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Etiqueta: democracia

Se busca un juez

Walter Antillon

Hace más de veinte años, a quien pasara a altas horas de la noche frente al edificio de la Corte Suprema le era dado ver, invariablemente, una luz encendida en lo alto. Era la luz de la oficina del presidente don Fernando Coto Albán, un juez que durante su vida padeció hambre y sed de Justicia, y contribuyó decisivamente a que la Justicia fuera augusta y venerada en Costa Rica.

Apegados a la esencia de su ministerio, jueces como él, o como don Ulises Odio, se cuidaron de comprometer al Poder Judicial en convenios o acciones conjuntas con los otros poderes; porque tenían muy claro que la función de todo juez se concreta nada menos que en juzgar con equidad e imparcialidad los conflictos pendientes entre las personas (con mayor razón si entre estas personas están los miembros de los Supremos Poderes u otros altos funcionarios); y que era vital para la Democracia hacer respetar la sagrada investidura del juez, manteniendo entre éste y los representantes de los poderes fácticos y políticos la distancia suficiente que le permitiera, si el caso se daba, aplicarles el rigor de la ley.

Así debe ser, y por ello es preciso que la Corte, como órgano y cabeza de la Judicatura, vuelva a sentir hoy aquella hambre y aquella sed de Justicia, y recupere esa distancia crítica frente a la voracidad y el frenesí de los poderes; porque la Justicia es, por esencia, un contra-poder social: es la afirmación incondicional de lo justo frente a todo cálculo oportunista y utilitario de algunos.

Porque, en efecto, la mejor política judicial es la que conduce a una justicia independiente, docta e imparcial para todos. Y en ese contexto, es razonable pensar que el buen gobierno de un País requiere jueces cuya actuación recta y oportuna, sumada a otros factores, contribuya a propiciar “un buen clima de negocios”, siempre que se trate de negocios honestos, equitativos y respetuosos de la legalidad; pero esto sólo se puede lograr instaurando un sistema en el que la independencia de cada juez esté asegurada institucionalmente; y no, como da a entender cínicamente un diputado, eligiendo magistrados domesticados, obsecuentes y sometidos a la voluntad y a las políticas entreguistas de un gobierno neoliberal.

Ese diputado y muchas otras personas tienen la idea de que el Judicial es un Poder de rango inferior a los otros, con el peregrino argumento de que la elección de los miembros de la Corte no proviene de las urnas. Pero ¿no se percatan estos señores de que su argumento contradice la Constitución, cuyo artículo 9 confiere el mismo rango a los tres Poderes?

El sistema costarricense de Justicia debe ser guiado por el camino de la dignidad y la independencia; y a ello contribuirá decisivamente un presidente de la Corte cuyo desempeño anterior como Juez y Magistrado constituya una clara y firme garantía de responsabilidad, buen criterio jurídico, firmes convicciones y, sobre todo, de no sometimiento frente al Gobierno, frente a la Asamblea Legislativa, frente a las cúpulas políticas y financieras. Un presidente de la Corte no necesita ser amigo ni tener afinidades con los otros Poderes; y no someterse a ellos tampoco significa que sea su enemigo. Para mantener unas relaciones respetuosas con dichos poderes basta con que sustente ideas y convicciones realistas y claras acerca del papel y el rango de la Justicia dentro del Estado costarricense del Siglo XXI, y las exponga con lealtad y firmeza.

Por lo dicho, y sin que ello signifique demérito alguno para los otros Magistrados de la Corte, muchos de los cuales me honran con su amistad, la persona que, en mi modesto criterio, muy por encima de los cálculos mezquinos y las arteras componendas de los politicastros, reúne las mejores condiciones para presidir la marcha de la Judicatura costarricense en los años venideros, es el juez don Fernando Cruz Castro.

Nota de SURCOS: Este texto fue escrito y publicado por don Walter hace 13 años; lo publicamos hoy a solicitud del autor en homenaje a quien, «contra viento y marea, ha mantenido su independencia y su dignidad en el cumplimiento de su sagrada misión».

Informe internacional concluye que política de seguridad en El Salvador reúne elementos de crímenes de lesa humanidad

Un amplio informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES), concluye que las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad implementada en ese país reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

El estudio examina el impacto del régimen de excepción y otras medidas adoptadas en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, y sostiene que diversas prácticas documentadas —incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política— forman parte de una política estatal que cumple los criterios establecidos por el derecho internacional para esta categoría de crímenes.

