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Etiqueta: democracia

CUT de Chile se pronuncia ante acuerdo partidario por nueva Constitución

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE CHILE

CUT

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Central Unitaria de Trabajadores, frente al anuncio durante la madrugada del día de hoy del “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” entre algunos partidos políticos de Oposición y Chile Vamos, señalamos lo siguiente:

1.- Todo aquello a lo que han debido obligarse los partidos hoy, ha sido fruto de la movilización. El anuncio, denominado “histórico”, no refleja más que el deber moral de una institucionalidad política que durante décadas -primero por efecto del Sistema Binominal y luego por la falta de convicción de las mayorías de impulsar sus propios compromisos de campaña- se había negado a enfrentar de manera decidida la necesidad de cambios profundos en nuestro país.

2.- Lamentamos que se intente reivindicar estos avances como un triunfo del pueblo, cuando no ha habido una sola palabra sobre el rol del movimiento social organizado en este avance. Mientras se repudia en toda su magnitud los hechos de violencia y se nos asigna, interesadamente, una responsabilidad en ello a los actores que nos hemos movilizado, se le resta la misma fuerza al respeto a los Derechos Humanos y la condena a la violencia de la que han sido objeto poblaciones enteras. Hacemos un llamado a los parlamentarios a aclarar si se perseguirán o no los responsables de estas violaciones.

3.- A dos semanas, al menos, de haber entregado a los partidos de Oposición el Pliego de los Trabajadores y Trabajadoras de Chile, ningún partido hasta el día de hoy ha dado respuesta a lo señalado ahí́. La ausencia de diálogo con los actores sociales organizados no solo le resta legitimidad al acuerdo alcanzado es, además, una preocupante señal de defensa corporativa de la institucionalidad que los cobija. Nos preguntamos, legítimamente, si este acuerdo se construye con la convicción de superar la desigualdad y los abusos o si es más bien un balón de oxígeno para un Congreso en crisis.

4.- A nuestro juicio, la única manera de contar con las garantías de que este acuerdo se construye desde el genuino convencimiento de avanzar en transformaciones profundas, es sumar al reconocimiento de que debe ser el pueblo quien decida el mecanismo sobre el cual debatir la nueva Constitución Política; una agenda realmente social, donde las prioridades sean: Un Plan de Protección al Empleo, Salario Mínimo de 500 mil pesos líquidos, Pensión Mínima igual al Salario Mínimo propuesto, gratuidad en el transporte a estudiantes y adultos mayores, entre otros. La única manera de construir un proceso constituyente con mínimos de confianza es asumir una Agenda Social potente, que responda a lo que la ciudadanía espera y que nos dé esperanzas a todos que vienen tiempos reales de cambios.

5.- Sabemos que nos jugamos en el Plebiscito el real carácter histórico de este acuerdo y no seremos neutrales ante este desafío, pero hacemos un llamado, tal como está́ planteado para el proceso ratificatorio, a hacer obligatoria la participación en este Plebiscito de Entrada, así como a realizarlo con celeridad. La ciudadanía espera que el Plebiscito sea con urgencia y no puede esperar hasta el mes de abril.

6.- Hacemos un llamado a nuestras estructuras y afiliadas a estar en estado de alerta. Se ha logrado un paso muy significativo al reconocer hoy el camino Constituyente como el camino para construir una nueva Constitución; pero el movimiento sindical representado en la CUT, no está́ disponible para aceptar que ello sea a costa de un acuerdo en el Congreso para legislar una agenda anti derechos, como la que se encuentra hoy en el Parlamento o una Agenda Social mezquina -como la propuesta por el Gobierno- y sin una clara posición de los partidos de condena frente a las muertes, violaciones a hombres y mujeres, violencia contra niños, niñas y adolescentes, perdidas de visión, danos oculares y los miles de detenidos y golpeados en las marchas y poblaciones de nuestro país.

La verdadera paz social se construye con justicia social, pero parte por la condena y el NO a la impunidad frente a los apremios vividos en estos 28 días de movilización.

COMITÉ EJECUTIVO CUT – CHILE

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT

Compartido con SURCOS por Rodrigo Aguilar Arce

Fotos: http://www.colegiodeprofesores.cl/

¡A fundar el poder popular!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Luis Ángel Salazar Oses (*)

A quienes la frase les parezca un anacronismo extraído de los viejos textos del marxismo, del leninismo, del maoísmo o del guevarismo, por lo que a estas alturas no tiene vigencia alguna, me permitiré aclararles que nace de un texto muy costarricense, que es parte fundamental de la Ley Número 8364 del 15 de julio del 2003. Publicado en la Gaceta Número 146 del 31 de julio del 2003 y que forma parte esencial del párrafo primero del Artículo noveno de nuestra Constitución Política vigente que, como saben, reza: “El Gobierno de la República es POPULAR, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo, y responsable. Lo ejercen EL PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”. (Con mayúscula los conceptos que enfatizo). Es evidente que este párrafo tiene como propósito fundamental el de que, con su puesta en práctica, nuestra mítica democracia, se transforme en real DEMOCRACIA mediante la cual el “démos” (pueblo) se convierta en “krátos” (autoridad suprema). Dicho en lenguaje más coloquial, lo que se pretende es que nuestro Pueblo, recupere su finca-patria -que por cierto ha construido en su totalidad con su esfuerzo cotidiano- y que le ha sido usurpada, mediante todo tipo de mentiras y malas, artes por una reducida “argolla” nacional en complicidad con sus compinches extranjeros.

