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Etiqueta: criminalidad

¿Cómo reducir la violencia en la población joven?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Ante el incremento de los hechos de violencia protagonizados por personas jóvenes en el país,  la reacción pública tiende a inclinarse por demandar medidas represivas. ¿Son efectivas esas medidas? ¿cuáles son las acciones más eficaces para reducir la violencia y la criminalidad entre la población juvenil?

Especialistas respondieron estas preguntas, desde un abordaje integral, durante el conversatorio virtual “Violencia y personas jóvenes: bienestar y cambio social”, organizado  por la comisión de la Política Institucional de la Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional, el pasado 8 de setiembre.

“Reconocemos que la violencia es multicausal y por ello es importante tener acercamientos desde diferentes enfoques, afirmó Kattia Castro, moderadora de la actividad e integrante de la comisión. 

En esa línea, Rafael Segura, magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de la subcomisión Penal Juvenil del Poder Judicial, tituló su exposición “Negación de derechos y violencia en la adolescencia”. “Sabemos que familia, escuela, iglesia y comunidad son elementos importantes para estructurar el comportamiento de la persona, pero si no existe familia protectora, si no existe una educación formal por medio de una escuela, si no hay ni siquiera un paliativo como es la iglesia y la comunidad, entonces qué podríamos esperar del comportamiento de esas personas”, cuestionó Segura, quien ejerce su labor también en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, el cual atiende—como última instancia—lo relacionado con los menores de edad que cometen delitos a nivel nacional.  

En cuanto a los jóvenes en conflicto con la ley—población especialmente excluida—el magistrado reconoció las precarias condiciones de alimentación e infraestructura, entre otras, que enfrentan en los centros de reclusión. Pese a las grandes limitaciones económicas de parte del Estado, considera que dentro del Poder Judicial se realizan esfuerzos por brindarles educación y visibilizar los esfuerzos de esta población por seguir adelante. 

Para  Segura, las medidas represivas no son efectivas para reducir la criminalidad y la inseguridad. “Si no hay oportunidades, no hay forma de que los muchachos salgan con una visión diferente de la que abandonaron al momento de entrar a prisión”, subrayó.

Basado en estudios científicos, Pablo Chaverri, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) y coordinador de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la UNA, confirmó que medidas como penas de cárcel más fuertes, acceso y tenencia de armas, e incremento de policías en las calles, no conducen a la reducción del crimen ni la inseguridad.

“Para entender el desarrollo del comportamiento antisocial debemos ver a las personas dentro del contexto social en que se han desenvuelto; a mayor exclusión y desigualdad, más posibilidades de involucramiento en comportamientos antisociales y actividades delictivas”, advirtió Chaverri.

Combate causal de la violencia

Como pedagoga y docente de un centro educativo con población urbano-marginal, Claudia Guerrero se refirió a lo que se vive día a día en estas escuelas. “Veo a la fecha que hay población en condición de violencia y de riesgo y que siguen estos niños poniéndole el pecho a las balas, no solo de forma metafórica sino también real”, advirtió.

Casos  reales—con nombres ficticios—como el de una menor impactada por una bala perdida o dos hermanos que presenciaron el asesinato de su papá, o un menor víctima de violencia física en su hogar, provoca que Guerrero cuestione: ¿qué hacemos con esta población que viene de hogares conflictivos?.  

“Quiero apelar a una política integral de combate causal de la violencia, que evidencie una visión progresista de un sistema preventivo que ataque las causas que ponen en riesgo a estas poblaciones que habitan en las aulas costarricenses”,  enfatizó la docente.

Por su parte, Pablo Chaverri—académico del Ineina-UNA— con base en estudios científicos, propone las siguientes medidas que han demostrado ser efectivas para avanzar hacia la reducción de la violencia y generar bienestar:

-Estimulación psicosocial temprana – Estudio longitudinal (Gertler et al., 2015), realizado en Jamaica, encontró que aquellos niños cuyas madres recibían entrenamiento en técnicas sencillas de estimulación psicosocial como el juego, la interacción, la conversación, la lectura, cuando son adultos tienen ingresos de cerca de un 25% superior a sus pares que no recibieron este tipo de intervención.

