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Etiqueta: crímenes de lesa Humanidad

Concejo Municipal de Montes de Oca exhorta al Gobierno a no suscribir acuerdos comerciales con Israel

El Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó recientemente una moción para exhortar al Gobierno de la República a no avanzar en la negociación o firma de acuerdos comerciales con el Estado de Israel, mientras persistan las graves violaciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos en Palestina.

La iniciativa fue respaldada por seis votos a favor provenientes de las fracciones del PUSC, En Común, Frente Amplio, GENTE y PAC; y únicamente recibió un voto en contra, correspondiente al Partido Liberación Nacional (PLN).

El documento fue enviado a SURCOS por Jorge Mora Portuguez, regidor de la Municipalidad de Montes de Oca, quien también compartió el texto en su cuenta de Facebook. A continuación, se reproduce el texto íntegro de la moción aprobada:

El Concejo Municipal de Montes de Oca, en uso de las facultades que le confiere el ordenamiento jurídico costarricense y en ejercicio de su competencia de promover y defender los valores democráticos, la paz, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional:

CONSIDERANDO:

Primero. Que Costa Rica históricamente ha sostenido una política exterior basada en la defensa de la paz, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario, principios que se han reflejado en diversos foros internacionales y que deben regir también las relaciones comerciales del país.

Segundo. Que numerosas instancias internacionales, incluyendo organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, han documentado graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por parte del Estado de Israel contra la población civil palestina, incluyendo crímenes que podrían tipificarse como apartheid y genocidio.

Tercero. Que, en el actual contexto de agresión militar indiscriminada contra la población palestina en la Franja de Gaza, los territorios ocupados y otras zonas, avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Estado de Israel enviaría una señal política que contradice el compromiso ético y jurídico de Costa Rica con la justicia, la autodeterminación de los pueblos y la protección de los derechos humanos.

Cuarto. Que establecer un tratado comercial con un Estado señalado por cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad comprometería gravemente la imagen y la coherencia ética de la política exterior costarricense.

Quinto. Que el pasado 21 de julio de 2025 28 países, de los cuales 26 forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la que Costa Rica también es parte; emitieron junto a la Comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis de la Unión Europea un comunicado conjunto en el que le exigen a Israel un alto al fuego inmediato en Gaza y le piden a este país ajustarse al derecho internacional.

Sexto. Que el pasado 3 de julio, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles se mofó sobre el asesinato de niñas y niños en Gaza y afirmó que firmaría eventualmente un TLC con Israel a pesar de las más de 75 mil personas fallecidas directamente, de las cuales más del 30% corresponde a personas menores de 18 años.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

Primero. Exhortar respetuosamente al Presidente de la República, al Ministro de Comercio Exterior y al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a abstenerse de iniciar o continuar cualquier proceso de negociación, suscripción o ratificación de tratados comerciales con el Estado de Israel, mientras persistan las graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

Segundo. Hacer un llamado a las demás municipalidades del país para que se pronuncien en defensa de los principios éticos, humanitarios y de derechos humanos que deben orientar la política exterior costarricense.

Tercero. Remitir copia del presente acuerdo a la Presidencia de la República, al Ministerio de Comercio Exterior, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la Asamblea Legislativa, al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, así como a las Embajadas de Israel y de Palestina en Costa Rica.

A 80 años del lanzamiento de la bomba atómica: Hiroshima y Nagasaki ¡Nunca Más!

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Para este 6 de agosto se organizó en Chile un homenaje a las víctimas de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki en el museo de la Memoria y los Derechos Humanos, actividad organizada por los dueños de casa y la embajada de Japón, llamado muy significativamente “Acto de Memoria y Paz”, la que se suma a una serie de actividades organizadas en todo el mundo en conmemoración de la despiadada y cobarde masacre contra la población civil en 1945.

Este 2025 también se cumplieron los 80 años de la “Gran Guerra Patria”, que liberó a Europa y el mundo del Nazismo, abrió las puertas de los campos de concentración en Polonia, rescatando a más de 6.000 prisioneros de Auschwitz, Birkenau y Monowitz, en su mayoría enfermos y moribundos, pero volviendo al tema, no debemos y no podemos olvidar nunca estas fechas – sin importar cuantos años hayan pasado – el 6 y el 9 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos – sin necesidad ni remordimiento – lanzó toda su fuerza nuclear contra un debilitado Japón, causando una masacre de proporciones entre la población civil. Se calcula que, entre 150.000 y 250.000 personas, en su mayoría civiles, murieron a causa de las bombas, número que se elevó a lo largo del tiempo debido a la radiación. Sin lugar a dudas 1945 fue uno de los años más desastrosos para la humanidad.

La actitud “negacionista” y “maquiavélica” del imperio del norte es abierta, clara y desvergonzada, protegidos por una histórica impunidad que les ha permitido actuar sin mayores consecuencias a lo largo del planeta. Esa ha sido su historia pasada y quién nos podría asegurar que no será así en el futuro; hoy presionan a países a alinearse con sus políticas – internas y externas – amenazados por el alza de aranceles comerciales. Ejemplos de su actitud prepotente sobran, la bomba atómica que lanzaron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945, las devastadoras acciones contra el pueblo de Vietnam, los años 60 y 70 en América Latina, instalando dictaduras militares que dejaron una huella de horror que jamás se olvidará, y sus incursiones en Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Libia – entre muchas otras – en nombre de una “libertad y democracia” de la que se han declarado unilateralmente los defensores universales.

Fue y será un genocidio

El genocidio tiene dos elementos principales: son actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; han de cometerse al menos uno de los cinco actos específicos para que tenga lugar la destrucción del grupo: la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a su integridad física o mental, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física, total o parcial, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, o el traslado por la fuerza de niños y niñas de un grupo a otro grupo (Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de Naciones Unidas).

Aún hoy hay algunos que intentan imponer posiciones que buscan relativizar el horror, utilizando variados argumentos para negar que fue un genocidio, una de las principales defensas del lanzamiento de la bomba nuclear, es que fue una medida necesaria para poner fin a la guerra y evitar una invasión masiva que le habría costado la vida a miles de soldados norteamericanos.

Para nosotros sí fue un genocidio, sí hubo una clara intención de causar el mayor daño posible a la población japonesa, causando la muerte de cientos de miles de civiles, muchos de ellos mujeres y niños, ocasionando sufrimientos innecesarios que se prolongaron por décadas.

Estados Unidos ha desafiado abiertamente al mundo con el uso de armas nucleares. No podemos olvidar que en Hiroshima vivían cerca de 350 mil personas ese fatídico 6 de agosto. Los registros de ese año estiman que la bomba mató unas 140 mil personas. Tres días después, lanzó otra bomba atómica sobre Nagasaki, el 9 de agosto de 1945, matando instantáneamente a más de 75.000 personas. Japón se rindió seis días después, el 15 de agosto. Militarmente el ataque fue innecesario, Japón ya estaba vencido, acorralado y sin recursos, y era sólo cuestión de tiempo para que se rindiera. Si así lo hubiesen querido los norteamericanos, se habría podido evitar la muerte de miles de inocentes.

El negacionismo de Estados Unidos es un fenómeno que golpea la memoria de las víctimas. Nunca han pedido perdón, nunca se han hecho responsables por la destrucción de ciudades completas, por las consecuencias económicas de esa destrucción, por los miles de muertos, huérfanos y desplazados. Por los países que de rodillas y sin recursos deben buscar la forma de ponerse de pie. Recordemos la carta del expresidente Harry Truman, 11 de agosto de 1945. Después del primer bombardeo lo defiende como «el único idioma» que una «bestia» puede entender. Sin duda un cobarde, así pasó a la historia, como los creadores de la bomba, escondidos tras el proyecto Manhattan.