El informe plantea que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una política sostenida que se desarrolló en un contexto de debilitamiento institucional y concentración del poder político.


Qué es GIPES y quiénes elaboran el informe

El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES) está integrado por especialistas internacionales en derecho internacional, derechos humanos, justicia penal internacional y análisis político.

El grupo desarrolla investigaciones independientes con el objetivo de analizar la compatibilidad de las políticas estatales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, así como aportar elementos para la rendición de cuentas frente a violaciones graves.

El informe publicado en 2026 constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre las consecuencias institucionales, jurídicas y humanitarias de la política de seguridad aplicada en El Salvador durante los últimos años.


Un análisis del debilitamiento del Estado de derecho

El documento señala que las violaciones masivas a los derechos humanos no surgen de manera espontánea, sino que requieren de un contexto institucional que las permita.

Según el informe, en El Salvador se habría configurado un entorno caracterizado por:

  • debilitamiento de los contrapesos institucionales,

  • concentración del poder político,

  • debilitamiento de los controles judiciales y legislativos,

  • uso prolongado de medidas excepcionales.

En ese contexto, el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 se habría convertido en el instrumento central de la política de seguridad, con la suspensión prolongada de diversas garantías constitucionales.

El informe sostiene que este marco institucional permitió consolidar una estrategia de seguridad basada en detenciones masivas y amplias facultades policiales y militares.


Principales temas analizados en el informe

De acuerdo con su estructura y tabla de contenidos, el informe examina múltiples dimensiones del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.

Entre los principales temas analizados destacan:

Destrucción de contrapesos institucionales

Uno de los primeros apartados analiza cómo la concentración del poder político y el debilitamiento de instituciones clave facilitaron la implementación de medidas extraordinarias sin controles efectivos.

Régimen de excepción y detenciones masivas

El informe examina la política de detenciones masivas desarrollada en el marco del régimen de excepción, así como los efectos sobre derechos fundamentales como:

  • la libertad personal,

  • el debido proceso,

  • la presunción de inocencia.

El documento también señala problemas estructurales para garantizar procesos judiciales dentro de plazos razonables para las personas detenidas.

Tortura, muertes bajo custodia y desapariciones

El informe analiza denuncias relacionadas con:

  • tortura en centros de detención,

  • muertes de personas bajo custodia estatal,

  • desapariciones forzadas,

  • posibles fosas clandestinas dentro de centros penitenciarios.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas situaciones no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.

Restricciones a la prensa y persecución política

El documento también examina el impacto del régimen de excepción sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Según el informe, el contexto de persecución y hostigamiento ha llevado incluso al exilio de periodistas y ha generado restricciones al acceso a la información pública, lo que afecta el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.


Crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional

Uno de los ejes centrales del informe es el análisis jurídico sobre la naturaleza de las violaciones documentadas.

El GIPES concluye que los hechos analizados reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en tanto formarían parte de una política estatal sistemática dirigida contra la población civil.

Según el informe, esta conclusión implica no solo responsabilidad internacional del Estado, sino también posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron dichas políticas.


Recomendaciones del informe

El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas tanto al Estado salvadoreño como a la comunidad internacional.

Recomendaciones al Estado salvadoreño

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • restablecer plenamente el Estado de derecho, incluyendo la independencia del poder judicial;

  • garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas y su situación jurídica;

  • investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia;

  • establecer un programa nacional de reparación integral para las víctimas, que incluya indemnización, atención médica y garantías de no repetición.

Recomendaciones a la comunidad internacional

El informe también plantea acciones dirigidas a organismos internacionales y Estados democráticos.

Entre ellas destacan:

  • apoyar investigaciones independientes sobre violaciones graves de derechos humanos;

  • aplicar mecanismos de jurisdicción universal cuando existan elementos para investigar a los responsables;

  • aplicar sanciones a individuos o instituciones implicadas en violaciones graves de derechos humanos.

Asimismo, el documento plantea que los Estados parte del Estatuto de Roma consideren la posibilidad de remitir la situación de El Salvador a la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los hechos documentados en el informe.

También recomienda brindar protección internacional a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten riesgos por su trabajo de denuncia.


