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Etiqueta: democracia

¿Hablamos en serio de pensiones?

Hernán Alvarado

            El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]

            El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

            Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

            Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

            Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

            Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

            En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

            Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

            Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

            La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

            Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

            En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

            En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

            Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

            Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

            En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

            Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

            Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

            En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

            Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

UCR: Desempleo y reducción de ingresos agobian a costarricenses durante la crisis del COVID-19

Pese al contexto, la ciudadanía expresa su respaldo a las acciones gubernamentales y confía en la gestión de las autoridades

El 57 % de las personas encuestadas reporta dificultades debido a que el ingreso que su familia recibe mensualmente no les alcanza para vivir. Foto: Karla Richmond.

Un 46 % de los costarricenses ha perdido su trabajo y el 52 % afirma que algún familiar ha tenido una disminución de su jornada laboral. El desempleo y la reducción de ingresos dificultan los esfuerzos de los costarricenses para enfrentar el COVID-19.

Así lo revela el más reciente estudio de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizado del 13 al 22 de abril mediante 1 042 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad localizadas en todo el país.

La medición reveló que 66.5 % de las personas consultadas perciben con pesimismo la situación económica, cifra que, si bien es menor al panorama registrado en noviembre anterior, cuando este rubro alcanzó el 80 %, no deja de representar a dos tercios de la población.

El 57 % de las personas encuestadas reporta dificultades debido a que el ingreso que recibe su familia mensualmente no les alcanza para vivir, el 32 % afirma que apenas logra cubrir sus gastos y solo un 11 % cuenta con suficientes recursos económicos para vivir e incluso ahorrar.

El coronavirus se coloca como la principal preocupación ciudadana, pero viene acompañado por el desempleo y el costo de la vida, áreas que han sido destacadas entre los principales problemas del país durante los últimos dos años y ahora son agudizadas por la crisis.

Según el politólogo e investigador del CIEP Ronald Alfaro, la situación de emergencia producida por el COVID-19 ha tenido implicaciones en todos los ámbitos de la vida social e incluso en la opinión pública, donde se evidencia un fuerte golpe en el ámbito económico.

El coronavirus se coloca como la principal preocupación ciudadana, pero viene acompañado por el desempleo y el costo de la vida, áreas que han sido destacadas entre los principales problemas del país durante los últimos dos años y ahora son agudizadas por la crisis. (Imagen.CIEP)

Ciudadanía confía en el Gobierno y apoya medidas 

Pese al difícil panorama que plantea el COVID-19, el 74.5 % de la ciudadanía confía en las decisiones gubernamentales para hacer frente a la situación, un 18.1 % se mantiene neutral y apenas un 7.04 % muestra una actitud negativa frente a las acciones tomadas.

Si bien se evidencia un apoyo general a las acciones gubernamentales, destaca que el 93.89 % de las personas cataloga de manera positiva las medidas sanitarias, al igual que lo hace el 70.68 % con las acciones tomadas en materia económica.

La evaluación ciudadana sobre la gestión del Gobierno muestra una variación positiva de 57 puntos porcentuales respecto a la medición realizada por el CIEP en noviembre anterior, pues ahora el 76 % de las personas consultadas la cataloga como buena o muy buena.

La valoración del trabajo del presidente Carlos Alvarado también experimenta un cambio favorable si se compara con la consulta anterior, donde solo el 22 % de los encuestados tenía una opinión positiva sobre el trabajo del jerarca y el 59 % lo evaluaba de manera negativa.

Ahora el mandatorio casi logra invertir los resultados, al obtener un 65 % de opiniones favorables y solo un 20 % de posturas contrarias. Este incremento de 43 puntos porcentuales es el más alto de esta Gobierno y es uno de los mayores respaldos a la gestión de un presidente registrados en el país desde 1995.

El analista del CIEP asegura que, aunque no es posible establecer una causalidad directa, se observa una correlación entre las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, el apoyo que recibe de la gente y las opiniones favorables hacia quienes gobiernan.

Alfaro afirmó que el incremento en el gasto social puede tener efectos favorables en la aprobación presidencial. Por tanto, el Plan Proteger, junto con las otras acciones de respuesta frente al COVID-19, podría explicar este significativo aumento en la calificación positiva de la labor presidencial en la actual coyuntura.

Este nuevo estudio del CIEP determinó, además, una mejora en la valoración general de las instituciones públicas, las cuales, lejos de verse como algo que surgió de manera espontánea, se vinculan de manera directa con las respuestas ofrecidas por el Estado durante la atención de la crisis.

El 95 % de las personas consultadas reconoció la labor realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CSSS) y el Ministerio de Salud, mientras que el 89.2 % destacó el trabajo del Ministerio de Seguridad.

Al tiempo, aumentó la valoración ciudadana a otras instancias como la policía, que pasó de 6.3 % a un 8.25 %, mientras las universidades públicas pasaron de 7.8 % a 8.4 % y la nota de la Asamblea Legislativa incrementó de 4.8 % a 6 %.

Crisis legitima y fortalece sistema democrático costarricense

Según el experto del CIEP, en medio de la crisis, los costarricense perciben de forma positiva a las instituciones públicas como representación política de los intereses colectivos y evidencian un fuerte apego a los principios democráticos.

En esta medición, el respaldo ciudadano a la democracia como forma de gobierno fue de 76 puntos, el valor más alto registrado desde 1987 cuando el país superó la crisis económica del inicio de la década y destacó en el ámbito internacional tras la entrega del Premio Nobel de la Paz al expresidente Óscar Arias.

Según el CIEP, diversas investigaciones en este campo han determinado que la democracia es vulnerable a rupturas y quiebres con profundas implicaciones en las sociedades en tiempos de crisis, pero las democracias maduras son resilientes y resistentes en estos contextos.

La experiencia de Costa Rica en la atención del COVID-19 contrasta con el panorama de otros países de América Latina como Brasil o México, donde la batalla contra la pandemia ha generado acciones colectivas y fuertes cuestionamientos a la legitimidad y a las decisiones de las autoridades.

Alfaro explicó que todas las democracias están expuestas a «shocks» de diversa índole. Unos podrían ser originados por problemas económicos, escándalos de corrupción o por situaciones externas como el COVID-19. Es, entonces, cuando el respaldo gubernamental construido como sociedad a través del tiempo es clave para superar la crisis.

“El coronavirus se convirtió en un disparador y movilizó al país hacia la dirección de fortalecer la creencia ciudadana en la democracia. En otras palabras, los ciudadanos cerraron filas con la democracia para batallar contra la pandemia”, concluyó el investigador.

Como es usual, esta medición del CIEP se basó en un muestreo aleatorio a partir del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y es representativo de toda la población del país con teléfono celular. Los resultados cuentan con un nivel de confianza del 95 %.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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La gobernanza de las relaciones laborales en la pandemia

Ojalá que el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y las sombras” (E. LLedó)

Manuel Hernández

  • La proscripción de la participación de los sindicatos y la contribución normativa del subgrupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva

1.– El tema y objeto de esta entrega

Ahora que las autoridades del Ministerio de Salud esperan hacer un giro de tuerca y flexibilizar las medidas sanitarias, tendiente a normalizar la actividad productiva y “un retomar organizado” y controlado de las actividades comerciales, que prometedoramente se anticipó que se anunciará el lunes de la próxima semana, en la infaltable y aséptica conferencia de prensa del medio día, cuya primicia ha generado mucha expectativa, es pertinente y oportuno, después de más de un mes de aciaga pandemia, tratar de hacer un intento jurídico, que es mi trinchera, de análisis y caracterización del manejo de la gobernanza de las relaciones laborales, en estos tiempos tan difíciles e inciertos.

2.– La importancia y urgencia del diálogo social

La cuestión tiene que ver con la importancia y urgencia del diálogo social, la participación de los agentes sociales y la intervención de los órganos paritarios o tripartitos radicados en nuestro ordenamiento, en materia relaciones laborales, prevención y protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La OIT estableció en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, que el Diálogo Social constituye uno de los pilares fundamentales, dirigido a fortalecer la negociación colectiva, las instituciones y los mecanismos de relaciones laborales.

Desde luego que el asunto tiene que ver, en definitiva, con la gobernanza democrática de las relaciones de trabajo.

3.- Algunas experiencias internacionales de gobernanza laboral

Pero antes de cumplir mi objetivo, no deja de ser relevante, aunque sea de manera muy general, reseñar la experiencia de algunos países de Europa y América Latina, en los cuales los agentes económicos, pero no sólo los productivos, sino también los agentes sociales, han tenido una significativa participación en la determinación conjunta de la protección del empleo, los salarios y la salud de las y los trabajadores, hasta donde políticamente ha sido posible.

En algunos de estos países, incluido Argentina, se llegó hasta la prohibición del despido, por motivos de fuerza mayor o causas económicas relacionadas con la pandemia del covit-19.

En Italia, por ejemplo, los sindicatos CGIL, CISL y UIL pactaron con la patronal un acuerdo de 13 puntos, que contiene medidas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores (control de ingreso al centro trabajo, limpieza y saneamiento de locales de trabajo, precauciones higiénicas, uso de mascarilla y guantes, vestuarios, tiempos de entrada y salidas escalonados, comité de aplicación del protocolo, entre otras).

