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Etiqueta: crisis social

Pérdida de respeto a la autoridad policial agravaría crisis social

Escrito el . Publicado en Derechos.

UNA Comunica. 23 de enero del 2024. A plena luz del día, y a vista y paciencia de las personas que transitaban por el lugar, dos sujetos armados acabaron con la vida de un policía en Limón, quien gozaba de su día libre. Esto ocurrió el jueves pasado.

Este suceso se suma a una serie de acontecimientos donde la seguridad de los cuerpos policiales se ha visto comprometida. En Linda Vista de La Unión, dos personas con armas de grueso calibre amenazaron a agentes encubiertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 26 de diciembre anterior.

Lo que queda en evidencia, es el irrespeto que grupos de delincuencia organizada están teniendo sobre la autoridad de los cuerpos policiales. Para el sociólogo y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), Guillermo Acuña, esta es la antesala de una crisis social que eleva a otro nivel la inseguridad que atraviesa el país.

“Este es uno de los primeros indicios de que estamos viviendo un periodo de transformación -en la lógica en que fue conformado el Estado costarricense a lo largo de las décadas-, que ahora están marcando un principio hacia nuevos procesos, que no se sabe cómo van a terminar, pero que en otras latitudes han sido la antesala de una guerra frontal entre el Estado y las estructuras criminales”, reflexionó Acuña.

Con él coincide el sociólogo Abelardo Morales, para quien el país está entrando en una fase peligrosa. “Estamos en una etapa de la violencia muy diferente a la de años atrás, donde hay una inestabilidad provocada por la violencia delictiva y donde el crimen organizado se ha insertado en la vida social costarricense”, apuntó.

En 22 días que lleva el año, 47 personas han sido víctimas de la violencia que se vive en las calles.

Filtración peligrosa

Morales señala que el acontecimiento derivado del irrespeto a la autoridad por parte del crimen organizado es una evidencia de la filtración de estos grupos en el tejido social costarricense, y terminan siendo el resultado del debilitamiento de la institucionalidad y de la poca respuesta que se pueda ofrecer a las oportunidades de educación, salud, ascenso y bienestar al que toda persona aspira.

“Estamos entregando las estructuras sociales y económicas al crimen, y ese es el cambio fundamental en la situación de inseguridad y violencia que se vive hoy con respecto a décadas atrás. Ya hay lugares en Costa Rica, como en otros países, donde un grupo criminal goza de más apoyo y credibilidad que un partido político o una organización social, porque provee medios de vida, seguridad y protección a una barriada”, comentó el sociólogo de la UNA.

Videos que han circulado en los últimos días, muestran al aparente líder de un grupo criminal apodado “Lucifer”, siendo aplaudido y vitoreado por jóvenes de una comunidad mientras viajaba en un vehículo. Esta persona, al parecer, fue una de las víctimas del atentado cuádruple del sábado anterior en Purral de Goicoechea. Este es un claro ejemplo de lo que menciona el experto Abelardo Morales.

Desde un análisis sociológico, Guillermo Acuña señala que existe un “sentimiento de desazón colectivo”, cuando miembros de las fuerzas de seguridad de una nación se ven vulneradas y superadas por parte de los grupos delincuenciales.

El riesgo en la percepción de que las personas que velan por el orden y la seguridad de los ciudadanos se vea vulnerada puede conllevar a otro tipo de riesgos. “La gente podría estar ante el escenario de tomar la justicia por sus propias manos y eso lo hemos visto en otros lugares en respuesta a una sensación en que la autoridad no responde, llega tarde o no llega del todo”, manifestó Acuña.

Desde su perspectiva, en la situación de los cuerpos policiales se aplica la frase de “tigre suelto versus burro amarrado”, en el sentido de que las estructuras criminales han tecnificado sus procesos, cuentan con equipo, logística y organización, mientras que la institucionalidad policial se ve afectada por la falta de condiciones laborales mínimas. “Estamos en total indefensión”, señaló.

Causas

Existen dos factores que, a criterio del sociólogo Abelardo Morales, inciden en la situación de violencia e inseguridad que atraviesa el país.

Uno de ellos está vinculado al hecho de que la educación ha dejado de ser una oportunidad de ascenso e integración social. De acuerdo con el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, la tasa de desempleo juvenil cerró el segundo semestre de 2023 en 27,40% la cual es hasta 2,85 veces superior a la tasa de desempleo nacional.

El otro factor que señala el experto es el desencanto de la población por el funcionamiento de la institucionalidad. “Hay un resentimiento sobre el actuar de las autoridades donde se percibe que no castigan, que el sistema judicial no funciona y que se puede prescindir de la ley”.

