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UCR: “Calladita ¿más bonita?”

Gabriela Arguedas Ramírez, docente de la Escuela de Filosofía, tuvo a cargo la conferencia de clausura del primer ciclo lectivo del 2024 en el marco de la celebración del quincuagésimo aniversario de la Facultad de Letras. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Lección de clausura del primer ciclo lectivo de la Facultad de Letras impartida por filósofa Gabriela Arguedas

El intento de anular el pensamiento crítico de la universidad pública

¡No! La Universidad nunca será más bonita quedándose callada ante la problemática social. Jamás será más bonita guardando silencio ante los abusos de poder del Gobierno de turno. Y, si por levantar su voz contra las injusticias y la desigualdad, pierde belleza para algunos, ¡enhorabuena!, porque ¿a quién le interesa una estética sin ética?

Sin embargo, para Gabriela Arguedas Ramírez, docente de la Escuela de Filosofía, la Universidad de Costa Rica viene padeciendo de una modorra desde hace muchos años y ha guardado silencio en torno a los recortes sistemáticos en inversión social que ha hecho el país para que grupos específicos sigan maximizando sus beneficios sin ningún tipo de límite.

Para la académica, la crisis educativa que atraviesa el país no es casualidad ni el efecto adverso no previsto de decisiones anteriores, sino que obedece a decisiones políticas perfectamente conscientes que apuntan a un tipo de sociedad, a un tipo de modelo de desarrollo y a un tipo de Estado.

“Creo que todas las universidades públicas están llamadas a tomar la decisión de si van a doblar la rodilla frente a los mandatos de la lógica neoliberal, que implica pactar con el neoconservadurismo, o si van a resistir esa fuerza”, manifestó Arguedas durante su conferencia titulada “El pensamiento crítico bajo ataque: narrativas extremistas y el giro discursivo de las derechas”, reflexión que presentó en la lección de clausura del primer ciclo lectivo en el marco del quincuagésimo aniversario de la Facultad de Letras.

“Extraño la Universidad que le seguía el pulso a los problemas nacionales, extraño la Universidad que por lo menos trataba de generar grupos de trabajo y grupos de discusión para analizar problemas particulares. Esa Universidad yo no la veo, parece que desapareció, que está consumida por pleitos internos, que está consumida por el cortoplacismo. Entonces abandonó una de sus obligaciones que están en el Estatuto Orgánico, pero además es una obligación que tenemos con la sociedad porque la sociedad nos financia”.

Gabriela Arguedas Ramírez, docente de la Escuela de Filosofía

El deterioro en la calidad educativa que apunta Arguedas lo han percibido las universidades públicas en los últimos años entre la población de nuevo ingreso, la cual reporta serias deficiencias en su formación en matemática y en su dominio de un segundo idioma. Pero lo más grave son las dificultades que manifiestan a la hora de comprender un texto, escribir de manera coherente y expresarse oralmente.

Si esa es la realidad educativa de la juventud que logró aprobar el examen de admisión, ¿en qué situación estará la inmensa mayoría que no pasó la prueba de ingreso a las universidades o de quienes no han concluido su educación secundaria?, cuestionó la expositora.

Para la docente e investigadora, el menoscabo planificado de la educación pública tiene el objetivo de cercenar el pensamiento crítico en la población para convertirla en una masa fácilmente manipulable de acuerdo con los intereses de sectores políticos y económicos neoliberales aliados con grupos neoconservadores.

“Sectores neoconservadores hablan de una guerra cultural en la cual las universidades constituyen un campo de batalla. Lo que buscan de modo incesante es anular el legado destacable de la modernidad, terminar de destruir lo que queda de confianza en la democracia, quieren anular el sistema político de pesos y contrapesos, de transparencia y rendición de cuentas y, para ello, necesitan anular las condiciones de posibilidad para el pensamiento político”, señaló Arguedas.

De acuerdo con la expositora, un individuo que no tenga la capacidad para lidiar con la incertidumbre, con la complejidad, con la contradicción y con el disenso caerá fácilmente en las narrativas absolutistas neoconservadoras que dividen al mundo en buenos y malos y que encuentran chivos expiatorios a quien culpar de todas las desgracias de sus líderes. En este sentido, recalcó que “la ignorancia arrogante es una de las más graves amenazas que enfrentamos en este siglo”.

