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Etiqueta: crimen organizado

Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

  1. La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

  2. La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

  • El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

  • El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

  • El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

  • La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

  • La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

  • La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

  • El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.

Radiografía de la incertidumbre

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Una lectura rápida, pero no menos implicada, a algunas noticias aparecidas en medios nacionales los últimos días, permiten constatar el punto de no retorno en una sociedad como la costarricense.

Mientras la realidad campea en lo que podríamos denominar una radiografía de la incertidumbre, quedamos notificados de que la parálisis organizativa y la respuesta persisten sin evidencia de su recomposición.

La ofensiva sociocultural desplegada hace unos años desde sectores conservadores ha dado su resultado más rotundo: la atomización, el secuestro del concepto de pueblo por versiones populistas y perversas hábiles en la comunicación dirigida y sus variantes, así como la naturalización de dimensiones que hasta hace poco eran impensadas en este país, son solo algunos de esos efectos inmediatos y devastadores.

Empecemos por la peor debacle de todas, la pesadilla lapidaria: este país entró en un apagón educativo que está amenazando a amplios sectores de la población.

Si aquella, la de los ochenta, fue la década perdida, estos años sin lugar a dudas serán recordados como el cierre con candado a varias generaciones que fueron confinadas al peor de sus ostracismos.

El cuento se cuenta solo, porque no se parece siquiera a un chiste que es como se diría correctamente la frase: pésima comprensión de lectura en estudiantes de varios niveles y debilidades en la enseñanza de las matemáticas, por causa de malos manejos en las herramientas didácticas por parte de las personas docentes.

El último informe del Estado de la Educación fue todo un obituario. De eso estamos seguros.

En la misma semana que este informe se daba a conocer, los medios de comunicación nos hablaban de la transversalización del enfoque de la violencia en todos sus alcances: en la Costa Rica del chifrijo, cada diez horas ocurre un asesinato, cada nueve días un femicidio, que hasta la semana anterior contabilizaba 27 homicidios de mujeres a manos de sus parejas.

Para aquellos y aquellas acostumbrados a explayarse en ese tan cacareado excepcionalismo costarricense en la región centroamericana, les tengo una noticia: las extorsiones, el cobro de peajes y el desplazamiento violento de familias enteras de sus viviendas por parte del crimen organizado, está ocurriendo en esta tan linda su Costa Rica, la suiza centroamericana. Nada que no ocurra en un barrio empobrecido de San Salvador o Tegucigalpa.

Como si este punto de inflexión no fuera suficiente, las soluciones extremas y populistas parecieran ganar espacio en el inconsciente colectivo atolondrado y mareado por tanto discurso provocador: una mega cárcel resumiría la política social del estado costarricense para acabar con la delincuencia.

Hace muchos años facilitaba en El Salvador un evento de juventudes centroamericanas sobre participación política. El caso de la delegación tica era contundente: su desprecio por las demás delegaciones y su poca vinculación con el resto, les hizo granjearse rápidamente una percepción negativa de parte del resto.

Hoy esa actitud arrogante y proponente debe ser abandonada y transitar hacia una humilde escucha de quiénes han experimentado esos viajes de los cuales no han regresado.

Mirar por encima del hombro y con arrogancia al conjunto de la región, no es opción. Nos hemos estandarizado. Reconocerlo es el primer paso para la reparación de eso que alguna vez fuimos.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza texto sustitutivo de proyecto que propone minería metálica a cielo abierto en Crucitas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El Parlamento Cívico Ambiental anunció hoy su dictamen negativo al texto sustitutivo del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 24.717, titulado “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería”.

La decisión se fundamenta en criterios técnicos, científicos, jurídicos y socioeconómicos que concluyen que no existe minería metálica a cielo abierto que pueda considerarse sostenible. El Parlamento advierte que permitir esta actividad en Crucitas causaría daños ambientales irreversibles, afectando bosques, cerros, mantos acuíferos y biodiversidad, con un impacto negativo que superaría cualquier beneficio económico temporal.

“La minería a cielo abierto no es la solución para la pobreza ni la desigualdad; en América Latina este modelo ha dejado contaminación y mínimos beneficios para las comunidades”, afirmó Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Cívico Ambiental. “El proyecto llama sostenible un proyecto de minería a cielo abierto que solamente atiende los impactos del cianuro, pero no atiende la deforestación, los daños a los suelos, los impactos en relación con fijación de carbono, emisiones y otros que forman parte esencial de cualquier modelo de sustentabilidad.”