Para Guillermo Acuña, lo que ocurre es producto de un funcionamiento del Estado que “no está para muchos sectores de la población” y que esos espacios han venido a ser ocupados por poderes fácticos o no políticos. “Para operar, estas lógicas no políticas se apropian de la gestión y administración territorial y de ciertos recursos. Cuando encuentran alguna posibilidad de que haya algún tipo de bloqueo, es cuando acuden a la violencia para alcanzar sus objetivos”.

Este cúmulo de circunstancias hacen que el país haya perdido la “excepcionalidad” de la que ha gozado durante décadas, de un país de paz y seguridad. “Estamos en un punto de no retorno, que nos muestra que el proyecto de construcción social que cimentamos en la década de los cuarenta llegó a su fin, que ya se agotó y que estamos entrando en una nueva fase, menos excepcional”, manifestó Acuña.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen: UCR.

Las autoridades de Guatemala deben respetar el derecho de manifestación

Escrito el . Publicado en Derechos.

Las Américas, 11 de octubre de 2023. Las organizaciones internacionales que acompañamos la situación de derechos humanos de Guatemala, expresamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis política y social que enfrenta el país debido a las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público que ponen en riesgo el proceso electoral y la estabilidad democrática.

Por más de una semana, la población se ha manifestado pacíficamente en diferentes regiones del país en contra de las actuaciones del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, a quienes responsabilizan de la crisis.

Es importante que las autoridades guatemaltecas respeten el derecho de manifestación y garanticen la integridad de las personas que manifiestan. Las autoridades deben propiciar el diálogo y no actuar violentamente contra las personas que manifiestan; tampoco deben criminalizar ni amenazar a los líderes de las manifestaciones. En tal sentido, las autoridades deben cumplir los amparos provisionales que otorgó la Corte de Constitucionalidad a las autoridades indígenas de Palín y la organización Acción Ciudadana, así como a los 48 cantones, para que se garantice el derecho de manifestación de la ciudadanía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las autoridades deben facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta como la regla general, y no deben considerarlas como una amenaza al orden público o la seguridad interna”. Por ello exhortamos a las autoridades guatemaltecas que se abstengan de involucrar al ejército para resolver la situación.

Hacemos un llamado a la Misión de Diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que escuche a todos los sectores sociales involucrados en las manifestaciones y que se garantice su integridad para que puedan hablar con libertad.

Finalmente, consideramos necesario que el Tribunal Supremo Electoral extienda el plazo del proceso electoral hasta el 15 de enero 2024 para garantizar que las autoridades electas puedan tomar posesión conforme lo establece la Constitución Política.

Suscriben

Impunity Watch, CEJIL, Fundación para la Justicia FJEDD, LAWG, Be Just, WOLA, RFK, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, DPLF, GHRC.

¿Será el siglo XXI «el siglo de las crisis»?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Germán Gorraiz

Germán Gorraiz- Analista

El siglo XXI pasará a la Historia bajo el epígrafe de «siglo de las crisis», al concatenarse la crisis económica del 2008, la crisis sanitaria del COVID, la crisis geopolítica con el retorno a la Guerra Fría y la irrupción del Nuevo Orden Multipolar o G-3 en la cogobernanza mundial y la crisis energética con precios estratosféricos del gas, electricidad e hidrocarburos.

Asimismo, en este siglo se incrementará la crisis climática, con inusuales olas de calor, sequías e inundaciones y asistiremos a la crisis de las democracias formales tras la aparición de los regímenes autocráticos y la crisis social. Así, tras el derrumbe del castillo de naipes de la globalización, se incrementará la fractura social en las sociedades pudiendo completarse la rueda cíclica con la irrupción de una nueva crisis alimentaria mundial.

Una crisis es «una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución». La palabra crisis está emparentada etimológicamente con el verbo griego krínein, que significaba originariamente «decidir, separar, juzgar» y posteriormente derivó en «seleccionar o elegir» y siempre lleva implícita un caos de la mudanza.

Por caos entendemos «algo impredecible y que se escapa a la miope visión que únicamente pueden esbozar nuestros ojos ante hechos que se escapan de los parámetros conocidos». Así, nuestra mente es capaz de secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso genoma del caos, con lo que inevitablemente recurrimos al término “efecto mariposa” para intentar explicar la vertiginosa conjunción de fuerzas centrípetas y centrífugas que terminarán por configurar el puzzle inconexo del caos ordenado que se está gestando.

