El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica junto con la CTRN le invita el próximo jueves 16 de julio del 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., a la charla virtual (WEBINAR) denominada “El COVID-19 y su impacto en el mundo del trabajo«.
Se contará con la exposición de dos expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Sr. Oscar Valverde, Especialista para los Trabajadores ACTRAV-OIT y el Sr. Gerson Martínez, especialista en temas económicos de ACTRAV-OIT.
Los cupos son limitados, por lo que se solicita sus datos para hacer la inscripción a más tardar el próximo 10 de julio del presente año.
Costa Rica atraviesa la peor crisis sanitaria de su historia, hasta el momento cargada en los hombros de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la clase trabajadora
El costo económico para atender la pandemia, más las desacertadas decisiones de la jerarquía de la Caja, para «oxigenar» al empresariado evasor y moroso con la seguridad social y el fisco, que esclaviza y despide solapadamente a miles de trabajadores, está siendo pagada por los trabajadores sanitarios, con atrasos de salarios y escasez de Equipos de Protección y de recurso de humano.
Evidentemente el mayor riesgo por la pandemia lo corren los trabajadores de la salud. Según los datos oficiales al 10 de junio la institución había enviado a 1631 trabajadores, de todas las disciplinas, a confinamiento domiciliario, por contacto con compañeros de trabajo o usuarios positivos por COVID-19, sin embargo, en los últimos días se han aislado cientos de funcionarios, que hacen presumir una cifra cercana a los 2.500 trabajadores.
Los trabajadores de la CCSS contagiados que en abril pasado representaban el 20% de los contagiados (133), un mes después eran 146, pero la semana pasada solo en tres hospitales se diagnosticaron 23 nuevos casos de trabajadores, por lo que podría superar los 300 según los informes que hemos recibido.
Considerando las cifras de personas contagiadas, particularmente en las zonas de mayor densidad poblacional, los datos se tornan alarmantes, porque si no priorizamos la protección de los trabajadores de la salud muchas personas pueden morir, porque los trabajadores están enfermos.
En los centros de salud escasean los kit de pruebas para el diagnóstico y los equipos de protección, las constantes quejas son por la cantidad y la mala calidad de los equipos, las mascarillas son insuficientes para las extenuantes jornadas, cuando se las suministran, con el riesgo de que el personal ni siquiera se percate de que están propagando el virus.
Hoy el mundo vive una guerra sanitaria con los países más ricos, por los recursos para atender las necesidades de la población, como respiradores y otros equipos de cuidados intensivos, pero el impacto para el país de no contar con suficiente personal de salud sería una verdadera catástrofe, ya que el único distanciamiento social de los trabajadores de la CCSS es el Equipo de Protección. UNDECA exige a las autoridades de la CCSS y del Ministerio de Salud garantizar el diagnóstico oportuno, el acceso inmediato a los equipos de protección, suministros y recurso humano necesarios para atender a la población afectada por esta enfermedad.
No es algo que necesite de un «estudio estadístico», para detectarlas. Son los más pobres, los miserables, los que subsisten en cuartuchos de tugurios, los olvidados, los que se ubican en el fondo del oscuro pozo de la escala social.
En la populosa «Gran Área Metropolitana» deambulan en un mundo «extraño», vergüenza del «capitalismo salvaje» denunciado por Juan Pablo II y reafirmado por Francisco cuando sentencia: «Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Sólo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad INDIVIDUALISTA, INDIFERENTE Y EGOÍSTA, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra».
Al no ser así, al no considerar esas lecciones nacidas de la doctrina social de la Iglesia, en Costa Rica (y muchas otras naciones) más bien crece la pobreza, la desigualdad, y el hambre, en comunidades que no son inmunes al diminuto virus que tiene al planeta a su merced, sin enemigo al frente.
El más evidente «factor de riesgo» es la pobreza. Por ahora, los grandes porcentajes de contagiados están donde imperan las más tristes condiciones de vida, donde la madre se desvela angustiada por el virus que contagia a sus vecinos. Pero después de esa fase, aquellos que nos creíamos alejados de esa vulnerabilidad, más temprano que tarde, podríamos compartir en carne propia ese dolor… SI NO REACCIONAMOS oportunamente, y humildemente no nos sometemos a las órdenes sanitarias oficiales.
Si lo logramos, luego de que ese virus «se canse» y nos deje respirar aliviadamente, la lección aprendida ha de ser tal, que la ciudadanía debería exigir la toma de decisiones más humanas, justas, menos egoístas, donde no haya ni un niño que al irse a dormir tenga hambre.
Compartido con SURCOS por Manuel Delgado Cascante.
En adición a la Circular R-23-2020 y ante la declaratoria de alerta naranja en varios cantones del país, por parte del Ministerio de Salud, esta Rectoría comunica que a partir de mañana viernes 03 de julio y hasta el 13 de julio del 2020 inclusive, todo trabajo docente y administrativo que se desarrolle en estos cantones, deberá ser realizado de manera remota, salvo aquellas actividades consignadas como estrictamente presenciales o servicios esenciales, como el caso de la seguridad institucional; lo que deberá ser coordinado por la Vicerrectoría correspondiente o con la Dirección de la unidad académica o administrativa.
En el caso de las empresas constructoras que estén ejecutando contratos para la Oficina de Servicios Generales y para la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones, seguirán desarrollando los proyectos de infraestructura, por lo cual las personas funcionarias que ejecutan labores de supervisión de estas obras podrán continuar con esta labor, siempre que se cumplan a cabalidad los protocolos sanitarios establecidos.
La Unidad de Salud Ocupacional está en la mejor disposición de brindar el asesoramiento correspondiente, para la aplicación de los protocolos requeridos, con el fin de salvaguardar la salud de la comunidad universitaria, ante el aumento de casos provocados por el virus SARS Co-2.
FORO: LA NUEVA NORMALIDAD EN COSTA RICA POST COVID-19 SEGÚN EL CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
El pasado viernes 12 de junio del 2020 la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) realizó el Foro Virtual “La Nueva Normalidad Post COVID 19- Escenarios Futuros de Costa Rica”, con académicos del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) para analizar el panorama latente en el pais y posibles propuestas de mejoramiento en diferentes áreas estrategicas que podrían presentar mayores cambios a futuro.
Juan Carlos Mora, académico de la EPPS, explicó que el trabajo efectuado lleva dos meses de investigación, en este sentido, se está en plena acción de la segunda y tercera fase de consulta a diversos actores y sectores, los cuales han brindado sus opiniones y criterios. Se indica, que se han sistematizado alrededor de 840 observaciones que aportan información sobre los grandes cambios en el futuro: “Estos datos se han analizado y sistematizado, por consiguiente, se ha obtenido 56 variables, a lo cual nuevamente se le realizó un proceso de análisis, para llegar a tener 8 variables macro que mostrará el futuro más posible para Costa Rica”.
En este foro realizado mediante la aplicación Zoom, se compartieron cinco cuestionarios con los participantes del CINPE, con el objetivo de conocer su criterio experto en materia de política económica, asimismo, escuchar comentarios de los expertos en el tema.
