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Etiqueta: defensa del agua

7 de cada 10 personas se manifestarían en defensa del agua

  • Dos terceras parte de la población no está de acuerdo en que el servicio de agua potable sea brindado por empresas privadas.

  • 45,2% de encuestados asegura que ha experimentado algún corte en el suministro

UNA Comunica. 27 de setiembre de 2024. El 70% de la ciudadanía costarricense estaría dispuesta a manifestarse públicamente en defensa del recurso hídrico. Además, el 94% está de acuerdo en presentar denuncias en relación con problemas en la calidad del agua potable.

Estos son algunos de los resultados contenidos en la encuesta Percepción de la población costarricense y extranjera sobre temas ambientales en el país, del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). Los datos fueron recolectados entre el 29 de setiembre y el 10 de octubre de 2023.

El objetivo del estudio fue determinar la opinión ciudadana sobre la relación que existe entre fenómenos como el cambio climático, el Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y la gobernanza institucional con la situación del acceso y calidad de agua en el país.

Justamente, en el ámbito de la gobernanza, para un 84,4% de la muestra es importante defender la forma de abastecimiento de agua potable que tiene el país. Un 10,9% dijo estar en desacuerdo con este enunciado, mientras que un 4,7% indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El porcentaje a favor aumenta a un 93,7% si se trata aprobar más leyes para asegurar la protección de las fuentes de agua y a un 95,2% si se trata de fortalecer la estructura del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que atienda las necesidades en agua potable y saneamiento.

Sin embargo, solo un 41% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más para mejorar el servicio, mientras que la mitad de la muestra (49,6%) aseguró que está en desacuerdo con esta medida.

De igual manera, dos terceras partes de la población consultada (66,8%) está en contra de la idea de que el servicio de agua potable sea brindado por empresas privadas.

Aunque los datos recolectados corresponden al segundo semestre de 2023, se presenta en un año donde ha sido crítica la situación del agua en el país, con casos comprobados de contaminación de fuentes. La más reciente se dio el 14 de setiembre anterior luego de que se confirmara el vertido de hidrocarburos en la plata potabilizadora de Guadalupe, en Goicoechea, que afectó a 40 comunidades.

Esta situación se suma a los cortes en el suministro del líquido que ha generado manifestaciones públicas, cierres de vías y confrontaciones con la policía.

Cambio climático

En el capítulo de agua y cambio climático, casi la mitad de la población encuestada (45,2%) mencionó que ha experimentado cortas en el suministro programadas regularmente. Otro 39,7% indicó que ha vivido racionamientos o suspensiones con horario, mientras que un 38,6% aseguró que en sus viviendas el líquido llega con baja presión.

Dentro de las valoraciones que hizo la ciudadanía a la luz del estudio, se determinó que para el 93% de las personas entrevistadas existe una relación entre la calidad del agua potable y la salud pública. Además, el 89,4% lo identifica como un servicio público.

Sobre el nivel de satisfacción del servicio que brindan empresas proveedoras, tanto el AyA, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, las municipalidades y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados (Asadas) obtuvieron una nota favorable que ronda entre 87,1% y el 79,7%.

El estudio profundizó en los criterios ciudadanos sobre la relación entre los efectos del cambio climático y el ambiente. Una gran mayoría (92,8%) está convencida de que este fenómeno aumenta los eventos climáticos extremos como lluvias fuertes, sequías y huracanes.

Para el 93,9% de la muestra, las áreas con vegetación reducen el calor en las zonas urbanas, mientras que el 91% considera que el aumento en el nivel del mar ocasiona la desaparición de comunidades costeras.

En orden de descendencia, lo asocian con una alteración del clima en la tierra (88,4%), que es causado por las acciones del ser humano (76,7%).

Otro aspecto que contempló la encuesta es el nivel de conocimiento en torno al ENOS y sus modalidades del fenómeno de El Niño y La Niña. En el caso de este último, 9 de cada 10 personas lo asocian con un incremento en las lluvias y bajas temperaturas. También, para el 83,4% es el causante de inundaciones y fuertes oleaje.

