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Alberto Salom Echeverría

Introducción

El embargo estadounidense a la isla de Cuba es de larga data, prácticamente nace con la Revolución Cubana.

Las primeras leyes del embargo se produjeron en 1958, es decir, antes del triunfo de la insurgencia revolucionaria, por parte del gobierno del presidente Dwight D, Eisenhower, el cual emitió una ley contra la venta de armas, en marzo del año mencionado, durante el régimen de Fulgencio Batista. Después de esta primera ley de embargo, la abundante mayoría de las leyes aprobadas contra Cuba, fueron contra la revolución. La primera de ellas ocurre en 1960 contra el gobierno de Fidel Castro, en castigo por las expropiaciones de las tierras en propiedad de las empresas estadounidenses y de otros grandes empresarios de este país.

No obstante, poco después en 1962 cuando se produjo la crisis de los misiles, consistente en un serio enfrentamiento que amenazó la paz mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, derivado de la instalación de una base militar con armas de mediano alcance como consecuencia de un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y la URSS, el gobierno estadounidense robusteció las medidas de castigo al gobierno y pueblo de Cuba, incluyendo la restricción a la venta de todo tipo de mercancías a la isla, tales como medicamentos y alimentos.

El endurecimiento de las medidas se produjo, a pesar del retiro de los misiles de Cuba por parte de la URSS; la condición que se le había solicitado a los Estados Unidos consistía en que desmantelara sus propias bases militares que amenazaban a la Unión Soviética, instaladas en países de la OTAN como Turquía e Italia y, además, que el gobierno de los EE. UU se comprometiera a no invadir Cuba, como ya lo había hecho, apoyando a la contrarrevolución cubana en la invasión de “Bahía de Cochinos” acaecida en 1961.

Pero… ¿han sido eficaces estos bloqueos? ¿Cuánto han afectado a la economía cubana?

La prolongación del embargo

Desde 1959, se han sucedido en la enorme y poderosa nación del Norte, una diversidad de gobiernos de signo republicano y demócrata, todos ellos excepto uno, el de Barak Obama, hicieron lo posible por perjudicar al máximo a Cuba, ya no solo mediante leyes de embargo, sino también, alimentando con dólares la operación de fuerzas contrarrevolucionarias, como la guerrilla que actuaba en las montañas del Escambray que, saboteaba y asesinaba a los productores cubanos. Por otro lado, con más saña todavía, por razones ideológicas se buscó destruir las propiedades de la economía social. En tercer lugar, estas organizaciones no escatimaron esfuerzos para intentar sembrar el pánico, colocando bombas mortales en edificios públicos como en el antiguo Hotel “Hilton” de la Habana, ya por entonces llamado “Habana Libre”; o en el vuelo 455 de “Cubana de Aviación”, el cual había despegado de la Isla de Barbados y se dirigía a Jamaica, con destino final a la capital de la Habana. Este atentado terrorista, se lee en Wikipedia, tuvo lugar el 6 de octubre de 1976, ocasionando la muerte de las 73 personas a bordo, convirtiéndose en el peor ataque de este tipo en el hemisferio occidental. Las bombas empleadas fueron descritas como dinamita o explosivo C-4. Hubo evidencia, continúa diciendo Wikipedia de que el atentado fue perpetrado por individuos vinculados al exilio cubano en Miami, con vínculos con la CIA estadounidense y con algunos miembros de la policía secreta de Venezuela de aquel entonces, denominada “Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP. Aun cuando de momento el gobierno de los EE. UU no reconoció su complicidad en el ataque, documentos desclasificados en el 2005 indicaron que la agencia de de espionaje estadounidense, “tenía inteligencia concreta de avanzada, tan temprano como junio de 1976, sobre planes de grupos terroristas cubanos exiliados, de atacar con una bomba un avión de la línea cubana”. (Cfr. “CIA and FBI documents detail career in international terrorism; connection to U.S.” -Detalles de la CIA y el FBI detallan carrera en el terrorismo internacional; conexiones hacia los EE. UU- Contenido en “Caso del avión cubano en el sitio web www.latinoamericanstudies.org”).