-Programas educativos para la crianza positiva- Estudio realizado en 2018 por el INEINA-UNA, evidenció que los programas educativos para la crianza positiva logran reducir el uso del castigo físico y además logran aumentar el grado de satisfacción de padres y madres en el ejercicio de la crianza.

-Entre más temprana la inversión, mejores resultados-  El Estado debe procurar que desde los inicios de la vida de las personas, ellas cuenten con los diferentes servicios y apoyos que requieren, puesto que entre más temprano intervenimos en la vida de las personas, mejores tienden a ser los resultados a largo plazo y entre más tarde llegamos en la vida de las personas, más difícil es desarrollar habilidades, conocimientos, aptitudes y valores positivos.

-Sistemas interinstitucionales robustos- Una medida estructural muy importante es que tengamos sistemas institucionales e interinstitucionales robustos, donde las diferentes instituciones vinculadas a la niñez y adolescencia y juventud puedan articular esfuerzos de manera estratégica para que puedan apuntar a las diferentes causas y factores predictores de fenómenos de violencia y exclusión social.

“Estamos hablando, en síntesis, de que sí podemos transformar los círculos perversos de exclusión cultivando círculos virtuosos de inclusión, donde generemos más desarrollo integral, mayores niveles de aprendizaje y, en consecuencia, personas jóvenes y adultas más calificadas, con más habilidades socioemocionales y que tengan no solamente mejores perspectivas laborales, sino también mejores habilidades para la vida, mayor capacidad de resiliencia y de manejo de diversas dificultades que se puedan encontrar en la vida”, subrayó Pablo Chaverri, académico de la UNA y coordinador de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia.

 

Compartido por Oficina de Comunicación, UNA.

Texas y los crímenes racistas contra la niñez latinaTexas y los crímenes racistas contra la niñez latina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Jiddu Rojas Jiménez

Texas fue robado a México en la Guerra de 1836. Luego en diciembre de 1845, Estados Unidos la anexionó formalmente. Esto desencadena una nueva Guerra contra México entre 1846-1848, y EE UU, le roba todavía más territorio.

A saber, desde el actual Nuevo México y Arizona, hasta Utah, Colorado, Nevada, incluido hasta California y limitando con el actual Oregón; además, partes de los actuales Estados de Wyoming, Kansas y Oklahoma. 

El actual Gobernador de Texas (Republicano) Gregg Abbott, –quien hoy se lamenta en público la nueva masacre de niños y niñas latinos/as–, quería hasta hace un par de días, eliminar incluso el permiso mínimo y la licencia de portación de armas; para lo cual, recientemente, presentó exitosamente, un proyecto al Poder Legislativo del Estado de Texas.

De hecho, el Congreso del Estado (no Federal, sino Estadual), aprobó su proyecto. Y el Senado, Estadual, de Austin (Capital del Estado de Texas) también.

Habrá nada más un curso en línea gratuito en Texas, para los portadores de armas, y las personas con antecedentes penales y de violencia doméstica no pueden portar armas. Esto último ante el crecimiento de los feminicidios, según Peter Ambers del Centro Giffords para el control de armas. (Esto según informa «El País» – Internacional).

Por si fuese poco, a nivel del Senado Federal, el Senador Republicano de extrema derecha por Texas, y ex- Nominado para la Candidatura a la Presidencia por el GOP (Republicanos), –Ted Cruz–, en sus primeras declaraciones públicas, rechazó que el control de armas reduzca la criminalidad, o prevenga este tipo de actos (BBC/CBS News). 

El Lobby Norteamericano de las Armas, parte minorista del gran Complejo Militar- Industrial, es muy poderoso a nivel Federal y de ciertos Estados más Conservadores. 

