Durante los últimos años, el estilo político de carácter populista ha ganado terreno en Costa Rica. Pese a tener un largo recorrido subterráneo y solapado (en ocasiones más abierto) en la mayor parte de la historia política del país, lo cierto es que este estilo se ha hecho especialmente distinguible en el transcurso de los últimos 10 años. Algunos de sus rasgos, al menos en el plano discursivo, salieron a relucir en la campaña política 2014, cuando las críticas a la hegemonía política y gubernamental del Partido Liberación Nacional se tornaron más vehementes, y otros tantos se hicieron presentes, esta vez con mayor claridad e intensidad, en las campañas políticas 2018 y 2022. En el primero de los casos, a través de candidaturas como las de Juan Diego Castro, quien se destacó por su discurso anti-sistémico y anti-elitista de corte punitivito, y Fabricio Alvarado, quien accedió a la segunda ronda electoral gracias a un discurso religioso-conservador exaltado y polarizante; mientras que en el segundo de ellos, por intermedio del candidato Rodrigo Chaves Robles, exministro de Hacienda y exfuncionario del Banco Mundial que se vendió a sí mismo como un “outsider” de la política con raigambre popular y como un tecnócrata con capacidad resolutiva, y que, gracias en parte a esa imagen, resultó electo presidente de la república para el período 2022-2026.
Con su avance en el país, el estilo y la retórica populista no solamente ha posicionado y afianzado una crítica al sistema político en términos generales, sino que de forma particular también ha instalado una disputa abierta en torno a la definición de la democracia y del ideal democrático. Sus propulsores han criticado los que a su juicio son vicios de la democracia realmente existente en el país y, al mismo tiempo, han propuesto los supuestos remedios para dichos males. Así, ante un régimen que perciben como copado por unas élites políticas corruptas y desprendidas de los intereses de la ciudadanía, proponen una exaltación del “pueblo” confundido con la figura de un líder fuerte con capacidad de identificar y satisfacer las verdaderas necesidades de las personas comunes, y ante un modelo de representación que juzgan demasiado indirecto postulan, como contraparte, formas mucho más directas e inmediatas para el ejercicio de la soberanía popular. Con este discurso, a todas luces polarizante, los representes del populismo criollo mezclan críticas justas a la democracia liberal imperante en Costa Rica, con un programa abocado a minar, en el mediano y el largo plazo, las bases mismas de toda democracia posible, pues con la excusa de devolverle la soberanía al pueblo suelen propiciar, en cambio, la concentración de poder en la figura del líder (esto es muy evidente en el caso de Rodrigo Chaves), lo cual resulta caldo de cultivo para el autoritarismo y la arbitrariedad, y con el pretexto de una democracia más directa propician el socavamiento de la división de poderes, y, con ello, la potencial vulneración de los derechos ciudadanos, de las instituciones democráticas, y la desaparición de los contrapesos al poder Ejecutivo, lo cual, como se sabe, es la antesala de la tiranía. Señalar el peligro que representa el populismo para la democracia costarricense no implica, ni mucho menos, hacer abstracción de las debilidades y contradicciones que históricamente ha acusado la democracia realmente existente en el país, ni debe, bajo ninguna circunstancia, conducirnos a ello. La democracia es, por definición, un proyecto político y de convivencia inagotable, y su concreción es siempre provisional, imperfecta y multiforme; esta es el resultado de disputas, negociones y acuerdos (o incluso imposiciones) de la más diversa índole; y la democracia costarricense, en particular, no escapa de dicho supuesto. En su devenir, es posible identificar, como diría Pierre Rosanvallon, una serie de “promesas incumplidas e ideales maltrechos” que, con cierta periodicidad, casi de manera crónica, han dado justos motivos para despertar insatisfacción y descontento entre la ciudadanía. Especialmente durante los últimos 40 años, la nuestra ha sido una democracia cada vez más reducida a su vertiente procedimental, en la cual no solamente prima un modelo de representación de carácter cuasi oligárquico, sino también en la que sobresalen problemas como la corrupción; la falta eficacia, por parte de los actores políticos, a la hora de reconocer y atender las necesidades de la población (una población ampliamente excluida y marginalizada, cabe agregar); y la ausencia de estímulos que incentiven la implicación de la ciudadanía en la resolución de los retos comunes.
Ante un escenario tal, resulta imperioso explorar y encontrar alternativas que permitan profundizar las formas democráticas en lugar de socavarlas. La crítica a los defectos de las democracias liberales o minimalistas no debe llevarnos a la caer en las trampas que amenazan con traerse abajo los cimientos de toda democracia posible, tal como, en el límite, lo hacen los populismos. En cambio, debemos apostarle a construir una democracia más inclusiva y participativa, en la cual se multipliquen las instituciones, los discursos y las prácticas favorables a la constitución de un ethos democrático compartido, en la que principios éticos como la confianza, la integridad y la franqueza animen el accionar político e institucional, y en la cual se ofrezcan soluciones prácticas y realistas a las necesidades de la ciudadanía.
¿Qué pensaría usted sobre un proyecto de ley, de iniciativa popular, en que se pretenda eliminar el derecho de los trabajadores que se pensionan, a recibir «las prestaciones»? Pues, amigos, no solo fue propuesto, sino que, al no avanzar, por razones comprensibles, dicho proyecto fue rescatado, hace poco más de dos años, ¡como gran cosa!, por un dirigente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para que fuese tramitado en la Asamblea Legislativa, como parte de esas “negociaciones” por puestos, de algunos de ese partido con el oficialismo, por lo cual no sería raro verle asomar su cabeza en cualquier momento.
El argumento esbozado por el abogado proponente y su eco en el Congreso es que el auxilio de cesantía, parte fundamental del Código de Trabajo, es un oneroso derecho laboral, que no tiene sentido alguno, pues todo pensionado, desde el momento en que inicia esa etapa de su vida como jubilado, empezará a recibir una pensión mensual; que, por tanto, es un despilfarro de los recursos, que le cuesta mucho a los patrones. Según ambos gestores, el trabajador «Queda totalmente protegido por su pensión, razón por la cual no debe indemnizarse con el auxilio de cesantía«.
Pues bien, para que entendamos un poquito más, lo sucedido con el mamarracho de proyecto de «ley jaguar», presentado por dos vías para ser votado en referéndum, veamos en qué se relaciona, con lo anotado sobre el no pago del auxilio de cesantía.