En el caso de El Niño (en contraste con La Niña), un 89,8% lo relaciona con pocas lluvias y altas temperaturas. También, el 87,2% hizo mención de sequías e incendios forestales.

En lo que sí existe concordancia en la percepción ciudadano, en ambos fenómenos, es que existe una relación de estos fenómenos con el desabastecimiento de agua potable en los hogares. Así opinó el 79,8% de los consultados.

El Idespo-UNA consultó si las personas conocían el concepto de “estrés hídrico” a lo que el 93,8% de los encuestados respondió negativamente. Al respecto, el estudio indicó que es un término que hace referencia al impacto del uso excesivo del líquido, ya sea por extracciones o consumo, según su disponibilidad.

La encuesta abarcó a una población de 1.118 personas, con un error de muestreo del 2,9% y un 95% de confianza. Se aplicó a personas costarricenses o extranjeras con más de cinco años de vivir en Costa Rica, de 18 años o más usuarios de telefonía celular, de manera que se abarcó el 97,6% de la población.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Llega el cine foro: Dos Ríos a Guápiles

El tour nacional de cine foros, tendrá una parada en la provincia de Limón, en Guápiles. Se realizará el evento en el que se presentará un documental sobre la defensa de los ríos, el agua y su vinculación a la justicia climática que propone el Acuerdo de Escazú.

Estarán presentes lideresas y actores claves de la comunidad de Guápiles. Vengan a dialogar sobre la realidad del agua en este cantón y sus alrededores.

Entre los panelistas, se encuentran:

  • Janet Segleua, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica
  • Erlinda Quesada, lideresa comunitaria defensora ambiental
  • Liliana Monge, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica

Como moderador:

  • Jose Pablo Díaz, RJ CCCR, miembro de la Alianza Escazú

Inscríbete en el formulario: https://forms.gle/Px7BfQ4i8REE8dNt7

Conversatorio Defensa del agua en comunidades rurales – en Alternativas

En este conversatorio del programa Alternativas participaron Ana María Montenegro e Isabel Méndez, lideresas comunitarias e integrantes del Frente Eco Cipreses y Dylanna Rodríguez, socióloga e investigadora en temas de agua y defensa comunitaria de bienes comunes. 

Las lideresas comunales expresan las condiciones en las que se encontraban las fuentes de agua a las que acceden, por ejemplo la contaminación de las aguas con agroquímicos derivados del Clorotalonil. A pesar de las denuncias y esfuerzos realizados, persiste la contaminación del agua en las nacientes de agua de la región de Cipreses de Cartago. De acuerdo con Isabel Méndez, hay una restricción sanitaria en la ASADA de la región y les prohíben el consumo del agua por el grado de contaminación que poseen, por lo que diariamente deben de recoger agua brindada por un camión cisterna y llevan meses experimentando estas condiciones. 

Por las condiciones que enfrentan en tanto les han privado de agua, utilizan el agua para lavar ropa, lavar baños, bañarse y demás a pesar de que hay una restricción ya que el agua no es potable y permanece contaminada. Además, tal como lo señala Méndez el agua de cisterna no alcanza por la cantidad de personas que hay en cada hogar y las necesidades que presenta cada miembro del hogar.

Por otra parte, Ana María Montenegro menciona que no hay suficiente acceso a información puesto que todavía una parte de la población consume agua del grifo la cuál no es consumible. También señala el interés por investigar el alcance de la contaminación en Oreamuno de Cartago, y no señala la responsabilidad sobre las personas agricultoras pero sí hace un llamado a las instituciones para realizar investigaciones y atender las denuncias porque es una manera de validar las necesidades y luchas de las comunidades.  

Desde el aporte de Dylanna Rodríguez, el caso de la lucha por la defensa del agua y el caso de Cipreses son ejemplos del extractivismo que se ha fortalecido en los últimos años. Rodríguez destaca la presencia de quebradores y la extracción de la naturaleza para ser utilizada como materia prima de exportación. Asimismo, el agua es un bien público que entra en disputa en tanto es consumido por proyectos de riego y otras entidades privadas, mientras que las comunidades tienen restricciones de acceso y uso de agua. 