Este despojo se ha empezado a desarrollar desde la Colonia misma y, a partir de la Independencia de España, no ha hecho más que consolidarse. De esta manera, cuando el país al independizarse necesitó crear su propio gobierno, la élite sin oposición alguna montó, con gentes de su plena confianza y fidelidad, todo el aparato administrativo del naciente país, conformando así su Estado con sus empleados públicos, que hasta hoy han sido financiados, junto a las funciones que realizan, en su totalidad y en última instancia, por el Pueblo trabajador, honesto, solidario y esforzado. El Estado costarricense jerárquicamente se constituyó desde entonces así: sus dueños -los grandes ricos nacionales y sus cómplices transnacionales-; sus administradores integrados como Poder Legislativo, Ejecutivo y el Judicial, coadyuvados muy eficientemente por su fiel cómplice la religión en particular la católica y todos los demás recursos, tanto de manipulación ideológica como de coerción y represión social y, como fuerza de trabajo, el Pueblo en general. A fin de consolidarse en el Poder, cínicamente la élite hegemónica bautiza a su Estado como “Democracia Representativa” en la que el Pueblo es “legalmente” desplazado del poder real, como se comprueba con solo leer atentamente estos párrafos constitucionales:  “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio” (Artículo 105 constitucional) y, a la vez, “El Poder Ejecutivo lo ejerce, en nombre del Pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores” (Artículo 130 constitucional) y, para colmo, “El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley.” (Artículo 152 Constitucional) siendo, que “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.” (Artículo 158 Constitucional). ¿Puede el Pueblo tomar todos estos poderes, es decir, el Gobierno patrio? Teóricamente si: “Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República” … (Artículo 98 Constitucional). La pregunta lógica aquí es ¿por qué nunca un partido realmente del, por y para el Pueblo ha podido tomar el Poder en Costa Rica, siendo un proceso tan simplemente descrito por este último artículo?

Si bien es cierto constituir un partido político es teóricamente bastante fácil (ver www.tse.go.cr/pdf/normativa/constitucion_inscripcion_pp.pdf ), la realidad es muy diferente cuando el naciente partido sinceramente asume la tarea de luchar por la defensa, el fortalecimiento y la ampliación constate de los legítimos Derechos laborales y Humanos en general de nuestro Pueblo pues, en estos casos, los obstáculos se van haciendo cada día más difíciles de superar, conforme se avanza en su constitución legal, su inscripción, su instalación, su funcionamiento y, se convierten en infranqueables en cuanto a adquirir los votos necesarios para alcanzar un total triunfo electoral, veamos por qué: los grandes ricos nacionales e internacionales que hoy ostentan el poder, históricamente han establecido muy efectivos mecanismos para mantener incólume su hegemonía tales como, la religión fanática, la educación domesticadora, los grandes y más populares medios de información, la cultura oficial -que incluye el manejo de tradiciones, mitos, costumbres, en fin, el folclore en general-, las tradiciones familiares, el ordenamiento jurídico, la “politiquería”, los sindicatos pro patronales, etc, etc. Y, si estos recursos fallan pues aplican todo el aparato represivo del Estado que, como decíamos. está concebido para ser quien imponga, aplique y mantenga sus leyes mediante sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y particularmente Judicial con su Sala Constitucional incluida y, en materia electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué hacer entonces? La respuesta es simple de plantear, pero requiere que como Pueblo despertemos, nos informemos, nos unamos, nos organicemos, nos empoderemos, nos movilicemos y nos troquemos, en supremo acto democrático, en Poder Popular.

Creemos que, con un ejemplo simple, práctico y de plena vigencia hoy día, podemos aclarar y, más aún, empezar a realizar lo que proponemos. En febrero del 2020, nuestro Pueblo está convocado para elegir sus gobiernos locales. para tal propósito tenemos dos caminos: constituirnos e integrarnos en partidos políticos lo que significa separarnos y pelearnos estúpidamente entre nosotros, que es lo que la argolla hegemónica quiere -“divide y vencerás”- o, en Poder Popular; sigamos esta última vía, en todos nuestros cantones, distritos y caseríos hay Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADC) y educadores. Pues bien, presionemos como Pueblo para que la Unión Cantonal respectiva, unida a las organizaciones magisteriales y con el aporte de la ciudadanía en general, elaboren el Programa de Gobierno que deberá ejecutar, sean quienes sean, la nueva Alcaldía y el nuevo gobierno municipal pues, de no hacerlo el Pueblo y sus organizaciones, le presionarán hasta que lo cumpla o les destituyan mediante los procedimientos establecidos. ¿Es muy difícil elaborar este Plan de Trabajo? Pues no ya que todas las ADC por ley, deben tener su propio Plan de Trabajo, que recoge los problemas más importantes de su jurisdicción y cómo resolverlos así, el Plan de Gobierno para la Alcaldía será, simplemente, un resumen de los Problemas y Soluciones más importantes de cada Plan de trabajo de las ADC, a los que se agregarán las de otros grupos sindicales, deportivos, estudiantiles y cívico-culturales en general del respectivo cantón. Evidentemente el sector gremial magisterial con sus diferentes organizaciones tendrá una participación, por razones obvias fundamental. De esta manera el Pueblo queda unido, despierto, informado, organizado, empoderado, movilizado y conformado en Poder Popular soberano, como lo pide, reiteramos, la auténtica Democracia.