Resulta que, uno de los malos albañiles, quizá el que fungió como maestro de obras, de ese tambaleante edificio, con nombre de “ley jaguar”, fue también proponente del proyecto que busca cercenar del Código de Trabajo, el derecho a las prestaciones. Ese señor, junto a otros albañiles, un poco menos diestros, presentaron al presidente de la República, lo que éste calificó de obra de arte, como misión cumplida, que era el edificio que buscaba, les habrá dicho.
Y lo aplaudió, pues mientras, por un lado, erosiona las funciones constitucionales de la Contraloría General de la República, ¡que tanto le incomodan!, por otro, le permiten, en su particular estilo, levantar una campaña electoral, con el cuento de la recolección de firmas, y una votación de carácter nacional, financiada con fondos públicos, a favor de una desteñida ministra, con quien confía perpetuarse en el poder, tal vez como “asesor” con puesto de ministro. Estrategia que no solo le permitiría seguir mandando, sino que, muy importante para él, le mantendría su inmunidad ante el medio centenar de causas judiciales que ha acumulado, hasta ahora. De ahí que, sin entender los alcances jurídicos del feo edificio que le presentaron, lo importante era que, según le explicaron los que jugaron de arquitectos, era lo ideal para sus aspiraciones políticas, pues no tenía un plan alternativo.
Por ello, su entusiasmo era evidente, pues, según su limitado entender, la que el día menos pensado, fue bautizada como «ley jaguar» (de paso, nuestro desagravio a tan admirable y silencioso felino, venerado por pueblos aborígenes), era, para él, el pretexto perfecto, para, continuar con sus poses populistas, cien por ciento demagógicas, de denuncias insulsas, con las cuales no solo disimular, lo que sin duda ha sido un improductivo gobierno, dedicado a “cosas raras”, como las que se han denunciado en el Caribe sur, muy relacionadas con su ataque feroz a la Ley Orgánica del Ambiente, sino también, para mantener ocupado a un cardumen de seguidores, que aún le siguen ciegamente.
Por ello, al derrumbarse por inconstitucional tal proyecto de referéndum, son pertinentes unas breves observaciones. ¡Veamos!
Debido a que el mismo es un producto jurídico muy deficiente, desde que naciera a la luz pública, evidenció graves deficiencias en su redacción, por lo cual, la verdad que no fue nada difícil, para juristas y otros ciudadanos estudiosos, diagnosticar sus severas malformaciones. Falencias imposibles de corregir, por haberse iniciado, precipitadamente, sendos procesos de referéndum para la misma “ley jaguar”, por iniciativa ciudadana, y en forma conjunta por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El día del fallo unánime de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lejos de recordarse como un día de “luto nacional”, como dijo una, por cierto, improductiva diputada, dedicada casi exclusivamente a dirigir acciones en la Casa Presidencial, ha de celebrarse, más bien, como una fecha memorable, en defensa de la democracia y la institucionalidad, que, desde el siglo XIX, se ha venido forjando en nuestra querida Patria.
Y es así, pues la sociedad costarricense, lejos de querer abrir portillos a la corrupción y el indebido uso de los recursos públicos, aspira a que se fortalezcan los mecanismos de control, especialmente preventivos, que, a veces parecen ser laxos, por lo cual, la resolución unánime de los magistrados de la Sala IV, en que se reafirman las ya ocurrentes deficiencias, ha de ser bienvenida.
Nuestro pueblo aspira forjar una nación, donde impere la ética en el servicio público, y no puedan suceder, eventuales actos delictivos, tan comunes y costosos en los últimos años, como el sucedido, mediante engaños usando el tema de emergencias, en el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, que provocara la huida precipitada, hacia Canadá, de un ministro de Estado, no sin dejar tras de sí, una estela de aparente corrupción, que está en investigación.
Deseamos la construcción de un Estado, que facilite y promueva, una mejor calidad de vida para sus habitantes, con mucha menor pobreza y pobreza extrema, con especialísima atención médica para sus Ciudadanos de Oro, donde la educación, en todos sus niveles, sea un pilar fundamental para el ascenso social, donde se respeten los objetivos del desarrollo sostenible, que se han venido forjando desde hace más de medio siglo, donde imperen los principios democráticos, la libertad y la paz. Podemos lograrlo, tenemos la capacidad para ello, pese a ciudadanos díscolos que, temporalmente ocupan puestos de dirección gubernamental, a quienes, inexorablemente, les llegará su momento de partir.
Albino Vargas Barrantes en su condición de secretario general del ANEP, extiende una gran felicitación al Sindicato de Educación Costarricense (SEC) que está cumpliendo 55 años desde su creación en pro del sector educativo costarricense.
Hace referencia a que estas organizaciones tienen coincidencias en cuanto a los desafíos que atraviesa la democracia costarricense, y por tanto se espera que juntos concreten en la acción esas coincidencias.
Por su parte, el secretario general adjunto del ANEP, Walter Quesada Fernández, envía un mensaje de motivación al SEC para que sigan trabajando en defensa de la clase trabajadora y la lucha social.
El Programa radial Saber Vivir y la Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica le invita a escuchar la conversación entre el Lic. Marco Castillo Rojas y Msc. Rodrigo Campos Hernández. El tema es ¿Está en peligro la democracia?
El programa será moderado por la Licda. Gloriana Rodríguez Corrales por medio de Radio 870 AM UCR, el lunes 22 de julio a las 8 am.
Se transmitirá por Radio 870 AM de la UCR y por las páginas de 870 UCR y de la Organización Interseccional pro Derechos Humanos.
Se les invita a participar por WhatsApp contactando al 8694 1745.
Recuerdo cuando a principios de los años 70 Don Rodrigo Carazo, con el apoyo de jóvenes profesionales, intelectuales y estudiantes, pequeños empresarios y campesinos, organizaba el Partido Renovación Democrática. Nos decía entonces, que en una sociedad con un vacío de poder o sin una oposición organizada frente a los desmanes de los gobernantes, era igual que estar en las plazas de Disney Word, donde uno ve a un conjunto de personas que por un lado comen un helado, un hotdog o simplemente están sentados o de pie, a la espera de algo.