Entre las principales preocupaciones destacadas se encuentran:

  • Portillos legales peligrosos: La declaratoria de “interés público” y “conveniencia nacional” podría permitir la expansión de este tipo de proyectos a otras regiones.

  • Traslado de costos ambientales al Estado: La propuesta deja en manos del erario público la remediación y cierre técnico, sin responsabilidad real para las empresas concesionarias.

  • Debilitamiento de protecciones agrícolas y ambientales: Se eliminan requisitos clave para proteger suelos productivos y recursos naturales en una zona de alta productividad agrícola.

  • Riesgo para el patrimonio natural de todo el país: Los servicios ecosistémicos de Cutris benefician a toda Costa Rica y no deben verse como patrimonio exclusivo local.

El Parlamento también señaló que la iniciativa carece de medidas concretas para combatir la minería ilegal, problema que requiere un plan integral de contención y remediación ambiental ordenado por la Sala Constitucional, pero aún pendiente de cumplimiento.

Finalmente, la institución enfatizó que abrir la puerta a la minería a cielo abierto en un contexto de debilitamiento institucional y creciente presencia del crimen organizado solo aumentaría la corrupción, el lavado de dinero y las desigualdades, en lugar de generar bienestar duradero.

El Parlamento Cívico Ambiental insta a la Asamblea Legislativa a archivar el proyecto y a priorizar alternativas económicas no extractivas, como el turismo sostenible, la bioeconomía y otras actividades compatibles con la protección de los recursos naturales.

Narcotráfico y política: una alianza que erosiona la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gerardo Castillo Hernández

El narcotráfico dejó de ser solo un negocio criminal para convertirse en un actor que penetra las estructuras políticas, económicas y sociales de América. Su poder financiero, sustentado en miles de millones de dólares en circulación, se ha transformado en un factor necesario para economías debilitadas y en un combustible oscuro de campañas políticas.

En Argentina, los informes judiciales y periodísticos han señalado cómo las bandas del narco se infiltran en los barrios populares, no solo controlando territorios sino tejiendo complicidades con autoridades locales y fuerzas policiales. El financiamiento ilícito encuentra rendijas en campañas políticas, lo que convierte al voto en un botín disputado por intereses ilegales.

En Estados Unidos, país que concentra el mayor consumo mundial de drogas, el narcotráfico ha generado una doble paradoja: mientras se promueve la “guerra contra las drogas”, al mismo tiempo la economía bancaria y financiera se ha beneficiado del lavado de capitales. La propia DEA y congresistas han advertido sobre la infiltración del narco en niveles estatales y municipales, especialmente en la frontera con México.

En Ecuador, la situación se volvió explosiva. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio en 2023 evidenció que el narcotráfico dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en una amenaza directa contra la democracia. El país se ha convertido en un enclave estratégico del crimen organizado, con cárteles que imponen su ley en puertos, cárceles y hasta en las calles de las principales ciudades.

Más allá de fronteras, lo común es el poder económico del narcotráfico: flujos de dinero que se insertan en sistemas financieros, campañas electorales y proyectos de infraestructura, debilitando las bases de los Estados. El narco no solo compra armas o voluntades: compra legitimidad y espacio político.

En Costa Rica, a las puertas de nuevas elecciones, la advertencia se repite en la prensa y en los informes policiales: el narcotráfico no es un fantasma lejano, sino un peligro inminente. Los asesinatos ligados a ajustes de cuentas, el aumento del lavado de dinero y la corrupción en instituciones locales son síntomas de un mal que puede capturar la democracia desde dentro.

El desafío es claro: o se frena esta simbiosis entre política y crimen organizado, o el narcotráfico terminará escribiendo las reglas del juego democrático en la región.

¿Somos ya un Narco Estado? La administración Chaves-Robles en la mira

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo
José Solano-Saborío
Analista Político

Por décadas hemos sido testigos de casos de personajes políticos, judiciales y empresariales ligados al narcotráfico internacional y local. Pero nunca habíamos llegado a la dimensión de la actual crisis, pues durante los últimos tres años, en la administración Chaves Robles, se ha asistido a un curioso desmantelamiento de las capacidades de control marítimo y fronterizo en Costa Rica que ha dejado en evidencia una peligrosa desconexión entre las promesas de protección y la realidad de los hechos. A mediados de 2023, el viceministro Manuel Jiménez Steller, quien se especula tiene relación cercana con el extraditable Celso Gamboa, ordenó cerrar de manera verbal las estaciones de Guardacostas en Sixaola y Bahía Drake, contra el criterio de sus propios mandos y sin respaldo escrito, despojando a esas puertas de ingreso de la droga de la presencia de la policía marítima más especializada del país.