La primera pregunta generadora fue: ¿Cuál área de la política costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Los resultados de esta pregunta muestran que la mayoría de los participantes en el foro piensan que el área más afectada será la legislación laboral, fiscal y comercial (90%). Seguidamente se encuentra la opción Reforma del Estado, empleo público, privatización, (60%) y Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional (50%). Como últimas opciones se encuentran Modelo de gobernanza y participación social (30%), Geopolítica global, organismos multilaterales, reglas globales, (20%) y Cooperación internacional, bien común y solidaridad internacional (20%).
Jeffrey Orozco, académico del CINPE, comentó, que los resultados reflejan la tendencia de encargar muchas de las reformas hacia el sector laboral, es decir la clase media: “Esto es algo que muchos no quisieran, porque se le implementan más impuestos a este sector el cual no tiene tanto poder adquisitivo, ya que es lo más fácil de realizar, ¡aunque tenga un costo social más alto”.
Para Orozco, la preocupación actual es principalmente la posible dirección que van a tomar estas reformas en un futuro, ya que existe el riesgo de alejarse de todos los avances sociales que ha logrado el país durante gran cantidad de años. Además, de que esta reforma se siga haciendo bajo la línea que se trae actualmente de minimizar la importancia real del Estado.
Keynor Ruiz, integrante del CINPE, indicó que el concepto referido a la Nueva Normalidad que se plantea, estaría forzando un análisis de esta situación, pues habrá que evaluar si se estará viviendo una nueva normalidad o una continuidad de lo que hemos venido profundizando en ciertos aspectos: “Las reformas en el Estado y sus temas relacionados tiene una base que no necesariamente tiene que ver la pandemia, porque se presentan variables se han venido afectando desde hace muchos años”. Ruiz agregó, que hay nuevas ideas y reformas en temas laborales, que se vienen pensando en realizar desde antes de la pandemia y que hasta ahora se llevan a cabo, por lo que es de esperarse, que se continúen después de que normalice la situación actual: “Para visualizar los posibles elementos del futuro es necesario analizar primeramente los elementos actuales y cómo llegarán a cambiar en un futuro, para luego conocer cuáles sí serían los elementos nuevos”.
Como segunda pregunta se expuso: ¿Cuál área de la economía costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Los académicos del CINPE coincidieron en que el área de la economía costarricense que presentará mayores cambios a futuro sería la deuda pública, déficit fiscal y el desempleo (80%). En segundo lugar, se considera el comercio electrónico, diversificación de mercados y emprededurismo (60%). Seguidamente se encuentran las opciones que consideran turismo, nuevos negocios, tecnología, innovación (40%) y las brechas sociales, desigualdad(40%).Y en último lugar están las opciones, inversión pública, empleo, inversión extranjera (30%) y empleo, ingreso de las familias, demanda interna (20%).
Olman Segura director del CINPE, comentó que los temas de deuda pública, déficit fiscal y desempleo siempre serán de prioridad, ya que no hay duda de que estos van a aumentar debido a la pandemia actual, por lo que se deben de considerar en la agenda para la toma de decisiones en cuanto a índices y porcentajes que se aplicarían.
Segura, dijo que se ha empezado a desarrollar más el comercio interno por las restricciones en las fronteras, además, del comercio electrónico y el emprendedurismo que han empezado a aumentar en los últimos meses. Además, Segura, relaciona con el tema de las brechas sociales y la desigualdad, el problema de turismo, ya que no se debe únicamente a los problemas de reducción de los espacios de ocio, sino también, por la cadena de valor que existe alrededor del turismo, la cual ha venido presentando deficiencias por la pandemia.
Keynor Ruíz, agregó que el aumento del comercio electrónico no solo se debe a compañías transnacionales como Amazon o E-bay, sino también a Correos de Costa Rica que ha cumplido un importante papel, para permitir que los comercios se vayan virtualizando poco a poco mediante la actualización de sus servicios. Esto genera que las personas tengan la tendencia en un futuro de comunicarse y adquirir productos vía electrónica ya que se ha generado más confianza y viabilidad para aprovechar estos servicios: “Los sectores de innovación, emprededurismo y nuevos negocios son los que van a tener más cambios a futuro ya que se presentarán la introducción de nuevas tecnologías o procesos de automatización, sin embargo, el turismo y los negocios actuales se irán recuperando lentamente, pero sin presentar cambios drásticos a futuro”. Ruiz, reiteró que es normal que los aspectos que han venido teniendo problemas durante varios años, como lo son el déficit fiscal, la deuda pública y el desempleo se agraven, por lo que se van a tener que atender de manera drástica durante los próximos años.
Como tercera pregunta generadora se expuso: ¿Cuál área del ámbito social costarricense presentará mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Los resultados de la encuesta presentada muestran que la mayoría de los participantes del foro piensan que las brechas sociales, la desigualdad, la pobreza (70%) la educación dual, la flexibilidad laboral y las pensiones, ambas con un (70%) son las opciones de preferencia en donde se presentarán más cambios en la nueva normalidad.
Seguidamente, se encuentran las opciones que consideran la salud preventiva, los derechos humanos, la equidad con un 50% de votos y luego la protección social, las pensiones y los seguros con un 40%. En último lugar se encuentran la seguridad ciudadana, la convivencia social y las redes de apoyo mutuo con un 20%, las migraciones, desplazados y los adultos mayores con un 10% de porcentaje elegido.
Olman Segura, comentó que todos estos temas son parte de la problemática actual y se deben discutir en los ámbitos políticos y de desarrollo económico y social: “La opción que abarca la educación dual, la flexibilidad laboral y las pensiones, que ha cambiado la polarización de pensamiento en la población con respecto a estas; conforme pasan los años se han empezado a ver los aspectos positivos que tienen”. En cuanto a la opción que abarca las brechas sociales, la desigualdad y la pobreza, sucede lo contrario, ya que estos vienen afectando desde hace muchos años y con la coyuntura actual han aumentado, por lo que se deben tomar acciones con respecto a estos fenómenos. El tema de la salud preventiva, derechos humanos y el acceso a la salud, es de suma importancia ante esta pandemia, ya que la buena gestión de esta genera un trato equitativo y así se logra ir reduciendo las brechas sociales y la desigualdad” acotó el director del CINPE.
Rafael Díaz, académico (CINPE-UNA), manifestó que el análisis plantea la probabilidad de que las migraciones son las más probables de presentar cambios en el futuro, por lo que se debe procurar que Latinoamérica sea cada vez más igualitaria, para que estos movimientos no traigan consecuencias negativas. Además, los temas de protección social y pensiones también serán temas del futuro, porque la población costarricense está envejeciendo y las desigualdades sociales cada vez están aumentando: “Los otros temas deberían de ser considerados porque puede que estén en el futuro, sin embargo, los temas mencionados anteriormente son los que vienen manifestándose desde hace tiempo y se debe prestar atención, porque son muy poco probable que desaparezcan”.
Suyen Alonso, académica (CINPE-UNA) mencionó que el tema de brechas digitales está uniendo todos estos temas expuestos en el instrumento, lo que evidencia las diferencias entre la población que tiene más acceso a la tecnología y quienes no: “Es cierto que toda esta virtualización ha traído grandes desventajas a nivel social y económico para ciertos grupos de la población. Esta pandemia lo que ha generado es la aceleración de la toma de decisiones, para empezar a aplicar ideas que se venían pensando desde hace varios años atrás”.
