogo de Costa Rica con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas continuó este jueves 17 de marzo en Ginebra, en el Palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Al inicio de la sesión, la delegación de Costa Rica continuó con las respuestas a las preguntas de los expertos que, por razones de tiempo, no pudieron ser atendidas la tarde anterior. Estas versaban sobre la protección del derecho a la vida, la libertad de expresión, la independencia de la Defensoría de los Habitantes, datos sobre administración de la justicia y sistema penal, la lucha contra la discriminación, y la representación política equitativa, entre otras. De seguido, los expertos hicieron sus valoraciones iniciales y plantearon nuevas preguntas sobre las condiciones del sistema carcelario, conflictos de posesión de tierras en territorios indígenas, y la dilación excesiva de los procesos judiciales en Costa Rica.

Una vez finalizada la segunda ronda de respuestas, el Vicecanciller Alejandro Solano, en su calidad de Jefe de la Delegación, señaló que Costa Rica siempre se toma estos ejercicios con mucha seriedad y además son una excelente oportunidad para reflexionar y adoptar medidas sobre el cumplimiento de los convenios de derechos humanos. Manifestó la receptividad del país para recibir recomendaciones que fueran razonables y pertinentes y renovó los votos de Costa Rica para con los órganos de tratados. El Comité agradeció a Costa Rica por el espíritu constructivo con el que abordó el diálogo y por el envío de una delegación de alto nivel, representativa de diferentes poderes del Estado y por la paridad de género. En sus palabras finales, el Presidente del Comité, el argentino Fabián Salvioli recordó que los juristas latinoamericanos de su generación se formaron estudiando la jurisprudencia histórica de la sala constitucional de Costa Rica y otras de sus instituciones.

La Delegación de Costa Rica tiene ahora 48 horas para presentar por escrito la respuesta a las preguntas que no pudieron responderse durante el diálogo. El Vicecanciller Solano se mostró satisfecho por la calidad del intercambio con el Comité y agradeció a todas las instituciones que colaboraron en dar respuesta a las preguntas, las cuales fueron coordinadas por la Dirección de Política Exterior de la Cancillería.

El Comité emitirá y hará públicas sus recomendaciones en el plazo de dos semanas«.

Nota 3: La discusión, un tanto enardecida, sobre el tema del aborto con el que ha iniciado el mes de abril del 2016 se origina en el artículo precitado publicado en La Nación el 31/03/2016 sobre las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, titulado “ONU insta a Costa Rica a legalizar aborto en caso de violación”.

Nota 4: Remitimos al lector a nuestra modesta nota: BOEGLIN N., “Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH”, ObservatoirePolitique de l’Amérique latine et des Caraïbes (OPALC), Sciences-Po, Paris, 24/04/2015. Texto disponible aquí.

Nota 5: Sobre estas y muchas otras extrañezas del Estado costarricense con relación a los cuestionamientos ante los efectos negativos de la producción de piña de exportación (“Sweet Gold” o MD2), remitimos a nuestro breve estudio con ocasión de una audiencia celebrada ante los órganos regionales de derechos humanos en el 2015: BOEGLIN N., “La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, Global Research, 31/03/2015, disponible aquí.

Nota 6: En su comunicado oficial con fecha del 1ero de abril del 2016, se lee lo siguiente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica: ”País cumple con sus obligaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas – 01/04/2016 09:57 AM – Costa Rica celebra que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogiera con satisfacción la presentación del sexto informe del país, conforme las obligaciones establecidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Después de haber presentado el informe escrito, el país participó en el examen oral con una delegación de alto nivel, presidida por el Vicecanciller Alejandro Solano, los días 16 y 17 de marzo pasado, en Ginebra.

El día de ayer, fue publicado un avance de las observaciones finales del Comité. El Estado costarricense y la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos, reunida esta mañana en la sede de la Defensoría de los Habitantes, dieron la bienvenida a las recomendaciones del Comité que serán una importante guía para continuar con los esfuerzos nacionales para promover, proteger y respetar los Derechos Humanos.

El Comité celebró varios aspectos positivos del desempeño nacional, entre ellos, la modificación del artículo primero de la Constitución Política que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del Estado, la ley contra la Trata de Personas y la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia y su Plan de acción. Además, acogió favorablemente la reciente ratificación de importantes instrumentos internacionales.

El procedimiento de presentación de informes previsto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es de naturaleza informativa, no contenciosa. No obstante, como es la práctica en ese tipo de mecanismos de Derechos Humanos, el Comité también expresó sus preocupaciones y brindó una serie de recomendaciones al país.

Algunas de las preocupaciones se refirieron a la persistencia de la discriminación estructural contra miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado que fueron reconocidos por el Comité; así como la falta de una política integral sobre la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a pesar de las diversas medidas adoptadas por el país en la materia. Igualmente, el Comité indicó que, a pesar de las medidas adoptadas, le preocupaba la significativa brecha salarial existente entre hombres y mujeres y la ausencia de protocolos sobre el aborto en los casos permitidos por la ley (aborto terapéutico). Además, los expertos manifestaron preocupación por la persistencia de hacinamiento en los lugares de detención, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado.

Entre las principales recomendaciones, se solicitó al Estado Parte garantizar que la Comisión Interinstitucional cuente con los medios adecuados para el eficaz desempeño de sus funciones, acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación que incluya una prohibición general de la discriminación, asegurar que todos los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes y adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios y reducir el hacinamiento, incluyendo el uso de medidas alternativas a la privación de libertad.

El estado costarricense apoya fuertemente el trabajo de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, considera que el diálogo constructivo con los expertos de los Comités es una fuente fundamental para identificar las falencias en la implementación de nuestras obligaciones y alimentar la elaboración de políticas públicas inclusivas y respetuosas de los Derechos Humanos”.

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página principal de la Universidad de Costa Rica.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Recurrentes agresiones contra indígenas ponen en evidencia ineficiencia del aparato Estatal

Escrito en 10/04/2016. Publicado en Derechos.

A la opinión pública nacional e internacional

Repudiamos que nuevamente se haya derramado sangre indígena en la zona sur, responsabilizamos al Estado – Gobierno por estos hechos

El día 07 de abril de 2016, fueron atacadas de manera violenta dos comunidades indígenas en la Zona Sur, una en el Territorio Bribri de Cabagra (Nima Dikol o Palmira) y otra en el Territorio Bribri de Salitre (entrada a Yeri, Sector Palmital), unido a lo anterior el domingo 03 de abril del 2016, de la misma forma fue atacado uno de los campamentos de recuperantes de la Finca San Andrés en Territorio Brorän de Térraba

El pasado 22 de febrero de 2016 en Cabagra (Nima Dikol Palmira) Clarita Quiel Torres, Bribri junto con familiares recuperaron la tierra de sus antepasados; esta finca estaba usurpada por dos no indígenas Heidy Mora y su esposo, que viven en San Marcos de Tarrazú y en otro sector de la finca por el no indígena Mario Espinoza.

Ese mismo 22 de febrero en Cabagra (Sector de Brazo de Oro) Gonzalo Torres Torres, familia y otros Bribris, recuperaron también la finca de su abuelo Napoleón, usurpada por el no indígena Jesús Monge

Meses atrás Samuel Delgado Rojas y su familia, recuperaron una finca en Yeri de Salitre, de un usurpador no indígena de apellido Ceciliano que vive en Cartago y se la había arrendado al no indígena Víctor Zúñiga.

Desde el año anterior en Térraba un grupo de familias Brorän recuperaron la Finca San Andrés, ubicada entre el Rio Térraba y la Interamericana Sur.

Todas estas recuperaciones son parte del proceso de Afirmación Territorial Autónoma, apoyado por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, proceso que se inició hace ya varios años en Salitre, como parte de la lucha por el respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.

Las agresiones, con armas blancas y armas de fuego, ocurridas en el día 07 de abril, dejan como resultado dos personas heridas y hospitalizadas; Adilio Ortiz, fue golpeado y cortado en su cabeza, piernas y espalda y fue baleado en la mano derecha y en la pierna izquierda. Antonio Torres Leiva, fue baleado en la cara y golpeado en todo su cuerpo., también existen otros heridos sin atención hospitalaria. Además la quema y destrucción de sus casas, enceres domésticos y personales, en Nima Dikol de Cabagra, Yeri de Salitre y San Andrés de Térraba.

Al menos en dos de las comunidades han sido identificados los agresores, quienes son responsables de estos actos delictivos en Nima Dikol, se identificó plenamente a los no indígenas Antonio Jimenez Leiva, Mario Espinosa Vargas, Henry Marín Chinchilla, Wilson Uva Hidalgo, Miguel y Luis ambos Bermúdez Matamoros.

En el ataque a los Bribris de Palmital de Salitre, fueron plenamente identificados, los no indígenas, Víctor Zúñiga, sus hijos Víctor Hugo, Albín y su sobrino Carlos, todos de apellidos Zúñiga; en ambos ataques participaron los no indígenas acompañados de otros no indígenas y peones de estos.

Hemos constatado, que estos actos sistemáticos de violencia que producen agresiones a la integridad física y territorial de los Pueblos Indígenas, ponen en evidencia la ineficiencia del aparato Estatal que la detenga, deja en la impunidad los muchos delitos ya denunciados, y permite que estas bandas organizadas de manera ilícita para delinquir queden en libertad de actuación para cometer nuevos delitos y agresiones contra estos Pueblos.

La opinión pública debe saber que esta violencia en contra de los Pueblos Indígenas del Sur, promovida por los no indígenas y no detenida, ni sancionada por el aparato estatal costarricense, llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de abril del 2015, estableciera medidas cautelares de las que tiene que rendir cuentas el mismo Estado costarricense frente a la comunidad internacional. Adicionalmente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su último Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Costa Rica (marzo 2016) recalca que “el gobierno debe garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria“ ; y debe “ d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques».

Organizaciones de distintos sectores sociales, eclesiales, académicos, estudiantiles, de mujeres, diversidad sexual, ecologistas, de derechos humanos paz y no violencia que integramos el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena:

Responsabilizamos al Estado costarricense, y en especial al Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera, por estos actos de violencia y en especial los ataques y agresiones perpetrados el día 07 de abril, hacemos responsable al mismo gobierno (Estado) de las posibles nuevas agresiones que se puedan dar, pues hay una conducta sistemática, organizada, continua y de la que las autoridades tienen conocimiento de los responsables de estos ataques, así como de no tomarse las medidas oportunas que impidan estas violaciones.

Solicitamos;

1- Detener, indagar e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, muchos de ellos identificados plenamente por las personas indígenas ofendidas.