Por eso, desde las tres perspectivas se comprenden los alcances de la privación del agua y los recursos naturales sobre la vida de las personas y comunidades en lucha. 

Se invita a observar el video y escuchar a las mujeres que participaron de este conversatorio para conocer de las luchas locales y la defensa del agua liderada por mujeres.

Para ver el video del conversatorio, ingrese en este enlace.

Movimiento Asambleas Populares realizó desfile en defensa de agua

El día 1 de mayo, se realizó un desfile del Movimiento Asambleas Populares. Este desfile contó con la participación de COOMUPROCAPE y del BROC (Bloque Revolucionario Obrero Campesino), entre otros movimientos las luchadoras del agua.

Gracias a la intervención de busetas, aportes económicos y otro tipo de insumos se logró materializar el mensaje que se pretende comunicar a través de cartulinas o pancartas, con la intención de mantener en firme los objetivos del desfile y lo que se pretende alcanzar con ello, entre los que se encuentra la defensa del agua como un derecho universal y no como un interés político.

La organización logró la meta de hacerse oír y llamar la atención de los demás ciudadanos, además de involucrar a más personas en la lucha a la resistencia al modelo neoliberal característico y cada vez más evidente del gobierno actual.

Lideresa ecologista de Cartago recibe premio por la defensa del agua

  • Reconocida entre 150 mujeres de la región

El pasado 10 de mayo, se brindó un reconocimiento a mujeres valientes de la región. Tras la nominación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Isabel Méndez Garita fue reconocida entre 150 mujeres de la región en la categoría de “Acción por el clima y las ciudades” debido a su lucha en cuanto al cuidado del agua por la acción contaminante del uso excesivo de pesticidas en su comunidad.

Este premio se le otorgó a Isabel por su trabajo durante el 2023 donde se destaca por la promoción y vocería principal de una campaña de recolección de firmas para solicitar al gobierno de Costa Rica la prohibición del Clorotalonil, y por el apoyo e impulso a la presentación del Proyecto de ley para la regulación de plaguicidas altamente peligrosos.

El premio lo otorga la organización Nosotras Women Connecting que es una organización con sede en Costa Rica, que promueve el liderazgo en niñas y mujeres de América Latina y Kenia, África.

En un emotiva actividad realizada en el Hotel Marriot Hacienda Belén, se celebró a estas mujeres de la mano de las Naciones Unidas, Organización Internacional para las Migraciones, Cooperación Internacional, jerarcas y sociedad civil, para conocer el impacto y trabajo que estas mujeres realizan desde sus espacios en su gestión ambiental.

Esta lideresa forma parte de la organización ecologista Frente EcoCipreses y entre sus agradecimientos Isabel expresa que “esta premiación es para todo el grupo, porque somos un grupo luchador que nuevamente está a la vista a nivel nacional e internacional.

Isabel aseguró “Me siento muy orgullosa y muy agradecida con todos porque todos los días algo aportamos y algo hacemos por la lucha en la que estamos.”

La lucha del Frente Eco Cipreses ha sido una organización comunitaria constante y de gran importancia para el país. Este premio incluso se entrega en un contexto en el que la Unión Europea está aplicando normas para la reducción de los límites máximos de residuos de plaguicidas como el indoxacarb y el oxamyl, que es el tercer agroquímico más vendido en el país, esto debe aplicar tanto a los productos de consumo nacional como a los que son exportados a la Unión Europea.

Así mismo, este próximo 30 de mayo se vence el período en el que aún se puede adquirir y aplicar el clorotalonil y entrará en vigencia la prohibición, gracias a la acción de  este grupo comunitario cartaginés.

En la petición en línea que el año pasado  se recogieron más de cien mil firmas, Isabel decía “Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo (Isabel) hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!”.