Simultáneamente, se emprendió el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de su sede histórica junto al mar en Quepos a las instalaciones de Pococí, a casi 300 kilómetros de la costa, obligando a instructores y cadetes a recorrer más de cinco horas de carretera para capacitarse en ejercicios básicos de navegación y rescate acuático que deberían impartirse al nivel de la brisa marina, no en piscinas lejanas del agua salada.

En paralelo a estas decisiones, durante 2023 y 2024 se instalaron escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín como parte de la llamada Operación Soberanía, sin embargo, los decomisos de cocaína siguen en caída libre: en sólo tres años las incautaciones pasaron de 47 a 21 toneladas, una disminución del 55 % que demuestra que la tecnología por sí sola no basta cuando las estructuras policiales se debilitan o se desplazan de los puntos críticos de fiscalización. Quizá por eso, mientras las autoridades locales confirman esa severa contracción, las agencias europeas reportan cifras récord de cocaína originaria de Costa Rica. Sólo en los últimos ocho años, contenedores de fruta llegaron al Viejo Continente con casi 15 toneladas de droga oculta, una señal inequívoca de que las rutas de narcotráfico no han hecho más que multiplicarse y diversificarse pese a las promesas de mayor vigilancia portuaria.

Estos recortes operativos no nacen en el vacío presupuestario. Varios diputados han advertido de una rebaja en el financiamiento de la policía y del Organismo de Investigación Judicial y proponen fórmulas de financiamiento sostenible, como el proyecto de ley que crearía un fideicomiso alimentado con el 2 % de las primas de seguros, para dotar de recursos estables al OIJ y al Ministerio Público ante la evidente insuficiencia de partidas en rubros esenciales para la lucha contra la criminalidad organizada.

En la misma línea de desarme estratégico, la Policía de Control de Drogas —la unidad especializada en la investigación de red de narcotráfico—fue retirada de aeropuertos y fronteras internacionales, cediendo esas misiones a otros cuerpos sin la misma experiencia ni adiestramiento, lo que ha motivado un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, por entenderse que se compromete la seguridad ciudadana en zonas críticas de tránsito de estupefacientes.

Mientras tanto, en el remoto Refugio Gandoca-Manzanillo —punto de encuentro entre la selva y el mar Caribe— la Fiscalía Ambiental investiga la aparición de una presunta pista clandestina de aterrizaje que habría sido construida en los últimos dos años para facilitar el envío de cargamentos de droga, un esquema que, de confirmarse, demostraría cuán lejos llegan los tentáculos del narcotráfico frente a una desprotección efectiva de los ecosistemas y la soberanía nacional.

Frente a todo ello, ni la instalación de “gadgets” de alta tecnología ni algunos incrementos puntuales en plazas policiales parecen haber servido para contener el récord de asesinatos por sicariato que ya supera los 2 600 en tres años y sigue creciendo: Costa Rica cerró 2023 con 907 homicidios y 2024 con 880, y lleva más de 260 asesinatos por encargo en lo que va de 2025, un volumen de violencia sin precedentes en nuestra historia moderna que amenaza la paz que tanto hemos valorado como nación.

Todo indica que los vacíos de poder y de presencia estatal en los puertos, aeropuertos y costas no han hecho más que alentar al crimen organizado. La falta de un mando coherente, el debilitamiento de las unidades especializadas y la aparente desconexión entre presupuesto y necesidades operativas han creado la tormenta perfecta para que el narcotráfico encuentre un patio de recreo en territorios que deberían ser custodios de nuestro bienestar.

Camina como Pato, tiene alas de pato, hace cuack…… ¿Será un pato?

Narcotráfico, sedición a la Patria y discurso de odio y violencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

A la opinión nacional e internacional

Partido Vanguardia Popular – Costa Rica
Fundado – 16 de junio de 1931

Las declaraciones recientes de Rodrigo Chaves Robles, de José Fabio Pizarro y Minor Vargas, son temerarias, irresponsables y forman parte de la narrativa del odio y violencia a que nos tiene acostumbrado el inquilino transitorio de la casa de Zapote.

