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Etiqueta: COVID-19

Economía antediluviana: Las propuestas de Fernando Naranjo

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Grupo Economía Pluralista

Director CICDE-UNED

La lógica de la economía ortodoxa, que en Costa Rica muestra su rostro más anacrónico y desfasado, se centra en la deflación generalizada como solución frente a la crisis económica. La premisa subyacente gira alrededor de la idea de que, detrás de la crisis hay excesos que deben corregirse, es decir, que la economía debe pasar por una especie de purga, o en términos médicos decimonónicos, que se le debe aplicar un sangrado, a fin de “limpiarla” y, así, crear las condiciones para su recuperación. La idea de fondo es absurda y disparatada: nos dice que para superar la crisis… ¡hay que agudizar la crisis!

Una nota reciente en el medio digital Crhoy.com lo ilustra. Su título “Economista alerta sobre peligros en idea de que el BCCR financie créditos de rescate” (https://www.crhoy.com/economia/economista-alerta-sobre-peligros-en-idea-de-que-el-bccr-financie-creditos-de-rescate/). El economista al cual se hace referencia es Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, exgerente general del BNCR y actual presidente de la consultora CEFSA.

Tal cual lo anticipa el título de la nota, Naranjo se opone a que el Banco Central asuma un rol más enérgico y proactivo, dentro de la estrategia de políticas frente a la crisis económica que el país sufre. Su argumento es un anacronismo: básicamente una apelación al pasado (“sería como volver 30 o 40 años atrás…”), como si las condiciones actuales, fuesen iguales a las de entonces. La realidad hoy es muy distinta, como también es completamente distinto el papel que en este momento cumplen los bancos centrales en el mundo. Pero Naranjo, como miembro destacado de la ortodoxia dominante, de eso no se entera.

Hablamos de una economía devenida ideología fantasmagórica, poblada de espectros e ideas zombis.

Por lo demás, su planteamiento se enfoca, según indica la nota, en “recuperar la capacidad de los mercados de generar empleos…”. Para lo cual propone la deflación generalizada de la economía, básicamente mediante dos mecanismos: reducción de salarios (“…salarios negociados por debajo de los rangos mínimos”) y la reducción en un 50% de las cuotas de la seguridad social. Todo lo anterior sumado a la devaluación de la moneda. Y siendo cierto que el colón está seguramente sobrevaluado, pensar en devaluar es una idea que, más que inoportuna, resulta temeraria, puesto que, en momentos de gran incertidumbre como los actuales, la devaluación vendría a sumar elementos adicionales de incertidumbre.

Se trata de una política destinada a infligir sufrimiento: contra los sistemas de seguridad social –que han sido la primera línea de defensa de la población costarricense frente a la pandemia del Covid-19– y contra las familias de clase trabajadora de Costa Rica. Es claramente una estrategia de “dumping social”: reducir costos y recuperar la competitividad de las empresas, mediante el debilitamiento financiero de la seguridad social y el deterioro de las condiciones de vida de las clases asalariadas.

No olvidemos el contexto en que esas políticas deflacionarias se aplicarían: una economía mundial sumida en la recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Dadas esas condiciones, es desatinado imaginar que las exportaciones –menos aún el turismo– puedan tener una pronta recuperación, ni siquiera si se busca levantar la competitividad, mediante mecanismos espurios como la depresión salarial y el debilitamiento de la seguridad social.

O sea: en un momento en que los mercados internacionales están deprimidos, Naranjo propone que se deprima aún más el mercado interno, mediante la comprensión del consumo privado. Y puesto que su propuesta excluye cualquier acción del Banco Central, y no considera ningún aporte de la política fiscal vía inversión pública, inevitablemente surge la pregunta ¿Qué habría entonces de incentivar a las empresas a contratar más personal, si no tendrían a quién venderle lo que se produzca? Cuando, y en todo caso, las actuales condiciones de incertidumbre frenan cualquier posibilidad en ese sentido, y ello no solo no se modificará con la aplicación de esta terapia de “dumping social” que Naranjo promueve, sino muy probablemente se agudizará, en virtud del descontento e inestabilidad social que ello propicia.

Por otra parte, la posible deflación de precios que esa estrategia seguramente pondría en marcha, es una pésima idea en momentos en que los niveles de endeudamiento, tanto público como privado, son muy altos. Ello agravaría el peso de las deudas, dificultaría adicionalmente el manejo de las finanzas pública, y agravaría los problemas del sistema financiero.

En resumen: estamos en presencia de una versión antediluviana de la economía, esperpéntica en lo teórico y totalmente desconectada de las realidades actuales.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/.
Enviado por el autor.

Los Juegos del Hambre: Edición Frontera Norte

Los diseñadores del juego no me quieren muerto.
No aún, de cualquier manera.
Juegos del Hambre – Suzanne Collins

Luis Andrés Sanabria Zaniboni*

Bienvenidas y bienvenidos a la 77 edición de los Juegos del Hambre, tenemos el paradisíaco escenario de la frontera con una amenaza viral de fondo, oficiales armados recorren la frontera, entradas clandestinas y puntos ciegos ofrecen la emoción para las y los espectadores, les prometemos un evento sin igual… ¿parece ciencia ficción? Hoy los medios de comunicación dominantes nos ofrecen esta cobertura sobre la zona fronteriza con Nicaragua. Nos atreveremos a preguntarnos ¿Quienes le sacan partido a la xenofobia?

Resulta lógico según las voces de estos medios culpar a una oleada de migración sin control, que ingresa por puntos ciegos en la frontera, ante lo cual hay una necesidad por incrementar las fuerzas policiales, para contener y deportar a estas personas indocumentadas, intrusos en territorio nacional. Concluyen que cualquier medida para la defensa será necesaria.