En España, los principales sindicatos de trabajadores (CCOO Y UGT) y la patronal (CEPYME Y CEOE), desde el principio de la pandemia, celebraron un sustantivo acuerdo que contiene un conjunto de medidas extraordinarias para abordar la problemática laboral generada por el coronavirus.

Ahora que varios países de Europa llegaron al punto alto o pico y se está aplanando la famosa curva, con lamentable pérdida de tantas vidas humanas, la negociación colectiva tiende a volcarse y priorizar en la definición de las condiciones y medidas laborales atinentes a la vuelta de la reactivación de la actividad económica y normalización del funcionamiento del aparato productivo, garantizándose el papel activo de los sindicatos, como tiene que ser en un ordenamiento democrático, en el diseño de protocolos, control y cumplimiento de las medidas de protección de las y los trabajadores.

La discusión está enfocada en la consecución de un equilibrio, hasta donde sea posible pactarlo, entre la protección de las y los trabajadores y la regularización de la actividad productiva.

En Uruguay, en el ámbito del comercio y la industria de la construcción se han celebrado importantes arreglos. El sindicato de la construcción SUNCA pactó con la Cámara de la Construcción un acuerdo que establece las condiciones del retorno de operaciones de esta actividad y las medidas de protección y seguridad de los trabajadores para mitigar el contagio.[1]

No deja de ser interesante un acuerdo global que pactó esta misma semana, la Confederación Sindical Internacional (CSI), IndustriALL y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuyo objetivo es construir un espacio para el desarrollo de medidas dirigidas a proteger los ingresos de los trabajadores de la industria de la moda y las empresas integradas en la cadena mundial de producción y suministros, con la finalidad de mitigar los efectos del COVID-19.

A este acuerdo se han adherido fuertes empresas del sector, como Inditex, C§A, Adidas, Primark, Bestseller, Tchibo, Zalando y otras.

4.- La gobernanza de las relaciones laborales en Costa Rica en el escenario de la crisis sanitaria

Mientras en otras latitudes se ha venido gobernando así las relaciones laborales, ciertamente en un escenario inédito, complejo y dinámico, marcado de tensiones entre los intereses patronales y los trabajadores, entre el poder de dirección del patrono y la autonomía colectiva, en nuestro país, el manejo de la crisis ha sido radicalmente no sólo distinto, sino diametralmente opuesto.

El tratamiento político de la emergencia sanitaria se ha caracterizado por una gobernanza unilateral de las relaciones laborales –mejor dicho, relativamente unilateral, por el motivo que se expone en el próximo acápite-, cuya nota más relevante consiste en la exclusión total de la participación de los sindicatos, pero no sólo de los sindicatos, sino además, en la eliminación de los foros institucionales establecidos en nuestro ordenamiento, particularmente en materia de salud ocupacional.

5.– Las medidas laborales de emergencia

Hagamos un ligero repaso de las medidas laborales más significativas, tratando de enfocarnos, no tanto en su contenido, que ya abordé en varios artículos precedentes[2], sino más bien centrándonos en la forma en que se instrumentaron esas medidas, prácticamente sin ninguna resistencia.

Los invito a que realicemos una rápida revista de las principales medidas de carácter laboral impuestas.

La ley que licenció la reducción de la jornada de trabajo, por voluntad unilateral del patrono, con la consecuente disminución proporcional hasta de un 75% de los salarios, se aprobó a expensas de un procedimiento legislativo, fast track y a la carta, a instancia del Poder Ejecutivo, sin que se concediera ninguna instancia de participación a los sindicatos.

La creativa y generosa normativa reglamentaria promulgada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estableció un mecanismo ultra rápido y unilateral de suspensión de los contratos y reducción de las jornadas de trabajo, que se estableció también sin conceder, por lo menos, audiencia previa a los sindicatos.

Pero hasta aquí no llega esta política de Estado de corte unilateralista.

6.- La defenestración de los órganos tripartitos y paritarios en salud ocupacional

Cómo si lo anterior no fuera poco, el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) ha sido confinado a una participación simbólica, prácticamente sustituido por un grupo ad hoc de trabajo institucional, con participación del sector privado, que de facto asumió la rectoría de la salud ocupacional.

Las comisiones de salud ocupacional, que por mandato de ley deben funcionar en todas las empresas e instituciones, integradas paritariamente por representantes del patrono y trabajadores, fueron inutilizadas, bloqueadas, que sólo están a la espera que algún samaritano les retire el respirador mecánico, que les conectaron desde que empezó la pandemia.

7.- El cogobierno de los empresarios y patronos

Toda esta política sistemática de interdicción de la Libertad Sindical, la negociación colectiva, la exclusión de la participación de los sindicatos y la defenestración del órgano tripartito (CSO) y los bipartitos en materia de salud ocupacional, contrasta ostentosamente con el co-gobierno y la participación hegemónica del sindicato patronal UCCAEP.

Este sindicato corporativo asumió un rol conductor y determinante en la emisión de aquella ignominiosa ley de rebajo de jornadas, en la reglamentación inconsulta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con base en la cual, como he dicho en artículos anteriores, las autorizaciones administrativas de suspensión de los contratos y reducción de jornada de trabajo, se editan masivamente como rotativos de periódicos impresos.

Ya llevamos al hilo, de acuerdo con el corte de la Inspección de Trabajo, de 20 del mes en curso, cuya misión es -por contrario a lo que ha hecho- velar por los derechos de trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos y más de 71.000 a quienes se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

La suspensión “temporal” de los contratos de trabajo, hasta por un período de tres meses, prorrogables por un período igual, configuran materialmente despidos encubiertos, que han sido cohonestados por esa normativa de muy dudosa constitucionalidad y legalidad, para favorecer los intereses del empresariado costarricense y transnacional.

8.- El grupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva: el golpe de facto al CSO y las comisiones de salud ocupacional

Pero en esta entrega, para ir cerrando, quiero concentrarme en un tema, que me permito llamar poderosamente la atención de las y los lectores, ampliamente desconocido, que no podría dejar pasar inadvertido, expresión de esa política de Estado de carácter unilateral y antisindical.

En el seno de la Mesa de Infraestructura Productiva se aprobó la “Guía para la prevención, mitigación y construcción del negocio para la pandemia COVIT-19 en los Centros de Trabajo”.

Esta guía define los lineamientos generales orientados al empresariado, para que implemente las medidas de prevención de salud de los trabajadores, desde la lógica la continuidad de las operaciones de las empresas.

La guía fue elaborada por esa instancia, integrada exclusivamente por varias autoridades institucionales, representantes y asesores del sector privado.

La guía comprende tres áreas: recurso humano, implementación de protocolos y condiciones de trabajo.

El instrumento es bastante extenso del cual se pueden inferir las siguientes conclusiones:

En primer lugar, fue elaborado por un grupo de trabajo, con representantes del sector privado, que excluyó totalmente la participación de los representantes de las y los trabajadores.

La guía contiene medidas concernientes a las condiciones de trabajo, implementación de protocolos, obligaciones que deben cumplir las y los trabajadores y otros aspectos relacionados con el recurso humano, que son del interés natural de la clase trabajadora; por lo que resulta totalmente insólito que ese instrumento se haya construido privándose a la representación de los trabajadores toda clase de intervención.

No puede ser que un grupo institucional, conjuntamente con representantes del sector privado, regule esta importantísima materia, de la mayor trascendencia de la clase trabajadora, dejando por fuera a las representaciones sindicales.

La segunda conclusión a la que uno puede llegar es que las medidas de protección de los trabajadores quedan subordinadas a las necesidades prevalecientes de preservación del tejido empresarial y la continuidad de operación de las empresas: “orientar al empresariado costarricense hacia una cultura de prevención en sus centros de trabajo, desde una lógica de continuidad del negocio.”

Es decir, se privilegia el interés económico y productivo de las empresas, sacrificando el interés público fundamental de tutela de la vida y salud de los y las trabajadoras.

Esto es sumamente grave, pero responde a esa “lógica” empresarial que privilegia las ganancias del capital, a costa de los intereses supremos de la clase trabajadora.

En tercer lugar, lo cual no es menos grave, las competencias que por ley le corresponden al Consejo de Salud Ocupacional, fueron asumidas por ese grupo de trabajo, que con participación de autoridades del Ministerio de Trabajo y otras instancias institucionales, consintieron que esas atribuciones se las arrogara, contra legem, ese grupo de trabajo con participación determinante y exclusiva del sector privado.

9.- Un virus contagioso de la democracia

En conclusión, la gobernanza de las relaciones laborales se ha manejado de manera unilateral, a merced de un ejercicio autoritario del poder político, al mejor estilo neoliberal, al que ya, a fuerza de tanta normativa heterónoma, nos quieren acostumbrar.

El coronavirus pareciera que convenientemente está hecho a la medida de los grandes intereses económicos del empresariado y sus interlocutores políticos, que se aprovechan de la pandemia para reforzar todavía más su sistema de dominación política y económica.