¿Y entonces qué podemos esperar?, ¿seguiremos viviendo a merced de sus estrategias y decisiones?, ¿seguiremos viviendo con miedo a volvernos uno de sus objetivos? Para aquellos que les gusta ver el vaso medio lleno, podrán esperar que la diplomacia y las organizaciones internacionales, finalmente se pongan los pantalones largos y tomen acciones que detengan la prepotencia e impunidad con la que actúa el imperialismo; para quienes vemos el vaso medio vacío, sólo podemos esperar que surja y se fortalezca – desde abajo – la organización de los pueblos, se generen instancias autónomas de justicia capaces de perseguir los crímenes de lesa humanidad. Estamos lejos de ese objetivo, pero no vencidos. Hiroshima y Nagasaki ¡Nunca Más!

Fuentes:

https://www.youtube.com/watch?v=GRlUoYuev_0

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide

https://www.shapell.org/manuscript/truman-defends-use-of-atomic-bomb-against-japan/

https://www.britannica.com/event/Manhattan-Project

Concejo Municipal de Barva aprueba moción que condena crímenes contra el pueblo palestino

En sesión oficial celebrada el lunes 28 de julio, el Concejo Municipal de Barva aprobó una moción que condena los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. La iniciativa fue presentada por el regidor Eduardo Zamora Montero, quien forma parte del Movimiento pro-Palestina en Barva y ha manifestado su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

La moción posiciona al cantón de Barva como un actor local comprometido con la denuncia del genocidio, el apartheid y la violencia sistemática en los territorios palestinos ocupados. También señala que Costa Rica, a través de sus gobiernos locales, tiene la obligación legal y moral de no colaborar con Estados que violen el derecho internacional humanitario.

Durante la sesión también se discutió una segunda moción relacionada con el rechazo al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada por el Concejo Municipal.

Desde el movimiento pro-Palestina de Barva se celebró la aprobación de la primera moción como un acto ético y valiente. Además, se hizo un llamado a otros concejos municipales del país a seguir el ejemplo de Barva y alzar la voz en solidaridad con el pueblo palestino.

Uribe, la extrema derecha latinoamericana y la justicia

Jiddu Rojas Jiménez

Después de estudiar la historia reciente de ese sufrido y hermoso país latinoamericano, Colombia, debo expresar a manera de opinión (aunque en principio, bien fundamentada), que sobre el caso del señor expresidente Uribe Vélez, de Colombia, francamente, sólo me extraña algo:

Qué lo condenen (justamente) por corrupción y fraude, pero no por Crímenes de Lesa Humanidad. O al menos, no aún.

Lo condenan ahora en limpio proceso penal, pero no por las víctimas de la llamada «Parapolítica» (Neoliberalismo y exclusión social, y usufructo y destrucción del Estado, en asocio con Paramilitares de Extrema Derecha).

O sea, no por los miles de muertos de la «Narco-parapolítica» (para financiar las masacres); ni por los «falsos positivos» del Ejército contra jóvenes pobres y civiles desarmados; ni por la «política de la motosierra» contra familias campesinas desplazadas; ni por el asesinato de líderes políticos populares durante sus Administraciones; etcétera.

Pero bueno, hay nuevos aires de Democracia y de renovación del incipiente Estado Social de Derecho en la hermana República de Colombia. Y realmente entre tanta opacidad, hay que destacar una buena noticia.

Sin embargo, parece que al señor secretario de Estado de Trump , el cubano-americano (o mejor dicho, cubano – estadounidense), Marco Rubio no le gusta la justicia imparcial en Colombia.

Como tampoco le gusta a Trump, que se procese por golpista, al ex paracaidista militar y criminal de guerra confeso, expresidente Jair Bolsonaro de Brasil. (Orgulloso de su atroz partición en la pasada Dictadura Militar brasileña, y sus violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.)

¿Cómo le va a gustar a Trump que se procese a Bolsonaro, si estos eventos en Brasil, contra la última Elección democrática de Lula, fueron una mala copia de lo que intentó hacer el movimiento de Extrema Derecha MAGA en EEUU por el mismo Trump? Nos referimos al asalto de las turbas de Trump al Capitolio en el 2021, y luego a los disturbios similares en Brasilia, por parte de partidarios de Bolsonaro en el 2023, alegando un supuesto e imaginario fraude electoral.

Mientras tanto en Argentina, el presidente Milei, —otro admirador de Trump –, sabe que sus desmanes políticos y económicos, –en particular el último desastre de su criptomoneda–, conllevarán tarde o temprano, alguna investigación local o internacional.

En algún detalle fallarán, y dejarán, huellas por su supuesto comportamiento antijurídico.

Mientras, la mandataria Boluarte después de su Golpe en Perú, sigue reprimiendo con brutalidad, a las comunidades rurales y de pueblos originarios, ayunos todos de justicia. El rastro de sangre en este caso, es más fácil de seguir… Pero tarde o temprano habrá justicia en el Perú, como la hubo contra Fujimori.

El caso de Bukele en El Salvador, es más complejo, y el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial están suspendidas, desde hace años. Pero las ruedas de la historia, y la consciencia de los pueblos, parece que a veces oscilan, cual péndulo. De momento hay que recordarle, con todo respeto, que Costa Rica, no es El Salvador.

De la situación interna en Nicaragua, con otra orientación geopolítica, pero una receta interna claramente también autoritaria, podríamos decir casi lo mismo.

El panorama regional latinoamericano, y mundial en general, en la época del genocidio televisado en Gaza, es bastante oscuro. Miles de niñas y niños quemados, amputados, torturados y asesinados, al mejor estilo de Herodes, Calígula o Nerón, o Hitler.

Netanyahu en Israel, líder del Sionismo Revisionista en su versión más extremista y racista, es de la misma especie, y no es casualidad que cada vez que el Parlamento israelí, trata de llevarlo a juicio político por corrupción, se escude en otro Crimen de Lesa Humanidad. Notemos los evidentes paralelismos, con la Extrema Derecha latinoamericana.

En medio de este nuevo Holocausto descarado, del cinismo internacional, del Apocalipsis climático, y se la voraz es evidente, desigualdad estructural global del llamado Tecno-Feudalismo (Yanis Varoufakis), aparece la voz mesurada, digna, ilustrada, humana y moral, del presidente Gustavo Petro de Colombia. El contraste es evidente, con el autoritario y reaccionario Uribe y con sus discípulos.

De alguna forma, esta chispa de justicia en Colombia nos recordó la famosa cita del compañero presidente, al Querido Hermano, al Venerable, Salvador Allende G., casi profético, en su última y dramática alocución radial en medio Golpe de Estado de Pinochet (1973). La recordamos hoy desde Costa Rica, como sembrando esperanza ontológica (Bloch) para un futuro humano común y posible, desde ‘lo instituyente’ (C. Castoriadis), desde la potencia de esta opacidad de ‘lo instituido’ (C. Castoriadis). Desde lo que puede ser para potenciar y transformar, la inequidad de este presente distópico:

— «[…] mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán, las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor».

Por todo esto es importante hoy, desde cualquier punto de Nuestra América, comentar críticamente el caso del Sr. Uribe y del violento legado del Uribismo colombiano de Extrema Derecha. Para no repetirlo, sin enfrentarse a la justicia.

Al fin y al cabo, dicen que el mafioso Al Capone cayó, federalmente en EEUU., por mera evasión de impuestos. ¿Uribe parece que cayó por fraude? En algún momento, añoramos, y trabajaremos por una justicia más integral.

Una última lección para nuestra Patria y la Campaña política que se avecina:

Ojalá, el actual Autoritarismo Populista en nuestra Costa Rica y sus fanáticos desvergonzados, –entregados a toda suerte de desinformación y calumnia–, entiendan la lección jurídica, que desde las nuevas democracias de Colombia (caso Uribe) y Brasil (caso Bolsonaro), se está enviando, contra los excesos y abusos ilegales, de los tiranos de turno.

