La Sala Constitucional no sólo blanqueó la (contra) reforma laboral más regresiva, autoritaria y violenta, dándole un absoluto espaldarazo a la espuria Ley Antihuelgas, sino que, además, respondiendo a su conservadora ideología neoliberal, determinó, en el precedente voto que resolvió la acción contra la Ley del Combo Fiscal, que la violación del principio de “equilibrio presupuestario”, a merced del crecimiento desmedido de las remuneraciones, es la causa de que “nuestro país presenta una situación fiscal tan deteriorada”.
Entonces, como esa es la causa de la crisis fiscal, la política de Estado de contención y congelamiento de las remuneraciones, al decir del Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución, “no solo resulta razonable, sino que, aún más, es insoslayable.” (textual).
El guardián de los Derechos Humanos se volvió contra la Constitución Social y Democrática, y en su lugar proclama una Constitución Económica basada en las doctrinas de Buckanan y Friedman.
Los trabajos de esos economistas, incluyendo a Hayek, proponían incluir en las constituciones modernas principios obligatorios: presupuestos equilibrados, limitación del gasto público a un cierto porcentaje de PIB, control del crecimiento de las remuneraciones, limitación del crecimiento de la masa monetaria, entre otros.
La reforma constitucional no fue necesaria en nuestro país, porque esos principios los impuso la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y fueron blanqueados por el Tribunal Constitucional.
Los sueños de los economistas neoliberales se convirtieron en una realidad y forman parte del Derecho de la Constitución que profesa el Tribunal.
Se llama Rudolph, y se apellida Lücke, y es el nuevo ministro de Hacienda, por lo cual, ha de lidiar como novillero, con las chambonadas que le heredara el exministro Nogui Acosta, quien, al tener más de una decena de causas penales bajo investigación en la Fiscalía General del Ministerio Público, ahora anda en busca de una candidatura a diputación, que, de ser elegible, le cubra con la manta de la inmunidad-impunidad con que abusa el gobierno chavista.
Pese a ser un profesional serio, don Rudolph cometió el error, de aceptar la cartera de Hacienda, con los compromisos que, en un apresurado listado de tareas ocurrentes, le entregaron Acosta y el presidente Chaves.
Uno de ellos, es el capricho del ministro de Justicia, señor Gerald Campos, quien, bajo los lineamientos de Chaves, hasta viajó a la tierra del dictador salvadoreño, a que le dieran copia de unos planos de la mega cárcel, construida allí, en el país con menor índice de desarrollo económico del istmo centroamericano.
Pues resulta, que para esa improvisada cárcel bukeliana en suelo tico, proyecto misterioso y confidencial, del que se desconoce hasta el terreno supuestamente reservado para su construcción, a don Rudolph le dieron instrucciones de defender una irracional modificación presupuestaria, que no creemos que le tenga muy contento. Y ha de ser así, pues, entre otros, al descuidado Ministerio de Seguridad Pública, que, por incapacidad de su jerarca, ha contribuido a hundir a Costa Rica en PROFUNDA INSEGURIDAD, que está golpeando la paz de las familias costarricenses, su ministro propone bajarle sustancialmente el presupuesto.
Y lo hace, a pesar de que se vive con miedo, pues la violencia se refleja en un creciente e incontenible número de homicidios, nunca antes sufrida por nuestro pueblo, mientras su jerarca Mario Zamora, parece dispuesto a establecer un récord olímpico en criminalidad. Él, y por supuesto Rodrigo Chaves, le ordenan, irresponsablemente, a don Rudolph, recortar en Seguridad, más de ¢4.100 millones, cual, si no se necesitaran más policías, más patrullas, más armas, más uniformes, más chalecos antibalas, mejores condiciones en infraestructura, mejor alimentación, etc.
Recorte que sí preocupa al ministro de Turismo, pues siente, cotidianamente, que la actividad turística, principal fuente de empleo y divisas de Costa Rica, desciende peligrosamente, en, por ejemplo, Puntarenas, Limón y Guanacaste, cuyos habitantes sufren al interior de sus hogares, el hambre hija de la pobreza por el desempleo, que no se mitiga con promesas demagógicas gubernamentales. Para esos sufridos compatriotas, ese recorte presupuestario es la peor noticia en el peor momento, mientras que, los narcotraficantes y demás delincuentes, que se han apoderado de nuestras otrora pacíficas comunidades, la reciben como la mejor colaboración gubernamental, para seguir cometiendo crímenes.