El llamado a la “guerra civil” por parte del actual mandatario, rebasó todos los límites de la naturaleza del ser costarricense.

Por su parte, las declaraciones del exjefe de policía José Fabio Pizarro, acusado y condenado por narcotráfico y el apoyo, explícito, del excomandante Minor Vargas, se ajustan a tres aspectos que nos debe llamar la atención:

  • Son caja de resonancia del discurso de odio y violencia de la magistratura actual.

  • Servir al crimen organizado, le da un plus a Pizarro, para reclutar “policías especializados” y “reservistas”. Ambos van a requerir pagos costosos. ¿quién los va a financiar?

  • Irrespetan una vez más la institucionalidad, al declarar públicamente que “es necesario apoyar a Chaves después de los operativos judiciales”. Una clara intromisión en el ejercicio de la justicia.

Si se hace un llamado a la vía armada, se da por sentado que se están violentando una serie de principios legales y constitucionales. Se viola la Ley de Armas y Explosivos n.7530, el artículo 88 del Código Penal, el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 301 del Código Penal que establece penas de prisión para aquellas personas que llamen a alzarse en armas. Suficiente material legal para que, desde ya, el OIJ proceda a investigar a Pizarro y Vargas.

Solo dos párrafos o frases para tomar en consideración:

1.- “Podemos hacer una buena presentación ante este señor, uniformados, fatigona, bien bonitos”.

2.- “No somos un grupo militar o paramilitar, ni incitadores ni alborotadores”.

Hoy estamos de cara a una acentuación del discurso del odio, frente a un llamado a la sedición a la Patria, al irrespeto de la institucionalidad, a romper con la tradición democrática de nuestro pueblo y a quebrantar la paz social.

La convocatoria, obviamente, es explícita, va dirigida a exoficiales y reservistas, no a la ciudadanía, no al pueblo. No, es a un amplio sector con formación militar; lo que da por sentado –como diría la señora de PURRAL– que ambos militares (policías especializados) no parten de cero. En algún lado están las armas y los mercenarios. Y detrás de la propuesta, el fantasma del narcotráfico, capaz de apoyar cualquier aventura antidemocrática.

Recordemos, tal y como lo señala la DIS, al indicar que José F. Pizarro es un “hombre que tiene amplia preparación policial operativa” y que, además, para Vargas, el grado de excomandante no se da virtualmente.

Respecto al presidente, su desconocimiento histórico de los hechos políticos sobre la Guerra Civil de 1948, son el fiel reflejo de 35 años de estar desvinculado y ausente del sabor de la idiosincrasia de los ticos y las ticas.

Cuando el pueblo, en su conjunto, ha hecho el esfuerzo de restañar las heridas del Guerra Civil, la lengua suelta de la realidad concreta y su discurso precipitado al odio, incitan desde la primera magistratura a la Guerra fratricida, a la confrontación entre hermanas y hermanos. Que duro enseñar a nuestras generaciones venideras, esta amarga lección de “educación ciudadana”.

Usted, señora, señor, profesores, campesinos, obreros, intelectuales, en fin usted costarricense como yo, tenemos un serio compromiso histórico, defender el estado social y el estado social de derecho. Pero de la misma forma, por nuestro ideario democrático, debemos de luchar contra cualquier engendro de grupos paramilitares, al estilo de la mano blanca, el Movimiento Costa Rica Libre o de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o de estos nuevos uniformados de fatigona.

La paz, la autodeterminación, la soberanía y la democracia forman parte del legado histórico nacional y de nuestra memoria de clase.

¡Sí a Costa Rica, no al paramilitarismo y el narcotráfico!

Los acontecimientos y cambios en el primer cuarto del siglo XXI

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Había pensado escribir, como un cronista más de la historia, sobre los acontecimientos más importantes del primer cuarto del siglo XXI, entre los que estaban los avances tecnológicos, los cambios políticos, las modificaciones en la hegemonía económica mundial y las pandemias, tratando de establecer cuáles han sido los acontecimientos más determinantes y relevantes en las sociedades actuales y en la vida de las personas.