Hay acá, una gran lección para los actuales gobernantes ticos y sus grandes socios empresarios: Mucho cuidado con irrespetar más las reglas del Estado de Derecho, y del Estado Social de Derecho (así por separado).

La Justicia, como la diosa griega Temis, al decir de la valiente jueza colombiana Sandra Heredia, no tiene los ojos vendados, «no, para no ver, sino para no prejuzgar» (sic) … El proceso penal en Colombia dio una sentencia.

Recordaremos acaso entonces, a todos los pasados admiradores locales, costarricenses, del Señor Uribe, una especie de «popstar», de «pornostar», del Gobierno Norteamericano, y de su supuesto «éxito» contra el mentado Narcotráfico (ahora tan de moda en el Costa Rica).

Recordemos también, la vil e inmunda propaganda fascistoide del Uribismo colombiano, y la imagen arrogante, intocable, e impoluta de su líder, el «Gran Colombiano del Año» alguna vez, reelecto consecutivamente presidente, –y siempre opuesto al Diálogo y a la Paz en Colombia –, pero ahora caído en democrática desgracia.

Años después, la máscara, el «personaje» montado y su teatro político, la imagen del «popstar» cipayo, se comienza a caer atropelladamente… Y sus «rezadoras» e integristas manos, «blancas y limpias», al parecer, podrían haber dejado, una larga huella de sangre inocente… Ni olvido, ni perdón.

Gracias.

La batalla contra la memoria avanza en Argentina

Los diputados oficialistas Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo posan junto a condenados por crímenes de lesa humanidad, 11 julio 2024. (Publicada originalmente por Clarín)

El gobierno toma medidas contra las políticas de memoria sostenidas durante 40 años de democracia, mientras diputados oficialistas visitan a presos condenados por crímenes de lesa humanidad.

Daniel Cholakian

El pasado 11 de julio, se conoció que seis diputados del partido del Presidente Javier Milei visitó a un grupo de represores condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura en Argentina. Con el correr de los días, se supo que lejos de ser un relevamiento sobre las condiciones de detención, como manifestaron los legisladores, se trató de un encuentro relajado con los detenidos, alojados dentro de un pabellón especial en una cárcel de máxima seguridad.

Estos 12 convictos, con quienes los funcionarios se sacaron una amistosa foto grupal, “suman condenas por 4.482 casos de secuestro, asesinato, desaparición forzada de personas, torturas, violaciones y apropiación de bebés nacidos en cautiverio”, según informó el diputado opositor Hugo Yasky en un entrevista. “Lo que hicieron allí fue discutir distintos planes a través de leyes o a través del decreto para amnistiar o lograr la libertad de los represores. Forma parte de un plan orquestado por el gobierno que está en ejecución”.

La información que surgió tras conocerse la novedad puso en evidencia este intento gubernamental por avanzar en la liberación de los condenados por estos delitos. “Hay que estudiarlo. Me produce mucha indignación la situación de estas personas, que merecerían morirse en su casa de la mano la esposa. Que pasen sus últimos días como corresponde. Eso es humanidad”, dijo días después el ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la posible libertad de los represores.

Lo que el funcionario no mencionó es que solamente uno de cada cinco condenados por crímenes aberrantes permanece detenido; el 80 por ciento de ellos tiene formas morigeradas de prisión domiciliaria. Quienes están detenidos no conviven con presos comunes, y quienes tienen prisión domiciliaria tiene permiso para salir de sus casas sin control sobre el cumplimiento de esta modalidad de condena.

Félix Crous, miembro de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, dijo “quienes están presos tienen condiciones de absoluto privilegio respecto a cualquier otro detenido. Están alojados en un una suerte de barrio privado. Quienes están en prisión domiciliaria están prácticamente libres, gracias a la permisividad de los tribunales a cargo del cumplimiento de la pena”.

Esa visita fue un paso más en la estrategia del gobierno de Milei por borrar la memoria sobre la represión cometida contra el pueblo argentino. La administración actual simpatiza con la dictadura, el presidente negó que la represión militar haya dejado 30.000 desaparecidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un militar que participó en la represión, forma parte de organizaciones que reclaman la libertad de los presos.

Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante de la comisión directiva del Centro de Estudio Legales y Sociales, aseguró que “desde que asumió el gobierno vemos un proceso de desmantelamiento de políticas públicas que nos habían permitido avanzar desde la recuperación de la democracia. Tenemos políticas de memoria, verdad y justicia que tiene una historia de 40 años”. Bajo Milei, estas políticas están amenazadas.

Pasos hacia la reivindicación de los represores

Para Analía Kalinec, hija de un represor condenado y miembro del colectivo “Historias Desobedientes”, la estrategia de liberar detenidos va más allá de la supuesta humanidad que declama el ministro de justicia, busca negar que tales crímenes se hayan cometido. “No solamente secuestraron, desaparecieron, anularon las ideas y los sueños, sino que además ahora niegan que lo hicieron. Para eso necesitan la impunidad”, afirmó. La pertenencia a la intimidad de los condenados le permite conocer sus intenciones. “Como familiares de genocidas, tenemos mucho para decir acerca de estos criminales, e insistimos en su falta de arrepentimiento, en su negativa a aportar información acerca del destino de los detenidos desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio”.

El contexto en el que se inscribe la visita a los detenidos es el de una serie de decisiones menos visibles que ha tomado el gobierno en los últimos meses. A fines de marzo el ministro de defensa Luis Petri desarticuló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas. Este grupo trabajaba en la asistencia del Poder Judicial y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en las causas por delitos de lesa humanidad que hubieran involucrado a personal militar. Esta unidad produjo en 15 años cerca de 200 informes para la justicia, analizando 17.000 legajos en los registros del ministerio de defensa. Además proveyó de información a la CONADI en investigaciones sobre casos de robo de bebés nacidos en campos de concentración.

En mayo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich se negó a contestar un pedido de información de la CONADI que, dotado de las atribuciones legales para solicitar estos datos, buscaba tener acceso a 70 legajos. Para negarse a cumplir con la ley la ministra consideró que era una “demanda de información indiscriminada” y que contenía “infundadas solicitudes de un organismo militante”. La CONADI no es un organismo militante, sino que fue creado por ley hace más de 30 años. Esta decisión anticipaba un decreto que el gobierno acaba de publicar, dando un golpe casi letal a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.

En los últimos días del mes de junio, se produjo otra importante novedad en contra de las políticas de memoria: fueron despedidos 82 trabajadores de la secretaría de derechos humanos, que depende del ministro Cúneo Libarona. Doce de ellos trabajaban en el Archivo Nacional de la Memoria y 28 en los Espacios de Memoria instalados en los centros clandestinos de detención y dependientes del estado nacional. Estos espacios quedaron prácticamente imposibilitados para continuar su tarea de restauración, preservación y articulación educativa.

Según Crous, los ERyA, la información de los legajos de las fuerzas de seguridad, el Archivo y los Espacios de Memoria fueron nodos de recopilación de información documental dentro del propio estado, que sirvieron para que jueces y fiscales llevaran adelante las acusaciones. “Todo lo está desactivando sin necesidad de dictar leyes o decretos”, dijo el fiscal. “Solo toman medidas administrativas. Con no renovar contratos de empleados públicos logran una política de destrucción inteligente y silenciosa”.

El golpe de gracia a la búsqueda de niños nacidos en cautiverio

La CONADI es el organismo del estado creado para colaborar en los casos de sustitución de identidad de menores, especialmente  “de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres”. El organismo colabora con la justicia en la investigación administrativa sobre estos casos, pudiendo pedir información a distintos organismos públicos, y solicitando al Banco Nacional de Datos Genéticos que realice estudios para evaluar si pueden ser los niños buscados, aquellos nacidos durante la detención ilegal de sus madres.