2- Establecer un protocolo, inter-institucional efectivo, que cuente con herramientas que garantice, el cumplimiento de las medidas cautelares, establecidas por la CIDH, de forma integral, de modo tal que se prevenga actos como los ocurridos el día de ayer.

3- Investigar las actuaciones de los funcionarios públicos a cargo del cumplimiento de estas medidas cautelares, para determinar su responsabilidad en el cumplimiento de los Derechos Humanos, pues como lo establecen los tratados internacionales, los Estados son responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, por acción y/o por omisión.

4- Se ejecuten de inmediato las políticas de saneamiento territorial, que garantice a los pueblos indígenas, su integridad, su libertad y su autonomía dentro del territorio y fuera de él. De forma que el pueblo indígena pueda vivir libre del asedio y ataque de los no indígenas en su territorio.

5- Que el Gobierno de la República, dé explicaciones claras a los pueblos indígenas afectados, a la comunidad nacional e internacional sobre estos hechos de violencia.

San José, 08 de abril del 2016.

COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMIA INDIGENA

SERVICIO PAZ Y JUSTICIA-COSTA RICA- SERPAJ-CR

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS- FRENAPI

ASOCIACION COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS- ACODEHU

IGLESIA LUTERANA COSTARRICENSE- ILCO

CENTRO DE AMIGOS PARA LA PAZ- CAP

COMUNIDADES ECOLOGISTAS LA CEIBA- AMIGOS DE LA TIERRA- COECO-AT.

COMUNIDADES CRISTIANAS COSTARRICENSES- COCRIC

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Una responsabilidad de Costa Rica

Escrito en 07/04/2016. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Como miembro de la Asociación Americana de Juristas(AAJ), Capitulo de Costa Rica, anoto que en las Observaciones del Comité de los Derechos Humanos al Informe de Costa Rica en materia de derechos humanos ante las Naciones Unidas, ha brillado por su ausencia un acápite relacionado con la población migrante, sobre todo en el periodo de la pos-guerra centroamericana, hasta el año de 2016; en que Costa Rica continuó siendo país receptor de refugiados latinoamericanos, durante el incesante y creciente periodo de guerra civil en Colombia, cambio de régimen político en Venezuela, fatídica actuación de la dictadura fujimorista, periodo anterior al régimen de Correa en Ecuador, hasta el drama último de los cubanos.

Puntualmente mencionó la imposición de visas a colombianos (as) en el periodo del presidente Pacheco. Sin discutir esa decisión soberana costarricense ante la potencialidad de una población superior a la costarricense que podía desplazarse por motivos laborales o políticos desde la poblada Colombia (hoy 48 millones de habitantes); falta un observatorio que ausculte el drama padecido por la población refugiada y desplazada en Costa Rica cuando hizo carrera- en la última década- una“política de Estado”. La actual Ley de Migración vigente, calificada de draconiana y luego de suspensiones, activamente aplicada, jugó pareja al bloque institucional y estatal representado en el ejercicio común de la OIJ, DIS, Corte Suprema de Justicia (Sala Constitucional) y Dirección de Migración, para hacer efectivo el dique o “tapón” como control que impidiera el crecimiento de población migrante en Costa Rica. El meollo de la cuestión radica en que las decisiones administrativas y del ente judicial redundaron en violación a los derechos humanos de los migrantes y de población ya naturalizada en Costa Rica, en cuanto a expedición de visas, permisos de trabajos y reunificación familiar. Como abogado litigante daría testimonio de dramas en ejercicio de mi profesión, padecidos. Como se dice en esta materia de protección de derechos humanos, con un solo caso de violación, ¡basta!

Corresponde al Comité de los Derechos Humanos en Costa Rica y a las Ong´s consecuentes, auscultar, tras un observatorio, de seguimiento de actos administrativos de la Dirección General de Migración y fallos de recursos de amparo, atinentes o en materia de visas, migrantes, etc.; este capítulo negativo a la tradición humanitaria y con respecto al derecho internacional humanitario por parte del Estado de Costa Rica. Por ejemplo, que la Asamblea Legislativa, como órgano de Poder Público, asimilé, en torno al ejercicio soberano, cómo es posible que un visitante procedente o clasificado dentro de los países que requieren visa para entrar a Costa Rica, por el solo hecho de reseñar visa a los Estados Unidos de Norteamérica, queda excluido de tramitar visa en Costa Rica, contrario al principio de legalidad.

Esta no es labor para un Quijote, aunque siempre nuestra brújula política sea la consecución de lo utópico.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Se firma directriz “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”

Escrito en 30/03/2016. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

A través de la firma de la Directriz N° 042-MP, “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, dirigida al sector público, el Gobierno de Costa Rica asume su responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática para proteger sus derechos y a garantizar el respeto a su integridad.

La ruta de dicho proceso es:

El Gobierno emite una directriz que ordena la acción de las instituciones públicas, alrededor del objetivo de construir un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas.
El Gobierno y los pueblos indígenas construyen el Mecanismo de Consulta. El Gobierno visita a los 24 territorios.
El Estado costarricense cuenta con un instrumento de consulta a los pueblos indígenas, que guiará los procesos de consulta de las medidas que les afecte.

Para leer la Directiz “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, ingrese en el siguiente enlace:

Directriz de consulta 2016 03 14 Directriz No. 042 MP

Información suministrada por Geyner Blanco Acosta.

Imagen tomada de la página de Facebook Consulta a Pueblos Indígenas – Costa Rica.

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ONU reconoce decisión de Costa Rica de construir mecanismo nacional de consulta a los pueblos indígenas

Escrito en 23/03/2016. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Consulta a Pueblos Indígenas – Costa Rica

El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica reconoce nuestro compromiso por proteger y asegurar los derechos de los pueblos indígenas. ¡Falta mucho por hacer y vamos con todo!

‪#‎consultaindigenaCR ‪#‎DerechosHumanos

Naciones Unidas Costa Rica:

Naciones Unidas resalta la importancia de llevar a cabo un proceso participativo e inclusivo

San José, 16 de marzo de 2016. El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica (SNU ) ha reconocido el compromiso del Estado costarricense para proteger y asegurar los derechos de los pueblos indígenas manifestado a través de la firma de la “Directriz para la construcción de un mecanismo nacional de consulta a los pueblos indígenas”. La Directriz contribuye a la articulación del gobierno para llevar a cabo la construcción de un mecanismo nacional de consulta, lo que representa un paso firme hacia el reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas interesados a participar en las decisiones administrativas que puedan afectarles.

El Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica ha expresado su compromiso para apoyar el proceso en el marco de los estándares internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, la ONU destaca el reconocimiento de parte del Gobierno de la necesidad de garantizar una amplia, activa e inclusiva participación de los pueblos indígenas en el proceso a través del cual se construirá el mecanismo, incluyendo la participación de mujeres, jóvenes y ancianos.

Alice Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, indicó que Naciones Unidas reconoce como positiva la decisión del Gobierno de realizar un proceso inclusivo para la definición de un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas, y subrayó la importancia de que éste cumpla con la normativa internacional de derechos humanos.

“Como Naciones Unidas consideramos crucial que este proceso que inicia parta de un diálogo abierto con los pueblos indígenas y de la creación de una relación de confianza entre todos los actores participantes, garantizando también el apoyo a los pueblos indígenas para que cuenten con la capacidad necesaria que les permita participar en condiciones equitativas en el proceso, ya que éste tendrá un efecto directo en sus vidas y en las condiciones de sus pueblos”, expresó Shackelford.

El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas interesados está contenido en los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígena y el Convenio nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. El derecho a la participación está también contenido en los otros instrumentos internacionales de derechos humanos tales como, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional en Contra de Todas las Formas de Discriminación Racial.

La Coordinadora Residente explicó que los Estados deben garantizar que los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas que puedan afectarles directamente, que sean acciones legislativas o administrativas, con el fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Para Naciones Unidas este proceso cobra vital importancia en la ejecución de proyectos de desarrollo e infraestructura en territorios ancestrales de los pueblos indígenas, puesto que tales acciones pueden afectar sus medios de vida y sus derechos fundamentales, así como el derecho a sus tierras, la salud, alimentación y espiritualidad, entre otros.

El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica ha contribuido y lo seguirá haciendo con apoyo técnico y financiero, tanto al Estado costarricense como a los pueblos indígenas y otros entes interesados sobre estos procesos, por medio de sus agencias y organismos: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo el liderazgo de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas.

Información e imágenes tomadas de Consulta a Pueblos Indígenas – Costa Rica.

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El zika en Costa Rica: a propósito del primer caso autóctono

Escrito en 15/03/2016. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

Costa Rica confirmó recientemente el primer caso de zika autóctono. De esta manera, se convirtió en el último Estado de la región en proceder a este reconocimiento oficial, el cual fue seguido por una declaratoria de emergencia sanitaria en Guanacaste y posteriormente en 31 cantones. Un breve recuento se impone a la luz de las medidas tomadas en otros países, que permita apreciar mejor la extraña solicitud hecha por Costa Rica a la OMS de ser retirada de la “lista zika” el pasado 9 de febrero, así como algunos vacíos en las medidas anunciadas si las comparamos con las de otros Estados de la región.

El pasado 22 de febrero del 2016, las autoridades del Ministerio de Salud de Costa Rica confirmaron el primer caso de zika autóctono (ver nota de La Nación), convirtiéndose en el último Estado de la región en proceder a este reconocimiento oficial. Esta confirmación fue seguida por una declaratoria de emergencia sanitaria en el cantón de Nicoya en Guanacaste (ver nota de La Nación), así como por el anuncio de un recrudecimiento de acciones preventivas en casas y propiedades privadas en todo el país. Menos de 24 horas después, las autoridades valoraban extender la emergencia sanitaria a todo el territorio costarricense (ver nota de ElPais.cr). Finalmente, el 25 de febrero, se declaró emergencia en únicamente 31 de los 81 cantones de Costa Rica (ver nota de La Nación). El pasado 2 de marzo, se confirmaron 8 casos autóctonos en Costa Rica (ver nota del mismo medio de prensa costarricense).

Cabe señalar que la mujer embarazada de 24 años, habitante de la localidad de Samara y objeto de la primera confirmación, adujó haber sido informada mediante la prensa de su condición de primer caso en Costa Rica, y no mediante una comunicación de las autoridades de salud (ver nota de La Nación titulada: «Embarazada con zika: ‘Nadie me ha confirmado los resultados de mis exámenes»).