A lo largo de su disertación, Arguedas recapituló acontecimientos en la historia reciente del país que han consolidado el discurso neoconservador y la yunta que ha hecho con el sector neoliberal para hacerse del poder político e imponer su agenda, lo cual representa un retroceso en todos los ámbitos, desde los derechos humanos y la protección ambiental, hasta el acceso a la salud y a la educación.

Uno de esos acontecimientos ocurrió la noche del 8 de marzo del 2024 frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, cuando un nutrido grupo de manifestantes ingresó al campus con antorchas encendidas y se colocó frente al edificio de la Facultad para orar en dirección a que Dios volviera a tomar control de la Universidad.

Un mes después, un profesor de Humanidades de la Sede de Guanacaste de la UCR organizó la presentación de un libro antivacunas escrito por una médica que fue suspendida del ejercicio profesional por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica justamente por promover información falsa que atenta contra la salud.

“Ambos eventos pasaron sin pena ni gloria, sin que se generara ninguna reacción por parte de la administración de esta Universidad. Podría alguien argumentar que solamente se permitió el ejercicio de la libertad de expresión, cátedra y conciencia, pero yo no estoy de acuerdo, comenzando porque no creo que esa haya sido la razón por la que no hubo ninguna reacción. No hubo ninguna reacción porque vivimos en este momento en una especie de modorra, de indiferencia generalizada. Los primeros en padecer ese desinterés son los miembros de la comunidad universitaria y nuestras autoridades”, aseveró Arguedas.

“El avance de estos movimientos ha sido exitoso porque se están cosechando los frutos de lo que han sembrado en las últimas décadas y se están cosechando también los frutos de lo que los otros grupos no han hecho. Me refiero a la indiferencia y a la complacencia de quienes han observado estos procesos durante las últimas dos o tres décadas y no han hecho absolutamente nada al respecto. Dicen ser defensores de la democracia, dicen estar en contra de regímenes opresivos, dicen estar en contra de la violencia y la discriminación, pero ¿cuáles son sus actuaciones concretas? Y también estoy hablando aquí de la Universidad de Costa Rica”.

Gabriela Arguedas Ramírez, docente de la Escuela de Filosofía

Arguedas fue clara en que, si bien la Universidad debe ser un espacio de circulación y debate de ideas con apertura, no significa que se deba permitir la legitimación de abusos, tergiversaciones, falsedades y desinformación con propósitos políticos antidemocráticos.

La académica explicó que los movimientos neoconservadores de los que forma parte la manifestación con antorchas que se realizó frente a la Facultad de Ciencias Sociales comenzaron a articularse en la década de los setenta del siglo pasado en Estados Unidos y se han extendido y complejizado durante las últimas dos décadas.

“La articulación estratégica del neointegrismo católico y el fundamentalismo neopentecostal con sectores de extrema derecha e, incluso, con organizaciones criminales, les ha permitido conquistar impresionantes éxitos electorales en todo el mundo. Sí, también tienen alianzas con grupos criminales en diferentes países, en donde las comunidades están controladas por el narco y por la iglesia evangélica del barrio”, reveló Arguedas.

Entre los éxitos de esta articulación neoconservadora, la docente destacó la victoria electoral de Donald Trump en los Estados Unidos en el 2016 y la “buena salud” de la que goza su movimiento, el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil y el de Nayib Bukele en El Salvador, así como el del régimen de Viktor Orbán, en Hungría y el de Vladímir Putin, en Rusia.

“Todos estos líderes, aunque tengan diferencias políticas e ideológicas entre sí, se caracterizan por un estilo profundamente conservador en asuntos sociales y todos, de un modo u otro, han pactado acuerdos de alianza político-religiosa”, subrayó.

La investigadora complementó este escenario con el crecimiento y consolidación de la derecha extrema en los países europeos, apoyada por movimientos neofascistas de jóvenes que realizan saludos nazis y atacan a migrantes sin distingo de nacionalidad o credo.

Tres características, estrategias y narrativas que comparten los grupos y líderes neoconservadores:

  1. La complacencia populista antiintelectual y anticientífica, como la negación de la pandemia de Covid-19, la narrativa antivacunas, los discursos que descalifican la gravedad del cambio climático y múltiples formas de teorías de la conspiración.
  2. El impulso antisecular o reconfesional del ámbito público y de las instituciones del Estado.
  3. La gestión política del odio. El odio ha sido la punta de lanza en sus campañas electorales a través de estrategias retóricas misóginas, antifeministas y homofóbicas.