En 2004 se creó la “Unidad Especial de Investigación de La Desaparición de Niños como Consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado” dentro de la CONADI, que fue esencial para mejorar y sistematizar la búsqueda de los niños robados en cautiverio. Esta unidad fue recientemente eliminada por decreto firmado por Cúneo Libarona y Milei el día 13 de agosto. Aquello con sus actos habían anticipado el ministro de defensa al desmantelar el ERyA y la ministra de seguridad al negarse a responder a los requerimientos sobre legajos de las fuerzas a su cargo, lo confirmaron ahora en una resolución legal. En los considerandos del texto indican que la investigación debe quedar a cargo de la justicia, pero como explicó Torras, “en los últimos años, los casos que se han logrado resolver en relación con la apropiación en un 90 por ciento surgen de gestiones de la CONADI y no el Poder Judicial”. Esto implica que la resolución es un golpe durísimo contra la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Borramiento de memoria

Para Yasky, “hay un intento de revertir todo lo que constituyó una política de Estado, desde la recuperación de la democracia a la fecha, que con mayor o menor entusiasmo cumplieron los gobiernos de distinto signo”. Torras sostiene que este intento de desandar ese camino y combatir las verdades que se conocieron a través de años de procesos judiciales demuestra que “los temas vinculados con la última dictadura entran dentro de la agenda de restauración cultural del gobierno, tiene similitudes con la perspectiva que la propia dictadura tuvo de sí misma”.

El ensayista y docente universitario Alejandro Kaufman sostiene que las acciones de la dictadura argentina se inscribe en una modalidad extrema de la opresión, propia del siglo XX, que es exterminio de un grupo social. Es en la destrucción de los cuerpos donde se borra toda construcción social cultural. La desaparición de los mismos sería un dispositivo central para ese borramiento.

“La memoria es la restitución de la verdad y la justicia que fueron destruidas en el acto originario,” Kaufman dijo en una entrevista. “No hay ninguna memoria completa, sino perpetración de genocidios que se interrumpen en su ejecución pero que no concluyen en su designio, por ello el crimen es imperdonable e imprescriptible. Así la perpetración habrá de ser también transgeneracional”.

La memoria es un hecho emancipador frente al acto de extrema opresión. La acción política del gobierno negacionista argentino no es re escribir esa memoria, sino borrarla. “El derecho a la existencia requiere condiciones sociales, políticas, jurídicas y educativas que son desafiadas por los opresores, en la actualidad bajo la forma de un auge ultraderechista y neofascista que viene a destruir por completo todo lo logrado, con el fin de restaurar un orden anterior a la modernidad”, concluye Kaufman, enlazando lo que sucede en Argentina con el programa de las derechas a nivel global.

En esta tensión entre la búsqueda de construir memoria para avanzar con la justicia y la reparación, y la política de borramiento que habilite un régimen de opresión donde el derecho a la existencia pueda estar en cuestión, la resistencia continúa. Así lo propone Kalinec al concluir “si las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo pudieron en un contexto mucho más adverso, cómo no vamos a poder nosotros ahora”.

Daniel Cholakian es sociólogo y periodista especializado en América Latina.

Fuente: https://nacla.org/la-batalla-contra-la-memoria-avanza-en-argentina

La Red de Solidaridad con Palestina, se unió a la manifestación

Actualmente mucho del capital gentrificador en Costa Rica está en manos del sionismo. Los ingresos que recaudan destruyen a nuestras comunidades y también apoyan crímenes de lesa humanidad.

La Red de Solidaridad con Palestina se unió a una manifestación contra la gentrificación en Costa Rica. Señalaron que mucho del capital implicado en este proceso estaba en manos del sionismo, cuyos ingresos, según afirmaban, no solo destruían el tejido de las comunidades locales, sino que también apoyaban crímenes de lesa humanidad.

El evento fue convocado en razón del sentido común y el amor que se le debe a nuestro país. Tuvo lugar el jueves 20 de junio frente a la Asamblea Legislativa en San José, al costado norte de la Plaza de la Democracia y diagonal al Museo Nacional. La manifestación se desarrolló de 10 a.m. a 3 p.m. y se invitó a otras localidades afectadas por la gentrificación a organizar actividades simultáneas.

Esta primera manifestación  abordó el fenómeno de la gentrificación, definido como el proceso de renovación de zonas urbanas, rurales y costeras populares o deterioradas, lo que resultaba en el desplazamiento de la población local por personas con mayor poder adquisitivo y sin arraigo al lugar.

Concejo Municipal de Montes de Oca se solidariza con pueblo Palestino

Por: Jorge Mora Portuguez
Regidor Suplente
Municipalidad de Montes de Oca.

Concejo Municipal de Montes de Oca reitera condena a Israel por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y reconoce y saluda al Campamento de Solidaridad instalado en UCR.

El pasado lunes 10 de junio el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó en forma unánime la moción que presentó esta regiduría junto a otras más que la suscribieron.

Esta moción va en consonancia con el acuerdo adoptado el 11 de diciembre del 2023 por el Concejo Municipal anterior, en que se llama al gobierno de Costa Rica a asumir un rol más beligerante en la busque de un cese al fuego y por la paz.

Se exige al gobierno de Israel cesar sus ataques en contra de la población civil palestina en Gaza y Cisjordania.

A continuación el texto de la moción aprobada:

10-06-24

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Que en la Sesión Ordinaria Nro. 189/2023, Articulo N° 10, del día 11 de diciembre 2023, el Concejo Municipal de Montes de Oca acordó en forma unánime hacer un llamado al gobierno de Costa Rica y a la Asamblea Legislativa para que asumieran un papel de mayor liderazgo en el llamado internacional a un cese al fuego inmediato, duradero y sostenido en la franja de Gaza.

SEGUNDO. Que en ese mismo acuerdo se condena y repudia toda acción de represalia indiscriminada del ejército israelí en contra de la población civil palestina en los territorios de Gaza y Cisjordania; así como el bombardeo de instalaciones civiles, clínicas, hospitales, centros de refugiados, o en contra de la prensa internacional, los organismos de Naciones Unidas y de Socorro internacional. Y se hace un llamado al gobierno de Israel, para que, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de la ONU ES-10/21, respete el derecho humanitario internacional; así como el sistema internacional de derechos humanos y a que cese de inmediato los ataques indiscriminados contra la población civil.

TERCERO. Que desde entonces el ejército israelí no solo no ha cesado las agresiones en contra de la población civil en Gaza, sino que las ha extendido y endurecido. Pasando de 16 mil personas asesinadas a más de 40 mil al día de hoy, de las cuales más de 15 mil son niños y niñas.

CUARTO. Que estas acciones constituyen al tenor del derecho internacional, actos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad; por lo que diversos países han interpuesto denuncias contra el gobierno de Israel ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de Justicia

POR LO TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO. Reiterar la condena y repudio de este gobierno local por los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos por el ejército y el gobierno de Israel en contra de la población civil palestina en Gaza y Cisjordania.

SEGUNDO. Reiterar nuestro llamado para que el Gobierno de Costa Rica asuma un mayor compromiso con la causa de la paz, y con la causa de los derechos humanos que siempre nos han caracterizado como nación; y exija a Israel un cese al fuego inmediato de conformidad con las resoluciones de la ONU.

TERCERO. Manifestar nuestro reconocimiento y solidaridad con los movimientos estudiantiles universitarios, que alrededor del mundo se movilizan en solidaridad con el pueblo palestino y que en varias ocasiones han sufrido represión y persecución en sus países.

CUARTO. Manifestar nuestro reconocimiento y solidaridad con las personas, organizaciones y movimientos que por mes y medio han mantenido un campamento permanente de solidaridad con Palestina en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Siendo el de mayor duración en toda América Latina.

QUINTO. Comunicar este acuerdo a todas las demás municipalidades del país, instándolas a que se pronuncien de la misma forma; al gobierno de Costa Rica, a la embajada de Israel, al consulado honorario del Estado de Palestina en Costa Rica, así como a los medios de comunicación y a la población de Montes de Oca.