Una advertencia sobre el rumbo institucional

El informe concluye señalando que ningún modelo de seguridad puede considerarse exitoso si se basa en la violación sistemática de derechos humanos.

En ese sentido, plantea que El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica, en la que debe decidir entre profundizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente o reconstruir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada con el respeto al Estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Le invitamos a descargar el informe desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/GIPES-El-Salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica-Informe-2026.pdf

¿Más soldados que maestros y más cuarteles que museos? ¿Esa es la estrategia?

Margarita Bolaños Arquín

Asumir que al crimen organizado y al narcotráfico solo es posible combatirlo involucrándonos en una guerra continental que demanda desviar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible y destinar importantes recursos del erario público para cambiar el modelo “de más maestros que soldados, por más soldados que maestros”, no es opción para Costa Rica ni para ninguna democracia.

La estrategia de seguridad debe involucrar activamente a las comunidades, a las organizaciones, a los sectores privados e instituciones del Estado en todo el territorio nacional. Asignar los recursos necesarios a la educación, a la búsqueda de empleo digno y al desarrollo sostenible y pleno de las capacidades de todas las personas fue y sigue siendo el corazón de la vía costarricense.

Hacer lo contrario implica comprometer a largo plazo nuestros recursos por una estrategia de seguridad que en otros países ha incrementado el deterioro democrático, la violencia, la corrupción, el armamentismo, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía de su territorio continental e insular. Bien sabemos que la violencia genera más violencia, que las armas solo eliminan, pero no dan verdadera paz ni seguridad.

¿Quién lo mató?

Freddy Vargas Aguilar
Tel 8620 0780

En estos momentos de tensión geopolítica por incremento de guerras hay un peligro para el Capital que pasa desapercibido: La posibilidad del levantamiento de los pueblos en un Movimiento Popular Político, que sería universal.

En el caso de Costa Rica requiere Diálogo. Un Diálogo sobre la acción. En los hogares, en las oficinas, en las universidades, en los sindicatos, en los partidos políticos, ¿se dialoga? El diálogo requiere Coraje y Astucia. ¿Puede alguien explicar cómo consigue el sistema transformar al costarricense en tico, esto es, en Siervo menguado? Siervo menguado es una forma elegante de decir… ¿qué?

Sócrates, en la Grecia clásica se dedicó a provocar a sus contemporáneos con su mayéutica. ¿Qué no es, sino la mayéutica, que interrogar inquisitorio? Tuvo éxito, los jóvenes lo escucharon. Recordamos los nombres de Sócrates, Platón. ¿Se recuerda algún nombre de los que lo mataron?

¿Será que en Costa Rica lo que se hace es blablear, berrear? ¿Es a eso a lo que le ponen una plaquita dorada que dice “Pensar crítico”?

El tico estaba dormido cuando una pesadilla lo despertó. Oía gritos, “violencia”, “dictadura”, “los Tinoco”. ¿Hay algún Tinoco por allí? Se despertó sobresaltado, se vistió rápido y salió resuelto a la calle a defender la democracia. ¿Qué hizo? Fue a votar. Y, ¿después? Tranquilo por haber cumplido heroicamente con su deber, regresó a su casa, acomodó la cama, se volvió a dormir.

A todo esto, ¿Quién mató a Sócrates?

¿Lo mataron?

Conversatorio sobre participación política y democracia desde las voces de las mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres (OVPcM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita al conversatorio “Democracia sin miedo: Voces de mujeres”, un espacio de diálogo sobre participación política, liderazgo y democracia desde la experiencia de mujeres en distintos ámbitos de la vida pública.

La actividad se realizará el jueves 12 de marzo de 2026 a las 5:00 p.m. en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

El conversatorio reunirá a mujeres que han desempeñado roles relevantes en la política, la academia, la institucionalidad pública, el movimiento estudiantil y el liderazgo social, con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en la vida democrática.

Participantes del conversatorio

Entre las participantes confirmadas se encuentran:

  • Daniela Chacón Mendoza, presidenta de ACCESA, politóloga e investigadora de la UCR.

  • Macarena Barahona Riera, socióloga, politóloga, escritora y pionera del pensamiento feminista en Costa Rica.

  • Victoria Gamboa Ross, lideresa deportiva y política.

  • Allison Cordero Espinoza, lideresa estudiantil de la Universidad de Costa Rica.