Para conocer cuál sería el futuro papel de la tecnología en la sociedad, se preguntó (IV Consulta): ¿Cuál área del ámbito tecnológico costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
La comunicación virtual, redes sociales y la conectividad (91%) son las que según los participantes del foro presentarán mayores cambios a futuro, seguidamente se consideran la virtualización de la educación, telemedicina y teletrabajo (82%). Con el mismo porcentaje se encuentran las opciones que abarcan temas como la inversión en investigación, desarrollo, (36%) ciudades inteligentes, accesibilidad e innovación (36%). Por último, con el menor porcentaje se encuentra la opción de robotización, Big Data y genoma humano con un 18%.
Marco Otoya, académico (CINPE-UNA), comentó que la coyuntura lleva a pensar que hay una necesidad para modificar áreas como la comunicación, el trabajo, la educación y que nos hemos visto forzados a tratar de adaptarnos lo más rápido posible, para empezar a utilizar de mejor forma las plataformas virtuales, sin embargo, en muchos casos no se cuenta con la disponibilidad de la tecnología para adaptarse de la mejor manera: “La educación no es algo que se puede adaptar rápidamente a la virtualidad y muchos menos en su totalidad, porque siempre habrá áreas de conocimiento que no se puedan virtualizar. Mas es importante considerar la bimodalidad en aquellos cursos que si se pueden llevar a cabo de ambas formas”.
Jorge Solano, investigador junior del CINPE, añadió que el análisis que el tema de la conectividad, la virtualización y las redes sociales, vienen generando un impacto desde hace tiempo y en cuestión de tres meses toda nuestra realidad se ha logrado plasmar en materia virtual, lo que genera muchos retos a la hora de la relacionarse con otras personas. “Pero ante esta rápida adaptación es necesario valorar el nivel del cambio que generó en la población, porque existe la posibilidad de volver a la presencialidad, y puede que la virtualización, al no mantenerse tanto tiempo en la sociedad, se olvide por completo”.
Solano acotó, que el tema del comercio está muy ligado con la virtualización, pues en este tiempo se ha visto como ha aumentado el comercio digital y el emprededurismo mediante las redes sociales, las cuales han traído grandes ventajas a los emprendimientos de la población.
Keylin Jiménez economista, asistente de investigación del CINPE, comentó que la tecnología es algo que para las generaciones más nuevas siempre ha sido parte de la normalidad, por lo que esta población no se ha visto tan afectada durante esta adaptación a la virtualización tan drástica: “Me asiste la duda si la utilización excesiva de las redes sociales para interactuar con las personas: ¿se va a dejar de lado cuando se acabe la pandemia o se mantendrá?…
Jiménez, acotó que la virtualización de la educación, a pesar de que los grupos poblaciones más jóvenes están más acostumbrados a utilizar las plataformas digitales, no se puede generalizar, porque existen carreras y cursos que no se pueden llevar a cabo de manera virtual.
La quinta pregunta generadora fue: ¿Cuál área de la dimensión ambiental costarricensense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiendose en parte de la Nueva Normalidad?
En los resultados se evidencia que las energías renovables, la carboneutralidad y los servicios ambientales (82%) son las que presentarán más cambios en el futuro. Seguidamente, con 64% se encuentran el transporte público de pasajeros, la logística, la resilencia, la protección de los recursos naturales, la gestión del agua y los bosques. En último lugar se localizan el reciclaje, reducción, reúso, rechazo (36%,) el ecoturismo, la cultura y el paisaje con 18%.
Marco Otoya, indicó que Costa Rica es un país que en la parte electrica siempre se ha mantenido muy ecoamigable, que habría que precuparse más en la reducción de emisiones generadas por el transporte, ya que el 75% de hidrocarburos vienen de las emisiones de los vehículos, de esta manera, al mejorar el transporte público, no solo nos llevaría a la carboneitralidad, sino tambien, a facilitar el desplazamiento de las personas en todo el país.
Jorge Solano dijo que la logística comercial tiene un impacto importante en el ambiente, ya que se ha visto como esta puede modificarse para buscar que sea más ecoamigables en los comercios y reducir hasta donde se pueda el impacto que genera la comercialización en el ambiente.
Como quinta y última pregunta se expuso: ¿Cuál área de la cultura costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Según la elección de los participantes del Foro, se evidencia que la vida familiar/laboral y los roles en el hogar (73%), serán las áreas de la cultura costarricense que presentará mayores cambios a futuro. En segundo lugar, se ubica convivencia entre las personas, el autocuidado y los espacios públicos, (64%) seguidamente están el ejercicio físico, el ocio, el sedentarismo (55%) y las redes de solidaridad comunal y territorial (45%). En los últimos lugares se aprecia la espiritualidad, comunicación interpersonal y el hogar (18%) y la educación cívica, ahorro y educación vial con 0%.
Keynor Ruíz, expresó que los cambios en los últimos meses nos han forzado a adaptarnos a poder llevar una vida familiar y laboral en el mismo espacio, por lo que esta situación ha llevado a repensar ciertos elementos en la vida familiar, para poder adaptarse de la mejor manera, lo que ha logrado que la población valore más las relaciones que tiene con las personas de su núcleo familiar: “Esta pandemia ha cambiado la visualización que se tiene con respecto a los espacios, el ejercicio físico, el autocuidado entre otras variables, para pensar más sobre cómo se integran estas en la vida de las personas en los próximos años”.
Suyen Alonso, agregó en el foro virtual con el equipo académico del CINPE que los temas expuestos en la cuesta, son las principales tendencias que a nivel de sociedad y mercado se han integrado en el último mes: “Esto ha generado nuevos temas como los hogares multifuncionales que han permitido implementar otra orientación de la comercialización de productos, para poder beneficiar a las personas para que tengan todo lo que necesitan para desarrollarse en el hogar”.
También mencionó que se ha logrado analizar el perfil de los nuevos consumidores a nivel de cultura y que estos cambios en la cultura se van a mantener de manera permanente, porque ya han modificado otras áreas como la comercialización que promueve más esta nueva cultura.
El equipo académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social estará integrando la información recogida tanto en este Foro como otros que se han realizado, para ir sistematizando los aportes y obtener una visión integral de la nueva normalidad, escenarios futuros de Costa Rica y compartirla con el país en el mes de julio de 2020.
Por: Efraín Cavallini Acuña-Académico EPPS-UNA Maria Laura Jiménez Villalobos. Estudiante EPPS-UNA
En este video Rebeca Gu-Navarro y Mauricio Castro-Méndez explican la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe. Le invitamos también a leer el pronunciamiento.
Pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe
Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.
En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de Covid-19 en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.
A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.
Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.
Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.