De pronto aparece una persona con un banderín en alto y muchos corren a seguirlo; así una sociedad con ese vacío de poder también espera que surja la persona elevando el banderín.
En Costa Rica, desde hace varios años hemos caído, poco a poco, en ese vacío; pero nunca como en el 2022. Nada menos que 25 mini partidos aspiraban con sus candidatos a sustituir al peor presidente que habíamos tenido… hasta ese momento. Unos con candidatos gastados, otros desconocidos y la mayoría sin verdaderos planteamientos políticos, pretendían el banderín.
Así un grupo minoritario, haciendo caso a voces engañosas que llamaban a seguir a un personaje desconocido al que parecía le entregaban el banderín, lo convirtieron en el presidente de este terruño. Sus seguidores, en alto porcentaje, todavía lo siguen sin tomar conciencia de que, aquella persona, más que un banderín lo que tenía y soplaba era la flauta mágica del famoso cuento, y lo siguieron y muchos lo siguen embelesados por el camino hacia el abismo en que destruirán la democracia que nos queda.
En el 2022 los costarricenses se equivocaron, unos siguieron al flautista, pero la mayoría siguen esperando que aparezca una persona, un líder, un movimiento ciudadano con credibilidad, que recoja los banderines que hoy están tirados por todas partes y que, con él, con seriedad y patriotismo, se reconstruya nuestra democracia.
No es un asunto de ideologías, intereses o egoísmos, hoy no se vale enarbolar diferencias y ambiciones personales o partidarias para dividir, lo único válido es convertirse en la persona que enarbole no el banderín del partido, sino el Pabellón de la Patria ante el vacío de poder de una oposición casi inexistente y un gobierno cuyo principal objetivo es convertir nuestra democracia en la autocracia chavista a través del populismo, la posverdad y lo más grave: la creación de odios entre los costarricenses.
Confundir, manipular, distraer y dividir… para reinar. Ésta es la divisa secreta, pero eficiente, de este Gobierno.
1) Para algunos Patria es una «mala palabra». Algo cargado de chovinismo, un pretexto para excluir y odiar. Para el Suscrito, junto a José Martí (1853-1895), «Patria es Humanidad«. Es «Matria«, y no un desfile militar. Un tiempo- espacio fabricado y aceptado, que constituye nexos e identidades construidas, o sea la particularidad de lo universal-concreto de lo humano. Y un refugio necesario, aunque asimétrico, frente al Tsunami de la Globalización inclemente, propia del Estado-Nación (o Plurinacional), al idilio reaccionario y retardatario Neoconservador. Estas categorías políticas habrán de ser «reapropiadas» y «resemantizadas». Habrá que renovarlas desde un nuevo Antimperialismo urgente, desde «Nuestra América» (J. Martí), desde nuestra resistencia posible y democrática, y desde la articulación de nuestras justas luchas populares. Patria socialmente incluyente y cargada racionalmente de Amor al Prójimo, y de Justicia Social. Una Patria cuya construcción se regule por los ideales republicanos de Libertad e Igualdad.
2) Dicho y confesado lo anterior: O sea que no se le debe regalar la categoría política de «Patria», ni de «Pueblo», a la demagogia de la Extrema Derecha Populista, me pregunto: ¿Habrá algo más triste que ver a la gente humilde, a la gente trabajadora, a gente decente y honesta, a gente pobre, a Empleados Públicos incluso, apoyar de forma casi inconsciente a un Gobierno mentiroso, matón, demagogo; evidentemente incapaz, y que sólo quiere tomar partido de la crisis, y destruir nuestras conquistas sociales históricas? A ellos dedico, sin muchas pretensiones y sin querer sonar condescendiente, estas reflexiones tan lluviosas, y este modesto y amoroso reclamo cívico.
3) Después de dos años y medio de gestión improvisada, qué encontramos: ¿Un Gobierno que finalmente, sólo quiere vender nuestro patrimonio público y nacional a precio irrisorio? ¡Un Gobierno autoritario, pero sin brújula, inútil, en plena crisis, y qué sólo quiere finalmente terminar de destruir y privatizar, al Estado Social de Derecho, para pagarle a sus financistas de Campaña! ¿Hay alguna duda racional al respecto? ¿Pero cómo lo logró saliendo impune? ¿Tanta mentira, tanta manipulación, tanto odio, puede ser sembrado y cosechado en tan poco tiempo? ¿Tanto resentimiento dejó el pasado Bipartidismo Neoliberal? ¿O acaso fue la decepción con el último Gobierno PAC (bastante Neoliberal) de Carlos Alvarado? ¿Será la manipulación electoral de los prejuicios contra la población sexualmente diversa? ¿Será lo que algunos llaman con cierta sorna o cierto delirio, «Ingeniería social”?
4) A manera de Excursus:
Ser “Progresista” no sólo es apoyar, nominalmente, los justos Derechos Humanos de la Población Sexualmente Diversa, implica un compromiso económico y político con las clases populares. Al menos se derrotó así, a los Fundamentalistas Protestantes y a la extrema Derecha del momento. Por la misma razón es predecible la próxima alianza electoral entre los Fundamentalistas y los Populistas de Derecha, y los grupos más Ultra- Neoliberales. Así lo han hecho en el resto del Mundo y así quieren hacerlo en Costa Rica.
A contrario sensu: El centro político, el centro-izquierda, las izquierdas democráticas, y los demócratas en general (cómo hizo Francia), deben aprender a construir alianzas programáticas, y agendas de consenso en torno al Estado Social de Derecho. La izquierda electoral costarricense, en particular, deberá hacer también autocrítica y bajar a las bases y comunidades empobrecidas. (El triunfo lectoral arrasador de una alternativa progresista en el Cantón Central de San José en las Elecciones Municipales es muy significativa.)
5) ¿A qué tanta aparente impericia de los viejos sectores hegemónicos en Costa Rica? ¿No hay más oposición real, que no sea la de algunos jóvenes, en la Asamblea Legislativa? ¿O todo este caos social es sólo un dramático efecto patológico colectivo posterior a la Pandemia? Una especie de detonante atómico del Tánatos colectivo, nacional y global. Es como vivir en una pesadilla dentro de un Capítulo de «Psicología de masas del Fascismo», (Editorial Ayuso, 1972), texto clásico de Wilhelm Reich. ¿Acaso dividiéndose más nuestra sociedad, y proyectando nuestros prejuicios, temores y odios, salvaremos al país? ¿Cuál es la base colectiva libidinal del Autoritarismo? (Herbert Marcuse, dixit.)