El profesor Cas Mude, autor del libro “La extrema derecha de hoy”, (Polity Press, 2019) a propósito de las medidas extraordinarias que el Gobierno de EEUU aprobó a raíz del 11 de setiembre de 2001, se planteó tres preguntas, que resulta legítimo hoy rescatar y testearlas a la aplicación de aquellas medidas laborales de emergencia:

¿cuál es la contribución efectiva y real que tienen esas medidas en la lucha contra el coronavirus?,

¿cuáles son las consecuencias que tienen para la democracia?, y por último:

 ¿cuándo serán abolidas?

No existe la menor duda que el coronavirus plantea un serio desafío para el sistema democrático.

26/04/2020

Imagen: https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/ataque-cibernetico-como-protegerte-con-ia

[1] El acuerdo firmado el 12 de abril, establece, entre otras estipulaciones, que los trabajadores que no tengan acceso al subsidio por enfermedad, durante la cuarentena tienen derecho a 16.377 pesos, los trabajadores con enfermedades preexistentes a una partida de 23.822 pesos mensuales, hasta por un máximo de 2 meses, incluidos aquellos trabajadores mayores de 65 años que no tengan acceso al susidio por enfermedad. El protocolo pactado estipula que el personal que trabaje en cuadrillas debe mantenerse a una distancia mínima de un metro, la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que las herramientas deben estar desinfectadas previo a su uso, rutinas de lavado de manos, focalizarse únicamente en el lugar de trabajo de trabajo de la cuadrilla, entre otras.

[2] Pueden consultarse de mi autoría los siguientes artículos acerca del contenido de las medidas laborales de emergencia: La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia, La participación autónoma y orgánica de las personas trabajadoras en la lucha contra la pandemia, Dos rutas políticas muy diferentes para mitigar la situación de las personas trabajadoras, Trabajo doméstico remunerado, Reducción de la jornada laboral y suspensión contractual, Suspensión exprés y a la carta de los contratos de trabajo, Neoliberalismo en tiempos de pandemia, El procedimiento extraordinario de suspensión de los contratos de trabajo, y Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo (2020).

 

 

ENCUESTA NACIONAL: Ética y lucha contra la corrupción Costa Rica

La Percepción de los ciudadanos sobre la Ética y Lucha contra la Corrupción en Costa Rica

La encuesta busca compartir sobre la vivencia de los valores éticos para la práctica democrática, que permita señalar las prácticas fundamentales de la ciudadanía, sobre las bases de una democracia viva, coherente, ética, transparente y dinámica.

Sus aportes son vitales para proponer las condiciones y transformaciones que la sociedad demanda.

Este es un esfuerzo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Programa de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa en el marco del IDEARIO DIÁLOGO NACIONAL

Enlace a la ENCUESTA:

https://www.peadepencuestas.una.ac.cr/limesurvey/index.php/349448?lang=es

Imagen ilustrativa https://veritasonline.com.mx/

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña.

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Enfrentar el impacto

Por:
Dr. Jorge Loaiza Cárdenas-
Msc Efraín Cavallini Acuña-
Académicos
Escuela de Planificación y Promoción Social
EPPS-UNA

Imagen: Rodrigo Valverde Naranjo

Como lo planteara E. Morín en la última página de su libro: La Vía para el futuro de la humanidad: “Quizás encuentren, en alguna parte de las ruinas de una biblioteca, este mensaje que les devuelva la esperanza y el coraje”; queremos compartir con ustedes unas palabras de esperanza y decisión, que nos permita enfrentar estos momentos de desesperanza e incertidumbre, al que hemos sido llevados ante la emergencia nacional que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus COVID-19 en Costa Rica.

Hoy más que nunca estamos en crisis, no solo provocada por la pandemia del COVID 19, sino por las crisis de un modelo de desarrollo que nos ha llevado a un subdesarrollo intelectual, psíquico, tecnológico y moral.

Intelectual, porque la formación disciplinar que recibimos los occidentales, al enseñarnos a disociar todo, nos ha hecho perder la capacidad de relacionar las cosas y, por lo tanto, de pensar los problemas fundamentales y globales y abordarlos desde la complejidad en que están insertos, es decir vincular lo global con lo local y lo general con lo particular.

Psíquico, porque estamos dominados por una lógica puramente económica, que no ve más perspectiva política que el crecimiento y el desarrollo, y estamos abocados a considerarlo todo en términos cuantitativos y materiales.

Tecnológico, porque no debemos considerar a las tecnologías, como la herramienta que nos resuelve todos los problemas de la comunicación humana. Las tecnologías de la información y comunicación pueden hacernos bien o mal. No todas las tecnologías y cualquier uso que hagamos de ellas es lo más apropiado. No todas nos harán bien. Al contrario, utilizadas inapropiadamente pueden provocarnos torceduras, golpes en nuestra vida diaria, y pueden, sencillamente, embrutecernos. Pero aprovechadas de manera inteligente serán saludables y nos permitirán avanzar sanamente. Se debe elegir con lupa el menú tecnológico, conectarlo a nuestras necesidades reales y proyectos de mejora de la condición social. Es un imperativo utilizar la tecnología con sabiduría e inteligencia. Con ellas tenemos que hacer esfuerzos para tratar de recuperar el contacto humano, y, por consiguiente, la solidaridad. Como ciudadanía tenemos que apropiarnos de las tecnologías de la comunicación e información y reconocer su valor antes de que ellas desbocadas profieran el bazucazo a la humanidad y sigan colonizando nuestra mente y nuestra sociabilidad. Evitemos caer en la red de sus intereses comerciales y/o políticos. Recordemos, como se ha dicho en varios foros, que no está hecha la persona para la tecnología. Sino la tecnología para el ser humano.

Moral, porque el egocentrismo domina sobre la solidaridad. Además, la hiperespecialidad, el hiperindividualismo y la falta de solidaridad desemboca en el malestar, incluso en el seno del confort material. Como mal social, la corrupción es capaz de permear por completo un sistema político, afectándolo desde la cúpula hasta las actividades más cotidianas de la convivencia social sin importar las circunstancias en que nos encontremos. La permanencia de la corrupción en la política permite y atrae a personas impropias e inadecuadas para ejercer cargos públicos y desmotiva y repele a personas honestas que tienen una legítima vocación de servicio público. Los economistas, los sociólogos y los políticos tienen que tener cuidado con pronósticos imprudentes. En el desarrollo de esta crisis del COVID 19, se han visto algunos políticos que vacilan en asentar su estrategia en el principio de que el esfuerzo del Estado debe orientarse a salvar la vida de todos sus ciudadanos, que son los sectores sociales los que deben tener prioridad frente al cálculo utilitarista y mercantilista de las consecuencias económicas, que puede tener esa estrategia que beneficien a ciertos sectores privilegiados a contrapelo de la clase trabajadora y de quienes no gozan de garantías para acceder a una vida justa. La inseguridad no sólo se refiere a la lucha contra la pandemia, también a las consecuencias económicas y sociales que son impredecibles. Por ello, como sociedad, debemos incidir para lograr liderazgos políticos honestos para las siguientes décadas, que cultiven y promuevan la verdadera democracia y no contaminarla.

La crisis de la humanidad son crisis interdependientes, interrelacionadas, tenemos crisis en la salud, cognitiva, de pensamiento, política, económica, social, ambiental, cultural, ética; tenemos una crisis en la relación fundamental entre el individuo y la sociedad, el individuo y la familia, el individuo y él mismo; es decir, estamos abocados al abismo.

Sufrimos un malestar interior que parasita nuestro bienestar exterior. Aquellos que gozan de un aumento de su nivel de vida, ven reducida la calidad de la misma. Pero este es un malestar difuso, que se vive de maneras distintas; por ejemplo, el malestar que afronta la juventud, la desintegración de la familia, el significado de la vejez para la sociedad mundial actual ante la pandemia del COVID 19, entre muchos otros.

Pero toda crisis comporta riesgos y oportunidades; sin embargo, esta crisis humana que hoy enfrentamos con la pandemia del COVID 19 es solo una de ellas; que nos ha llevado a evidenciar los riesgos, pero nos obliga, a buscar las oportunidades de cómo superarlas.  La oportunidad es ver la crisis como una vía hacia un cambio, Así surge la gran capacidad creadora del ser humano que permita regenerar nuestra vida, la vida de nuestras culturas, del legado del pensamiento y conocimiento al cual hoy en pleno siglo XXI hemos logrado alcanzar; este será nuestro máximo instrumental de lucha que nos permitirá definir la ruta que nos llevará hacia ese gran cambio. Como dice Morin “cambiar de vía”.

Pero cambiar de vía no significa frenar el desarrollo científico-técnico-económico, por el contrario, significa repensar y hacer un alto y un acto de contrición, para valorar lo bueno y malo que tenemos en nuestras vidas, de tal forma, que abramos una pluralidad de caminos, reformadores a nuestra vida. Serán muchos los caminos, pero como dice Machado “. el camino se hace al andar”.

El cálculo monetario no puede evaluar el bienestar y el malestar. La tristeza, el abandono y la soledad buscan consuelo en la compra y el consumo. La lógica del cálculo, de la máquina determinista, del rendimiento y de la productividad se extiende por toda la sociedad y se apoderó de todos nosotros. Por esto, necesitamos una reforma de vida, que pueda reducir el poder del dinero y del afán de lucro y de todos aquellos que siempre nos presentan las mismas recetas economicistas.