Ahora que ya hemos colocado lo que muchos quieren leer, démonos el momento de pensarlo otra vez, partamos de un criterio simple, el coronavirus no tiene patria, en estos momentos su contagio responde a la presión del movimiento de las personas.

Acaso podríamos argumentar ingenuamente que la zona norte del país es ajena a la estancia de personas nicaragüenses, pues no, además estas personas son empleadas en las actividades agrícolas presentes ahí, y si sumamos como dato anecdótico que muchas de esas labores son cultivos “estrella” para la cámara de exportadores, podríamos mirar con recelo y preguntarnos ¿Por qué estos empleadores no salen en defensa de sus trabajadoras y trabajadores? ¿Será que les beneficia su invisibilización?

Por otro lado, negar la atención sanitaria y médica a las personas migrantes hasta que estén las autoridades policiales y migratorias presentes ¿será un buen camino? ¿Qué un esquema de atención al migrante puede quebrar la CCSS? detengámonos aquí. ¿Acaso el coronavirus se suspende bajo la tenencia o no de la documentación migratoria? Con este último asistimos a un sinsentido.

No es la criminalización del migrante el mejor camino para atender la pandemia del Covid19, son las medidas sanitarias para las personas que deben primar en la gestión del territorio, sea cual sea. Tal vez digan, pero es una oleada de personas, casi una “invasión”. Lamentamos decirle que los seres humanos no son los culpables, a la persona migrante se le protege y acoge, y las autoridades deben responder en el marco de los derechos humanos.

Pregúntese lo siguiente, si el Coronavirus no tiene patria, los esquemas regionales serían la prioridad para la gestión de la pandemia, ya se presionó por una gestión regional para el transporte de mercancías, pero para la movilidad de las personas no hay nada equivalente, y ni se preocupan por tal.

Así que si desean ver los culpables de una expansión de la pandemia, culpe a las autoridades de su país y de la región a la que pertenece, ningún país se salva sólo y mucho menos fronterizos, observe los intereses que los mueven y las razones que esgrimen, también culpe a los deudores de la Caja y a los empleadores de la región por no garantizar la seguridad sanitaria para trabajadoras y trabajadores.

Hoy ante el riesgo real que vivimos con el Covid19, no merecemos prácticas leoninas de sectores productivos que miran para otro lado para resguardar la precarización laboral que engorda sus bolsillos, ni los espectáculos baratos de patrullajes fronterizos, ni mucho menos la suspensión de derechos.

Lo que debemos aspirar y exigir es la responsabilidad por una gestión adecuada de la migración humana, sistemas de atención sanitaria y laboral apropiados y oportunos. El Estado Social de Derecho se caracteriza por su capacidad de ampliación y no por su reducción.

Es así que sigue la tarea pendiente por trabajar en la implementación de esquemas para atención de las personas migrantes solidarios e inclusivos, por el momento seguiremos con la triste y egoísta apuesta de estos Juegos, rogando que la suerte esté siempre de nuestro lado.

* Ciudadano

Demandan respeto de derechos humanos de población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio ante el COVID-19

San José, 11 de junio de 2020.- Las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 implementadas por el Estado de Costa Rica han sido en general acertadas, evitando así o retrasando en su caso el contagio comunitario de la enfermedad. Sin embargo, es primordial que las decisiones y medidas de prevención tomadas se basen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, sin discriminación alguna.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos las declaraciones del pasado 8 de junio, del señor canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano, quien de manera muy vehemente llamó a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria. Ese mensaje directo y enérgico debe calar en todo el accionar institucional de país. Además, pone de manifiesto que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense. Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país.

A pesar de celebrar las declaraciones del señor Canciller, las organizaciones que monitoreamos las vulnerabilidades, desafíos y afectaciones que enfrenta la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica mostramos nuestra preocupación ante las acciones y medidas adoptadas en los últimos días, principalmente en la zona norte, que han generado expresiones de discriminación contra la población nicaragüense. Así se observa en las disposiciones del Área de Salud Los Chiles, que entre otras orienta: “Todo paciente indocumentado, se deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al EBAIS.” Posteriormente expone: “Se tamizan solamente a personas costarricenses, residentes con documentación probatoria de su estado en Costa Rica de lo contrario NO se realiza tamizaje por COVID-19…” y continúa indicando “…Se deberá de atender el paciente siguiendo las más rigurosas acciones de auto cuidado esto por cuanto TODO paciente indocumentado no costarricense en la actualidad se debe de considerar positivo por COVID hasta que no se demuestre lo contrario” (negrilla propio).

Lamentamos que estas directrices, en sí mismas discriminatorias, sean un retroceso en materia de derechos humanos, ya que legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus y resulta en expresiones de discriminación y amenazas proferidas por funcionarias y funcionarios públicos, periodistas y población general que, por prejuicios y desconocimiento, expresan en medios de comunicación y redes sociales. Preocupa, además, que negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense.

Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.

En este sentido, las organizaciones firmantes instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación, cumpliendo la circular N° GG-0733-2020, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que garantiza la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.

Llamamos a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y les solicitamos mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización a la población nicaragüense. Asimismo, recomendamos al Estado evitar la aplicación de medidas lesivas a los derechos humanos, como el abuso de autoridad y las suspensiones a las libertades fundamentales, y en cambio promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país.