Han sido años difíciles en Cipreses, como cuenta Isabel: “además de no tener suficiente agua, mi hija, ha sufrido pólipos desde los 16 años y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo”.

Además, como es cada vez más común en la región Latinoamericana, las personas defensoras del ambiente, aseguran que: “hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo”.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Quebradores arrasan con los ríos para exportar materiales

El Trabajo Comunal Universitario “Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales” del Programa Kioscos Socioambientales y Escuela de Sociología de la UCR que acompaña distintas comunidades que defensa del agua en Puntarenas, denunció el aumento de la exportación de materiales de río y su impacto socioambiental.

Según datos de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae, los principales países receptores del material exportado desde Costa Rica entre el 2006 y el 2018 fueron Nicaragua y San Andrés de Colombia. Datos revelados por esa entidad evidencian que, durante el 2006, el país exportó 32.150,00 metros cúbicos (m3) de piedra de río y 24.255,00 m3 de arena de río. Seis años después, en el 2012, salieron 20.337,62 m3 de piedra de río y 24.829,59 m3 de arena de río, segunda cifra más alta con respecto al volumen de exportación registrado en ese periodo.

Esas cifras se mantuvieron los años siguientes con crecimientos y disminuciones leves hasta el 2018. Después de ese año, en la página web de la DGM no se ubica información sobre exportaciones de materiales extraídos de cauces. Sin embargo, el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), como fuente para acceder a información sobre visualización y distribución de datos en línea centrada en la geografía y la dinámica de las actividades económicas, da cuenta de que esta actividad sigue muy activa en el país, ya que según datos publicados en el 2021:

“Costa Rica exportó $1,69 Millones en Grava y piedra triturada, convirtiendo en el exportador número 74 de Grava y piedra triturada en el mundo. En el mismo año, Grava y piedra triturada fue el producto número 279 más exportado en Costa Rica. El principal destino de Grava y piedra triturada exportaciones de Costa Rica son: Colombia ($1,66 millones), Nicaragua ($15 mil), Estados Unidos ($6,98 mil), Panamá ($4,02 mil), y El Salvador ($2,23 mil)” (ver en https://oec.world/es/visualize/tree_map/hs92/export/cri/all/52517/2021)

En miras a profundizar esta información, desde el proyecto en mención como desde las organizaciones comunitarias, se procederá a realizar la solicitud formal a la DGM para corroborar los datos revelados por dicho Observatorio.

La coordinadora del proyecto de Acción Social, Dylanna Rodríguez Muñoz aseguró que “sin lugar a dudas, las cifras mostradas dan cuenta de las jugosas ganancias para las empresas dedicadas al mercado de la minería no metálica. No es un dato simple que el país se ubique en el lugar 74 del mundo como exportador de materia prima para la construcción, mientras tanto, comunidades y organizaciones alrededor del país denuncian privatización de los ríos, contaminación, pérdida de biodiversidad, sedimentación, afectación a manglares y disminución de caudales, todo ello como consecuencia de la sobre explotación de los ríos”. Según los mismos informes de la DGM, en el 2018, por ejemplo, en la Región Brunca se contabilizaron un total de 20 denuncias, mientras en la región Huetar Norte, durante el periodo 2019-2020, se recibieron un total de 51 denuncias por irregularidades en la práctica extractiva.

La minería no metálica en los cauces de los ríos o quebradores se ha extendido a todas las regiones socioeconómicas del país (Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central, Chorotega, Central, Brunca), amenazando algunos de sus ríos, principalmente los más grandes y caudalosos, debido al aumento en las demandas del mercado internacional, ya que una parte considerable de arena y piedra extraída de los ríos del país es exportada, señalan.

La Alianza de comunidades por la defensa del agua en Puntarenas se ha pronunciado en diversas ocasiones por la afectación que han generado estos proyectos mineros en los ríos Guacimal y Lagartos. La misma situación señalan comunidades como Atirro, en Turrialba, con el río Atirro, Maquengal de Guatuso con río Frío y, recientemente, Cóbano de Puntarenas con el río Ario.