Necesitamos de una política de solidaridad real no de una de anonimato de solidaridad del estado de bienestar, es decir pasar de promulgar la solidaridad a liberar la fuerza de las buenas voluntades y favorecer las acciones solidarias, por ejemplo, impulsar la economía solidaria en donde se fortalezca el cooperativismo y las asociaciones sin afán de lucro que presten servicios de proximidad, o en el campo educativo, en donde profesores y docentes ofrezcan espacios de formación y acompañamiento técnico y profesional a aquellos que más lo necesiten; o en el campo de la seguridad ciudadana, en donde las comunidades se organicen para controlar la delincuencia y el robo.

Necesitamos un reencuentro con el trabajo en el que se dignifique el aporte de todo ser humano; volverle a cada ser su capacidad de crear, de innovar, de producir de sentirse útil en la vida, produciendo para sí mismo, para otro o para un mercado. Hoy más que nunca hemos aprendido que la salud y la alimentación son las principales fuentes de vida que todo ser humano necesita de manera indispensable, es nuestra responsabilidad velar porque nuestro país siga conservando y consolidando el sistema de salud que poseemos, pero en cuestiones alimentarias debemos reconocer el abandono y desconocimiento al que hemos llevado a nuestro sistema agroalimentario nacional, haber pasado de un sistema autosuficiente que garantizaba su seguridad alimentaria, de tan solo hace 30 años, con un liderazgo y reconocimiento a nivel ciudadano de nuestros agricultores, a un nivel de dependencia absoluta por lo que consumimos a nivel básico y sobre todo por el desconocimiento e invisibilización del pequeño y mediano agricultor de nuestro país, a punto de desaparecerlo. Es innegable e indispensable reactivar el sistema agropecuario de nuestro país, tarea que solo grupos multidisciplinarios y en dialogo abierto y permanente podrán buscar la forma de lograrlo.

Esta reforma de vida necesita de una reforma del pensamiento, que nos muestre la importancia de los prejuicios y los paradigmas que inconscientemente dirigen nuestras formas de conocimiento y comportamiento y nos hacen incapaces de comprender que los demás obedecen a otros preconceptos y otros paradigmas.

Tres pilares fundamentales para cimentar una sociedad próspera, solidaria, cohesionada, un Estado fuerte, representativo y garante de los intereses de los diversos sectores y que convoque a una ciudadanía participativa y proactiva, son la Ética Pública, la idoneidad- y la probidad, estas cualidades garantizan, a su vez la transparencia, la rendición de cuentas y son el filtro para detener los abusos del poder, la corrupción y el favorecimiento económico de una minoría. De manera tal, que se pueda cumplir con los requisitos de una democracia representativa y de una economía solidaria, eficiente y distributiva de la riqueza social. El modelo de desarrollo del Estado costarricense, desde la Segunda República, es una fuente para repensar el Estado y el rumbo de la Costa Rica, de los próximos 30 años.

Necesitamos afrontar la relación con los demás a través de la comprensión del prójimo, la humanización de las emociones y el respeto democrático.

Todos debemos buscar aquello que es importante y necesario para nosotros, todos debemos encontrar el camino de nuestra regeneración, una vuelta a las fuentes generadoras-creadoras.

Trabajemos para diagnosticar y transformar, trabajemos para relacionar y unir. Las reformas son solidarias; no son solo institucionales, económicas, políticas o sociales, son también mentales, y requieren una aptitud para concebir y abarcar los problemas globales y fundamentales, una aptitud que, a su vez, precisa de una reforma de la mente y la forma de pensar nuestras vidas. Pero la reforma de la mente depende de la reforma educativa y de la reforma del pensamiento, ambas son complementarias e indispensables.

En materia educativa es momento para reorientar el modelo, hacerlo más inclusivo, más participativo, las TICS nos han ofrecido herramientas tecnológicas que van a revolucionar la enseñanza y el aprendizaje, y es precisamente donde la juventud nos ha dado una clase de destreza y habilidad para acoplarse a estas nuevas herramientas, el reto es porqué no incluirlos en el diseño de las nuevas formas de implementar el proceso de enseñanza aprendizaje valiéndonos de las TICS.

Ante esta época de crisis provocada por la pandemia del COVID 19 es momento para replantearnos, hacer un alto en nuestras vidas, valorar lo que tenemos, mirarnos como humanos, preguntarnos qué queremos de nuestras vidas, en qué estamos dispuestos a cambiar, y lo más importante creo yo, que puedo hacer por el prójimo, sobre todo aquel que ha perdido las esperanzas de vivir la vida con dignidad humana, aquel necesitado de espiritualidad, de oportunidad, de valoración por lo que es, y no por lo que tiene o puede producir,  aquel que anda en la calle sin norte, aquella que enfrenta sobrevivir con una familia sin  oportunidades de trabajo o empleo, pero no solamente él o aquella que parece estar alejada de mí, muchas veces, ella o él están muy cerca o son parte de mi núcleo familiar.

Insto a que olvidemos nuestro ego disciplinar que no nos deja ver la realidad compleja que afrontamos, debemos pasar de las recetas que todo lo solucionan desde una disciplina; receta, donde mi disciplina es la más favorecida, y los o las otras, son las que deben implementar las sabias soluciones propuestas; debemos buscar el encuentro con el otro, a reconocernos en el otro u otra, a dialogar, a buscar puntos de convergencia que nos permita avanzar en la convivencia fundamentada en el amor por nuestro semejante, porque solo de esta manera podremos avanzar en una sana convivencia en donde lo que planifiquemos sea producto del aporte de cada uno de nosotros.

Finalmente, consideramos que el gobierno y quienes lo presiden realizan las acciones y medidas que humanitariamente, con meditación o alevosía, consideran más oportunas, más que criticar dichas propuestas, debemos realizar aportes o propuestas que mejoren dichas acciones, hay que pasar de la reacción a la acción propositiva. Ya no basta con denunciar, ahora es preciso enunciar, no es suficiente reconocer la crisis, la urgencia, también hay que saber por dónde empezar, el reto es ahora o nunca.

Aún tenemos tiempo para reconstruir y fortalecer aquellas prácticas ciudadanas, que soportan la institucionalidad y la praxis democrática, y que se fundamentan en la moral y la ética pública.

Radiografía de un golpe de Estado blando

Dr. José Solano Alpízar

Vivimos tiempos difíciles, de eso no nos queda la más mínima duda, pero eso no es producto del Coronavirus. Es cierto que la pandemia cambiará nuestras vidas y la forma en que vemos el mundo y al propio planeta, pero no todos cambiarán su forma de pensar, lo han demostrado ayer, lo han demostrado hoy y lo demostrarán mañana.

Desde hace más de tres décadas hemos venido viviendo tiempos muy violentos -me refiero a las y los ciudadanos costarricenses-, hemos venido experimentando violencia económica, violencia mediática, violencia judicial, violencia legislativa, entre otras, impulsada por una camarilla político empresarial que no representa más allá del 0,1 % de la población de Costa Rica, pero cuyas componendas político-jurídicas y económicas tienen a la democracia costarricense al borde del abismo.

La democracia y el neoliberalismo (mercado salvaje y privatización a ultranza) son irreconciliables. La democracia para poder existir requiere de una institucionalidad fuerte, vigorosa, equilibrada.  La democracia es una forma de organización social, una forma de existencia en sociedad en la que se establece un pacto, y en la medida en que ese pacto se rompe y se violenta, la democracia pierde validez, y al perderla deja el terreno fértil para el caos y un tipo de anarquía en la que peligrosamente la ley del más fuerte se hará patente de la forma más brutal.

La democracia pierde sentido y valor cuando sus representantes pierden legitimidad y en Costa Rica eso ha venido sucediendo desafortunadamente. Montesquieu lo planteaba claramente, la democracia es sana, en la medida en que existe clara delimitación entre los poderes de una República (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), pero cuando esas líneas se hacen borrosas, entonces nos enfrentamos a una crisis democrática de grandes proporciones.

Costa Rica vive un momento turbio, oscuro y siniestro en el que una mafia político-empresarial -que repito, no representa más allá del 0,1 % de la población del país- ha cooptado todas las instituciones públicas del país, pisoteando la Constitución Política de la nación y sobre todo violentando los derechos del pueblo soberano que le da contenido a la democracia misma. Alexis de Tocqueville hablaba del retroceso de la política, y por ende de la democracia, frente a formas blandas de tiranía, y no crean compatriotas que sólo existe la tiranía por dominación militar, también existe la tiranía del capital, la que es capaz de llevar a un pueblo a la miseria y pedir su inmolación en el gran altar del mercado.

Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. La culpa no es del ciudadano presidente Carlos Alvarado, podríamos pensar que su incapacidad nos ha llevado por ese despeñadero, pero NO, él es simplemente un palurdo ambicioso al que lo sedujo la posibilidad de ser presidente y a quien sentaron los dueños del poder en Costa Rica, como lo hicieron con Johnny Araya -recuerdan esa imagen- cuando le pidieron que renunciara a la campaña contra Luis Guillermo Solís. Mi hipótesis es que a Carlos Alvarado, el gran capital le ofreció ser presidente a cambio de que entregara las riendas del estado costarricense; de ahí el despliegue de una poderosa campaña de los medios y las redes sociales -durante la segunda ronda electoral- con el apoyo de acérrimos enemigos como los periódicos La Nación o CrHoy.