Finalmente, exhortamos al Estado a cumplir con las recomendaciones establecidas en la Resolución 1-20 de la CIDH sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la cual fija estándares internacionales basados “en [que] la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. Entre otros, recomienda:

  • Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando las condiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a la salud sin ninguna discriminación.
  • Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.
  • Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar.
  • Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.
  • Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica que se hagan necesarias en todos los momentos de la crisis generada por la pandemia.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

UCR: Dos científicas lideran el único estudio del país que cuantifica el SARS-COV-2 en aguas residuales

El estudio en aguas residuales podría indicar sitios de circulación activa del virus aún en zonas sin casos reportados

Dos científicas del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica (Inisa-UCR) encabezan un estudio único en el país que permitirá cuantificar, en las aguas residuales de todo el territorio nacional, la carga viral del SARS-COV-2 (el virus que causa la enfermedad del COVID-19).

Se tratan de la Dra. Luz Chacón y la Dra. Kenia Barrantes. Ellas, en conjunto Eric Morales Mora, especialista en salud ambiental de la UCR, y el Laboratorio de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) investigarán la cantidad de virus que está circulando en un ambiente determinado.

El trabajo de las científicas brindará un aporte trascendental en beneficio de la salud pública nacional. Si las investigadoras encuentran una elevada carga viral en las aguas residuales, el resultado podría asociarse a un mayor número de personas contagiadas que las reportadas.

Si ese hallazgo se da, el país tendrá datos científicos robustos para identificar sitios de circulación activa del virus y así poder realizar intervenciones localizadas.

“En algunos países, como Australia, han logrado correlacionar el número de casos de una población determinada con la carga viral en aguas residuales. En otros países, como Holanda, se ha podido encontrar el virus aún cuando no se ha observado un brote importante del mismo. Por esta razón, la vigilancia de la carga viral en las aguas residuales podría ser una herramienta muy apropiada para el manejo de la emergencia”, afirmó la Dra. Chacón.

Una vez localizado un foco de infección, y tomadas las medidas pertinentes, la disminución en la carga viral evidenciaría que las acciones tomadas han sido apropiadas. Por el contrario, si la carga viral se mantiene o aumenta, esto indicaría que las medidas han sido insuficientes para contener el virus.

El proyecto refleja una inversión en investigación de hace más de 10 años que le ha permitido al Inisa-UCR ser una institución pionera en el diagnóstico viral de las aguas residuales. Es el fruto de un trabajo colaborativo de casi dos décadas entre dos instituciones cuyo fin es mejorar la calidad de vida del país.

Un microorganismo ágil

Sin embargo, hay una pregunta clave en todo este proceso. ¿Realmente es posible que el SARS-COV-2 sobreviva en las aguas residuales que, además de otros desechos, contienen residuos de sustancias de limpieza como el jabón o el cloro que se supone destruyen al microorganismo? La respuesta es sí.

Ese dato incluso fue confirmado en la conferencia de prensa del 13 de mayo del 2020. En esa ocasión, el Ministerio de Salud, el AyA y la Caja Costarricense de Seguro Social confirmaron la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales del Centro de Aprehensión Regional Central (CARC).

Pero, ¿por qué el SARS-COV-2 puede ser tan resistente en las aguas residuales?

“Para que el jabón u otros desinfectantes actúen es necesario aplicarlos directamente y en cantidades adecuadas. Además, el cloro es un elemento muy reactivo que fácilmente se puede evaporar (es un gas) o combinar con la materia orgánica (lo cual lo inactiva). En aguas residuales las concentraciones de estas sustancias son mucho más bajas que las recomendadas para la desinfección, por lo que es posible que no se eliminen los virus que podrían estar en ellas”, explicó la Dra. Chacón.

Hasta el momento, las investigadoras suponen que el virus, al estar en un ambiente tan adverso, podría perder su capacidad de infectar. Pero es tan solo una hipótesis que requiere comprobarse.

Pero no solo eso. El SARS-CoV-2, al ser capaz de atacar las células intestinales, puede llegar a producir cuadros de diarrea. Esta característica hace que el virus sea fácilmente trazable en aguas residuales y obtener información certera.

Lo que aún no se sabe es la cantidad del virus en esas aguas y si el SARS-COV-2 presente tiene la capacidad de infectar a las personas. Precisamente, esos son los aspectos que están siendo investigados por la UCR.

“El trabajo de la UCR es diferente al del AyA. En los últimos días, el AyA se ha enfocado en realizar un monitoreo reactivo en las zonas con brote por COVID-19 ya identificadas. También, trabajan por detectar la presencia o ausencia del virus de forma cualitativa, pero no cuánto de ese virus hay. El Inisa-UCR aportará en esta materia”, recalcó la Dra. Chacón.

Riesgo latente

Los resultados que se logren no solo ayudarán a determinar la carga viral, sino también a analizar el riesgo que las descargas de aguas residuales puedan generar para la salud pública.

Por ejemplo, alguna vez se ha preguntado: ¿qué pasa con las aguas residuales que son tratadas? La respuesta es simple: mucha de esa agua termina en los ríos, cuyo líquido posteriormente se utiliza para otros fines. Por ejemplo, para la recreación o regar los cultivos.

Entonces, ¿qué pasaría si sobrevive una cantidad importante del SARS-COV-2 en las aguas residuales del país? La respuesta vuelve a ser sencilla: un claro peligro para la salud pública.

“Las aguas residuales tratadas por lo general caen en los ríos y se usan para regar vegetales. Entonces, es muy importante garantizar que las aguas que salen de esa planta de tratamiento realmente tengan cantidades mínimas de virus que se puedan diluir y que no afecten a las personas. Si están saliendo muchos virus después del tratamiento, se puede poner en riesgo a las personas”, afirmó la Dra. Chacón.