Shakespeare, por boca de un asustado Enrique IV expresa el miedo y la impotencia del hombre debido a la ausencia de certezas ante el caos de la mudanza: “¡Dios mío, si tuviésemos la opción de leer en el libro del destino y ver del tiempo las revoluciones, ver cómo la ocasión se burla y cómo llena el cambio la copa de Mudanza con diversos colores!”.

Una crisis implica siempre una ruptura del transcurso lineal de los acontecimientos que deviene en una serie de alternativas entre las cuales se debe elegir. Para salir de dicho laberinto, es preciso utilizar la capacidad de diferenciar y de pensar de manera crítica siguiendo la senda marcada por il Poverello d’ Assisi: «Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible».

No hay problema con dobles candidaturas

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Que haya muchos candidatos a la Presidencia de la República, para mí, no es un grave problema. Es tan solo una expresión de la diversidad actual de la sociedad costarricense que se manifiesta en la necesidad organizativa de ciudadanos preocupados por la forma de cómo se maneja, dirige y gobierna el país.

Puede ser también una respuesta para tratar de despejar el escenario de nubarrones que afecta el cielo patrio en torno a los principales problemas que se perciben por los ciudadanos, y ante los graves problemas que se mencionan en la cotidianidad de la vida política y gubernativa nacional, como en la necesidad de formularles respuestas y soluciones, alternativas a las que se impulsan por el Gobierno, por el Partido Acción Ciudadana y sus aliados parlamentarios.

En un escenario más tétrico podría ser una respuesta desesperada de ciudadanos ante la percepción de una gran crisis económica social y política, y una gran ingobernabilidad, donde cada grupo organizado, en estos partidos, trata de resolver su situación procurando llegar a la Presidencia de la República, puesto que niegan que los partidos existentes y el gobierno puedan seguir gobernando y resolviendo los problemas del país y de los ciudadanos.

Esta respuesta organizativa de ciudadanos en tantos partidos solo puede ser eficazmente válida si estos partidos, y sus candidatos, hacen de su participación electoral, verdaderas propuestas de solución a los distintos problemas que cada uno de ellos, y sus partidos, ven como los principales del país, y los esenciales de los ciudadanos.

Esto adquiere mayor dimensión en estas elecciones porque, por la reforma constitucional de iniciar el gobierno, en mayo próximo, con las sesiones extraordinarias del Poder Legislativo, le da músculo político a los candidatos, en este caso a todos, para que en esa perspectiva digan a los ciudadanos, a los electores, cuáles serán sus principales proyectos de ley y cuáles serán sus primeros decretos ejecutivos, a partir del 8 de mayo, en atención a los temas que han agitado, o agitarán, en la campaña electoral, o que ofrezcan en sus discursos e intervenciones públicas, así como lo que señalen en sus respectivos Programas de Gobierno, que deben poner en copia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, aunque sea solo para el archivo histórico de esa Institución.

Esto también corresponde al inicio de la Costa Rica del Bicentenario, a partir de ahora, a esperar que los partidos y sus candidatos nos digan cómo quieren dirigir y cuales proyectos de ley y políticas públicas trazarán para la Costa Rica de los próximos 10 o 20 años por lo menos.

En la historia electoral del país siempre ha habido variedad de partidos con candidatos presidenciales. Solo en una ocasión hubo dos candidatos. Antes de 1948 era frecuente la elección entre dos o tres candidatos.

Desde 1998 ha habido más de ocho partidos presidenciales en cada proceso electoral. En las elecciones del Siglo XXI, desde 1998 hasta el 2018 ha habido bastantes partidos con candidatos presidenciales, llegando a tener en una papeleta hasta 15 candidatos. En esta ocasión se produce un salto porque hay en posibilidad de que en el 2022 participen hasta 27 partidos políticos con candidatos presidenciales.

En los resultados que se produzcan tampoco habrá gran problema, porque los votos presidenciales se dividen entre los partidos y candidatos que participan, quedando ganador el que obtenga más del 40% de los votos válidamente emitidos, o pasando a una segunda ronda electoral los dos que tengan mayor cantidad de votos o mayor porcentaje electoral, inferior al 40%, definiéndose el ganador de la segunda vuelta con el mayor número de votos, sin porcentaje básico. Tampoco tiene importancia porque el Gabinete, el Consejo de ministros, el Consejo de Gobierno, no se integra proporcionalmente entre los partidos que participan luchando por ganar la presidencia. Estos quedan por fuera. El Presidente electo y su partido nombran a mano llena a todos los ministros, sin obligación alguna de considerar a personas de otros partidos. El que gana la presidencia hace, como se dice popularmente, mesa gallega, arrea con todo, saca el provecho total sin que sea abusivamente porque así está establecido el sistema electoral y así ha operado siempre. No evita que un Presidente pueda integrar miembros de otros partidos o de otros gobiernos en su Gabinete.