Don Rudoph, igualmente tiene que lidiar con disminuciones presupuestarias injustificadas, dentro de su mismo ministerio. Ante los impensados zarpazos a sus finanzas, “como quien no quiere la cosa”, dice estar de acuerdo en desechar de su presupuesto, ¢365 millones, que sabe, son esenciales para cubrir el déficit que le heredó su antecesor, que le impide, si quisiera, fortalecer lo que debería ser una lucha frontal contra la evasión de impuestos, que, como sabemos, ¡supera la deuda pública de Costa Rica!
Adicionalmente, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes le recortan ¢1.745 millones, para esa versión tica de mega cárcel bukeliana, sin importar la urgencia que tiene el gobierno, por atender las necesidades de infraestructura vial, construcciones y reparaciones de puentes, los túneles falsos en la ruta 32, las deterioradas rutas cantonales y nacionales, más inspectores de tránsito, etcétera.
Como también, la Salud no parece ser prioritaria para la administración Chaves, ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, con déficit presupuestario crónico, le son arrebatados, sin importar, igualmente, lo que piense su ministra vicepresidenta, ni las autoridades contraloras responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos.
Asimismo, cual, si no hubiere una crisis grave en ciernes en nuestro comercio internacional, se recortan ¢237,8 millones, al ministerio de Comercio Exterior, que ahora tendrá tareas extraordinarias que podrían ser fundamentales.
En fin, se le ha encargado al novel ministro de Hacienda, tomar la tijera y recortar unos ₡8.000 millones para financiar desde este mismo año, una cárcel de la que se desconoce su costo operativo, las características técnicas de la construcción y ni siquiera la finca donde se construiría, que obliga a los señores diputados a no desdeñar la responsabilidad de actuar razonablemente, en busca de los mejores acuerdos para la Patria.
Y, ¡atención a esto!, lo quieren hacer, en momentos de verdadera emergencia nacional, por el error con los fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda, procedentes de FODESAF, que obliga a ajustar ₡24.000 millones que han de salir de otros rubros presupuestarios, a ejecutarse en este año 2025. Para enmendarlo, se plantean cambios que también golpean la atención social, pues, nada menos, en la Caja los recursos del Régimen No Contributivo, se encuentra el riesgo de atrasos o interrupciones en el pago de pensiones vigentes, la imposibilidad de incorporar 11.300 nuevos beneficiarios, y hasta el pago del aguinaldo, lo que asimismo, agravaría el déficit financiero que ya enfrenta el régimen, golpeando a los ancianos en situación de pobreza o pobreza extrema, que los requieren para sobrevivir. Y ni hablemos del Instituto Mixto de Ayuda Social, responsable de la atención integral de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, limitando la acción sobre áreas críticas como alimentación, vivienda, salud, educación y empleo a 706 beneficiarios de los 55.168 programados a partir de agosto 2025, por lo que estos hogares quedarían desprotegidos, aumentando así su pobreza, y la desigualdad y la exclusión social.
¿Seguirán imperando las acciones destructivas que caracterizan a la administración chavista?
El voto del Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución, N* 2025-8201, que resolvió las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por varios sindicatos (acumuladas), contra diferentes normas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N*9635, sigue aferrándose dogmáticamente a aquellos padres ideológicos del neoliberalismo, entre ellos, Buchanan, Friedman y Hayek.
En ese voto y sus precedentes, la Sala Constitucional abraza una doctrina económica, fiscalista y de austeridad, que no se compadece con el modelo constitucional de nuestro Estado Social y Democrático.
Es cierto, lo rescatable del voto consiste en que preserva, de cierta manera, el derecho de negociación colectiva en la función pública, siempre que se ajuste a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.
Este es el mantra de la doctrina de la Sala, que data del año 2000, a cuyo tenor, a lo largo de más de 20 años, el Tribunal ha mutilado, una tras otra, cualquier cantidad de convenciones colectivas de trabajo, porque, a su libre arbitrio, ha considerado que excedieron los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y hasta de moralidad.