  • M. de los Ángeles Quesada Chaves, letrada del Tribunal Supremo de Elecciones.

  • Maritza Hernández Castañeda, presidenta de la UCCAEP.

  • Vanessa Castro Mora, diputada de la República.

La actividad busca propiciar un intercambio de perspectivas sobre democracia, participación política, liderazgo femenino y los desafíos que enfrentan las mujeres en el ejercicio del poder público.

Presentación del podcast “Democracia sin miedo”

Durante el evento también se realizará la presentación del podcast “Democracia sin miedo: voces de mujeres”, una iniciativa que busca visibilizar experiencias, reflexiones y análisis sobre la participación política de las mujeres y las dinámicas de la democracia contemporánea.

Este podcast forma parte de los esfuerzos académicos y de investigación orientados a analizar y visibilizar la violencia política contra las mujeres y promover una participación democrática libre de discriminación y miedo.

Espacio para el diálogo democrático

El conversatorio es organizado con la participación de la Escuela de Ciencias Políticas (ECP), el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, Radios UCR y la Embajada de Francia en Costa Rica.

La actividad busca generar un espacio de encuentro entre la academia, la institucionalidad pública y la sociedad civil para reflexionar sobre los retos que enfrenta la democracia y el papel fundamental de las mujeres en su fortalecimiento.

Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia al conversatorio mediante el siguiente enlace:
https://ucr.cr/r/7hS2e

Asimismo, puede conocer más información sobre el podcast “Democracia sin miedo: voces de mujeres” en el siguiente enlace:
https://ciep.ucr.ac.cr/democracia-sin-miedo-voces-de-mujeres/

Una alianza militar contra Costa Rica

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Hay que ser un ingenuo, un lacayo o un ignorante para creer que la alianza militar de Trump está dirigida contra el narcotráfico.

El reciente ejemplo de Venezuela y el conocido caso Irán-Contras cuando la CIA y la DEA intercambiaron cocaína por armas para la contrarrevolución nica, prueban que los principales promotores del negocio de las drogas son los gobiernos de EEUU. La guerra contra las drogas ha sido una mampara para buscar propósitos tan distintos como financiar a la contrarrevolución nicaragüense o apoderarse del petróleo venezolano. Está más que demostrado en múltiples documentos y una extensa bibliografía que esa llamada guerra contra las drogas de EEUU, desde Nixon que la inició hasta Trump, nunca ha tenido mayor interés en combatir el narcotráfico.

Trump acusa que los carteles mexicanos son más fuertes que el ejército de México, aunque los propios informes norteamericanos manifiestan que el 80% de las armas que los narcos poseen provienen de EEUU, incluso armamento propio de ejército estadounidense. ¿Qué hace USA para detener ese tráfico de armas? Prácticamente nada. Y las armas con las cuales los narcos ticos se matan y nos matan de dónde vienen, ¿de China o de Rusia?

Además, ¿qué hace EEUU para detener el consumo de drogas en su país (si no hay demanda, no hay oferta), o perseguir a los carteles de distribución y de lavado de dinero sucio? Prácticamente nada. ¿Entonces, a qué se debe esa exigencia con los países latinoamericanos cuando ellos no contribuyen en nada para controlar los otros componentes del narcotráfico?

Los objetivos de la Alianza Militar de Trump, a la cual se ha adherido entusiastamente el presidente Chaves y la nueva presidenta, son básicamente los siguientes: controlar con la amenaza militar a los gobiernos latinoamericanos, apoderarse de las riquezas naturales e impedir que otras potencias, especialmente China, haga negocios e inversiones en América Latina.

Sin ningún tapujo, Trump, Rubio y sus monaguillos, proclaman a los cuatro vientos que América (el continente) es para los americanos (EEUU) y solo para ellos. Y 12 presidentes, siervos del imperio, asienten obedientemente, compitiendo entre ellos a cuál más de lacayo.

Esta Alianza Militar de Trump a la cual se ha sumado este Gobierno es un ataque no al narcotráfico sino a nuestra democracia, a nuestra Constitución, al ser costarricense.

Este sábado Chaves y su sucesora tiraron al cajón de la basura la lucha en 1856 contra los filibusteros, nuestra tradición civilista, nuestro prestigio internacional de Nación pacífica y la dignidad soberana del país.