“Se intensificó así una estrategia discursiva conservadora que asocia el hecho de ser feminista, estar a favor de la legalización del aborto o de la igualdad de derechos para personas no heterosexuales o el apoyo a políticas de justicia migratoria o reconocer que el cambio climático es algo que realmente está sucediendo, con haber pasado por un proceso de adoctrinamiento durante la educación superior. Entonces, se proyecta la idea de que son las universidades los centros adoctrinamiento y no las iglesias fundamentalistas neopentecostales o neointegristas católicas”, apuntó Arguedas.

Según la expositora, estos son algunos hechos que reflejan el refortalecimiento conservador en Costa Rica y el impacto que ha tenido en la educación y en el ejercicio del pensamiento crítico:

  1. La declaración de inconstitucionalidad de la práctica de la fecundación in vitro en el año 2001. Ese caso le valió al país una sentencia en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  2. En el 2007 se generó una intensa oposición a la reforma constitucional para eliminar de la Constitución de la República el carácter confesional del Estado. La defensa de la educación religiosa fue liderada por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y apoyada por sectores evangélicos que se aliaron con la Iglesia Católica en contra de la secularización del Estado y sus instituciones. Es decir, los protestantes no estuvieron opuestos en ese momento a que el Estado fuera confesional católico mientras pudieran ir ganando algo de los privilegios que tiene la Iglesia Católica.
  3. En el año 2012, cuando el Ministerio de Educación Pública aprobó un nuevo programa de educación sexual, varias asociaciones evangélicas, asociaciones católicas y de padres de familia se opusieron a que fuera obligatorio que sus hijos recibieran ese nuevo plan de educación sexual en el colegio o en la escuela.
  4. A partir del año 2016 surge una nueva estrategia neoconservadora coordinada por Joseph Ratzinger, quien fue Papa Benedicto XVI: la narrativa de la ideología de género, la cual ha servido en toda América Latina y en algunos países europeos para que partidos políticos populistas de derecha aliados con organizaciones religiosas conservadoras acumulen un enorme apoyo popular. Esta narrativa se basa en falacias, inexactitudes, prejuicios y estereotipos que buscan, por ejemplo, volver a normalizar la maternidad y lo doméstico como único destino femenino.
  5. En el año 2020, el mundo entró a una fase hasta entonces desconocida, aunque haya habido pandemias anteriores. En Costa Rica, y en casi todo el mundo, explotó la desconfianza en la ciencia, en la educación superior y en la institucionalidad del Estado y en la democracia. Este es el resultado de un proceso de larga data y largo alcance de desmantelamiento de las instituciones del Estado, de debilitamiento de la confianza, de arrogancia epistémica, de cerrarnos en el mundo universitario y académico, cerrarnos al diálogo con los que están fuera. En todo caso, lo que vimos fue una reacción tremendamente ágil y oportuna de estos grupos religioso-políticos que se aliaron también con grupos neoliberales y con actores antidemocráticos.
  6. Durante la negociación de la Ley de Empleo Público, la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC) aceptó la moción del sector neoconservador, presentada a través del partido Nueva República, de incluir en la Ley de Empleo Público un artículo sobre objeción de conciencia dentro de los servicios públicos.

“El giro hacia la extrema derecha ha estado precedido de un incansable trabajo de base fundamentado en la cohesión social mediante la misoginia, la homofobia, el racismo y la xenofobia. Es decir, esta es la gestión política del odio. Es a través de esa gestión política que logran amasar cantidad de gente que se encuentra huérfana políticamente, que está harta del estado de situación, que no tiene cómo identificarse con otros grupos. Al final, son atrapados a través de estas narrativas que ofrecen un chivo expiatorio”, subrayó Arguedas.

Para Arguedas, este recuento de hechos que ilustran el avance del neoconservadurismo y sus narrativas estratégicas debe interpretarse a la luz de otros datos desalentadores, como el hecho de que la tasa de cobertura de cuarto y quinto año de secundaria es menor al 50 %, o que la mitad de la población entre los 25 y los 34 años no ha terminado la educación secundaria.

“Entonces, la supuesta apuesta por STEM es mentira, esa es una narrativa absolutamente manipuladora y falaz. Si fuese cierto que el Gobierno actual está preocupado por apoyar STEM, debería estar haciendo algo por la enseñanza de la matemática en la escuela y en el colegio. Si esta gente no termina el colegio, la universidad no puede hacer absolutamente nada para que entre a las carreras STEM. Nos están pidiendo que solucionemos un problema que no hemos creado y que, además, tampoco podemos solucionar.