Comencé identificando los avances tecnológicos en el mundo, como el acceso extendido de internet a casi todo el mundo, la generalización del uso de los teléfonos móviles, el desarrollo de equipos como los smartphones, el surgimiento de las redes sociales y de la inteligencia artificial y haber descifrado el genoma humano.

Luego pasé a valorar los cambios políticos de mayor repercusión como las primaveras árabes y la caída de algunos gobernantes en los países del norte de África, el brexit en Inglaterra que rompió la Unión Europea, la elección de Putin como presidente de Rusia, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, la elección del primer Presidente negro en Estados Unidos, el surgimiento de gobiernos progresistas en los países de América del Sur y la creación de UNASUR, la difusión de atentados terroristas en varios países occidentales, que incluye los atentados a las torres gemelas en Nueva York, el ascenso de Trump en Estados Unidos y la invasión de Ucrania por Rusia.

También puse atención a algunos acontecimientos, como la disolución de la ETA, las guerras de Irak y Afganistán, a los atentados terroristas en varios países europeos, que incluye los atentados en las torres gemelas en Nueva York, en Inglaterra, en Francia y en España y la preocupación mundial por el terrorismo y la violencia, la invasión de Ucrania por Rusia y la de Israel a los territorios palestinos.

A nivel económico, acontecimientos destacados como el auge de la economía global, la consolidación de China como segunda potencia económica global y su expansión a otros continentes, el surgimiento de la Economía del conocimiento y el predominio de las empresas tecnológicas, la relocalización del capital y su incursión plena en países asiáticos y latinoamericanos y el auge de las grandes corporaciones comerciales y del consumismo, el surgimiento y consolidación del bloque económico de los BRICS, la crisis financiera e inmobiliaria del 2007 y el boom de los tratados de libre comercio impulsado por Estados Unidos.

En el campo ambiental, hechos como el tsunami del Océano Indico, el huracán Katrina y otros huracanes de gran impacto, el impulso de las energías alternativas, la afirmación del calentamiento global y del cambio climático como fenómeno global y en el ámbito de la salud, la pandemia de gripe A1N1 en el 2009 y la del covid-19, la más letal en 100 años.

Por su parte en los deportes, los mundiales de futbol en los continentes africano y asiáticos, de Sudáfrica del 2010 y el de Qatar 2022, abrieron esta competencia a otros continentes, mientras los juegos Olímpicos de Sídney del 2000 y de Río de Janeiro en 2016, llegaron a Australia y Sudamérica, después de muchos intentos.

Quizá ya hemos olvidado los acontecimientos de este cuarto de siglo, pero lo que no podríamos olvidar son las consecuencias de algunos de ellos y el impacto que tuvieron en la vida del país y en nuestras propias vidas.

Probablemente siempre recordaremos la llegada de los teléfonos móviles, de internet y de las redes sociales, el ascenso al poder de Barak Obama y de Lula Da Silva, pero aún más impactante la caída de las torres gemelas en el 2001.

También impactante la crisis económica internacional del 2007 y el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, los países de Centro América y República Dominicana, que conmocionó y dividió al país en el Referéndum.

El cambio climático ha sido una realidad con sus efectos y desastres por huracanes y los cambios en la temperatura y el clima y en salud, sin duda la pandemia del Covid-19, que puso en emergencia al sistema de salud y restricciones a la población por casi 2 años.

En tanto el mundial de futbol del 2014, marcó una verdadera hazaña para la selección nacional con sus triunfos épicos contra Italia y Uruguay, quedando en el primer lugar del grupo y luego en la siguiente ronda contra Grecia.

Sin embargo, lo realmente importante es establecer cuáles acontecimientos han generado transformaciones que han trascendido y que han cambiado el rumbo del mundo y que son las que explican la realidad actual de los países.

En ese sentido, las tecnologías de la información y de la comunicación, no solo han cambiado las formas de informarse y comunicarse, sino también las relaciones sociales y la veracidad de la información y han generado una brecha tecnológica que no ha sido superada.

Los cambios políticos en el mundo no siempre han sido para el bienestar de la población, si no para llevar al poder a líderes populistas y autoritarios con el apoyo del voto de un segmento pequeño de la población, decepcionado de los partidos y la política tradicional, que apuesta a un cambio que resulta riesgoso e incierto.