La Sala Constitucional mantiene su posición fundamentalista: la causa de la crisis fiscal consiste en que los gastos exceden los ingresos, justificando -blanqueando- las políticas de recorte de las remuneraciones y reestructuración de las instituciones públicas, para lograr el equilibrio fiscal o la estabilidad presupuestaria.
No se pueden lanzar las campanas al vuelo con ese predecible pronunciamiento de la Sala Constitucional.
No es ningún cisne negro.
Como dice un proverbio del Rey Salomón:
“No hay nada nuevo bajo el sol.”
Próximamente compartiré un artículo en el que desarrollo este enfoque jurídico y constitucional. Manuel Hernández
1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.
La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.
Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.
Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.
2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.
No es una simple abstracción jurídica.
Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.
3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.
Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.
El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.
4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.
La norma constitucional constituye un mandato imperativo.
La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.
Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.
5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.
6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.
No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.
6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.
7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.
La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.
8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.
9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.
Si no se los sabe examinar con la suficiente agudeza y sentido crítico, los datos o indicadores económicos pueden resultar engañosos, y, al cabo, podría ocultar más de lo que revelan. Así ocurre con ciertas estadísticas fiscales que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, publicita mes a mes.
Resulta que, si excluimos los pagos por intereses de la deuda, tenemos un superávit: los gastos exceden de los ingresos, cosa que no se veía desde hace 15 años ¡Albricias! Al sumar los intereses, reaparece el déficit. Pero, incluso en tal caso, don Nogui nos repetirá la cancioncita: es el déficit fiscal más bajo que se registra desde hace muchos años.
Todo lo cual es cierto, pero eso solo nos cuenta una partecita chiquitita de la verdad.
Tengamos en cuenta, para mejor ubicar el asunto, que nuestra conversación versa sobre una estrategia de políticas frente al problema fiscal que, en su momento, fue liderada por Carlos Alvarado y el PAC, y la cual contó con un amplio apoyo multipartidista en la Asamblea Legislativa (excepto Villata y el FA), incluyendo al PLN, el PUSC y los partidos evangélicos.
Todo lo cual, como ustedes recordarán, se concretó en la Ley 9635, aprobada en diciembre de 2018. Lo cual, tiempo después, se amplió con la Ley del Empleo Público.
La cuestión incluía medidas para incrementar los ingresos y recortar los gastos, contando con la regla fiscal como su arma más poderosa, así como una grosera transformación en los sistemas de contratación y remuneración del personal. En el proceso, y con la complicidad de la Sala Constitucional, se violentaron principios constitucionales de autonomía, a la vez que se imponía un régimen burocrático autoritario y centralizado, que hacía de Hacienda y MIDEPLAN, dos superministerios.
Al cabo de casi 5 años, estamos siendo arrastrados por algunas tendencias sumamente problemáticas:
1) En materia de ingresos, la reforma ya dio lo que podía dar. Tocó techo, pegó con cerca y ello se manifiesta en un marcado declive en el dinamismo de los ingresos recaudados.
2) En materia de gastos, se está ocasionando -tal cual era previsible- un brutal desmantelamiento de la institucionalidad pública, y, en consecuencia, un marcado deterioro de los servicios, con consecuencias sociales y humanas realmente devastadoras.
3) La Ley del Empleo Público, incluso sin haberse implementado a plenitud, ya está dando gravísimos problemas. El director el OIJ lo ilustraba en una entrevista reciente: el OIJ ha venido perdiendo personal altamente calificado, y hoy se le dificulta contratar el personal que necesita, porque esta ley impone salarios que no son competitivos. Este mismo problema sin duda se sufre en todo el sector público, incluida la Caja.
4) La inversión pública está paralizada. Un titular en La Nación de hoy lo ilustra: “Construcción pública atraviesa su periodo de contracción más prolongado en 31 años” (dicen “31 años” porque corresponde al período para el cual hay datos. Posiblemente sea la contracción más prolongada de la historia). Imposible modernizar la economía y levantar su productividad de esa forma. Imposible reactivar así el empleo.
La estrategia de Carlos Alvarado, que es la misma de Rodrigo Chaves, es un fracaso total. Vamos de cabeza al abismo. Es urgente rectificar.