Breves consideraciones previas sobre el zika

Como bien se sabe, el zika es vehiculado por mosquitos en algunas zonas tropicales, cuya capacidad de propagación varía en función de distintas variables, incluyendo parámetros climatológicos, así como de otra índole. Si bien las autoridades proceden a lo que denominan “eliminación de criaderos” mediante fumigaciones en casas y en depósitos de agua estancada en aras de erradicar estos mosquitos, existen otros espacios que deberían llamarles la atención. Desde 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió, con relación a la construcción de represas, embalses, canales de riego y otro tipo de obras en zonas tropicales y subtropicales, que “Los cambios hidrológicos producidos por las obras de irrigación o la construcción de represas pueden llevar a aumentar sustancialmente la extensión de los criaderos de mosquito y su duración estacional” (Nota 1).

Uno de los mosquitos transmisores del zika es el Aedes Aegypti, que también transmite el dengue y el chikungunya (remitimos al lector poco familiarizado con estas denominaciones a las fichas técnicas sobre el dengue y el chikungunya elaboradas por la misma OMS). La picadura causa dolores, fiebres leves, nauseas, vómitos y diarreas. A diferencia del dengue y del chikungunya, el zika es asociado a problemas neurológicos a mediano plazo en las personas infectadas, y a algunas malformaciones producidas en los cerebros de los fetos de mujeres embarazadas.

En el primer caso, los trastornos del sistema nervioso pueden llevar a lo que se denomina el “Síndrome de Guillain-Barré” que afecta los nervios periféricos del ser humano (ver ficha elaborada por la OMS). Precisamente durante esta semana, investigadores del Institut Pasteur en Francia confirmaron la estrecha relación existente entre el zika y este tipo de padecimiento, afirmando que: “Los vínculos son tan fuertes como los que existen entre el tabaco y el cáncer” (ver nota de prensa). Uno de los científicos a cargo de una investigación sobre lo que está ocurriendo en Colombia resaltó en estos días que: “Una de las observaciones es que los problemas asociados o que presumimos sean por infección del Zika pueden producir más problemas neurológicos que el dengue. En otras palabras, que la agresividad del virus de Zika es mucho mayor que la ocasionada por el dengue –si lo logramos probar– e incluso puede ser mucho mayor que la producida por el chikungunya” (ver nota de El Pais, Colombia).

En cuanto a las malformaciones causadas por el virus del zika, se trata, según diversos centros de investigación, de anomalías graves en el desarrollo del cerebro del niño. Una de ellas, pero no la única (Nota 2) es la microcefalia: «un trastorno neurológico poco frecuente en la que la cabeza del bebé es mucho más pequeña que las cabezas de los otros niños de la misma edad y sexo. A veces se detecta al nacer, y es generalmente es el resultado de un desarrollo cerebral anormal en el útero o que no está creciendo como debería después de nacer» (ver sitio con definición de esta anomalía e información variada sobre la misma). El pasado viernes 4 de marzo, se dio a conocer un estudio que confirma la estrecha relación entre el zika y malformaciones cerebrales del feto (ver nota de La Nación): se lee en esta nota que: “Ahora que sabemos que las células progenitoras neuronales corticales son las células vulnerables, también pueden ser utilizadas para probar nuevas terapias”.

La relación entre graves malformaciones cerebrales en el feto y zika no es nueva. Se puede leer en este enlace del mismo Institut Pasteur en Francia (ver ficha técnica sobre el zika elaborada hace un tiempo) que: «Complications. …. Les femmes enceintes risquent de transmettre le virus au fœtus, ce qui peut engendrer de graves anomalies du développement cérébral chez l’enfant».

Otro aspecto a tomar en cuenta es el hecho que el semen de un hombre infectado puede también transmitir el zika a una mujer. En una investigación del 2013 del Dr. Musso (ver artículo ), se concluye que además del semen como tal, las vías urinarias podrían de igual manera vehicular el zika. Se lee que: «Our findings support the hypothesis that ZIKV can be transmitted by sexual intercourse. Furthermore, the observation that ZIKV RNA was detectable in urine after viremia clearance in blood suggests that, as found for DENV and WNV infections, urine samples can yield evidence ofZIKV for late diagnosis, but more investigation is needed» (Nota 3).

El pasado 3 de febrero del 2016, Estados Unidos detectó un caso de zika transmitido por vía sexual (ver artículo de El Pais titulado: «Estados Unidos se prepara ante la transmisión sexual del zika. Texas confirma que una persona se infectó tras mantener relaciones sexuales con un individuo contagiado en Venezuela». Las autoridades sanitarias en Francia confirmaron el primer caso de zika debido a este mismo tipo de transmisión hace pocos días, el pasado 27 de febrero del 2016 (ver nota ).

Algunas investigaciones apuntan al recelo extremo a la hora de proceder a recibir sangre por parte de un donador, ya que se sospecha que el virus pueda transmitirse de esta forma: sobre esta particular forma de transmisión del zika, remitimos al estudio del Dr Musso y de su equipo, publicado en el sitio Eurosurveillance, titulado. «Potential for zika virus transmission through blood transfusion demonstrated during an outbreak in French Polynesia, November 2013 to February 2014». El 3 de febrero, Canadá anunció medidas de protección, imponiendo 21 días a una persona que haya viajado en países afectados por el zika para que done su sangre (ver nota ). El 7 de febrero del 2016, la titular de la cartera de salud en Francia indicó que las personas que hayan permanecido en países afectados por el zika deberán esperar 28 días antes de donar su sangre (ver nota de prensa). Puerto Rico, cuyas reservas de sangre son escazas (como las de Costa Rica) inició este mes de marzo ordenando la suspensión de compra de sangre a la Cruz Roja por este motivo (ver nota de prensa): al 4 de mazro contabiliza más de 40 casos, de los cuales 9 son mujeres en gestación (ver nota de prensa). Por su parte, Panamá aseguró a su población que los bancos de sangre cuentan con las debida garantías del caso (ver nota de prensa).

Trastornos en el sistema neurológico del ser humano, efectos sobre el cerebro del feto, transmisión mediante sangre o mediante relaciones sexuales, son, claramente, aspectos que no pueden pasar desapercibidos. Este inédito panorama interpela a toda la comunidad científica internacional: el zika constituye, sin lugar a dudas, una amenaza potencial para la población de cualquier Estado, en particular para las mujeres embarazadas y las que deseen procrear.

El zika en el hemisferio americano

Con relación a la emergencia suscitada en el hemisferio americano, cabe señalar que en mayo del 2015 se detectó el primer caso de zika en Brasil. En noviembre del 2015, el titular de la cartera de salud en Brasil indicó que: «… hay una correlación positiva entre el virus zika y los casos de microcefalia. «Es el primer caso en el mundo y, por lo inédito de la situación, no tenemos datos de otros países que puedan orientarnos» (ver nota del 27/11/2015 de El Pais (España) titulada: “Microcefalia: la enfermedad que asusta a las embarazadas en Brasil “). Tratándose de un Estado cuyas autoridades, a diferencia de las de otros, cuentan con laboratorios epidemiológicos y con una capacidad técnica de investigación mucho más desarrollada que en otras latitudes, la aseveración hecha merecía ser tomada muy en cuenta por los demás Estados de la región.

Dos meses después de esta nota, se leyó en el mismo matutino madrileño con relación a la situación en Brasil ( nota de su edición del 26/01/2016) que: «La microcefalia, una grave enfermedad cerebral, afecta ya a 3.893 bebés». Para las futuras madres cuyos bebés han sido diagnosticados con microcefalia, se lee en esa misma nota: «…, la mayor preocupación de esas mujeres no es científica. Lo que quieren saber es qué pasará con sus hijos después de que nazcan. Pero eso tampoco se sabe. Por eso ellas viven una especie de lotería siniestra. En función de la zona del cerebro atacada por el virus, sus hijos tendrán dificultades de visión o de habla, o retraso en el desarrollo de habilidades motoras o intelectuales. “Tenemos un porcentaje significativo de casos de parálisis cerebral”, explica Janeusa Primo, coordinadora del Ambulatorio de Neuropediatría de las Obras Sociales Hermana Dulce (OSID, por sus siglas en portugués), una de las principales instituciones filantrópicas de Salvador». En Colombia, los 7.653 casos de mujeres embarazadas afectadas por el zika (ver nota del 27/02/2016) son objeto de estudios. Este 4 de marzo se confirmaron los primeros casos de microcefalia y anomalías graves en cerebros de recién nacidos colombianos, asociados al zika (ver nota).

Desde finales del 2015, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió de la rápida propagación de este virus, ello debido a varios factores propios de la región. Lo hizo en los siguientes términos que nos ha parecido oportuno señalar: «El zika es un virus transmitido por mosquitos que es nuevo para las Américas. Desde que Brasil informó los primeros casos de transmisión local del virus en mayo de 2015, se ha extendido a 26 países y territorios de las Américas (hasta el 30 de enero de 2016). Hay dos razones principales para la rápida propagación del virus: (1) la población de las Américas no había estado expuesta anteriormente al zika y por lo tanto carece de inmunidad, y (2) el mosquito Aedes –principal vector para la transmisión del zika– está presente en todos los países de la región, con excepción de Canadá y Chile continental»(ver nota de la OPS).

El pasado 26 de febrero, las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron que 9 mujeres embarazadas padecen del zika. Se lee en esta nota que: «Entre estas nueve mujeres, dos sufrieron abortos involuntarios, dos abortaron y tres ya dieron a luz. De los niños nacidos, uno padece una microcefalia severa». La precisión merece mención, al mantenerse la interrogante sobre la proporción existente entre recién nacidos de mujeres infectadas por el zika y malformación cerebral detectada en el feto. En un reciente informe publicado en Brasil sobre microcefalia, se lee que el proceso investigativo sólo ha concluido para el 25,5% de los casos registrados de microcefalia en Brasil: “Até 13 de fevereiro de 2016 (SE 06), permanece em investigação 74,5% (3.935/5.280) dos casos notificados segundo definições (recém-nascido, natimorto, abortamento ou feto) (Tabela 1). Considerando o ano de notificação, 60,1% (3.174/5.280) foram registrados em 2015 e 39,9% (2.106/5.280) no ano de 2016. Segundo a classificação final, já foram investigados e classificados 25,5% (1.345/5.280) do total de casos. Destes, 15,8% (837/5.280) foram descartados para microcefalia e/ou alteração do SNC sugestiva de infecção congênita. Os demais 9,6% (508/5.280) foram confirmados segundo definições do protocolo. (Tabela 2)”.