Llamado a las acciones
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:
Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo. Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Costa Rica, 1 de julio de 2020
SUSCRIBIMOS
Organizaciones e instituciones
Consejo de Programas Institucionales de Acción Social, UCR Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia. Dylanna Rodríguez, TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio ambientales específicos del territorio nacional, UCR. Lilliana Monge, TC-743 «Agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte», Escuela de Trabajo Social, UCR. Rebeca Gu Navarro, TCU-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas, Escuela de Ciencias políticas, UCR. Marvin Amador Guzmán, proyecto «TC-635 – Comunicación y Cambio para el Buen Vivir», Escuela de Comunicación, UCR Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor» Valeria Montoya, EC-495: Trabajo asalariado en piñeras de la zona norte: acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso, Santa Fe en Los Chiles y La Guaria de Pocosol, del Programa Kioscos Socioambientales, UCR. Freddy Arias, TC-661. Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses. Freddy Arias Mora. Facultad de Farmacia, UCR. Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica. Proyecto ED-3391: Acompañamiento al desarrollo de prácticas de Economía Social Solidaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Familiar en comunidades de Upala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Proyecto TCU 607 de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Alternativa UCR Asociación Cultural Abriendo el Surco CENDEROS CEP Alforja Circulo Bolivariano Yamileth López Clínica de Migración, refugio y protección internacional, UCR (Melissa Salas Brenes) COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica Consejo de Educación Popular y el Caribe (CEAAL)- Colectivo Costa Rica CR SOLIDARIA Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Fundación Laberinto Fundación Pedagógica Nuestramerica Hablemos de Derechos Humanos Handmaids Costa Rica Iniciativa Universitaria por Nicaragua Justicia Paz e Integridad de la Creación JPIC, Claretianos Costa Rica La Cadejos, Comunicación Feminista Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica Pry01-65-2021 – Programa permanente de Desarrollo Académico del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidad de Costa Rica Red de Coordinación en Biodiversidad Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Sindicato de Trabajadores del Sector Privado Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines SITRAPA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) Sindicato pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y FANAL SIPROCNP
Personas
Adilia Eva Solís, ED 3364 UCR Adrián Jaén España, sociólogo, docente universitario y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores Adriano Corrales Arias, Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica Alberto Cortés Ramos, Catedrático, escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, UCR Alejandra Porras Rozas, Socióloga, ecologista. Alfonso Chacón Mata, Presidente Asocasdeh Allan Chavarría Chang, Extensionista de la UNED Álvaro Fernández González, Profesor universitario jubilado Ana Carcedo, Presidenta de CEFEMINA Ana Cecilia Escalante Herrera, Profesora Emérita – Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica Ana Elena Obando M., Abogada feminista, Derechos Humanos, Concertación Interamericana por los Derechos Humanos de las Mujeres Andrea Cuenca Botey, Psicóloga Camila Ordóñez Laclé, Integrante Mujeres en Acción, investigadora CIEM UCR Carmen Caamaño Morúa, Universidad de Costa Rica Carmen Carro Barrantes, Ciudadana feminista y socióloga Carolina Sánchez Hernández, Escuela de Sociología, Universidad Nacional Ciska Raventos Vorst, socióloga, profesora jubilada UCR, activista Cynthia Ramírez Alvarado Dania Obando Castillo, Secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines Danilo Saravia, exiliado político, activista social y ambientalista David Alfaro Mata, Miembro de Siprocnp Debbie Salas Ramírez, Docente educación especial MEP Diana Campos Ortiz, Activista e investigadora social Didier Alexander Leitón Valverde, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Elvis Alberto Cornejo Venegas, Educador, investigador y extensionista Esteban Calvo Rodríguez, Abogado con especialidad en Derecho del Trabajo Eugenia Boza Oviedo, ED-3441 Espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala. y ED-3461 Migraciones y derechos humanos, construcciones conjuntas. Universidad de Costa Rica. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista. Fabiola Bernal Acevedo, Fundación Pedagógica Nuestramerica Federico Picado Gómez, Ingeniero Civil Gerardo Hernández Naranjo, Docente UCR Gerardo Mora Burgos, Universidad de Costa Rica Grettel Gamboa Fallas, Antropóloga social. Defensa Derechos Humanos. Guadalupe Urbina, Artista costarricense, gestión Gustavo Gatica López , Investigador, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, miembro del Colectivo Bienestar y Migraciones Héctor Ferlini-Salazar, director SURCOS Digital, coordinador proyecto EC-527 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa, Sede del Pacífico, UCR. Henry Picado Cerdas, Red de Coordinación En Biodiversidad Irene Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica Isabel Ducca D., Alianza por una Vida Digna Jenyel Conteras Guzmán, Investigadora, evaluadora y docente universitaria Jorge Zeledón Pérez, Director Programa de Posgrado en Comunicación, UCR José Antonio Mora, coordinador del proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente del Programa Kioscos Sociambientales, docente de Geografía en Sede de Occidente José Luis Arce Sanabria, Escuela de Ciencias de la Comunicación UCR José Manuel Arroyo Gutiérrez, Profesor universitario José María Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica Josué Arévalo Villalobos, Docente, coordinador del TCU-732 de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica Juan Carlos Cruz Barrientos, Comunicador social jubilado, miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua Juan Manuel Muñoz Portillo, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, UCR Juliana Martínez Franzoni, Investigadora, Universidad de Costa Rica Karen Carvajal Loaiza, Asesora sindical y Docente UCR Kattia Isabel Castro Flores, Docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA Krissia Rodríguez Muñoz Larissa Arroyo Navarrete, Abogada especialista en Derechos Humanos Laura Arias Cabrera, Docente y activista Laura Rivera Alfaro, Investigadora y consultora independiente, docente UCR Leonardo Vargas Ramírez, Ciudadano Libre y pensante Licda Ileana Vega Montero , Asesora Legal APSE Ligia Solís Solís, ANEP Lorenzo Cambronero Méndez, Asociación Cultural Abriendo el Surco Lucía Rescia, Psicóloga Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Proyecto EC-518 Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH). Manuel Rodríguez, Secretario General SITRAPEQUIA Marcos Guevara Berger, Escuela de Antropología, UCR María José Chaves Groh, Socióloga, feminista, docente e investigadora María José Masís Méndez, Docente de la Universidad de Costa Rica María Laura Sánchez Rojas, Sindicalista y socióloga Mariano Sáenz Vega, Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN ) Marielos Aguilar Hernández, Profesora jubilada UCR Marta Rojas Porras, Catedrática UCR jubilada Mauricio Álvarez Mora, EC-496: Programa de Radio Voces y Política Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dirigente sindical en el Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional Producción y FANAL (SIPROCNP), Central Social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP-ANEP), Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) y parte del Encuentro Social Multisectorial (ESM) Miguel Regueyra Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica Millaray Villalobos Rojas, Antropóloga Milton Ariel Brenes, Programa PRIDENA Nilson Oviedo Valerio, Cooperativa Sulá Batsú. Óscar Jara, Educador Popular y sociólogo Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo. Prof. ITCR. Percy Marín Méndez, Presidente SIPROCNP Priscilla Echeverría Alvarado, Universidad de Costa Rica Roberto Zeledón Arias, Asesor Legislativo ANEP Rotsay Rosales-Valladares, Catedrático e investigador UCR Roxana Hidalgo Xirinachs, Investigadora y profesora catedrática, Universidad de Costa Rica, psicoanalista y feminista Santiago Ramírez Jiménez, Asesor Sindical (ANEP) Sebastián Fournier Artavia, Presidente, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) Seidy Salas Víquez, Comunicadora social. Sergio Salazar Araya, Proyecto ED 3461 Migraciones y Derechos Humanos: construcciones conjuntas, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Shi Alarcón-Zamora, Socióloga Feminista Silvia Rodríguez Cervantes, Ecologista, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Alianza Biodiversidad Soledad Hernández Carrillo, TC-723 «Migra-acciones acompañando a población migrante y refugiada más allá de las fronteras”. Escuela de Psicología, UCR. Tania Rodríguez Echavarría, Docente Universidad de Costa Rica Teodoro Willink Castro, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR Valeria Rodríguez Quesada, Representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica Vilma Leandro Zúñiga, Universidad de Costa Rica Yasy Morales Chacón, docente universitaria y activista en temas de Economía Social Solidaria. Zuiri Méndez, ED-3437 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios del Programa Kioscos Socioambientales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Dramáticas condiciones de trabajo y salud en monocultivos Con Frank Ulloa
La noticia del cierre por graves incumplimientos de 92 empresas agroindustriales (fincas y empacadoras) en los cantones fronterizos con Nicaragua, sumado a 57 órdenes sanitarias y decenas de sanciones por violar el código laboral, está causando un enorme revuelo en Costa Rica(1). Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA, conversó sobre esta situación.