En todo caso, ayer 24 de mayo, en la pequeña ciudad fronteriza de Uvalde, en la «Robb Elementary School», en Texas, asesinaron a 19 niños y niñas de origen étnico latino (hijos y nietos de mexicanos fundamentalmente, o sea Chicanos), y a 2 maestras también latinas. Hay, además, 2 policías de fronteras heridos de gravedad.

Según la BBC, el 90 % de los niños y niñas son de origen latino (mexicano), y el 87% oficialmente de escasos recursos. De hecho, la placa de la Escuela dice, arriba «Welcome», y abajo, «Bienvenidos». 

El presunto asesino también abatido, y de apellidos latinos, tenía apenas 18 años. Éste aparentemente, compró los dos fusiles de asalto el mismo día de su cumpleaños («El País» – Internacional).

El día de la masacre, había discutido antes con su abuela, y también la mató de un disparo en la cabeza.

Esa es la trágica noticia. Pero, lo cierto es que desde 1970, han existido más de 100 tiroteos en centros educativos sólo en Texas, según la «Unión Nacional de Padres» (EE UU), informa la BBC.

Tiroteos y masacres son frecuentes cada mes en EE UU, todos los años. Pero recientemente, el 3 de agosto del 2019, hubo otro tiroteo contra civiles latinos en un Walmart de El Paso, Texas. Precisamente Walmart de EE UU, vende armas. Hubo 22 muertos y el asesino aparentemente declaró, que era una respuesta a la «invasión hispana de Texas» («Cronología de los tiroteos más graves de Estados Unidos», en Revista Forbes/México). 

No hablemos de la histórica brutalidad policial racista contra latinos, afrodescendientes, indígenas y asiáticos. Sin embargo, no podemos acostumbrarnos a esta barbarie. 

Es un dato certero, además, que desde Texas se exporta la gran mayoría de las armas de grueso calibre, que alimentan la violencia civil ligada a los carteles y al narcotráfico de México.

Hace poco en Buffalo, Estado de Nueva York, hubo otra masacre con justificaciones racistas, pero esta vez de afroamericanos y en un supermercado de su comunidad.

Este nuevo tiroteo en Texas, casi «rompe récord» respecto de las masacres en escuelas, y tiene el tenebroso segundo lugar. El primero, lo tiene la masacre de la Escuela de Primaria en Sandy Hook, en Connecticut, y donde murieron 20 niños y niñas y 6 adultos («El País» – Internacional).

También casi «rompe récord» esta nueva masacre en víctimas mortales a nivel educativo en general (no sólo primaria), pues incluso supera a la masacre en la Secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, con 17 muertos/as en el 2018 (según BBC). 

Parece que los tiroteos y masacres de civiles, son frecuentes todas las semanas en Estados Unidos. Muchos con consideraciones abiertamente racistas.

Mientras, el negocio de la producción de armas sigue prosperando, más aún con la Guerra en Ucrania y la exportación de las mismas.

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, –obviamente Republicano–, sugirió según la BBC, que la solución frente a estos tiroteos sería, armar a los maestros… Sin comentarios. 

En los próximos días, en Houston, Texas, se llevará a cabo, la reunión anual de la Conservadora, NRA (en Castellano, ANR, o sea, la «Asociación Nacional del Rifle» de EEUU), a la que se espera que asista, el ex – presidente Donald Trump.

Cabe mencionar, que con la administración Biden, la venta norteamericana de armas de grueso calibre y uso militar sofisticado, para alimentar al conflicto Ruso-Ucraniano, ha crecido exponencialmente también.

Puede leer la publicación original en https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4913265558782380&id=100002969526277&sfnsn=mo

 

El mapa histórico es de libre acceso y fue tomado de la publicación original.

LA IRA DE MAIGRET

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Bajo este título, el famoso escritor de novelas policíacas Georges Simenon, nos relata un interesante caso más de su saga, con la particular anécdota de que su personaje estrella, el inteligente y sagaz comisario Maigret, descubre que un exitoso abogado está exigiendo a sus clientes que deben pagar, además de sus honorarios, la supuesta mordida correspondiente al susodicho agente de policía. Con estas maniobras, el pillastre se asegura dos cosas: impresionar a sus clientes por el poder y las influencias que dice tener y, de paso, sacarles más dinero. La reacción del inocente Maigret, que se sabe íntegro y honrado, además de leal y sacrificado funcionario público, resulta en un enojo tan virulento como justificado, tanto, que termina dando título a la obra.