Desde 1998 existe la reforma electoral que permite que los candidatos presidenciales puedan ser, a la vez, candidatos a diputados. En las elecciones desde 1998 hasta el 2018 poco se ha usado este mecanismo. En las actuales elecciones muchos candidatos presidenciales van a la doble postulación. Esto es lo novedoso y “escandaloso”, como se ha tratado de pintar. Pero, eso no quiere decir que los dobles candidatos tengan asegurada su curul legislativa. Eso no es tan fácil y puede resultar muy difícil para la mayoría de estos postulantes. En ese nivel legislativo juegan otras reglas electorales que afectan a los partidos pequeños, a los nuevos partidos, a los partidos que se organizan ad hoc, para cada elección, para los partidos que en la práctica no son permanentes.

En el nivel legislativo operan normas electorales que favorecen exclusivamente a los partidos mayoritarios y tradicionales, que sacan tantos votos que logran elegir cocientes, los votos suficientes para elegir un diputado y subcocientes, la mitad más uno de esos votos para elegir otro diputado. Es frecuente que esa cifra de subcociente a veces sea menor que la que tiene otro partido que no alcanzó cociente ni tampoco logró el subcociente, pero el diputado se lo asignan al partido que ya tuvo cociente. Sobre esto opera también el llamado residuo mayor de igual forma, lo que en la práctica parlamentaria elimina varios diputados que podrían ser representativos de núcleos poblaciones o electorales.

Si el Parlamento, la Asamblea Legislativa, es una instancia de representación popular, no debería tener un sistema de escogencia de diputados que elimina representantes populares de partidos pequeños, favoreciendo la concentración en los partidos grandes. Debería darse la oportunidad a la mayor cantidad de representantes legislativos, por poca población que representen, porque eso son esos diputados, los representantes de esa poca población. De eso se trata.

Curiosamente ningún partido pequeño, de los que han electo diputados, se han preocupado por impulsar esta reforma legislativa que favorecería a los partidos pequeños, y al mayor número de ciudadanos que tendrían sus representantes.

Se podrá pensar que el sistema existente es para evitar la proliferación de diputaciones unipersonales y facilitar con ello la gobernabilidad. La práctica parlamentaria demuestra que cuando se separan diputados de sus partidos y se declaran “independientes” esa realidad se produce, lo que obliga a mayor capacidad de negociación política parlamentaria, que es lo que debe haber en la Asamblea Legislativa. Obligaría también a que los partidos políticos se desarrollen como grandes organizaciones permanentes, con líderes políticos más reconocidos nacionalmente.

Cuando son los candidatos presidenciales los que se postulan a la doble candidatura, como en esta ocasión, puede hacer que lleguen a la Asamblea líderes políticos de mayor peso, que a la vez faciliten la toma de decisiones y los acuerdos políticos.

Si se quiere evitar esto hay que avanzar hacia un sistema parlamentario, o al menos a uno semi parlamentario, pero se requiere, de igual manera, un gran acuerdo político nacional, que ojalá, en el próximo período legislativo, y de gobierno, se pueda tratar esto con una gran discusión nacional, que ya es necesaria.

El único problema que presenta tantas candidaturas es la presentación pública de los candidatos para debates. A nivel privado no hay problema porque ya está definido por disposiciones legales y jurisprudencia electoral que los sectores privados pueden hacer debates e invitaciones a aquellos candidatos que quieran oír. No están obligados a oír a todos ni a provocar debates con todos. A nivel público, de cualquier institución pública o medios de comunicación públicos, si hay obligación de invitar y de tomar en cuenta a todos los candidatos, en igualdad de condiciones, de tiempo y horarios de preferencia de radioaudición o televisión.

Las Cámaras empresariales ya hicieron una primera escogencia. Unos días después igualmente lo hizo el periódico La Nación. Estos grupos empresariales y económicos probablemente se moverán con un grupo de unos ocho candidatos que irán zarandeando hasta inicios de diciembre, cuando terminen con un pelotón de cabecera electoral de unos seis para llegar a inicios de enero con cuatro máximo, con lo cual refuerzan las encuestas de opinión pública, que miden opiniones de ciudadanos, que se informan con estos medios, orientando, de esa manera, la voluntad final de los votantes hacia unos candidatos sobre los otros. Para estos grupos el número de candidatos no importa. Lo que les importa son los candidatos que escojan como principales para finalmente optar dentro de ellos. Algo parecido, con mayor dificultad, harán los grupos sociales y alternativos a los partidos tradicionales. La fragmentación y división político-ideológica que hay, en toda la oferta electoral, perjudica mucho en estas decisiones, donde hay que “partir” votos en la práctica.