Lo que quedó en evidencia este fin de semana es que estos gobernantes están muy lejos de nuestra idiosincrasia y de nuestros más profundos valores patrióticos.

Dentro y fuera del domo electoral

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Pese a que abundan los diagnósticos de la enfermedad que se manifestó en las elecciones cabe agregar algo. Visiono un gran domo sobre la parte central del país, donde conviven con los miserables “urbano marginales” (les dicen), los privilegiados, que gozan de facilidades que los identifican como clase. Entre ellos, el acceso a la educación, a trabajos de corte intelectual, a vivienda segura, a transporte privado, a supermercados, a compras por Internet, a televisión por cable, al cambiante mundo virtual que los conecta. Domo en el cual, como se hacía hace unos años en el Club Unión, mientras los «de arriba» esquivan a los que sufren el día a día, se reúnen a dialogar, igual de política como de fútbol, para luego irse a dormir tranquilos mientras sus casas son cuidadas por guardas nicas.

Y como no están (o más preciso, no estamos) solos, los demás, los silenciosos, los hambrientos, los poco abrigados, los sin estudio que «camaronean» el día a día en lo que denominan “trabajos informales”, solo acatan a mirar mientras guardan tímido (aunque sostenido) silencio, ajenos a lo que planean en sus “tablets” los que sí son parte de un tejido social organizado que maneja su propio idioma. Son los que no son imprescindibles para los que les llaman para un sin fin de tareas, quienes pese a ser multitud, son casi intencionalmente invisibles pues estorban a algunos… aunque están allí.

Es pues un domo en que abundan desigualdades y las injusticias como patrón.

Por otro lado, fuera de ese domo con aire acondicionado, tenemos la otra Costa Rica. La de las amplias comunidades costeras acechadas por la miseria, desconocedoras de la «virtualidad» que no les interesa pues no les da de comer, y que se pasan las horas del día y la noche rumiando sus penas. Si algunos tienen teléfonos celulares prepago, solo son usados para breves mensajes de texto. Son mujeres y hombres sin esperanza, olvidados, que se sienten desechables, despreciados por los que se creen nobles de un reino tropical, cuyos hijos, cuando van a la derruida escuela, lo hacen solo para comerse un gallito antes del mediodía. Obreros y campesinos desempleados, de carne y hueso, que nos recuerdan las tragedias de Mamita Yunai, Murámonos Federico, El Árbol Enfermo…, obras que por supuesto, jamás han leído. Analfabetos por desuso, que, en el fondo de sus pensamientos, desean mejores días para ellos y sus hijos. Mujeres y hombres que en su mayoría se han dado por vencidos, pero que aún guardan un poquitito de esperanza, como lógica aspiración humana.

Pues amigos, esos miserables, dentro y fuera del domo, son los que han estado recibiendo por más de tres años, visitas bien programadas que han requerido un poquito de organización local, para recibir a quien dice ser igual que ellos, su redentor pagano. El que está allí para enfrentar a los corruptos que por tantos años les han negado la justicia que merecen. Perverso presidente que les dice «soy uno de ustedes, por lo cual hemos de luchar hombro a hombro para acabar con los corruptos, y así traerles el bienestar que los ladrones políticos que ustedes conocen les niegan a ustedes». Reuniones “de campaña electoral” financiadas con bienes del Estado, que cubrían, gracias a transportes contratados, áreas más grandes que las que se presentaban como el lugar del discurso, para que el impacto, luego multiplicado por televisoras locales, tuvieran el efecto esperado.

«Visitas» que no eran más que una bien diseñada campaña política permanente, intensa, a nivel de comunidades, con recursos financieros ilimitados, que fueron seguidas sin pensar en lo que se estaba construyendo alrededor de un personaje hábil y mentiroso.

Estrategia desarrollada a nivel de poblaciones, demagógica, populista, pero caída en terreno fértil, sin oposición alguna. Y sucedió así mientras los llamados quizá a enfrentarla con mensajes y organizaciones en las mismas comunidades, estaban muy ocupados escribiéndose en chats de WhatsApp, votando incisos en la Asamblea Legislativa, y multiplicando mensajes cargados de información valiosa que, dentro del domo solo tenían como receptores a los que hasta niegan que hay cientos de miles de costarricenses que no tienen más que una comida diaria. Habitantes de tugurios que, cual si vieren un avión volar hacia destinos desconocidos, así escuchaban tal vez algo de lo que la “clase política” muy formalmente debatía, sin que les provocara reflexionar acerca de lo que no les interesaba, pues de Montesquieu creen que es quizá un futbolista francés.