En virtud de ese acuerdo no es casual su llamado a formar un gobierno de unidad, que en realidad era un gobierno en que se nombrarían las principales fichas de la mafia político-empresarial para orientar el destino del país hacia la liberalización económica total y la privatización de los principales activos del estado (RECOPE, FANAL, INS, CCSS).  Es así como se completa el proceso de apropiación y distribución de las jerarquías de las principales instituciones estatales (juntas directivas, presidencias ejecutivas, ministerios, presidencias y gerencias de Bancos estatales, entes Contralores, Fiscalía General de la República) la lista es enorme, de forma tal que como como una hiedra expandieron su poder por cada uno de los resquicios institucionales y para culminar su esfuerzo crearon entidades de poder y decisión político-económico, que aunque están adscritas al estado, en realidad son dirigidas por el gran capital para favorecer su apetito voraz. Es así como surge el CONASIF (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional) y se crearon sus hijos putativos, las superintendencias: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF); Superintendencia General de Seguros (SUGESE); Superintendencia General de Valores (SUGEVAL); la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y finalmente la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Todas orientadas por el gran capital empresarial que ha venido destruyendo las instituciones públicas y ha creado una cancha demarcada bajo los intereses y requerimientos privados.

¿No les parece curioso conciudadanos y conciudadanas que Tomás Soley, Superintendente de Seguros, órgano adscrito al Banco Central, en lugar de defender el proyecto impulsado por el gobierno para eliminar temporalmente un impuesto al INS para que parte de los recursos del INS pasen a un fondo que permita paliar la pandemia del Coronovirus, defienda a capa y espada el mercado privado de valores, y advierta al presidente y a los diputados de lo peligroso de distorsionar el mercado de seguros? Dicho de otra manera el señor Soley, siendo empleado público que probablemente goza de 9,5 millones de salario, se ha opuesto a una acción de salvamento solidario de aquellos costarricenses que se verán afectados por el recorte de empleos o la reducción de sus jornadas ¿Para quién trabaja el señor Soley?, la pregunta es una perogrullada, la respuesta ya ustedes la conocen y es muy obvia.

De igual manera hace pocos días recibimos la triste noticia de que Rocío Aguilar, flamante representante de la Junta Directiva de Aldesa, ex Contralora General de la República y ex Ministra de Hacienda, asume las riendas de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Sí usted costarricense que ha ahorrado durante toda su vida, para luego recoger unos dineros que son de su propiedad, le comento que la señora Aguilar ha sido puesta ahí porque los buitres del gran capital le tienen la mira puesta a sus fondos, e igual que hicieron las AFP en Chile, -el modelo que hemos seguido en diferentes campos de la vida económica- seguirán desarrollando estrategias para apropiarse de los fondos privados de los trabajadores.

Conciudadanos y conciudadanas, no podemos pasar inadvertidos los movimientos que realiza la mafia político-empresarial todos los días, mientras mueren personas por el COVID 19, la mafia político-empresarial que tiene como grupo de choque a la Unión de Cámaras Empresariales, sigue impulsando su agenda. La cooptación de los espacios de poder ha sido casi completa, lo vemos en la Asamblea Legislativa con figuras como Pedro Muñoz del PUSC, Carlos Ricardo Benavides del PLN, y diputados de diferentes fracciones al servicio de los proyectos que la UCCAEP presenta, o bien lo vemos en la Contraloría General de la República, entidad que ha venido violentando la Constitución, de alguna manera, pues se convierte en juez y parte, casi actuando en función ejecutiva y sobrepasando las facultades que la Carta Magna le confiere.

Si del ejecutivo se trata, basta comprender que el presidente del Banco Central es un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y que precisamente ha sido él quien se ha opuesto a la baja de las tasas de usura y casi todas sus decisiones están dirigidas a favorecer a la banca privada y a las grandes empresas, y el ministro de Hacienda ex funcionario del Banco Mundial, cuyas actuaciones cuestionables apenas comenzamos a digerir con su impuesto solidario. Finalmente, qué decir de la Fiscalía General de la Republica, la que al parecer ha dejado que el tiempo y la modorra transcurra para que venzan las causas por estafa y asalto de la hacienda pública en casos como los de: Juan Carlos Bolaños y el Cementazo, Hidrotárcoles, Asebanacio, Samuel Yankelewitz, entre otras.

Dos rutas políticas muy diferentes de mitigar la situación de las personas trabajadoras (V)

“Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada. Y hasta la tranquilidad de la nada se les niega.” (F. García Lorca)

Manuel Hernández

A instancia de las exigencias formuladas por los sindicatos de trabajadores, el 27/03/2020, el Gobierno del Estado Español emitió un Real Decreto-Ley, que complementa las medidas de emergencia, en el ámbito de las relaciones laborales, para mitigar las consecuencias de la pandemia.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo y recientísimo decreto de gobierno, consiste en la prohibición de los despidos y extinciones de contratos de trabajo, por fuerza mayor, causas económicas, tecnológicas, organizativas o productivas, que se relacionen con la emergencia sanitaria que lamentablemente tanto está golpeando ese país.

Esta medida comprende la prohibición de la extinción de los contratos temporales, que constituye una característica estructural del mercado de trabajo español, que principalmente concentra la contratación de jóvenes y mujeres.

Todo despido o extinción contractual que violente estas disposiciones normativas es absolutamente nulo.

Mientras estas medidas progresistas se toman en ese país europeo, por contrario, en esta suiza centroamericana, se han dictado medidas legislativas y de gobierno unilaterales y autoritaristas.

En realidad, corresponde acotar estas expresiones, y en su lugar, resulta más acertado afirmar que esas medidas han sido parcialmente unilaterales y autoritarias, porque han sido consensuadas únicamente con los sindicatos o cámaras empresariales, excluyendo la participación de los sindicatos que representan los legítimos intereses de las y los trabajadores.

Además, las medidas laborales promulgadas por la Asamblea Legislativa y el Gobierno son salvajes, porque licencian los despidos, la suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de los salarios, esquilmando a la clase trabajadora más explotada; que vive en una situación de emergencia social y económica desde hace tiempo, mucho antes que apareciera esta grave pandemia.

Entonces, existen dos caminos políticos muy diferentes de resolver las emergentes e imperiosas necesidades de las y los trabajadores: concertar exclusivamente con los sindicatos patronales, descargando todo el peso social y económico de la crisis en la gente más empobrecida, o por contrario, atender las demandas de los sindicatos de trabajadores, procurando medidas de redistribución democráticas que mitiguen las consecuencias de la crisis en este pauperizado sector de la población.

En “nuestro” país, queda absolutamente claro el camino que pactó y escogió la clase política gobernante.

¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando las mismas de siempre!

Ilustración: https://blog2iessantalucia.com/2019/03/16/charla-sobre-participacion-ciudadana-3o-eso/

Dierckxsens y Formento: Golpe de Estado en Bolivia

Wim Dierckxsens y Walter Formento

El departamento de estado en la planificación del golpe

El analista internacional Alfredo J. Rahme, dio a conocer el texto del sitio ´Behind Back Doors´ en el que se explicaron con varias semanas de anticipación los detalles, con nombres y apellidos de los involucrados, de la planificación desde los Estados Unidos del golpe en Bolivia que esta ya expuesto ante nuestros ojos. El plan se desarrolló desde abril y julio de 2019, y tenía disposiciones para la “creación” de la ruptura y la división del ejército boliviano y la policía nacional, logrando que estas fuerzas estén en disposición para rebelarse contra el gobierno del presidente Evo Morales. Funcionarios del Departamento de Estado (a cargo de Mike Pompeo) acreditados en el país, como Mariane Scott y Rolf A. Olson, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay, a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano que partan desde cada uno de estos países.

Las evaluaciones y predicciones hechas por el Departamento de Estado de EEUU, y otras agencias, sobre los resultados probables de las elecciones presidenciales a realizarse el 20 de octubre de 2019, dan indicios fuertes que el presidente Evo Morales ganaría las elecciones con claridad y superaría el 10% de ventaja sobre el segundo. En vista de este escenario, la Embajada de los Estados Unidos se preparó para ir creando en secreto, las condiciones objetivas y subjetivas para la proclamación e imposición de un fraude electoral “hecho” por ellos pero adjudicado al Gobierno del presidente Evo Morales. Además, la embajada de EEUU se centró también en el seguimiento orientado a los detalles del Tribunal Supremo Electoral (TSE), buscando documentar supuestas irregularidades de esta agencia del gobierno electoral, que sirvan para poder instalar/imponer la denuncia del fraude.

Se decidió incluso adquirir «máquinas para el conteo rápido de votos» para las elecciones presidenciales, en aras de poder manipular a la opinión pública sobre los resultados electorales. Estas máquinas tendrían un costo total de 300 mil dólares. La Embajada de los EEUU, y la representación de la Unión Europea en el país, contribuirían a financiar la compra de las maquinas, que proporcionarían a través de la Fundación Jubileo y la Iglesia Evangélica. En esta etapa, la Unión Juvenil Cruceñista desempeñaría un papel fundamental para imponer acciones violentas, una vez que se publiquen los resultados electorales finales, para lo cual han reclutado criminales.