El 22 de octubre se cierra el plazo para que los partidos cumplan con todos los requisitos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para asegurar su participación. Esperemos estos diez días que quedan, para ver cuáles partidos quedan debidamente inscritos.

 

(Artículo publicado en la Columna Pizarrón, del periódico La República, en su edición digital, larepublica.net, el miércoles 13 de octubre del 2021).

Carta franca de un agricultor al FMI

Escrito el . Publicado en Derechos.

Por José Oviedo

Señores Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Estimable Señores:

Les saludo, les doy la bienvenida y les deseo una estancia fructífera y agradable en Costa Rica.

En nombre de las agrupaciones de productores agropecuarios de Costa Rica, quiero aprovechar su visita de evaluación y valoración a nuestro país, para darles a conocer algunas consideraciones, que –con seguridad– no se las expresarán los representantes del Gobierno de la República y tampoco serán recogidas por los medios de comunicación dominantes en el país.

Mi punto de partida es que entiendo que los objetivos que articulan y gobiernan la gestión del Fondo Monetario Internacional (FMI), son –al menos– los que siguen:

  1. a) Promover la cooperación internacional.
  2. b) Garantizar la estabilidad financiera.
  3. c) Facilitar el comercio internacional.
  4. d) Promover el crecimiento de empleo.
  5. e) Impulsar el crecimiento económico sostenible.
  6. f) Reducir la pobreza en el mundo entero.

La Señora Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI ha manifestado en distintas ocasiones el compromiso del FMI, ante la grave y profunda crisis global generada por la pandemia de la Covid-19, de apoyar a los países de ingreso y medio para salir adelante. Ella se ha manifestado consciente de que esta crisis está repercutiendo en los países en forma desigual, afectando más significativamente a países como Costa Rica, que ya mostraban los síntomas de una crisis económica antes de la pandemia y que ésta, lo que ha hecho es agravarla. Eso mismo sucede al interior de los países, donde hay amplios sectores de la población que han visto deteriorarse sus ya precarias condiciones de vida. 

La pandemia ha profundizado la pobreza en Costa Rica y ha generado una crisis social, cuyas dimensiones todavía no se han podido medir a cabalidad, en virtud de que la pandemia se mantiene tristemente viva entre nosotros. Son muy oportunas las palabras del Papa Francisco, cuando dice: “De las crisis se sale mejor o peor que antes. De nosotros depende elegir”.

a. Cooperación internacional. Respecto del primer objetivo, que compartimos plenamente, debo decirles que a nuestro entender la cooperación es la actuación conjunta para alcanzar una meta común, y que ninguna persona está tan enloquecida, menos aún un país, para establecer acuerdos y programas para estar mal. 

Pienso asimismo que la cooperación internacional, sana, democrática y justa pasa por reconocer y aceptar como legítimos los intereses de todos y cada uno de los países que pactan un acuerdo. Esto tiene que ver no solo con el respeto mutuo, sino, en lo fundamental, con acuerdos que garanticen la justicia social, única plataforma que hará posible que se materialicen los objetivos de su organización.

b. Garantizar la estabilidad financiera. Nuestro entender nos dicta que en pobreza y con el estómago vacío, jamás habrá estabilidad social y política en un país. Por el contrario, solo zozobra  e inseguridad, que es a donde han llevado los acuerdos desbalanceados, antinacionales y antipueblo, que ha impulsado la Administración Alvarado Quesada y que su organismo ha aceptado.

c. Facilitar el comercio internacional. Parto de que el comercio internacional exitoso es una derivación de la sana cooperación internacional y éste solo se puede dar si se asegura un precio justo a nuestros productos, en el mercado internacional.

d. Promover el crecimiento de empleo. De acuerdo a nuestro pensamiento, promover el empleo es promover la dignidad de las personas y con ello la grandeza de un país. Ahora si el empleo tiene crecimiento mucho mejor. Sin embargo muchos esclavistas en el siglo pasado, se jactaban de producir empleo al enterrar a sus súbditos.

e. Crecimiento económico sostenible. Según nuestro entender crecimiento no es igual a desarrollo. El primero se reduce a cifras y estadísticas frías, tanto así que el Chile de Pinochet alardeaba de crecimiento económico sobre la miseria de ese pueblo bravío. Todo esto formó parte del experimento neoliberal que empezó a ver su fin hace dos años, con las movilizaciones sociales que ha desembocado en la nueva Carta Magna, que construye la Convención Constituyente, que con seguridad ya no tendrá como matriz la fracasada propuesta neoliberal.

f. Reducir la pobreza en el mundo entero. Este objetivo sí que nos produce satisfacción. Es un componente clave en la Agenda 2030/ Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con la consigna de que nadie se quede atrás. Espero de verdad que su organismo y nuestro pueblo puedan alguna vez coincidir en términos prácticos con esta aspiración.