Escuché en un programa de radio una comparación que parecía establecer una similitud o paralelismo entre Costa Rica y Grecia (la de Europa, no el bello cantón alajuelense), en asuntos atinentes a la cuestión fiscal, la deuda pública y los pagos por intereses de la deuda. Ese era un símil muy frecuente hace algunos años. Hoy, aunque menos habitual, no deja de circular. Creo que es una comparación que puede resultar fértil, pero la cual exige suma cautela, ya que, desde diversos e importantes puntos de vista, son casos disímiles.
Empecemos por recordar que en Grecia hubo una deliberada falsificación de los datos, realizada por el gobierno conservador de Konstantinos A. Karamanlis, para lo cual contó con la cómplice y delincuencial colaboración de Goldman Sachs, uno de los gigantes neoyorkinos de la banca de inversión. Cuando Yorgos Papandréu, del Partido Socialista, asumió el poder en 2009, dio a conocer la realidad: el déficit fiscal no era del 3,7% del PIB, según la mentira del gobierno anterior, sino cercano al 13%.
No solo había una mentira, sino que el déficit era mucho más alto del que jamás hemos tenido en Costa Rica. De hecho, en el período reciente, el nivel más alto registrado -cercano al 8%- se alcanzó en el contexto de la pandemia, o sea, en el año 2020. Además, y relativamente al tamaño de su economía, la deuda pública de Grecia era, y sigue siendo, mucho mayor que la nuestra: al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, se encontraba en los alrededores del 145-150% de su PIB. Hoy, 13 años después, y luego de un larguísimo período de mortificante y destructiva austeridad fiscal, todavía excede del 170%, o sea, más de 20 puntos por encima de donde estaba al inicio de la crisis ¿podría haber mejor forma de comprobar el fracaso de las políticas de austeridad? En nuestro caso, la deuda pública alcanzó un 68% en 2021, y ahorita andamos en los alrededores del 62-63%.
Pero hay una diferencia fundamental, habitualmente menospreciada e incomprendida, incluso por el común de nuestros más reconocidos economistas: Grecia carecía de una moneda propia. Siendo parte de la Zona Euro, no podía gestionar su propia moneda y dependía de las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). Su deuda, por ello mismo, era totalmente vulnerable a los ataques especulativos de los inversores, en especial los fondos de cobertura, cuyo negocio consiste en apostar a la ruina de empresas, inversores e, incluso, países.
En la cúspide de la crisis de la deuda europea, en julio 2012, Mario Draghi, presidente del BCE en aquel momento, pronunció, en Londres, las palabras milagrosas: «dentro de su mandato, el BCE está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente». Es muy discutible que lo haya hecho “dentro de su mandato”. Todo indica que fue más allá, puesto que el BCE fue creado bajo el influjo de la ortodoxia dominante del Bundesbank, o sea, el Banco Central de Alemania, y, por lo tanto, fuertemente orientado al combate de la inflación y muy poco más. Pero, y en todo caso, lo importante es que Draghi, y el BCE, lo hicieron, y, entre otras cosas, eso impidió la quiebra de España, y la implosión del euro, aunque no las brutales políticas de austeridad que agravaron y prolongaron la crisis innecesariamente.
Aunque maltrecha y golpeada, Costa Rica todavía tiene una moneda nacional, y, todavía, la mayor parte de nuestra deuda está en colones: un 75% del total, aunque hay que reconocer que esto se ve artificialmente favorecido por la fuerte baja del dólar en los últimos 15 meses, lo cual disminuye el peso de la deuda en moneda extranjera. Si la tasa de cambio dólar-colón estuviera hoy a su nivel de junio 2022, la parte de la deuda en colones sería algo más baja: un 73%, y el peso de la deuda total, como proporción del PIB, estaría en los alrededores del 65-66%.
El mayor peso de la deuda en colones ha sido una ventaja a nuestro favor, porque ello ha atenuado las posibilidades de sufrir ataques especulativos desde el exterior. Contradictoriamente, algo de eso, o sea, algo de tales arremetidas especulativas, se ha vivido a la interno, lo cual reiteradamente se ha visto reflejado en presiones para que el Ministerio de Hacienda ofrezca tasas de interés más rentables, sobre sus emisiones de bonos en colones. Y, de hecho, históricamente hemos pagado tasas irrazonablemente altas sobre esas emisiones de deuda interna. Así, el año pasado pagamos una tasa de aproximadamente un 8%, o un poco más, lo cual resulta una verdadera locura.