En España, el tercer caso de mujer en gestación infectada debido a un viaje en el exterior se confirmó el pasado lunes 29 de febrero (ver nota de El Mundo). Se puede leer en este mismo artículo una recomendación hecha que no se ha leído en otras latitudes: ”Entre otras cuestiones, se recomienda a cualquier persona que haya estado en alguna zona en la que exista el virus posponer 28 días desde su regreso las relaciones sexuales sin protección con mujeres que estén embarazadas o tengan intención de serlo, para evitar un posible contagio a través del semen y dado el posible riesgo de microcefalia fetal”.

Una inusual solicitud de Costa Rica

La alerta en Brasil con relación a los riesgos que el zika pueda significar para mujeres embarazadas no parece haber tenido mayor eco en Costa Rica, al menos hasta la fecha en que se redactan estas modestas líneas. El 20 de enero del 2016 (ver nota de prensa), las autoridades de salud recomendaron únicamente a mujeres costarricenses embarazadas evitar viajar a países afectados por el zika.

Cabe recordar que el viernes 5 de febrero, la OMS incluyó a Costa Rica en la lista de 33 Estados afectados (ver nota de La Nación). El lunes 8 de febrero, en esta nota de un medio de prensa, se leyó que, para el actual Ministro de Salud de Costa Rica, “aún no existe una evidencia contundente de que el zika esté produciendo la microcefalia”. “Yo tengo que construir las recomendaciones en función de la evidencia. En Costa Rica jamás podría recomendar a las parejas que se abstengan de embarazarse».

El martes 9 de febrero del 2016, las autoridades de salud de Costa Rica formalmente solicitaron a la OMS retirar a Costa Rica de los Estados afectados por el virus del zika (ver nota de La Nación). Según se leyó, el titular de la cartera de Salud en Costa Rica señaló las razones dadas a la OMS para solicitar dicho retiro: «A nuestro criterio, no hay evidencia que el virus esté circulando en el vector (el zancudo Aedes aegypti, transmisor también de los virus del dengue y chikunguña). Pedimos, respetuosamente, que se considere salir de esa lista. Nos metieron en un registro con otros países donde hay decenas y hasta centenares de casos confirmados, como Nicaragua, México o naciones de Sudamérica».

Salvo error de nuestra parte, Costa Rica es el único Estado miembro de la OMS ubicado en el hemisferio americano en haber solicitado su retiro de esta lista, y no se tiene claridad sobre las motivaciones reales para haberlo hecho. El 1ero de febrero se reportó en Estados Unidos un caso de un turista proveniente de Costa Rica contagiado con zika (ver nota de prensa).

Una rápida revisión de la práctica indica que resulta bastante inusual que un Estado cuestione la capacidad técnica de una organización internacional como la OMS para exigir ser retirado de una lista de Estados afectados por algún tipo de virus objeto de una alerta sanitaria internacional. Con respecto a esta original petición hecha por Costa Rica, resulta oportuno precisar cuál ha sido la cronología de las diversas alertas y emergencias decretadas en la región circundante a Costa Rica por parte de autoridades sanitarias nacionales con relación al zika.

Distinguiremos las alertas declaradas por las organizaciones internacionales técnicas a cargo de la salud humana, de las decretadas por Estados. Entre estas últimas, separaremos las denominadas “alertas de viaje” de las demás alertas o emergencias sanitarias.

Alertas de entidades internacionales

Con relación a alertas declaradas por parte de organizaciones internacionales técnicas a cargo de la salud, resulta oportuno señalar que desde el 1ero de diciembre del 2015, una alerta epidemiológica conjuntamente suscrita por la OMS y la OPS (Organización Panamericana para la Salud) (ver texto ) indicaba: «Orientaciones para la notificación internacional. Considerando la reciente introducción del virus Zika en las Américas, y en beneficio de la vigilancia integrada de los arbovirus, se orienta a las autoridades nacionales de salud pública a informar a la OPS/OMS, a través de los canales establecidos por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), sobre los casos confirmados por laboratorio de infección por virus Zika que se registren en los países y territorios de la Región de las Américas. Adicionalmente, y a fin de contribuir con el conocimiento de las posibles secuelas de este virus, la OPS/OMS solicita a los Estados Miembros que notifiquen todo incremento de síndromes neurológicos y síndrome autoinmune(tanto en niños como en adultos) o un incremento en las anomalías congénitas en recién nacidos, que no puedan ser explicados por una causa conocida».

Con relación a los riesgos para mujeres embarazadas, esta misma alerta conjunta OMS/OPS constituye un verdadero desafío para muchos de los sistemas de salud estatales, al precisar que: «Es importante asegurar la asistencia de las embarazadas al cuidado y control prenatal, incluyendo la realización de los exámenes clínicos y paraclínicos básicos conforme a los protocolos nacionales establecidos. En zonas donde circula el virus Zika se recomienda enfatizar la necesidad de que las embarazadas tomen precauciones personales para evitar el contacto con el vector (ver recomendaciones sobre medidas de prevención personal en la página 10-11 de este documento). Debe realizarse el seguimiento de recién nacidos con anomalías congénitas para determinar los resultados del neurodesarrollo. La evaluación de los recién nacidos con anomalías congénitas requiere la participación de equipos multidisciplinarios, incluidos neuropediatras, genetistas, rehabilitadores, psicólogos y especialistas de servicios sociales entre otros. Los padres o responsables designados deberán ser debidamente informados de la condición encontrada en el feto o recién nacido, en particular si aumenta el riesgo de un resultado adverso. Deberán ser educados sobre la importancia de acudir a las consultas de seguimiento y a seguir los consejos de salud y medidas de prevención de enfermedades».

El 1ero de febrero del 2016, la OMS, mediante declaración oficial titulada «Declaración de la OMS sobre la primera reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (2005) sobre el virus del Zika y el aumento de los trastornos neurológicos y las malformaciones congénitas», indicó (ver texto completo ) que: «El Comité recomendó que se declare que el conglomerado reciente de casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos notificados en el Brasil, después de un conglomerado similar en la Polinesia francesa en el 2014, constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)».

Finalmente, nos parece oportuno señalar que el 16 de febrero del 2016, la OMS publicó una guía de orientaciones provisionales (ver texto ) titulada “Prevención de la posible transmisión sexual del virus Zika”, en la que se señala, entre otros aspectos, que: “ 1. Se debe informar a todos los pacientes (varones y mujeres) que presenten infección por el virus Zika, así como a sus parejas sexuales (sobre todo a las embarazadas), del posible riesgo de transmisión sexual del virus, así como de las medidas anticonceptivas y las precauciones que deben tomarse para evitar el contagio durante las relaciones sexuales, y se les deben proporcionar preservativos cuando sea posible. Las mujeres que han mantenido relaciones sexuales sin protección y no desean quedarse embarazadas porque temen las consecuencias de la infección por el virus Zika también deben tener fácil acceso a los servicios de asesoramiento y anticoncepción poscoital 2. Las parejas sexuales de las embarazadas que vivan en zonas donde se sepa que hay transmisión local del virus Zika, o que regresen de tales zonas, deben tomar precauciones para evitar la transmisión durante las relaciones sexuales o abstenerse de mantenerlas durante el embarazo”.

Salvo error de nuestra parte, no se ha circulado ningún tipo de recomendación en Costa Rica de esta misma índole, lo cual llama la atención.

Alertas decretadas por Estados de la región

La fecha del 9 de febrero escogida por Costa Rica para solicitar su retiro a la OMS de la lista de países afectados resulta aún más sorprendente cuando se detalla la cronología de las diversas emergencias con relación al zika por parte de Estados del hemisferio americano (o que posean territorios en esta región del mundo). De manera a aclarar el panorama regional, distinguiremos las llamadas alertas de viaje (en la que se recomienda a nacionales tomar ciertas previsiones en caso de viajar a territorios de Estados afectados por el zika), de las alertas destinadas a combatir el virus desde el territorio de un Estado.

– Alertas de viaje –

El 16 de enero del 2016, las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta de viaje a sus nacionales, en particular a mujeres embarazadas o susceptibles de serlo durante su estadía, para 14 Estados o territorios de América Latina debido al virus del zika (ver nota de la BBC). Los 14 destinos señalados son: Brasil, Colombia, El Salvador, Guyana Francesa, Martinica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Surinam, Venezuela y Puerto Rico. Cabe señalar que desde el 10 de diciembre del 2015, la agencia norteamericana oficial en Estados Unidos ( el Centers for Disease Control and Prevention conocido por sus siglas CDCP) había elaborado un listado de Estados afectados por el zika (ver nota ), precisando que: «In November 2015, the first local transmission of Zika virus infection (Zika) was reported in Central America. Local transmission means that mosquitoes in the area have been infected with Zika virus, spreading it to people. Since then, the following Central American countries have reported ongoing transmission of Zika: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama». No obstante, no fue sino hasta el 16 de enero del 2016 que se divulgó este listado inicial, extendiéndolo a 14 destinos turísticos en América Latina. Notemos que entre la nota del 10 de diciembre y la lista del 16 de enero, por alguna razón, Costa Rica (así como Nicaragua) desaparecieron del listado.

Cabe señalar que unas 24 horas antes del anuncio realizado por parte de Estados Unidos, Francia emitió una alerta de viaje, con fecha del 15 de enero del 2016: en ella, las autoridades sanitarias emitían una alerta para los territorios de Martinica y Guyana francesa, indicando, entre otros puntos (ver comunicado oficial ) que: «La gravité n’est pas immédiate mais plutôt liée à la survenue de complications neurologiques, dont le syndrome de Guillain-Barré (SGB) incitant à une vigilance spécifique en cas d’épidémie. A également été constatée une augmentation inhabituelle des cas de microcéphalie chez les foetus et les nouveau-nés entrainant des malformations du système nerveux».

Posterior a la alerta de viaje de Estados Unidos, el 21 de enero del 2016 fue comunicado una similar por el órgano técnico de la Unión Europea (UE) equivalente al CDCP norteamericano. Leemos en este documento del ECDC sobre recomendaciones a turistas europeos, entre otras cosas, que: «Advise pregnant women and women who are trying to become pregnant, and who plan to travel to the areas experiencing transmission of Zika virus, to discuss their travel plans with their healthcare providers and to consider postponing their travel to affected areas, especially to areas with increasing or widespread transmission. Advise EU citizens who live in areas with Zika virus transmission to take individual protective measures to prevent mosquito bites. This applies particularly for pregnant women and women who are trying to become pregnant living in areas with increasing or widespread transmission».

El 26 de enero, Argentina emitió de igual forma una alerta para mujeres embarazadas susceptibles de viajar a Estados afectados por el zika (ver nota de Telam).