Giorgio Trucchi
La confusión que se ha apoderado de las autoridades costarricenses en esta última semana testimonia el estado de abandono en el que se encuentran estas zonas.
Mientras la vicepresidenta del país asegura que “el 80 por ciento de empresas visitadas cumple con protocolos sanitarios”, el ministro de seguridad anuncia que 92 empresas (62 por ciento) fueron clausuradas y el ministerio de salud habla de 22 empresas cerradas por incumplimientos sanitarios.
-¿Qué está pasando en el norte del país? -A raíz de la emergencia sanitaria por coronavirus se puso en evidencia la negligencia gubernamental ante las condiciones de trabajo inhumanas y la explotación que sufren miles de trabajadores, que en su mayoría son inmigrantes nicaragüenses.
Todas estas personas soportan extensas jornadas de trabajo, no reciben ni siquiera el salario mínimo, ni cuentan con el seguro social. Es mano de obra tercerizada y a las empresas no les importa las condiciones que imponen los intermediarios (contratistas).
Además viven en barracas donde se hacinan o alquilan cuartos de dos metros por tres donde habitan dos personas. Una situación que convierte estos lugares en posibles focos de epidemia.
Son condiciones propias del feudalismo, y el gobierno es corresponsable de esta situación por no controlar y hacer caso omiso de las denuncias que, tanto desde el movimiento ecologista como de la Rel UITA, hemos hecho.
-La semana pasada, varios ministerios iniciaron las inspecciones en estas zonas. -Tuvieron que hacerlo por la gravedad de la pandemia. Ahora se rasgan las vestiduras como que estuvieran descubriendo el agua tibia.
El problema viene arrastrándose desde hace años y las autoridades nunca hicieron un control efectivo de la migración laboral, ni ha dado apoyo a los inmigrantes laborales para que se garantizara el respeto de sus derechos fundamentales.
Imagínate que hasta aparecieron empresas que tienen años exportando productos y que ni siquiera tienen permisos sanitarios para operar, ni patentes municipales. Es una vergüenza lo que por fin está saliendo a la luz pública.
Una situación indignante
-¿De qué empresas estamos hablando? -Hasta el momento se han inspeccionado pequeñas y medianas empresas, casi siempre subsidiarias del capital transnacional. Ahora habrá que ver si el gobierno tendrá el valor de hacer lo mismo con las grandes fincas propiedad de las trasnacionales.
Hay mucha confusión y ya hay empresarios que se están quejando, y que hablan de ‘prepotencia de los funcionarios’ al momento de realizar las inspecciones. Sin lugar a dudas todo esto va a tener consecuencias políticas en el país.
-En fin, una situación muy grave… -Es terrible, indignante. Son zonas que han estado viviendo un apartheid de hecho, a la par de una ausencia irresponsable de las autoridades. Allá las transnacionales mandan y establecen las condiciones de labor y de vida para miles de personas.
El gobierno ha cerrado los ojos ante la ausencia de derechos humanos en estas zonas y el desarrollo desigual que hay en el país. Es una situación que hay que revertir rápidamente.
El pasado 11 de junio del 2020 la Escuela de Planificación y Promoción Social invitó a representantes del sector sindical costarricense, para realizar un foro sobre la Nueva Normalidad en Costa Rica-post Covid-19 para con el fin de conocer sus perspectivas sobre los posibles futuros.
Este foro se realizó mediante la plataforma Zoom en donde se evidenció la participación de representantes de la Central General de Trabajadores, Sindicato de Empleados del PANI-SEPI-Sindicato del AYA, Sindicato 7 de agosto, Sindicato Sin Trazas, Mesa Sindical de Mujeres, Sindicato UTRA-UTN, ANATRANS (Asociación Nacional de Transportista) Sinpae, Sintrasas, Sitraa.
Juan Carlos Mora, académico de la EPPS explicó que este foro es parte de un proyecto realizado por la Escuela de Planificación y Promoción Social sobre la construcción de escenarios a futuro para la Costa Rica del 2030, para el cual han contado con la participación de muchas personas de distintos sectores de la población, esto les han permitido definir cuáles son los temas más relevantes que podrían presentar cambios en el futuro.
En el foro, los participantes seleccionaron según las prioridades para el país, aspectos sociales, tecnológicos, culturales, económicos y de dimensión institucional que presentarán mayores cambios a futuro y vertieron su criterio al respecto.
La metodología del foro fue mediante preguntas generadoras, en donde los participantes deberían de señalar las opciones más acercadas a su opinión con respecto al tema planteado.
Para iniciar el foro se presentó la siguiente pregunta:
¿Cuál área del ámbito social costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Los resultados de esta elección mostraron que la mayoría de las personas (86%) piensan que, en el área de brechas sociales, desigualdad y pobreza se presentará más cambios. Como segundo lugar (57%) en la votación se señala el área de educación inclusiva, flexibilidad laboral y pensiones. Con el mismo porcentaje, en tercer lugar, (29%) quedaron las áreas de protección social, pensiones, seguros, seguridad ciudadana, convivencia social, redes de apoyo mutuo, migraciones, desplazados, adultos mayores, salud preventiva, derechos humanos y equidad.
Giovanni Beluche Velásquez, Secretario General Adjunto del Sindicato UTRA-UTN, dijo que se podrían tener serios problemas principalmente en la educación inclusiva, flexibilización laboral y pensiones. Y esto se debe a la desconfianza que se le tiene a los encargados de coordinar las pensiones. Además, cuando la preocupación de la educación es la afectación del FEES que está porvenir, pero también la pandemia, esto ha hecho que se evidencie la falta de equidad en el acceso a la educación a distancia.
El camino por el que se está yendo actualmente, según Beluche, va incrementando la brecha social lo cual no es nuevo, porque desde hace mucho tiempo esto se viene agravando por consecuencia del poder capitalista. A este modelo es inherente ensanchar la brecha social, porque sus objetivos no están enfocados en las necesidades de población, además que se caracteriza por provocar la pobreza material. Esta situación no es nada nuevo, sin embargo, la pandemia ha provocado que la agenda neoliberal profundice estas consecuencias.