Gaza / Israel: a propósito del anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 20 de mayo, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció, mediante una declaración, la solicitud hecha a la CPI de emitir órdenes de arresto contra varias personas por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Israel y en Gaza.

La decisión del Fiscal de la CPI ha sido saludada por muchas organizaciones de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional / AI (véase comunicado), Human Rights Watch / HRW (véase comunicado), o la Federación Internacional de Derechos Humanos /FIDH (véase comunicado en francés e inglés).

Un contexto sumamente desfavorable para Israel

Esta decisión del Fiscal de la CPI coincide con la semana en la que varios Estados de Europa han anunciado que reconocerán a Palestina como Estado, resquebrajándose la línea tradicional de la Unión Europea (UE) sobre este preciso tema (véase nota de prensa del 21 de mayo del 2024 del Irish Independent).

Este 22 de mayo, Noruega procedió formalmente a dicho reconocimiento (véase comunicado oficial), al tiempo que otros Estados se preparan para hacerlo, incluyendo a España (véase nota del The Guardian del 22 de mayo). En este anuncio oficial de Irlanda (véase texto), se indica que este reconocimiento de Palestina como Estado tomará efecto a partir del 28 de mayo.

El anuncio por parte de España, Irlanda y Noruega motivó a Arabia Saudita (véase comunicado) y a Turquía (véase comunicado oficial ) este del 22 de mayo a manifestar su regocijo por la decisión tomada por estos tres Estados europeos, al igual que muchos otros Estados de la península arábica y de Oriente Medio.

No está de más precisar que el pasado 15 de mayo, como bien se sabe, la comunidad palestina conmemoró en todo el mundo la Nakba ( النكبة ): «desastre» o «catástrofe» en árabe. Remitimos a nuestros estimables lectores al respecto a este comunicado de la Embajada de Palestina en Argentina, así como también este extenso comunicado oficial de México difundido ese mismo día por su aparato diplomático y el comunicado oficial de Chile del 2023 y de Bolivia del 2022. Se trata de un gesto simbólico hacia Palestina muy pocamente replicado en los aparatos diplomáticos de Estados de otras latitudes del continente americano y europeo este 15 de mayo del 2024.

Esta conferencia realizada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el pasado 17 de mayo sobre la Nakba (véase enlace) resume de manera muy completa el significado profundo de este término a lo largo de la historia del pueblo palestino desde 1947.

Este 23 de mayo, desde Naciones Unidas, la Relator Especial sobre Tortura exigió a Israel investigar las diversas acusaciones de maltrato y tortura a prisioneros palestinos capturados en Gaza desde el 7 de octubre (véase comunicado oficial difundido desde la sede de Naciones Unidas en Europa). Un reportaje muy completo fue publicado en Israel por el medio digital Magazine +972 el pasado 14 de mayo sobre un centro de detención en el desierto del Neguev, denominado Sde Teiman (véase reportaje). Es muy probable que algunos de nuestros estimables lectores descubran este llamado desde Naciones Unidas a Israel en un tema como el de la tortura, al no haberse referenciado en ningún gran medio de prensa o tan siquiera referenciado este comunicado oficial de Naciones Unidas.

Argumentos jurídicos de Israel y de sus círculos de «expertos»

Es de notar que varios sectores en Israel, analistas y denominados «expertos» insisten en que la justicia penal internacional de La Haya no es competente para conocer de actos cometidos en el territorio palestino ocupado por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad de Israel. Se trata de un argumento que una Sala de lo Preliminar de la misma CPI ha descartado en una decisión del 5 de febrero del 2021 (véase texto en francés y en inglés): en particular, las conclusiones contenidas en las páginas 64 y 60 respectivamente, en la que se declara que la CPI es perfectamente competente para investigar lo que ocurra en todo el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo.

Al respecto, tuvimos en su momento la ocasión de analizar los alcances de esta importante decisión de la CPI de mes de febrero del 2021: véase al respecto nuestra nota publicada el mismo 5 de febrero del 2021, y titulada «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«

Se trata de los mismos sectores en Israel, analistas, editorialistas y «expertos» que invocan, al tenor de las declaraciones oficiales de Israel, el derecho a la legítima defensa previsto en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas de 1945 para justificar la acción de Israel en Gaza desde el 7 de octubre del 2023. Este preciso punto invocado por Israel ante el juez internacional … ha sido descartado desde el año 2004 por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su opinión consultiva sobre el muro construido por Israel en territorio palestino ocupado (véase texto), al concluir en el párrafo 139 que:

«En conséquence, la Cour conclut que l’article 51 de la Charte est sans pertinence au cas particulier .. / .. Consequently, the Court concludes that Article 51 of the Charter has no relevance in this case«.

En otras palabras, un Estado, cual sea este, que ocupa un territorio de manera ilegal no puede invocar el Artículo 51 de la Carta cuando es objeto de un ataque por parte de un grupo armado organizado que proviene de … este mismo territorio ocupado.

Si bien el debate jurídico quedó resuelto desde el 2004 por parte de la justicia internacional, sorprende que desde el 7 de octubre del 2023, analistas, especialistas, «expertos«, así como editorialistas y directores de medios de prensa en diversas latitudes – y no solamente en Israel y en Estados Unidos – invoquen con tanta insistencia lo que fue declarado «sin relevancia» desde el 2004 por la CIJ. Muy probablemente, asistamos al mismo fenómeno de reiteración insistente a partir de este 20 de mayo del 2024, tendiente a escuchar y leer que la CPI carece de competencia para investigar lo que ocurre en el territorio palestino ocupado.

Un mes de mayo particularmente tenso para la CPI

En este mes de mayo del 2024, varios anuncios oficiales en Israel evidenciaron el profundo temor de que la CPI emitiera en las próximas semanas órdenes de arresto contra sus principales autoridades por los crímenes cometidos por Israel en Gaza (véase nota de The Guardian del 29 de abril, nota del Timesof Israel y esta reciente nota de la BBC sobre la «alarma» que significa en Israel publicada el 2 de mayo del 2024).

Fueron tales las reacciones de enojo en Israel (y en algunos sectores de Estados Unidos), sugiriendo tomar acciones y represalias contra el personal de esta jurisdicción penal internacional, que la CPI consideró necesario emitir un comunicado oficial el pasado 2 de mayo (véase texto).

El pasado 17 de mayo se publicó un comunicado de la Presidencia de los Estados Partes al Estatuto de Roma, repudiando las amenazas de las que ha sido objeto el personal de la CPI desde que se fugó información sobre posibles órdenes de arresto en dirección de altos mandos militares de Israel: véase comunicado de prensa.

América Latina ante del drama en Gaza y la CPI

No está de más recordar que tempranamente, Estados de América Latina realizaron gestiones con carácter urgente ante la Oficina del Fiscal de la CPI, en aras de que ésta actuara con mucha mayor celeridad:

– el 17 de noviembre del 2023, ante acciones desproporcionales e indiscriminadas sobre la población civil de Gaza por parte de las fuerzas militares de Israel, Bolivia acuerpó a Sudáfrica con tres otros Estados, enviando una remisión («referral«) de carácter urgente a la CPI (véase texto);

– el 18 de enero del 2024, fueron de manera conjunta Chile y México quienes remitieron a la CPI un documento muy similar (véase texto).

Llama la atención que en ninguna de estas acciones un Estado europeo haya optado, ya sea por una acción similar a título individual ante la CPI, o bien apoyando a estos Estados en sus gestiones ante la justicia penal internacional: como si el drama indecible observado en Gaza por todos los Estados del mundo desde la tarde/noche del 7 de octubre no tuviese como interpelar a los Estados Partes al Estatuto de Roma (que suman a la fecha 124 Estados, según el estado oficial de firmas y ratificaciones).