Las elecciones y el golpe posterior

Bolivia ha sufrido un golpe de Estado de manual: El presidente del Gobierno Evo Morales ha sido obligado a dejar el gobierno de Bolivia por un acto de fuerza final del ejército, al desconocer éste la institucionalidad vigente y manifestar que le quitaba el apoyo y ya no obedecería las ordenes que daba su comandante en jefe democráticamente elegido. Incluso planteando que: le “sugieren al Presidente renunciar”[1]. Por otro lado, además, buena parte de la Comunidad Internacional y sus medios de comunicación trabajan afanosamente maquillando lo que es un auténtico atentado al orden jurídico y a la justicia social. El pasado 20 de octubre, Evo Morales ganaba las elecciones en Bolivia. Obtenía la mayoría en el Senado y el Congreso, y ya rozaba superar los 10 puntos de ventaja que según la Constitución son necesarios para evitar una segunda vuelta. Nadie duda que las ganó, la cuestión se circunscribía exclusivamente a si efectivamente superaba los 10 puntos o no los alcanzaba.

En la noche del 20 de octubre, el Tribunal de Electoral comenzó a cargar los datos de las ciudades y localidades, en las que históricamente Evo Morales ha obtenido resultados similares a los de la oposición, al contrario que en la Bolivia rural, en la que Evo arrasa a la oposición. Por este “manejo” del Tribunal Electoral en la apertura de urnas seleccionadas y del conteo de votos, estos mostraban en las primeras horas de la tarde el “escenario de paridad y lejano a los 10 puntos de ventaja” que planificaron y, por tanto, creaban en la oposición la “falsa ilusión”, que reforzaba su sueño, de imponer una segunda vuelta electoral en la que podrían sumar candidaturas divididas y así “derrotar” a Evo Morales. La fantasía lejana de la segunda vuelta se transformó en euforia y esta se propagó rápidamente por todos los medios de comunicación entre sus seguidores creando una falsa-verdad (FakeNews). Mientras tanto, en la residencia presidencial se extendía la sospecha que algo no andaba bien. Además, Marcel Guzmán de Rojas, el dueño de Neotec, la empresa encargada de realizar la asistencia al Tribunal de Elecciones[2], era un seguidor confeso de Carlos Mesa, el principal candidato opositor.

El sitio digital Primera Línea indica en su portada del 11 de noviembre que un informe de inteligencia demostró que el sistema cibernético electoral boliviano sufrió un ataque por parte de hackers de Estados Unidos la noche del 20 de octubre[3], o sea, el día de las elecciones generales en Bolivia. La intromisión de hackers tenía como objetivo distorsionar los resultados de las elecciones, validar un presunto fraude y con ello causar confusión y caos en la población, factores que fueron inducidos desde Estados Unidos con el fin de empañar, ensuciar y sembrar la sospecha sobre la reelección de Evo Morales. Es más, las elecciones fueron intervenidas cibernéticamente a solicitud de varios diputados nacionales bolivianos que firmaron una carta dirigida al Departamento de Estado, en complicidad con el candidato de Comunidad Ciudadana Carlos de Mesa, para que “intervenga” en las elecciones[4], porque conocía de antemano su inminente derrota en las urnas.

Llegado este momento no fue posible seguir con el conteo rápido y se decide entonces pasar al conteo manual tradicional. Esta decisión hace cambiar de sede la ´sospecha´, catapultándola a los búnkeres electorales de la oposición. Entonces, en las calles empezaban a agolparse los seguidores de la oposición anti-Evo y sus principales voceros comenzaron a llamar al desconocimiento de los resultados, resultados “manipulados” que para esas horas aún les garantizaban una segunda vuelta, en la que tenían muchas oportunidades de obtener una victoria. Es en ese punto y momento en el que entra en juego la Organización de Estados Americanos (OEA) “lanzando el último fosforo”: “hubo fraude”, dice en la mañana del 10 de noviembre, a pesar de solo haber encontrado 78 errores entre su muestreo de las 33.043 actas totales, es decir nada.

En resumidas cuentas, no encontraron evidencia de fraude en las elecciones del 20 de octubre, pero los medios de comunicación repitieron la acusación tantas veces que ya parecía «verdadera», en este mundo ya inundado por la “pos-verdad”, donde a nadie ya le importa “la verdad”, sino solo lo que la comunicación digital instala repitiéndolo hasta el hartazgo como “la” verdad, que en realidad lo que se repite es solo su interés, es decir “lo que mí me conviene”. Las plataformas de comunicación digital, inteligencia artificial, siembran la “sospecha” sobre todo el proceso electoral, la “certeza” sobre quién no ha ganado y la rebelión “estalla”. La policía y las fuerzas armadas se incorporan como cómplices pasivos y “dejan hacer” las barbaridades ya programadas. En síntesis, una operación sicológica de alta inteligencia militar, llamada “Primaveras Árabes”[5] o “Tiananmen”[6].

En el contexto del acalorado momento político que el país atravesaba, ya no había ninguna duda sobre un sabotaje al helicóptero que cayó el 4 de noviembre con el presidente Morales a bordo. Es decir, que el primer plan era matar al Presidente Evo Morales. En medio de las protestas que denuncian fraude en las recientes elecciones nacionales que lo dieron ganador, Evo Morales debe desplazarse en helicóptero para esquivar a los manifestantes que exigen su renuncia. Es por eso que la Fuerza Aérea Bolivariana dispuso que su traslado por vía aérea para su seguridad, decisión que por poco termine costándole la vida. El helicóptero “habría” presentado una falla en el rotor de cola, que es la pieza mecánica que le permite cambiar su dirección. Entre tanto la FAB emitió, entonces no sin cinismo,  un comunicado: La Fuerza Aérea Boliviana de acuerdo a las normas procederá a activar la Junta Investigadora de Accidentes, mayores detalles referentes al hecho se los dará de acuerdo a los avances de la investigación.

Retomando, ante el seguro baño de sangre de un conflicto civil entre seguidores de ambos bandos, Evo Morales primero trata de conducir los hechos convocando a nuevas elecciones generales. La oposición golpista las rechaza. No aceptaran unas elecciones con Morales de candidato, porque se saben seguros perdedores y, por ello, “pre-fabricaron” este escenario de duda-confusión-desestabilización. Los intereses financieros transnacionales y locales golpistas, sabían de antemano que la solución democrática nos les servía, porque que no tenían probabilidades de ganar en el terreno democrático institucional, donde el pueblo plurinacional boliviano se impone por mayoría y unidad.

A las puertas de un escenario planificado e impuesto de guerra civil, Evo Morales toma la decisión más sabia y estratégica para preservar a su comunidad organizada como pueblo, presenta la renuncia él y su vicepresidente, para frenar la masacre entre bolivianos y así preservar la organización, y por ello plantea su renuncia a la Presidencia pero denunciando el Golpe de Estado. Sabiendo que mantiene la mayoría en el poder legislativo. Lo cual obligara a las oligarquías golpistas a asumir sin legitimidad formal institucional.

El Oriente de Bolivia: un país dentro de otro país

El candidato opositor Carlos Mesa entre tanto desaparece de la escena política, no por decisión propia, sino porque pasa a estar “copada” por el protagonismo de la oligarquía “ultraderechista sojera” del oriente boliviano (Santa Cruz de la Sierra) que toma las riendas del país. Sus primeras decisiones, tras jurar ante la Biblia, son para establecer con el Estado Profundo Republicano de Estados Unido y el comando sur, no la “Paz Boliviana” sino, lo que describen en Santa Cruz de la Sierra, el “COCAine-EVANGELIStan”.

Ejecutado operativamente a través de terroristas y movidas de bandera falsa, teniendo como referencia el modelo ISIStan[7] de medio oriente: el cual fue, en un principio, resultante de un plan de articulación de partes “separadas” por la fuerza del actual territorio de Siria-Irak-Turquía, para conformar el califato del ISIS. Plan este que fue diseñado y comandado por las “agencias” globalistas CIA-MI6-Mossad y la OTAN como su brazo operativo. Este plan fue derrotado por la acción conjunta y combinada de los gobiernos nacionales de Siria-Turquía-Rusia-China más los aportes de las religiones de raíz humanista en modo de Dialogo de Civilizaciones, bajo asedio del unipolarismo financiero transnacional global.

Fue un golpe de estado que uso lo militar, paramilitar-mercenario, policial-parapolicial, etc., en Bolivia para alcanzar sus objetivos, respaldado por el poder financiero, comunicacional y con mercenarios del terror a sueldo, soldados de la fortuna con discurso de “extrema derecha”, con cuartel en la oriental patria-chica-narco-sojera-portuaria de Santa Cruz de la Sierra, base de la oligarquía local financiero-sojera-portuaria. El oriente boliviano es un país dentro de otro país y un país hecho a sí mismo.