Quiero expresarle con tristeza y amargura que esos objetivos que –en teoría—gobiernan al FMI, al contrastarlos con lo que está sucediendo en mi país, se han convertido en saludos a la bandera. La devastadora pandemia solo ha hecho que se acortaran los plazos en el “logro” de empobrecernos  y ha empujado a muchas personas a la miseria. Cerca de 1 millón de desempleados. 

El rostro de la miseria es femenino y juvenil, de personas con discapacidad y campesino también, mientras el 1 % de la población del país triplicó sus ganancias, y peor aun, las ostenta. La desigualdad social crece al galope; lo mismo que la concentración de la riqueza. La única recomendación del Fondo Monetario Internacional, que el Señor Carlos Alvarado no escucha, es la que con absoluta sensatez hace el FMI para que los más ricos aporten para salir de la crisis.

Entonces señores del Fondo, si las propuestas de este gobierno para pactar con ustedes no tienen como base la Democracia y el aporte de cada sector social, de acuerdo a sus posibilidades reales, el Fondo solo acumulará, odio y resentimiento en un pueblo que lucha por no perder la memoria.

“También nos comprometimos a continuar trabajando juntos en un programa respaldado por el FMI que puede ayudar a Argentina y a su gente a superar estos desafíos, fortaleciendo la estabilidad económica, protegiendo a los más vulnerables y sentando las bases para un crecimiento más sostenible e inclusivo.” Eso lo dijo la Señora Kristalina Georgieva cuando se reunió con el Presidente argentino, Alberto Fernández en mayo anterior.

Les pregunto, finalmente, trabajará el FMI para que en Costa Rica se consolide su Estado Social de Derecho y la paz social, o contribuirá en el desmontaje del Estado de Bienestar que construimos en el siglo pasado y con ello, hundirá al país en el despeñadero de la injusticia social y de un futuro post-pandémico marcado por el desaliento.

Ustedes y su actuación podrán marcar en un sentido u otro el porvenir de nuestra Patria Bicentenaria.

José Oviedo

Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Boaventura de Sousa Santos

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más número de muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3.5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 contó con el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y con el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero dicientes le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales). Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARCEP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social, dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi 3 años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, ocasionado por ello un menor desarrollo, teniendo en cuenta que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos 5 años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como presenciar una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970 como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N). Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia del covid-19, Colombia volvió a marchar del 09 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 05 de mayo un total de 1708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. . De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la república Iván Duque Márquez ha propuesto un espacio de dialogo con distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al dialogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre el retiro de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el Presidente Duque anunció la militarización del país antes de ceder al clamor social. A partir del 01 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial con la policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años quien proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto como reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y transmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) en Cali, se denunció también que durante la noche del 04 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar para que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son “vándalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “diálogo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta parqueada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país”, le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un “frente común” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al ejército y a la policía para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos en Colombia el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El Futuro Comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población. Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores, la crisis social y económica pospandemica será gravísima sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia por deficientes que sean combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia van a causar un enorme endeudamiento del Estado y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia ya bastante evidente se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen1 que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos a pesar de que estos estén siendo violado tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los EUA. Seguramente la OEA, el alto comisariado de la ONU, y el gobierno norte americano ya estarían en campo para denunciar los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha? No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los EUA en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares de los EUA en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país e insistir en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de 50 años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

 

Imagen tomada de Semanario Universidad.

La indignación social debe servir para construir un mejor país

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que hay muchas causas y motivos para estar indignados. La indignación ha venido en aumento, conforme la situación económica de las personas y las familias empeora y no se encuentran respuestas certeras y concretas, ni en el Gobierno, ni en la Asamblea Legislativa.

La pandemia ha exacerbado y desnudado una crisis económica y social, cuyas causas más relevantes hay que asociar al impulso de un modelo económico, el neoliberalismo, que ha venido debilitando y erosionando el Estado Social de Derecho, desde hace más de 30 años.

Cada vez más costarricenses se convierten en víctimas de la desigualdad social, derivada de ese modelo que han aplicado sucesivamente, unos más-otros menos, gobiernos del PLN, PUSC y PAC. Empero esa desigualdad social creciente no ha crecido sola: Se ha incrementado a la par de una concentración cada vez más notoria de la riqueza en menos manos. Hace algunas décadas, cuando Costa Rica gozaba de una mejor distribución de la riqueza, se hablaba de que en El Salvador tal riqueza (y el poder político) estaba concentrado en 14 familias. Hoy, nuestro país, ha transitado un escabroso camino que se parece cada vez más al modelo salvadoreño.