Una CPI sometida a intensas presiones desde varias semanas

De manera a entender mejor el tipo de presión ejercida sobre el personal de la CPI, remitimos a nuestros estimables lectores a esta carta suscrita por una docena de senadores de Estados Unidos al Fiscal de la CPI amenazando con votar sanciones en su contra y sus familiares, con fecha del 24 de abril (véase texto):¿Cómo así? Pues,… como se lee.

Cabe recordar que, en noviembre del 2012, al concederle la Asamblea General de Naciones Unidas la calidad de «Estado No Miembro Observador» a Palestina (con una votación en la que únicamente votaron en contra 9 Estados, a saber: Canadá, Estados Unidos, Islas Marshall, Israel, Nauru, Palau, Panamá y República Checa), Reino Unido optó por la abstención. No obstante había anunciado que votaría a favor, pero siempre y cuando Palestina diera seguridades de no acudir a la Corte Penal Internacional (CPI):

«The U.K. suggested that it might vote “yes” if the Palestinian Authority offered assurances that it wouldn’t pursue charges in the International Criminal Court, but apparently came away unsatisfied» (nota de prensa, The Washington Post).

Esta profunda preocupación con relación a la justicia penal internacional recuerda una infidencia diplomática dada a conocer por el portal de Wikileaks: con relación a la mortífera ofensiva militar israelí en Gaza del 2009, se leyó que, durante una conversación con diplomáticos norteamericanos (véase cable del 23 de febrero del 2010 de la Embajada norteamericana en Tel Aviv), la siguiente confidencia fue externada por parte del Coronel Liron Libman:

Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”.

El Coronel Liron Libman, alto funcionario israelí, era (y probablemente sigue siendo en este mes de mayo del 2024) un gran conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: ostentó durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF).

Estas infidencias del 2009 y lo observado en plena Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre del 2012 por parte de la diplomacia británica pueden explicar el nivel de nerviosismo actual dentro del gabinete de guerra israelí con relación a la CPI.

La declaración del Fiscal de la CPI en breve

En su declaración (véase texto en francés e inglés), se lee que, en lo que refiere a tres dirigentes del Hamás:

«It is the view of my Office that these individuals planned and instigated the commission of crimes on 7 October 2023, and have through their own actions, including personal visits to hostages shortly after their kidnapping, acknowledged their responsibility for those crimes. We submit that these crimes could not have been committed without their actions. They are charged both as co-perpetrators and as superiors pursuant to Articles 25 and 28 of the Rome Statute

 … / …

Mon Bureau estime que ces personnes ont planifié et commandité la commission des crimes perpétrés le 7 octobre 2023, et reconnu leur responsabilité à cet égard comme en atteste la visite qu’ils ont personnellement effectuée auprès des otages peu de temps après leur enlèvement. Nous affirmons que ces crimes n’auraient pu être commis sans leur intervention. Les intéressés sont accusés en tant que coauteurs et en qualité de supérieurs hiérarchiques en vertu des articles 25 et 28 du Statut de Rome».

En lo que refiere a las actuales autoridades de Israel, incluyendo a su actual Primer Ministro y a su actual Ministro de Defensa, se lee que para el Fiscal de la CPI:

«My Office submits that the evidence we have collected, including interviews with survivors and eyewitnesses, authenticated video, photo and audio material, satellite imagery and statements from the alleged perpetrator group, shows that Israel has intentionally and systematically deprived the civilian population in all parts of Gaza of objects indispensable to human survival

…/…

Mon Bureau soutient que les preuves que nous avons recueillies, y compris des entretiens menés auprès de victimes et de témoins directs des faits, des documents audio et vidéo authentifiés, des images satellite et des déclarations faites par des membres du groupe qui aurait commis ces crimes, démontrent qu’Israël a délibérément, systématiquement et continuellement privé la population civile de l’ensemble du territoire de Gaza de moyens de subsistance indispensables à sa survie».

En la parte final su declaración, el Fiscal de la CPI refiere a un panel de expertos en derecho internacional que guió su oficina al tomar la decisión anunciada este 20 de mayo.

El informe completo de dicho órgano colegiado, compuesto por ocho juristas anglosajones (véase hoja de vida en las páginas 10-13), se encuentra desde ya disponible en este enlace oficial de la CPI.

Un episodio reciente ante la (otra) justicia internacional de La Haya

Este anuncio de este lunes 20 de mayo, fue antecedido de un ejercicio ante otra jurisdicción internacional, también situada en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ): este ejercicio fue observado el viernes 17 de mayo durante audiencias celebradas entre Sudáfrica e Israel.

En esta ocasión, la defensa legal israelí llamó la atención de los observadores por una intervención ante los jueces de la CIJ bastante deslucida y pobre en contenido (30 páginas). Esta comparecencia de Israel contrastó con la batería de argumentos presentados de manera magistral por el equipo legal de Sudáfrica, con una intervención que se extendió por más de 60 páginas.

Sobre estos y algunos otros detalles de forma muy reveladores, como por ejemplo el hecho de presentarse a la barra de la CIJ con una delegación de tres únicas personas, remitimos a nuestros estimables lectores a la nota nuestra titulada «Gaza / Israel: a propósito de la conclusión de las audiencias entre Sudáfrica e Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)» publicada el mismo 17 de mayo.

Las reacciones oficiales registradas

El Estatuto de Roma cuenta con 124 Estados Parte: véase estado oficial de firmas y de ratificaciones.

Entre los Estados que saludaron sin reserva la decisión dada a conocer desde La Haya este 20 de mayo por parte del Fiscal de la CPI, se puede citar a Sudáfrica (véase comunicado), así como a Chile (véase comunicado) o a Colombia (véase comunicado colgado en el sitio oficial de la diplomacia colombiana el 21 de mayo). De igual forma, pero con un vocabulario que busca distinguir los actos del Hamás de los de Israel, se manifestó también Francia (véase comunicado), mientras que Bélgica (véase comunicado) España (véase comunicado) y Eslovenia (véase comunicado) saludaron sin reserva ni distinciones de ningún tipo la decisión del Fiscal de la CPI.

El caso específico de Alemania

En su comunicado, Alemania hace ver que es «incorrecto» establecer alguna equivalencia entre el actuar del Hamás y el de Israel. Este argumento pareciera querer distinguir las exacciones de unos y otros en función de la calidad de sus autores, y no del dramático resultado que dejan en cuanto a víctimas mortales y heridas.

Cabe precisar que la CPI no juzga a Estados, sino a individuos desde la perspectiva estrictamente penal. Algo que al parecer, Alemania no pareciera tener muy claro al referirse a una decisión «incorrecta«. En cuanto a saldos de muertes y heridos al 20 de mayo, efectivamente no hay ninguna «equivalencia» entre las cifras de las víctimas israelíes del 7 de octubre y el número de víctimas palestinas en Gaza al 20 de mayo del 2024, detalle que al parecer Alemania pasa totalmente por alto.

En el último informe de situación al 20 de mayo (véase informe), Naciones Unidas indica que:

«Between the afternoons of 17 and 20 May, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 259 Palestinians were killed and 391 were injured, including 106 killed and 176 injured in the last 24 hours. Between 7 October 2023 and 20 May 2024, at least 35,562 Palestinians were killed and 79,562 were injured in Gaza, according to MoH in Gaza«.

«Between the afternoons of 17 and 20 May, three Israeli soldiers were reported killed in Gaza and one died of injuries sustained on 15 May. As of 20 May, 282 soldiers have been killed and 1,745 soldiers have been injured in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation, according to the Israeli military. In addition, according to the Israeli media citing official Israeli sources, over 1,200 Israelis and foreign nationals, including 33 children, have been killed in Israel, the vast majority on 7 October. Between the afternoons of 17 and 20 May, the Israeli military announced that it has recovered the bodies of four Israelis from Gaza; as of 20 May, it is estimated that 128 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including fatalities whose bodies are withheld«.