Dentro de pocos años, con simple coordinación, la soberanía popular se extenderá por todo el país, de manera tal que no volverá a ser el Pueblo esclavo al servicio de las argollas sino amo y señor de nuestra Finca-Patria rescatada y de sus servidores públicos. Sin violencia, sin víctimas y sin menoscabar la DEMOCRACIA sino llevándola a su máxima expresión. A corto plazo y para cimentar cada vez más este Poder, deberemos diluir ese dominio absoluto hoy monopolizado por las élites y, al hacerlo, consolidaremos para siempre la auténtica democracia. ¿Cómo diluir este dominio? Recordemos que se entiende por “diluir” a la acción de deshacer un cuerpo o sustancia en un líquido hasta que sus partículas queden incorporadas a dicho líquido, pues bien, el “cuerpo” a diluir es el dominio y el “líquido” es el Pueblo. Para empezar, se deben desconcentrar las actividades económicas y descentralizar la administración pública, ubicándolas en polos de desarrollo científicamente distribuidos por todo el país, manteniendo incluso la misma organización política que hoy se tiene por distritos, cantones, provincias y regiones, eso sí, fortaleciendo al máximo sus mismas organizaciones populares de base, para lo cual es indispensable aplicarles la misma receta de participación de un Pueblo, reiteramos, cada vez más EMPODERADO esto es, con las “partículas de poder” activadas al máximo controlando soberanamente su país del que, ahora sí, será su dueño en pleno. Así, el legítimo anhelo de construir, vivir y disfrutar una sociedad conformada por seres humanos integralmente felices, fraternales, justos y desarrollando todas sus potencialidades, en medio de una Naturaleza inteligentemente protegida, dejará de ser una utópica tentación y será nuestra cotidiana realidad.

(*) panga07@gmail.com

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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En los laberintos de la gran mentira. Segunda parte

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El hecho de que la inmensa mayoría de los grandes diarios, estaciones de radio y televisoras de todos los países de nuestra área continental estén controlados (y sean propiedad de…) por los engranajes de una gran maquinaria mediática, al servicio del capital financiero y de unas cuantas transnacionales, pero también del expansionismo imperial estadounidense, del que han llegado a ser meros apéndices, ha tornado imposible no sólo el más elemental ejercicio democrático, sino también la certeza de que lo que se dice corresponde o no a la realidad, lo que implica que podríamos estar sumergidos en un universo imaginario donde lo ficticio se ha enseñoreado sobre lo real.

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En los laberintos de la gran mentira. Primera parte

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El tema de la propiedad sobre los llamados medios de comunicación social, las modalidades que asume el ejercicio del periodismo y la posibilidad de contar con el derecho real a ser informado, de la manera más amplia y objetiva  que sea posible, requiere al menos de la probabilidad cierta de acceder, tanto a las distintas fuentes informativas como al conocimiento de las opiniones de todos los protagonistas políticos y sociales, provenientes de los diferentes bandos que intervienen en un determinado conflicto.

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CLACSO llama al diálogo y rechaza injerencia externa en Venezuela

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) expresa su más profunda preocupación por la escalada de violencia e intervención extranjera que está viviendo Venezuela y manifiesta su voluntad de contribuir a una solución pacífica, consensuada y democrática que involucre a todos los sectores en conflicto y tenga como prioridad el bienestar del pueblo venezolano escuchando atentamente las necesidades y la voluntad popular.

El país atraviesa una profunda crisis política, económica y social. Estamos seguros que la superación de esta crisis no vendrá de la mano de la intervención extranjera, de sanciones económicas o políticas ni de la vulneración del orden institucional, sino de un diálogo inclusivo, plural y democrático que parta del respeto de los derechos humanos y del reconocimiento de los problemas que Venezuela atraviesa.

Es indispensable retomar el diálogo sin aceptar injerencias que generen mayores tensiones para las y los venezolanos y degraden sus condiciones de vida. Venezuela no necesita la intervención extranjera ni la vulneración de su soberanía, sino solidaridad y apoyo para superar la crisis con sus propias herramientas y mecanismos constitucionales vigentes.

Asimismo, manifestamos nuestra defensa irrestricta del derecho a la protesta y a la manifestación pública sin que eso genere el uso de la fuerza desde ningún sector. Garantizar la vida de todas y todos los venezolanos debe ser la prioridad.

Estamos con la paz. Rechazamos la injerencia externa. Estamos con el diálogo, con la vida y con la democracia. Con una democracia que se nutre y alimenta de la diversidad y de la divergencia política y que cobra sentido cuando posibilita la lucha por la igualdad y la garantía de todos los derechos.

Ante la ausencia de la negociación, los riesgos de escaladas de violencia se incrementan. El camino debe ser el de la paz y el del respeto a los principios de no intervención, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Hoy, más que nunca, estamos con el diálogo, el bienestar y la paz para el pueblo venezolano.