“Entonces, esto es solo un espejismo, una cortina de humo para debilitar las Humanidades, las Ciencias Sociales y el pensamiento crítico, porque las áreas que fomentan el pensamiento crítico son un obstáculo en esta avanzada antidemocrática, neoconservadora y refeudalizadora.

“El giro neoconservador global que va tomando un carácter extremista requiere que las grandes mayorías no tengan habilidades mínimas para pensar y cuestionar, necesitan individuos preparados únicamente para recibir instrucciones, para recibir órdenes. Recordemos a líderes fascistas como Mussolini. Él lo tenía clarísimo: hay que uniformizar el pensamiento para construir masas de personas que sean fácilmente lideradas en la defensa de un proyecto nacional, ordenado, disciplinado, efectivo, que es el Estado-nación fascista, que luego debe seguir en un proceso de conquista de resto del mundo. Esas ideas están más vivas hoy que hace 50 años y eso lo estamos viendo en este momento en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en El Salvador y, cuidado si no, las semillas también las estamos viendo en Costa Rica”, advirtió Arguedas.

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

UCR: Costa Rica requiere limitar uso de prisión

Comunicado de Prensa

 

La Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 6 de septiembre del 2017, en Ciudad de México. La misma presentó información relacionada con el aumento de la población penitenciaria en Costa Rica en los últimos años, sus orígenes y consecuencias.

Las organizaciones señalaron que en los últimos años la población penitenciaria en Costa Rica ha experimentado un aumento considerable. Así, indicaron que la tasa de prisionalización es de 352 personas por cada 100.000 habitantes. “Costa Rica tiene una población carcelaria mayor a la de países con mayor criminalidad, como Brasil o Guatemala”, señaló Manuel Rojas, representante de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR.

Indicó que lo anterior obedece a la adopción de políticas de mano dura, que privilegian las medidas privativas de libertad sobre aquellas menos restrictivas; legislación que permite la prisión preventiva por circunstancias ajenas a las permitidas por los estándares internacionales; normas que posibilitan vulneración de garantías reconocidas en la Convención Americana; entre otros. Igualmente, señaló que algunos jueces han sido perseguidos por aplicar la Convención y por realizar sustitución de prisión preventiva por medidas cautelares distintas, aunque permitidas por el ordenamiento.

Por su parte, Gisela De León, de Cejil, agregó que, para que un centro penitenciario funcione de manera adecuada, debe contar con infraestructura apropiada, personal suficiente y capacitado y programas adecuados para la reinserción social. Sin embargo, todos estos factores son insuficientes ante el aumento de la población penitenciaria, lo que a su vez incide negativamente en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

Las organizaciones peticionarias reconocieron los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Justicia y Paz, bajo el liderazgo de la Ministra Cecilia Sánchez, para reducir el hacinamiento penitenciario. Sin embargo, resaltaron que la respuesta a este problema parte de la necesidad de un cambio en la política criminal.

La representante de Cejil explicó que, dentro de la población penitenciaria, hay grupos que se encuentran en una situación más vulnerable. Por ejemplo, las mujeres, las personas de pueblos indígenas, personas LGTBI. En particular se refirió a las afectaciones que sufren éstas últimas, a partir de la información obtenida a partir de un diagnóstico realizado en la materia, gracias al apoyo de la Unión Europea. Asimismo, Gisela reconoció que el Ministerio de Justicia y Paz ha realizado esfuerzos para abordar estas situaciones violatorias.

A la audiencia asistió la máxima representante de la cartera, quien informó las medidas que ha adoptado para profundizar en las garantías a favor de la población penitenciaria. Destacó, dentro de su exposición, que actualmente trabaja en conjunto con Cejil en la adopción de un protocolo para la atención de la población privada de libertad LGBTI.

Asimismo, relató que producto de las medidas que ha adoptado ha recibido una serie de ataques de diversos sectores. En respuesta, los representantes de la Comisión Interamericana dieron muestras de su solidaridad. En particular James Cavallaro, Relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad calificó su trabajo de extraordinario y un ejemplo para las Américas.

