La minería de oro a cielo abierto no es una alternativa para Costa Rica
Compartimos la siguiente serie de infografías realizadas por FECON donde se explica el por qué la minería de oro a cielo abierto no es una opción conveniente para nuestro país.
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Compartimos la siguiente serie de infografías realizadas por FECON donde se explica el por qué la minería de oro a cielo abierto no es una opción conveniente para nuestro país.






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El problema ambiental de Crucitas, -dice el ex-ministro de ambiente Carlos Rodríguez en entrevistas a medios de prensa-, fue una invasión orquestada por Industrias Infinito, desde Abangares, por los dueños de las fincas y los grandes comerciantes del oro. Esas declaraciones son muy ilustrativas e impactantes. No ha sido un asunto de un grupo de coligalleros artesanales improvisados que venían de Nicaragua y se llevaban El Oro hacia ese país. Eso fue un cuento de hadas.
Detrás de este negocio está un Cartel del crimen organizado dedicado al trasiego del oro, de personas, de drogas, organizados en tres grupos.
Industrias Infinito incentivó la invasión de Crucitas e incluso indicó dónde estaba el oro.
Señaló a los medios por un manejo irresponsable del tema y también a varios diputados como Thompson. La comparecencia del Ministro en una comisión de la Asamblea Legislativa estuvo marcada por el ridículo, haciéndole evidentemente preguntas sin ninguna trascendencia, sin ir al fondo del asunto mediante interrogantes redactadas por terceros que los diputados no sabían ni leer bien (Tal vez el Cartel intervino en ello).
El nivel del Cartel abarca a muchos peces gordos que aún no han sido detenidos y es ENORME, con muchas aristas.
Como queda dicho por el exministro, nos han estado vendiendo un poco de humo. Los noticieros hacían énfasis en que se trataba de personas individuales cuando estábamos en presencia de un ataque bien orquestado por grandes inversionistas, que ha tenido eco bien organizado en la Asamblea Legislativa.
La campaña para desinformar tenía como objetivo culpar a los ambientalistas del daño ecológico ocurrido en Crucitas, cuando era la misma Industrias Infinito la que estaba detrás de ello, y por tanto desacreditarlos. Además, ante el desorden o “desmadre” presentar proyectos de ley para permitir la explotación minera a cielo abierto y, por fin, liberar de responsabilidad a Oscar Arias de las ilegalidades que ocurrieron en todo este negociado.
Nos ocultaron el elefante de Crucitas. Estamos en presencia del CARTEL DE CRUCITAS. Un motivo más para dudar de la calidad de la información que recibimos.
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(Fecon 21/01/2020.) Defensoría de los Habitantes dará su criterio a la Sala Constitucional sobre la contaminación con mercurio que acontece en las inmediaciones de la Finca Vivoyet en Crucitas, lugar donde la empresa minera Infinito Gold pretendía extraer oro y que ha sido invadida por mineros improvisados que han desatado una emergencia ambiental que podría traer consecuencias irreversibles sobre los entornos naturales del Río San Juan.
En 2018 FECON interpuso una denuncia junto al abogado ambientalista Álvaro Sagot contra el Ministerio de Salud por el desacato del Reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames
(Decreto Ejecutivo N°37757-S). Mismo que le da responsabilidades al Ministerio de Salud sobre el desastre ambiental que vive la zona de Crucitas en Cutris de San Carlos.
Con estos argumentos para inicios del año 2019 FECON llevó a los tribunales constitucionales un recurso de amparo, acogido bajo el expediente N°19-011277-0007-CO, denunciando esta inacción y solicitando se reconozcan derechos de los ecosistemas en esta zona. Es por esto que uno de los argumentos más innovadores de esta denuncia en términos jurídicos son los Derechos de la Naturaleza.
Según Sagot «Es vital, dado el problema, que se declaren los derechos de los ecosistemas sobre esa región de Crucitas, tal y como se hizo en Colombia que declaró los derechos de personalidad jurídica de la región de la Amazonía colombiana ante la desidia institucional.»