Comité Directivo

Secretaría Ejecutiva

CLACSO

24 de enero de 2019

 

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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De nuevo el sueño de la razón sigue produciendo monstruos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(Parafraseando a Francisco de Goya, el gran pintor español de hace dos siglo)

Rogelio Cedeño Castro

Desde que el profesor Juan Bosch(1909-2001), el insigne político y escritor dominicano, quien fuera probablemente uno de los hijos más ilustres de ese país, publicó en 1966 su libro LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA DE AMÉRICA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, la supervivencia misma de la precaria institucionalidad democrática de nuestra región no se había visto tan amenazada por la presencia del autoritarismo, la insensatez, el delirio y la pérdida de contacto con la realidad de que están dando muestras buena parte de las élites políticas latinoamericanas: los países del Grupo de Lima al desconocer la legitimidad del gobierno venezolano han dado un paso muy peligroso, el que puede llegar a tener las proporciones de un alud de desgracias para toda la región por el nefasto precedente que han sentado.

El hecho de que 43 diputados de la pacífica, y presuntamente democrática Costa Rica, hayan decidido desconocer la legitimidad del gobierno de otro país latinoamericano, en este caso el de Venezuela, nos sitúa en medio de una escena surrealista, y nos retrotrae a los peores tiempos de la guerra fría, con su nauseabunda dualidad entre un presunto comunismo-socialismo que nunca pasó de ser un capitalismo de estado autoritario y unas autoproclamadas democracias, tan raquíticas como autoritarias en lo que al respeto a los derechos humanos se refiere, además de ser excluyentes en cuanto a la satisfacción de las necesidades de las mayorías populares de la región, con unos gobernantes, no importa si civiles o militares, que valiéndose de un grotesco y mal articulado discurso anticomunista, que casi lindaba con el fascismo, justificaron la comisión de los peores crímenes y llevaron a cabo un sistemático exterminio de disidentes políticos, el que alcanzó proporciones dantescas en los casos de Guatemala, Argentina, El Salvador, Chile, Nicaragua, Paraguay y otros en los que las violaciones a los derechos humanos eran el pan cotidiano.

No podemos olvidar que fue en aquel entonces, y cuando acaba de ser invadida la República Dominicana, en el mes de abril de 1965, para impedir el regreso del único presidente democrático que tuvo ese país durante el siglo anterior, que la guerra fría estaba en todo su esplendor, llevando al profesor Juan Bosch a tomar distancia con las posiciones complacientes, de la llamada izquierda democrática de la región, hacia los cada vez más audaces y cínicos desmanes imperiales de la Casa Blanca de Washington, desde donde se miraban de reojo las políticas reformistas o redistributivas de la riqueza de algunos países. Hoy en cambio, el viraje a la derecha es de tal magnitud que, el sólo hecho de hablar de políticas sociales y beneficios para las mayorías de la región es un delito, cuando no un signo de ser una creatura delirante, un partidario del maldecido populismo que se cultivaba por entonces, como reflejo de la modalidad rooselveltiana de las políticas económicas keynesianas de entonces, las que llevaron a crecer la economía y el bienestar de grandes sectores de la población, lo que para la derecha de hoy, sin vocación democrática alguna, y arrepentida de sus veleidades reformistas o socialdemócratas, constituye una abominación. La hora de la ofensiva final contra los derechos de las mayorías ha llegado, casi sin darnos cuenta, siempre con la resistencia de las organizaciones populares, la única herramienta con que cuentan y que tendrán de preservar de múltiples asechanzas».

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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La hora cero de la democracia en América Latina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

 

Los países integrantes del grupo de Lima actuando, de manera ilegítima, en contra de la soberanía de Venezuela y de la legitimidad que se desprende del funcionamiento de su institucionalidad, en tanto nación soberana, que como bien sabemos se rige por la normativa de su ordenamiento jurídico interno, nos han conducido a un escenario que recuerda los peores tiempos de guerra fría(no sabemos si estos gobernantes tienen conciencia de la gravedad de estos hechos), cuando la OEA se limitaba a obedecer los mandatos de Washington, con los alegatos del tan cacareado y cínico anticomunismo de entonces, especialmente en relación con la invasión mercenaria a Guatemala, ocurrida en 1954 y el desembarco de cuatro mil infantes de marina estadounidenses en la República Dominicana, con el propósito de impedir el restablecimiento de la democracia en ese país, tarea que había sido emprendida por los militares constitucionalistas de 1965, quienes buscaban revertir el golpe de Estado de septiembre de 1963 con el que se había derrocado al profesor Juan Bosch, el único presidente democrático de verdad que tuvo la República Dominicana, a lo largo de todo el siglo XX. Ningún país está autorizado a desconocer los mandatos de la constitución política de otra nación latinoamericana.