También narra Wikipedia que el antiguo agente de la CIA, Luis Posada Carriles, aunque negó haber estado personalmente involucrado en el atentado, proporcionó después varios detalles acerca del acto terrorista en su libro publicado en 1944, “Los caminos del guerrero.” Además, continúa la narración, cuatro hombres fueron arrestados después de un juicio celebrado en Venezuela en aquella época, y fueron: Freddy Lugo y Hernán Ricardo Lozano con una sentencia que dictaminó 20 años de prisión. En el caso de los más conocidos terroristas contrarrevolucionarios, Orlando Bosch Ávila fue absuelto por defectos técnicos en la consecución de las pruebas. Mientras tanto, Luis Posada Carriles, permaneció detenido durante ocho años mientras aguardaba una sentencia definitiva, aunque logró huir; posteriormente ingresó ilegalmente a los Estados Unidos, por lo que se le detuvo, viéndose liberado en abril del 2007. En ese país dice la crónica, vivió protegido hasta su muerte en el 2018. (Cfr. Wikipedia. “Vuelo 455 de Cubana”. es.m.wikipedia.org). He acudido a esta fuente que no es fiable para realizar trabajos académicos más serios, pero sí lo es para brindar información como esta.

Se ha puesto el subtítulo “La prolongación del embargo”, porque una copiosa información de diversas fuentes -como lo veremos- revela que los gobiernos de los EE. UU continuaron promoviendo leyes para reforzar el embargo de la economía cubana, con el propósito fundamental de derrumbar al gobierno de Cuba. También es cierto que, el propósito de convertir a “la mayor de las Antillas”, como también se denomina a Cuba, en un enclave neocolonial de Los Estados Unidos, viene desde la “Enmienda Platt” y quizás desde antes. La “enmienda Platt” fue una ley aprobada como es obvio en el Congreso de Los Estados Unidos, impuesta a Cuba como una adición a la Constitución cubana desde los inicios del siglo XX, una vez que Cuba, había alcanzado la liberación del colonialismo español, en el año de 1898. En dicha “Enmienda” se estableció que, si algún gobierno de la Isla no aceptaba el mencionado apéndice a la Constitución, daría lugar a una ocupación militar de su territorio. Uno de los artículos de la “Enmienda” estableció que: “el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercer el derecho de intervenir para la preservación de la independencia y el sostenimiento de un gobierno adecuado a la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual”. En otro artículo de la enmienda se le quitaba al naciente estado cubano la soberanía sobre la Isla de Pinos, por lo que la soberanía de Cuba sobre este territorio quedó sujeta a ser discutida en el futuro. También se estipuló el “derecho” de los EE. UU a establecer bases “carboneras y militares” en las costas cubanas, -de aquí proviene la “base naval de Guantánamo”, todavía en poder del gobierno estadounidense-. (Cfr. “Enmienda Platt de 1901”. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2525/15.pdf)

Además, con mucho cinismo el general Leonardo Woods, quien estuvo al enfrente de la ocupación militar de Cuba por los estadounidenses, desde el desalojo de los españoles en 1898, había adelantado en una carta al Departamento de Estado lo siguiente: “A Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt (…) y lo único indicado ahora es buscar su anexión (…) Con el control que tenemos sobre Cuba, un control que sin duda pronto se convertirá en posesión, en breve controlaremos el comercio de azúcar en el mundo. Creo -agregó- que es una adquisición muy deseable para los EE. UU. La isla se norteamericanizará gradualmente y al poco tiempo contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que haya en el mundo.” (Cfr. Santos, Rafael. “La Enmienda Platt fue derrocada por la revolución”. PrensaObrera, 28-6-2021).