Contacto: Álvaro Sagot 8863 2887
Nota de la magistrada María Eugenia Esquivel Rodríguez solicitando a la Defensoría de los Habitantes criterio: https://feconcr.com/wp-content/uploads/2020/01/0031-0007-236147745-3216-F.pdf
Imagen ilustrativa.
Enviado por Henry Picado.
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APREFLOFAS informa, que el próximo lunes 9 de diciembre a las 9 de la mañana, dentro del Expediente 08-000011-0033-PE, estaremos participando junto a la Fiscalía en la audiencia de apelación ante el TRIBUNAL PENAL DE HACIENDA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, para exponer oralmente los siete vicios que tiene la sentencia dada mediante la resolución de las dieciséis horas del día jueves diecinueve de setiembre del año dos mil diecinueve del juez FÉLIX CASTELLÓN RUIZ del Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José que ordenó el Sobreseimiento Definitivo a favor de Oscar Arias Sánchez, pues argumentaremos entre otras cosas, que las actuaciones que tienen la virtud de interrumpir el plazo de la prescripción, se dan no solo por el tema del dictado de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de las diez horas cuarenta minutos del catorce de diciembre del año dos mil diez, sino también por el dictado de la sentencia 001469-F-S1-2011 de Sala Primera por sí misma, tiene la virtud de ser un pronunciamiento en sede judicial que expresamente dispone la invalidez o ilegalidad de la Resolución R-578-2001-MINAE.
Alegaremos también lo manifestado por Sala Constitucional cuando indicó: “…El artículo 62 establece una diferenciación que no es irrazonable o desproporcionada, pues siendo el ilícito de corrupción un delito que se ejecuta, desde el poder que ostenta el funcionario público, tal condición le permite controlar y neutralizar la posible investigación, de manera que la especificidad de algunas causales de prescripción frente a otros infractores no resulta contraria a aquellos postulados. La ejecución de los actos de abuso de poder desde posiciones de poder es una condición que no poseen todos los infractores, los funcionarios públicos no obran manejando cosa propia o haciendo uso de un derecho propio, sino por mandato y en representación del pueblo, cuerpo político en quien reside la soberanía, por esa razón se justifica la variación de las causales de prescripción, caso contrario se podría convertir en fuente de impunidad (…).” (Sala Constitucional. Resolución N° 1011 de las 14:30 horas del 23 de enero de 2013).
Así la propia Sala Constitucional reconoce que algunos funcionarios públicos pueden tener tal poder, que son capaces de obstaculizar la investigación penal; y debemos de recordar, que no solo Don Oscar fue 2 veces presidente de la República y militante activo en aquel momento del Partido Liberación Nacional, sino que incluso el Fiscal General Jorge Chavarría había sido viceministro de seguridad del segundo Gobierno de Oscar Arias, y es con el cambio de jerarca de la Fiscalía General, cuando la investigación en contra de Don Oscar Arias, da un giro investigativo.
Recordar que con estas actuaciones de Oscar Arias Sánchez, el principal daño sufrido por el país, lo fue la ilegal tala raza de 87 hectáreas de terreno que autorizó el decreto de Interés Público y Conveniencia Nacional, realizado de los días 17 de octubre del 2008 en que se publicó dicho decreto, al 20 de octubre del 2008 en que prosperó la medida cautelar de Edgardo Araya, de las cuales 57 de estas hectáreas son de bosque. Recordar además que a petición del Estado costarricense, la Fundación Neotrópica realizó la valoración de este daño, el cual se cuantificó en la suma máxima de 11.4 millones de dólares, daño que debe ser reparado, compensado o resarcido por parte del imputado Oscar Arias Sánchez.
Recordar además, que si en Crucitas no se hubiese iniciado ninguna actividad, tendiente a extraer mineral; no habría iniciado actualmente la extracción ilegal de Oro en Crucitas, pues nadie habría conocido, que allí existe un yacimiento de Oro. Y de igual manera, al talarse el Bosque, esto ha facilitado la labor de extracción ilegal del mineral.