De ahí que, en el bienio 2021-2022, pagáramos, por concepto de intereses, un monto cercano a los cuatro billones de colones (cuatro millones de millones), lo cual supera en un 50% el presupuesto anual dedicado a educación, y en más del 40% el total de la deuda del gobierno con la Caja, la cual, como bien sabemos, la administración de Rodrigo Chaves se niega ni siquiera a reconocer.
Claramente la política basada en recurrir a endeudamiento externo como instrumento para bajar los pagos por intereses, en la que se viene insistiendo desde hace unos 5 años, ha fracasado ruidosamente. Cuando, por otra parte, al crecer la parte de la deuda en moneda extranjera, también se acrecienta nuestra vulnerabilidad frente a eventuales ataques especulativos.
Y, entre tanto, y paradójicamente, funcionamos con base en un dogma, bien establecido y al parecer irrompible, que impide que el Banco Central colabore de ninguna forma concebible con el Ministerio de Hacienda, para amortiguar las presiones especulativas que surgen a lo interno de la economía costarricense, y que elevan de forma inaceptable las tasas de interés. Aclaro: no digo que sea esto lo único que debería hacerse, pero sí enfatizo que es una de las herramientas a las que deberíamos echar mano.
Aquí bien vale recordar la frase de Mario Draghi, pronunciada en 2012, a la que hice referencia previamente, cuando advirtió que el Banco Central Europeo (BCE) haría lo necesario para impedir lo que de otra manera iba a ser el derrumbe definitivo de la Zona Euro. Reitero la advertencia: no se trata de establecer comparaciones antojadizas y arbitrarias: ni nuestro Banco Central es el BCE, ni Costa Rica es Europa, ni nuestra situación actual es la de la Zona Euro en aquellos momentos.
Pero un detalle debemos recuperar y destacar: potencialmente el Banco Central posee herramientas que le permitirían incidir sobre los pagos por intereses, y reducir así, siquiera en parte, la magnitud desorbitada que estos alcanzan. No lo hace esencialmente porque seguimos bajo el poderoso influjo de implacables fantasmas ideológicos.
Pero todavía hay un segundo detalle que no debemos olvidar: el estrepitoso fracaso de las políticas de austeridad en Grecia. En un contexto ciertamente diferente, y aunque no tan brutales en nuestro caso, esas políticas también en Costa Rica vienen causando grave daño. También en este aspecto estamos atrapados por perniciosos espectros ideológicos.
Rodrigo Chaves tiene razón al decir que el mercado de agroquímicos está muy concentrado.
Gravar la importación de agrotóxicos generaría al menos ₡11mil millones al año de recursos frescos para Hacienda.
Con poner impuesto a la importación NO habrá incremento de costos para consumidor final.
Según el informe del Ministerio de Economía, Industria y Comercio las exenciones fiscales de las empresas importadoras de agrovenenos para el año 2011 llegaron a los 22 millones de dólores, en ese año Costa Rica importaba aproximadamente 7,5 millones de Kg. Para el año 2019 el volumen de importación de plaguicidas llegó a 18 millones de Kg, mismos que recibieron exenciones fiscales que superan los 22 millones de dólares en 2018 con datos del PNUD, pero puede llegar hasta los 54,6 millones de dólares. Es decir, unos 32mil millones de colones.
Un punto a resaltar del informe de 2011 del MEIC titulado “Estado del Mercado de Agroquímicos en Costa Rica” es clave en esta discusión, debido a que se detectan una serie de distorsiones en el mercado de plaguicidas que resultan muy importantes debido a que le “restan competitividad al sector agrícola”.
El MEIC señala con detalle estas distorsiones: (a) Concentración en las importaciones de ingredientes activos en pocas empresas; (b) limitada información al productor sobre posibles sustitutos de principios activos que puede utilizar de acuerdo a sus requerimientos; (c) no dispone de información sobre el precio de los agroquímicos en los distintos puntos de venta del país. (d) El pequeño productor y productora debe comprar sus productos en los eslabones finales de la cadena lo que implica el pago deprecios más altos; (e) No existe transparencia en las estrategias de comercialización utilizadas por los proveedores en el mercado; (f) La falta de la construcción y el seguimiento de una base de datos permanente, no permite llevar un monitoreo permanente de la comercialización de agroquímicos en todos los eslabones de la cadena, lo cual limita el poder actuar del Gobierno, en casos de situaciones anormales de mercado. (g) Distribución del mercado entre empresas según ingredientes activos; (h) Precios más altos para los pequeños y medianos productores que no disponen de volumen de compra, ni liquidez y deben asumir cadenas de comercialización más extensas con precios más altos.