Carlos José Cabezas, del Sindicato del PANI. agregó al análisis que el aumento de estas desigualdades es real, por ejemplo, es más del 40% de la población económicamente activa que pertenece al sector informal y no hay políticas que se enfoque en la resolución de este fenómeno.
Además, también está sucediendo que se da la informalidad en la formalidad, esto porque existen trabajadores que están contratados por patronos, pero no se le están respetando sus derechos, lo que genera que el escenario puede llegar a ser catastrófico.” Este problema no solo ocurre en Costa Rica, sino también en América Latina, lo cual se ha dado para seguir favoreciendo a unos pocos y concentrando la riqueza en una minoría”.
La segunda pregunta generadora fue:
¿Cuál área del ámbito tecnológico costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
En primer lugar, hubo un empate (88%) entre las opciones que hablaban sobre la comunicación virtual, redes sociales, conectividad y virtualización de la educación, telemedicina, teletrabajo.
Seguidamente se consideraron los temas de inversión en investigación y desarrollo (25%), luego la opción de ciudades inteligentes, accesibilidad, innovación (13%). Por último, con cero votos quedó la robotización, Big Data y genoma humano.
Mario Rodríguez, del Sindicato de AyA, dijo que en relación con la realidad en la que se está viviendo se tiene un proyecto en ley sobre el teletrabajo, esto porque el tema de la pandemia se prestó para que muchas instituciones públicas consideren la implementación del teletrabajo. Sin embargo, el tema del teletrabajo y de la jurisprudencia laboral no solo beneficia el trabajador, sino, también al patrón, ya que ahora las empresas se ahorran gastos de electricidad, internet, impuestos, entre otros. Por esta razón, el teletrabajo se convierte en otro tipo de trabajo a nivel mundial y esto se evidencia en el cambio de luchas que se darán, ya que ahora se demandará el tiempo de ocio con sus familias, sino va a ser, al contrario, ya que va a haber muchísimo más trabajo y explotación.
Cynthia Crespo Campos, Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE) comentó, que en el caso del Ministerio de Educación Pública existen grandes cambios, los docentes trabajan tres veces más de lo que laboran generalmente en las aulas, y por el mismo salario. Ante el MEP se planteó por parte de la agrupación de sindicatos del Magisterio “Magisterio en Acción” la conectividad gratuita a internet para estudiantes y docentes.
Crespo, indicó que, además, los empresarios y patrones cuando se aprobó esta ley de teletrabajo pensaron que eran beneficios para ellos, cargándole al trabajador, los gastos de luz, agua, internet, y alquileres, sin aumentar salarios: “El excesivo trabajo hoy del docente, junto con quehaceres del hogar, y las necesidades de salubridad que pide el Estado, hace que la mujer, sea empleada pública o privada, sea objeto un abuso laboral por parte del MEP. Mientras, sin que la opinión pública sepa que no hay docentes nombrados y están despidiendo a docentes interinos, de esta manera, el ambiente se recarga de estrés constante, pues trabajamos hasta 15 horas al día como docentes y en lo demás. Y esto producirá más enfermedades y enfermos que el COVID-19”, manifestó, la representante del SINPAE.
Carlos José Cabezas, mencionó que esta virtualidad nos va a obligar a generar nuevas formas de comunicación, porque la educación de primaria y segundaria no están adaptadas a las nuevas tecnologías. Esto porque se deben definir metodologías apropiadas a la nueva tecnología y capacitar a las personas para sacar un mayor provecho didáctico y pedagógico de la enseñanza-aprendizaje: “El movimiento sindical se está empezando a valorar sobre cómo se utilizarán las redes sociales para protestar, el cual piensa que es algo muy fantasioso ya que no se piensa que mediante estas se pueda dar la suficiente presión que permita modificar las posiciones gubernamentales o empresariales. Se deben aprovechar las redes sociales con fines de propaganda, sin embargo, no es viable generar un verdadero cambio y movimiento mediante estas plataformas”, acotó el sindicalista, quien agregó que indudablemente la implementación de la tecnología va a ensanchar las brechas sociales ya que ahora para disfrutar de los servicios y beneficios de estas se tiene que pagar por lo que mediante la obligación de utilizar este tipo de plataformas se va a ver varios sectores de la población excluidos.
Efraín Cavallini, académico de la EPPS se refirió a que el tema de las redes sociales, tecnología y conectividad es complicado, porque aún en Costa Rica no existe una ley que organice y plantee claramente el tema de gobierno abierto y de las redes sociales. Esto tiene que ver con la comunicación y transparencia: “lo que pasa es que la ley de radio, televisión es obsoleta. El problema con esta situación es que el gobierno no les ha dado la oportunidad a las comunidades, gobiernos locales, fundaciones, asociaciones, ONG e instituciones públicas de explotar más estos servicios, y si no te tiene esta oportunidad, será casi que imposible lograr que todos los sectores de la población lleguen a tener al alcance a medios de servicio público para la enfrentar de la mejor manera la virtualización en beneficio de la educación y el trabajo”.
Carlos José Cabezas, añade que este tipo de ley ha inculcado que las emisoras y empresas de televisión se crean los dueños de estos servicios, porque tienen el mercado acaparado, y cuando se hacen iniciativas que promuevan la creación de espacios de comunicación comunal y cultural los califican de proyectos comunistas para minimizarlos. “Esto es de esperar que se agrave con el tiempo si no se hacen las reformas necesarias en las leyes actuales que tienen que ver con este tipo de servicios”.
La tercera consulta planteada correspondió a:
¿Cuál área de la cultura (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Nuevamente hay un empate entre las opciones más votadas (90%), las cuales son las áreas que consideran la convivencia entre las personas, autocuidado, espacios públicos y vida familiar/laboral, roles en el hogar. En segunda posición (40%) están las redes de solidaridad comunal y territorial, seguidamente (30%) están la relación con la naturaleza y el medio ambiente y la espiritualidad, comunicación interpersonal y hogar. En penúltima posición (20%) se encuentra el ejercicio físico, ocio y sedentarismo, y en último lugar (10%) se encuentra la educación cívica, ahorro y educación vial.
Con respecto a esta pregunta, se considera que las medidas de salud y autocuidado existen en el papel, pero no en la práctica, por lo menos, en temas laborales en los que él autocuidado se es necesario que todos los trabajadores que todavía no han adoptado estas medidas las adopten lo más antes posible, para promover la salud y la unidad de los trabajadores, en los centros de trabajo. “El uso de espacios públicos para la recreación, por ejemplo, los parques, cuando se llegue a permitir más apertura, estos serán con restricciones muy estrictas a menos que se tenga la vacuna contra el Covid-19.
Según lo obtenido en la consulta y desde la percepción de los representantes sindicales, la vida familiar, va a cambiar, porque se deben empezar a adoptar nuevos hábitos, para poder separar el tiempo de trabajo del tiempo de ocio. Esta situación viene a explotador más necesidad de terapia y servicios de psicología por la cantidad de estrés laboral que ha estado generando el teletrabajo y los casos de violencia intrafamiliar: “Por estas situaciones el movimiento sindical debe reinventarse y empezar a desarrollar acciones, que logren el cambio de las realidades que están viviendo los costarricenses en tiempos de pandemia” acotó Cabezas.