Por lo anterior, en esta audiencia oral, reiteraremos la solicitud de que se revoque y /o anule la sentencia dada mediante la resolución de las dieciséis horas del día jueves diecinueve de setiembre del año dos mil diecinueve del juez FÉLIX CASTELLÓN RUIZ del Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, en cuanto declaró inadmisible la querella interpuesta por APREFLOFAS y en cuanto otorgó el sobreseimiento de la causa en contra de Oscar Arias Sánchez por prescripción de los dos delitos de prevaricato que se le imputan; para que en su lugar, en sentencia se disponga declarar sin lugar la excepción de prescripción interpuesta, y por ende ordene la continuación del procedimiento, y se disponga elevar la causa a juicio Oral y Público, en aplicación del inciso b del artículo 62 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Más información:
Lic. Bernal Gamboa 8834-9595.
Imagen ilustrativa.
Enviado a SURCOS por Henry Picado y por Guillermo Dinarte.
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(Ciudad Quesada) El día de hoy, los diputados Jorge Luis Fonseca y María José Corrales presentan proyecto de ley que permite la explotación de minería de oro a cielo abierto, el cual es inconveniente y un retroceso.
En el año 2010, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobó por unanimidad la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en el país. Dicha decisión fue la culminación de una lucha ecologista de más de 30 años de muchos sectores de la sociedad costarricense, liderados por comunidades de la Zona Norte. Esta movilización logró evitar la implantación de la minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris.
Para Marco Tulio Araya, integrante de UNOVIDA, “la minería metálica, al igual que la extracción petrolera, responde a un modelo económico insostenible, extractivista y depredador de la naturaleza, que atenta contra la existencia misma de la especie humana en el planeta”.
Araya considera que “después de ese hito histórico, los gobiernos, (tanto el central como los municipales), que continuaron en el poder, mantuvieron en el abandono, no sólo a Crucitas, sino en general a las zonas fronterizas y costeras, a pesar de las propuestas concretas de desarrollo sostenible que se plantearon desde distintos sectores de nuestra sociedad”.
Heidy Murillo, vicepresidenta de FECON recordó que “en el 2010, en una encuesta nacional, el 90% de la opinión pública avaló y aplaudió esta prohibición al tomar conciencia de los impactos que provocan”.
Por su lado el exdiputado Edgardo Araya señaló que “desde el sector ambientalista realizamos propuestas concretas de inversión pública y de reactivación económica sostenible para la zona de Crucitas, tanto con el Gobierno Central, como con la Municipalidad de San Carlos y el INDER, sin que esas instituciones le dieran seguimiento y apoyo a esas propuestas sostenibles y alternativas a la minería metálica”.
Para Mauricio Jiménez, presidente de UNOVIDA, una propuesta concreta y económicamente viable, es la adquisición, por parte del Estado, de la finca afectada por la minería ilegal, con el fin de tener un mayor control público de la zona y establecer ahí, además de una academia policial, un Centro de Investigación y Capacitación en Desarrollo Sostenible, administrado por las universidades públicas y con una propuesta de financiamiento con cooperación internacional en desarrollo sostenible.
Araya señaló que “los dos últimos gobiernos no han pasado de proponer “Planes de Atención Integral”, que a la fecha no se han materializado en acciones concretas para solucionar la problemática de la zona.”
Desde las organizaciones ambientales mantenemos con firmeza nuestra oposición a reactivar la minería industrial de oro a cielo abierto. Reiteramos nuestro compromiso en defensa de la naturaleza y las comunidades que dependen de ella. Apostamos por un modelo que garantice vida digna a las generaciones que aún no han nacido y la minería a cielo abierto no es el camino.
Enviado por FECON.