Para Rodríguez Muñoz “estas situaciones despiertan cuestionamientos respecto al papel del Minae, a quienes las comunidades y organizaciones achacan la responsabilidad por falta de monitoreo en la ejecución que realizan las empresas concesionarias; pero, sobre todo, indigna que se continúen otorgando prórrogas y nuevos permisos, algunos de ellos a empresas acusadas de corrupción como H. Solís y Meco. A esta primera, el año anterior se le otorgó un permiso de explotación del río Aranjuez por 10 años. Es fundamental, frente a este escenario, una intervención al código de minería y una revisión de los mecanismos institucionales de monitoreo pues, si los permisos y procesos de adjudicación se hacen apegados a la ley, pero eso implica efectos devastadores en los ríos y limita el acceso al agua para las comunidades, algo definitivamente no está bien

Sobre lo mismo, la bióloga Isabel Alvarado, realizó una amplia investigación en su tesis de grado en 2018 sobre los estudios de fauna acuática en actividades de extracción en ríos. Para Alvarado, el principal problema radica en la falta de información, tanto por parte de las instituciones del Estado, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la DGM. En su investigación halló que en el 96% de casos en que ha mediado un EsIA ha faltado monitoreo periódico institucional. Su investigación hizo un diagnóstico evaluativo de los Estudios de Impacto ambiental, los Planes de Gestión Ambiental y los Informes de Regencia de la SETENA. A partir de un análisis espacial se determinó la presencia de 188 concesiones de extracción en Cauces de Dominio Público otorgados entre el 2000 y el 2015, comprendiendo un 0,64% de la red hídrica del país. Está investigación concluye que la SETENA no está obteniendo datos en cantidad y calidad necesarios para adecuadamente caracterizar el ecosistema y medir su afectación.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Ciclos de aumento en el ritmo de construcción concuerda con episodios de movilización en comunidades costeras de Guanacaste

Arturo Silva Lucas

El pasado de 13 de julio el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) hizo público el comunicado en el cual confirma que Guanacaste es la provincia que registra mayor intención de metros cuadrados (m²) de construcción para proyectos urbanísticos y habitacionales durante el primer semestre del año 2023. Desde el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OTMS) hemos apuntado en boletines anteriores esta tendencia ascendente desde el año 2014 [1] [2].
Los datos previamente publicados por el OTMS señalan que durante el año 2022 y el primer semestre del 2023 los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, y, en menor medida, Liberia como los que concentran la mayor cantidad de m² destinados a proyectos urbanísticos, habitacionales, y en tercer lugar de tipo comercial. En Nicoya resaltan los destinos costeros de Nosara y Samara; en Santa Cruz las playas de Tamarindo y Cabo Velas. En el cantón de Carrillo el distrito de Sardinal, lugar donde se ubica Playas del Coco. Por su parte en el cantón de Liberia sobresale el distrito cabecero del mismo nombre y Playa
Nacascolo. Estos siete destinos se consolidan como puntos calientes del mercado de bienes raíces postpandemia. También, por el tipo de construcción se confirma que en Guanacaste se consolida la oferta turística residencial por sobre otras como la hotelería tradicional.
Lejos de ser un crecimiento de m² inédito, datos que abarcan desde los años 1984 a 2022 demuestran una tendencia afín, especialmente, desde la entrada del siglo XXI. Una primera lectura de los datos recolectados del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y analizados por el OTMS evidencian que la provincia de Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008 que supuso la desaceleración del mercado inmobiliario a escala planetaria. Con la diferencia que el actual repunte evidencia un ritmo mayor en un periodo de tiempo más corto. Mientras que en el pico de inversión del 2007 llegó a 711,195 de m² en periodo de siete años; para el 2022 alcanzó los 724,315 m² en solo dos años luego descenso a causa de la pandemia. Con una tendencia creciente que parece se mantendrá en este 2024.