Carlos José Cabezas, agregó que en el tema de convivencia de las personas el país tiene un gran reto presente que se va a proyectar en el futuro: “ Esta pandemia ha despertado a muchos para darse cuenta de que la xenofobia y el racismo es algo muy presente en la cultura costarricense, aunque muchos pensaban que no, esto no debería de ser así porque la migración nicaragüense aporta muchísimo al sector productivo del país y sería fantasioso pensar que si se eliminan estas migraciones la mayoría de los problemas se resolverán. Esto no solo afecta en términos de ideologías sino también, que gracias a las migraciones en un futuro nuestra cultura será aún más pluricultural. Y esto debería de verse como una ventaja, pero la visión de las personas nacionales es otra y esta debería de cambiar porque las migraciones no se van a detener a menos que los otros países empiecen a realizar reformas para que las personas no tengan la necesidad de migrar. Por esta situación, que requiere que estemos en la casa, se ha empezado a valorar más el tiempo familiar lo cual podría ser una bandera a futuro, para generar motivos de luchas y demandar una regulación en el trabajo y eliminar la explotación laboral que traer consigo el teletrabajo”.
Como última pregunta generadora se expuso:
¿Cuál área de la dimensión institucional costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
La mayoría de las personas coincidieron con la respuesta: “Pensiones, seguros, subsidios” (89%). Seguidamente, se encuentran las opciones: “Innovación de procesos, simplificación de trámites, creatividad” y “Familia (56%), derechos humanos, religión” (56%). Como penúltima (33%) y última opción (22%) se encuentran respectivamente: “planificación de largo plazo, gestión de riesgos, resiliencia” y “Enfoque territorial, descentralización, desconcentración”.
Giovanni Beluche comentó que el tema de pensiones y subsidios está en el presente y va a estar en el futuro. En cuanto a innovación de procesos y facilitación de trámites aparece en el análisis dado las presiones que hace el sector empresarial. Sin embargo, reitera que lo que está sucediendo no es nuevo, ya que todo es producto de una agenda neoliberal que no se venía aplicando a fondo y se aprovechó la pandemia para empezar a profundizarse más. También que para realizar el análisis del futuro debe mirarse de manera retrospectiva, ya que desde el movimiento sindical se tiene que señalar el papel del presidente de la Asamblea Legislativa, que encabezó toda la reforma de la legislación para regular el derecho a la protesta social y a la huelga de parte de la clase trabajadora: “todo lo que estaban haciendo en ese momento, era para preparar las condiciones de reprimir a la población, porque saben que la agenda que se está aplicando con mayor profundidad necesariamente iba generar protesta social. Esto quiere decir que todas estas acciones han profundizado el marco del ensanchamiento de la brecha social y van a seguir en eso, esto sucede justamente cuando el sector sindical está encerrado en las casas y sin muchas posibilidades de protestaren las calles, por ello, se tendría que salir a protestar sin importar las condiciones de la actualidad.
Cabezas, dijo que a la Costa Rica del futuro le hace falta entender que el derecho a la sindicalización es un derecho sagrado y humano de primer nivel. Si esto se llega a entender bien, el país en el futuro se debe llegar a establecer una creciente unión de los trabajadores, sin embargo, la proyección que se está visualizando pareciera buscar la desaparición del sector sindical.
Se mencionó en el foro que será necesario la implementación del Estado Laico en Costa Rica, porque actualmente se están viendo aún más la necesidad de separar la religión de las decisiones que se toman con respecto a los derechos humanos. Se dijo, que las luchas sociales están siendo entre personas religiosas y otras no tan religiosas y no debería de ser así, dado que cuando se habla de derechos humanos deberíamos de ver el mundo como ciudadanos y no como personas pertenecientes a una religión específica.
Edly Halt, explicó que, con respecto a la realidad del país, la situación es bastante complicada, ya que en la mayoría de los temas hay divisiones muy marcadas y nunca se va a llegar al punto en el que la mayoría de la población este de acuerdo con las decisiones tomadas. Además, que las personas involucradas en el sindicalismo normalmente no están involucradas en la toma de decisiones, por lo que es necesario recapacitar la estructura de la población, ya que esta es extremadamente diversa y esta diversidad se debe convertir en un principio del quehacer político y económico del país, sin embargo, la realidad es que se busca tener a la gente dentro de un mismo molde.
Para concluir, se mencionó que, si no se empieza a ver la globalización desde otra perspectiva, no se lograría entender, la razón por la cual, se realizó un esfuerzo extraordinario, para que se cambiara el artículo primero de la constitución política, para incluir que somos un país muy diverso y pluricultural, así como también libre e independiente. Este principio obliga a repensar el Estado costarricense y a empezar a cambiar la orientación de las decisiones tomadas, para que se consideren la diversidad de la población y no se ignore como está pasando actualmente, agregó el sindicalista Edly Halt.
M.Sc Efraín Cavallini Acuña Académico EPPS-UNA María Laura Jiménez Villalobos-Estudiante EPPS
Los desafíos sin fronteras requieren una solidaridad sin fronteras
La pandemia de Covid-19 se ha convertido en un azote para la humanidad. Cientos de miles ya la han contraído y muchos miles han muerto y morirán de ella. El virus causa un enorme sufrimiento, crea inseguridad individual y colectiva en todo el mundo al amenazar a través de las fronteras y desestabilizar países y regiones enteras.
Las consecuencias fatales de esta pandemia afectan en particular a las personas más vulnerables: los que ya están muriendo de hambre y que no pueden esperar apoyo financiero ni protección médica de sus gobiernos y autoridades públicas, los que sufren guerras y expulsiones. Son las mujeres que están lo más expuestas.
El Covid-19 es un enorme desafío para todos. Tanto el sistema médico y sanitario, como los sistemas económicos, ya están llegando a sus límites de máxima tensión. Se necesitan respuestas progresistas en estos desafíos, hoy y para el futuro.
Los socialdemócratas, los socialistas y los progresistas están a la vanguardia en la lucha contra los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta crisis sin precedentes. Lo que necesitamos a nivel nacional y mundial es más cohesión social y más solidaridad.
En las próximas semanas se sentarán las bases de un nuevo orden mundial. Los progresistas tienen que alzar su voz ahora para poder opinar sobre su configuración. El traspaso del control de los servicios públicos vitales al mercado privado se ha mostrado que es el camino equivocado. Ahora podemos ver claramente que la seguridad social y la atención sanitaria no son costos que se deban recortar, sino que son pilares esenciales del buen funcionamiento de las sociedades que necesitan inversiones sostenibles.
La ignorancia y la arrogancia de los nacionalistas y populistas dividen a las sociedades y nos ponen en peligro a todos. Su camino es equivocado y pone en peligro vidas humanas lo que ahora es más evidente que nunca al carecer de toda referencia ética o humanista y al socavar nuestras democracias.
Ya ha comenzado la lucha sobre quién tendrá que asumir los costos de los paquetes de rescate necesarios. A diferencia de la respuesta a la crisis financiera de 2008, nuestras democracias, sociedades, economías y simplemente el planeta no pueden permitirse otra década de austeridad o de mercados incontrolados.