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela carece de un mandato específico para destituir al presidente de esa nación, lo que pretendieron hacer los diputados opositores, en enero de 2016, cuando después de haber obtenido la mayoría, en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, como un hecho esencial que se convirtió en el error estratégico de una oposición, cada vez más controlada por sectores de la ultraderecha que sólo responden a decisiones foráneas, y han demostrado carecer de propuestas políticas sólidas como para lanzarlas como alternativa, a las del gobierno de Nicolás Maduro. Se farrearon el capital político ganado entonces y perdieron la iniciativa frente al poder ejecutivo y el judicial que declaró en desacato a la Asamblea Nacional, a partir del momento en que los integrantes de la mayoría opositora se negaron a la realización de elecciones parlamentarias en el estado Amazonas, donde se habían registrado irregularidades, en los comicios de diciembre de 2015, han pasado casi cuatro años y estos nunca tuvieron lugar, entrabando todo el proceso legislativo al ir disminuyendo las posibilidades de un mayor pluralismo y ejercicio democrático efectivo en una sociedad, que por sus graves problemas, así lo requiere, de manera imperativa.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, aprobada por amplia mayoría por los electores en unos comicios convocados, a mediados de 2017, acabó de deslegitimar a una Asamblea Nacional como la actual, cuyo período vence a finales de este año 2019 y terminó de empañar toda su gestión al desconocer el mandato de las elecciones presidenciales de mayo del año anterior, en las que la mayor parte de la oposición se negó a participar, resultando electo Nicolás Maduro Moros para un nuevo período presidencial que se inicia este 10 de enero y hasta el año 2025.

El reconocer estos, y otros hechos recientes ocurridos en Venezuela, ni siquiera implica una toma de posición sobre la política interna de ese país, sin embargo así será asumido pues ese gobierno fue condenado a su derrocamiento desde hace veinte años, por lo tanto quienes no asumamos el rol de repetidores de lo que diga la gran mayoría de la prensa y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya recibimos nuestra sentencia: se nos condena a ser chavistas ad perpetuam, no importa lo que aleguemos, debiendo aceptar todas las altisonantes admoniciones que se nos lancen, ya sea desde la llamada izquierda con todas sus sectas, o desde la poco democrática derecha, como también del limbo del llamado espectro político regional.

Pese a esto, debo insistir en que carece de toda legitimidad y legalidad la descalificación sistemática que algunos medios de comunicación, y comentaristas oficiosos de todo pelaje, han lanzado sobre esas elecciones venezolanas, las que han sido mucho más democráticas, en términos de garantías para todos los participantes, que las han tenido lugar recientemente en países como Paraguay, cuyo gobierno de dudosa legitimidad afinca sus raíces en un golpe de estado parlamentario, ocurrido en junio del año 2012, contra el presidente Fernando Lugo; Honduras, con un régimen que surgió del golpe de estado, militar y parlamentario, de junio de 2009, contra el entonces presidente Manuel Zelaya, donde el fraude electoral de noviembre de 2017 aseguró la continuidad del dictador Juan Orlando Hernández (JOH); Argentina donde la derecha se aseguró el poder ejecutivo mediante una truculenta campaña de prensa en un país donde casi todos los medios están bajo su control; Colombia, donde mediante la intimidación el uribismo impuso a su candidato Iván Duque, un país donde se han saboteado los acuerdos de paz y han continuado los asesinatos de dirigentes sociales y opositores; el Perú, donde casi todos los expresidentes del régimen se encuentran en la cárcel, o sometidos a juicio por graves actos de corrupción, un país que es la sede del grupo de Lima y cuyo presidente Martín Vizcarra se encuentra en una precaria posición. Podríamos seguir con la lista y no quedaría un solo gobernante en esta parte del mundo…el caso de Brasil es el más insidioso de ellos con los manipulados comicios de octubre, los que llevaron a Jair Bolsonaro a la presidencia de la república, un connotado enemigo de los bosques de la amazonía, cuya protección ya ha reducido y hasta de los derechos que la legislación laboral le otorga a los trabajadores brasileños, amén de otras desgracias ya anunciadas.

Los parlamentarios, ya sean diputados o senadores en cualquier nación latinoamericana o europea, carecen de un mandato y de una legitimidad suficiente como para desconocer la de los gobernantes de otro país. El caso de los 43 diputados de Costa Rica es patético por la ignorancia e incondicionalidad hacia los mandatos de la ultraderecha que sus integrantes han mostrado. Si en Venezuela las sectas ultraderechistas como Primero Justicia y Voluntad Popular han suplantado a los viejos partidos como Acción Democrática, de filiación socialdemócrata y COPEI, socialcristiano llevándolos a cometer las insensateces más grandes, en Costa Rica el Partido Liberación Nacional(PLN), que renegó de la socialdemocracia hace mucho tiempo, y el Partido Unidad Socialcristiana(PUSC), que tuvo esa ideología como su norte, ahora se han convertido en meras sectas ultraderechistas, las que marchan sin rumbo cierto de futuro alguno, dentro de un presunto gobierno de unidad nacional, encabezado por el fallido Partido Acción Ciudadana (PAC), que en algún momento trató de retomar la ruta de la socialdemocracia, y finalmente terminó en una dramática conversión religiosa hacia los mandatos del credo neoliberal/neoconservador, los que observa fielmente desde el inicio la gestión del presidente Carlos Alvarado, hace unos pocos meses. La democracia de América Latina se encuentra hoy más amenazada que nunca, en medio de una oleada neofascista que busca aprovechar esta coyuntura para barrer, hasta los cimientos, las conquistas sociales y políticas que las grandes mayorías latinoamericanas habían obtenido durante el siglo anterior. La hora cero para la democracia en la región ha llegado…

 

Enviado por el autor.