-Alertas o emergencias sanitarias nacionales –

Si bien la OPS y la OMS emitieron una recomendación sobre la propagación del zika el 1ero de diciembre del 2015 para la región, cada Estado consideró (en función de criterios de otra índole) proceder a declarar algún tipo de alerta. Intentaremos seguir la cronología de estas alertas, y advertimos desde ya al lector que nos basamos en gran parte en reportes de prensa. Es muy posible que existan muchas otras alertas o emergencias sanitarias a las mencionadas a continuación: la brevedad de esta nota no pretende en lo más mínimo a la exhaustividad y quisiéramos indicar que los sitios de las autoridades de salud no siempre ofrecen información de forma muy ágil (aún en periodos de emergencia sanitaria).

El 10 de diciembre del 2015, México circuló una alerta epidemiológica para todo su territorio con relación al zika y a acciones a tomar (ver texto ).

El 19 de diciembre del 2015, los primeros casos fueron reportados oficialmente por Francia en Martinica y en Guyana francesa (ver nota de Le Monde).

El 20 de enero del 2016, Brasil solicitó a mujeres embarazadas no viajar a su territorio (ver nota de La Voz).

El 26 de enero del 2016, Colombia recomendó mediante sus autoridades sanitarias que las mujeres colombianas evitaran embarazos (ver nota de la BBC) y decretó alerta por la fase expansiva en la que se encontraba el zika en territorio colombiano (ver nota de prensa).

El 26 de enero del 2016, El Salvador procedió a esta misma recomendación con relación a embarazos en su territorio,(ver nota de El Pais), precisando que esta recomendación para parejas y mujeres salvadoreñas se mantendrá hasta el año 2018.

El mismo 26 de enero del 2016, en Panamá, luego de reportarse 42 casos de zika en la parte caribeña, «las autoridades sanitarias de Panamá recomendaron aplazar los embarazos en una comarca indígena del Caribe en donde se han registrado 42 casos de zika» (ver nota de prensa). El pasado 16 de febrero, Panamá declaró emergencia sanitaria (ver nota de prensa).

El 28 de enero del 2016, Nicaragua confirmó el tercer caso de zika en su territorio (ver nota de La Prensa), y el 3 de febrero, confirmó que el número de afectados supera las 20 personas (ver nota del mismo rotativo nicaragüense).

El 30 de enero del 2016, las autoridades sanitarias de Guatemala confirmaron que las personas afectadas por el zika superaban las 100 personas en su territorio (ver nota de prensa).

A modo de conclusión: un actuar del Estado costarricense desconcertante

Considerando la ubicación geográfica de Costa Rica entre Colombia y El Salvador, cuyas autoridades sanitarias han sido extremadamente claras con relación a riesgos para embarazos, y tomando en cuenta que Guatemala, Honduras y Panamá fueron incluidos en la alerta de viaje de Estados Unidos desde mediados de enero del 2016, resulta sorprendente el planteamiento hecho a la OMS por parte de Costa Rica el pasado 9 de febrero del 2016 solicitando ser retirada de la “lista zika”. La rápida progresión del chikungunya en Costa Rica desde julio del 2014 tampoco parece haber sido considerada como una señal de alerta adicional, tratándose del mismo vector que vehicula el zika (Nota 4).

No se ha tenido acceso al documento oficial enviado por las autoridades de salud de Costa Rica a la OMS el pasado 9 de febrero del 2016, y agradeceríamos a algún lector bien informado remitírnoslo por correo electrónico (lo puede hacer al siguiente correo: cursodicr (a) gmail.com). En caso de ser requerida, se garantizará total confidencialidad sobre un documento que, en lo personal, consideramos debiera ser de acceso público, al revestir de manera incuestionable un interés público (y que ni ha sido difundido ni tampoco revelado a medios de prensa en cuanto a su contenido exacto).

A la fecha, se desconoce de igual manera la respuesta brindada por la OMS a tan peculiar petición de las autoridades sanitarias costarricenses. Nuevamente aquí, el concurso de nuestros lectores bien informados es solicitado (y se garantizará de igual forma confidencialidad si así fuera requerida).

Al momento de redactar estas líneas, tampoco se ha tenido conocimiento de alguna recomendación por parte del Ministerio de Salud de Costa Rica con relación a evitar embarazos a corto y mediano plazo a la población femenina. Sus autoridades habían recomendado a mujeres embarazadas no viajar a Estados afectados por el zika el pasado 20 de enero del 2016 (ver nota de prensa de La Nación). El pasado 23 de febrero, recomendaron únicamente que mujeres embarazadas no viajen a la región costera de Guanacaste (ver nota de La Nación).

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Nota 1: Véase OMS, “Lo que Usted debe saber sobre enfermedades transmitidas por vectores”, 1992, pp.71-72. Texto disponible aquí . Remitimos de igual manera a otro estudio posterior de 1994, OMS, Enfermedades parasitarias y desarrollo hidráulico. Necesidad de una negociación intersectorial, 1994. Texto disponible aquí .

Nota 2: Véase, entre muchos otros, este reciente artículo científico sobre efectos del zika en el feto, SAMO M. et alii, «Zika Virus Infection and Stillbirths: A Case of Hydrops Fetalis, Hydranencephaly and Fetal Demise», Febrero del 2016. Artículo disponible aquí .

Nota 3: Véase MUSSO D. et alii, “Potential Sexual Transmission of Zika Virus », Febrero 2015, Artículo disponible aquí .

Nota 4: Recordemos que el primer caso en Costa Rica de chikungunya fue el de una turista francesa de paso en Costa Rica, en julio del 2014 (ver nota de La Nación), y el primer caso autóctono confirmado el 19 de octubre del 2014 (ver nota de La Nación). Pese a un “Protocolo de Vigilancia y Manejo Clínico” elaborado por el Ministerio de Salud (ver documento ) en julio del 2014, los casos han ido en aumento. Recientemente (enero del 2016) se leyó que con relación al chikungunya en Costa Rica, “De acuerdo con la Caja, en el 2014 cuando ingresó chikungunya al país, se reportaron sólo 158 casos, mientras que el año pasado fueron 5010 personas enfermas” (ver nota de CRHoy del 12/01/2016).

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

El problema fiscal en su contexto: Despacio porque precisa

Escrito en 30/11/2015. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(Una propuesta alternativa para la discusión ciudadana)

Autores: Luis Paulino Vargas Solís José Francisco Solano Pablo Abarca Douglas Montero GRUPO DE ECONOMISTAS CRÍTICOS

Consideraciones generales:

1) Desde 2009 el déficit fiscal en Costa Rica ha mantenido un nivel relativamente elevado, y tendencialmente creciente. Después de un corto período de relativo equilibrio fiscal en el bienio 2007-2008, en 2009 aparecieron déficits cercanos al 4% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), los cuales en los dos últimos años (2013-2014) han sobrepasado holgadamente el 5% y amenazan crecer por encima del 6%.

2) El déficit naturalmente obliga a recurrir al endeudamiento público. En consecuencia, la deuda pública tiende a aumentar. Como porcentaje del PIB, la deuda pública interna de la totalidad del sector público pasó de 18,0% en 2008 a 33,8% en 2014. En el mismo lapso, la deuda interna correspondiente propiamente al Gobierno Central aumentó de 17,5% como porcentaje del PIB a 30,4%. Al considerar en forma conjunto tanto la deuda interna como la externa, el total correspondiente se incrementa de 39,4% a 56,7% entre 2008 y 2014.

3) El pago por concepto de intereses pasó de 2,2% en 2008 a 2,6% del PIB, entre 2008 y 2014. Dentro de ese total, la parte que corresponde específicamente a intereses de la deuda interna se incrementó de 1,6% a 2,2%. Así pues, el aumento registrado proviene enteramente de esta última fuente. No obstante que para el año 2014 se logró contener su ritmo de crecimiento (aumento del 5,5%), en general, durante el período en consideración, su tasa de aumento anual ha sido elevada y en algunos años explosiva (33,9% en 2013). Como tendencia de mediano plazo, esto seguramente ha estado afectado por el nivel de las tasas de interés en Costa Rica, las cuales se han mantenido en niveles reales sumamente elevados. De hecho, el sector público ha estado pagando tasas de interés promedio implícitas en el total de su deuda interna, que en los últimos dos años (2013 y 2014) se ubican en el rango del 7,5% a cerca del 8%, lo cual resulta excesivo tratándose de un “agente” económico cuyo riesgo de impago es prácticamente nulo. Téngase en cuenta lo siguiente: siendo que actualmente el total de la deuda pública interna es de alrededor 8,7 2 billones de colones, un solo punto porcentual de intereses equivale, grosso modo, a 87 mil millones de colones. Con ese dinero se podrían financiar 59.825 bonos de vivienda de clase media (1 millón 454 mil colones cada bono); 13.385 bonos familiares de vivienda (6,5 millones cada uno); y hasta 2 millones 485 mil becas del programa Avancemos para 10º, 11º y 12º (35 mil colones cada beca).

4) Al mismo tiempo el desempeño general de la economía es sumamente insatisfactorio. Tras la caída registrada en 2009, la recuperación posterior fue de muy limitados alcances, en virtud de que apenas logró rozar el mediocre promedio histórico que ha caracterizado los treinta años de vigencia de la estrategia neoliberal. Con el agravante de que a partir de 2013, este año incluido, el dinamismo económico se ha debilitado marcadamente. Esa tendencia se ha agudizado en el actual año 2015, en el cual el crecimiento durante los primeros ocho meses ha caído incluso por debajo del 2%.

5) Y, sin embargo, el problema más importante –con mucho el más preocupante– tienen que ver con la gravísima situación del empleo. Según los datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo (segundo trimestre de 2015), en Costa Rica hay 218 mil personas desempleadas y 282 mil personas en situación de subempleo. Es decir, medio millón de personas trabajadoras desempleadas o subempleadas, o sea, el 22% del total de la fuerza de trabajo. Pero debe agregarse que, según esa misma encuesta, hay cerca de 928 mil personas en empleos informales (el 44,4% de la población ocupada) y, por lo tanto, en empleos de muy baja calidad, carentes además de la necesaria protección social.

6) Debe sin embargo hacerse notar que tan catastrófica situación del empleo no es un problema nuevo. La propia Encuesta Continua de Empleo así lo atestigua: desde la primera encuesta realizada –en el tercer trimestre de 2010– y hasta la fecha los datos invariablemente ponen de manifiesto una situación sumamente deteriorada. Pero lo más preocupante es que, lejos de mejorar, la tendencia claramente apunta en sentido inverso: hacia el deterioro gradual pero sostenido.