Para estimar el riesgo, Eric Morales Morales, especialista en salud ambiental de la UCR, será el encargado de efectuar un análisis cuantitativo de riesgo microbiológico.

“Estimar el riesgo es un proceso largo, pues es una cadena de análisis en la que primero hay que determinar la concentración ambiental, luego la dosis que potencialmente podría recibir una persona y, posteriormente, la dosis probable para que la persona desarrolle la enfermedad. Con base en esa información, se calcula el riesgo de una zona específica según las actividades de la zona: recreación, contacto directo con esa agua o que se utilice para riego”, indicó Morales.

La sinergia entre ambas instituciones (AyA y UCR) es un espacio propicio para aportar al manejo del COVID-19, así como de otros patógenos virales y protozoarios que por muchos años han sido obviados.

Numerosos aportes

Una de las cualidades más fuertes del estudio es que no solo cuantificará el SARS-COV-2, sino también evaluará otros virus generadores de enfermedades como el Norovirus, Enterovirus y parásitos como Cryptosporidium spp. y Giardia sp en aguas residuales.

Por el momento, ya se han recolectado muestras del Gran Área Metropolitana y de Puntarenas. La selección inicial de esos lugares de muestreo se dio, principalmente, porque son plantas de tratamiento que reciben el agua residual de gran parte de la población.

Con el reciente financiamiento de los fondos del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (Ucrea), dentro de los próximos meses la UCR incluirá plantas residuales a lo largo de todo el territorio nacional.

“En esa primera etapa. Para seleccionar las plantas de aguas residuales se tomaron en cuenta varios factores. El más importante es garantizar que las aguas vengan de la población general, y no de una población particular, para evitar tener resultados alterados por las particularidades de la planta. Al tener resultados de población general, logramos una mejor idea del comportamiento general del virus”, dijo la Dra. Chacón.

Para efectuar los análisis, las investigadoras realizarán una concentración viral, seguida de extracción de ARN, síntesis de ADN y una posterior PCR cuantitativa en tiempo real que detectará la presencia del virus.

La técnica PCR tiene amplias ventajas, como la de obtener resultados en un tiempo corto. Otra es que no se requieren de pasos adicionales y posee la cualidad de detectar cantidades bajas de virus.

“Si bien ya iniciamos la toma de muestras, aún está pendiente que lleguen al país varios insumos para realizar la determinación de carga viral, razón por la cual desconocemos cuando tendremos los primeros resultados”, especificó la especialista.

La fase de muestreo se proyecta que durará un año en diferentes sitios. La idea es realizar un análisis mensual.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Colecta de víveres para el pueblo de Tortuguero

Ante la imposibilidad de seguir desarrollando actividades turísticas comunitarias por la pandemia del COVID-19, el pueblo de Barra del Tortuguero invita a la colecta de víveres que se realizará este viernes 12 de junio en al parque de Guápiles.

Puede llevar o enviar su aporte entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. En este video de un minuto una representante de la comunidad explica:

Llamado a respetar derechos de población migrante en situación irregular

09 de junio de 2020
San José, Costa Rica

Llamado a las autoridades y población a respetar los derechos de la población migrante en situación irregular al implementar medidas extraordinarias para atender a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha requerido de un esfuerzo conjunto y significativo por parte de las autoridades costarricenses, con el fin de mitigar sus consecuencias de manera efectiva. Dentro de los esfuerzos más significativos, destacamos la decisión de brindar atención médica costeada por el Estado a todas aquellas personas habitantes en el país que, aún sin seguro social y sin capacidad de pago, presenten síntomas asociados al COVID-19.1

La Clínica de Migración, Refugio y Protección Internacional de la UCR; REDNAM y las organizaciones y proyectos de acción social de la UCR suscritos reconocemos el buen trabajo realizado por las autoridades costarricenses en la atención de la emergencia. En línea con lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades para que, en atención a la tradición de humanidad y solidaridad que ha destacado a Costa Rica a nivel mundial como un país líder en la promoción y respeto de los derechos humanos; se garanticen los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerabilizadas, en particular de la población migrante en situación irregular que reside en nuestro país con anterioridad a la crisis actual.

Las personas indocumentadas habitantes de Costa Rica se encuentran sujetas a la jurisdicción nacional, y como tales están protegidas por el ordenamiento jurídico costarricense y el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, recordamos:

  1. Que todas las medidas adoptadas para hacer frente a esta crisis sanitaria deben ser temporales, legales, ajustadas a los objetivos definidos, basadas en criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales al fin perseguido, de conformidad con la declaración 1/20 de la Corte IDH y los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.2
  2. Que las circunstancias personales pueden agravar en mayor o menor medida el impacto negativo de las medidas extraordinarias que se adopten para atender a la población. En decir, antes de tomar una medida concreta, las autoridades están obligadas a realizar una evaluación de impacto sobre los derechos humanos y trazar un plan de mitigación de los efectos negativos.3

En este sentido, es un hecho público y notorio que en el país residen personas migrantes en situación irregular desde hace años, muchas de las cuales ya se han integrado a las comunidades e incluso tienen vínculos con personas costarricenses protegidos por la legislación. Situación que se presenta particularmente en las zonas fronterizas de nuestro país.

Al tomarse medidas como el fortalecimiento de los controles migratorios, el Estado Costarricense debe valorar cuidadosamente la situación de cada persona, sus vínculos familiares y su arraigo en el país para no aplicar sanciones desmedidas que puedan afectar la seguridad económica, alimentaria y la unidad de un núcleo familiar. De igual manera, se debe considerar que, actualmente las autoridades migratorias no están recibiendo nuevas solicitudes de regularización migratoria, por lo que debe existir un marco de tolerancia para quienes no han podido realizar dichos trámites.