Mientras las guerras de este siglo, como las de Irak y Afganistán, Yemen, Sudán, Etiopía, El Congo, Siria, Israel con Irán, Líbano y Palestina y la de Rusia con Ucrania, nos han recordado que éste ha sido el período de mayor cantidad de guerras desde la II guerra mundial y que la paz no ha tenido espacio en este siglo, más allá del terrorismo que ha sido una expresión más de ese estado de guerra permanente en el mundo.

A nivel económico, el predominio de la economía de mercado, de la empresa corporativa multinacional y de la inversión extranjera en un mundo de negocios y finanzas globalizadas, se debate en la actualidad frente al cuestionamiento del libre comercio y la imposición de barreras arancelarias al comercio por parte del otrora promotor de estas estrategias económicas: Estados Unidos; es la globalización y la desglobalización en apenas un cuarto de siglo.

Los acontecimientos y cambios del siglo XXI nos han dejado inmersos en un mundo capitalista más desigual, dominado por el 1% de la población, los ricos y superricos, frente al 99% que se debate en la pobreza y la exclusión. Así mismo, nos han dejado democracias representativas, cada vez más débiles, en ciudades polarizadas, acechadas por el narcotráfico y el crimen organizado y el deterioro de los derechos humanos, dentro de una sociedad líquida, caracterizada por “su estado fluido y volátil, en la que predomina la incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios que ha debilitado los vínculos humanos”, según la concepción del maestro Zygmunt Bauman. (2003).

ISFODE destaca aumento en apoyo ciudadano a la democracia en América Latina

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE) presentó un informe sobre la «Resistencia sindical por la democracia», donde destaca una reciente recuperación en el apoyo ciudadano hacia los sistemas democráticos en América Latina, tras años de deterioro en la confianza institucional.

Según el documento, el apoyo a la democracia en la región experimentó fluctuaciones significativas, alcanzando un punto bajo del 48% en 2018, nivel que se mantuvo hasta 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una tendencia positiva que indica una recuperación en la confianza hacia el sistema democrático como alternativa de gobierno.

A pesar de esta tendencia favorable, el ISFODE señala que la región continúa enfrentando problemas estructurales y políticos que afectan la calidad de sus democracias. Entre estos desafíos se encuentran el manejo político de la mentira como estrategia, la corrupción, el narcotráfico, el personalismo y la permanencia en el poder más allá de las reglas establecidas.

En el caso específico de Costa Rica, el informe identifica problemáticas que debilitan la legitimidad del sistema democrático: el crecimiento de la polarización política, la desconfianza hacia los partidos políticos, la desinformación en redes sociales, el aumento del crimen organizado, la violencia y la desigualdad social.

El ISFODE advierte que la próxima campaña electoral costarricense podría poner de manifiesto la manipulación de las clases trabajadoras, «que ya no saben qué es verdad y qué es mentira pero que siguen ciegamente el discurso de odio y polarización».

Como respuesta a este contexto, el instituto propone diversas estrategias para fortalecer la democracia desde el movimiento sindical:

  1. Promover el reagrupamiento de organizaciones sindicales y populares.

  2. Fomentar instancias de coordinación abiertas, menos personalistas y burocráticas, y más flexibles.

  3. Establecer coordinadores regionales bajo criterios geo-económicos y culturales (América del Norte, Centroamérica, Andina y Cono Sur).

  4. Operar bajo criterios de composición plurales, proponiendo alianzas estratégicas.

  5. Incluir en estas alianzas a fuerzas de estudiantes, universidades, pueblos indígenas, grupos femeninos, personas con discapacidad, personas jubiladas y migrantes.

  6. Fomentar la comunicación moderna mediante internet, redes sociales de apoyo y trabajo virtual.

El documento concluye que la resistencia sindical y la resistencia democrática están interrelacionadas y son fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de la región. Además, subraya que, en el caso costarricense, si bien la tradición democrática y la estabilidad de sus procesos electorales constituyen fortalezas, es necesario gestionar las tensiones derivadas de la polarización política y otros problemas estructurales.

El ISFODE enfatiza que resulta esencial que los actores sociales y políticos trabajen conjuntamente para enfrentar los desafíos y fortalecer tanto las instituciones democráticas como las sindicales.

Imagen con fines ilustrativos.

Desde la Otra Acera – Costa Rica, ¿NarcoEstado? 

Escrito en . Publicado en Derechos.