Erradamente se creyó que la «virtualidad» ingresaba a las chozas y tugurios, mientras el trabajo organizativo, en las comunidades, en las bases, pretendió sustituirse por mensajes por Internet que no les llegaban. Se creyó que el líder comunal que se quería ubicar, según sus características y su capacidad, podría ser el regidor dueño de un celular prepago, y no el compañero que (con la excepción de alguna organización sindical como la ANEP), sí se le involucró genuinamente en la defensa de sus derechos y la organización de lucha. Las enseñanzas de la batalla contra el TLC, con sus comités patrióticos y el trabajo voluntario por todo el país, lamentablemente se desdeñó, pues se creyó más en la comunicación digital que solo opera al interior del domo (parcialmente) y es extraña fuera de él.

Así, Chaves disfrutó ese vacío dejado por los políticos, estrategas y otros, y entendió muy bien, que, apoyado en su red de comunidades en todo el país, que lo que con sus groserías incomodaba a muchos del domo, era, por otro lado, motivo de algarabía fuera del mismo, así como entre los hambrientos que conviven con la opulencia que se exhibe en ciertos lugares dentro del mismo.

Claro que sería injusto no reconocer que nuestros intercambios, escritos, entrevistas radiales y videos, entre otros, tuvieron el importante efecto de evitar que el chavismo fascista no alcanzara al menos 38 diputaciones. La selección de un compatriota ejemplar como el candidato presidencial de un PLN renovado, fue vital para que muchos de los reunidos en la parte central del país, acudieran a votar informados, contribuyendo así para que no se diera un resultado electoral que, por poquito, nos habría conducido casi inevitablemente hacia un régimen dictatorial que hoy nos tendría mucho más preocupados.

Pero más allá de ese trascendental logro, en las provincias costeras, regiones indígenas y habitantes de la marginalidad tanto urbana como rural, esos mensajes no germinaron; eran cual semillas infértiles que se llevaba el viento.

Antes que criticarlos, en esas poblaciones se está pagando el alto precio del abandono casi eterno, mutado hacia el resentimiento justificado contra los que les han maltratado por años, y que Chaves, cínicamente, les usó para sus egoístas intereses.

En fin, pensando a futuro, si esa visión valle centrista no se sustituye por un esfuerzo solidario hacia los costarricenses de segunda y tercera clase, más antes de lo que pensamos, se podría estar ante la situación que la Providencia contribuyó a sortear. Las estrategias (que son varias) habrá de redefinirlas según sean las características de las comunidades que, ha de valorarse así, son fundamentales para el fortalecimiento de nuestra democracia.

Los retratos

José Manuel Arroyo Gutiérrez

(Breve relato de ficción)

Cuando el demagogo-autoritario tomó control de los gobiernos en aquella república tropical, el senador en retiro supo que todo estaba consumado. Sin embargo, sabía también que el principio del fin de la democracia había comenzado mucho tiempo antes. Desde décadas atrás había síntomas propicios para la debacle. El viejo exsenador reparaba, sobre todo, en un hecho de particular valor simbólico: los retratos al óleo de los políticos corruptos con gestos de inmortal señorío, a pesar de los escándalos, los juicios, las condenas y los autoexilios, nunca fueron removidos de las paredes: paredes de las galerías de honor en los colegios donde estudiaron; paredes de salones de ex presidentes; paredes de los gremios profesionales de pertenencia…

El demagogo autoritario, tanto o más corrupto que aquellos figurones fijados en los fríos murales del tiempo, tomó control de los gobiernos con su manido discurso contra la corrupción y la impunidad, mientras aquellos figurones le daban la razón al seguir pisando alfombras rojas, sentándose en primera fila en aniversarios y fiestas patrias, lanzándose de nuevo como candidatos o dando sonoras adhesiones en justas electorales… como si nada hubiera pasado.

A un mes del veredicto de las urnas: Entre el “Besamanos” y la Última Oportunidad

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A un mes de que el ruido de las caravanas se apagara, el silencio de la post-elección en Costa Rica resulta atronador. No es el silencio de la paz social, sino el de una tensa espera. Lo que hoy vemos es la cristalización de una paradoja: un oficialismo que celebra, pero que se sabe vigilado, y una oposición que, tras rozar el abismo, intenta articular un propósito que debió encontrar hace años.