Recordamos que se deben garantizar las condiciones mínimas para que la población migrante en situación irregular pueda vivir dignamente y sin discriminación en medio de esta pandemia. En este sentido, nos parece consecuente la decisión de las autoridades costarricenses de no obligar a los concesionarios de transporte público a solicitar cédulas o documentos migratorios para abordar autobuses en la Zona Fronteriza Norte. Sin duda alguna, esta medida -además de ser ilegal por delegar una potestad de imperio en particulares no preparados ni formados para tal efecto, en virtud de una instrucción administrativa- pudo tener un efecto sumamente negativo, injustificado y desproporcionado en el acceso al trabajo, alimentación y salud de la población migrante en situación irregular que reside en dicha zona.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación ante la decisión del Área de Salud de Los Chiles de imponer a sus médicos y demás personal de salud la obligación de solicitar la presencia de Fuerza Pública y/o autoridades de migración para brindar atención a pacientes indocumentados que se apersonen a los centros de salud; para luego dejarles a merced de dichas autoridades. Esto en contravención al Código de Niñez y Adolescencia, la Ley general de Salud, la Directriz 10- MP-MIDEPLAN-MTSS-MSP-MGP-MRREE y la Dirección ACE-157-08-2018 de la Dirección de Coberturas Especiales de la CCSS, entre otras.

Es importante mencionar que, dado el contexto socioeconómico de la Frontera Norte, esta medida tendrá un efecto contraproducente, ya que la población migrante evitará presentarse a los centros de salud por temor a ser deportada. Provocando así que, en casos de contagio de COVID-19 o emergencias, la población no cuente con la atención y cuidados necesarios, lo que a su vez aumenta el riesgo de transmisión comunitaria.

Por otra parte, recalcamos que el condicionar la atención de un asunto de salud en razón de la situación migratoria de una persona va en detrimento del derecho a la vida, bien jurídico por excelencia y ampliamente tutelado por el Estado costarricense.

  1. El compromiso internacional de respetar el principio de no devolución consagrado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, instamos a las autoridades costarricenses a realizar un examen pormenorizado de las personas que son identificadas y/o aprehendidas por ingreso y/o permanencia irregular en el país, con el fin de determinar si están o no en necesidad de protección internacional; y tomar las medidas correspondientes en cada caso.
  2. Instamos a las autoridades a prestar atención y accionar según corresponda ante las violaciones a derechos laborales, DDHH y medidas sanitarias en el marco de la pandemia, cometidas por distintas empresas piñeras, bananeras y de otros monocultivos, alrededor del país; las cuales afectan particularmente a población migrante en situación irregular como principal fuerza trabajadora.
  3. El núcleo duro de derechos humanos de los habitantes del país y los compromisos adquiridos en el plano internacional por Costa Rica deben ser respetados aún en tiempos de emergencia sanitaria.

Finalmente, aprovechamos este comunicado para hacer un llamado a la población en general para que respeten la dignidad de las personas y se abstengan de llevar a cabo manifestaciones de xenofobia, racismo y otras formas de discriminación. Se debe recordar que Costa Rica no solo ha sido tradicionalmente receptora de población migrante, sino que existe una diáspora de personas costarricenses que se encuentra viviendo los embates de la pandemia fuera del país y a los cuales deseamos se les trate en un marco de respeto y no discriminación.

Suscriben,

Clínica de Refugio, Migración y Protección Internacional.
C.D.L Centro de Derechos Laborales sin Frontera de Costa Rica
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho.
CIDEHUM Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes.
Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Asociación ENLACES nicaragüenses.
ACCEDER
Ni una MENOS Costa Rica.
Akelarre Impro.
Colectiva Caminando.
Chancha Negra.
Volcánicas.
Ditsö Costa Rica.
VOCES FIERAS.
GuanaRED.

Proyectos de Acción Social de la UCR

TC-738 Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante en Costa Rica.
TC-723 Migra-acciones: Acompañando población migrante y refugiada más allá de las fronteras.
ED-3461 Migraciones y Derechos Humanos, construcciones conjuntas.
TC-652 Migrantes como sujetos políticos: Nuevas vías de expresión.
TC-480 Fortalecimiento de la protección de la población refugiada y migrante vulnerable.
EC-526-Desarrollo de capacidades comunicativas en las comunidades del Pacífico Central.
EC-527- Aportes comunitarios para la construcción de la democracia participativa.
1 CCSS, Oficio GG-0733-2020, 20 de marzo de 2020.
2 DECLARACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1/20 9 DE ABRIL DE 2020, disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-27-2020.htrn1
3 130. La Corte ha sostenido que «en el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación cie la situación y un plan de acción previo a su intervención» Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, para. 130.

 

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Serie de podcast: «Pelota al Piso»

  • Departamento Ecuménico de Investigaciones

Esta es una serie de podcast de producción chilena sobre masculinidades y sociedad. Hemos escuchado cada capítulo gracias al envío de Francisco Farías, tallerista del 2009 y de Klaudio Duarte, educador popular chileno y tallerista del DEI en los ochenta y docente en talleres de la institución en años recientes, ambos del Kolectivo «Pelota al Piso».

Dejamos para ustedes los cinco capítulos de la serie para que los disfruten y compartan.

Capítulo 1: ¿Cómo vivimos el encierro los varones?

Pelota al piso es un podcast de cuatro amigos en el que buscamos reflexionar sobre masculinidades y sociedad. En este capítulo nos interrogamos en torno a ¿Cómo vivimos el encierro los varones?