Un análisis más detallado sobre la tendencia de inversión inmobiliaria en Guanacaste permite reconocer correlaciones relevantes vinculadas a episodios conflictivos. La revisión bibliográfica de los principales conflictos socioambientales en la provincia vinculados a desarrollos turísticos inmobiliarios en los cuales se haya utilizado repertorios de acción colectiva directa como bloqueos, marchas, perifoneo, vigilias y/o sentadas evidencia que suceden con cada aumento de inversión turística inmobiliaria. Desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el año 2000 hasta el 2021 se registran diecisiete acciones directas importantes en cuatro comunidades del norte hacia el sur de la provincia:
La Lorena (Santa Cruz): En el año 2000 la comunidad de La Lorena registró cuatro movilizaciones en contra de la intención del Hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones [3]. Posteriormente, en el 2014 y 2018 se registran dos últimas movilizaciones de la comunidad por el mismo motivo [4].

Sardinal (Carrillo): En el 2008 la comunidad de Sardinal registró siete movilizaciones en oposición a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en Playas del Coco [3]. Posteriormente en el 2019 se registra una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto [5].
Potrero (Santa Cruz): en octubre del 2014 la comunidad de Potrero realizó una sentada frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la Fuerza Pública. Posteriormente realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Las dos acciones manifestaban un rechazo a la pretensión de varios complejos residenciales de la zona de tomar agua para abastecer sus instalaciones [6].
Nosara (Nicoya): El 5 de junio del 2021 grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretende regular el crecimiento de residencias turísticas en Nosara y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona [7].
Esto permite llegar a unas primeras conclusiones del fenómeno turístico inmobiliario en Guanacaste. Primero, que el ritmo de inversión actual provincial evidencia una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. Segundo, cada ciclo de aumento de inversión parece estar vinculado a episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia. Tercero, la relación inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales se mueve históricamente hacia las playas al sur de la provincia a partir de la ubicación de las cuatro comunidades señaladas.

Notas
[1]. Barboza Núñez, E. (marzo, 2023) Boom inmobiliario dispara construcción en zonas costeras de Guanacaste
[2]. Díaz Soto, M. (agosto, 2023) Al cerrar el primer semestre de 2023, Guanacaste concentra el 25% del total de metros tramitados para construcciones de tipo habitacional en el país
[3]. Silva Lucas, A. (2019) Conflictividad hídrica en Guanacaste como consecuencia del desarrollo turístico: el caso de la comunidad de Sardinal. En: Agua y Poder en Costa Rica 1980-2017. Felipe Alpízar R,; editor. Centro de Investigación y Estudios Políticos, Escuela de Ciencias Políticas, Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica.
[4]. Silva Lucas, A. (2018). Lorena (Guanacaste): Agua, territorio y espacios de representación. Alba Sud, 05/12/2018
[5]. Silva Lucas, A. (2019). Inauguración del acueducto CocoOcotal: ruptura y profundización del modelo turístico en Guanacaste. Alba Sud, 13/03/2019
[6]. Bolaños Blanco, C. (2016) Conflictos socioambientales por la gestión del agua: el caso de la comunidad de Playa Potrero, Guanacaste. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
[7]. Silva Lucas, A. (2021) Nosara se moviliza en apoyo al reglamento de construcciones. Alba Sud 24-06-2021

Alianza por la Defensa del Agua: reunión en San Judas de Chomes para abordar problemas de sobreexplotación de los ríos

Por José Daniel Gamboa Araya

En una reunión celebrada el 17 de febrero de 2024 en San Judas de Chomes, la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua se congregó para abordar la preocupante situación de sobreexplotación de los ríos por parte de los «quebradores» en Costa Rica.

La reunión, que se extendió desde las 10:00 a.m. hasta las 12:30 m.d., tuvo como objetivo principal plantear una estrategia de abordaje para enfrentar esta problemática. Los miembros de la Alianza expusieron los valores, motivos y afectaciones, así como el trabajo realizado hasta la fecha.