La sombra de Zapote y la presidenta-asistente

La imagen de la presidenta Electa, Laura Fernández, inclinándose ante la figura de Rodrigo Chaves, no es una anécdota de etiqueta. Es un símbolo político cargado de presagios. Para quienes esperábamos que la legitimidad del voto le otorgara a la señora Fernández la autonomía de mando, el gesto ha sido un balde de agua fría: parece más el “besamanos” al verdadero poder en el chavismo que el inicio de una era propia.

Esa señal de subordinación se confirma con una retórica que no ha bajado el tono. Al contrario, una vez electa, vuelve la carga contra la institucionalidad: reelección inmediata (con el fantasma de la indefinida), la entelequia de una “Tercera República”, el asalto conceptual al Poder Judicial y la urgencia de una Constituyente. El guion es claro: continuismo sin matices.

El mandato del oficialismo: se acabaron las excusas

El oficialismo ganó, sí, pero no obtuvo el cheque en blanco de los 38 diputados que pretendía para desmantelar el Estado Social de Derecho. Sin embargo, su bancada es robusta. Esto les quita, de una vez por todas, la muleta de la “obstrucción legislativa”.

Ya no hay espacio para la queja. Tienen los votos para ejecutar sus promesas de campaña. El país observará si esa “eficiencia” de la que alardean es real o si el conflicto era, en realidad, su única propuesta de gobierno. Ahora les toca gobernar, ya no solo confrontar.

La oposición: una vigilancia con dos caras

Los cientos de miles de votos que recibió la oposición para la Asamblea Legislativa no fueron un reconocimiento a sus figuras; fueron un voto de contención. Los nuevos diputados deben entender que no están ahí por su carisma, sino como un dique frente a la deriva totalitaria. Su labor debe ser una oposición responsable, que no bloquee por bloquear, pero ferozmente dura en la defensa de la Institucionalidad Democrática.

El PLN: el último tren

Para el partido más longevo, el PLN, este cuatrienio es su última y definitiva oportunidad. El electorado les ha dado un respiradero, no un perdón. Deben empezar reconociendo que su salvación vino de un liderazgo unipersonal —don Álvaro Ramos— fresco y distante de los que se han enquistado y traicionado a los fundadores. Su confrontación con “los mismos de siempre” y su discurso empático, le ganó respeto de buena parte del electorado más allá del liberacionismo.

Si no son capaces de realizar una autocrítica profunda, de sacudirse las estructuras clientelares y de volver a ser una alternativa programática real, su destino es la irrelevancia histórica. Su papel en la Asamblea será el examen final para determinar si aún tienen alma o si son solo un cascarón vacío.

El Frente Amplio: más allá del dogma

Por otro lado, el Frente Amplio se enfrenta a su propio espejo. No basta con ser la “conciencia moral” o el bloque de protesta. Si aspiran a ser una opción de gobierno creíble, deben superar el sectarismo y el puritanismo ideológico. El país requiere de ellos alianzas inteligentes y pragmáticas que les permitan ganar la confianza de sectores mayores, demostrando que pueden proponer un modelo de Estado sin los dogmas trasnochados que asustan a la clase media y a los sectores productivos.

Ciudadanía: la democracia no termina en el voto

Finalmente, la lección más dura es para nosotros, los ciudadanos. La reacción espontánea —y tardía— de los candidatos de oposición ante la amenaza del continuismo demostró que no podemos delegar el cuidado de la República solo en los políticos.

La democracia costarricense ha entrado en una fase de cuidados intensivos que exige una ciudadanía vigilante, crítica y activa. No basta con haber evitado la mayoría calificada; hay que fiscalizar cada decreto, cada nombramiento y cada intento de erosionar nuestra convivencia.

El oficialismo sabe por qué ganó, pero también sabe por qué no ganó todo. En esa grieta, en ese espacio de resistencia institucional, es donde Costa Rica se jugará su futuro en los próximos cuatro años.

Desafíos del movimiento socioambiental ante el rumbo del país

Por Mauricio Álvarez Mora

El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.

Contexto

Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.

Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.

En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.

A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.

La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.

Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.

Acciones estratégicas

Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.

También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.

La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.

En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.

La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.

Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.

El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.

* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.