6) ¿Qué pasará con nuestras empresas públicas estratégicas? ¿Botar al Niño junto al agua sucia? ¿No hemos aprendido nada del fracaso global del modelo económico Neoliberal? ¿Qué clase de Ciudadanía tenemos? ¿Estamos tan envilecidos como sociedad? ¿Hay un punto de no retorno cultural? ¿A qué siniestros intereses sirve esta Subjetividad social monstruosa y caníbal? ¿Hasta dónde el «Capitalismo Salvaje» penetró y destruyó nuestro tejido social? ¿Podemos deshumanizarnos aún más?
7) ¿Qué ha pasado con nuestra reserva moral como República? ¿Qué interpela realmente a nuestros jóvenes sin esperanza, ni futuro, ni certezas? ¿Qué moviliza a nuestro pueblo para que deje su letargo político? ¿Para que salga de su consciencia «cosificada» del «en sí», y sueñe otra vez, con ser proyecto inclusivo, y desarrolle la potencia liberadora de su consciencia «para sí»? ¿Cómo construir y ofrecer «Esperanza Ontológica» (Bloch)? ¿Cómo volver a pensar la «Utopía- Concreta» desde el «Pueblo Político» (H. Gallardo)? ¿Qué hacer además de quejarnos y buscar un diagnóstico común? ¿Cómo pasar de la catarsis a una lúcida Praxis? ¿Qué hacer?
8) ¿No nos basta acaso con ver en las noticias diarias a las decenas de jóvenes asesinados y a la Inseguridad Ciudadana cotidiana? ¿Qué más falta? ¿Qué nos declaren un Narco- Estado fallido? ¿Qué nos invadan y ocupen militarmente? ¿Ése es el plan geopolítico? ¿Darle la razón última a William Walker? ¿Por qué quitarle financiamiento a la lucha policial contra el Narco? Peor aún, ¿por qué el Presidente hace apología pública desde la indolencia, para normalizar la brutal violencia criminal y los asesinatos de jóvenes en las costas y zonas urbanas de alto riesgo social? (Precisamente en los lugares más deprimidos económicamente.)
9) ¿No les basta observar y comprobar la evidente e insultante Desigualdad Social? El Coeficiente Gini no miente. ¿Cómo no va a incrementarse la criminalidad con décadas de abandono social? ¿Qué va a pasar con nuestros Parques Nacionales y con nuestros recursos naturales? ¿Es viable una Democracia así? ¿Por qué parece no ser evidente a todos que el desmantelar más el Estado Social de Derecho, sólo nos hará más pobres a las grandes mayorías? ¿Hasta cuándo tocaremos fondo como sociedad?
10) ¿Por qué no hay una reserva moral ciudadana que se manifieste contra la destrucción autoritaria de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Qué pasó con los cientos de miles de ciudadanos que salieron a defendernos contra la Privatización del llamado «Combo» del ICE? ¿Qué pasó con los Comités Patrióticos contra el cipayo TLC? ¿Y los miles que protestaron contra un Plan Fiscal que para muchos era regresivo (incluido el Suscrito) y la Ley Marco de Empelo Público? ¿Dónde están nuestros prometidos carros Mercedes-Benz y nuestros vehículos BMW y su falsa prosperidad? (Luego se quejan de las amenazas contra la democracia, pero no hay democracia con miseria y desigualdad.) ¿Y quién se acuerda de nuestra Soberanía? ¿Le estorba la Democracia a la Gentrificación y a la Privatización?
11) ¿Desencanto democrático? Tal vez nunca fuimos, una «democracia perfecta», porque eso no existe. Somos (aún) una «Democracia Liberal» pero con un techo político clasista: Sin embargo, ¿eso es mucho mejor que la especie de Autocracia de Derecha Neoliberal anunciada o no? ¿Realmente las clases dominantes costarricenses apostarán a esta aventura autoritaria y antidemocrática «Populista»? ¿Qué pasó con las capas medias ilustradas que salían a votar contra el Fundamentalismo Protestante y su agenda intolerante y Neoconservadora? ¿Qué pasó con los Empleados Públicos y con sus vigorosos Sindicatos? ¿Y qué pasó con los Docentes y sus gremios antes tan combativos?
12) Quo vadis, Mater? ¿Adónde vas Madre [Patria]? Costa Rica, ¿qué nos pasó? ¿Cómo terminamos así? No estamos solos en esta tragedia global, el Presidente Petro de Colombia, le llama por su nombre en un discurso público: “El Fascismo está ascendiendo en el Mundo.Y hay que llamarlo como es. Son los Nazis que vuelven al poder, que se vienen a vengar… Claro, en su versión light en Costa Rica, después de Don León Cortés (1882-1946). ¿Ha fallado nuestra democracia? Económicamente en las últimas décadas de gobiernos neoliberales, muy posiblemente. ¿Falta de Legitimidad republicana? (Obvio.) ¿Excesos burocráticos? (Todos hemos vivido nuestra propia pesadilla kafkiana en nuestra Administración Pública. Y los Empresarios ticos no son la excepción.) ¿Sumemos el torrente de abusos y escándalos públicos? ¿La obvia corrupción pública? Claro, esto último es innegable. ¿Los medios? Obviamente esto ha sido explotado por los publicistas e ideólogos baratos del Neoliberalismo económico, y sus medios (los viejos y los nuevos). ¿Es acaso, la temida Posverdad y su moda?
13) Pero ¿qué más corrupto que la anunciada privatización de nuestra institucionalidad pública? ¿Dónde ha existido privatización sin corrupción? Razonemos: ¿Si hay corrupción pública, con controles administrativos y frenos y contrapesos, sin los mismos, sólo no habrá más solamente? ¿Es tan difícil entender esto? ¿Por qué el justo descontento general no se canaliza racionalmente? ¿Por qué algunos juristas costarricenses con cierto prestigio profesional se prestan para esta afrenta contra el básico sistema liberal de “Frenos y Contrapesos” (Check and Balance)?