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La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Tercera parte y final

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

De Jorge D. García: “Desde el año 1958, aprobada la ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, los docentes cotizamos sin interrupción para financiar nuestras pensiones. Sin embargo, esos dineros fueron destinados a gasto ordinario de los diferentes gobiernos, hasta 1995, año de creación del Régimen de Capitalización Colectiva de Pensiones Magisteriales. De fuente absolutamente confiable, y con referencia en mano, puedo informarle que la reserva resultante, si se hubiera creado un fondo de pensiones a partir de 1958 y hasta 1995, una vez canceladas las pensiones correspondientes, sería de aproximadamente 5 billones de colones (5 mil millones de colones, en valores de aquella época). Increíblemente, cuando en una ocasión se encaró a Hacienda al respecto, dijeron “que la ley no los obligaba a crear un fondo de pensiones” (¡). Pero la desgracia no termina ahí. La respuesta de las diferentes legislaturas a la presión que resulta de la ausencia de dicho fondo de pensiones, ha sido limitar y disminuir los beneficios de las pensiones del Magisterio, llegando al extremo de presentar en corriente legislativa, en las últimas semanas, proyectos que resultarían incluso en el cierre a futuro del sistema de pensiones del Magisterio. Y todo ello bajo premisas como de que el Magisterio “no cotizó para recibir tales beneficios” (Proyecto 21035 en corriente legislativa) ¿Amnesia histórica o simple ineptitud?”

Una vez impuesto el proyecto de ley 20580, aprobado en segundo debate por los integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, mediante el procedimiento de torcer brazos, tanto de los diputados (con el uso de toda clase de presiones, las que todavía no llegan al conocimiento público) como de algunos funcionarios del Poder Judicial, sobre todo en el caso de los magistrados de la Sala Constitucional o Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, quienes optaron por ignorar las graves violaciones al orden jurídico y constitucional del país, contenidas en ese expediente, el régimen de la dictadura en democracia, imperante en el país y su aparato mediático se afanan en declarar, de manera festiva, que han derrotado al movimiento cívico y social que se les enfrentó, con coraje y determinación, a lo largo de más de ochenta días de una huelga sostenida, sobre todo por los trabajadores de la educación y otros funcionarios públicos. Nada más falso que este alborozo, cuando bien sabemos que lo que sucedió es que esa costosa “victoria”, obtenida por la clase política del PLUSC y el oficialista PAC, ahora convertido en uno más de los integrantes de la coalición neoliberal-neoconservadora, las cámaras o sindicatos empresariales, y los grandes medios de comunicación colectiva, es algo que ocurre en momentos en que un gran sector de la población desinformado por ellos, todavía no se ha percatado de que las leyes contenidas en ese expediente, las que establecen medidas económicas de austeridad, y de restricción de los ingresos de los funcionarios del sector público, terminarán por afectar al conjunto de la economía: todo se resume en que no habrá crecimiento económico, sino todo lo contrario, una vez que se desplieguen esas políticas, a lo largo de los próximos meses y años. Entonces la llamada opinión pública, a semejanza de los vientos girará en otra dirección, con lo que las protestan también.

Envalentonadas por los detalles más visibles de esta volátil coyuntura social y política, las fuerzas de la reacción proclives hacia la conformación de un régimen totalitario, dentro del que la división de poderes no existe en modo alguno, como lo demostró la actitud evasiva y complaciente hacia los designios del Poder Ejecutivo que mostró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la que hacíamos referencia, en un hecho que ha sido calificado, en estos días, como un golpe de estado blando, por parte del filósofo y escritor Arnoldo Mora Rodríguez. Estas fuerzas sociales y políticas se preparan para una ofensiva total contra las conquistas históricas de los trabajadores, tanto en materia de sindicalización como en lo referente al derecho de huelga, como parte de una contrarreforma conservadora.

Mientras el capital financiero y sus adláteres se preparan para saquear los fondos de pensiones la opinión pública se indigna y estremece al conocer la lista de grandes empresas que durante una década, entre los años de 2008 hasta el 2017, reportaron haber tenido cero utilidades, dentro de lo que el economista Luis Paulino Vargas Solís calificó, como una hábil jugada financiera más propia de la elusión fiscal que de llamada evasión en sí misma, pues sostiene ese autor que: “1) El fraude fiscal grandote –como el de este tipo de empresas– es un fenómeno de “elusión” más que de evasión. O sea: se gesta en muy sofisticadas firmas de abogados y contadores, con la complicidad de grandes bancos. Mediante estrategias muy agresivas aprovechan cualquier pequeñísimo resquicio de la ley, para evitar el pago de impuestos. La “evasión” la hacen los pequeños, que simplemente caen –muchas veces por necesidad– en incumplimiento directo de la ley. Los grandotes recurren a mecanismos mucho más sofisticados y, por ello mismo, mucho más penumbrosos y retorcidos.”(Vargas Solís, 2018). Dicho de otro modo, la mentira y el terror mediático fueron las herramientas esenciales del régimen para imponernos el endeudamiento del país, ocultando la evasión e impunidad de la clase política y de un grupo de empresarios, entre ellos tenedores de títulos de la deuda pública, además de especuladores con el valor de la moneda nacional (la que sufrió una fuerte devaluación durante los últimos meses), por lo general cercanos a las altas esferas del poder político.