Literatura aparte, el tema es tan antiguo como la criminalidad misma. El mafioso sabe que una de las estrategias clave en su “trabajo”, es asegurarse de que la gente termine creyendo que todo y todos están tan podridos como él. Alardea de sus influencias, reales o imaginarias; procura infundir “respeto” –que más bien es miedo- dejándole claro a cualquiera que puede manipular los más grandes poderes y obtener –para bien o para mal- lo que se proponga. Es capaz de decir que es el amante de la jefa, que fue a la escuela con el jefe, que ya habló con el de más arriba, que ya compró a los que deciden, que el jerarca almorzó con él la semana pasada y que todo está arreglado… en fin, es capaz de desplegar la estrategia de la mentira y la difamación para conseguir sus viles objetivos.

He vivido en carne propia este tipo de experiencias. Hace ya muchos años, integrando el Tribunal Superior Penal de San José, nos notificaron desde la administración penitenciaria, que un preso aseguraba que pronto saldría en libertad porque ya su abogado había pagado a cada juez la suma de cincuenta mil colones. La indignación que este tipo de rumores provoca es inmensa, sobre todo en personas cuyo único capital ha sido el trabajo honrado. También me tocó ser testigo, a lo interno del mundillo judicial, de la auto-promoción de alguna o alguno que presumía de tener cercanía -a veces íntima- con algún importante jerarca. De nuevo se evidenciaba la manía de impresionar, causar temeroso respeto, procurar blindajes, más allá de la verdad o falsedad de aquellas afirmaciones.

Por eso, la mínima prudencia aconseja tener claro que no basta la palabra, el mero dicho del fanfarrón, del bombeta, o del mafioso, así se trate de afirmaciones capturadas en investigaciones policiales formales. Nada nos puede asegurar que, sabiendo que lo escuchan, el sujeto investigado despliegue sus tácticas difamatorias. Cualquiera de estas cuestiones tiene que estar apoyada, entonces, al menos por otros elementos de juicio que puedan respaldar, corroborar o remitir a fuentes alternas que den sustento a los dichos del interesado.

Particularmente importante es tener en cuenta todo esto en un clima de alarma o conmoción social por el destape de hechos delictivos graves. Vale tanto para el homicidio o la violación, como para la corrupción público/privada.

Es vital para la sanidad del orden democrático y de derecho que los medios de comunicación y las redes sociales conserven un mínimo de recato para no incendiar la pradera. No se vale aprovechar la indignación popular para cobrar facturas viejas o distintas. Desgraciadamente, la responsabilidad no parece estar guiando la conducta de quienes más prudencia debieran exhibir. No deja de llamar la atención que se filtren y trasciendan detalles secundarios de las investigaciones, que aluden a personas completamente ajenas, cuando las autoridades y el público deberían estar atentos a los hechos ilícitos centrales.

Antes de salir en turba, antorchas en mano, y encender las modernas hogueras, deberíamos respirar hondo, contar hasta diez y depositar en las instituciones la aclaración y definición de cualquier evento traumático.

Es el modelo económico, dice el director del OIJ

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Óscar Madrigal

El día de ayer participé en un programa de radio llamado “Alternativas” sobre el tema de la criminalidad en el país. Resumo algunas ideas que expuse.

Hace unos tres días el director del OIJ, Walter Espinoza, decía en una entrevista en La Nación:

“Recientemente el Informe del Estado de la Región reveló que Centroamérica bajó sus índices de homicidios durante la última década con excepción de Costa Rica, que se mantiene con niveles similares al 2010.