Las organizaciones solicitaron que, en atención a lo anterior, la Comisión respalde el trabajo que viene realizando el Ministerio de Justicia y Paz costarricense y que solicite información al Estado en relación a las medidas adoptadas para adaptar su política criminal a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

VEA LA AUDIENCIA COMPLETA

MÁS INFORMICiÓN SOBR PERIODO DE SESIONES 164 de CIDH

Sobre la audiencia

La audiencia fue solicitada por la Maestría en Ciencias Penales de la UCR y el Cejil para exponer los hechos, que a su vez generan un discurso fundamentado sobre el tema, el cual fue escuchado por representantes del Gobierno de Costa Rica y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta última emitirá recomendaciones.

Prensa de Cejil contactar con Fancisca Stuardo al correo fstuardo@cejil.org

Prensa UCR contactar con Gabriela Mayorga López al correo gabriela.mayorgalopez@ucr.ac.cr

 

*Imagen tomada de video de audiencia.

Enviado por Boletines ODI, UCR.

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De lo electoral y del disfraz de policía

Por Carlos Meneses Reyes

 

Este pasado fin de semana recibí llamada de una vieja amiga, indicándome, sobresaltada, que su nietecillo, de escasos cinco años, había escogido como disfraz para festejar la noche de las brujitas, el de Policía. Que a diferencia de sus primos él no escogió a ninguno de los rete conocidos personajes de los comics. Su angustia radica en que fue criada en un ambiente en que la palabra policía no era mencionada en su casa; debido a que el papá de su mamá, un liberal de traca-mandaca, fue asesinado por la policía chulavita, durante la violencia liberal – conservadora (1946-1957). Su mamá le infundió una especie de temor, más que de odio e impotencia y ella creció, con ambos sentimientos encontrados.

“Voy a escribir algo al respecto y te lo envío”, fue mi respuesta a su llamada.

Conocedor de esa tradición oral transmitida y de las pláticas sobre espeluznantes temas y pasajes de la violencia aún no digeridas; ratificando que para mí, los nacidos en la década de 1940, son los comprendidos como los de la generación de la violencia; la carga histórica por el accionar político-partidista de la Policía Nacional de Colombia, pende cual constante no resarcida en muchas víctimas por el no saneamiento oportuno; ni asomo de reparación y de no repetición.

Claro está que por tratarse de una institución, proviene la defensa de la “institucionalidad” para que la réplica y contrarréplica sea el que los crímenes cometidos por personal uniformado e integrante de La Policía, son hechos aislados. Pero la carga histórica, la verdad histórica, afirman lo contrario. Por más esfuerzos de “lavada de cara”, que campañas publicitarias impulsan; no se pretenda ubicar lo aquí expresado, a las manifestaciones de inaceptable agresividad como sujetos aislados y en casos reiterativos del “usted no sabe quién soy yo” y “no sabe con quién se mete” del caracterizado Nicolás Gaviria; han acosado y constreñido el papel social invaluable del agente de policía. Esas conductas de contravención y delincuenciales, son ajenas a nuestra valoración.

Al decir del inmolado camarada Manuel Cepeda Vargas: “Colombia es el país de los odios heredados” y por ende su policía nacional. Las estadísticas muestran que tratándose de crímenes cometidos por agentes policiales del Estado colombiano, la impunidad es del 98%, que refleja el cuadro de la corrupción en Colombia.

La memoria colectiva se ejerce bajo un poder racionalizador de la población, pero parte de la verdad histórica Por ello, no es con facilismos de fórmulas descabelladas como se puede lograr la colaboración voluntaria, espontánea y solidaria de la población colombiana. Ello constituye un imposible en el actual escenario sangriento del conflicto militar, económico, político y social.

La inteligencia ofensiva del régimen colombiano narco para Terrorista de Estado, sin poner orden en la seguridad ciudadana interna de su propia casa, se da a la tarea de aplicar una política de seguridad de exportación con intensa actividad de sus delegados policiales en las Embajadas. Para el año de 2010, la policía colombiana asesora e instruye a agentes policiales de 23 países. Una institución de peso específico criminal como la policía colombiana, actualmente está inhabilitada, bajo la filosofía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una rama del derecho Internacional Público, para aplicar el principio universal del Pro Homine: Por la Humanidad.

Resulta, sí, que actualmente, la Policía no es un cuerpo de la sociedad civil preventivo, sino represivo y en pie y acción de guerra. No es de inspiración y naturaleza civilista, sino militarista. Es institución en contraria al espíritu civilista del constituyente primario Colombiano. Todo esto independientemente de los escándalos que salpica al actual Director de la Policía Nacional y de los no cerrados que mancharon a sus predecesores. No ha habido abordaje político para tratar tan álgida temática de la vida nacional.