El MEIC concluye que la aplicación de la exoneración de los impuestos a la importación de maquinaria, equipo e insumos para la actividad agropecuaria no cumple la razón de ser de la Ley de Exoneraciones n° 7293. Una recomendación para el Ministerio de Hacienda de parte del MEIC señala: “… partiendo del hecho general, podría asumirse que el beneficio fiscal que crea el Estado, es para fomentar una actividad en la cual el Estado tiene un interés de desarrollar el sector productivo agropecuario costarricense y no beneficiar al sector productivo de otros países por medio de la exportación, la cual cuenta con instrumentos específicos”.
Esto lo menciona el MEIC debido a que Costa Rica se ha convertido en un reexportador de agrovenenos al resto de países centroamericanos y caribeños. Se cree que una cuarta parte de los agroquímicos importados son reexportados. De esta manera nuevamente el beneficio de la exonerasión lo termina aprovechando las empresas re-exportadoras y no los agricultores.
Entre las distorsiones más importantes está la tenencia al monopolio. Para dar algunos ejemplos podemos mencionar que en el caso del glifosato (producto formulado), son 20 las empresas que lo importan, a pesar de esto tres de ellas concentran el 70%. Por su parte el mancozeb (producto formulado) es importado por 15 empresas sin embargo, una sola empresa concentra el 89,96% del total delas importaciones de este plaguicida. El paraquat (producto formulado) es importado por seis empresas,sin embargo, tres empresas concentran el 77%. En el caso del oxamil (producto formulado), es una sola empresa la que lo importa.
Este tema que pocas veces de debate en la opinión publica es importante que se discuta en el marco de la crisis fiscal. Porque desde hace muchos años viene funcionando un mercado de los agrovenenos que ponen en riesgo la salud humana y ambiental de país. Un mercado poco regulado y que goza de exonerasiones de impuestos que no se traducen en un beneficio para los productores.
Los sobre precios de estos agrovenenos son otros de los factores que llevan al mercado del agroveneno este distorsionado. El MEIC encontró que para los plaguicidas más usados en el país el marguen de sobre precio que manejan los importadores y las casas comerciales detallistas van desde un 45% a un 101% con respecto al valor de importación. Otro factor más que es evidente que los últimos beneficiados de la exonerasión de los impuestos a los plaguicidas son los agricultores.
Desde el Sector Ecologista proponemos es urgente gravar las actividades más destructivas y contaminantes. La importación de agrotóxicos es una actividad que generaría ₡32 mil millones al año y que además debe de ir acompañada de una reforma legal que permita la regulación de la industria que ponen en riesgo la salud humana y ambiental.
Utilizando esa frase popular, el actual presidente de la República se ganó la simpatía de miles de ciudadanos en su millonaria campaña electoral. Y, de seguro por eso, lo “eligieron”. La frase alude al personaje valiente que se enfrenta a un problema o a una disputa, la cual puede llegar, incluso, hasta la pelea callejera, dado que otras personas no están en disposición de asumirla.
Esos miles pensaron, posiblemente, que la bronca que se comería el presi, consistía en contener la contrarreforma neoliberal de los últimos gobiernos liberacionistas, “socialcristianos” y del PAC, o lo que es lo mismo, del PLUSCPAC y sus turecas. En otras palabras, detener la venta de activos estatales, eliminar la figura de concesión de obra pública, ordenar las compras del estado para evitar corruptelas y, lo más importante, ponerle coto a la evasión y elusión fiscales, máximos disparadores de la crisis fiscal. Y claro, enfrentar la corrupción y retomar la buena marcha de las principales instituciones del estado, así como la mejora de las condiciones de vida de los sectores más golpeados por esa contrarreforma, la pandemia y la crisis global: los trabajadores, los pequeños productores y emprendedores y, la cada vez más empobrecida clase media.