De acuerdo con Espinoza, el enfrentamiento entre bandas narco locales, sumado a problemas de índole social como pobreza, desempleo, desigualdad, falta de oportunidades y poca distribución de la riqueza, hacen que la tasa nacional de homicidios no disminuya”.

El director del OIJ es consciente que el actual modelo de desarrollo económico que genera desigualdad, pobreza, desempleo, injusta distribución de la riqueza es también la causante de que los delitos, por ejemplo, de homicidios, no disminuyan.

Los estudios sobre la criminalidad también han demostrado que la delincuencia no es un problema de los pobres. Otras naciones mucho más pobres que la nuestra, muestras índices menores de delitos, como por ejemplo los homicidios.

Sin embargo, los partidos políticos que han gobernado en las dos últimas décadas han enfrentado el problema de la criminalidad solo desde la perspectiva de un derecho penal autoritario, aumentado las penas y los delitos desde mediados de los años 90, sin que esta política haya producido ningún beneficio. Solo ha aumentado el autoritarismo sin beneficio para la sociedad.

Las clases dominantes creen que las leyes penales resolverán problemas sociales, cuando es evidente que las leyes por sí solas no resuelven los problemas de la sociedad, lo que solo se logra con políticas públicas dirigidas a enfrentar las causas de la criminalidad. Sin embargo, las actuales políticas de austeridad, de recorte a los programas de atención social que impulsa el actual Gobierno, solo agudizará la criminalidad del país. Además, las leyes anti-huelgas, la criminalización de la protesta social, junto a las políticas autoritarias del proyecto de Empleo Público, se orientan a crear un sistema político cada vez más autoritario y, por tanto, menos democrático.

Costa Rica ha pasado a ocupar el top de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial, y ahora también a estar entre los primeros 5 lugares del continente con la mayor cantidad de privados de libertad por habitantes y con el mayor índice de mujeres privadas de libertad de Centroamérica.

Se sabe también que las cárceles no resocializan a esas personas, las cuales por lo general se encuentran hacinadas y violándose en muchos casos sus derechos humanos.

A lo anterior debe agregarse que la aplicación de las leyes, lo que llamamos la justicia, no parece operar de la misma manera para todas las clases sociales. Los escándalos de corrupción no terminan en juicios o sentencias, sobre todo cuando se trata de personas adineradas o pertenecientes a las clases poderosas económicamente.

Las estadísticas así lo indican: de todos los casos denunciados por corrupción solo el 20% van a juicio después de 3 o 7 años; de los que van a juicio solo el 7% terminan con sentencia y solo la mitad de ellas en sentencias condenatorias. Pero lo más llamativo es que se trata de casos “menores” como el tráfico que pide una “mordida” o el funcionario municipal una “comisión”. Los grandes actos de corrupción que involucran a los miembros de los clanes poderosos económicamente no aparecen nunca juzgados.

La llamada clase política, por otra parte, está carcomida por la corrupción. Casi todos los partidos políticos han sido condenados por estafa o están siendo acusados por estos delitos: el PLN, el PAC, el partido evangélico de Justo Orozco, el PASE de Oscar López, el Libertario de Otto Guevara, el partido del doctor Hernández, el PUSC y muchos otros. De igual manera, prácticamente todos los expresidentes han enfrentado acusaciones por corrupción por casos como Alcatel, Caja, la Trocha, Cementazo, Cochinilla y otros.

La corrupción de los políticos produce una degeneración en la sociedad porque hay muy pocos referentes y porque la ética en la función pública parece no importar o importar bien poco, como el caso por ejemplo de Figueres. Ese es el mensaje equivocado que se dirige a la ciudadanía sobre los valores y la virtudes de los políticos.

Los componentes de orden social hacen que la criminalidad no descienda en Costa Rica, como lo afirma el director del OIJ. Es necesario, consecuentemente, cambiar el modelo de desarrollo económico, el modelo de acumulación de capital como dirían otros, que está generando o produciendo esos problemas.

En términos generales, solo una democratización de nuestra vida social, económica y cultural podrá disminuir y enfrentar acertadamente la creciente delincuencia nacional.