En una reciente edición del programa «Desde la Otra Acera» del APSE, se abordó la compleja realidad del narcotráfico en Costa Rica y la posibilidad de que el país esté evolucionando hacia un «NarcoEstado». El panel, compuesto por el historiador y analista Vladimir de la Cruz, la diputada Sofía Guillén Pérez y el profesor Hugo Vargas González, ofreció un análisis profundo sobre el narcotráfico y sus efectos en la juventud, la educación y la estructura del Estado costarricense. 

Uno de los temas centrales fue el impacto que los recortes en la educación pública han tenido en los y las estudiantes. La falta de oportunidades ha llevado a que jóvenes, e incluso niños de apenas 10 años, se vean seducidos por las promesas del narcotráfico.

Según el Semanario Universidad, en los últimos seis años, la reducción del presupuesto para becas ha sido paralela a una drástica caída en la matrícula escolar. En 2023, más de 23,000 estudiantes fueron expulsados del sistema educativo, dejando a muchos de ellos expuestos a actividades delictivas. 

Vladimir de la Cruz explicó que la historia del narcotráfico en Costa Rica se remonta a los años 80, cuando el fenómeno de los Irán-Contras trajo narcóticos al país como parte de un esquema de financiamiento para los rebeldes nicaragüenses. Desde entonces, el narcotráfico no solo ha afectado a sectores marginales de la sociedad, sino que ha penetrado profundamente en la política y economía del país. De la Cruz también señaló cómo las estructuras de poder han sido vulnerables a la influencia del narcotráfico, permitiendo que sus tentáculos lleguen a esferas empresariales y gubernamentales.

La diputada Sofía Guillén, por su parte, destacó el desmantelamiento de instituciones clave, como la Guardia Costera, y la drástica caída en los decomisos de drogas como señales alarmantes de la complicidad estatal. Guillén subrayó que este debilitamiento institucional ha permitido que las organizaciones narcotraficantes operen con mayor libertad, poniendo en riesgo la seguridad nacional y el bienestar de la población. 

Otro punto clave abordado en el programa fue la creciente politización del narcotráfico. Se discutió la posibilidad de que figuras políticas importantes estén vinculadas con el crimen organizado, ya sea mediante conexiones directas o por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Hugo Vargas González añadió que la falta de voluntad política para enfrentar el narcotráfico está erosionando la confianza pública en las instituciones, alimentando la percepción de que el país podría estar transformándose en un NarcoEstado. 

El programa cerró con un llamado a la acción urgente: la necesidad de reforzar las políticas educativas y el combate efectivo al narcotráfico para evitar que más jóvenes caigan en las garras del crimen organizado. El futuro de Costa Rica, concluyeron los panelistas, depende de la capacidad del Estado para resistir la presión del narcotráfico y proteger a las nuevas generaciones.

Le invitamos a seguir este enlace para ver el programa.

Entrevista con ex director del Servicio Nacional de Guardacostas en el marco de retos en seguridad

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El pasado lunes 14 de octubre del 2024, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados le hizo una entrevista a Martin Arias Araya, el ex director del Servicio Nacional de Guardacostas, al igual que ex viceministro de seguridad, alrededor del tema de la seguridad, especialmente en las áreas periféricas, y los retos que se presentan en torno a la administración actual.

El ex funcionario expresó preocupación sobre las decisiones de cerrar varios departamentos especiales de Guardacostas y dejar la labor de seguridad solamente a la Fuerza Pública, lo cual pone la seguridad en desventaja contra el narcotráfico.

También, comentó sobre la lamentable situación del gobierno actual en términos de seguridad, con cada vez más violencia en las calles, resaltando la labor en decadencia que ha estado llevando a cabo en esta área la administración actual, al contrario de las anteriores, citando el ejemplo 2011-2014 .

Durante la administración de Arias Araya, él habla sobre cómo los planes estratégicos, y estudios que se proponen daban resultados, no obstante en esta administración, no se sabe si estos están presentes, o si es una “improvisación, para salir del paso”.

Finalmente, resalta la importancia de la credibilidad de la institución de la policía, y cómo esta podría ser socavada por juegos políticos que manchen la integridad de estas instituciones que, bajo derecho constitucional, no pueden participar o tener tendencias políticas a un partido, o a cualquier influencia que no sea la defensa de seguridad.

Le invitamos a ver la entrevista completa, la cual aporta información relevante acerca de la situación tan delicada en torno a la seguridad en nuestro país.