De si existe un censismo electoral en Colombia

El pasado debate electoral ha sido extenso en su objeto de análisis, comentarios, calificaciones, explicaciones y también justificaciones. Pareciere que han explayado su saber y asimilado lo concerniente a los efectos por resultar vencedores o vencidos. Han personificado los efectos de la legalidad tanto por lo obtenido territorialmente, como lo que igual significa lograr el favor en la obtención acumulada de votación para lo de sus empeños. De esa manera, han discurrido los sucesos; pero todo sin mayor asomo de profundización de un detenido análisis a cerca del régimen electoral imperante en Colombia, tema este de por sí soslayado y por ende desplazado y/o relegado a un nivel de menor importancia y no consideración.

De manera que lo por mi esbozado en las siguientes líneas solo pretende explicar un aspecto comparativo de cómo en Colombia, pese a los adelantos de la última reforma del sistema electoral que nos rige, imperan los lastres de una práctica constante como violatoria a los principios universales que rigen una elección popular.

Parto aludiendo a la Ley 01 de 2003; por medio de la cual se extinguió la pesca de los residuos y cocientes electorales, que en el argot era conocido como la “operación avispa”; por la modalidad en que cada partido o movimiento político inscribe una sola lista, que tendrá tantos candidatos como curules existan en la corporación a que se aspira. Funciona bajo las modalidades de lista cerrada: conforme resultan elegidos en el orden inscrito y de voto preferente indicando que se elige uno de los candidatos señalados. Valga como plataforma bajo un enunciado valido y en el entendido que simplifica la mecánica de un desarrollo normal electoral: la consiente aplicación del sufragio universal, el secreto del voto personal y el depósito del voto en la urna.

De lo sucedido en la pasada jornada electoral

Pero que sucedió el pasado 25 de octubre de 2015, en que se eligieron gobernadores, alcaldes, concejales, miembros de las juntas administradoras locales y asambleístas. Me he dado a la tarea de resumir y extractar lo manifestado por diversos analistas políticosy en los que se observa una constante confluyente de irregularidades, defectos y estafas, que empañaron el honrado calificativo de elecciones “limpias”.

Dice Horacio Duque Giraldo. Que las recientes elecciones locales se caracterizaron por la compra y venta de votos, el clientelismo, la corrupción, la manipulación con los presupuestos oficiales, las maquinaciones con los principales medios de comunicación y la contaminación política con las encuestas que jugaron un papel crucial en el encauzamiento del “voto útil” para favorecer los candidatos de las camarillas oligárquicas, como en el caso de la Alcaldía de Bogotá.

Transcribo lo enseñado por Luís Alfonso Mena S. Que las pasadas elecciones evidencian, una vez más, que en Colombia quien ostenta el poder económico tiene los votos y que las fuerzas alternativas difícilmente pueden hacer política electoral ante la enorme desventaja que significa enfrentar a las grandes maquinarias, es decir, a los partidos del establecimiento Los torrentes de dinero invertidos por la mayoría de los ganadores, y también por muchos de los perdedores. Mientras tanto, siguen creciendo los costos de las campañas, en parte fruto de la práctica del voto preferente que genera una feroz competencia dentro de las listas de candidatos, y el otorgamiento de avales se volvió el gran negocio de inescrupulosos, inmersos incluso en nuevos movimientos supuestamente étnicos surgidos a la luz de la Constitución, que reparten respaldos aprovechando sus personerías jurídicas, pero sin pizca de identidad ideológica y sin reparos en la idoneidad ética de los avalados. Y en acceso pagado a medios de comunicación y que requieren no solo recuperar “la inversión” (en lo local). Dejando de manifiesto el peso de las máquinas mediáticas en la generación de una opinión pública desfavorable, acicateada diariamente por un discurso estigmatizador, parcializado y falso en alto grado, no solo contra el Alcalde Distrital, sino contra la candidata Clara López.

Decía Reinson Said Sepulveda: La victoria la da el dinero, por supuesto, pero también las deslealtades. Y en Cúcuta Acevedo fue traicionado porque a los suyos les dieron más dinero de los que les dieron al candidato “vencedor” Rojas….Decía que también los electores son corruptos. En los barrios populares de Cúcuta se ofrecían celulares a cambio de votar por Acevedo.