14) ¿No les basta con la agudización crisis del Apagón Educativo, de la Salud Pública, del Sector Agro, de las PYMES, del Empleo precario, de los bajos salarios, del alto Costo de la Vida? ¿Qué más se necesita? ¿El monopolio privado de Riteve sustituido a dedo por el de Dekra? ¿O la cacareada «Ruta del Arroz«? Que no fue sino el pretexto para la importación de arroz extranjero sin aranceles, quebrando a los productores nacionales, sus encadenamientos productivos, y la destrucción de la posibilidad de una Soberanía Alimentaria ¿La extraviada «Ruta de la Educación«? ¿La destrucción del Sector Cultura? ¿Las amenazas institucionales contra el ICE otra vez? ¿La Deuda de la Administración Central a la CCSS nunca honrada?
15) ¿Por qué grandes masas empobrecidas todavía siguen apoyando a este Gobierno? ¿Por qué apoyarían este aparentemente un ridículo autodenominado «Plan Jaguar«?
Un Plan que sólo debilita los controles de la Contraloría de la República, y promueve las próximas privatizaciones entre otras bellezas. Además, apoyan este proyecto, sin siquiera leerlo, o hacer un mínimo esfuerzo por entenderlo o debatirlo con racionalidad y respeto. ¿Cómo puede funcionar una República así? ¿Qué futuro tiene nuestra imperfecta y necesaria democracia? Avisados estamos.
Matón, según Real Academia Española: “Persona jactanciosa y pendenciera que procura intimidar a los demás”. Algunos Sinónimos: “bravucón, camorrista, pendenciero”.
Características del que ejerce el matonismo, según la Confederación de Adolescencia y Juventud para Iberoamérica y el Caribe (CODAJIC):
“Los agresores o bullies son físicamente más fuertes que sus pares, dominantes, impulsivos, no siguen reglas, tienen baja tolerancia a la frustración, son desafiantes ante la autoridad, poseen buena autoestima, tienen actitud positiva hacia la violencia, no empatizan con el dolor de la víctima, ni se arrepienten de sus actos.”
“Como consecuencia de su conducta, adquieren un patrón para relacionarse con sus pares, consiguiendo sus objetivos con éxito, aumentando su estatus dentro del grupo que los refuerza”
“Dentro del universo de esta problemática compleja, el bullying no puede verse como un problema entre dos personas, sino como un trípode, en donde el tercer elemento son los espectadores o testigos, y no se limita a quienes presencian directamente el episodio, usualmente otros estudiantes, profesores o administrativos, sino que involucra a toda una comunidad y sus valores. Los testigos son quienes dan poder al intimidador” (Fuente:CODAJIC, Hay un matón en mi clase https://codajic.org/hay-un-maton-en-mi-clase/)
De la cita anterior resalto “Los testigos son quienes dan poder al intimidador”. Y que el matonismo “involucra a toda una comunidad y sus valores”.
En la comunidad llamada Costa Rica, todas y todos sufrimos la afección del bullying político, no iniciado pero sí ejercido magistralmente por el actual inquilino de Zapote, que ya ha causado mucho daño a la convivencia democrática, a instituciones beneméritas como la CCSS, a valores y expresiones concretas de nuestro Estado Social de Derechos.
Ha iniciado la cuenta regresiva del actual gobierno, pero eso no es buena noticia cuando se tiene a un matón como Presidente.
Probablemente, por su intolerancia a la frustración, tengamos que ver sus mayores desplantes de violencia y daño. Tenemos un gobierno débil en cuanto a su capacidad de gestión y negociación, pero no inofensivo en cuanto su tendencia a intimidar, golpear y destruir.
El matón no se irá con disculpas y reparaciones. Se despedirá tirando patadas y manotazos, incitando a sus seguidores y gritando que él ha sido la víctima.
Pero la intensidad del daño no dependerá solo del matón. Dependerá sobre todo de lo que hagamos las fuerzas democráticas, desde nuestra diversidad ideológica y programática, por defender aquello en lo que coincidamos y queramos reforzar de nuestra democracia y de nuestra sociedad. Dependerá de que no seamos solo testigos de cómo el matón maltrata a Costa Rica.
Bien hacen los que, en gesto patriótico, desenmascaran a quienes, desde el poder, atropellan las instituciones democráticas que sustentan nuestro Estado de Derecho. Los apoyo de corazón. Pero esto no basta. La tragedia que Costa Rica, estupefacta, está viviendo ante los desmanes del actual residente de Zapote – el apelativo honroso de “presidente” de una nación democrática, le queda muy pero muy grande a este improvisado que hoy (des)gobierna a nuestra querida Patria – debe ser analizada a la luz de nuestra historia. Eso da para escribir un libro entero; aquí tan sólo pretendo esbozar sus grandes líneas.
La forja de una nación se da en tres etapas. Nace como “pueblo”, se desarrolla como “nación” y se institucionaliza formalmente con la creación del Estado Nacional. Con una madurez impresionante, Costa Rica lo logró antes que otras naciones del entorno y por medios – lo cual es aún más impactante- eminentemente políticos, es decir, con un mínimo de derramamiento de sangre fratricida. Veamos. En el s. XVII gracias al mestizaje, nacimos como pueblo (el homo sapiens es una especie de mamíferos que vive en manada). En las décadas finales del s. XVIII e inicios del XIX, bajo la influencia de las reformas borbónicas impulsadas por Carlos III, nos convertimos en “nación”, es decir, adquirimos conciencia de nuestra identidad colectiva; este proceso fue hegemonizado por las nacientes ciudades del occidental del Valle Central, San José y Alajuela, triunfadores de la Batalla de Ochomogo (1823) que creará la Costa Rica liberal y republicana. En el siglo XIX, luego de nuestra independencia, forjamos el Estado Nación, gracias al espíritu visionario de Braulio Carrillo, al heroísmo patriótico de Juanito Mora y a la firmeza de los liberales de la década de los 80. Con la reforma de la educación de D. Mauro Fernández, se pusieron las bases de lo que será lo que los costarricenses entendemos por “democracia”, el Estado social de derecho. Esa fue la labor del siglo XX, llevada a cabo en tres etapas. La creación del Estado de derecho fue liderada por la generación del Olimpo, en especial por ese gran político que fue Ricardo Jiménez. En la década de los 40 se forja el Estado Social; fue una década especialmente violenta que culminará con la guerra civil de 1948 y el nacimiento de la Costa Rica contemporánea. Allí se da un pacto social entre los diversos sectores sociales con un protagonismo de los nacientes sectores medios, liderados por el recién creado Partido Liberación Nacional; todo en búsqueda de la trasformación del país gracias a un proceso de modernización, iniciado en el gobierno de Francisco J. Orlich (1962-66).