7) Estamos entonces en presencia de un conjunto de problemas y tendencias, que son concomitantes y que persisten durante un período muy largo, el cual data de 2009. Esos problemas se manifiestan en el ámbito fiscal, en el bajo crecimiento económico y, el más importante de todos, el gravísimo problema del empleo. Todo ello repercute, a su vez, en el agravamiento de la desigualdad social y la perpetuación de la pobreza. El costo social y el dolor humano que esto comporta es de una dimensión imposible de exagerar. Cabe resaltar que estamos en presencia de un problema estructural. Es urgente tomar medidas de fondo que ofrezcan una salida a la angustia de centenares de miles, seguramente millones, de costarricenses. Se evidencia así el agotamiento y los límites, posiblemente infranqueables, del 3 proyecto neoliberal, lo cual hace urgente un proceso de diálogo nacional que permita encontrar nuevas vías para salir del atascamiento y renovar las bases del desarrollo nacional.

8) Es una grave irresponsabilidad, y comporta riesgos muy elevados, pretender resolver el problema fiscal sin tener en consideración este contexto problemático más amplio. Los enfoques simplistas actualmente prevalecientes, que pretenden resolver el déficit fiscal recurriendo a recortes del gasto público o a incrementos de impuestos –o la combinación de ambas posibilidades– pero sin tomar en consideración las circunstancias más amplias de la economía, podrían ocasionar un deterioro económico aún mayor, lo que a su vez dificultaría grandemente poder sanear las finanzas públicas.

9) Tanto la teoría como la evidencia histórica demuestran que las políticas de austeridad, aplicadas por medio de recorte de gastos o incrementos de impuestos o ambos, cuando son aplicados en el contexto de una economía estancada y con graves problemas de empleo, comportan un deterioro adicional lo que, a su vez, hace más difícil resolver los problemas fiscales y obliga a esfuerzos aún más destructivos, que en lo social y político pueden resultar potencialmente explosivos. Imaginar que la sola austeridad provocará el milagro de que los mercados automáticamente devuelvan el dinamismo a la economía y al empleo, no es una teoría seria, sino mera superchería económica.

Despacio porque precisa:

Hacia soluciones progresistas, democráticas, viables y sostenibles

1) El problema fiscal debe ser abordado en su integralidad, no como una situación que, a partir de parches y medidas de alcance parcial, pueda ser afrontada –ni mucho menos resuelta– sin tener en consideración el contexto más amplio que plantea una economía casi estancada, aquejada de una situación de catástrofe en el ámbito del empleo. Las medidas en el campo fiscal deben ir de la mano con medidas para la reactivación de la economía y la generación de empleos. Esto último es requisito necesario para poder encontrar salidas a lo fiscal que impliquen los menores costos posibles y que resulten realmente viables y sostenibles.

2) Un punto crucial donde el problema fiscal se entrecruza directamente con el de la situación de la economía es el atinente a las tasas de interés. La banca costarricense, tanto pública como privada, ha mantenido durante todos estos años de mal desempeño económico, tasas de interés reales sobre sus créditos para las actividades productivas, que resultan abusivas, y claramente evidencian un manejo irresponsable, ineficiente y rentístico. Puesto que este comportamiento se ha manifestado de forma sostenida a lo largo de un período extenso, ello 4 obligatoriamente debe ser interpretado como síntoma de que hay problemas de fondo en el sistema financiero nacional, lo cual hace obligatorio entrar a debatir, para eventualmente replantear, la organización, regulación y criterios de funcionamiento de la banca, incluyendo un redimensionamiento sustantivo del papel y significación de la banca para el desarrollo. Toda esta situación ha afectado negativamente la inversión productiva y la generación de empleos, pero también impacta sobre las cuentas fiscales puesto que eleva el costo del endeudamiento a que el gobierno se ha visto obligado a recurrir. Recuérdese que, con una deuda interna de aproximadamente 8,7 billones de colones, cada punto en las tasas de interés representa alrededor de 87 mil millones de colones de gasto público adicional, lo cual, bajo la pérfida ideología prevaleciente, que hace prevalecer la deuda por encima de cualquier otra obligación, genera presiones restrictivas incluso sobre los servicios públicos más esenciales. Es, por otra parte, insostenible la tesis de que tales tasas de interés elevadas son producto del déficit fiscal, cuando más de una tercera parte de la deuda interna está en manos de entidades financieras y cuando es conocido que los bancos comerciales están literalmente “nadando” en liquidez que colocan en inversiones de muy corto plazo en el Banco Central. Al respecto, es importante retomar un proyecto de ley presentado por la fracción legislativa del Frente Amplio conducente a la creación de una plataforma de negociación de la deuda pública –valores del Estado, del Banco Central y créditos interinstitucionales– que quede bajo directo control del Banco Central y permita suprimir costos de intermediación bursátil.

3) Se hace urgente una política decidida y enérgica que obligue a los bancos públicos y privados a una reducción sustancial de las tasas de interés, incluyendo metas específicas que reduzca los márgenes de intermediación financiera de una forma sostenible. El objetivo ha de ser lograr que esas tasas se aproximen a niveles reales que no desincentiven la inversión privada y que estén al alcance de la mayoría de las empresas nacionales, en especial las pequeñas y medianas, las cooperativas y los emprendimientos de la economía social y solidaria. En ese sentido, es lamentable la actitud pasiva y permisiva del Banco Central, manifiestamente desentendido de la grave situación del empleo, la inversión productiva y el estancamiento persistente, y su actitud siempre complaciente con la banca comercial, bajo el escudo de una “autonomía” que, en realidad, es opacidad ante la ciudadanía y total ausencia de rendición de cuentas ante las legítimas instancias democráticas. Esa irresponsable pasividad del Banco Central se evidencia también en relación con el comportamiento de los precios, y las tendencias deflacionarias que la economía viene manifestando desde hace más de un año. Uno de los mayores riesgos que esto comporta es el incremento del peso real de las deudas, tanto públicas como privadas. Aparte que ello podría agravar la debilidad de la economía, también agudizaría el problema fiscal.

4) Debe haber un esfuerzo concertado, entre los diversos poderes de la república, las diversas instituciones públicas y el sector privado a fin de dar impulso decidido a la inversión pública, de modo que, en el corto plazo, ésta contribuya a la reactivación de la economía y del empleo, a la vez que genere condiciones propicias al desarrollo de la productividad en el mediano y largo plazo. Aparte el esfuerzo concertado desde el ámbito público para agilizar los procesos de ejecución de las obras, también el sector privado debería asumir un compromiso explícito de no recurrir, excepto que fuere estrictamente necesario, a mecanismos de apelación que complican y dilatan excesivamente los procesos de inversión pública. Igualmente se debe exigir del sistema financiero un mayor compromiso y una mejor disposición para una innovación que ofrezca positivos rendimientos sociales, a fin de facilitar el uso de recursos de los fondos de pensiones en el financiamiento de la inversión pública, lo cual, de paso, permitirá mantener el control nacional sobre la infraestructura que sea creada, en vez de entregarla, como negocio rentístico, fácil y altamente rentable, a manos de transnacionales.

5) Debe abrirse, con carácter urgente, un amplio debate sobre la situación del tipo de cambio colón-dólar. La evidencia es abundante en el sentido de que su nivel actual es irreal y que ello está causando daño a la inversión privada y a la generación de empleos. He aquí otra manifestación de la actitud permisiva y acomodaticia del Banco Central, siendo por completo descabellado afirma que se trata de un “tipo de cambio de equilibrio”, lo cual equivale a legitimar y dar por válidas influencias y fuerzas financieras ajenas a la propia economía costarricense, y que nada tienen que ver con su realidad productiva más profunda. Las reservas monetarias internacionales (RIN) acumuladas por el Banco Central ascienden a una cifra muy elevada de alrededor del 16% del PIB. Han sido justificadas aduciendo objetivos preventivos para anticipar posibles movimientos desestabilizantes del tipo de cambio. Sin embargo son sobre todo manifestación del exceso de capitales expresados en dólares que el país ha recibido, con los efectos distorsionantes que ello ha provocado en la estructura productiva y la generación de empleos, y con consecuencias de fragilización de la posición económica del país ante el mundo. Ello llama la atención sobre el perjuicio que provoca un régimen de irrestricta libertad para los movimientos de capitales, así como respecto de la necesidad de tomar medidas que frenen su excesiva afluencia, sobre todo cuando se mueven con objetivos puramente financieros o en búsqueda de apropiarse de activos productivos preexistentes, en vez de la generación de capacidad productiva y empleos nuevos. Debe quedar claro, sin embargo, que cualquier proceso de corrección del tipo de cambio debe ser asumido con máxima prudencia y con meticuloso control público, en vista de los riesgos que conlleva. Sobre todo, es imprescindible contemplar mecanismos rigurosos que protejan el ya maltrecho poder adquisitivo de los salarios como, en general, la protección de las condiciones en que se desenvuelve la vida de los sectores más carenciados de nuestra sociedad.

6) Debe reconocerse que la economía mundial sigue atascada en un estancamiento de larga duración, del que no le será fácil sobreponerse. Desde la fase aguda de la crisis mundial en 2008-2009, se ha instalado es una situación perdurable de depresión económica que ha pasado por diversos estadios y cuya salida aún no se atisba. De ahí la importancia de desarrollar mecanismos de cooperación a nivel centroamericano, con el fin de reactivar el mercado del área –el cual es también nuestro mercado natural– y establecer políticas económicas concertadas, como una forma de compensar, al menos en parte, el efecto negativo proveniente de una economía mundial estancada. La estrategia económica promovida por el proyecto neoliberal optó, inicialmente, por una apertura unilateral al comercio internacional y luego, a partir de 1995, enfatizó la firma de tratados comerciales. Los resultados son, en la gran mayoría de los casos, decepcionantes, con déficits sustanciales en el comercio exterior. Se ratifica con claridad que la sola apertura no garantiza un avance económico sólido y sostenido, puesto que, confiados a la dudosa “magia” del libre mercado, se ha omitido cualquier estrategia coherente y sostenible de incremento de la productividad, incorporación de conocimiento a la producción y generación de encadenamientos y valor agregado.