Más y más costarricenses están irritados por el creciente empobrecimiento y por la incertidumbre que emerge al mirar el futuro. Dentro de este dominante escenario de indignación social, también causa molestia y hastío el festín de precandidaturas presidenciales, llenas de desmedidas ambiciones personales y vacías de propuestas de políticas inclusivas, que ofrezcan soluciones reales a la gente.

Lo malo es que muchas personas reaccionan contra la política y no, como debía de ser, contra las y los políticos que usufructúan de ella, sin compromiso social medible en hechos y cuyas promesas siempre se las lleva el viento.

En el mejor de los casos, esta indignación social de hoy puede empujar a muchas personas a la apoliticidad y al abstencionismo, y con ello a una pasividad nada alentadora y constructiva. Cuando, hoy más que nunca, se requiere enarbolar el artículo 9 de nuestra Constitución Política, en lo atinente al carácter participativo que debe tener la democracia costarricense, es contraproducente que cada vez más personas –justamente irritadas por asociar la “política” con el aprovechamiento patrimonial de que hacen gala muchos políticos–, se desmovilicen y no ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos.

Valga recordar que la apoliticidad es una posición política que hace que la persona que la reivindica se haga a un lado para que otras personas decidan por ella, en asuntos que son de su primordial interés. La democracia sólo se fortalece con más democracia, pero para ello se requiere la más activa y consciente participación social y política de la ciudadanía. La auto marginación de las mayorías hace que las élites plutocráticas, afiancen su dominio económico y político a sus anchas en desmedro de la democracia y el Estado Social de Derecho.

Sin embargo, la indignación creciente puede convertirse en una bomba de relojería, que se manifieste a través de estallidos sociales. No hay mal que dure cien años ni cuerpo –social—que lo resista. Ya varios organismos internacionales (con números en la mano), están pronosticando para América Latina en este 2021 pandémico y de incremento de la desigualdad y exclusión social, la aparición de estallidos motivados por la ira social.

Y el país está sumando números en esa rifa, ante la falta de propuestas concretas y viables de reactivación realmente inclusiva y justa, que ofrezca respuestas inmediatas y en perspectiva para amplios sectores sumergidos en la pobreza y la marginación social. Y esa falta de respuesta es gasolina y fósforos, que aportan tanto los que dominan el escenario político actual, como los que aspiran a dominarlo en las próximas elecciones y que piensan que el pueblo está condenado al olvido y a la inconsciencia política perpetua.

Es por ello que es imprescindible que cada vez más personas y grupos, se movilicen social y políticamente, hacia el norte de las propuestas progresistas, decentes y defensores de un Estado Social y Ecológico de Derecho. Sólo transitando por ese camino de certezas y esperanzas, la Democracia no ha de enfrentar los designios de un Estado fallido, en el cumpleaños 200 del país realmente progresista y democrático, que debemos ser.

(8 de marzo, 2021)

La gravedad de la crisis y el deplorable espectáculo en la Asamblea Legislativa

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

La comparecencia del Presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.

No porque se valore negativamente que el Presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al Presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.

Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del Presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.

En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.

La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder –como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas—sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.

De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas mega empresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.

Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que pueden ejercer –y que ya están ejerciendo—esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.

Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta –como nunca antes– los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.

Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente –es bueno decirlo con franqueza– muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.

La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.

También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.

La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.

(13 de febrero, 2021)

CTRN: Oposición al Dictaminen Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Escrito el . Publicado en Trabajo.

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM
Martes 03 de noviembre 2020
CTRN- N°300-2020

ASAMBLEA LEGISLATIVA
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SD.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

OPOSICIÓN AL DICTAMINEN PROYECTO LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO

HONORABLES SEÑORAS (ES) DIPUTADAS (OS):

Con nuestros más respetuosos saludos, nos permitimos por este medio mencionar, que siendo conocedores de que se tramita en esta honorable Comisión Legislativa el Proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, bajo número de expediente legislativo Nº 21336, para su estimable consideración exponemos los siguientes argumentos:

Que dicho proyecto de Ley, a juicio de muchas organizaciones sociales y productivas, hemos indicado que el texto contenido en el proyecto no es un documento idóneo para los momentos y las necesidades que vive nuestro país, por lo que debe tener la oportunidad de perfeccionarse o modificarse, para beneficio de todas las partes.