La crisis que hoy vive Costa Rica proviene de la obsolescencia que, de ese modelo de nación, como lo prueba la decadencia (¿irreversible?) del partido que hegemonizó la vida política del país durante toda la mitad del siglo pasado, Liberación Nacional. Se ha creado con ello un vacío de poder en un país que, como en todos los países de cultura latina, urge de un caudillo como en el pasado fueron Juanito Mora, Ricardo Jiménez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora y José Figueres. Hoy ya no basta administrar el Estado para, introduciendo algunas reformas, mantener el statu quo. El proceso burgués de modernización ha traído como consecuencia el debilitamiento de los sectores agrícolas y el surgimiento de sectores urbanos que hoy constituyen la mayoría política, económica y cultural de la población. Actualmente nuestra economía se basa no en la producción agraria, sino en la exportación de artefactos, hechos por profesionales salidos de nuestras universidades, empleados de las grandes empresas transnacionales instaladas en las zonas francas en constante crecimiento. En segundo lugar, nuestra economía se basa en el turismo, el cual está llamado a convertirse en el primer factor de producción de nuestras riquezas a mediano plazo. Costa Rica no tiene productos estratégicos para insertarse en el mercado mundial, como es el petróleo como materia prima y fuente de la energía que mueve a la economía mundial, o los cereales en el campo agrícola, para suministrar alimentos a una población de 8 mil millones de seres humanos. La riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad, cuyo disfrute posibilita el desarrollo del turismo, el cual se nutre de nuestras bellezas naturales y de la gentileza de nuestras gentes. Pero el turismo requiere de paz local, lo cual sólo se logra gracias a un Estado que aplique la justicia en los tribunales, a una policía que dé seguridad ciudadana y a un sistema político basado en la justicia social; ya que los pueblo sólo son felices si tienen un presente que les garantice seguridad económica y un futuro para sus hijos gracias a una excelente educación, todo sustentado en un sistema de servicios baratos que provea de salud a toda la población. Motor de este proceso es el avance en el desarrollo científico-tecnológico, que sólo se logra gracias a la consolidación de una educación superior pública que promueva la investigación de punta, puesta al servicio de las mejores causas.
Lo dicho sólo se logrará cuando el pueblo tome conciencia de su condición de sujeto de su propio destino y se organice políticamente para lograrlo. La crisis ha sido agravada por el actual gobierno, si bien se ha venido sistemáticamente incubando desde décadas atrás, debido a que gobiernos anteriores debilitaron el Estado Social de Derecho. Pero hay que enfatizar que esta crisis debe ser vista, no como una tragedia irremediable sino como una crisis que anuncia una nueva etapa de nuestra hermosa historia patria, gracias a un pueblo que, en sus momentos más álgidos, ha dado muestras de una impresionante madurez política. La crisis de los partidos políticos debe servir para dar el salto de una democracia representativa a una democracia directa y popular, sin por ello debilitar la institucionalidad democrática vigente. Todo lo cual sólo se logrará por etapas, como todo en la vida individual y de los pueblos. En concreto, debemos aprovechar las próximas elecciones, cuyos aires ya han comenzado a soplar en el ambiente político doméstico, para debatir sobre estos temas. Por ahora, no nos preocupemos por forjar líderes; esto se los dará el propio pueblo cuando la coyuntura política lo requiera. De nosotros depende que la crisis actual no degenere en tragedia.
Rosaura Chinchilla Calderón, docente de la Facultad de Derecho Foto: Anel Kenjekeeva UCR.
A propósito de los resultados de las Pruebas de Excelencia, del Colegio de Abogados y Abogadas
Si se desea luchar contra el comején que ha penetrado y carcome desde lo interno las estructuras democráticas, debe vigilarse y fortalecerse la educación jurídica
“…un país bien organizado ‘podría cerrar las Facultades de Derecho durante años, si no para siempre, sin grave daño social’. No sólo porque lo que se enseña en tales espacios se encuentra desfasado de las transformaciones sociales que están sucediendo, sino porque el transcurso por las escuelas de Derecho no ha servido para tener mejores operadores del sistema de justicia”
Garza Onofre, Juan Jesús (2023).
No estudies derecho. Taurus.
En su texto “¿Cómo mueren las democracias?” (2018, Ariel) los profesores Levitsky y Ziblatt proponen, a grandes rasgos, que la recesión democrática actual se da no por vías violentas o militares sino por medio del larvado de las instituciones, las cuales son subvertidas desde el interior para modificar los mecanismos que condujeron al poder a quienes pretenden hacerse permanente con él. Para ello, ejemplifican los autores, se ponen en marcha reformas constitucionales, plebiscitos, cambios legales y procesos y fallos judiciales (lawfare). No pretendo profundizar en esos aspectos pero sí es llamativo que, para todos, se necesitan abogados y abogadas que conozcan los vericuetos y recovecos normativos y que puedan, sin sonrojo, ignorarlos o romperlos a cambio de recompensas económicas o dosis de poder.
González Villalobos (1989) describió, para la Costa Rica decimonónica, una relación entre los primeros centros de estudios jurídicos y la construcción del Estado:
«…El establecimiento de los estudios de Derecho en la Universidad de Santo Tomás cobra importancia al analizarlos en el contexto histórico-social de la época, pues vinieron a (…) asumir las labores de planteamiento y dirección de la administración pública en aquellos momentos en que se forjaba el Estado nacional. Así fue como los abogados se convirtieron durante la segunda parte del siglo XIX y la primera del XX, en el sector profesional de mayor actividad política en el país, pues no solo ocuparon los puestos públicos íntimamente relacionados con su especialidad, como por ejemplo la administración de la justicia o inclusive los cargos de elección popular, sino que también asumieron la dirección de la economía y la instrucción pública, así como la de múltiples empresas privadas (…) De ahí que don Vicente Herrera, en el momento de inaugurar la Universidad, considerase que, gracias a los estudios del Derecho, el Estado contaría con: sabios legisladores, magistrados justos, fieles defensores…»
De la misma forma en que los y las juristas fueron determinantes en el diseño y la construcción del Estado Republicano, Democrático y Constitucional de Derecho (sin que con esta afirmación pretenda desconocerse el papel plural de los diversos actores y movimientos sociales), los (y las) abogánsters del presente juegan un rol relevante en su destrucción, máxime cuando en la realidad actual del país se constata la existencia de una masa amorfa de normativas yuxtapuestas, la emisión de leyes repetidas, mal hechas o sin contenido presupuestario, múltiples procesos de corrupción en la función pública y un sistema judicial que es incapaz de brindar una respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de la ciudadanía y, en particular, a los grupos más vulnerabilizados, todo lo cual —adobado en medio de la inequidad socio-económica imperante— crea el caldo de cultivo para el desarrollo de sistemas populistas y autoritarios.