Se discutieron posibles soluciones y rutas de abordaje, se escucharon las demandas y preocupaciones de la comunidad y se expusieron datos empíricos sobre la situación. Entre la información compartida vale destacar que las afectaciones significativas a la comunidad debido a la contaminación de los ríos, desviaciones de cauces, accesibilidad y potabilidad del agua. Además, se expusieron posibles rutas para abordar el problema, incluyendo la revisión de expedientes de SETENA y MINAE en busca de vicios en los procedimientos.

Como resultado de la reunión, se acordaron varios puntos de acción, entre ellos la difusión de la información discutida en la reunión entre vecinos de la comunidad, el estudio de expedientes relacionados a las concesiones y la realización de una campaña informativa en contra de los estudios con vicios, entre otros. La comunidad se comprometió a involucrar a las Asociaciones de Desarrollo de Chomes, Guacimal, Judas y Colinas y otros aliados estratégicos en la presente lucha.

Esta reunión refleja el compromiso de los movimientos sociales y las comunidades locales en la protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como en la defensa de los derechos y la justicia social.

Convocatorias en defensa del agua

Se realizaron llamados para manifestarse el día jueves 1 de febrero 2024, con el fin de celebrar marchas ciudadanas en defensa del acceso libre al agua para las comunidades, en respuesta a los múltiples problemas, entre los cuales se encuentran los cortes en el servicio y la contaminación del suministro de agua.

La convocatoria a las marchas en defensa del agua, se realizaron para ser celebradas en el parque comunidad de Tibás a las 6:30 p.m, marcha en la cual se convocó a los vecinos y vecinas de la zona a realizar un cacerolazo, para hacer ruido en defensa de su derecho al agua. Además, se realizó otro llamado a marchar en el parque de Guadalupe a las 5:00 p.m, en la defensa del agua para los barrios y las personas, marcha convocada bajo el lema “El agua no se vende, se defiende”, ambas convocatorias se realizan para defender el acceso al agua sin cortes en el servicio y la contaminación del suministro, solicitando una respuesta rápida y adecuada.

Manifestación frente a Casa Presidencial entregará 75 mil firmas exigiendo la prohibición del clorotalonil en Costa Rica

  • Se puede seguir firmando en línea hasta el 6 de diciembre

Este próximo 6 de diciembre se cumple el plazo de 6 meses que la Sala Cuarta otorgó al gobierno costarricense para prohibir el Clorotalonil en el país, a pesar de esto, no se ha cumplido con dicha indicación. Por lo tanto, los grupos ambientales se manifestarán ese mismo día frente a Casa Presidencial, a partir de las 11 am, para hacer entrega de las firmas recolectadas en apoyo a la prohibición y demandar que se respete el derecho al agua de miles de costarricenses. Por el momento cuentan con 75 mil adhesiones, pero esperan que “más personas se unan en la defensa del agua”.

Para firmar se puede ingresar al enlace e incluir su nombre y su correo electrónico, es fácil y rápido. La plataforma es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.

El agroquímico pone en peligro la salud de más de 10 mil ciudadanos cartagineses. Como dice Jordan Vargas, vecino del lugar y defensor de agua de Cipreses de Oreamuno: “No queremos degradados agrotóxicos en el agua de las comunidades. Acompáñenos a exigir nuestro derecho Constitucional de agua sin venenos agrotóxicos.”

La petitoria también solicita a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley de Expediente 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos y al Poder Ejecutivo, implementar las ocho recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil”, que incluye su prohibición del agroveneno. Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.

La petición está encarnada en Isabel Méndez García, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño donde cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace más de un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago).

Unos días después se denunció que otra comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

El pasado 10 de noviembre ARESEP convocó a una Mesa de Trabajo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes. En este espacio se dio a conocer que el Decreto de prohibición del Clorotalonil está firmado por la ministra de Salud y está en la mesa del ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para pasar posteriormente al presidente de la República y que sea oficializado. También, se dio a conocer que otra ASADA en San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con derivados del Clorotalonil y finalmente se anunció la publicación del decreto N°44200 de fortalecimiento del Laboratorio Nacional del Agua (Ver más de resultados de reunión).

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.