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Desde que se imputó a Oscar Arias por el caso Crucitas se ha desatado una campaña para demostrar que el daño ambiental que ocasionan los coligalleros es peor que el que hubiera hecho la empresa canadiense. La fracción parlamentaria del Liberación Nacional, un día sí y otro también, destacan el abandono del lugar e incluso pretenden una modificación a la legislación para permitir la minería de cielo abierto. También se han prestado a esta campaña La Nación y algunos “académicos” universitarios, que dicen: “Es urgente que Costa Rica retorne a un modelo sostenible, derogando la ley 8904 (que declara al país libre de minería metálica a cielo abierto) (…) reemplazándola por una nueva ley, con una estructura altamente técnica que permita desarrollar una industria mineral responsable…”. Hay que reconocer que el Ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, se enfrenta con decisión a estos intentos. Ha denunciado que detrás de todo esta campaña y de la investigación de los “académicos”, hay un manejo político, que es -agregamos nosotros- con el fin de entregar nuestras riquezas a las compañías mineras internacionales las cuales producen un gran daño ambiental. El ministro pregunta, ¿quién financió estos estudios y con qué fin? Lo cierto es que se trata de poderosas mineras, con grandes influencias políticas y demasiado dinero. Liberación Nacional ya se apuntó a un cambio en la legislación, que de rebote ayude al expresidente Arias. Esperemos que el Gobierno no ceda a las presiones de retomar la minería, aunque se revista de formas “responsables”.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Crucitas Costa Rica anuncia que tribunal del CIADI pospondrá su decisión sobre jurisdicción
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
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(FECON. 19-12-18) Ecologistas presentaron una denuncia ante el Ministerio de Salud por posible contaminación con mercurio en Crucitas, en Cutris de San Carlos, y pidieron a las autoridades sentar responsabilidades sobre los dueños de la finca implicada, para que remedien el daño ambiental en la zona.
Según el informe DGM-CMRHN-11-2018 del Departamento de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente (MINAE), se han extraído 173.873 m3 de material saprolítico (sobre todo tierra y arenas). Esto significa que se ha sacado alrededor de 0,5% del volumen total de material que Industrias Infinito dijo que extraería, según su Estudio de Impacto Ambiental (Marzo, 2002).
Según Henry Picado, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza: “La compañía minera planeaba sacar 33 millones de metros cúbicos, mientras tuvieran la concesión. En otra palabras: el impacto ambiental que Industrias Infinito planteaba, era al menos 200 veces mayor que lo que representa el problema actual de la minería ilegal. Hay que recordar que Industrias Infinito planteaba tener un impacto sobre una extensión mínima de 123 hectáreas, con profundidades de hasta 75 metros.”
El impacto de la actividad de los coligalleros (mineros artesanales) es importante, sobre todo en el plano de la salud pública por la contaminación con mercurio de de las aguas superficiales, que posiblemente contamina los alrededores de la Finca Ninvoyet, en Crucitas, de Cutris de San Carlos.
Según la Organización Mundial de la Salud, el mercurio está calificado como una sustancia altamente tóxica y que plantea especiales problemas de salud pública. En el contexto de la minería ilegal en Crucitas representa un peligro para los mineros, sus familias, las comunidades vecinas y la vida en general. En el ambiente, el mercurio emitido por la minería aurífera se acumula principalmente en forma de mercurio metálico (Hg°) y compuestos de Hg + y Hg ++, como sucede con el nitrato de mercurio.
Se estima que para extraer un gramo de oro se requiere al menos de 14 gramos de mercurio. El nitrato de mercurio es producido en la separación química de la amalgama empleada en Crucitas, que se deposita en los sedimentos de los ríos y suelos, donde por la acción bacteriana y bajo ciertas condiciones, se puede convertir en mercurio orgánico, especialmente metil-mercurio.
El mercurio emitido por la minería aurífera -el metil mercurio- es de gran toxicidad para las personas, ya que puede acumularse en los organismos acuáticos y pasar al ser humano; por ejemplo, al consumir pescado contaminado.
No es sencillo proyectar cuándo se pondrá fin a la explotación minera artesanal en Crucitas. Ni siquiera tenemos la valoración exacta de cuántas hectáreas de las 123 hectáreas originales, han sido impactadas. Además, según los datos del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Crucitas, los sitios de saprolita que podrían tener oro, no sólo están en la Finca Ninvoyet, sino también en otras fincas aledañas.
Por esta razón las organizaciones ambientales solicitamos al Ministerio de Salud aplique las normas constitucionales 21, 50 y 89; el Convenio de Minamata1 en sus artículos 7, 10, 11 y principalmente 122, y la Ley para la Gestión Integral de Residuos (GIRS).