Capítulo 2: Fútbol, género y sociedad

En este capítulo conversamos sobre feminismos y masculinidades con Francia Jamett, historiadora, feminista y educadora popular, quien nos invita a reflexionar sobre los aportes de los movimientos de mujeres y feministas en nuestra sociedad. Además, nos preguntamos ¿pueden los varones sumarse a esta transformación?

Capítulo 3: ¿Mujeres en el fútbol?

En este capítulo entrevistamos a Vanessa Vargas (Feminista, futbolera y periodista) con quien conversamos sobre cómo el fútbol ha excluido a las mujeres y las estrategias que utilizan las compañeras para cuestionar y resistir a las lógicas patriarcales en este deporte.

Capítulo 4: Masculinidades y feminismos

En este capítulo conversamos sobre feminismos y masculinidades con Francia Jamett, historiadora, feminista y educadora popular, quien nos invita a reflexionar sobre los aportes de los movimientos de mujeres y feministas en nuestra sociedad. Además, nos preguntamos ¿pueden los varones sumarse a esta transformación?

Capítulo 5: Masculinidades y Territorio (Chiloé)

En el quinto capítulo conversamos sobre masculinidades y territorio con Claudio Vásquez, periodista residente en Castro, Chiloé. Nuestro amigo nos invita a reflexionar sobre cómo el desarrollo impuesto por el Estado de Chile, empobreció y modificó las lógicas de convivencia social del territorio, lo que ha tenido impactos y resistencias en la construcción de masculinidades.

 

Enviado por Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI.

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La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19

El grupo de trabajo de CLACSO Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano invita al foro virtual La geografía critica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid·19.

Es hoy miércoles 10 de junio a las 16 horas de Costa Rica.

Vía: Facebook Live
@pensamientogeocriticolalinoamericano

Puede ver el detalle de las personas participantes en el siguiente afiche:

Las universidades latinoamericanas y caribeñas tras la reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

Posicionamiento de las universidades latinoamericanas y caribeñas tras la reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Declaración.

En el marco de la reunión Retos del sector educativo post pandemia: Encuentro Universitario Ministerial, convocada por la CELAC, se planteó que la propagación del virus Sars CoV 2 ha provocado una crisis sanitaria, económica y sobre todo humanitaria de inmensas proporciones que abarca a todo el planeta. Las estimaciones estadística s mencionan, a finales de mayo de 2020, más de 6 millones de casos confirmados y una cifra superior a 370 mil muertes, en el mundo. Además, el desempleo afecta a muchos millones de personas, la pobreza aumenta considerablemente y todo ello ha producido miseria y hambre. En este escenario, se intensificarán las tensiones nacionales, regionales e internacionales.

La crisis sanitaria, económica y humanitaria no podrá ser resuelta por la vía de propuestas aisladas. En el seno de cada país, se requerirán esfuerzos colectivos e integrales, con participación de todos los sectores, tanto públicos como privados.

Nadie ninguna persona, institución o empresa deberá quedarse fuera, ni en dar ni en recibir, según sus posibilidades y necesidades, con justicia y equidad.

En la dimensión regional e internacional, una economía interconectada en múltiples aspectos no podrá salir adelante sin la cooperación entre los Estados. La crisis sanitaria demuestra, con absoluta claridad, que la interconexión, en todas las direccione s y latitudes, nos incorpora en una especie de burbuja planetaria, de la cual somos parte.

En la sociedad global, cada país constituye un eslabón de muchas cadenas de procesos esenciales para todas las naciones, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, el aseguramiento de la salud pública, y muchos otros aspectos que abundan en cantidad. Debido al intenso intercambio de personas, bienes y servicios, lo que sucede en un país afecta necesariamente a muchos otros países, y las decisiones que un gobierno adopte tiene repercusiones sobre la salud, la economía y la vida de las personas dentro y fuera de sus fronteras.

Esta compleja imbricación de países, economías y poblaciones obliga a pensar en que es la hora de combinar la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación entre los países de la región latinoamericana y caribeña; a decir verdad, se trata de un reto que involucra a la humanidad entera.

Es también la hora de la compasión: de identificarnos con el sufrimiento ajeno; y es la hora de la generosidad, y de superar “el laberinto de la soledad” que sume a nuestros pueblos en el aislamiento, y de promover soluciones conjuntas que permitan visualizar soluciones a la actual crisis y una mejor vida para todas nuestras naciones y sus habitantes.

Con el fin de hacerle frente a esta pandemia e interrumpir la cadena de contagios, muchos países del mundo con notorias excepciones han instado a sus poblaciones a quedarse en casa. Esta no es una decisión fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que la informalidad es una característica sobresaliente de nuestras economías y las personas deben salir a la calle a ganarse el sustento de cada día.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos, aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

Por otro lado, la propagación del virus ha significado ya un alto precio para la mayoría de los países del continente: el colapso de los sistemas de salud, los cuales deberían ser fortalecido s, no debilitados, para hacerle frente a las demandas actuales y futuras de la pandemia.

Al mismo tiempo, la medida de “quedarse en casa profundiza la crisis social, ejerce una enorme presión emocional sobre las personas y provoca una gran tensión sobre las actividades económicas. Estas circunstancias obligan a que las medidas sanitarias sean acompañadas de garantías básicas para la vida.

La ausencia de esas garantías conduce a la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento social y el hambre. Por esta razón, debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a toda la colectividad.

El mensaje debe entonces ser claro: nos quedamos en casa con el apoyo del Estado y toda la sociedad. Atendemos así las medidas de emergencia sanitaria, el cuidado de la vida de todas las personas, la necesidad de reactivar la economía y de preservar el orden social.