La solidaridad significa que los fuertes utilizan su fuerza para sostener a los débiles. La respuesta a esta crisis es la solidaridad mundial. Por ello, los partidos y organizaciones de la Alianza Progresista exigimos y promovemos una agenda multilateral y global, inmediata y audaz:
Exigimos que se tomen medidas agudas:
Un cese del fuego humanitario mundial, tal como lo exige urgentemente el Secretario General de las Naciones Unidas a fin de crear el espacio necesario para hacer frente a la pandemia de Covid-19, incluso en zonas de guerra y de crisis. También el fin inmediato de los embargos por motivos políticos para permitir el acceso a comida, medicamentos y implementos de salud. Ahora se trata de salvar vidas y mitigar la propagación del virus.
La cooperación y la coordinación mundial son el requisito previo para una lucha exitosa contra los efectos causados por Covid-19. Exigimos que todos los gobiernos apliquen sin tardar las recomendaciones de la OMS. Quienes se aíslan y no apoyan a los demás con todas sus posibilidades muestran una falta de solidaridad y son responsables de una gran catástrofe. Es necesario que los políticos, los institutos de investigación y las empresas se apoyen mutuamente a nivel mundial para sostener a esos Estados y a las personas de las zonas vulnerables a través de las fronteras en su búsqueda de soluciones políticas y médicas.
Apoyo médico inmediato para los campamentos de refugiados para prevenir la propagación de la enfermedad viral. Los refugiados y las personas desplazadas son los más vulnerables y no deben ser olvidados. Las instituciones internacionales y los Estados deben continuar e incluso aumentar su ayuda y asistencia.
A mediano plazo, llamamos:
Que las Naciones Unidas creen un Fondo internacional para apoyar el tratamiento de los pacientes con coronavirus en todo el mundo y hacer frente a las consecuencias a largo plazo. Este Fondo no sólo debe permitir la adopción de medidas agudas, sino también inversiones orientadas al futuro en el interés general. Pedimos que se intensifique la cooperación para el desarrollo, ya que debemos asumir juntos los costos de la pandemia, dado que las repercusiones y los costos de la crisis del coronavirus serán enormes y supondrán una carga excesiva para muchos Estados, que se verán abocados a una grave crisis financiera, económica y social.
El G20 deberá trabajar en estrecha colaboración con las Naciones Unidas para coordinar las políticas fiscales y monetarias, así como la reanudación del comercio y los paquetes de ayuda conjunta con el fin de permitir financiar el plan mundial para afrontar los desafíos globales comunes. La política de crisis nacional es necesaria y justificada, no se puede dejar de lado a los países pobres y débiles para hacer frente a esta situación. Se exige a los países del G20 y a otras economías fuertes que den un paso adelante.
Proponemos que se genere una coordinación para prevenir el riesgo de una nueva crisis de la deuda y para combatir eficazmente la evasión fiscal. Esta coordinación debería crear un nuevo espacio y capacidad. Las estrategias selectivas de alivio de la deuda y los procedimientos ordenados de insolvencia de los Estados podrían aliviar en cierta medida la presión de la burbuja de la deuda.
Considerar la inversión en servicios de salud y atención médica como una inversión esencial de interés general. La crisis de Covid-19 no es una crisis social menor. Los sistemas de salud a nivel nacional y mundial están llegando a su límite de tensión o ya lo han superado. Si fuera necesario una prueba, la pandemia muestra claramente que el mantra neoliberal de maximizar los beneficios a expensas de los servicios sanitarios, sociales y públicos ha debilitado la capacidad de respuesta de los Estados y ha dejado a la gente sin acceso a la atención médica.
Acordar a corto plazo el control de los precios de los bienes médicos importantes; la cooperación internacional en la investigación de vacunas y los ensayos clínicos; el desmantelamiento de la protección de patentes; la ayuda a los países más afectados para estabilizar sus sistemas de salud y el aseguramiento de las cadenas de suministro de los bienes médicos.
Revisar las reformas neoliberales de los bienes y servicios comunes que han fracasado. Necesitamos pisos de protección social en todos los países como lo solicita la OIT. Proponemos en este marco el desarrollo de los sistemas de salud pública locales así como una inversión social sostenible.
A los gobiernos de los estados nacionales a que aumenten significativamente los respectivos salarios mínimos y de subsistencia en el sector de la salud, la atención y los servicios. La presión de los costes en las últimas décadas ha conducido al resultado que los trabajadores y trabajadoras, que aseguran nuestra atención y servicios sanitarios hoy en día, están al final de la escala de sueldos y salarios y además no están adecuadamente protegidos contra el virus que ellos y ellas combaten hoy en día.
Por un acuerdo internacional sobre programas de inversión sostenible en infraestructuras sociales. A diferencia de lo que ocurrió después de la crisis financiera de 2008, es importante que la nueva liquidez en los mercados de capital fluya hacia inversiones sostenibles reales y socialmente significativas, por ejemplo, infraestructuras sociales, paquetes de acuerdos verdes y similar con el interés general y alrededor de la agenda 2030 visando la transición socio-ecológica.
Por un multilateralismo renovado en el que los progresistas estén a la cabeza de las políticas alternativas y la promoción del interés público. Pedimos que se fortalezca el multilateralismo y se otorgue a las instituciones internacionales más poder de decisión. Los fundamentos legales y financieros deben ahora ser ampliados. Este virus no reconoce fronteras. Mientras que la lista de desafíos que sólo podemos abordar de manera global y colectiva es cada vez más larga, el multilateralismo está en declive. Muchas instituciones internacionales, como las Naciones Unidas y la OMC, carecen de fondos suficientes y están en crisis hoy en día, incapaces de cumplir sus funciones previstas para la gobernanza mundial.
En tiempos de crisis más que nunca se necesita una buena gobernanza legitimada democráticamente
El avance en gran medida incontrolado de esta pandemia sin precedentes es utilizado actualmente por regímenes autoritarios y antidemocráticos para reducir aún más el espacio democrático y cívico, los derechos fundamentales y las instituciones democráticas. Los socialdemócratas, los socialistas y los progresistas deben coordinarse en las instituciones regionales e internacionales para garantizar que esos intentos no queden sin consecuencias. Es necesario apoyar a la sociedad civil progresista y democrática.
Nos comprometemos a defender el estado de derecho democrático, los derechos fundamentales individuales y colectivos y las libertades civiles;
Promovemos el fortalecimiento de la solidaridad a nivel nacional y mundial;
Defendemos y promovemos la transparencia y la participación democrática en el buen gobierno;
Nos oponemos a cualquier intento de estigmatización de refugiados o minorías;
La lucha contra los efectos de la crisis del Covid-19 requiere un control y una gobernanza democrática a través de los parlamentos, incluido el uso de nuevas formas de comunicación a fin de asegurar un espacio de debate político sobre las opciones de políticas, programas y proyectos.
El virus no conoce fronteras. ¡La respuesta al virus tampoco conoce fronteras!
Como socialdemócratas, socialistas y progresistas nos comprometemos a mejorar la coordinación, adoptar enfoques comunes y establecer un nuevo paradigma progresista a través de nuestra red mundial: Alianza Progresista