Todos estos anhelos de la potencia del Norte se incrementaron con el advenimiento de una revolución que para distribuir la riqueza expropió los terrenos de las compañías norteamericanas en Cuba. Hubo dos leyes que, una detrás de la otra, extendieron el afán de los gobiernos estadounidenses por acotar y destruir la revolución; una de ellas fue la ley “Torricelli”, y la otra la “Helms-Burton”. La ley Torricelli se presentó en el 102 Congreso de los EE. UU por el representante demócrata de New Jersey, Roberto Torricelli y secundado por quien llegaría a ser senador por el estado de Florida, Bob Graham. Dice la crónica que la ley sancionada en el Congreso fue promulgada por el expresidente George Bush (el padre), el 23 de octubre de 1992, cuando se encontraban en plena campaña electoral y tuvo como propósito influir sobre el electorado conservador de Florida. Ya la ley Torricelli incurrió en la osada pretensión de la “extraterritorialidad”, consistente en el establecimiento de penas contra países cuyos gobiernos no impidiesen el comercio de empresas de esa nacionalidad con Cuba, lo mismo que contra empresas navieras que acarrearan la mercancía. La ley resultó particularmente onerosa, habida cuenta de que se produjo en el contexto del derrumbamiento de los países socialistas, que se habían convertido en importantes socios comerciales de Cuba. Como si lo anterior no hubiese sido suficiente, el 3 de marzo de 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton, en el 104 Congreso de los Estados Unidos, se aprueba otra ley, encaminada a reforzar el bloqueo contra Cuba. La ley fue promovida con el pomposo nombre de: “Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática”, más conocida como “Ley Helms-Burton”, que son los apellidos de un senador republicano y un representante en la Cámara de los diputados que la promovieron. En aquel momento, los republicanos habían ganado el control de ambas cámaras, pero el presidente Clinton (demócrata), desde la campaña electoral, había comprometido su apoyo al proyecto en cuestión, igual que lo había hecho antes Bush, con tal de ganarse al electorado de origen cubano de la Florida.

Conclusión

La ley “Helms-Burton”, vino a endurecer el embargo económico y político contra Cuba, puesto que implicó la decisión de EE. UU de hacer entrar en vigor el título III de la ley que había quedado pendiente, ante ciertas objeciones de los países de la Unión Europea y Canadá, porque sus inversionistas se veían implicados en las sanciones en caso de invertir en la isla antillana. Las repercusiones de esta ley se han extendido hasta hoy, ya que, durante el gobierno de Donald Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que la administración Trump implementará integralmente el Título III de la “Ley Helms Burton” que había quedado en suspenso, a partir del 2 de mayo de 2019. Hoy han quedado a salvo de las sanciones aquellas empresas de propiedad de inversionistas europeos o de otras nacionalidades ajenas a los EE. UU, que no hayan hecho inversiones en bienes que hubiesen sido confiscados por la Revolución cubana hace seis décadas, merced a la intervención de los países de la Unión Europea y Canadá y sus recursos interpuestos en varias instancias internacionales, principalmente en la Organización Internacional del Comercio.

La discusión de esta cuestión no puede ser un asunto ideológico, como los Estados Unidos han querido hacerlo ver. Si así fuera, cómo es que la mayoría de los políticos estadounidenses que han promovido el bloqueo contra Cuba, no repudian los actos del gobierno israelí de Netanyahu, que están basados en el uso de la fuerza y que son a todas luces violatorios de los más elementales derechos humanos de la población civil de Palestina; ¿por qué callan frente al propio gobierno de Biden, que ha mantenido una actitud de apoyo solapado o encubierto a las acciones atroces del gobierno israelí? Es más recientemente, el gobierno de los Estados Unidos vetó la resolución de la ONU que pedía “pausas humanitarias” a la desbordada acción del gobierno de Israel, para poder entregar ayuda a Gaza. Bajo el gobierno del presidente George Bush, los EE. UU, se tomaron la atribución de invadir Iraq, alegando la existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron por ninguna parte, dejando a su paso destrucción y muerte de miles de ciudadanos de aquella nacionalidad, que no estaban implicados en asuntos de naturaleza política. Hay muchas otras arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario en el mundo y que cuentan con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, como para creer que dicho gobierno actúa en el caso cubano por razones humanitarias atinentes a la violación de los derechos humanos.

Si el embargo no tuviera repercusión en el desarrollo de Cuba, ¿por qué insistir en ello, cuando es obvia la intención de diferentes gobiernos estadounidenses de derribar al gobierno de Cuba?

Enviado a SURCOS por el autor.