Pero resulta que era otra bronca la que venía a comerse el señor Chaves con sus compinches y escuderos, es decir, sus financistas; la que no arriesgaron en asumir los últimos gobernantes: venta de activos y privatización de servicios con el desmantelamiento de la seguridad social, la educación pública (sobre todo universitaria), las telecomunicaciones, electricidad, agua y la banca nacional, entre otras ocurrencias, que finalmente, no son tan ocurrentes, dado que están en la mira de muchos grandes empresarios y financieras internacionales desde el siglo pasado. Dicho de otro modo, profundizar la contrarreforma neoliberal hasta sus últimas consecuencias para acceder a un estado totalitario y corporativo estilo Chile de Pinochet, México antes de AMLO o la actual España. En breve: desmantelamiento del estado social de derecho.
Y claro, el valiente presi luce envalentonado; se sabe apoyado por una inmensa masa intoxicada, desde hace decenios, gracias al discurso único y a la virulenta campaña anti trabajadores públicos, anti ciencia, anti saberes y anti estado social, por parte, tanto de la “prensa canalla”, como por el fundamentalismo de toda laya, ya desde iglesias y púlpitos, ya desde ciertas trincheras neoliberales como universidades privadas, cámaras patronales y ciertas embajadas. Ese conglomerado anti pueblo y anti costarricense, no repara en los graves visos inconstitucionales de decretos y “leyes” propuestas por el ejecutivo. Aplauden a un gobierno autoritario con ínfulas totalitarias, sin saber que serán ellos (la masa intoxicada) quienes, finalmente, saldrán más perjudicados.
Lo alarmante de la coyuntura es que no se vislumbra una oposición seria ante un bloque desalmado que pretende echar por la borda todas las reformas sociales que costaron tanto sacrificios y sangre en la década de los cuarenta del siglo pasado. Las cúpulas partidarias que, al final, como vimos, son las mismas, negocian parte del pastel y se ponen de acuerdo en el parlamento, para seguir desarmando el estado social de derecho y tijeretear la Constitución Política de acuerdo a sus voraces intereses. Por ello no se avizora un frente político socialmente amplio que pudiera detener esta nefasta contra ofensiva neoliberal de última hora.
La débil esperanza con que contamos, quienes padecemos desde ya al monstruo que pisa fuerte, es que los miles de intoxicados vayan abriendo los ojos y el cerebro ante la brutal embestida de quien se está comiendo la bronca a favor de sus mentores, promotores y patronos nacionales e internacionales. Para eso lo trajeron desde una de las financieras transnacionales donde laboraba, cual gris tecnócrata.
La clase gobernante de Costa Rica, jugando fútbol con una bomba de tiempo.
No hay que caer en las estratagemas de la clase gobernante. A saber; que a Costa Rica no le queda más remedio que “vender la finca de los abuelos”, o “empeñar las alhajas de mamá”, porque ya no hay más a qué echar mano.
No nos comamos ese cuento.
El pueblo de Costa Rica no es culpable de este descalabro fiscal.
Los culpables son la clase gobernante y la burguesía que vive de la explotación.
Costa Rica es un país con grandes recursos. Lo que sucede es que los que tienen que pagar impuestos los evaden y el gobierno los alcahuetea. Además, les perdonan deudas millonarias.
El déficit fiscal del país es igual a la evasión y la efusión fiscal. Y esa riqueza que ellos se dejan es producida por los trabajadores que son los únicos que producen riqueza.
Pero ¿qué se puede esperar de los gobiernos de derecha, empeñados a quebrar las instituciones y no tocar a los millonarios?
Toda América Latina sufre de ese cáncer llamado neoliberalismo, o capitalismo neoliberal, donde los gobiernos están a merced de la agenda que le dicten las gigantescas empresas multinacionales (del norte), las corporaciones transnacionales y del Banco Mundial.
Los gobiernos neoliberales siempre van a desprestigiar y quebrar su patrimonio nacional y sus activos, para privatizarlos y venderlos a precios ridículos. Una vez que el país pierde “hacha, calabazo y miel”, no le queda otra que humillarse y volver a firmarle OTRO PAGARÉ a los poderosos prestamistas Mister Banco Mundial y su hermano Mister Fondo Monetario Internacional – los dos igualmente usureros hasta más no haber. Y así la deuda externa sigue aumentando y se convierte en un problema de nunca acabar.