Basta dar un vistazo a los resultados de las autollamadas “Pruebas de Excelencia” del Colegio de Abogados y Abogadas (en adelante CAA) para comprobarlo. Si se agrupan los datos oficiales divulgados desde que se implementaron[1], se tiene que a esta fecha hay 23 casas de estudios emisoras de títulos de licenciatura en Derecho. De ellas, tres postulan el mayor número de personas (en su orden Universidad Latina, la de San José y la Cristina del Sur, en azul en el cuadro) y la última encabeza, también, la lista de las entidades con mayores porcentajes de reprobaciones, seguida por la Universidad Panamericana y la Universidad San Juan de la Cruz (datos en rojo en el cuadro). Finalmente, los mayores porcentajes de aprobación (ordenadas porcentualmente) son las personas provenientes de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela Libre de Derecho y quienes equiparan títulos extranjeros (datos en verde) según se muestra enseguida:
Los números absolutos no representan cantidad de personas sino de postulaciones, aprobaciones o reprobaciones.
Según Gómez (2024), el mayor fallo en este tipo de evaluación se produce en las áreas de derecho administrativo y penal, es decir, en la normativa que regula el espacio público, de construcción y mantenimiento de la institucionalidad y la convivencia social. Entonces, surge inevitable la pregunta ¿hay alguna conexión entre esa paupérrima formación jurídica y la debacle democrática e institucional que se vive en Costa Rica?
Aunque no se ha efectuado ningún estudio interdisciplinario para analizar exhaustivamente —tanto desde su metodología como desde su orientación didáctica y contenido— los resultados de esas evaluaciones, a modo de hipótesis se proponen algunas variables que gravitan como causas de esos resultados:
i.-la proliferación de centros privados de enseñanza del derecho como espacios de mero lucro, con ausencia de regulación estatal. Desde 1843[2] hasta 1975, solo una institución impartió estudios jurídicos: la Universidad de Santo Tomás, sucedida por la “Escuela de Derecho” a cargo del Colegio de Abogados y luego absorbida por la UCR. En 1976 abrió las puertas la UACA con 4 colegios habilitados para impartir la disciplina (Académico, Escuela Libre de Derecho, Santo Tomás de Aquino y Stvdiwm General). A partir de 1985 y hasta 1990 se crean siete universidades privadas, a razón de una por año y a partir de 1992 se produce una explosión de centros de este tipo al punto que en 2017 había 62 universidades y en 26 de ellas (42%) se ofrecía la enseñanza del derecho (Marenco Silvia y Vásquez, 2018). Aparentemente, desde la creación del Conesup, solo la Universidad Cristiana del Sur ha sido cerrada por tal entidad.[3]
Hay centros privados en donde una sola persona imparte todo el pénsum o los docentes son sancionados si reprueban a estudiantes. Al tiempo que disminuyen los contenidos aumentan las pompas y con ceremonias similares a fiestas de disfraces, se conceden doctorados horroris causa (Mora Sánchez, 2023) y emergió una pléyade de másters flash (así, en inglés, porque suena más cool), doctores y postdoctores de la ley, algunos de los cuales cuentan con una cantidad de titulaciones dignas de récordsGuinness y cuyo nicho de mercado se ha concentrado en la representación de movimientos de ultraderecha, anticiencia, o antiderechos humanos. Hasta personas expulsadas de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR por pérdida continua de cursos figuran como docentes de centros privados y del propio CAA.[4]
ii.- hay un negocio instaurado alrededor de la prueba misma, sin ningún tipo de regulación o control, en el cual, además del cobro por hacer el examen, se ofrecen cursos de preparación (en su mayoría no gratuitos) de preparación, aún a cargo del CAA y de quienes integran el Comité designado para formular y vigilar la prueba.[5]
iii.- ha existido un impacto del “apagón educativo” en las competencias mínimas del estudiantado universitario así como en la deficiente formación del profesorado de lo jurídico (Conare, 2023, Noveno Informe Estado de la Educación, págs. 266 y 286). Nótese que en centros como la Universidad de Costa Rica y la Escuela Libre de Derecho[6], que presentan los mejores indicadores, los resultados no son los deseables, pues solo el 72% y el 68% de sus postulantes, respectivamente, aprueban.
iv.-Deficiencias en y alrededor de la evaluación misma: el aplicado no es el mejor instrumento (memorístico) ni los ítems se encuentren correctamente planteados. No se trata de una prueba auditada o testeada por profesionales ajenos a los que la elaboran. Se han localizado ítems mal construidos y respuestas erróneas presentadas como válidas.[7] A eso se suma que los temarios ofrecidos en la página del CAA datan de 2020 (en un país con un activismo legislativo sin precedentes y en cuyo lapso se han efectuado cambios normativos significativos en la codificación) y que hay una negativa del CAA a entregar a los postulantes una copia completa de sus resultados, indicadores todos de una indebida gestión.
Pero, al margen de las causas de esos resultados, conviene pensar en sus consecuencias. Buena parte de las entidades empleadoras de esos profesionales están en la Administración Pública.[8] En el marco del modelo sociopolítico y económico vigente a partir de los años 80 del siglo anterior, el modelo de educación jurídica se orientó hacia lo técnico o tecnocrático, en detrimento de la formación integral humanista. Se hizo predominar la rapidez y lo pragmático por sobre el análisis y la criticidad. Surgieron los profesionales “codigueros” en detrimento de los y las juristas pensantes. Son las personas con estos déficits quienes, desde entonces, atienden las diversas funciones del Estado.