La reacción del incondicional aliado de Israel

Por parte del incondicional aliado de Israel (Estado que no es Estado Parte al Estatuto de Roma, pero que opina muy a menudo sobre los alcances de las disposiciones del Estatuto de Roma), la reacción oficial se ha limitado a:

– un comunicado oficial del Presidente de Estados Unidos bastante escueto (véase texto), deplorando la decisión del Fiscal de la CPI y calificándola de «outrageous«, así como a una;

– extensa declaración por parte del secretario de Estado norteamericano (véase declaración).

Es probable que ambos comunicados vuelvan a azuzar y provocar álgidas reacciones por parte de dirigentes estudiantiles en varios campus universitarios de Estados Unidos, movilizados desde hace ya varias semanas en aras de obtener de Estados Unidos que deje de apoyar a Israel en su insensata acción militar en Gaza, iniciada en la tarde/noche del 7 de octubre del 2023. En parte, las movilizaciones estudiantiles en Estados Unidos se debieron al veto a una resolución por parte de Estados Unidos dentro del Consejo de Seguridad, al votarse un texto recomendando a Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas: esta votación se realizó el 18 de abril del 2024.

En América Latina, se registra a Paraguay (véase comunicado) segundando la posición de Estados Unidos con relación al anuncio hecho por el Fiscal de la CPI: no se descarta que, debido a intensas presiones diplomáticas de Estados Unidos y de Israel, otros Estados de América Latina se manifiesten en similar sentido, en particular desde Centroamérica.

A modo de conclusión

Los Estados que han externado su apoyo a la decisión del Fiscal de la CPI de este 20 de mayo demuestran su compromiso inquebrantable con la justicia penal internacional y con los principios que rigen el Estatuto de Roma, adoptado en 1998.

Se leyó este 21 de mayo por parte del jefe de la diplomacia de Noruega (véase nota de prensa de TurkyeNewspaper) que Noruega arrestaría toda persona buscada por la justicia penal internacional:

«If Netanyahu or any Hamas leader facing charges were to come to Norway, we are obliged by international law to do so. The same applies to all European countries«.

Los Estados que, en cambio, condenan la decisión del Fiscal de la CPI hacen prueba de una interesante percepción de lo que entienden por justicia internacional: al haber sido los primeros en saludar la orden de captura emitida por la CPI contra el Presidente de Rusia por el trasiego de niños ucranianos a territorio ruso en marzo del 2023 (véase comunicado de la CPI), parecieran que defienden una noción de justicia internacional selectiva o de justicia penal aplicable a geometría variable. Con relación a la coherencia de su aparato diplomático, es probable que sus recriminaciones contra el Fiscal de la CPI abran un flanco fácil para la crítica frontal por parte del aparato diplomático de otros Estados.

Será una Sala de lo Preliminar de la CPI la que, en las próximas semanas, deberá dar a conocer si le da curso a la solicitud del Fiscal, emitiendo órdenes de arresto a las personas indicadas por el Fiscal en su declaración del 20 de mayo del 2024. O si opta por otra decisión.

No está demás señalar que, en el marco de la batalla informativa desplegada por Israel, algo ha hecho que haya sido imposible escuchar el criterio experto de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino en medios de prensa norteamericanos, canadienses o europeos: su primera entrevista (que se recomienda escuchar, disponible en este enlace) fue dada a conocer este 21 de mayo por la cadena de noticias Al Jazeera. El 22 de mayo, fue un medio de información alternativo alemán Jung&Naiv que procedió a una muy completa entrevista (véase enlace).

Con relación a la diversidad de reacciones oficiales observadas en Estados Unidos y Europa, se leyó en un muy completo artículo publicado en The Guardian el 21 de mayo, que:

«Recognizing the independence and the importance of the international criminal court, some governments – notably, France and Belgium – issued statements supporting it. But others followed in Netanyahu’s footsteps.

In a terse statement, Joe Biden called the charges “outrageous”, stating that “there is no equivalence – none – between Israel and Hamas.” The German government, while saying it “respects the independence” of the court, echoed this “false equivalence” charge. But Khan made no claim of equivalence. He simply charged both Israeli and Hamas officials for their own separate war crimes. Indeed, given the severity of the offenses, it would have been outrageous had Khan ignored one side’s crimes. The dual charges underscore a fundamental principle of international humanitarian law: war crimes by one side neve justify war crimes by another«.

Finalmente la semana que inició con este anuncio desde la oficina del Fiscal de la CPI concluirá con una ordenanza de la CIJ en el caso que opone Sudáfrica a Israel (véase comunicado oficial de la CIJ en francés y en inglés): con relación al contenido de esta ordenanza a leerse este 24 en el Peace Palace de La Haya, algunos especialistas en Israel se muestran bastante poco optimistas (véase nota del Timesof Israel del 23 de mayo del 2024).

Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.

Gaza /  Israel: México y Chile anuncian remisión conjunta de caso a la Corte Penal Internacional (CPI)

Foto extraída de nota de la BBC titulada «Ataque en Israel ¿Porqué el ejército de Israel tardó tanto en reaccionar al ataque de Hamás desde Gaza?» (edición del 10/10/2023)

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

«At the same time, the onslaught on Gaza by Israeli forces over these 100 days has unleashed wholesale destruction and levels of civilian killings at a rate that is unprecedented during my years as Secretary-General. The vast majority of those killed are women and children. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The humanitarian situation in Gaza is beyond words. Nowhere and no one is safe«.

 

Declaraciones (véase enlace) del Secretario General de Naciones Unidas, 15 de enero del 2024

En un comunicado dado a conocer este 18 de enero del 2024, México ha anunciado haber procedido, conjuntamente con Chile, a la remisión de la situación existente en Gaza a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por posibles crímenes debidamente tipificados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de 1998 (véase texto completo del Estatuto).

El artículo 14 de dicho instrumento multilateral faculta a cualquier Estado Parte a remitir toda situación susceptible de interesar a la Fiscalía de la CPI, al precisar que:

«1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.

  1. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante«

México es Estado Parte al Estatuto de Roma desde octubre del 2005, Chile lo es desde junio del 2009, al tiempo que el Estado de Palestina lo es formalmente desde el mes de enero del 2015.

Breve puesta en contexto

Como bien se sabe, la CPI es competente para establecer la responsabilidad penal de individuos que, en el ejercicio de sus funciones, instigaron, ordenaron o cometieron actos particularmente graves como el genocidio (artículo 6), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7), y los crímenes de guerra (artículo 8).

En 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la CPI adoptó una histórica decisión (véase texto completo) en la que declaró a la CPI perfectamente competente para investigar lo que ocurre en todo el territorio palestino, sin excepción de ningún tipo. En su conclusión se puede leer (página 60) que:

«FINDS that Palestine is a State Party to the Statute;

FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute;

and FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem».

Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de Palestina, esta decisión fue pocamente divulgada en los grandes medios de prensa: remitimos, sobre sus alcances, a un breve análisis que realizamos al respecto en la fecha en la que fue dada a conocer (Nota 1).

No está de más señalar que Estados Unidos se sintió obligado a descalificar esta decisión preliminar de la CPI (véase comunicado oficial), confirmando – sin proponérselo – los profundos temores que significa para Israel la existencia misma de la CPI con relación a sus operaciones militares en el territorio palestino ocupado (Nota 2).

Los comunicados de México y de Chile en breve

En el comunicado de su Secretaría de Relaciones Exteriores de este 18 de enero (véase texto completo reproducido al final de esta breve nota como material/documento), se lee que México informa que:

«El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia».

El texto del comunicado de México también señala que:

«La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.

Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.

La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.«

Por su parte, en su comunicado (cuyo texto está reproducido al final de estas reflexiones), Chile indica que:

«Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.

“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.

Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.