El fallido aspirante al Concejo de Ocaña, Alejandro Gutiérrez de Piñeres y Grimaldi, acotó: No bastó exhibir buena Hoja de Vida, pues aún a estas alturas, la compra descarada de votos, las mentiras hábilmente disfrazadas, el populismo ramplón, las altas cantidades de dineros invertidos en «publicidad» política comprada, que nublan las mentes de millares de gentes necesitadas, que solo miran la solución ocasional o transitoria de una necesidad…

Citando a Hernán Gómez Buendía:»De modo que no tenemos ningún “contrato social”, sino una infinidad de contratos particulares entre cada candidato y su puñado de parientes, contratistas, busca-puestos y socios de distintos pelambres.Y así las elecciones, que habrían de ser el mecanismo para expresar y consagrar los intereses colectivos, acaban reducidas a una bolsa de empleos y de reparto del erario público”.

Y dice Yahir Contreras: las elecciones amañadas, corrompidas o financiadas por grandes sumas de dinero legal o “caliente”, e inclusive las amenazas de muerte orquestadas desde las cloacas del poder y sin duda con origen en la derecha recalcitrante amparada en paramilitarismo y sectores militaristas.

De Rebelion.org, Editorial. En las urnas. Desde Abajo. En el marco de la formalidad institucional que rige en Colombia, las más profundas fibras de una ciudadanía que por decisión oficial ha sido excluida siempre de la cosa pública, la llamada izquierda caiga en el juego y termine sometida a una agenda que no hace sino reproducir y fortalecer la formalidad y la institucionalidad existente.

Lo caracterizante

Poder económico. Compra y venta de votos. Los partidos del establecimiento como grandes maquinarias electoreras. Clientelismo. Corrupción. Manipulación de presupuestos municipales y de contratistas de obras públicas. Deslealtades. Rapiñas en el aval de preferentes. La mediática estigmatizadora. La impronta de las encuestas maquilladas al cierre electoral. El cuestionamiento por ilegitimidad. La permanencia de lo malo, lo indecente. La inversión económica para la recuperación..

Lo sucedido y no desmentido

Hubo alcaldes impuestos desde las cárceles. Por ejemplo: en Yopal, Casanare, el pueblo eligió como alcalde a un preso. En Cúcuta, un preso eligió alcalde. En Gramalote (Norte de Santander) eligieron alcalde pero no hay pueblo, pues desapareció la cabecera municipal hace años, por una tragedia ecológica. En Santander, Horacio Serpa apoyó a su otrora enemigo Didier Tavera. Rodrigo Lara y Carlos Fernando Galán, hijos de dos líderes asesinados por los cárteles del narcotráfico, avalaron a candidatos acusados de vínculos con el crimen organizado. Quienes ganaron las elecciones mostrándose o bien como empresarios o bien como gerentes, y no como políticos; tal cual pasó con el gerente urbanista Peñaloza. Candidatos por conveniencia táctica rentista como la del entrometido y cuestionado Pardo Rueda; no para ganar sí para vulnerar el voto de condescendencia liberal a Clara López. También los de prácticas gansteriles como la de un excongresista que pretendía seguir gobernando a través de su esposa y al que le fueron incautados más de doscientos mil dólares. Las elecciones como una inversión económica.

Se robaron bolsas con los votos en Tumaco. Registraduría dice que Policía no las recuperó todas. Harán escrutinio para Alcaldía con las que encontraron.

En Ocaña paquete de tarjetones se encontraron en la basura. Aunque no se sabe la cifra exacta, eran para la asamblea y algunos estaban marcados. El lunes por la mañana, una recicladora madrugó a recoger los desechos que quedaron de la jornada “democrática” en el Colegio José Eusebio Caro, Centro principal de votación para 25.000 electores, en el casco urbano del municipio, cuando se encontró en una de las cajas que sirvieron para depositar los votos, con un paquete de tarjetones enrollados. Se deduce que los jurados, como es su competencia, no hicieron el escrutinio correspondiente o para algo se prestaron…La casa García Zuccardi y varios parapolíticos estarían detrás del nuevo alcalde Cartagena. Disturbios en Suan (sur del Atlántico) por el resultado de las elecciones. Querían prenderle fuego a la Alcaldía y a la Registraduría. Que la votación masiva en Barranquilla obedeció a la corrupción al sufragante, voto fraudulento, ocultamiento y retención de cédula. Los pobladores del municipio de Bojayá (Chocó) se tomaron la Alcaldía luego de conocer los resultados del domingo; quemaron el material electoral y exigen que se repitan las elecciones.