Es claro que si se desea luchar contra el comején que ha penetrado y carcome desde lo interno las estructuras democráticas debe vigilarse y fortalecerse la educación jurídica, tanto pública como privada, esta última mediante procesos de regulación tanto de la calidad de la oferta como de los precios.
En el caso de la formación jurídica superior pública, la Universidad de Costa Rica tiene importantes desafíos: por un lado, debe ser pionera en la construcción de procesos pedagógicos de lo jurídico que permitan certificar al profesorado de este campo. Ya no basta con formar abogados y abogadas, sino que se requiere formar docentes de lo jurídico que se enfrenten a las necesidades y desafíos concretos de las nuevas generaciones. Pero, además, debe “exportarse” el conocimiento de las nociones jurídicas básicas hacia la educación secundaria. De la misma forma en que los programas de ciencias y matemáticas universitarios se llevaron al ciclo diversificado, es necesario que la Facultad de Derecho de la UCR, ofrezca nociones mínimas de derecho a esa población, las cuales permitan construir una ciudadanía crítica y pensante que, a su vez, contribuya en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Debe hacerse un esfuerzo por llevar una educación jurídica pública de calidad a las zonas rurales y lograr la ampliación y democratización de los cupos de admisión en derecho para poblaciones afrodescendientes, indígenas y de zonas costeras y rurales, porque la juventud del país, en esas localidades, está condenada a no tener contacto con lo jurídico o tenerlo a través de una concepción tecnocrática y de baja calidad que impera en el ámbito privado. En fin,
“…antes de seguir justificando lo injustificable, instalados cómodamente en la inacción o divagando en quimeras, es impostergable pensar mejor sobre cuál es el rol de las personas que ejercen la abogacía en nuestros contextos, sobre la forma como las futuras generaciones de abogados (sic) pueden ayudar a resolver los problemas sociales y así ir conformando un mejor gremio. Un gremio que no esté integrado por autómatas ni holgazanes, que no sea machista ni tampoco ruin y despreciable, que no sea mentiroso y que no viva de las apariencias ni de viejas glorias, que no desatienda su contexto, que no hable raro, que no le tenga miedo al futuro”
[1] Es decir desde el 31 de agosto de 2015 hasta marzo de 2024. Como es común en ese colegio profesional, en contravención de tratados internacionales de derechos humanos, no hay publicados datos disgregados por sexo, género, población indígena, afrodescendiente o con alguna condición de discapacidad.
[2] En que formalmente inician los estudios de las ciencias jurídicas en el país pues antes la formación se daba en la Universidad —Pontifica—de San Carlos de Guatemala, cuarto centro de estudios superior fundado en América.
[5] El artículo 14 de la ley No. 9266 previó la creación de un Comité para el Examen de Excelencia Académica integrado por el director del Departamento Académico del CAA y seis abogados o abogadas que duran en sus cargos tres años, deben tener un posgrado o experiencia comprobada en diversas áreas y no pueden tener vinculación administrativa o interés directo con universidades públicas o privadas que impartan derecho. Se desconocen los criterios que se siguen para descartar ese vínculo o conflicto de interés porque, tanto en la conformación actual como en las previas de esta entidad —y sin que esto diga nada en contra de la calidad personal y profesional de tales integrantes— hay nombres ligados a los cuerpos docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, uno de los integrantes actuales imparte cursos no gratuitos de la materia que regula en el mismo CAA (cfr.: https://www.facebook.com/share/p/AZ8nVWquDF1AJ8D6/?mibextid=oFDknk)
[6] Universidades que lideran el rendimiento en esas pruebas y que poseen instalaciones adecuadas para la enseñanza y la simulación de actividades jurídicas, bibliotecas y centros de documentación amplios y actualizados, un cuerpo docente con sólida formación, una malla curricular que se extiende a lo largo de un quinquenio en promedio, programas de apoyo al estudiantado y, en el primer caso, sin fines de lucro y con orientación social.
[7] El CAA no devuelve integralmente las pruebas, solo permite tener acceso (limitado) a las respuestas calificadas como erróneas, eso para poder utilizar la base de datos posteriormente. Empero, en la página del CAA se muestra un “ejemplo” de examen en donde figura la siguiente pregunta:
La interrogante se encuentra mal formulada y cualquier opción que se pretenda correcta no lo es. La jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante para todas las personas menos para sí misma (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en adelante LJC) de modo que, aunque una gestión reitere una anterior, la Sala no debe rechazarla, declararla inadmisible o acogerla. Puede hacer cualquiera de esas cosas, pero no hay norma que la obligue a efectuar alguna en específico.
[8] Por ejemplo, Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil, asesorías jurídicas de la Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República, Registro Público, ministerios y Poder Judicial con su subentramado institucional.
La Constitución Política de 1949 condensa en su articulado acuerdos que le permitieron a nuestro país fortalecer su institucionalidad pública. Tal pacto político, consecuencia de una confrontación armada, ha marcado, de manera profunda e ininterrumpida, la vida democrática costarricense.
Quienes hemos vivido en este país y puesto un grano de arena para hacerlo cada día mejor, sabemos que el nacimiento de las instituciones, programas y presupuestos públicos son resultado tanto de luchas como de negociaciones.
En 70 años de vida democrática, los y las costarricenses hemos elegido libremente la opción política de nuestra preferencia, sin obstaculizar la participación de representantes de otras opciones. Una mezcla de pensamientos y actores culturales, económicos y políticos moldean nuestra democracia conforme enfrentamos nuevos desafíos nacionales y globales.
Sin duda, nuestra institucionalidad requiere ser revisada y remozada. Enfrentamos retos que deben atenderse con seriedad, criterio técnico y sin dejar de lado la pluralidad de enfoques que han logrado posicionarse en democracia en estas siete décadas. Hacer “borrón y cuenta nueva” no es posible en una democracia como la costarricense, reconocida mundialmente.
Queremos resolver los desafíos en paz, con diálogo, participación ciudadana, respetando el debido proceso y la legalidad. La ruta está clara. No es cerrando programas e instituciones claves, recortando presupuestos, privatizando el patrimonio nacional y despidiendo a quienes adversan posiciones sin criterio técnico, como se van a resolver los problemas de inseguridad, pobreza y desigualdad. No es con mano dura, sin oposición, sin controles y sin contrapesos. Eso es autoritarismo.