Después de muchas semanas satanizando la lucha del magisterio, y de otros trabajadores del sector público, cuando ya el plan fiscal pasó de la Asamblea Legislativa a las esferas de decisión del Poder Ejecutivo, resulta que los gobernantes y los dirigentes de los viejos aparatos políticos, no sólo se disponen a anular el Código Procesal Laboral y el código de trabajo, en sus disposiciones más esenciales, para de ese modo criminalizar la protesta social, sino que preparan sendos proyectos de ley(como es el caso del expediente 21035) para saquear los fondos de pensiones de los trabajadores del Poder Judicial y el Magisterio Nacional(régimen de capitalización, creado en los años noventa, después de que el reparto fuera saqueado por los gobiernos que se sucedieron entre 1958 y 1995), mientras que el de la Caja(Invalidez, vejez y muerte) y los regímenes complementarios están en constante riesgo por las maniobras del Poder Ejecutivo y la voracidad del capital financiero, sin que haya una respuesta enérgica además de una acción organizada por parte de la ciudadanía para contrarrestar los efectos de esas amenazas para las jubilaciones de las generaciones más jóvenes. Por todo lo anterior, no nos cabe duda alguna de que estos temas serán prioritarios en las agendas de lucha del movimiento social, durante los próximos años.

Esta huelga, sostenida sobre todo por los trabajadores de la educación, ha sido un hecho histórico bastante singular ya que puso a prueba la naturaleza del régimen político y de sociedad existentes en la Costa Rica del siglo XXI. Sin abandonar el discurso democrático los gobernantes, los dirigentes políticos, el aparato mediático y buena parte de la opinión pública se desenmascararon, mostraron su desesperación por imponer sus decisiones inconsultas en el orden de lo político y lo social, el autoritarismo se les salió hasta por los poros, acudiendo a muchas de las tácticas propias de los movimientos totalitarios del siglo anterior, pues no hay ya duda alguna de que a nuestras clases dirigentes les estorba la democracia, una fachada de la que aún no logran desprenderse del todo, pero que han venido sustituyendo por la llamada dictadura en democracia partiendo de que la presunta legitimidad otorgada por los electores equivale a un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana. Podríamos concluir manifestando que este fue apenas un episodio de una larga lucha que recién empieza, en la que los trabajadores y sus organizaciones sindicales mostraron su mejor músculo, en el futuro veremos como ellos mismos superarán sus acciones y su voluntad de resistencia, llevándolos hasta alturas todavía insospechadas.

s. Mediante estrategias muy agresivas aprovechan cualquier pequeñísimo resquicio de la ley, para evitar el pago de impuestos. La “evasión” la hacen los pequeños, que simplemente caen –muchas veces por necesidad– en incumplimiento directo de la ley. Los grandotes recurren a mecanismos mucho más sofisticados y, por ello mismo, mucho más penumbrosos y retorcidos.

2. Estos grandes defraudadores –y sus abogados y contadores– no tienen en empacho en justificarlo. “Es legal”, dicen, con toda su carota lavada y sin el menor temblor en la voz. Tal cinismo es quizá la mejor prueba de su espíritu delincuencial. Trajeado elegante y exquisitamente perfumado. Pero delincuencial al fin. Porque lo suyo consiste en una operación deliberada tendiente a “exprimir” la ley hasta el límite de sus posibilidades y mucho más allá. Y hacerla decir lo que jamás estuvo en el espíritu del legislador que dijera. Es una operación de fraude planificada con rigor y meticulosidad, y por ello mismo mucho más espernible.»

 

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La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Segunda parte

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Segunda parte

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

De Esperanza Tasies: “Hemos hablado públicamente contra Hacienda, hemos dicho que quienes están ahí, deben ser investigados por sus nexos con los tenedores de bonos y evasores porque un hecho cierto es que ahí podrán ver a quienes incriminar por este saqueo y chantaje al país”.

Esta huelga cívica y laboral, que han venido protagonizando los trabajadores del sector público, y sobre todo los que laboran en el sector de la educación de Costa Rica, durante un lapso de más de ochenta días, constituyéndose en una de las más largas de nuestra historia social más reciente, es ya un hecho histórico singular que nos ha dejado profundas enseñanzas, las que se harán sentir o podrán ser captadas con mucha más intensidad, en el largo y el mediano plazo, sobre todo por parte de quienes serán realmente las víctimas de la contrarreforma social, puesta en marcha por el gobierno, los partidos políticos y la clase empresarial, aunque muchos de ellos no logren entender todavía los sutiles hilos de la trama, los que habrán de evidenciarse, de manera brutal a lo largo de los próximos meses y años. Resulta innegable que esta ha sido una lucha contra viento y marea, en un medio en el que por desgracia muchas de las víctimas de lo que vendrá han terminado, por el momento, amando a los opresores y denostando en los peores términos, ante la carencia de argumentos sólidos, a quienes escogieron el duro camino de la lucha y la resistencia, razón por la que cabe destacar nuestro reconocimiento y respeto para estas gentes valerosas.