Lo que no se señala en ambos comunicados, es que la CPI es competente para examinar actos susceptibles de interesar a la Fiscalía cometidos en territorio palestino; en cambio, al no ser Estado Parte Israel al Estatuto de Roma, en principio, la CPI no es competente para examinar actos cometidos en territorio israelí, a menos que Israel la autorice a iniciar investigaciones en su territorio.

Cabe recordar que luego de firmar el Estatuto de Roma el 31 de diciembre del 2000, Israel notificó en el 2002 a Naciones Unidas su decisión de anular los efectos de su firma al indicar (véase nota 4 en el estado oficial de firmas y ratificaciones) que:

« In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following:»…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.»

Se trata de una notificación similar, redactada en términos idénticos, a la remitida unos meses antes por Estados Unidos, optando por «retirar» su firma al Estatuto de Roma (Nota 3).

Una justicia internacional cada vez más solicitada ante las proporciones del drama humano que se vive en Gaza

Esta acción de México y de la Chile ante la CPI se da justo una semana después de haberse realizado las audiencias en La Haya (11 y 12 de enero del 2024) ante otra instancia jurisdiccional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ): estas audiencias respondieron a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre, acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales (véase texto completo), invocando la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 4).

En su extensa solicitud de más de 80 páginas (véase texto completo, cuya lectura completa se recomienda), Sudáfrica pasó en detalle lo ocurrido desde la tarde/noche del 7 de octubre en Gaza, incluyendo en los párrafos 101-107 el detalle de las escalofriantes declaraciones oficiales de altos responsables israelíes.

Con relación a la CPI, la Fiscalía de esta jurisdicción internacional ya había sido objeto de un «referral» colectivo relacionado al drama humano que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: esta acción conjunta presentada el 17 de noviembre del 2023 fue coauspiciada por Bengladesh, Bolivia, Comoros, Sudáfrica y Yibutí (véase texto completo). De igual manera tuvimos la oportunidad de explicar brevemente sus alcances (Nota 5).

A modo de conclusión

Ante la reiterada incapacidad de un órgano como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ordenar un cese al fuego humanitario en Gaza (debido al veto de Estados Unidos ejercido en dos oportunidades, y a la amenaza de un tercer veto que explica las debilidades de la resolución 2720 del Consejo finalmente adoptada el 22 de diciembre del 2023 – véase texto), era previsible que otros Estados, como un grupo liderado por Sudáfrica, y ahora la dupla México-Chile de manera conjunta, buscaran la manera de activar mecanismos jurisdiccionales a su disposición: tales como los que ofrece el Estatuto de Roma que crea la CPI, o bien la misma CIJ.

Ello con el fin de intentar frenar los ímpetus de Israel que, desde la tarde noche del 7 de octubre, a modo de represalia por el ataque sufrido en su territorio por parte del Hamás el mismo día, ha emprendido una acción punitiva colectiva en contra de la población civil de Gaza. Estas acciones militares indiscriminadas y desproporcionales se realizan en abierta violación a las reglas más básicas del derecho internacional humanitario.

El último informe elaborado por Naciones Unidas (al 17 de enero, cuya lectura completa se recomienda) detalla el nivel de destrucción al que se ha llegado, con casi 25.000 víctimas mortales y más de 61.000 personas heridas, señalando además que cada nuevo día de bombardeos israelíes en Gaza conlleva la pérdida de centenares de personas:

«Between the afternoons of 16 and 17 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 163 Palestinians were killed, and another 350 people were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 17 January 2024, at least 24,448 Palestinians were killed in Gaza and 61,504 Palestinians were injured, according to the MoH.

Between 16 January and 17 January, three Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. Since the start of the ground operation, 191 soldiers have been killed, and 1,152 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military«.

No está de más indicar que muchas de las personas gravemente heridas en Gaza están prácticamente condenadas a muerte, al yacer bajo los escombros sin que puedan ser auxiliadas, en el frío, sin acceso a comida ni agua. Cuando son auxiliadas, llegan a centros hospitalarios y refugios sobrepoblados, muchos de ellos total o parcialmente destruidos, sin energía ni agua, ni suficientes medicamentos, ni suficiente personal médico para atenderlos.

Tampoco está de más recordar que los Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998 son 124 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), mientras que los que son Estados Partes a la Convención contra el Genocidio adoptada en 1948 son 153 (véase estado oficial), por lo que la inacción y el silencio de los demás Estados Partes a ambos instrumentos plantean interrogantes muy válidas.


Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, editada el 5 de febrero del 2021 y disponible aquí.

Nota 2: Años antes de que Palestina sea Estado Parte al Estatuto de Roma (2015), un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv del 23/02/2010 (véase texto completo) dado a conocer por Wikileaks en el 2011 ya indicaba el profundo temor de Israel que generaba en aquel año a sus autoridades la CPI, en estos términos: “Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”. El Coronel Liron Libman, alto funcionario israelí, era (y sigue siendo) un gran conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: ostentó durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF).

Nota 3: En este mismo estado oficial de firmas y ratificaciones se lee (Nota 12 en la parte final) que: » In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty«.

Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí .

Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio hecho por Sudáfrica de una acción conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», editada el 18 de noviembre del 2023 y disponible aquí.

Materiales / Documentos: 
Documento 1: 
Comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial)
Remisión de la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI)

El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia.

La remisión se fundamenta en el artículo 13 a) y 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que permite a un Estado Parte remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situación para determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas.

La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.

Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.

La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.

A esto se suma el colapso prácticamente total de la infraestructura nacional de justicia de Palestina, por lo que no estaría en capacidad de investigar o enjuiciar los posibles crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales.

El Estado de Palestina es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el 1 de abril de 2015, por lo que ésta tiene jurisdicción para investigar los crímenes de su competencia ocurridos en el territorio del Estado palestino o por sus nacionales.

El Gobierno de México tiene conocimiento y da puntual seguimiento al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y a la solicitud de medidas provisionales.

México reitera su compromiso con la justicia internacional, la prevención del genocidio y otros crímenes de guerra y contra la humanidad. Asimismo, confía en que estas acciones, basadas en la solución pacífica de controversias, puedan abrir espacios para un cese al fuego inmediato y contribuyan a allanar el camino para una paz duradera en la región sobre la base de la solución de dos Estados que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas«.

Documento 2: 
Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial)
Chile y México presentan remisión de la situación de Palestina ante la Corte Penal Internacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informó que el embajador de Chile en Países Bajos, Jaime Moscoso, presentó hoy, junto a México, un escrito de remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI) respecto de la situación en Palestina, con el objetivo de reforzar la investigación de los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este e Israel, ilícitos contemplados en el Estatuto de Roma.

Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.

“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.

Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.

Desde el pasado 7 de octubre, Chile ha insistido reiteradamente, al igual que muchos países y organismos internacionales, en condenar los ataques terroristas de Hamas y en exigir la liberación inmediata de los rehenes; en reconocer el derecho de Israel a defenderse de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario; en condenar las operaciones militares en Gaza que no han cumplido con los principios de proporcionalidad y distinción del derecho internacional humanitario; en exigir el respeto del derecho internacional y los derechos humanos; y en solicitar un cese inmediato al fuego.

Finalmente, Chile reitera nuevamente su llamado al diálogo, que conduzca a la única solución posible para poner fin a este conflicto histórico: dos Estados, Israel y Palestina, coexistiendo en paz, en el marco de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas». 

Vigilia en apoyo a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en favor de Palestina

Costa Rica debe dejar de ser neutral ante la injusticia y los crímenes de lesa humanidad del estado sionista, exigiremos que el canciller cumpla con su responsabilidad de representar la tradición costarricense de Paz y anti-belicismo.

Jueves 11 de enero a las 4 p.m. frente a la Casa Amarilla – Cancillería de la República de Costa Rica.

Actividad pacífica apta para todo público, mascotas bienvenidas, traer velas, pancartas instrumentos musicales y artículos para ofrenda de las víctimas que en su lamentable mayoría son infantes inocentes.

Organiza: Red de Solidaridad con Palestina

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