En un país con Estado debilitado o en reconstrucción, los Orientales Cruceños se organizaron desde siempre a sí mismos y lo hicieron en logias que aún hoy rigen la vida social de la élite cruceña. Los Toborochi y Los Caballeros del Oriente son las más representativas de estas agrupaciones socio-financieras racistas. Dos características unen a esta región: son blancos de ascendencia étnica europea y están asentados en la zona más rica en recursos naturales del país. Nunca aceptaron ni aceptaran que un campesino indígena de pueblo originario los gobierne, por más que su gobierno sea institucionalmente legal. En este punto encontramos el hilo conductor operativo del movimiento golpista, que lo une con otros dos sectores levantados hoy contra Evo Morales: el sur de la Paz, blanco y económicamente poderoso y la élite de las fuerzas armadas que, al contrario del resto de la fuerza y tropa en Bolivia, no solo no es mayoritariamente indígena sino que, al igual que la mayoría de las elites de las fuerzas armadas latinoamericanas, es profundamente anti-popular.

Pero un dato debería tenerse muy presente, el elemento aglutinante que hace de argamasa para la unidad es el continentalismo-financiero-norteamericano-en-declive-de-su-poder-internacional, que tiene la necesidad de controlar una Sudamérica clave para forzar una negociación y ganar tiempo estratégico. La decisión de hacerlo, apremiado por su acelerada pérdida de poder internacional frente a los tres actores internacionales ascendentes (Globalistas, BRICS y el Dialogo Interreligioso de Civilizaciones), habla de la agresividad que nace de su caída inminente bajo de la forma de “perestroika norteamericana” en contexto de una súper-burbuja financiera por explotar y con la complicidad de estas oligarquías locales que fueron socias suya en todo terreno y ocasión desde 1950.

Pero estas oligarquías locales que hoy hacen cada vez más negocios con los oponentes estratégicos al poder-norteamericano-en-declive, necesitan imperiosamente retomar el control del gobierno nacional para asegurarse controlar la negociación institucional con los nuevos actores internacionales en ascenso (China-Rusia-India), para poder asegurarse la mayor apropiación de riquezas, y no perderla en impuestos y financiación de “otros” proyectos para Bolivia que fortalezcan otros intereses. Que amplié haciendo más heterogéneo entre que quienes se reparte la riqueza social producida. Pero además, que ponga también en crisis quién tiene el control de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales y, con ello, la capacidad para la desarticulación de toda organización popular y la coordinación entre sí, para asegurarse que los objetivos no se van a ir de sus manos.

Como podemos ver, no solo ocurrió un golpe continental oligárquico-militar-y-paramilitar, sino que estuvo precedido por lo que probablemente fue el inicio no oficial de una guerra civil de baja-intensidad. Por la cual las fuerzas armadas rompieron con la cadena de mando institucional-legal (considerando que todavía tenían tiempo para exigir su renuncia en ese momento) con el fin de «confrontar a la gente, al común» a pesar de negar previamente que tenían tal intención.

Los motivos de fondo del golpe de estado oligárquico financiero en Bolivia

Bolivia es el único país suramericano de clara mayoría indígena y era de esperar que Evo Morales pudiera ganar nuevamente. Los números estaban a su favor: no solo la intención de voto estaba a su favor lo cual se manifestó en el conteo de los votos hasta la interrupción del proceso por una operación de guerra electrónica, sino que en ambas cámaras del poder legislativo tiene mayoría propia y estructuralmente la población boliviana adhiere a su política de gobierno, porque consiguió reducir el índice de pobreza en un 25% y la pobreza extrema en un 23%.

Mientras, la economía de Bolivia fue una de las que experimentó mayor crecimiento en Sudamérica, rondando el 5%, los segmentos de la población olvidados se vieron reconocidos viendo como el analfabetismo descendía de tasas cercanas al 15% al actual 2,4%, algo que nunca ha interesado a la derecha financiera golpista, pues una población formada e informada es una sociedad que se plantea objetivos superiores de industrialización sumando educación, ciencia y tecnología a la producción. Y, además, consolida su capacidad de discernir y cuestionar, y no acata sin más. Las poblaciones indígenas adquirieron mayor relevancia, con una de las mayores revalorizaciones culturales jamás vistas en el continente.

La nacionalización de los hidrocarburos en 2006, realizada por Evo Morales, fue un soplo de aire fresco para las políticas sociales en el país, porque permitió impulsar la redistribución de la riqueza. Que expuso profundamente las políticas excluyentes y empobrecedoras neoliberales aplicadas por los gobiernos pro oligarquías financieras locales (con monopolio de explotación de bienes primarios: soja, minería, gas natural, petróleo, etc.) y continental norteamericana.

El líder indígena de un gobierno nacional, popular y sud-americano que ha sacado con éxito a las grandes mayorías sociales-populares de la pobreza extrema, en una Bolivia que controla las mayores reservas de litio del mundo (más del 60%, solo el salar de Uyumi concentra el 60%[8]). Litio que algún día podría reemplazar al petróleo como recurso energético crucial, debido a su uso para alimentar baterías de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, autos híbridos y eléctricos, que tiene una historia extensa y bien documentada de ser objeto operaciones golpistas para interrumpir su gobierno por parte de los EEUU.

De hecho, esta es la única razón económico-estratégica por la que el unipolarismo norteamericano puede emprender su campaña interminable de agendas de cambio de régimen en contra de gobiernos no subordinados, que además apuntan claramente a una agenda internacional multipolar. Bolivia y China sellaron un acuerdo para invertir unos 2.300 millones de dólares en proyectos de explotación e industrialización de litio y otros productos de dos salares del país sudamericano, profundizando una alianza estratégica de alcances económicos y políticos. Tras la firma del acuerdo entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio de firmas chinas Xinjiang Tbea Group y Boacheng, YLB y sus socios chinos explotarán los salares de Coipasa y Pastos Grandes, donde en cuatro o cinco años estaría montada una cadena de fábricas de sulfato de potasio, hidróxido y carbonato de litio, ácido bórico, bromuro de sodio y litio metálico. Con EEUU la Bolivia de Evo Morales no firmó ningún proyecto en este campo estratégico.

Otro socio destacado de Bolivia en el litio es Alemania, a través de la empresa ACI Systems, que participa en una inversión de poco más de 1.300 millones de dólares en proyectos en el salar de Uyuni, el más grande del país, que incluye la fabricación de baterías de ion-litio para la industria automotriz germana. El acuerdo se firmó en diciembre de 2018. Sin embargo Evo Morales decidió de cancelar el acuerdo con ACI Systems a raíz de fuertes protestas de la población en Potosí. Menos de una semana después se dio el golpe de Estado en Bolivia.

En síntesis, Evo Morales administraba proyectos opuestos a los intereses norteamericanos, que beneficiaban a los intereses multipolares opuestos a los norteamericanos, y  por ello estos actores e intereses planificaron e impusieron el golpe de estado. No es extraño en este contexto que dos de los principales actores en la geopolítica mundial  multipolar, Rusia y China, sentaron posición de forma contundente posicionándose en contra de la avanzada de ultraderecha que derrocó a Evo Morales.

Un Golpe de Estado contra Sudamérica en Bolivia

Asistimos en estas horas a presenciar el golpe continentalista financiero-sojero contra Bolivia. Los intereses y fuerzas continentalistas desde Washington han coordinado y planificado este golpe de Estado que tiene objetivos que van más allá de Bolivia y el derrocamiento de Evo Morales. Operación golpista aún en proceso, porque aún no logro imponerse ni institucionalizarse. Por otro lado, las oligarquías locales sojeras-gasíferas-mineras, y sus facciones asociadas de fuerzas policiales, parapoliciales, militares y paramilitares bolivianas y extranjeras, son la base de apoyo en el terreno de esta oligarquía financiera continental norteamericana cuya referencia es el estado profundo oligárquico en el Partido Republicano, auto-nombrados como: Tea Party[9].

Esta Oligarquía Continentalista norteamericana en proceso de declive estratégico desde 1994-2001, se encuentra ella misma en una situación de pérdida de poder internacional. Que monopolizo en el área occidental del Bipolarismo que se impuso desde el fin de la segunda guerra mundial en1950. Esta situación de declive estratégico en lo económico y cultural, lleva a que haga uso de la fracción del poder militar –en sentido extenso- que aún controla en EEUU, para forzar de modo militar y paramilitarmente, lo que no puede ganar en el terreno de la competencia económica ni en el terreno de la democracia política.

Teniendo en claro lo anterior, es muy importante tomar nota de estas oligarquías locales, en el marco del esquema continentalista norteamericano, por su capacidad económica y agresividad contra la vida humana y de la naturaleza para defender su posición de privilegio. Esta agresividad por la acumulación de dinero, por consolidar su posición financiera y defender sus intereses frente a los pueblos, incluso hoy aún más frente a las amenazas de la oligarquía global, y de otros actores estratégicos como son las inversiones chinas, alemanas y rusas en Sudamérica. Una amenaza que apunta más a la oligarquía norteamericana que para las oligarquías locales, pero dan muestras que aún siguen atadas a sus viejos patrones y acuerdos. La amenaza que significan los primeros pasos en la consolidación del gobierno de López Obrador, el triunfo electoral de Alberto Fernández en Argentina y la libertad de Lula en el Brasil, encendió las alarmas financieras, el miedo y el odio, lo cual movilizó y aglutinó a estas oligarquías detrás de la estrategia golpista norteamericana.