En virtud de lo expuesto, quienes suscribimos esta declaración, rectores y rectoras de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, reunidos con los representantes de los Estados que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (convocados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, presidente pro tempore de la CELAC, frente a la crisis sanitaria, económica y humanitaria provocada por la pandemia de COVID 19, manifestamos lo siguiente:

  • Es responsabilidad de los Estados enfrentar la crisis sanitaria, económica y humanitaria, con el apoyo solidario de todos los sectores sociales, acorde con el principio de progresividad, a la vez que es una tarea impostergable fortalecer los sistemas de salud, combatir el desempleo y aliviar el hambre.
  • La emergencia mundial nos alerta respecto de la dramática erosión de la manera en que habitamos la Casa Común. La crisis actual ha dejado al descubierto las enormes desigualdades entre poblaciones y países, el desmantelamiento que han sufrido, en las últimas décadas, los sistemas de salud, la educación y la seguridad social; y ha hecho evidente la precarización del empleo y la grave afectación de la sustentabilidad del orbe.
  • En estas circunstancias, es obligación de los Estados tomar las medidas que permitan avanzar en la superación de la desigualdad intervenir para que, en este momento crucial, la riqueza experimente una justa distribución y contribuir a superar la brecha digital que afecta a alumnos y alumnas de todos los niveles educativos, pero que también constituye un obstáculo para la inserción laboral en nuevas condiciones de trabajo y producción.
  • Debido a la naturaleza global de la emergencia sanitaria, es imprescindible la cooperación entre los Estados, pero también entre los sistemas universitarios. En este contexto, es vital literalmente el libre acceso al conocimiento, a las publicaciones científicas, a material genético, a los principios terapéuticos activos, y a los procedimientos tecnológicos, que representan.
  • La crisis actual desafía todas las áreas del quehacer humano: el modo de producir, distribuir y consumir; las formas diversas de gobierno, los mecanismos de participación social, las relaciones humanas propias de la especie y con los seres vivos del planeta, incluyendo todo el medio ambiente.
  • El ser y el quehacer de las universidades e instituciones de educación superior se encuentran profundamente afectados estamos frente a desafíos inéditos que demandan respuestas creativas, novedosas, solidarias y pertinentes, con alto rigor académico, científico y social.
  • No es posible pensar en regresar a contextos pasados y a prácticas de otros momentos. La anterior es la que nos ha traído a la situación en la que nos encontramos ahora.
  • Se hace más urgente que nunca repensar hoy la actividad universitaria en su conjunto y, de manera particular, la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento y la incidencia en nuestras sociedades. Es imperativo visualizar el futuro de nuestros países, sus gobiernos y nuestras universidades desde una perspectiva continental.

Por estas razones, luego del intercambio con los representantes de los Estados latinoamericanos y caribeños, hemos acordado los siguientes compromisos.

  • En la transición hacia modalidades híbridas de enseñanza y aprendizaje, asistidas por la tecnología, redoblaremos nuestros esfuerzos para no dejar fuera de la educación superior a la población vulnerable en razón de su situación económica, social, racial, étnica o de edad. Los Estados, en conjunto con las empresas de alta tecnología, deben contribuir a superar la brecha digital, en cooperación con las instituciones de educación superior. La inclusión, la pluralidad y la no discriminación adquieren mayor vigencia que nunca antes.
  • La sustentabilidad basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas será un eje transversal de todo nuestro trabajo docente, de investigación, innovación e incidencia social, y partimos de la convicción de que no puede haber personas ni sociedades sanas en una tierra enferma.
  • Estudiaremos los problemas complejos desde un enfoque complejo, distinto de la perspectiva determinista, lineal y fragmentaria de la Modernidad. Los abordaremos como complejidades del entorno y sus relaciones culturales especialmente aquellas derivadas del pensamiento científico y del conocimiento ancestral, sus aplicaciones tecnológicas y sus consecuencias socioeconómicas.

La finalidad será contribuir a alcanzar un manejo sustentable de los sistemas socioecológicos.

  • La pandemia ha revelado también como una necesidad acuciante el estudio de estos problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinaria o transdisciplinaria. Para hacer frente a la pandemia es preciso definir, desde este enfoque, junto con los gobiernos de la región, cuáles son los problemas fundamentales del subcontinente y cómo podemos abordarlos solidariamente y en el marco de una cooperación recíproca y respetuosa.
  • Fomentaremos el trabajo colaborativo y el diálogo de saberes plurales para la transformación social. Para ello, saldremos de nuestros recintos y de los marcos disciplinares. En el centro pondremos la necesidad de construir conocimientos y transferirlos mediante la amplia participación de una comunidad diversa (organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, iniciativa privada y actores de las comunidades campesinas e indígenas) Con esto formularemos las preguntas adecuadas, las abordaremos sistémicamente y auxiliaremos en el diseño de estrategias con mayor potencial para la transformación social desde el imperativo central de la justicia y la democracia.
  • Abordaremos de manera crítica los distintos modelos de desarrollo adoptados en la región, hacia la superación de la pobreza y las desigualdades. La crisis económica derivada de la pandemia afecta a todos, pero impacta con mayor profundidad a los más pobres agudizando su situación de vulnerabilidad. Queremos contribuir a generar conocimientos y alternativas de solución basadas en una perspectiva de justicia social, que sean realizables, resilientes, democráticas y sustentables.