Según el abogado ambientalista Alvaro Sagot: “Este conjunto de parámetros legales establecen las responsabilidades de los administrados y del Ministerio de Salud, en relación con la prevención, mitigación y remediación de los suelos contaminados. Sumado a esto, reviste de gran importancia el Reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames, pues es una norma de vital importancia para sentar las responsabilidades incluso de los propietarios; lo anterior, pues las normas señalan que los dueños deben responder independientemente de la intensión o no de contaminar en sus fincas.”
Hay que tener presente la responsabilidad de los propietarios de los inmuebles, lo cual consta así en el Reglamento citado cuando señala en el artículo 8: “Se presumirá como responsable al propietario registral del sitio contaminado…”
Información:
Álvaro Sagot: 8863 2887
Henry Picado: 8760 9800
1 Que es un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio ratificado por Costa Rica.
2 El artículo 12 señala en lo que nos interesa: “Cada Parte procurará elaborar estrategias adecuadas para identificar y evaluar los sitios contaminados con mercurio o compuestos de mercurio. 2. Toda medida adoptada para reducir los riesgos que generan esos sitios se llevará a cabo de manera ambientalmente racional incorporando, cuando proceda, una evaluación de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados del mercurio o de los compuestos de mercurio que contengan.”
Enviado por FECON.
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En el marco de la celebración de la Semana del Ambiente, EDECA le invita al Taller Manejo de Conflictos Ambientales, basado en el Caso de Crucitas a cargo de M.Sc Rocío Loría Bolaños
La actividad está organizada para i) facilitar herramientas para la caracterización de un conflicto ambiental, incluyendo los actores implicados y las consecuencias que confieren posiciones de poder e intereses y de, ii) conocer, seleccionar y emplear algunas estrategias y metodologías de manejo de conflictos ambientales, incluyendo técnicas de mediación y de gestión de procesos de negociación.
Estará dirigido a personas que por razones académicas y/o intervencionales en situaciones de conflicto ambiental, tengan la disposición y la voluntad de conocer y de abordar disputas de esta índole, de manera integral y colaborativa.
Dado el punto álgido y urgente que ha alcanzado la minería ilegal en Crucitas (Cutris de San Carlos) y de que se trata de un conflicto con factores sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales latentes, este será el caso de referencia y la base de realización aplicada de la actividad.
En síntesis, el taller se propone como espacio rápido e intensivo de enseñanza- aprendizaje-planificación-aplicación del conflicto minero de Crucitas, para identificar estrategias y tácticas para abordarlo colectivamente y desde la mediación directa.
Horario: Viernes 25 de mayo de 2018, de 9 a 4 p.m.
Lugar: Aula 708, 2do piso, EDECA, Campus Omar Dengo, UNA
Información y solicitud de cupo: bioeticainteruniversitariacr@gmail.com
Cupo limitado: 25 personas (gratuito, incluye refrigerios)
Teléfono para consultas: 2277-4290 (EDECA) 2277-3570 (Vicerrectoría de Investigación).

Enviado por Mauricio Álvarez.
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Convertir la mina de Crucitas en un parque de interés geológico y ambiental, que incentive la actividad turística en Cutris de San Carlos y sus alrededores, propusieron algunas organizaciones ambientalistas y académicos como una alternativa al desarrollo social y económico de la Zona Norte del país.
En un foro realizado en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) para analizar la situación actual de ese yacimiento minero y las perspectivas futuras, los dirigentes ecologistas advirtieron que la explotación ilegal de oro en la zona representa un peligro. Asimismo, alertaron ante la existencia de otras concesiones de yacimientos mineros en la región y su eventual explotación mediante la minería ilegal por parte de empresas mineras extranjeras.
“La presencia de los coligalleros en la zona es un lado del mismo problema y hay que resolverlo”, destacó el biólogo Jorge Lobo Segura, quien señaló que el impacto ambiental en Crucitas causado por los oreros ha sido muy serio.
No obstante, Lobo consideró que el daño a los ecosistemas naturales no son de la misma magnitud que lo que habría provocado el proyecto minero de la empresa Industrias Infinito, concesión que fue anulada en 2010.