La estrategia de signo totalitario de los mencionados sectores sociales, destinada a aplastar cualquier foco de resistencia a sus políticas, se basa en una campaña ideológica muy bien montada, con la que han pretendido satanizar la figura de quienes trabajan en la función pública, haciéndole creer a un amplio segmento de la población, sobre todo entre la que habita en las áreas urbanas, una de cuyas características más esenciales es la de estar conformado por gentes que no tienen acceso a otras fuentes de información que no sean aquellas que, como los grandes diarios y noticiarios de televisión, por lo general en poder de los empresarios, han sido los eternos detractores de los movimientos huelguísticos y de las organizaciones sindicales, llevándolos a afirmar tercamente que son los salarios y beneficios que tienen estos trabajadores los que llevaron (o llevarán) al país y la economía nacional a una profunda crisis que, según afirman los voceros del régimen, se expresa en un abultado déficit fiscal(aunque las cifras del mismo sean presentadas, de una manera contradictoria, fragmentada y presentando variaciones intencionales, en diferentes momentos, llegándose a admitir la existencia de presuntos errores), el que según las élites del poder es preciso corregir o eliminar con un conjunto de medidas de política social y económica, cuando en realidad no solucionan nada al no atacar la elevada evasión y elusión tributarias, sino que lo que buscan es obtener la aceptación de los usureros internacionales para seguir endeudando al país, para en el mediano y largo plazo llevarlo a lo quiebra y someterlo a los dictados del Fondo Monetario Internacional (Han hablado de un déficit fiscal que supera el 8 % del PIB, aunque después dijeron que era apenas equivalente al 6% del mismo, en tanto que el paquete fiscal si acaso produciría un monto del 1,9% del mencionado PIB, al cabo de un año y siempre que la economía crezca, cosa que no va a suceder como consecuencia de la disminución del poder de compra de los funcionarios públicos), mientras tanto se abocan a una serie de acciones punitivas que, aunque son presentadas como una reforma tributaria en los términos ya indicados, y reducir así el crecimiento de la deuda pública, en realidad de lo que se trata en esencia, es de la implementación de una violenta reorganización del régimen de empleo público, la que traerá una reducción y un estancamiento de los salarios nominales de esos trabajadores, una medida que dará lugar en los próximos años a una disminución importante de la demanda de bienes y servicios, por parte de ese sector de la sociedad, lo que terminará por afectar también a quienes laboran en el sector privado, donde habrá una disminución del empleo y en el caso de la abultada informalidad de grandes segmentos del mundo laboral, esta también continuará creciendo sin ninguna perspectiva de que vaya a bajar, en el mediano plazo.

Durante el interregno del conflicto, y aún antes de su materialización, los poderes fácticos se abocaron a la especulación con las tasas de interés de los títulos valores de la deuda pública(Una maniobra de la que casi nadie se ha percatado, pero que ha hecho crecer la deuda pública hasta alturas insospechadas, esa obligación financiera que nunca se podrá pagar) y con el tipo de cambio o paridad fija entre el colón costarricense y el dólar estadounidense, el que hace ya muchas semanas superó los seiscientos colones por dólar, en una jugada que les ha dejado grandes ganancias (del orden de los 93.111 millones de colones, según informó el Semanario Universidad en su edición n°2253, 7 al 13 de noviembre de 2018, página 2) y ha empobrecido a la mayoría de la población, dada la violenta caída del poder adquisitivo de los salarios, al que se suela llamar salario real. Son medidas que los han beneficiado inmensamente, de una manera fraudulenta y descarada, pero que al mismo tiempo han formado parte esencial de la estrategia del terror, bien diseñada para someter al pueblo costarricense a los designios de las élites o poderes fácticos, que son los que de verdad toman las decisiones más importantes en materia de política económica y social, tanto en este como en los otros países de la región.

Uno de los aportes de esta huelga, digamos que colaterales, más no en daño, es el hecho esencial de que, durante las largas semanas en que se ha sostenido con heroica y decidida determinación, se ha producido un importante y voluminoso material informativo, producido por valiosos economistas y analistas sociales como Luis Paulino Vargas, Walter Antillón Montealegre, Gerardo Contreras, Manuel Delgado, Sofía Guillén, Pablo Abarca y Esperanza Tasis, entre otros, el que ha sido divulgado y analizado con las bases sindicales, lo mismo que con amplios sectores de la población, en lo que ha sido todo un acto de reflexión y educación política que nos presenta un panorama muy diferente al de los anuncios paradisíacos de los impulsores del proyecto de ley 20580, aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa. El hecho esencial es que la huelga permitió desenmascarar, ante los ojos de los sectores populares, la perfidia de los planes de la reacción conservadora para destruir la economía nacional, poniendo al país en manos del FMI y de los banqueros internacionales, con su insaciable codicia. En la siguiente y última entrega de este artículo hablaremos del saqueo de los fondos de pensiones, de la criminalización de la protesta social, y de las implicaciones de la judicialización de la política, con lo que se cae el mito de la división de poderes, dentro de lo fue una democracia de baja intensidad, basada sobre todo en las mascaradas electorales, la que se nos ha venido cayendo a pedazos con la complicidad y decidida participación de los políticos profesionales del PLUSC PAC(que por fin se desenmascaró, al destartalarse su fachada progre), además de la complicidad de un sector del llamado Frente Amplio, por lo que estamos apenas en los inicios de una dura y larga batalla. Hace ya mucho rato que la dictadura en democracia, ese engendro fascistoide, se encuentra enquistada entre nosotros, aunque muchas buenas gentes no se den por enteradas.

 

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