Lo bueno es que, poco a poco, toda la América Latina está abriendo los ojos y eligiendo gobiernos con el corazón en el lado del pecho donde el corazón siempre debería estar, que prefieren la justicia y el bienestar social de sus pueblos.
Solo la clase obrera costarricense sigue creyéndose ese cuento de hadas, de que los ticos “somos otro nivel”, social, económica y políticamente. Y por eso continúa eligiendo los mismos amos… con diferentes nombres y colores, pero que al final son los mismos ladrones.
* Trabajador Social, Gestor de Desarrollo Comunitario. Defensor de los Derechos de las y los refugiados. Expastor Bautista.
Los logros y avances de la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX, que la llegaron a colocar entre los punteros en desarrollo humano, social y sostenible en América Latina, fueron el resultado de apostar siempre por más Estado Social y nunca por menos.
Cuatro iniciativas fueron claves y determinantes para que el país se catapultara como uno de los más avanzados del continente: la apuesta por las garantías sociales de los años 1940; por la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y los acueductos de los años 1950; y por la conservación y la sostenibilidad de los años 1960. De ahí, nuestras grandes fortalezas: salud, educación, seguridad socio-laboral, electricidad, agua potable y sostenibilidad eco-ambiental. Todo ello, como resultado de un Estado Social innovador, regulador y solidario.
Inducidos por la crisis energética de los países del mundo rico, que se trasladó como crisis de la deuda a los países pobres y de ingreso medio, se asumió a partir de los años 1980, por mandato de los organismos financieros internacionales, la consigna neoliberal de menos Estado social y más mercado. Perdimos el rumbo y caímos en picada en el abismo de la desigualdad y la pobreza, en buena medida, hoy convertida en miseria. Involucionamos, así, de la sociedad de perfil de clase media hacia la de perfil medieval de ricos y pordioseros.
En la actualidad, además de ser azotados por la Pandemia del Covid 19, estamos siendo azotados por las propuestas y acciones contra el Estado Social. Se pretende solucionar los graves problemas de la crisis fiscal y la deuda pública con medidas simplistas y sesgadas, como la regla fiscal indiscriminada, la política de salarios decrecientes en el sector público, la reducción y fusión de la institucionalidad social, entre otras. Todo ello, para no tener que volver sobre la impostergable tarea de propiciar acciones y medidas para contener la evasión fiscal e impulsar un adecuado sistema de recaudación y una mayor justicia tributaria.
Quienes hoy plantean la necesidad de un modelo de Estado eficiente y moderno, solo piensan en menos Estado Social. No en cómo construir un país con una economía social y solidaria robusta, y que contribuya a un uso equilibrado y sostenible de los recursos naturales y ambientales del país, es decir, donde su norte no sea el simple crecimiento económico al servicio de los grandes negocios nacionales y extranjeros.
El país tiene el gran desafío de retomar el rumbo por la “vía costarricense”, que siempre ha implicado más Estado Social y nunca menos. Lamentablemente, éste es cada vez más socialmente anémico y con una tendencia que favorece la oligarquización de la sociedad. Es decir, un Estado al servicio de grupos de gran poder económico y político. Transitamos, así, del Estado Social al Estado Oligárquico.
La actual Asamblea Legislativa apresura su agenda, pretendiendo dejar un legado en materia de “reactivación económica”, con una fórmula que se plantea como casi milagrosa: la descentralización de las zonas francas, para llevarlas a las regiones periféricas, económica y socialmente más deprimidas del país. Se sigue apostando al modelo de “zonas de enclave” de limitados impactos sociolaborales, como se ha mostrado también en el caso de la Gran Área Metropolitana. No se vislumbran esfuerzos significativos que potencien las condiciones y capacidades locales y regionales para impulsar y fortalecer iniciativas de pequeños y medianos emprendimientos con impactos sociolaborales sustantivos.
Para heredar a las nuevas generaciones, una Costa Rica donde la salud, la educación, el trabajo “decente” y la vivienda digna, entre otros, sean derechos garantizados para todos sus habitantes, necesitamos apostar por más Estado Social, nunca por menos.