La principal preocupación de los expertos ante la extracción minera ilegal por medio de artesanía en el último año es el peligro de contaminación con mercurio de las cuencas hidrográficas en la zona fronteriza con Nicaragua, especialmente el río San Juan, lo que podría ocasionar un conflicto con Nicaragua por su impacto transfronterizo.
El geólogo Allan Astorga Gättgens explicó que el oro se encuentra diseminado en el subsuelo de forma microscópica y para su extracción se requiere el uso de cianuro o mercurio, sustancias químicas altamente tóxicas para la salud humana y ambiental.

El geoparque se desarrollaría con participación de las universidades públicas y sería un sitio de interés geológico, científico y cultural; abarcaría una extensión de 150 hectáreas del yacimiento de Crucitas y en los cerros de Botija y Fortuna. Para esto, se requeriría la compra de tierras que se encuentran en manos privadas.
El resto del área formaría parte de un plan de desarrollo que han venido trabajando el ex diputado Edgardo Araya y varias instituciones del Estado bajo el liderazgo del Instituto de Desarrolo Rural (Inder). Además, la idea es que participen las universidades públicas y se convierta en un centro de investigación y docencia.
“Es fundamental que ese yacimiento se convierta en un área protegida por muchas razonas: en primer lugar por que haría más fácil la sanción a quien entre a hacer minería ilegal ahí y, en segundo, por la posibilidad de hacer una recuperación ambiental de la zona a fin de que se utilice como un sitio de interés científico y geoturístico”, expresó el geólogo.
El proyecto se inscribiría en la red mundial de geoparques que auspicia la Unesco, los cuales se caracterizan por su diversidad geológica y se han creado con el objetivo de su conservación y para fomentar el desarrollo sostenible de las regiones donde están ubicados.
“Hay un fundamento científico sólido para explicar por qué el yacimiento de Crucitas debería convertirse en un geoparque a nivel nacional y mundial como parte de la red de parques de la Unesco”, insistió Astorga.
Los expositores en el foro sobre Crucitas, realizado el 16 de mayo, se refirieron también a las características económicas, sociales y culturales de la Zona Norte de Costa Rica y a las relaciones históricas con Nicaragua.

Al referirse a los lazos de cooperación y cercanía entre los habitantes de la línea fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, la investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos (Ciep), Tania Rodríguez Echavarría, manifestó que para la población de la zona “la frontera no existe” y mostró cómo las personas se mueven entre uno y otro lado.
A juicio de la académica, las disputas fronterizas por recursos han sido “instrumentalizadas” por los gobiernos de turno con el fin de invisibilizar asuntos internos, así como por los medios de comunicación.
Además, los participantes dieron a conocer los esfuerzos realizados en los últimos años y en el avance de varias iniciativas de producción para la zona, de desarrollo de infraestructura vial, acueductos y alternativas de empleo para la población.
Al respecto, el Ministro del Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, explicó que existe una comisión interinstitucional que ha venido trabajando en la elaboración de un plan de desarrollo del distrito de Cutris y de los cantones fronterizos con Nicaragua, el cual será presentado en las próximas semanas al recién constituido Consejo de Gobierno, que acordó darle seguimiento a este tema.
Según expresó Rodríguez, “hay un documento de 80 páginas que contiene una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo con acciones de los diferentes sectores que van a tener que participar”.
El funcionario destacó el liderazgo político del nuevo presidente de la República, Carlos Alvarado, para pasar a un nuevo modelo de desarrollo social y económico en el que el modelo minero y petrolero no tenga cabida. “No tengan la menor duda que si hay una persona que está muy clara en esta transición a un nuevo paradigma de desarrollo es nuestro presidente”, concluyó.
Patricia Blanco Picado
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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En la voz de actores académicos, civiles e institucionales, esta mesa redonda hace un balance sobre los diferentes momentos del conflicto minero conocido como «Crucitas», y adelanta algunas políticas públicas que asumirá el gobierno de Carlos Alvarado durante el periodo 2018-2022.
Enviado por Marcos Chinchilla Montes.
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