7) Es por supuesto urgente mejorar la eficiencia y productividad del sector público, y, en especial, la calidad de sus servicios, como igualmente deberán atacarse y corregirse gollerías y excesos injustificados, con el debido cuidado de no lesionar lo que sí son derechos laborales irrenunciables. Pero el énfasis debe estar en mejorar, no en recortar, en la comprensión de que, en lo fundamental, no solo son dos cosas diferentes sino frecuentemente incompatibles. Es por completo insostenible la idea de que en el sector público sobra algo; no sobran escuelas ni dispensarios de salud ni patrullas policiales; no sobra personal docente ni médico ni policial ni científico; no sobran parques nacionales ni centros penitenciarios ni bibliotecas públicas ni patrimonio arquitectónico que deba ser protegido. El hecho de que nuestra carga tributaria esté en niveles ridículos e inconfundiblemente tercermundistas lo ratifica adicionalmente.

8) El país requiere de un reforma tributaria profunda, la cual debe ser diseñada a partir de una amplio diálogo nacional y aplicada de forma compatible con los esfuerzos de reactivación de la economía, de forma que los cambios necesarios en el sistema tributario no se convierta en una factor que retarde, ni mucho menos que bloquee, el necesario impulso que debe darse a la economía nacional, sin lo cual, como hemos dicho, la solución al problema fiscal será mucho más difícil y costosa. El diálogo nacional alrededor de cualquier reforma tributaria debe alimentarse de principios de responsabilidad cívica y patriótica, de forma que cada quien esté dispuesto a asumir la parte que le corresponde según el lugar que ocupa dentro de nuestro orden social. Solo de esa manera podrá haber la necesaria autoridad moral que legitime política y socialmente el esfuerzo que es necesario realizar ante los grandes desafíos actuales que enfrenta la sociedad costarricense.

9) La reforma tributaria que se impulse debe observar ciertos criterios de racionalidad indispensables:

a) Racionalidad social: que garantice equidad y una distribución justa de las cargas, de forma que cada quien contribuya según sus reales posibilidades, de acuerdo con criterios que garanticen una vida digna a todas las personas.
b) Racionalidad económica: de modo que, en el corto plazo, propicie la recuperación de la economía y del empleo, y en el mediano y largo plazo favorezca un más sólido y sostenible desarrollo, sustentando en una sustancial elevación de la productividad y una efectiva democratización en la distribución de la riqueza y los ingresos.
c) Racionalidad ambiental: de forma que se desincentive aquellas formas de producir y consumir que resultan dañinas para la naturaleza, y promueva un cambio de fondo, a mediano y largo plazo, en los paradigmas de producción y consumo, con el fin de garantizar la reproducción de la vida en nuestro planeta y la reconstrucción, sobre nuevas bases, de la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

10) Algunos aspectos que consideramos indispensable incorporar en la reforma tributaria que se impulse son los siguientes:

a) La transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA) solo es aceptable si la tasa se reduce al 10% y se incluye una tasa preferencial del 5% para los bienes y servicios considerados prioritarios. Debe realizarse un análisis cuidadoso de los bienes exentos, de forma que se garantice que realmente reflejan las necesidades de consumo de los grupos de más bajos ingresos.
b) Las exenciones de impuestos a empresas de zonas francas deben ser revisadas. Tal es una estrategia de “dumping fiscal” que pone a competir a los países entre sí y genera una carrera hacia abajo, tratando cada quien de ofrecer las “mejores” condiciones. Ello debilita la base tributaria de los gobiernos y genera islotes de prosperidad desconectadas del resto de la economía. Ese fenómeno también se ha visto en Costa Rica, donde los efectos positivos de la inversión en zona franca son muy limitados. La capacidad de atracción de inversiones no debe fundamentarse en estímulos espurios de “dumping fiscal” (ni tampoco social o ambiental) sino en factores verdaderamente robustos: solidez institucional; productividad de la mano de obra y calidad de la infraestructura. Como mínimo debería recuperarse la idea de hacer tributar la remisión o exportación de dividendos de estas empresas. También debe reconsiderarse la exención de impuestos municipales. E igualmente deberán afinarse mecanismos de control que vigilen la manipulación de los precios de transferencia como mecanismos de evasión tributaria Ello debería ir acompañado del establecimiento de ciertos requisitos mínimos de desempeño que estas empresas deberán cumplir, particularmente en materia de generación de empleo, compras a empresas nacionales y transferencia de tecnología.
c) Debe avanzarse decididamente hacia un régimen de renta global y renta mundial. El actual régimen cedular y territorial es fuente de muchas inequidades en el sistema tributario.
d) Los ingresos personales (salarios, intereses, alquileres, dividendos, pagos por servicios profesionales, ganancias de capital, etc.), conjuntados como renta global, deberán incorporar tasas marginales más elevadas, pero solamente para ingresos que excedan de los 5 millones mensuales. Estas tasas podrían ser del 20% para ingresos sobre los 5 millones y hasta 8 millones, y del 25% sobre los 8 millones.
e) El impuesto sobre las ganancias para pequeñas empresas y emprendimientos sociales y solidarias no debe sufrir modificación alguna.
f) Debe avanzarse efectivamente hacia el establecimiento de impuestos sobre los patrimonios consolidados (netos de deudas), personales y familiares, incluyendo bienes muebles e inmuebles y patrimonio financiero. Deberá estudiarse los montos a partir de los cuales será obligatoria la tributación, y, a su vez, ésta podría operar en dos tractos: 1% y 2% según la magnitud de tales patrimonios.
g) Igualmente debe aplicarse una apropiada tributación sobre herencias, a fin de prevenir la acumulación intergeneracional de riqueza y, por lo tanto, la consolidación de situaciones de desigualdad social por completo desvinculadas de ningún mérito empresarial, profesional, científico, deportivo, intelectual o artístico. También en este caso deberán estudiarse los montos apropiados a partir de los cuales se aplicará el tributo, puesto que, como es obvio, las pequeñas herencias han de mantenerse exentas. Podría pensarse en un esquema progresivo con tasas de 15%, 27,5% y hasta 40% según la magnitud de las herencias afectadas.
h) Debe introducirse un esquema comprensivo y coherente de “impuestos verdes” que penalicen cualquier tipo de actividad productiva o forma de 9 consumo que dañe el medio ambiente, incluyendo las diversas formas de contaminación sónica y visual; la generación de cualquier tipo de desechos o emisiones que ensucien la atmósferas, los ríos, mares, bosques y mantos acuíferos o, en general, la naturaleza, como asimismo aquellas actividades que impliquen tala de bosques, desertificación de los territorios o modificaciones violentas o sustantivas del paisaje. Los impuestos verdes tan solo deben ser considerados como parte de una estrategia más amplia de sustentabilidad, dentro de políticas públicas comprensivas y con claro establecimiento de obligaciones para quienes provoquen destrucción o daño ambiental. Serán entonces concebidos, como un mecanismo complementario, que, en el mediano y largo plazo, apoye y refuerce una estrategia integral y de fondo que replantee a profundidad las formas de producir y consumir. El objetivo fundamental que se persigue es lograr un cambio de paradigma de amplio alcance, indispensable incluso a nivel mundial, como requisito necesario para la sobrevivencia de la vida sobre el planeta.
i) Debe abrirse un amplio proceso de debate y diálogo nacional que, sobre bases totalmente equitativas para la libre manifestación de los diversos puntos de vista y posturas ideológicas y políticas, explore salidas viables, con perspectivas de mediano y largo plazo, para la situación de evidente atasco y agotamiento en que se encuentra hoy día el proyecto neoliberal, de la cual no podrá salirse si el país no emprende cambios sustantivos en los institucional, político, social y económico. No solo el aparato económico está bloqueado y la institucionalidad pública sobrepasada, sino que igualmente la situación social es cada vez más conflictiva e insostenible, en virtud de las profundas desigualdades e injusticias presentes en los ámbitos más diversos y la amplia gama de manifestaciones de descontento que ello provoca (clases sociales, de género, étnicas, de diversidad sexual, etarias, por razones de discapacidad, regionales, etc.). Debe salir a debate la necesidad e importancia de avanzar hacia paradigmas de organización de la producción que recuperen y potencien modalidades solidarias y participativas, centradas en la valoración del trabajo humano, la relación respetuosa con la naturaleza, y -cuando convenga y sea viable- los intercambios en mercados locales, bajo condiciones tales que garanticen la calidad de vida de las personas, familias y comunidades implicadas. El país urge un cambio de rumbo que deben ser emprendido sobre una base democrática, dialógica participativa y realmente inclusiva, equitativa y justa, pero a la mayor brevedad posible, antes que sea demasiado tarde.

Glosario de términos

Sector Público: El conjunto total de las organizaciones públicas. Lo integran los Poderes de la República, las instituciones autónomas, las municipalidades, los Bancos del Estado, las empresas públicas y otras instituciones públicas no estatales.

Gobierno Central: los tres poderes de la república, entidades descentralizadas y seguridad social.

El IVA (impuesto al valor agregado): es un impuesto a cada una de las etapas de producción de un bien o servicio. Opera acreditándole al productor de un bien (en el momento de vender dicho bien) el impuesto pagado por los proveedores de los insumos utilizados en su producción. De esta forma, en cada etapa de la producción se paga solamente el impuesto por el valor agregado en esa etapa. Se considera el impuesto menos distorsionante para la actividad productiva porque, si se aplica con una tasa uniforme, todos los sectores productivos y todos los bienes quedan gravados igual. Es, sin embargo, un impuesto de efectos generalmente regresivos, es decir, que afecta de forma relativamente más severa a los grupos de ingresos más bajos, por lo que no resulta socialmente equitativo.

Impuestos directos: son los que gravan los ingresos de las personas o de las empresas, como el impuesto a la renta o a las ganancias. También los impuestos sobre el patrimonio tiene este carácter. Son en general impuestos progresivos, es decir, tributos que afectan relativamente en mayor grado a los grupos sociales de mayores ingresos.

Impuestos indirectos: son los que gravan a los bienes y servicios (y, por lo tanto, solo en forma indirecta a las personas, sus propiedades o empresas). Los impuestos a las ventas o el impuesto al valor agregado son impuestos indirectos.

Enviado a SURCOS Digital por Luis Paulino Vargas Solís.

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Hagamos que estos cubanos lleguen a su destino

Escrito en 24/11/2015. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael Ugalde

No es una solución difícil; es más fácil de lo que pensamos. Pero, paradójicamente lejana, si no actuamos como latinoamericanos, como la gran patria de Martí, Bolívar, Mariátegui. Nuestros hermanos cubanos de paso hacia Estados Unidos son el reflejo, por un lado, de las difíciles condiciones económicas dejadas por más de 500 años de inclemente saqueo de nuestros países, y por el otro, que se presenta en calidad de víctimas, de un imperio que, a pesar del dialogo con Cuba, mantiene una ley de coloniaje llamada de “ajuste cubano” que sólo ha servido a la propaganda y a los más bajos intereses contra la Revolución Cubana. No es Cuba, Ecuador, Nicaragua, Colombia o Panamá, para poner unos pocos ejemplos, los que han promovido históricamente la emigración ilegal con fines políticos de cubanos. Conozco esta realidad y me consta que atrás de la Ley de Ajuste Cubano se mueven millonadas de dólares. Es un negocio de rangos distintos donde todos ganan.