La Registraduría Nacional confirma que ocho funcionarios de la entidad fueron detenidos en desarrollo de la pasada campaña política y que acertó golpe a la trashumancia. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Sincelejo requirió a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que cumpliera con la medida provisional impuesta en octubre 15 del presente año y que no ha sido acatada, la cual consiste en incluir en el tarjetón a la lista de aspirantes del grupo de ciudadanos ‘Por Morroa Sí se Puede’.

Del paso a seguir

Indiscutiblemente y conforme a la ambientación de lo debatido y a acordarse en La Mesa de La Habana en relación con el punto primero de participación en política, por parte de la insurgencia, queda mucho por desearse ante la realidad de un sistema electoral moderno, actualizado y garante de imparcialidad en Colombia.

Históricamente muchos grupos de la población fueron excluidos de las votaciones. Rememorando a la antigua Atenas no le era permitido a las mujeres el ejercicio de participación, como tampoco los extranjeros, parias y esclavos tenían derecho al voto. Aristóteles justificaba la esclavitud. La constitución original de los Estados Unidos de América permitía el voto solo a hombres blancos y propietarios, mediando el éxito el Movimiento por los Derechos Civiles en estados Unidos para obtener la participación al sufragio libre y universal. Fue la lucha femenina por el sufragio la que entregó a las mujeres el derecho a Votar. En Colombia el logro alcanzado fue producto del populismo de derecha militarista de los sempiternos bloques excluyentes del poder.

La historia de la participación electoral va de la mano con el derecho a elegir y a ser elegido. Con la promoción del voto para sectores marginados de la sociedad y grupos excluidos, segregados y de minorías. Todavía se mantienen excluidos en algunos lugares, tales como los convictos por felonía (deslealtad, traición), miembros de ciertas minorías y desaventajados económicamente; persistiéndose en meta significativa para los derechos electorales. Aún permanece impuesto en el mundo y Colombia no es la excepción, el sistema del Censo Electoral o Padrón. Este consiste en instrumentos por medio de los cuales se escogen y determina a las personas que deben y/o pueden ejercer el voto en una determinada elección. Ello se ha erigido en arbitraria forma de desconocer el voto electoral. El peso de esta práctica consuetudinaria y legal, se impuso no solo por la mayoría de edad, la discriminación de sexo, como para los que tenían rentas altas, arbitrarios niveles de riqueza, raza, religión, etc. En algunos países impusieron la obligatoriedad del voto hasta con penas de prisión y multas por no ejercerlo.

Retomando el panorama colombiano nos encontramos ante un sistema electoral semifeudal. Se dice que fue diseñado cuando la energía eléctrica era un lujo de pocas ciudades. Con el manipuleo electoral de los contratistas “digitales”. Que satisfizo las necesidades de los caiques y politiqueros bipartidistas y que han demostrado con sus prácticas tener mayor poder e influencia sobre la Registraduria Nacional. Desconoce el avance tecnológico y electrónico predominante. Lo imperioso del control estatal total en el desarrollo electoral, asumiendo el costo único electoral y el desmonte de la danza de los millones por las cuentas de reposición electoral. Las iniciativas innovadoras han sido engavetas y archivadas.

Lo caracterizante de la pasada campaña electoral y atrás tratado en acápite especial, nos permite calificar al actual sistema electoral colombiano como de censista conforme a la categoría que lo estudian los cientistas sociales. En la práctica aplica en Colombia lo censista, cuando asistimos a la impune supremacía del dinero, la inversión económica electoral, como negocio y todo los atrás denunciado y caracterizado y que intentan reflejar las falacias de un sistema electoral ilegitimo y corrupto, que genera vergüenza ante la comunidad internacional.

Conclusión

De lo hasta aquí redactado y que conforma tan solo el inicio o asomo de temas de verdadero reto a tratar en el plano político nacional; tanto el tema de la Policía Nacional como la del Sistema Electoral, por el rango de institucionalidad que les caracteriza, nos lleva a la impostergable realidad del planteamiento de la convocatoria de una Verdadera Constituyente Popular, para la solución radical y de fondo de grandes males , como los aquí, analizados y que flagelan a la nacionalidad colombiana.

 

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