Desde la Confederación Rerum Novarum, somos conscientes de la dura situación económica, social, de salud y política que atraviesa nuestro país, por lo que apelamos a la grandeza de espíritu de los miembros de esta honorable Comisión y les hacemos un llamado respetuoso a la reflexión.

Desde nuestra posición consideramos que el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, a punto de ser dictaminado, ha perdido todo el sentido que alguna vez pudo tener, pues entre muchas cosas, algunos artículos son objeto de análisis jurídicos más profundos, para efectos de no contravenir lo indicado en la Constitución Política en cuanto a régimen de empleo, que son creados por el constituyente como lo son; el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

En ese mismo orden de ideas, en materia de un orden constitucional y el marco legal vigente a la luz de los derechos humanos, se establecen una serie de competencias para el Ministerio de Planificación MIDEPLAN, que son exclusivas del Ministerio de Trabajo y del Servicio Civil y por otra parte, el proyecto pretende de manera tácita, desconocer el ámbito de aplicación de la negociación colectiva en sector público.

La Constitución Política establece con total claridad la competencia del Servicio Civil en materia que trata este proyecto de Ley a punto de ser dictaminado. Este proyecto, debe ser a nuestro criterio, objeto de un exhaustivo análisis, examinado mediante un estudio profundo del espíritu del Constituyente, que estableció y creó con rango constitucional al Servicio Civil, mismo que posee un principio de reserva de ley, sobre la materia de empleo público y de una competencia que no puede ser trasladada o compartida, que en contra posición tal como lo presenta el proyecto en mención, se hace con un procedimiento más complejo a través de MIDEPLAN y además no se atiende el tema de la constitucionalidad, que entre otras cosas, en una eventualidad al momento de su aprobación en el plenario legislativo, debería exigir una votación de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

En momentos en que se debate nuestro país en búsqueda de un diálogo efectivo para encontrar soluciones, es que siendo integrantes del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, nos atrevemos a solicitar a esta Comisión Legislativa que no dictaminen el proyecto Ley Marco de Empleo Público y que nos permitan presentarles propuestas elaboradoras de los sectores que representamos, y que en su lugar se conozcan otros textos, que ya han venido siendo consensuados por diferentes actores sociales, mucho más realistas y apegados al espíritu de la Constitución.

Sin otro particular, agradeciendo la atención brindada a la presente, le saludamos con las más altas muestras de consideración y estima,

Lic. Lenín Hernández Navas
Presidente CTRN

CTRN: “Al gobierno le falta seriedad y compromiso para generar un diálogo transparente, multisectorial y responsable”

Escrito el . Publicado en Sin categoría.

El Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Lenin Hernández Navas detalló que no aceptaron la invitación del Poder Ejecutivo para participar en el dialogo de una mesa multisectorial porque al Gobierno le falta seriedad y compromiso en sus propuestas.

Hernández Navas criticó que dentro de los principios orientadores sugeridos para el diálogo propuesto por el Gobierno se cite “no patear la bola” y agregó que CTRN había asumido un compromiso de participar en la plataforma de diálogo propuesto por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATBPDC), el cual inició tres semanas atrás.

“Acudimos al llamado de diálogo extendido por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATBPDC) porque creemos que el país vive una crisis económica y social, pero sobre todo, de credibilidad en el Poder Ejecutivo y porque requerimos de un diálogo transparente, multisectorial y responsable”, afirmó el representante de los trabajadores.

De acuerdo con Hernández Navas ante la ausencia de aciertos del Poder Ejecutivo para convocar a todos los sectores, a una sola mesa de diálogo, transparente, multisectorial y responsable los Secretarios Generales y Presidentes de la CTRN se reunieron con sus Sindicatos y concluyeron que Costa Rica requiere de una gran alianza entre todos aquellos sectores que organizadamente, se propongan la defensa de la institucionalidad y la búsqueda del bienestar común.

Por lo anterior la CTRN aceptó la invitación extendida por la ATBPDC porque es un órgano que por ley tiene la máxima representación multisectorial de las personas trabajadoras, destacó el Presidente de la organización sindical.

“Creemos que, no es el momento de dividir, sino de sumar, esfuerzos de los sectores artesanales, comunal, cooperativo, de autogestión, del Magisterio Nacional, profesional, sindical, solidarista y de trabajadores independientes así como los sectores laborales, empresariales, también las organizaciones campesinas agrícolas e Industriales y la academia. Nos llegó la hora de construir una nueva alianza por el bien común”, finalizó Lenin Hernández Navas, Presidente de la CTRN, organización que reúne, a más de 50 sindicatos, del sector público y privado.

Lenin Hernández Navas
Presidente CTRN