Exhortamos a nuestros gobiernos y a todas las universidades de la región a apoyar decididamente la construcción de un espacio universitario común para trabajar conjuntamente en la solución de estas problemáticas fundamentales de América Latina y el Caribe, acentuadas por la pandemia.

De manera enfática y respetuosa, solicitamos a los gobiernos de América Latina y del Caribe a crear un fondo especial de investigación científica e innovación tecnológica, con el fin de fortalecer las capacidades de generación y transmisión de conocimiento relevante y pertinente sobre los problemas de nuestra región.

Convocamos a todas las comunidades científicas de nuestros países a dedicar un espacio específico para el análisis profundo de este momento histórico y vislumbrar derroteros novedosos que aporten mayor dignidad a la vida de todos y todas. Con ello, los invitamos a contribuir con libertad a la toma de decisiones acertadas en favor del bienestar social.

Llamamos a crear, activar y fortalecer grupos y redes de trabajo que capitalicen los talentos y fortalezas de nuestras instituciones académicas y científicas para generar soluciones a las diversas problemáticas que se han abierto y profundizado en esta coyuntura crítica.

Es fundamental hacer sinergias entre los sectores público, privado, gubernamental y social para enfrentar decididamente la pandemia y sus lamentables efectos económicos y sociales. Requerimos fomentar coordinadamente una sociedad del cuidado, desde la escala familiar, con economías bajo control social, así como desincentivar actividades ambientalmente peligrosas que agravan la bioinseguridad.

Solicitamos a los gobiernos que alienten el diálogo continental, incluyendo pueblos y comunidades en el nivel local, regional y global como una estrategia primordial de resistencia frente al desgaste social que ha implicado la pandemia y las medidas de mitigación que se han implementado. Requerimos de todo ello con urgencia, con el fin de adoptar estrategias regionales y enfrentar conjuntamente los desafíos comunes.

Nuestras universidades conocen, dialogan, inciden, para transformar la realidad y hacerla más humana, justa, incluyente y sustentable.

5 de junio de 2020

Dr. Enrique Graue W, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Dra. Dolly Montoya, Rectora de la Universidad Nacional de Colombia y Presidenta de la UDUAL.
Dr. Henning Jensen, Ex-Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y ex-Presidente de la UDUAL.
Mtro. David Fernández Dávalos, Rector de la Universidad Iberoamericana y Vicepresidente de la Región México de la UDUAL.
Dr. Hugo Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y Vicepresidente de la Región Cono Sur de la UDUAL.
Dr. Marcial Rubio, Ex-Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Mtra. Ramona Rodríguez, Rectora de la Universidad Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-Managua) y Vicepresidente de la Región Centroamérica de la UDUAL.
Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario Ejecutivo del Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA).
Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE).
Dra. Miriam Nicado, Rectora de la Universidad de La Habana (UH), Cuba.
Dr. Roberto Escalante, Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

Testigo de Honor

Mtro. Maximiliano Reyes Zuñiga, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (México).

Explotación laboral en plantaciones agroindustriales agrava impactos de COVID-19

Proponemos la instalación de espacio multisectorial para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad.

Martes 9 de junio del 2020.

La situación de la pandemia por el COVID 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte.

En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala, Los Chiles y Río Cuarto se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19. Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.

La agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.

Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (de piña, naranja y otros productos) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:

  1. Estas empresas han funcionado por muchos años a partir de la explotación de trabajadores(as) costarricenses y migrantes; estos últimos representan un alto porcentaje del personal contratado. En estas fincas el trabajo se desarrolla muchas veces en condiciones inhumanas, lo que les permite maximizar sus ganancias. Es conocido que a los(as) trabajadores(as) migrantes indocumentados se les contrata con salarios menores a lo establecido por ley y sin garantías laborales, lo cual implica su exclusión del sistema de salud. De igual manera, los(as) trabajadores(as) costarricenses sufren constantes atropellos a su dignidad y violaciones a sus derechos laborales.
  2. Muchos(as) trabajadores(as) migrantes se mueven a través de las fronteras gracias a redes de corrupción, donde se ven involucrados funcionarios públicos, empresas, transportistas, contratistas y otros, quienes aprovechan su condición de vulnerabilidad para lucrar.
  3. Las condiciones de trabajo en general no cumplen con la legislación establecida, lo cual en el marco de la pandemia se refleja en una falta de protocolos sanitarios: los(as) trabajadores no cuentan con lugares ni con materiales para el lavado de manos constante, no cuentan con vestimenta apropiada ni con la distancia social recomendada por el Ministerio de Salud y se ha registrado que se trasladan a los trabajadores aglomerados en camiones hacia los centros de trabajo, sin ningún tipo de protección.
  4. Esta situación no es nueva, sino el resultado de prácticas históricas de estas empresas, de los gobiernos de turno y las redes criminales y representan en este momento de la Pandemia un alto costo social para el país.

Por lo tanto, solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:

  • Intervenir de manera inmediata las fincas agroindustriales de los cantones que se encuentran en alerta naranja, para salvaguardar la salud y la vida de los y las trabajadoras.
  • Asegurar que a los(as) trabajadores(as) de las empresas intervenidas les sean respetados sus derechos laborales.
  • Que se investiguen a profundidad las redes criminales, que posibilitan la explotación de personas migrantes.
  • Que se aborde la situación con un enfoque de Derechos Humanos y se asegure la atención médica a las personas trabajadoras y sus familias, independientemente de su estatus migratorio.
  • Que se instale un espacio de discusión y de toma de decisiones con la participación de organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos y de personas migrantes, gobiernos locales, instituciones del estado y organismos internacionales para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

Compartido con SURCOS por Marcos Chinchilla Montes.

Foto: https://ojoalclima.com