Tomar el control de Bolivia es clave por su posición de centro geográfico en Sudamérica. Además Evo, había avanzado en la recuperación de soberanía militar cuando cerró las bases militares y expulsó a los Organismos-ONG´s paramilitares de Bolivia, ambos financiados y bajo control dominante del continentalismo norteamericano con centro en Washington.

Bolivia también es clave porque posee grandes reservas de gas natural que es la energía barata y limpia que Argentina y Brasil necesitan para hacer funcionar sus usinas generadoras de energía eléctrica, para los secaderos de semillas, las empresas industriales, universidades, escuelas y para la calefacción de las casas de familia, etc. El golpe impacta en Argentina y Brasil y en los actores económicos estratégicos que tienen sus inversiones realizadas: Shell, Chevron, China, Rusia, locales, etc. Sin embargo más clave aún es el litio, un mineral clave para el desarrollo de baterías y en todas las nuevas tecnologías de comunicación, transporte y banca.

Por todo esto, el Continentalismo norteamericano-Washington en declive estratégico, desde su perspectiva, no tuvo otra opción que usar todo su poder, poner todo lo que tiene para volver a controlar Sudamérica. Porque retomando el control de Sudamérica desde México (donde fue responsable de la operación de falsa bandera con el asesinato de las familias mormonas que ingresaban de Estados Unidos a México, para justificar una intervención directa militar contra “los narcos”, que es la bandera-falsa que legitimaria que México no controla el problema y que Trump es incapaz de resolver ejecutivamente) hasta Brasil y Argentina puede retomar el control directo sobre las reservas estratégicas de petróleo y gas, además de hacerlo también con la producción de agro-alimentos, subordinando la gran producción de soja y carne porcina a su decisión. Porque al lograr el control de la Energía y los agro-alimentos puede “jaquear” a China, Rusia, India, Alemania, Francia y vale subrayarlo también a los globalistas de Nueva York, Londres, y Hong Kong.

Los puede condicionar porque controlaría las principales reservas de energía subordinando a México y Venezuela, las principales producciones de soja y carne de cerdo al controlar desde Brasil y Argentina pasando por Bolivia, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, también porque controlaría los pasos bioceánicos por Panamá y por el Sur el de Argentina-Chile (acá aún necesitaría la caída de Piñera–Luksic) y los diferentes canales secos de transporte por trenes bioceánicos.

Esto le daría al Continentalismo Norteamericano márgenes de fuerza para negociar y ganar el tiempo que no tiene, pero corre el peligro de que su fuerza basada en las oligarquías locales (sojera, gasífera, litio, cobre, etc.) se des-conecten. Porque estas oligarquías locales quieren dólares y, por ello, luego van o no a la guerra. Y el dólar tiene un futuro muy incierto ante el avance de la desdolarización en el mundo y sobre todo en Oriente. Las oligarquías locales de Sudamérica son heterogéneas en su constitución e intereses y todas buscan maximizar sus negocios y EEUU como su socio tiene cada vez menos que ofrecer.

Hoy Washington, la oligarquía continental norteamericana, por la fuerza trata de ser garante-Leviatán de que van a poder enriquecerse las oligarquías locales que lo sigan. Pero Washington es una oligarquía en declive, que pierde poder porque en su capacidad económica-tecnológica-científica ya quedo debilitada y por ello retrasada. Esto sucedió entre 1970-2008 cuando las principales transnacionales norteamericanas se fueron de EEUU, se deslocalizaron al Asia ya desde hace más de 30 años y la producción mundial ya no tiene centro en EEUU sino en Asia, y desde allí se exporta al mundo. Washington sí puede hacer un acto de fuerza, golpes de estado por medios militares, paramilitares, policiales y parapoliciales; pero ya no puede imponer por mucho tiempo su dominación. Porque no puede poner fuerza, diversidad y continuidad a su dominación, sumándole desarrollo económico, político, cultural y estratégico a nadie.

Esto sí puede hacerlo el Globalismo financiero desde los gobiernos financieros de las cities financieras en los Bancos Centrales en el Asia pacifico con centro en Hong Kong y Shanghái, más la red global de cities financieras como Nueva York, Londres, Bombay, Tokio, Seúl, San Pablo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etc. Y también puede hacerlo el multipolarismo estatal-industrial nacional-en-lo-pluriversal desde los gobiernos políticos elegidos democráticamente de China, India, Rusia, Sudáfrica y la Unión Africana, y Brasil-México-Argentina Unasur/Celac.

El continentalismo norteamericano sí puede imponer actos y movidas de fuerza (Militar/Paramilitar-Policial/Parapolicial) pero ya no tiene el poder económico-científico-tecnológico, ni el poder estratégico para poder imponerse legítimamente desde lo económico, político y cultural.

Washington no puede ya irradiar o exportar democracia, ideales, bienes, tecnologías, ciencia, cultura y paz. Hoy solo puede exportar golpes, muerte, miedo, guerra, peligro, desocupación, drogas, incluso dentro de EEUU. Su declive ya es claro cuando su caída y descomposición es cuestión de tiempo y no mucho tiempo, proceso que llamamos perestroika norteamericana que ya comenzó.

Bibliografía consultada

Alfredo Jalife Rahme, Revelan plan de Estados Unidos para el golpe en Bolivia: nombres y apellidos, rol de la Embajada y países vecinos, www.contrainfo.com 13 de noviembre de 2019

Caitlin Johnstone, MSM Adamantly Avoids The Word Coup In Bolivia Reporting, Zero Hedge, 11 de noviembre de 2019.

GOLPE EN BOLIVIA, China y Rusia salieron a repudiar el golpe de Estado en Bolivia, www.eldestapeweb.com 11 de noviembre de 2019

Bolivia y China se asocian en proyecto de litio que profundiza alianza estratégica, Sputniknews, 6 de febrero de 2019

Marco Teruggi, US backed coup Deposes Evo Morales in Bolivia, Global Research, 11 de noviembre de 2019

David Bollero, Golpe de Estado de manual en Bolivia, https://blogs.publico.es/, 12 de noviembre de 2019

Sergio Pascual, Bolivia, chispa y gasolina para un Golpe de Estado, www.blogs.publico.es, 12 de noviembre de 2019

Denuncian que Estados Unidos hackeó Sistema Electoral de Bolivia, http://www.radioreloj.cu/es/ 11 de noviembre de 2019

Andrew Korybko, El golpe militar contra Morales no pondrá fin a la guerra híbrida en Bolivia, Global Research, 11 de noviembre de 2019

Eoin Higgins, Bolivian Coup Comes Less Than A Week After Morales Stopped Multinational Firm’s Lithium Deal, www.silverdoctors.com, 14 de noviembre de 2019


[1] El alto mando militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia leyó un comunicado en el que sugieren al presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, renunciar a su cargo obtenido a las urnas electorales en 2014. https://www.telesurtv.net/news/fuerzas-armadas-sugiere-renuncia-evo-morales-bolivia–20191110-0026.html

[2] El candidato opositor Carlos Mesa exigió nuevos comicios, a partir del informe que compartió el Tribunal Supremo Electoral. https://viapais.com.ar/argentina/1397337-la-auditoria-oficial-califico-a-las-elecciones-en-bolivia-como-viciadas-de-nulidad/

[3] informe revela que EEUU hackeó sistema electoral el 20 de octubre. https://www.primeralinea.info/informe-revela-que-eeuu-hackeo-sistema-electoral-el-20-de-octubre/

[4] https://www.primeralinea.info/informe-revela-que-eeuu-hackeo-sistema-electoral-el-20-de-octubre/

[5] http://www.ojosparalapaz.com/sobre-los-ciberactivistas-y-la-primaveras-arabes/ ; https://www.globalresearch.ca/libano-2005-2015-de-una-revolucion-de-colores-a-otra/5483189

[6] Diez reglas básicas para toda buena revolución pacífica. https://elpais.com/internacional/ 2015/05/26/actualidad/1432630424_103333.html

[7] El Estado Islámico, ISIS o Daesh, fue creado por la CIA, el MOSSAD y el MI6 para reventar a Siria. Ver mas: http://iela.ufsc.br/noticia/24-cosas-sobre-isis-y-al-qaeda-que-no-quieren-que-sepas

[8] Las estimaciones preliminares establecen que el inmenso mar de sal de Uyuni concentra más del 60% del litio que existe en el mundo, al recordar que tiene 10.000 kilómetros cuadrados en la región andina de Potosí (suroeste). La empresa SRK concluyó el estudio del «modelaje numérico hidrogeológico» del salar de Uyuni, para lo cual se realizaron perforaciones de pozos de 50 metros de profundidad en una extensión que alcanza al 64 por ciento de la planicie del desierto salado. https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bolivia-consolida-su-posicion-como-la-mayor-reserva-de-litio-del-mundo

[9] GEOPOLíTICA DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL – Clacso; https://www.clacso.org.ar › contador › sumar_pdf,  http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_1686.pdf

El odio al indio

Álvaro García Linera / https://www.celag.org/

El fascismo, el odio racial, no sólo es la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

16 NOVIEMBRE, 2019

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Publicado por https://www.celag.org y compartido con SURCOS por Carmen Chacón y Vania Solano.

Wiphala, símbolo de la cosmovisión de los pueblos originarios y su vínculo con la Pachamama.