No veo cuál es el miedo de nuestro gobierno de buscar la ayuda logística de Nicaragua, Honduras, Guatemala etc., para que los cubanos lleguen a su destino final, al fin y al cabo la Ley de Ajuste Cubano sigue en vigencia.

Salieron legalmente de Cuba y quieren hacer su vida en Estados Unidos y lo menos que podemos hacer es dar contenido a este derecho humano de estos hermanos cubanos, del que Costa Rica es respetuoso, una y otra vez, así dicho por nuestro canciller y Presidente de la República.

Cualquier otra “salida” que no sea poner en tierra estadounidense a quienes salieron legalmente de Cuba lleva, irremediablemente, a politizar esta masiva migración, como ya lo están intentando los medios locales inspirados en una CNN que se ha convertido en la abanderada número uno de las peores causas en nuestra América.

Como pueblo no podemos negar la solidaridad a estos latinoamericanos varados en la frontera con Nicaragua, pero a la vez exigiendo a nuestros gobernantes no se presten más a viejos juegos políticos para seguir difamando la Revolución Cubana.

Hagamos que estos cubanos lleguen a su destino.

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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Empresarios y educadores analizan retos del turismo

Escrito en 24/11/2015. Publicado en Derechos.

VIII Congreso Nacional de Educación Turística se llevó a cabo en la Sede de la UCR en Turrialba

Tatiana Carmona Rizo,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Empresarios y educadores analizan retos del turismo — Empresarios y docentes de todo el país analizaron la situación actual y los retos del sector turístico en el VIII Congreso Nacional de Educación Turística y Hotelera que se llevó a cabo entre el 12 y el 13 de noviembre, en la Sede del Atlántico de la UCR (foto: Anel Kenjekeeva).

Empresarios, docentes de colegios y profesores universitarios se reunieron en el VIII Congreso Nacional de Educación Turística y Hotelera para analizar las fortalezas y los desafíos del turismo costarricense.

Entre el jueves 12 y viernes 13 de noviembre, todos estos grupos discutieron sobre temas como: la inclusión laboral para personas con discapacidad en las empresas de turismo, el agroturismo, la cultura del café, turismo cultural en Costa Rica, entre otras.

Según Roxana Arguedas, presidenta de la Comisión Nacional Turística y Hotelera, este congreso se lleva a cabo todos los años con el objetivo principal de lograr que los involucrados en el turismo nacional compartan y planteen los retos que tiene el sector.

“En esta actividad participaron alrededor de 150 personas entre docentes y empresarios y la idea es de aquí salgan muchas ideas para que realmente el turismo sea para todos y sea una suma de oportunidades” agregó Arguedas.

Este octavo congreso de turismo contó con la participación de docentes y emprendedores de lugares como Palmichal, San Carlos, Jacó, Zona Sur, San José, Turrialba, entre otros.

Milagro Rowe, empresaria y vicepresidenta de la Cámara de Turismo de Turrialba fue una de las participantes del congreso, ella explicó que este tipo actividades contribuyen de manera significativa al desarrollo del sector.

Empresarios y educadores analizan retos del turismo2 — La empresaria turrialbeña Milagro Rowe manifestó que este tipo de actividades fortalecen al sector turístico nacional (foto: Anel Kenjekeeva).

“Me parece que es súper importante este tipo de actividades en esta comunidad y yo esperaría que después de este congreso hubiera más integración entre los diferentes sectores” dijo Rowe.

Asimismo, Ana Vargas, docente del Ministerio de Educación Pública señaló que muchos educadores aprovechan estos congresos para renovar sus conocimientos.

“Estos eventos nos permiten a nosotros los docentes actualizarnos y hacer contacto con otros colegas que nos vienen a dar retroalimentación y otras visiones para poder transmitírselos a nuestros estudiantes” manifestó Vargas.

Además de las conferencias, los participantes también tuvieron la oportunidad de asistir a talleres de barismo, papel y doblaje de toallas, así como a varias visitas guiadas en el cantón turrialbeño.

El VII Congreso Nacional de Educación Turística se llevó a cabo en la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, entre el 12 y el 13 de noviembre. Esta fue la primera vez que esta actividad se desarrolló en la zona de Turrialba.

Empresarios y educadores analizan retos del turismo3 — Como parte de las actividades del congreso, los participantes tuvieron la oportunidad de participar de varias exposiciones y demostraciones de productos (foto: Anel Kenjekeeva).

Esta actividad fue organizada por una comisión especial conformada por el sector empresarial, las universidades públicas por medio del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Cámara Nacional de Turismo, el Ministerio de Educación Pública entre otros.

Desarrollo del Turismo Nacional

Como parte de las actividades, Rodolfo Lizano, Director de Planeamiento del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) dictó una conferencia sobre las características y desafíos del sector turístico en nuestro país.

Durante su intervención, el experto afirmó que el sector turístico costarricense se caracteriza por tener un modelo que respeta los recursos naturales y la autenticidad sociocultural de las comunidades, y que además sigue siendo atractivo para los turistas.

Sin embargo, desde su perspectiva, el país también tiene varios retos a mediano plazo, entre ellos destacó la búsqueda de un mayor beneficio para las comunidades, el desarrollo del turismo rural y la subsistencia de la rentabilidad de las empresas, sin que, estas acciones provoquen un impacto sustancial en el territorio.

En este punto mencionó que es importante que el país ejecute políticas de fortalecimiento del turismo que sean capaces de articular el desarrollo del sector con la sostenibilidad ambiental y social.

Empresarios y educadores analizan retos del turismo4 — Eduardo Lizano, de la Dirección de Planeamiento del Instituto Costarricense de Turismo dictó una conferencia sobre las características y desafíos del sector turístico costarricense (Anel Kenjekeeva).

Características y desafíos del modelo costarricense

Por otra parte, el experto señaló que en materia de la calidad de servicio al cliente, así como en el monto de inversión de los turistas en el país, Costa Rica se encuentra bien posicionada a nivel regional, por encima de países como México y Panamá.

“Estamos muy bien posicionados porque tenemos tantas actividades que ofrecer en nuestro país, que el turista puede escoger varias opciones y decidir quedarse más días en el país, sin haberlo planeado de esta forma” dijo Lizano.

En su opinión, el país debe fortalecer el sector turístico ya que en la actualidad este genera alrededor de $2600 millones al año, cifra que supera al mercado de los cárnicos, de la siembra y la exportación de piña y café, y otras actividades económicas.

“El turismo es en este momento motor económico y queremos que lo siga siendo porque tiene la capacidad una importante cantidad de divisas y alrededor de 150 mil empleos directos, pero para ello debemos mejorar la calidad del producto, del servicio y de la innovación” explicó Lizano.

Asimismo, indicó que el país debe aprovechar algunas de las ventajas competitivas que posee en materia de turismo, como lo son sus recursos naturales, la calificación de la fuerza laboral, y la gran variedad de actividades turísticas que posee.

Al finalizar su discurso, mencionó que otros de los retos de nuestro país radican en la mejora de la infraestructura y en el desarrollo del talento humano; así como en implementar estrategias que logren minimizar los efectos colaterales del cambio climático, la globalización económica y los cambios en la demanda por el envejecimiento de la población.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Campaña resalta el aporte de las universidades públicas al desarrollo nacional

Escrito en 05/11/2015. Publicado en Derechos, Educación.

Bajo el nombre Costa Rica Educada, está circulando a partir del mes de octubre una campaña que busca destacar el aporte de las universidades públicas a la construcción del modelo de desarrollo de nuestro país.

Se trata de una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para rendir cuentas del trabajo que realizan la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal de Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Mediante la presencia constante en redes sociales se busca recordar el valor de la educación pública, las oportunidades que abre para los estudiantes y la inversión significativa que implica brindar educación superior de calidad.

Campaña resalta el aporte de las universidades públicas al desarrollo nacional2 — El Consejo Nacional de Rectores lanzó una campaña sobre la contribución que han dado las universidades públicas en el progreso del país.

Costa Rica Educada se basa en videos fundamentados en cifras y proyectos de investigación de las universidades públicas, donde surgieron importantes avances científicos para el país como el Banco de Piel y la mejora genética de cultivos, entre otros. Además, destaca la forma como estas instituciones públicas acercan la educación a los habitantes del país, con datos sobre la cantidad de estudiantes becados en la actualidad, sedes disponibles, diplomas entregados históricamente y premios a la calidad obtenidos por los centros educativos superiores.

“Las universidades se han abocado a la rendición de cuentas de los recursos que el Estado les confiere. En este contexto es importante destacar que con estos recursos hemos realizado contribuciones sustantivas a un modelo de desarrollo país, más inclusivo e inserto en la sociedad del conocimiento provocando la movilidad social que el país siempre ha perseguido” comentó Julio César Calvo, rector del TEC y actual Presidente del Consejo Nacional de Rectores.

Campaña resalta el aporte de las universidades públicas al desarrollo nacional3 — Por medio de videos y un sitio en Facebook el público podrá conocer la campaña Costa Rica Educada.

Según Calvo de esta forma “se contribuye a la formación de nuevos profesionales, pasando por la extensión social, que han permitido brindar desarrollo a las comunidades, hasta la investigación y generación de nuevo conocimiento. La inversión en educación superior pública le permitirá a Costa Rica seguir transitando por el camino de desarrollo, el cual marca la diferencia entre una Costa Rica educada y próspera y una Costa Rica sin educación”.

Además de la versión de Costa Rica Educada donde se destacan los valores y logros del modelo solidario de educación superior, existe una versión de Costa Rica Mal Educada donde les muestra a los visitantes del sitio cómo hubiera avanzado nuestro país como sociedad si no estuviera presente la educación pública.

Como conclusión, Costa Rica Educada demuestra por qué una educación mal financiada producirá una Costa Rica Mal Educada.

Quienes deseen conocer más de la campaña pueden verla en el sitio www.costaricaeducada.com del Consejo Nacional de Rectores.

Las cuatro universidades públicas han permitido, por medio sus graduados, la regionalización, las becas y la investigación científica que el país tenga mejores niveles de educación y desarrollo. El Consejo Nacional de Rectores en este video da a conocer algunos de los logros de la educación superior pública:

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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